viernes, 23 de febrero de 2024

El régimen venezolano tiene una nueva cárcel para presos políticos y la estrenó con 30 militares y civiles


Familias de los detenidos coinciden en señalar que solo reciben, en las puertas de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, una información verbal, por parte de una funcionaria


Sebastiana Barráez/ viernes 23 de febrero 2024

@SebastianaB


Tomado de Infobae


Loredana Hernández Reclama Fe de Vida de su padre el general Hernández Da Costa

Si algo no ha dejado de funcionar, bajo el régimen de Nicolás Maduro, es la puerta giratoria con presos políticos, civiles y militares; unos entran y otros salen, aunque la mayoría nunca termina totalmente libre. Pero para sembrar el miedo, la tortura y la violación de derechos humanos, ya no le era suficiente que los sótanos de reclusión de la DGCIM los convirtieran en centros de tortura, sino que en el 2019 acondicionaron un nuevo sitio en el Fuerte Tiuna y desde hace meses venían remodelando el Rodeo I, para que el Ministerio Penitenciario tome el control de un importante número de presos políticos, trasladados desde el 18 de febrero.

Familias de los detenidos coinciden en señalar que solo recibieron, en las puertas de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), una información verbal, por parte de una funcionaria. Eso fue el lunes 19 de febrero cuando llegaron con los suministros para los detenidos. “Tengo una información que darles. Varios reclusos fueron trasladados a otro penal, al Rodeo I”, dijo la mujer, quien empezó mencionando a los sindicalistas y luego a los militares y civiles.

Otra vez, el régimen desaparece a una treintena de presos políticos y ahora no se sabe por cuánto tiempo. Hay detenidos a quienes muchas veces no les permiten recibir visitas y eso se pospone durante semanas e incluso meses, siempre con la amenaza: “si denuncian les va a ir peor”. Quienes durante la semana han estado en el Rodeo I, el nuevo campo de concentración de la revolución bolivariana, revelan que no saben a qué organismo pertenecen los funcionarios que están como custodios.

El Rodeo I está a cargo de la Ministra del Régimen Penitenciario, Vicealmirante Celsa Sirley Bautista Ontiveros, quien encomendó al General Luis Marcel Ojeda para inaugurar la nueva cárcel, donde enviaron a presos políticos desde hace un año estaba en plena remodelación, por lo que tampoco tiene relación con la expulsión, por parte del régimen venezolano, de los delegados de la oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos (OACDH) de Naciones Unidas en Caracas.

Ministra del Régimen Penitenciario, Celsa Sirley Bautista Ontiveros

Desde hace meses que jefes de las cárceles, donde están recluidos presos políticos, venían advirtiendo con esos traslados. En el caso del General Octavio Maximiliano Gómez Hernández, en recorrido por el Centro de Procesados Militares de Ramo Verde amenazaba que a quien denunciara en las redes sociales lo enviarían al Rodeo I.

Hay evidentes irregularidades y violación a sus derechos humanos, a la comunicación con sus familiares y abogados, además de no haber notificación alguna de sus traslados. En este momento, esos detenidos están incomunicados, porque ninguno ha hecho las llamadas telefónicas desde hace cinco días, entre ellos Igbert Marín, Juan Carlos Marrufo Capozzi, Héctor Hernández y Oswaldo Valentín García Palomo.

La angustia para los familiares se reaviva, porque al no haber comunicación oficial todo se diluye en supuestos. Madres, esposas, hijos, hermanos que acudieron el lunes, en la noche, a la DGCIM para cerciorarse de lo que estaba sucediendo, les negaron la información.

La cárcel del Rodeo I, donde estarían los más de 30 presos políticos trasladados desde la DGCIM

Algunos de ellos refieren maltrato verbal por parte de los funcionarios de la DGCIM, a una de las mujeres que insistió en saber la situación de su esposo la obligaron a alejarse de las instalaciones de la DGCIM en Boleíta. “Estas no son horas para venir a preguntar. Venga mañana martes a las 9:00 am si quiere saber". Aun así, tampoco el martes, ni el resto de los días de la semana han recibido respuesta alguna.

El traslado inconsulto y sin envío de medicamentos pone en peligro la salud de muchos de los presos políticos, incluso con riesgo de muerte. Lo único que tiene cierto, los familiares de los presos de la DGCIM, es que ellos fueron trasladados sin medicamentos, sin expediente judicial y sin pertenencias personales. 

La Ministra Celsa Bautista informa, a través de sus redes oficiales, que se pueden hacer denuncias a través de comentarios o a través de sus cuentas, pero varios familiares aseguran que al manifestarle el temo que tienen por la persona detenida, la almirante borra los comentarios en Instagram. No importa cuántas veces le soliciten información de los trasladados o que le pidan respeto por los derechos de ellos, la ministra no da respuesta y siempre elimina dichos mensajes.

Coronel Oswaldo García, Capitán Juan Marrufo, Teniente Coronel Igbert Marín y General Héctor Hernández estarían entre los trasladados a la nueva cárcel El Rodeo I

Nada oficial

Loredana Barboza dice en un video colgado en X (antes Twitter), “denuncio el traslado ilegal, arbitrario e inconsulto de mi papá, el general Héctor Hernández Da Costa, quien estaba detenido en la DGCIM, Caracas, Venezuela”.

“No se nos ha dado ninguna información oficial” agregando que han acudido a la DGCIM pero la información ahí es hermética. “No disponen de una lista de las personas que han sido trasladadas a otros centros de reclusión”.

Asevera que la información sobre el traslado de su padre, obtenida a través de terceras personas, da cuenta que él fue enviado al Rodeo I, “un lugar que se encuentra totalmente alejado de la ciudad, de cualquier centro hospitalario y que representa dificultad para nosotros los familiares que queremos acceder a la visita”.

“Quiero denuncia el trato que se le da a los presos políticos, militares y civiles, entre ellos a mi papá, quien además de tener una medida de liberación inmediata y tener medida de protección de la OEA no se le ha respetado el debido proceso”, finaliza diciendo.  

Por su parte, Lilina Barboza, esposa del General de Brigada (GNB) Hernández Da Costa, le dijo al portal El Pitazo que el oficial presenta algunas patologías, como síndrome coronario agudo por anginas y diabetes. Además, acaba de ser operado de ambos ojos debido a una retinopatía diabética”.

La salud del General Hernández Da Costa, que posee medidas internacionales de liberación y protección, es de riesgo, no solo por las recientes operaciones de los ojos, realizadas en diciembre pasado, por lo que depende de medicamentos para su recuperación, sino porque es paciente del síndrome coronario agudo por angina, diabético tipo 2, lo que requiere medicación diaria.

Dónde está Igbert

La hermana y el padre del teniente coronel (Ej.) Igbert Marín Chaparro, al tratar de obtener información en la nueva cárcel, narran que se encontraron con una persona totalmente vestida de verde oscuro, encapuchado, con armas largas que a distancia le gritó que se alejara del portón. Ante la insistencia de la familia Marín, el encapuchado ordenaba que se fueran porque él no estaba autorizado a dar información.

El padre de Marín Chaparro es el coronel retirado Igor Enrique Marín Atencio, quien se identificó y le dijo al custodio que le dieran información de su hijo. La respuesta que le dio el esbirro fue: “no me interesa, retírese del cerco”. 

Hace cuatro años, en el 2020, a Igbert Marín Chaparro le dijeron que sería trasladado a otro centro de detención, lo sacaron del sótano de la DGCIM en Boleíta Caracas, lo llevaron hasta un vehículo, lo ruletearon varias horas en Caracas y lo regresaron a los inmundos sótanos de ese cuerpo de Contrainteligencia Militar.

La cárcel del Rodeo I, donde estarían los más de 30 presos políticos trasladados desde la DGCIM

Ahora no hay certeza alguna de si él sigue en la DGCIM, si fue trasladado al Rodeo I o dónde puede encontrarse porque no hay boleta de traslado, nadie notificó formalmente a los familiares o abogados, ni jueces ni fiscales dan respuesta alguna.

La ONG Justicia Encuentro y Perdón hizo un llamado a las autoridades para que consideren la situación del preso político Darío Estrada, “quien es neurodivergente (espectro autista), su madre tiene 87 años y por falta de recursos económicos no puede trasladarse a Caracas a dotarlo de lo necesario (alimentos y medicamentos); ha sido gracias a la caridad de familiares de otros privados de libertad que ha podido soportar esta situación. Rogamos atención a esta situación tan especial y no sea él trasladado a un centro de reclusión en el que no podrá recibir esta asistencia”.

Es así como los presos trasladados a la remodelada cárcel Rodeo están en una situación aún más desafiante, porque los relegan a un entorno distante y desconectado, que no solo su acceso a atención médica, sino que los envían al aislamiento agregando mayor incertidumbre y dolor a sus seres queridos.

El régimen venezolano tiene una nueva cárcel para presos políticos y la estrenó con 30 militares y civiles - Infobae

martes, 20 de febrero de 2024

Militares califican de poco creíble la Orden de Operaciones que presentó el fiscal venezolano y que pretendía el supuesto magnicidio contra Maduro

  

Tarek Saab, por algún extraño subterfugio, insiste en calificar a San Miguel como periodista, cuando sabe perfectamente que ella es abogada, que está colegiada en el mismo gremio que él


Sebastiana Barráez/ martes 20 de febrero 2024

@SebastianaB


Tomado de Infobae


Tarek Saab

Si algo fue relevante de lo que dijo Tarek Saab, en una nueva rueda de prensa, es que, entre los primeros detenidos del supuesto intento de magnicidio y asesinato de otras figuras de la revolución bolivariana, estuvo el Teniente Coronel Guillermo Enrique Cesar Siero, agregando que, en el allanamiento a su residencia, “se encontró un documento militar, Orden de Operaciones donde se especificaban las acciones a desarrollar en esta brutal trama terrorista Brazalete Blanco”, mencionando a varias personas, entre ellas a la abogado Rocío del Carmen San Miguel Sosa y a la primer teniente Karen Nayarit Gómez Gutiérrez, detenidas el 22 de enero y el 9 de febrero, respectivamente.

Tarek Saab, por algún extraño subterfugio, insiste en calificar a San Miguel como periodista, cuando sabe perfectamente que ella es abogado, que está colegiada en el mismo gremio que él. La razón es que así le da veracidad a la tesis de que la presidente de Control Ciudadano estaba encargada de hacer las coordinaciones con los medios de comunicación para transmitir, en el momento, la ejecución de la Operación Brazalete Blanco.

El coronel del Ejército Carlos Jesús Sánchez Vásquez, detenido el 15 de diciembre 2023, es el esposo de la 1Tte Gómez Gutiérrez, quien durante más de un mes acudió a los organismos, incluyendo el Ministerio Público a denunciar la desaparición forzada de su pareja, hasta que, el 22 de enero, fue detenida. (http://www.sebastianasinsecretos.com/2024/01/un-coronel-solicito-su-retiro-de-la.html)

El Ministerio Público narrando las pruebas que tendrían del intento de magnicidio y atentado contra otros funcionarios

¿Si ellas aparecen en la Orden de Operaciones, para asesinar a Nicolás Maduro, qué habrían encontrado en la casa de Cesar Siero, cómo fueron detenidas semanas después? Ninguna de las dos estaba oculta, incluso a San Miguel la detienen en el principal aeropuerto cuando, por asueto de carnaval, salía del país, con su hija.

El documento de cinco páginas, en el que el Fiscal Tarek Saab basó el Brazalete Blanco, es la Orden de Operaciones que, para militares de diversa graduación, que hablaron con Infobae, resulta una bufonada, que presentó en unas hojas sin el mínimo rigor que caracteriza un documento militar. Mencionó a San Miguel, a Norbey Marín del canal en Youtube “Hasta que Caiga la Tiranía”, a Wender Enrique, quien transmite en redes sociales información diversa, a la periodista Sebastiana Barráez y a la abogada defensora de DDHH Tamara Sulay Sujú Roa; esta vez no menciona al teniente José Antonio Colina Pulido ni al Vicealmirante Mario Iván Carratú Molina.  

Abogado Rocío del Carmen San Miguel Sosa, presidente de Control Ciudadano y la 1Tte Karen Gómez Gutiérrez, pareja del coronel Carlos Sánchez

Un General del Ejército explica a Infobae por qué el documento del Ministerio Público es un montaje. “La Orden de Operaciones, en su primera página, tiene la organización para el Combate, que es donde se establece quién está al mando de la operación. Ese tipo de operaciones, que normalmente se hacen en secreto, para resguardar la originalidad del documento se le coloca un sello de agua, de manera que la palabra “secreto” atraviesa la hoja perpendicularmente, eso es para que se sepa que es el documento original, No valen excusas porque el Fiscal indicó claramente que las hojas que estaba mostrando era el original”.

Los mapas a los que hace alusión el fiscal como un descubrimiento fueron publicados hace seis años por la ONG Control Ciudadano

Debe sellarse cada página

Un Almirante, en conversación con Infobae, explicó qué formato contempla una Orden de Operaciones Militares. “Básicamente debe tener 4 partes: la primera es la Situación; incluye autoridad (grado y nombres) del que la ordena y el quien la ejecuta, pueden identificarse las fuerzas amigas, enemigas, la organización y los apoyos”. Luego la Misión, que debe especificar cuál es.

En tercer lugar, la Ejecución, que para el alto oficial “es la parte más compleja y larga, señala cómo y cuándo se realizará (Día D, hora H), las fuerzas o unidades militares participantes, apoyos (artillería, sanidad, etc.), logística y otros dependiendo la misión a cumplir”.

La última parte, “las instrucciones de coordinación; es un aspecto fundamental para cumplir la misión con éxito. Puede haber otros aspectos más que ya dependen del tipo de operación y misión”.

Explica que “es clasificada generalmente, confidencial o secreta. Excepcionalmente puede ser no clasificada. Debe sellarse cada página con la clasificación, páginas numeradas y copias rigurosamente señaladas de quién las recibió”, dice para finalizar.

La primera página de la Orden de Operaciones presentada por el Ministerio Público

Ni las Unidades de Maniobra

Un oficial del Ejército le dijo a Infobae que no solo la Orden de Operaciones presentada por el titular del Ministerio Público carece de seriedad, sino que tampoco la tiene la Operación Brazalete Blanco. “Esa trama que se ha inventado la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y el Ministerio Público, ¿cómo va a ser creíble al decir que lo planificaron y ejecutaron un grupito de militares retirados y un grupo de civiles entre ellos una defensora de derechos humanos, la directora de una ONG, un psicólogo, una periodista y otros comunicadores?”

“¡Qué locura! ¿Pretenden hacerle creer al país que un magnicidio lo haría ese grupo, cuando los militares sabemos que Nicolás Maduro tiene cubanos, rusos y otros, con una Casa Militar detrás de ellos, prestándole seguridad?”.

Ante le pregunta de si tiene seriedad alguna que la Operación Brazalete Blanco contemple el ataque a la División de Infantería del Táchira y el Cuartel Negro Primero, para que el capitán (Ej.) Ányelo Julio Heredia Gervasio, el teniente Ronald Leandro Ojeda Moreno, dos sargentos y algunos militares que están fuera del país, con unos civiles, atentaran contra el Gobernador Freddy Alirio Bernal Rosales, quien tiene numerosas escoltas con armas de guerra, y luego siguieran hacia Caracas para cometer el magnicidio, su tajante respuesta fue “eso es risible”.

“¿Dónde están, en las paginitas presentadas por el Fiscal, las firmas? ¿Quién es el comandante de la Operación? En ese documento ¿dónde están las unidades de maniobra? Porque las unidades de maniobra van en el párrafo de Ejecución, ya con eso deja de ser una Orden de Operaciones, ¿quiénes iban a tomar las instalaciones militares? ¿Acaso el oficial de más alta graduación de la lista que han presentado es Tomás Enrique Martínez Macías, un general retirado que estaba en Caracas? Además, ¿dónde están los que iban a ejecutar el supuesto magnicidio? Eso es un montaje muy malo”.  

Quien hizo la Orden de Operaciones ni siquiera sabía que San Miguel no es periodista sino abogada

Auténtica piratería

El coronel Antonio María Guevara Fernández, quien fue catedrático de Inteligencia Estratégica en la Universidad Experimental de la Fuerza Armada (Unefa), y autor del libro “El Enigma pendiente: las claves de una conspiración”, manifestó que la orden de operaciones que presentó el fiscal general “es obvio que fue redactada por militares con grandes vacíos académicos y doctrinarios. Una auténtica piratería que no vale la pena desmontarla en todas y cada una de sus partes para desnudarla y presentarla como lo que realmente es: un guacho de Eurresta. Una auténtica piratería”.

Explica que, para ser creíble y viable, una orden de operaciones debe estar ajustada doctrinariamente. “Debe estar estructurada con base a los 5 párrafos a que remiten los manuales: Situación, Misión, Ejecución, Administración y Logística y, finalmente Comando y Comunicaciones”.

“Con el documento que se presentó a los medios en lo que se observó parcialmente en las cámaras con la incoherente exposición del fiscal hay una apariencia que atiende a la forma que remiten los manuales de operaciones con el detalle que no es Orden de Batalla como debe identificarse esa parte y sí como la Organización para el Combate. Y de fondo lo más importante es que atienda a la misión y al concepto de la operación que expidió en su momento el comandante de la operación en su puesto de comando”.

“Mientras ese documento no se ejecute mantiene su denominación de plan, que se activa y empieza a calificarse como orden cuando se presentan cualquiera de los supuestos contenidos en el párrafo 1. Situación aparte d. Suposiciones. Como se remite a la ocupación de un cuartel en San Cristóbal y a la sustracción de un armamento, eventos que han debido ser parte de las condiciones y supuestos que no ocurrieron, el fiscal ha debido referirse al documento siempre como un plan”. 

“Allí ha debido llevar rojo del bueno el expositor, en la calificación de la exposición oral”, agregando que “montar un plan desde el régimen con toda una estructura doctrinaria e incluir en el párrafo Ejecución en el subpárrafo misiones a las unidades subordinadas o en el correspondiente a instrucciones de coordinación, cualquier nombre civil o militar que le sea incómodo al régimen para asignarle misiones unilateralmente que incriminen y diseñar una acusación judicial, es lo más fácil”. 

“Se pueden incluir algunos profesionales retirados, otros que estén en situación de actividad a los que se les haya sustanciado previamente un expediente dentro de la eficiente maquinaria de inteligencia de que dispone el régimen y en ese grupo van de ñapa los civiles más incómodos aún a los que hay que desmovilizar y desconectarlos de la opinión pública. Allí está montada ya la conspiración. Le colocas además un brazalete blanco y listo. Lo demás es la puesta en escena que es lo que ha hecho de manera dramática y calamitosa, el fiscal”.

La chapucera escenografía de la operación Brazalete Blanco fue eso, un teatro torpemente montado con un documento apócrifo, básico de los procedimientos de Estado Mayor, mal redactado, desarticulado doctrinariamente de lo que se enseña en una escuela de Estado Mayor en unas materias denominadas Redacción y Documentación Militar, Estado Mayor y Operaciones”.

“El acto y el documento fueron una auténtica piratería. Cuando la chuleta en Los Pinos (la antigua Escuela Superior del Ejército) llevaba piquete al revés y te ocasionaba hasta la expulsión se calificaba como un guacho zurdo. Un guacho de Eurresta listo para ser registrado en la Biblioteca Nacional después del control de daños”.

“Tarek con su Brazalete Blanco, la orden de operaciones y su desastrosa exposición; y el ejercicio de su fiscalía ha debido graduarse de abogado con una chuleta muy parecida a la que usó, en ese entonces, el mayor Hugo Rafael Chávez Frías en la Escuela Superior del Ejército cuando lo reprobaron en el curso de Comando y Estado Mayor al usar el guacho zurdo de Eurresta. Tan guacho zurdo fue, que la escuela ya es Historia y la desapareció siendo presidente para evitar malos recuerdos”, dice el coronel Guevara.

El Batallón Negro Primero de San Cristóbal, Táchira.

Las pruebas de Tarek

El nuevo capítulo del Fiscal General de la República, Tarek William Saab Halabi, de la llamada Operación Brazalete Blanco fueron algunos de los objetos que encontraron en el allanamiento a la vivienda de Rocío del Carmen San Miguel Sosa: “18 mapas cartográficos, donde aparecen demarcados numerosas instalaciones militares con respectivas zonas de seguridad en todo el país” y mostró en pantalla uno de los mapas donde se ve la demarcación. Si eso es secreto militar ¿cómo es que el fiscal Tarek Saab lo está mostrando ante las personas en el salón, y ante miles que lo están viendo en vivo y lo podrán ver en diferido? Incluso menciona a varios lugares en específico y los nombres de las instalaciones militares.

Sospecha el fiscal de marras que esos mapas indican que San Miguel “tuvo que tener una presencia militar cercana que le fue indicando”. Y casi lastimeramente se quejó que ahí no había libros de Filosofía, de Literatura o de teoría del Derecho de Eugenio Zaffaroni.

Lo insólito es que Saab Halabi, mencionando que en los mapas encontrados se señala al Palacio de Miraflores como zona de seguridad “esto es muy delicado”, dijo, otra vez suponiendo que “esa información fue recabada y señalizada de manera sistemática con apoyo de personas con conocimiento de geografía o cartografía, porque nadie puede hacer algo así de la nada”.

Para el Fiscal “aunque los mapas cartográficos y las gacetas, que crean las zonas de seguridad, son de acceso público, su acopio sistemático y su demarcación constituyen un trabajo de inteligencia sostenido en el tiempo, sin lugar a dudas, y para nada tienen que ver con la defensa de los derechos humanos ni con labores de Cruz Roja”.

Aseguró que se encontraron listados y perfiles de los mandos militares. “De sus comunicaciones se desprende que posee lista de todo el personal militar, sin excepción”, lo que le permitía insistir en que por qué una defensora de derechos humanos tenía ese tipo de material e incluso pagos de una transnacional petrolera.

Saab Halabi pretende ignorar que el rol principal de San Miguel Sosa lo ejercía con la organización Control Ciudadano, que no es una ONG de Derechos Humanos sino de contraloría social de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y que esos perfiles de los mandos militares los publicaba en la página de la organización que preside, donde aparece, incluso con fotos los oficiales desde el Ministro de la Defensa hacia abajo en la pirámide castrense.

Esta vez Saab, mientras enseñaba mapas, teléfonos, computadoras portátiles, como “pruebas”, agregó que era una “trama macro, conspiración continuada porque no ha cesado desde la primera, en mayo 2023”, sin hacer mención adicional.

Lo que sí explicó es que la Operación consistía en un “ataque contra la 21 Brigada de Infantería del Ejército y el batallón Negro Primero del Táchira, para hacerse del parque de armas, atentar contra la vida de Freddy Bernal y luego iniciar una escala sucesiva. estado por estado, hasta llegar a Caracas e intentar magnicidio contra el jefe de estado Nicolás Maduro Moros”.

No explicó en qué vehículos, pero aseguró que “los ejecutores habían calculado que del parque de armas se iban a llevar 482 fusiles AK103, 51 pistolas y 10 escopetas”, agregando que esa operación se iniciaría el 01 de enero 2024 y que “han sido privadas de libertad 15 personas, 4 tienen medida cautelar, 15 órdenes de aprehensión pendientes por ejecutar”.

En la página de Control Ciudadano hace tiempo se publican los perfiles de los oficiales con cargos en la FANB

Las insólitas tareas

Agrega Saab Halabi que en la Orden de Operaciones se establece “qué papel iba a jugar cada persona que él consideraba, desde el aspecto propagandístico, desde alguna ONG, podía aportar a su trama criminal algún apoyo y ahí aparece mencionada explícitamente Rocío San Miguel como responsable de algunas actividades”.

“En la página 3 aparecen mencionadas algunas personas y voy a leer: inmediatamente después de haber tomado y asegurado las instalaciones, realizar los enlaces necesarios con los medios de comunicación digital a través de Rocío San Miguel, con el fin de que comuniquen al pueblo venezolano y la comunidad internacional mediante los medios de comunicación digital aliados: Norbey Marín, Wender Enrique, Tamara Sujú, Sebastiana Barráez: los resultados de la operación y así poder demostrar ante los países aliados los avances en materia militar que se está realizando”.

En la tercera fase: Control de las instalaciones de la sede gubernamental.

En la página 5 aparece de Nr. 7 “la primer teniente Karen Nayarit Gómez Gutiérrez: conseguir todo el material e insumo médico quirúrgico necesario para la atención del personal en caso de tener lesionados en combate”.

“Periodista Rocío San Miguel: será la encargada de coordinar y trasladar todo el equipo comunicacional necesario para cubrir los eventos y realizar la transmisión de la primera entrevista en tiempo real de los avances de la operación. Crear una afinidad comunicacional con la población militar a fin de lograr el apoyo. Coordinar con organismos internacionales para a través de la ONG Control Ciudadano asegurar los derechos humanos de todos los militares patriotas involucrados en la operación. Promover ante la Cruz Roja Internacional para evitar ataques aéreos o bombardeos en contra de los integrantes de la operación”.

Dice Tarek Saab “el documento tenía unas manchas de café, debe ser que tomando café se le chispoteó, como diría el Chapulín Colorado”. La “Orden de Operaciones” es absolutamente risible, porque según lo que dijo el Fiscal los ejecutores de la Operación Brazalete Blanco no tenían vehículos a disposición “1) para la ejecución de la 3ra fase de la Operación se utilizarán los vehículos orgánicos de la Unidad. 2) vehículos civiles que se obtengan durante el desarrollo de la operación”.

Para la Evacuación y hospitalización no dicen cómo lo harán, pero el papel indica que “se prestarán los primeros auxilios necesarios hasta haber asegurado la operación, una vez tomado el control se trasladará a un centro asistencial seguro con personal civil que apoya el movimiento”, agregando que la 1TTe Gómez Gutiérrez “deberá hacerse de un vehículo tipo ambulancia con el fin de trasladar a los posibles heridos”.

Militares califican de poco creíble la Orden de Operaciones que presentó el fiscal venezolano y que pretendía el supuesto magnicidio contra Maduro - Infobae

domingo, 18 de febrero de 2024

El exterminio de los líderes de los colectivos chavistas que se volvieron críticos del régimen venezolano

 

Durante años algunos miembros de estos grupos de choque paramilitares han sido asesinados y otros desaparecidos


Sebastiana Barráez/ domingo 18 de febrero 2024

@SebastianaB


Tomado de Infobae


Algunos colectivos son los grupos de choque del chavismo contra opositores o quienes reclamen o protesten por servicios públicos o derechos a la salud o educación

El régimen venezolano usa la administración de justicia como instrumento de judicialización política o acoso judicial, con apariencia de legalidad, para inhabilitar o provocar repudio popular contra opositores de cualquier tendencia, lo que se conoce como guerra legal (en inglés lawfare). Esa acción contra opositores políticos la ha extendido a grupos de la revolución bolivariana, que no se han plegado a determinadas políticas del gobierno o han asumido alguna posición crítica en materia social, política o judicial. Algunos han sido asesinados, otros desaparecidos, en medio de la opacidad informativa.

Varias acciones violentas o de ataque impulsadas, desde el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), a través de grupos de choque o bandas armadas, se han ejecutado a través de campañas o eslóganes como “furia roja”, “tun tun”, “furia bolivariana”, otros.

Las amenazas no son recientes. Hugo Chávez le dio fuerza a los Círculos Bolivarianos, algunos derivados en grupos violentos que atacaron a dirigentes de oposición. Se le suma el respaldo de grupos colectivos, principalmente de la parroquia caraqueña 23 de Enero, la mayoría formados en la década del 90, mucho antes de la llegada de Chávez al poder.

A medida que avanza la revolución bolivariana en Venezuela, los colectivos, los círculos bolivarianos y los grupos de choque en general, también sufrieron transformaciones. Lina Ninette Ron Pereira, furibunda defensora de la revolución chavista, con un verbo fuerte y agresivo, logró mantener ascendencia sobre los más importantes colectivos del 23 de Enero y otros sectores de Caracas, pero su muerte en marzo 2011 desató las acciones de los grupos, que recibieron protección de algunos dirigentes del chavismo.

En el año 2017 un grupo de colectivos se aglutina para coincidir en planteamientos comunes; ubican como sitio de reunión la plaza de Santa Capilla, a la que llamaron plaza Lina Ron, en el centro de Caracas, frente al Banco Central de Venezuela y a unos metros del palacio de Miraflores. El interés principal fue dar respuesta a la cantidad de hechos de corrupción que desbordaban al Gobierno en sus diversas instancias.

Creyeron que la revolución les permitiría expresar críticas con énfasis en la corrupción y el bachaqueo, como se llama a la reventa de productos básicos, y así proponer políticas públicas. Los más encumbrados de la revolución lo vieron como afrenta, lo que al final lleva a que la mayoría de los colectivos salieron del control de Miraflores, quedando plegados los grupos La Piedrita y Tres Raíces.

El grupo Tres Raíces durante el sepelio de Heiker Vásquez

Extraña muerte

Valentín Santana es el jefe de La Piedrita, uno de los colectivos más importantes del 23 de Enero, por la zona que controla, el poder del calibre de las armas que poseen y por el liderazgo de su líder sobre parte importante de la población de la parroquia, además de sus relaciones con determinados políticos del chavismo.

Valentín Santana se ufana de tener armas de guerra y el control de La Piedrita

En el caso del colectivo Tres Raíces, tuvo como líder a Heyker Leobaldo Vásquez Ferrera, quien fuera asesinado en un extraño suceso, en el marco de la llamada Masacre de El Junquito, donde el exfuncionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC), piloto Oscar Pérez fue asesinado junto a su grupo por fuerzas estatales policiales y de inteligencia, el 15 de enero 2018.

La información, dada entonces a conocer por Freddy Alirio Bernal Rosales, para el momento jefe de los Comités Locales de Abastecimiento Popular (CLAP), fue que “un grupo de patriotas como Heiker han caído en combate como caen los revolucionarios de todos los días, los revolucionarios de siempre, los que son capaces -más allá del discurso-, de arriesgar la vida por las ideas”, aunque en realidad el único fallecido del lado gubernamental fue el jefe de Tres Raíces.

Allegados a Vásquez han considerado que, en el marco de la operación para liquidar a Oscar Pérez, se pudo aprovechar para asesinar al jefe de Tres Raíces, que estaba resultando incómodo por determinadas órdenes. “Ese colectivo fue organizado y financiado con el dinero del bachaqueo y el contrabando, por parte de Freddy Bernal. Después de la muerte de Heiker, Tres Raíces se convierte en punta de lanza para controlar a grupos radicales de izquierda del 23 de Enero”, le dice a Infobae un exmiembro de la organización.

No es casual que los mismos líderes de los colectivos que participaron en la muerte de Oscar Pérez, hayan sido anulados silenciosamente a través de diversas maniobras”. Menciona como el caso más emblemático el del sociólogo Carlos Rafael Lanz Rodríguez, quien perteneció a grupos guerrilleros venezolanos ya desaparecidos como el Partido de la Revolución Venezolana (PRV) y Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (FALN), estuvo detenido por asalto a bancos y sospechoso del secuestro del estadounidense William Niehous. Hugo Chávez lo nombró, en el 2005, presidente de una empresa estatal de aluminio.

Carlos Lanz y el general Mejías Camacaro

Lanz mantenía acceso a instancias militares, donde se relacionó con numerosos oficiales, hasta que, el 8 de agosto 2020, desapareció de la zona de seguridad militar donde están las residencia Base Sucre, lugar donde vive personal militar y policial, así como trabajadores de confianza de la administración pública.

Su esposa, Maye Cumare, lo calificó de “desaparición forzosa” por causas políticas. La primera persona detenida por el caso fue el General de la Aviación César Mejía Camacaro, quien estuvo dos años preso en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).

Más de dos años después de la desaparición de Lanz, Tarek W. Saab anunció la detención de su esposa, la de sus dos hijas y 12 personas más, a la vez que publicó un video de ella auto inculpándose; las hijas quedaron en libertad. La versión del Fiscal es que a Sanz Rodríguez se lo comieron unos cochinos de engorde, luego de que su esposa planificó su asesinato por razones económicas. 

Ana Viloria, hermana de uno de los detenidos, Tito Viloria, publicó en un artículo a través del portal Aporrea “fuimos testigos de la destrucción de las vidas de la mayoría de las personas señaladas, criminalizadas ante el país. Nada prueba lo afirmado por la fiscalía en las circunstancias de Tito Viloria, Zaida Suarez y Elis Becerra”.

Asegura Viloria, “todos pueden demostrar suficientemente su inocencia: a través de testigos plenamente identificados que nunca fueron convocados por la fiscalía; por la revisión de sus líneas telefónicas que nunca fueron investigadas, con el análisis de sus cuentas bancarias que tampoco fueron investigadas, con la ausencia de huellas u otra señal que descartan sus casas y la finca en Cojedes como el sitio donde presuntamente asesinaron a Carlos Lanz”.

El excolectivo que habló con Infobae dijo, en relación con ese caso, “claro, el fiscal Tarek Williams nunca va a decir que Carlos Lanz era, para el momento en que desaparece, Jefe de Contrainteligencia del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada (Ceofanb) y era el líder de varios colectivos que hacían críticas contra las políticas del gobierno”.

El colectivo José Leonardo Chirinos manifiesta apoyo a Freddy Bernal como protector del Táchira en el 2018

Uno expulsado, otro asesinado

Otro de los casos resaltantes es el del Comandante 13 del Colectivo José Leonardo Chirinos de la Zona F, a quien le decían Niño Cohete, y fue el explosivista del grupo de Hugo Chávez en el intento de Golpe de Estado el 4 de febrero de 1992. También era el encargado de la pirotecnia en los actos de campaña del líder de la revolución.  

El colectivo Tres Raíces expulsó de la parroquia 23 de Enero, al llamado Comandante 13 Hugo; lo hizo a punta de plomo, le quitó el local dónde él tenía su centro de operaciones en la Zona F y se apropiaron de las armas de la organización, incluido un lote que para el momento había comprado para la guerrilla disidencias de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia). Luego, cuando el Comandante 13 se encontraba en su casa, en Valencia, donde tenía cuatro años viviendo, fue detenido por un caso de hampa común en Petare, populosa zona de Caracas.

Peor suerte corrió alias Ayita, Comandante del colectivo Tupac Katari de Sarría, quien trabajaba en Inteligencia Militar cuando en el año 2023, un grupo de funcionarios del Cicpc, llegó a su casa. La familia contó que los policías tocaron la puerta y cuando la esposa de Ayita abrió, la agarraron por el cabello; el líder colectivo, que estaba detrás de su esposa, ni siquiera alcanzó a protestar. “Le descargaron las armas, lo acribillaron ahí mismo, sin mediar palabra. Es una cacería contra los colectivos”.

Como el Cronos Saturno de la mitología griega, la revolución bolivariana se traga a sus hijos.

El exterminio de los líderes de los colectivos chavistas que se volvieron críticos del régimen venezolano - Infobae

jueves, 15 de febrero de 2024

Desapareció en Venezuela un ingeniero que criticó y grabó a Alex Saab en un video que se hizo viral

  

Carlos Salazar Lárez grabó al comerciante colombiano en la isla de Margarita. No se sabe nada de él desde el 5 de febrero


Sebastiana Barráez/ jueves 15 de febrero 2024

@SebastianaB


Tomado de Infobae


Por este video de Alex Saab en Margarita habría detenido al ingeniero Salazar

En Venezuela, desde hace años, ocurren desapariciones forzadas, cuando los cuerpos de seguridad del Estado, como la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) o el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), han detenido a civiles o militares, los incomunican, les niegan a los familiares que los tienen tras las rejas, a muchos los torturan físicamente, les amenazan a sus niños o padres, y cuando finalmente los presentan los obligan a que sea con un defensor público, que como funcionario al fin, solo cumple órdenes de un superior. Acaba de suceder con la presidente de la ONG Control Ciudadano, Rocío del Carmen San Miguel Sosa, quien estuvo más de 100 horas en manos de los funcionarios de la DGCIM antes de ser presentada ante un Tribunal de Terrorismo. Y también está ocurriendo con el ingeniero Carlos Salazar Lárez, quien desapareció luego de hacer viral un video del comerciante colombiano Alex Naín Saab Morán en la isla de Margarita.

Aunque el caso de San Miguel Sosa acapara la corriente de opinión política y de la sociedad civil, no es menos cierto que lo sucedido con Salazar Lárez toma carácter más grave aún, porque desapareció el 5 de febrero, cuando un grupo de hombres se lo llevó, después de criticar la presencia de Saab Morán, a quien se le ve en un local comercial con dos jóvenes.

Alex Saab fue dejado en libertad por Estados Unidos, recibido en el Palacio de Miraflores por Nicolás Maduro Moros, quien posteriormente lo nombró presidente del Centro Internacional de Inversiones Productivas (CIIP). En el video, publicado por Salazar, se ve a Saab en la isla de Margarita, lugar que ha sido, desde hace unos años, el centro de la vida activa de grupos árabes, rusos e iraníes.

El ingeniero Carlos Salazar Lárez, desaparecido desde el 5 de febrero

El Ministerio Público ni siquiera ha mencionado el caso del ingeniero Salazar, quien fue empleado de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa). El fiscal Saab Halabi tuvo tiempo, incluso en el pronunciamiento que hizo ayer miércoles, para hablar de los muertos de Gaza transmitiendo un video, cuidándose de no mencionar las muertes ocurridas en Israel, con el mismo relativismo que asume la desaparición forzada.

Familia del ingeniero abrió una cuenta en la red Instagram, @salazarlarez9191, donde han estado solicitando información sobre Carlos Salazar. “Por favor, necesitamos que se haga eco de esta causa injusta, esta angustia como familiares que estamos viviendo, por derecho necesitamos saber de su paradero de su integridad física. Tío no estás solo, estamos dando lucha para saber de ti, no estás solo”, dice los mensajes de una sobrina.

Ellos dijeron que el 5 de febrero 2024, a Salazar lo capturan en Punta de Piedras, municipio Tubores, estado Nueva Esparta. “Se lo llevó un grupo vestido de negro con su carro Mazda 6 color gris plata. No sabemos de su paradero, desde ese día, no lo han formalizado ni ha tenido su proceso como el debido derecho, para saber por qué se le imputa”.

Andrea Castellanos Salazar, sobrina de Carlos Salazar, denuncia su desaparición

Agregaron que ese lunes, entre 4 y 5 de la tarde (16-17 horas), en la calle El Módulo vía Las Mercedes, en punta de Piedras, un grupo de hombres vestidos de negro, se lo llevó. Desde entonces, han acudido a instancias legales, tales como la Policía estadal y nacional, comandos militares, Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc), Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), Comando Nacional Antisecuestro y Extorsión (Conas), así como a la Fiscalía 12 del Ministerio Público, “y no logramos dar con su paradero. Como familia queremos respuesta de su integridad física”.

Alegan que la causa de su desaparición fue el video que grabó en un centro comercial de la Isla de Margarita, cuando Alex Saab se encontraba en ese lugar. El ingeniero expresó su descontento contra el Gobierno venezolano a la vez que criticaba al colombiano devenido en diplomático por el régimen venezolano, a quien Estados Unidos liberó y entregó a Venezuela, en el marco de un supuesto canje de presos políticos y varios estadounidenses; dos de esos liberados fueron un mes después condenados por un tribunal del fronterizo estado Apure. (http://www.sebastianasinsecretos.com/2024/02/el-regimen-venezolano-condeno-dos-de.html).

En el video, que sería la causa, de la desaparición de Salazar, se oye la voz de un hombre calificando a Saab de malandro, "Ta ahí con el carajito, hablando por teléfono. Qué arr...!”, dice a la vez que menciona que estaba preso en EEUU y criticando “mira cómo anda paseando ahora en Margarita”.

Tarek William Saab no se ha pronunciado sobre la desaparición del ingeniero petrolero

La familia asegura que al ingeniero Salazar lo venían siguiendo “hasta que dieron con su paradero y se lo llevaron arbitrariamente. El Ing. Carlos Salazar aún no aparece, no damos con su paradero, no nos informan ni dan derecho a llamada para saber de su estado; es una injusticia. Si está siendo procesado, por el motivo que sea, que se le impute. Queremos saber dónde está Carlos Salazar Lárez”.

El portal EsPaja, en conversación con Andrea Castellanos Salazar, sobrina de Carlos Salazar, revela que según un testigo que acompañaba al ingeniero, quienes se lo llevaron dijeron que el motivo era la publicación del video de Alex Saab en el centro comercial de Margarita.

Cuando Salazar fue a realizar compras y cambiar un dinero en Punta de Piedra, “fue interceptado por un cuerpo de hombres vestidos de negro, de acuerdo con el testigo, a quien por cierto también le quitaron el celular, pero no lo detuvieron”.

Según el portal de noticias Tal Cual, el coordinador del Foro Penal del estado Nueva Esparta, Pedro Arévalo Semprun, informó que hasta este 13 de febrero no han tenido noticias del paradero de Carlos Salazar. “Indicó que en compañía de un hermano de Salazar asistieron a la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y a otros sitios de detención de la entidad y les negaron que estuviese allí”.

Andreina Alemán, el Capitán Chaya Barroeta y su esposa Yolimar Alemán, fueron detenidos el 21 de abril de 2020

Mujeres también

El Fiscal General de Venezuela, Tarek William Saab Halabi, asume la desaparición forzada con relativismo, como lo evidencia en cuanto al caso de la presidente de la ONG Control Ciudadano, Abog. Rocío del Carmen San Miguel Sosa, quien es llevada ante un tribunal cuando pasaron más de 100 horas de haber sido detenida y aun así el titular del Ministerio Público asevera que “fue presentada en los lapsos legales correspondientes”.

La situación de la desaparición forzada en Venezuela ya ha tenido mujeres en el escenario, tal como ocurrió con el caso de las hermanas Alemán Castellano, Andreína José y Yolimar, detenidas para presionar al teniente Richard Rafael Alemán a que se entregara y aun así, después de haberlo detenido, dejaron a las dos mujeres, al esposo de una de ellas y a otro oficial, en los sótanos de la DGCIM.

Las hermanas Alemán fueron detenidas el 21 de abril 2020, cuando se las llevaron de la casa de sus padres en Puerto Cabello, estado Carabobo. Casi un mes después de estar encerradas en los sótanos de la DGCIM, sin visita, sin presentarlas ante los tribunales y sin recibir asistencia legal, unos custodios le dijeron a Yolimar y a Andreina que recogieran sus cosas de la celda porque las iban a liberar.

Las dos mujeres estaban felices e incluso entre sus miedos hacían planes para abrazar a sus padres, a los hijos de Yolimar y regresar a sus trabajos y estudios. Los funcionarios de la Dgcim las trasladaron hasta el centro comercial San Diego de Puerto Cabello. 

Las damas bajaron torpemente, casi sin poder caminar de la emoción. “Apenas respiraban el olor de la libertad, tratando de adaptarse a la luz y organizarse para llegar a su casa. De repente una comisión de la Dgcim, oculta en el lugar, se les lanzó encima, las tiraron contra el suelo, las esposaron, mientras ellas gritaban, pedían auxilio y se las volvieron a llevar para la sede de la Dgcim en Caracas”.

Esa fue la manera en que la DGCIM justificó la detención y encubrió que las hermanas Alemán Castellano tenían un mes en desaparición forzada. Hasta ese día su detención no estaba registrada en ningún organismo, no las habían presentado ante el Tribunal, siempre estuvieron secuestradas, mientras su hermano Richard Alemán fue sometido a brutales torturas.

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