En medio de denuncias de extorsión y corrupción, miles de mineros, con apoyo de militares, funcionarios de la Policía Nacional y líderes indígenas, explotan yacimientos en el cerro Yapacana y Carida, generando devastación ambiental
Sebastiana Barráez/ domingo 9 de noviembre 2025
@SebastianaB
Tomado de Infobae
La situación con la minería en Carida y el cerro Yapacana, ha escalado a más de tres mil personas y 150 máquinas que ingresaron para la explotación del oro, mientras la destrucción de los ríos, con la contaminación de las aguas, el arrase de la vegetación y el suelo tiene alarmados a los indígenas. Funcionarios militares y policiales, aliados con el Comité Indígena, dieron luz verde para la explotación de varias minas de oro en Amazonas.
Un indígena le dice a Infobae que “en la comunidad Laguna de Carida sigue pujante la actividad con uso de molinos, mercurio y máquinas de extracción de oro”, por lo que los videos que difunde la Fuerza Armada sobre actividades en la zona “son falsos positivos”.
Para un habitante de Puerto Ayacucho, capital de Amazonas, “en el cerro Yapacana está nuevamente floreciendo la explotación minera, pero con más fuerza, incluso en la cima del tepuy”, dice en conversación con Infobae.
Explica que la actividad minera en Laguna de Carida se concentra en tres minas que están a 45 minutos de su comunidad: Mina Nueva, Mina Vieja y Bulla Loca. “Hay otras dos minas en la Comunidad Curripaca de Mata Palma a una hora de Laguna de Caridad”.
El indígena resalta que, en las minas, ubicadas alrededor de la Comunidad de Laguna de Caridad, “en este momento, noviembre 2025, hay unas 3.500 personas ajenas a la comunidad indígena y en plena faena minera o actividades relacionadas. Muchos son colombianos o brasileros”.
“Hacia el río, subiendo hacia San Antonio del Orinoco, en la parte de atrás, están instalados los guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) que haciendo actividad de explotación minera, en complicidad con Herminia la capitana indígena de la comunidad”.
Relata que ha ocurrido que “los funcionarios llegan, al sitio donde las máquinas están trabajando, gritan lanzando disparos al aire y recordando la obligación de pagar la extorsión so pena de no dejarlos trabajar más, quemarles los equipos y meterlos presos”.
La farsa militar
Ante la pregunta que le hacemos a un dirigente indígena cómo se explica que el comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada (Ceofanb), GJ Domingo Antonio Hernández Lárez, difunde reciente información sobre destrucción de campamentos mineros ilegales en Carida y el Cerro Yapacana, asevera que “los militares dan permiso a los mineros para la explotación cada tres días”.
Argumenta el modus operandi `para que funcionen las 150 máquinas de extracción de oro que han permitido ingresar a la zona. “Cada tres días se arranca a explotar, por lo que cada dueño de máquina paga 15 gramas de oro como aporte por tres días de funcionamiento”.
Aclara que quien se niegue a pagar “lo envían preso a Puerto Ayacucho donde lo judicializan y, de paso, le quitan o queman los equipos mineros”.
En la zona hay en este momento 20 molinos funcionando para triturar piedras; “cada molino para ingresar a trabajar tiene que pagar 60 gramas de oro y 15 gramas semanal para seguir operando”.
Eso explica lo que un oficial le revela a Infobae sobre el personal militar enviado a la zona, incluso en condiciones tan adversas. “La mayor banda hamponil la creó la Fuerza Armada, porque cualquier guardia o soldado paga porque lo envíen a ese lugar, aunque sea por pocas semanas, al final de las cuales sale con mucho dinero u oro, producto de la extorsión a los mineros ilegales".
Narra una serie de hechos que, como un manto de silencio, cae sobre lo insólito de la realidad en ese sitio que parece formar parte del realismo mágico del sur del continente. “Los funcionarios están durmiendo bajo unas gradas construidas para un evento deportivo, pero ni se quejan, porque los beneficios que reciben son muchos”.
Las cuentas
“La grama de oro en Puerto Inírida está a 280 mil pesos colombianos (126 dólares americanos). Un kilo de oro son 280 millones de pesos (74.000 dólares). Esos son precios en Puerto Inírida”, le revela a Infobae un líder político del Amazonas.
“La extorsión que pagan los 100 negocios de Carida, a 10 grs semanal por negocio, da 4 kilos de oro mensual es decir unos 296.000 dólares. Agréguele que son 18 kilos de oro mensual entre las 150 maquinas, si son 2 veces por semana (cada 3 días) por 1 mes que son 4 semanas. Estamos hablando de 5 mil millones de pesos mensuales, que serán casi un millón 300 mil dólares mensuales”.
Hay una mina a una hora de la comunidad Mata Palma, es una comunidad de indígenas curripacos. La actividad esta fuerte. En el Copito del cerro Yapacana la actividad minera está intensa y hay 10 máquinas operando.
Hace dos años hubo muertos y presos en la zona, cuando la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) dijo que no permitiría más la explotación minera ilegal. Ahora “dieron luz verde para trabajar hasta diciembre en toda la zona del Yapacana y Carida”.
Imagínate a más de tres mil personas buscando oro, usando mercurio de manera indiscriminada, alrededor de las comunidades indígenas y contaminando los ríos.
Los funcionarios militares y policiales le dijeron a los del Comité que montaran un falso positivo con un campamento ahí, unas mangueras, unos recipientes de gasolina y equipos viejos, para decir que los encontraron en un operativo, donde detienen a 50 personas, mientras más de tres mil mineros están funcionando”.
El botín
El indígena detalló a Infobae cómo funciona ese botín, que se va llenando con el pago de todo lo que rodea la minería. “De lo que da 15 gramas del aporte y de todo lo demás que se recoge el reparto es así: 5 para la PNB, 5 para la GNB y 5 para el Comité de Coordinación Indígena”.
Los jefes del Comité, que recogen la extorsión, son: Jhanson González, hijo del Capitán de la Comunidad Andrés González y Trino Fuentes. Tiene otros integrantes como Javier Infante, uno de los líderes del comité en el Yapacana hasta la operación militar del 2023 por lo que estuvo detenido y procesado por minera ilegal; Esther Rojas y alias Ender”.
Otra parte del botín la representa el pago por los prostíbulos (corruptelas) que funcionan en el lugar. “En Laguna de Carida hay, en estos momentos, unos 20 prostíbulos; cada uno paga 10 gramas a la semana. Las meretrices reciben mínimo 3 gramas de oro por encuentro sexual”.
Se incluye lo que pagan cerca de 100 locales comerciales “dedicados al expendio de todo tipo de mercancía, incluyendo el licor”.
Se estableció que cuando Jhanson González, uno de los líderes del Comité Indígena, abre su corruptela, los demás están obligados a cerrar, porque ese Comité se impone no solo por la relación con militares y policías sino por ser hijo del capitán de la comunidad.
“Los dos más fuertes de ese Comité es Jhanson y Trino, quienes también tienen máquinas de su propiedad explotando oro y son los únicos que no pagan la cuota. Los dos, Jhanson y Trino, andan con escoltas que son funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), porque el comandante Romero, el jefe de la PNB, está trabajando con ellos”.
La instalación de un comando de la PNB con unos 20 funcionarios es nueva, ni siquiera tienen sede física. “Todo es por la participación en el negocio del oro y por eso no les importa estar viviendo a la intemperie, como lo hacen en Carida, bajo unas gradas que se construyeron para unos juegos de Fútbol”.
No existe la instalación física del Comando de la Policía Nacional, solo el nombre y la improvisación por el movimiento de oro para participar en la repartición del botín. La PNB es dependiente del Ministerio del Interior, a cargo de Diosdado Cabello.
“Si aquí no hubiera este movimiento de oro, no tendría razón de ser ese comando de la PNB en una comunidad indígena donde la población autóctona y oficial no pasa de 200 personas”.
Un jefe con oro
La realidad en otras comunidades como Curripaca, de la etnia indígena Curripaco, no es diferente. “Aquí hay dos minas y funcionan igual que en otras comunidades. Hay un sistema de pago y tributación similar al de Laguna de Carida, lo único que cambia es el comité indígena a quien hay que pagarle la extorsión”.
“Igual hay que pagarle a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), que tiene el control militar de la zona y depende del destacamento con sede en San Fernando de Atabapo, que a su vez rinde cuentas al Comando de Zona 63 de Puerto Ayacucho”.
El jefe del destacamento 632 de la GNB, en San Fernando de Atabapo, es el Tcnel. Darwin Rafael Ramos Carías, “ese oficial es quien cuadra los negocios en la zona y recibe el oro a cambio”.
La Fuerza Armada hizo un operativo, en el marco de la Operación Neblina 2025, con Unidades de Reacción Rápida (URRA) de combate mixta en la Región Estratégica de Defensa Integral (REDI) Guayana, tomó fotos, videos y luego, hace unos días, funcionarios autorizaron a los mineros a trabajar desde ahora hasta entrado el año nuevo.
Se están movilizando miles de personas para aprovechar la temporada.
Belém, ciudad en el corazón de la Amazonía brasileña, es el centro de la cumbre climática 2025 (COP30), del 10 al 21 de noviembre, con 50 mil representantes de 197 gobiernos, organismos internacionales, empresas, organizaciones sociales, universidades y delegaciones indígenas. Mientras a poco más de 2 mil kilómetros en línea recta, miles de hombres y máquinas destrozan el ambiente.
El viernes salió hacia Caracas una delegación de la Organización de los Pueblos Indígenas de Amazonas (ORPIA) que se fue para Belém, Brasil, enviados por el régimen venezolano, mientras en pleno corazón de la selva Amazónica, en el parque nacional Yapacana y zonas adyacentes, la actividad minera y destrucción del medio ambiente no se ha detenido.
