Los militares están acuartelados desde que la Fiscal habló

03/04/2017
ElEstimulo.com

La inmediata respuesta de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ante el pronunciamiento de la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, fue ordenar el acuartelamiento de los militares. El movimiento no se hizo esperar. Se alarmó el Alto Mando Militar. “Nos acuartelaron por un lío con la Asamblea Nacional”, manifiesta un militar de bajo rango.

Le pregunto a un soldado si sabe lo que está sucediendo con las sentencias del TSJ y responde: “No, no nos han permitido revisar emails, facebook, ni twitter, las llamadas y mensajes de texto están controladas”.

Todos los días, después de cada formación de lista y parte, viene la reunión donde les hablan del imperio y de la defensa de la revolución. Cuando hay actos o eventos políticos, instalan autobuses frente al comando.

“Ahí está el bus para ir a la marcha –les dicen- nadie está obligado a ir, como tampoco los ascensos son obligados”.

Si de algo pueden estar seguros los venezolanos es que a toda la plana mayor del Gobierno y del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) los agarró de sorpresa el que la jefa del Ministerio Público haya dicho que con las sentencias se rompió el hilo constitucional.

En la institución castrense los mensajes, comunicaciones, llamadas, radiogramas, etc fluyeron masivamente. No esperaban que la liebre saltara por la Fiscalía, aunque hace rato que el Gobierno viene percibiendo que Ortega se ha distanciado de varias medidas que violentan la Constitución Nacional.

Muchos generales mostraron nerviosismo. Otros manifestaron alarma. Aunque la Fiscal sólo haya dicho en alta voz lo que a escala internacional ya era un grito de rechazo a las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que le quitó el poder a la Asamblea Nacional y dejó sin inmunidad a los parlamentarios, lo que abría las puertas para la detención y enjuiciamiento de varios diputados, entre ellos Julio Borges, Henry Ramos Allup y Luis Florido, los primeros en la lista.

A escala nacional, la ola que corría es que en Venezuela se había ejecutado un golpe de Estado con lo que era más evidente: la eliminación de la Asamblea Nacional.

No obstante algunos jefes militares murmuraban entre sus compañeros de componente el mismo argumento que dijo el diputado Pedro Carreño y el hasta ahora reconocido como constitucionalista Hermann Escarrá: que las decisiones del TSJ se justificaban por el desacato en la cual estaba incursa la Asamblea Nacional.

Son tan golpistas

No hubo en el Gobierno Nacional un Pepe Grillo, una voz que le dijera que estaba violentando la Constitución Bolivariana, que estaban materializando un Golpe de Estado.

Si aquél 11 de Abril 2002 un grupo de militares, periodistas y políticos ambiciosos usaron el falaz argumento de “vacío de poder” para salir del presidente Hugo Chávez, esta vez un grupo de magistrados de la Sala Constitucional, con el aval de militares, funcionarios y dirigentes del partido de Gobierno, esgrimían un argumento similar, el de “desacato de la Asamblea”.

Son tan golpistas aquellos del 11-A como los del 27-29-Marzo.

Las decisiones del TSJ levantaron protestas a escala internacional y en lo interno causó un profundo desequilibrio, incluso con brutales reacciones militares como la sucedida cuando un grupo de estudiantes y civiles se dirigió a la sede del Tribunal Supremo, en reacción a las sentencias, y fueron detenidos y golpeados por uniformados militares.

En un bochornoso video se ve a la periodista Elyangélica González, corresponsal en Venezuela de Primer Impacto, Noticiero Univisión y Caracol Radio, siendo agredida por un grupo de militares de manera despiadada y brutal. La periodista relató que unos 10 guardias nacionales, entre ellos cuatro mujeres, se le fueron encima, la golpearon, le halaron el cabello, le dieron patadas y le partieron su teléfono móvil.

Si fue grotesco aquél hecho donde el 11-A sacaron a Tareck William Saab, hoy flamante Defensor del Pueblo y bien alineado a las decisiones del gobierno, y a Rodríguez Chacín, gobernador de Guárico, también lo es que efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) hayan intentado detener al diputado de AD, Henry Ramos Allup en el peaje de Taborda en el estado Carabobo, alegando que el ex presidente del Parlamento carecía de inmunidad Parlamentaria. Desde un taxi sin placas y con vidrios negros, donde supuestamente iban funcionarios del Sebin, habría salido la orden dada a los soldados para detener al dirigente.

La reacción de Ramos Allup fue retadora. Mientras, los supuestos funcionarios del Sebin no se apearon del carro, ni siquiera bajaron los vidrios, aunque el dirigente opositor les golpeaba las ventanillas para que se presentaran. Al final y optaron por irse con el carro en retroceso. Uno de los militares -quizás consciente del abuso que estaba cometiendo- apenas le alcanzaba a decir al veterano político que lo iba a requisar.

Magistrados y la Constitución

A los estudiantes de Derecho siempre les han dicho que la santa palabra es la Constitución, que es el máximo Tribunal, que sus decisiones son lo máximo, la jurisprudencia, etc.

Un grupo de magistrados emitió dos sentencias: 155 y 156, con las cuales le quitaron los poderes a la Asamblea Nacional y la inmunidad a los parlamentarios. El presidente de la República expresa que eso creó un “impasse”, como si fuera cualquier cosa, entre la Fiscal General y el Tribunal Supremo, por lo cual él convocó al Consejo de Defensa de la Nación (Codena).

¿Qué es el Codena? Es el máximo órgano de consulta para la planificación y asesoramiento del Poder Público en los asuntos relacionados con la defensa integral de la nación, su soberanía y la integridad de su espacio geográfico. A tales efectos, le corresponde también establecer el concepto estratégico de la nación.

¿Tiene competencias el Codena para ordenar, sugerir, emplazar al máximo Tribunal del país a corregir una sentencia? Si eso fuera así, entonces el Codena es el órgano de apelación de las decisiones del TSJ.

¿Cómo va a revisar la Sala Constitucional su propia decisión? Ningún tribunal puede enmendar su propia sentencia ya publicada. Los magistrados habrían incurrido en un error inexcusable, que obligaría a su inmediata destitución. ¿Acaso las sentencias se arreglan por los acuerdos que haya hecho un incompleto Codena? Se ejecutan y se cumplen.

Acuartelados

Los militares aún hoy siguen acuartelados. Las aguas permanecen revueltas. En los cuarteles esperaban por las decisiones que pueda tomar la Organización de Estados Americanos (OEA) y por la sesión que este martes hará la Asamblea Nacional para decidir qué acción tomarán ante los magistrados que firmaron las sentencias 155 y 156, aunque el vicepresidente del ente legislativo, Freddy Guevara, anunció que iniciarán el proceso para remover de sus cargos a los magistrados de la Sala Constitucional.

Si algo parece claro es que la ruptura del hilo constitucional no se solventa por un acuerdo entre los poderes públicos, sino aplicando la Constitución Nacional. No se prevé que los magistrados de la Sala Constitucional renuncien, aunque más de cincuenta organizaciones no gubernamentales se lo estén solicitando.

Y en ese escenario la Fuerza Armada, que tiene el monopolio de las armas, permanece en silencio. El ministro de la Defensa no se ha pronunciado, aunque su presencia en el Codena registra su aceptación con la posición del Gobierno Nacional.

La gran pregunta es si en toda la FANB los militares respaldarán la posición del titular castrense, de parte del generalato, en un país aquejado y golpeado por una terrible escasez que ronda el hambre, con falta de medicamentos, de equipos médicos y ausencia hasta de algodón y alcohol en los hospitales.