Mas de una decena de campesinos denuncian que autoridades policiales al servicio del Hato Merecure los señalan de abigeato, los roban, amenazan y persiguen
Sebastiana Barráez/ jueves 8 de junio 2023
@SebastianaB
“¿Sabe usted cómo se la mienta por aquí? Ley de doña Bárbara. Porque dicen que ella pagó para que se la hicieran a la medida” se lee en la maravillosa obra Doña Bárbara, un clásico de la literatura hispanoamericana, autoría del escritor y expresidente venezolano Rómulo Ángel del Monte Carmelo Gallegos Freire. Esa Ley del Llano se resiste a desaparecer, aunque han pasado 94 años desde que el insigne escritor la diera conocer. Se evidencia en la frontera, estado Apure, donde más de una decena de campesinos denuncian que funcionarios y exfuncionarios policiales al servicio del Hato Merecure, los señalan de abigeato, los roban, amenazan y persiguen. “De ese hato vienen sacando ganado en camiones, lo han ido desvalijando, pero no nosotros”, le dice a Infobae uno de los afectados.
La dueña del Hato Merecure es la Productora
Hernández, S.A. (PROHESA), una empresa ganadera fundada en 1954, y que estuvo
dirigida por sus propietarios hasta que fue adquirida por Luis Alberto Bracho
Valbuena, a quien apenas han visto unas tres veces por el lugar, pues vive
fuera del país.
Bracho aparece en la investigación de los Panama Papers por varias empresas
y su socio principal sería Melean, quien estaría en Texas.
Es cierto que muchas propiedades en
Apure son afectadas por el abigeato, que se roban personas comunes, grupos
irregulares y funcionarios civiles y militares de organismos como el Cuerpo de
Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc), de la Dirección
General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y del Servicio Bolivariano de
Inteligencia (Sebin), así como militares de diversos componentes principalmente
de la Guardia Nacional. Y sí, en esos organismos hay funcionarios correctos que
cumplen con la Ley, pero muchos son delincuentes.
El problema es que el Hato Merecure
está usando a funcionarios del CICPC, relacionados a exfuncionarios de ese
Cuerpo que son empleados del Hato, para amenazar, robar y extorsionar lo poco
que tienen personas de la zona, para así justificar que son otros los que se
roban el ganado. “El año pasado asesinaron
a un joven ahí y eso se quedó en silencio” dice un dueño de fundo, en alusión a
Ángel Isaías Tovar. Funcionarios grabados en una finca dicen que la gente del
hato está pagando para que se den las detenciones.
El Juez Antonio Aaysenn Franco Tovar, del Tribunal
Primero de Primera Instancia Agraria de Apure, certificó el 21 de septiembre
2022, en una medida de protección al hato Merecure, que allí hay 7 mil y tantas
reses, pero campesinos y pobladores de la zona le dijeron a Infobae “ahí no hay
más de 1.500 reses, porque el administrador despacha animales a las 2 de la
madrugada. Pretenden echarle la culpa a los dueños de fundos, pero si ahí
adentro del hato tienen hombres armados”, dice uno de los llaneros.
“La noche del sábado 3 de junio, en la noche,
los hombres armados del Merecure, agarraron a unos hombres en el río, les quitaron
el tren de pesca, y los motores y los tienen en el hato”. Varias decenas de los
afectados se declara cansada del abuso contra los habitantes, incluso la
presidente del Consejo Comunal.
”El hato ese viola la ley por todas partes,
la ley de llanos que es más vieja que mi abuela, creo que de 1910 y le hicieron
una actualización creo que el 46”, se refiere a la ley que establece líneas,
con estantes de madera y 4 pelos de alambre, no menciona a zanja, pero el juez les
otorga una media con zanja cuando un video demuestra que más bien parece un
caño. Ante eso el Ministerio de ambiente no ha actuado cuando es aplicable la Ley
Penal del Ambiente.
El hato Merecure tiene 34 mil hectáreas y 17 fundaciones, lo atraviesa el río Arauca, además cuenta con varias pistas de aterrizaje autorizadas por el Estado; en una de sus fundaciones fue encontrado un tipo submarino usado por el narcotráfico. La entrada del hato está a 10 kilómetros antes de la estatua de Marisela, un monumento inspirado en la obra Doña Bárbara de Rómulo Gallegos, que exalta el triunfo de la civilización sobre la barbarie.
Arma y poder político
Josué Mota era el jefe de seguridad de Pedro Danilo
Leal, exalcalde del PSUV (Partido Socialista Unido de Venezuela), funge como jefe
de seguridad del Hato Merecure y es policía activo del estado Apure. “El
exalcalde está muy relacionado con los administradores y abogado del hato”.
Hay una lista de víctimas de policías y
militares, algunos que ya no son funcionarios, pero detienen a personas de la
zona, aplicando la Ley del llano, “roban los motores, ganado, cochinos, los amenazan
y se los llevan al hato y los tienen allá detenidos”.
Manuel Torres de la parroquia Cunaviche,
denuncia a los administradores del hato, Nelson Daboín y Andrés García, de
quienes dice que “he sufrido atropellos y amenazas hasta de muerte. Hago
responsables a ellos si algo me llega a suceder. Han venido atropellando a toda
la comunidad, utilizando el CICPC de manera brusca”, agregando que el abogado
García hizo una denuncia donde lo señala a él y a sus hermanos de delincuentes,
por lo que pide al Ministerio Público que lo investigue, porque “me mantengo
como pequeño productor, soy pescador, al lado de mis hermanos trabajando
humildemente”.
Asegura que más de un centenar de personas de la comunidad han sido atropelladas. “A un pescador, comisario de la comunidad le quitaron el motor y su tren de pesca con la que lleva el sustento a su familia” y le pide a la Fiscalía que envíe una comisión de gente seria y decente para que constate la realidad de los hechos.
“Me extorsionaron”
Alexis Torres de la Costa Arauca denuncia a
los administradores del hato Merecure. “Ellos dicen que tenemos el Hato
acabado, que le robamos mucho ganado. Nos amenazan, nos llegan a los fundos con
el Cicpc, llevándonos presos y luego extorsionados”, dice confesando que hace
como dos meses para que lo liberaran, después de llevárselo preso, tuvo que
pagarles dos mil dólares a los funcionarios, “porque me metieron miedo, me
dijeron que me iban a sembrar sino les deba esa cantidad de plata”.
“Antes eso era la Productora Hernández, pero
ya no lo es. Luis Bracho es el supuesto dueño de ese hato y dicen que producía
cantidad de queso, animales y que son
muy bondadosos con la comunidad, pero miente porque que no dejan ni siquiera
pasar por un río de navegación que hay ahí donde uno se dirige hacia la
comunidad, tampoco a los pescadores de agua mansa no nos permiten pescar”.
Confirma que al hijo del pastor evangélico
Pedro Montoya, comisario de la comunidad, le quitaron un motor, el chinchorro
“y lo tuvieron en unos cuartos del
Merecure, donde meten a la gente que ellos mismos ponen presos, hasta las 3AM”.
Hace responsables a los del Hato Merecure por
lo que le suceda a él, a sus hermanos y familia “de un asesinato, porque eso es
lo de ellos y nadie hace nada, porque ellos son los terratenientes. Hacen con
nosotros lo que les da la gana, nos corren el ganado, nos lo encierran. En el
hato tuvieron ocho días a un toro de mi propiedad sin comer ni beber”.
Insiste en que no es gente de la comunidad la responsable de lo que ocurre con el hato. “El abogado Andrés García se va con cantidad de personas, porque los he visto, y hace desastre en ese hato. Se han robado más de tres mil reses, que se han sacado en gandolas porque he visto gandolas y gandolas de ganado saliendo de ahí y luego van a la comunidad a decir que nosotros nos lo robamos”, finaliza Alexis haciendo un llamado al Ministerio Público.
Más testimonios
Wilson Rodríguez fue citado por el CICPC para
ir a declarar el 28 de abril 2023. “El 27 de abril fue el Cicpc a buscarme,
acusándome por un robo de ganado del Hato Merecure, en el cual no estoy
implicado. Ando huyendo, tuve que irme de la casa porque a cada rato iba a
buscarme el Cicpc”, agrega haciendo un llamado a Tarek William Saab y pidiendo
que El Merecure explique “porque no estamos robando a nadie”.
Denuncia que desde el hato “echaron una zanja
por la costa de nosotros y eso nos perjudica, porque cae babo, culebras,
galápagos y todo se muere, porque ellos no tienen línea (divisoria)”.
Jorge Matute, habitante del sector El
Garcero, parroquia Cunaviche, dice que “el atropello que vivimos por parte del
hato Merecure es constante. No nos dejan pescar en el río y no lo hacemos con
chinchorro sino con atarraya y con anzuelo. Cuando venimos de regreso, nos
agarran, nos quitan el pescado, los anzuelos, la atarraya, los cuchillos, las
linternas, el arpón y la mercancía”.
“Hace tres meses nos quitaron la gasolina y
nos dejaron venir desde una parte muy lejos donde estábamos hasta el canalete,
porque nos tienen una alcabala en La Chalana y nos impiden el paso. Todo el que
pasa por ahí tienen que entrar, nos retienen todo. Nos quitan el pan, el
dinero, los refrescos, todo. Y cuando vamos a buscar las cosas en el hato,
entonces nos extorsionan, porque a veces cargan al DGCIM, otras a Cicpc y a
veces a la Policía”.
“Muchas veces los campo volantes del hato se
uniforman haciéndose pasar por funcionarios del gobierno e incluso por la
guerrilla y nos ponen a juro a mascar chimó. Si algo me pasa hago responsable
al abogado Andrés García y a Nelson Daboín”, finaliza diciendo.
Hernán Espinoza reclama once reses al hato, pero la respuesta que le han dado es que ahí no está, “aunque un jefe de seguridad ahí me había dicho que sí estaba”. Reconoce que es un hombre de pocos recursos y necesita recuperar ese ganado “porque es de lo que yo como”.
Le pagó a Castillo
La vocera del Consejo Comunal El Garcero,
Olga Montoya, dice que el Cicpc y los Merecure “nos tienen cansados de tantas
comisiones”. Relata que el 27 de abril, cuatro funcionarios del CICPC se
llevaron a su hijo, lo llevaron al hato Merecure, luego al Cicpc. “Estuvo preso
ocho días y tuve que mandar a un abogado para sacarlo”.
“Estando mi hijo detenido me llamó una
persona y me dijo que el Cicpc se había puesto de acuerdo con el señor Andrés,
abogado del Merecure, para que pagáramos un ganado que se había perdido, y que
tocaba (pagar) siete reses”.
Asevera que desde siete u ocho años “que todo
lo que se pierde lo tiene que pagar la comunidad de El Garcero”.
José Ángel Querales denuncia que fue
amenazado, golpeado “buscaron unas palas para enterrarnos porque nos iban a
matar”, relatando que después, se lo llevaron detenido para San Fernando donde
tuvieron que pagar dos mil dólares.
Otro que denuncia es Luis José Torres, quien
reconoce que ha sido buscado y que el comisario Antonio Castillo fue a su fundo "a amenazarme a los muchachos, al obrero, sin embargo lo agarró, lo amenazó,
lo obligó a hincarse de rodillas, le metió la pistola en la boca, le dio unos golpes y luego
me dejó una cita, a la que yo asistí, pero no apareció nunca, pero después tuve que pagarle mil dólares, porque por segunda vez se llevó al muchacho preso”,
finaliza diciendo.
El dueño del fundo Tres Bocas relata su
experiencia, el 17 de diciembre a las 4 de la tarde, cuando unos hombres
armados llegaron a su casa, los
encañonaron y los encerraron en el cuarto. “Mandados por el encargado del
Merecure y el señor Pedro Leal (exalcalde) y me le cayeron a plomo al muchacho
y me lo dejaron muerto ahí”.
Una mujer relata cómo funcionarios del Cicpc
llegaron a su casa buscando a su esposo, lanzaron sus cosas al piso, se
llevaron su cédula, le quitaron el teléfono, tomaron fotos a su esposo y se lo
llevaron.
El pastor evangélico Pedro Montoya, de la
Iglesia el Tabernáculo de Dios, sector El Garcero, denuncia que su hijo había
salido a pescar “y cuando iba entrando al río, le llegó la comisión del
Merecure y le quitó el motor, el anzuelo, el chinchorro y se lo llevaron para
el hato a las 11 de la noche y lo trajeron a las 2 de la madrugada”. Asegura
que sus pertenencias siguen retenidas en el hato, incluyendo la canoa.
Finalmente, Alberto Torres dice que el hato
le hizo una zanja por el límite de su fundo. Asegura que todo animal que cae
ahí corre riesgo y que ya se han muerto varios. “El año pasado se me perdieron
26 cochinos, este año cinco. El año pasado, una novilla y dos mautes, y así se
me han perdido bestias y hasta los patos. He sido perseguido y amenazado por el
Cicpc”, destacando que detuvieron a su padre “e igualito tuve que pagar”.
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