Un acto de resistencia frente a la sede de Naciones Unidas se transformó en 191 detenidos, siembra de armas, explosivos y drogas, junto a golpes y vejaciones
Sebastiana Barráez/ viernes 2 de enero 2026
@SebastianaB
Tomado de Infobae
Lo que se vivió en Caracas la madrugada del 8 de mayo de 2014, está tatuado en la mente y el sentimiento de muchos venezolanos, marcando un punto de quiebre en la historia de la protesta juvenil venezolana. Un acto de resistencia frente a la sede de la ONU en Caracas se transformó en 191 detenidos, siembra de armas, explosivos y drogas, junto a golpes y vejaciones relatados en testimonios que aún estremecen a casi doce años después, visibilizados por un informe de la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas.
Todo empezó el 24 de marzo de 2014, cuando la organización “Jóvenes Venezolanos”, coordinada por Gerardo Carrero, instala un campamento frente a la sede de la ONU en la Avenida Francisco de Miranda, en Los Palos Grandes, Caracas. Ese acto se replicó en otros puntos de la capital y en distintas ciudades del país, como la Plaza Alfredo Sadel, Las Mercedes y la Plaza Bolívar, de la capital de Venezuela.
Los campamentos se convirtieron en epicentro de la movilización ciudadana, albergando a cientos de jóvenes que pernoctaban y organizaban actividades durante el día, durante casi mes y medio.
La tensión escaló hasta esa madrugada del 8 de mayo, cuando efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) ejecutaron el desalojo simultáneo de los campamentos frente a la ONU y en la Plaza Alfredo Sadel.
Entre las 2:30 y las 3:00 a.m., el Comando Regional (CORE) N° 5 de la GNB desplegó varios cientos de funcionarios armados, apoyados por motocicletas, furgonetas, camiones y vehículos blindados.
Testigos le relataron a la Misión de la ONU que los uniformes carecían de nombres o insignias, dificultando la identificación de los agentes, y que también participaron funcionarios vestidos de civil.
Algunos presentes contaron que la operación fue dirigida personalmente por el entonces ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres. Sin embargo, otra fuente con conocimiento directo aseguró que la intervención principal correspondió a grupos civiles armados, conocidos como “colectivos”.
Fueron detenidos 130 hombres y 61 mujeres, quienes fueron sacados de las carpas y trasladados en autobuses a las instalaciones del CORE N° 5, en la subida de Tazón, donde permanecieron tres días, en condiciones inhumanas. Las mujeres no recibieron toallas sanitarias y ningún detenido tuvo acceso a un abogado. Permanecieron esposados, a veces en parejas o grupos, incluso para ir al baño. Hubo maltratos físicos, amenazas de violación sexual y simulaciones de ejecución.
Testigos y exfuncionarios de la GNB, le confirmaron a los investigadores de la ONU que en las carpas se plantaron pruebas falsas, como armas, explosivos y drogas, traídas desde los depósitos de la GNB la noche anterior.
Durante los arrestos, se reportó el uso excesivo de la fuerza: personas golpeadas y pateadas, incluso ya esposadas o dentro de los autobuses, además de insultos, amenazas de muerte y el uso de gas pimienta y lacrimógeno dentro de los vehículos.
El miedo y la inseguridad se apoderaron de los detenidos, quienes evitaron presentar denuncias por temor a represalias personales y familiares. De las pocas denuncias interpuestas, no se tiene constancia de acciones por parte de la Fiscalía, a pesar de que existen testimonios documentados sobre los malos tratos recibidos.
Premiados y ascendidos
Detrás de los desalojos se revela una operación coordinada en cuatro sectores simultáneamente, lo que indica que estuvo compuesta por las mismas autoridades, desde Nicolás Maduro, a nivel político-estratégico como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), como parte de la Cadena de Mando.
Maduro delegaba la administración del componente Guardia Nacional Bolivariana (GNB), que tiene la dualidad militar y de orden público, en la entonces ministra de Defensa, Almirante Carmen Teresa Meléndez Rivas.
La coordinación operativa recaía en el entonces ministro del Interior y Justicia, Mayor General (Ej.) Miguel Eduardo Rodríguez Torres, quien sale del cargo en octubre 2014; testigos entrevistados por la Misión lo identificaron físicamente dirigiendo la operación de desalojo del campamento frente a la ONU.
Aunque el MIJ no tenía conducción de las acciones de orden público ejecutadas por la GNB, sino el Ministerio de la Defensa, a través del CEOFANB, un testigo con conocimiento directo de los hechos explicó que, en la práctica, la intervención de la GNB era coordinada directamente entre el ministro del Interior, Justicia y Paz y el comandante general de la GNB, quienes notificaban directamente al presidente para que transmitiera la orden al Ceofanb, dependiente del Ministerio de la Defensa.
Menos de cuatro años después, en marzo 2018, Rodríguez Torres es detenido por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y entregado a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), permaneciendo bajo custodia de ese organismo hasta el 21 de enero 2023 cuando fue excarcelado y sale rumbo a España.
A nivel estratégico se identificó al MG (GNB) Antonio José Benavides Torres, quien era el comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral (REDI) Capital, estuvo presente en el Comando Regional (CORE) GNB N° 5 durante la detención, según determina el informe. Benavides fue Comandante General de la Guardia Nacional Bolivariana hasta el 2017 y actualmente diputado en la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
En el nivel operacional, el general de División Simón Adrián Noguera González y el general de Brigada Manuel Salvador Quevedo Fernández, fueron identificados como los oficiales que dirigieron los desalojos, ejecutando órdenes transmitidas por la cadena de mando.
Noguera González, es el N° 128, en orden de mérito, de la promoción 1985 “Gral. de Bgda. Lucas Carvajal”, jefe de la Zona Operativa (ZODI) Capital; el oficial había sido, en el 2013, como Agregado de Defensa en la Embajada de Venezuela en Cuba.
En el caso de Quevedo, era el jefe del Comando Regional (CORE) N° 5 de la Guardia Nacional; fue ascendido a Mayor General, nombrado en el gabinete ministerial y posteriormente presidente de la empresa estatal Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA).
Los comandantes de los destacamentos del CORE GNB N°5, que operaban en el Distrito Capital y en los estados de Miranda y Vargas, dirigieron directamente los desalojos, ejecutando las órdenes de sus superiores en la cadena de mando y transmitiendo las órdenes a la tropa.
Identificados
Otro de los oficiales en la cadena de mando es el entonces Coronel Jonás Páez Cabrera Destacamento móvil N° 51, la unidad élite que tenía Caracas en ese momento en temas de orden público, jugando. un papel clave, mientras que otros destacamentos brindaron apoyo. Los comandantes involucrados en estos hechos fueron posteriormente promovidos a cargos de mayor relevancia dentro de la estructura militar y gubernamental.
En las instalaciones del CORE GNB N° 5, las víctimas entrevistadas por la Misión de Determinación de los Hechos, identificaron al entonces coronel Jonás Gerardo Páez Cabrera, comandante del Destacamento móvil N°51 de la GNB, en actos de malos tratos. Hoy en día Páez Cabrera es Mayor General y Director Conjunto de Contraterrorismo del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada (Ceofanb).
La ejecución de los desalojos en el campamento frente a la ONU estuvo a cargo del coronel José Alejandro Rojas Reyes, comandante del Regimiento de Seguridad Urbana del Distrito Capital, para lo que contó con un oficial superior, nueve oficiales subalternos y 300 funcionarios de la GNB.
En el caso del campamento de la Plaza Sadel, la operación fue dirigida por el teniente coronel, a quien Maduro asciende luego a general, José Rigoberto Betancourt Moya, comandante del Destacamento móvil N° 52 y que ocupa el cargo de secretario de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES).
(http://www.sebastianasinsecretos.com/2024/10/un-alto-oficial-pretendio-obligar-los.html)
En julio de 2014, el entonces comandante de la REDI Central, Mayor General Gerardo José Izquierdo Torres, fue designado como comandante en jefe del Ejército, y en septiembre de 2015, ministro de Estado como presidente de la recién creada misión socialista Nueva Frontera de Paz, para atender y regular los asuntos sociales y económicos de la frontera.
Izquierdo Torres fue condecorado por el gobernador del estado de Zulia y también con la Orden del Lago de Maracaibo por sus labores en la región fronteriza. Ocupa actualmente el cargo de Director General de la Oficina de Fronteras.
Voces desde la detención
Los testimonios obtenidos por la Misión de la ONU reflejan sufrimiento, miedo y el abuso que vivieron los jóvenes durante y después de los desalojos.
Un testigo relató: “Mi mano estaba esposada al pie de otro detenido, por lo que tenía que caminar agachado cuando íbamos al baño.”
Una mujer indicó haber sido fuertemente golpeada.
Dos mujeres detenidas contaron cómo varias personas fueron intimidadas, incluso con amenazas de violación sexual.
Un detenido relató cómo otra persona detenida fue víctima de una simulación de ejecución por parte de un funcionario de la GNB.
“Nos decían que nos iban a matar, que no saldríamos vivos de ahí”, relató una de las mujeres detenidas.
Otra testigo narró cómo fue golpeada repetidamente por funcionarios, mientras que varios detenidos presenciaron simulaciones de ejecución, aumentando el clima de terror dentro de las instalaciones.
La historia de los campamentos de “Jóvenes Venezolanos” es un testimonio de la resistencia, la represión y la impunidad que marcaron una etapa crucial en la lucha por los derechos civiles en Venezuela. Las voces de los jóvenes, silenciadas por el miedo y la violencia, aún resuenan en la memoria colectiva, esperando justicia.