Día del Periodista en Venezuela: el país enfrenta la censura, la desinformación oficial y la amenaza de una reforma que busca atacar la profesión

 El país caribeño celebra la jornada en un contexto de represión gubernamental y ataques que han llevado al cierre de cientos de medios

Sebastiana Barráez/ Lunes 27 de junio 2022

@SebastianaB

Tomado de Infobae

Tres periodistas fueron heridos durante protestas del 01 de mayo 2019 en Caracas. (Cortesía El Pitazo)

“No hay mucho qué celebrar, pero sí mucho qué reclamar”, es la aseveración de Tinedo Guía, presidente del Colegio Nacional de Periodistas (CNP), ante el 27 de junio Día del Periodista en Venezuela. Sandra Rondón, presidenta del CNP en el fronterizo estado Táchira alerta ante la pretensión que hay en sectores oficialistas de reformar la Ley del Periodismo, por lo que solicita “no permitir el acceso a usurpadores de oficio”. Y ante ello se suma el periodista Humberto Rodríguez, para quien la intención de la reforma es “hacer claudicar la valentía de quienes ejercemos la profesión”. Los tres comunicadores, en conversación con Infobae, coinciden en señalar que los periodistas en Venezuela se enfrentan a duros desafíos, desde la censura hasta los ataques que han llevado al cierre de cientos de medios.

Entre los años 2017 y 2019, según un estudio de la ong Espacio Público, “la agudización del contexto social y político impactó en el ecosistema mediático al derivar en el cierre de al menos 151 medios de comunicación”, aunado a la censura que lleva al cierre de gran cantidad de programas en radio y televisión, así como el bloqueo al acceso de numerosos portales de información, entre ellos Infobae.

El organismo que más ha censurado y cerrado medios en Venezuela 

es la Comisión Nacional de Telecomunicacciones Conatel

Salas situacionales instaladas en diversos organismos del Estado, incluyendo el Palacio de Miraflores, están encargadas las 24 horas del día de hacer seguimiento a generadores de opinión pública, principalmente periodistas, desde donde lanzan ataques simultáneos de descalificación en las redes sociales, enviados cientos de ellos desde cuentas fantasmas.

El CNP Caracas, dijo el 3 de mayo, a propósito del Día Mundial de la Libertad de Prensa, que, en lo que va de 2022, han registrado: 68 ataques a la prensa, 21 de ellos fue por impedimentos a cubrir eventos, hubo 11 bloqueos de medios digitales, igual número de campañas de descrédito y criminalización, ocho casos de intimidación, siete de hostigamiento, a tres profesionales de la prensa les borraron el material gráfico y hubo cierres de emisoras de radio.

A eso se suma la reciente amenaza de una reforma sobre la Ley del Periodismo, vieja aspiración de la revolución bolivariana, con la excusa de que los medios se han prestado “a una campaña mediática con un fin político, que no es más que derrumbar al gobierno”, según dijo Helena Salcedo una de las promotoras de dicha reforma.

El reto

Tinedo Alejandro Guía Muñoz, quien preside a nivel nacional el Colegio de Periodistas (CNP), le dijo a Infobae que “el principal desafío que tiene el periodismo hoy en día es el abuso de las redes sociales, más aun cuando no sabemos quién está enviando la información que no ha sido confirmada y procesada desde el punto de vista profesional de un comunicador”.

Considera otro desafío “vencer la censura, que lleva a la autocensura, porque la mayoría de los propietarios de medios, presionados por CONATEL, colocan ciertas normativas o cortapisas para que algunas cosas no salgan, no se comenten o no se informen”.

Tinedo Guía, presidente Nacional del Colegio de Periodistas, aboga por más medios de comunicación

“Estos son tiempos verdaderamente difíciles, no solamente en Venezuela; pareciera que en el mundo hay una confabulación contra el trabajo de los profesionales de la comunicación, contra la ética y la moral periodística”.

No vacila en asegurar que “el reto más importante del periodismo venezolano es lograr que haya más medios de comunicación, más empresas de la comunicación, más periodistas formados en nuestras academias de universidades reconocidas, dirigiendo medios de comunicación, con el código de ética por delante, con el respeto a la Constitución y a la Ley de Ejercicio del Periodismo tenido estudios de cuarto nivel en comunicología para analizar los temas en profundidad de los mensajes que se emiten a través de los medios de comunicación.

Reconoce que “Venezuela ha sido muy afectada por el cierre de medios, la Ley Mordaza, la censura de programas de televisión y radio, pero más que todo por el ataque contra periodistas, algunos detenidos y a quienes les han creado causas en tribunales de las que no son responsables ni culpables, sólo por tocar temas como el del estado Apure, con la guerrilla metida allí, con la actuación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana; tocar esos temas llevan como consecuencia que te apliquen incluso detención militar”.

Resalta que “tenemos un grupo de colegas periodistas fuera de Venezuela que pueden recibir información y desde afuera proyectarla al resto del mundo, aunque no sea Venezuela la más importante en materia informativa, porque todo eso se lo comen las guerras, el narcotráfico, los movimientos que pretenden ser tomados en consideración con la defensa del aborto, entre otros”.

Investigaciones de Ipys y también de la Unesco reflejan que el ataque contra periodistas 

es mayor cuando se trata de mujeres

A la situación del cierre de medios impresos a quienes se les negó la bobina del papel periódico, también está el hecho de que “muchas empresas que ya no pueden anunciar y se han venido abajo y el mercado se le ha hecho mucho más complicado”.

“Otra de las causas que impiden un libre flujo informativo son los cortes eléctricos y los de internet, de los cuales he padecido todo este tiempo y no permiten el flujo comunicacional en materia informativa, de opinión, de búsqueda de la información para que fluya con la velocidad de la inmediatez; todos estos son agresiones a la comunicación en Venezuela. Hoy no hay mucho qué celebrar, pero sí mucho qué reclamar”.

Dijo que, junto con el “Sindicato de Trabajadores de la Prensa, Espacio Público, Instituto Prensa y Sociedad (Ipys), Alianza por la Libertad de Expresión y el Centro de Investigaciones de la Comunicación de la Universidad Central de Venezuela (ININCO) “hemos estado aportando expedientes para llevarlo a la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), de la que Venezuela se salió, pero sigue teniendo responsabilidad en esas agresiones”.

Ipys hizo este registro en el primer semestre del 2019. 

La situación se ha agravado desde ese año

Igualmente se presentaron al Ministerio Público “hablamos con la entonces fiscal Luisa Ortega Díaz solicitando protección para los periodistas. Solo cuatro de los presentes estaban agremiados. Como anécdota te cuento que nos dijo que el CNP no puede estar defendiendo a quienes no estén agremiados, porque no les consta que entregaron los recaudos como egresados de una universidad, que cursaron sus estudios, que presentaron el título original con copia fondo negro, que está registrado legalmente y que el colegio asuma la responsabilidad de aplicarles el código de ética o el Tribunal Disciplinario. Ella dictó una orden a ser cumplida por los funcionarios, pero a la semana a ella la sacaron de la Fiscalía”.

Finalmente, Tinedo Guía agrega que “como no todos los docentes en las Escuela de Comunicación, son periodistas, no se habla de la Ley de Ejercicio del Periodismo, pero los estudiantes de comunicación social deben saber que para ejercer la carrera hay que estar inscrito en el CNP”.

Cuentas creíbles

Sandra Rondón Valero dirige el Colegio de Periodistas en el fronterizo estado Táchira

Sandra Rondón Valero dirige el gremio periodístico en el estado Táchira, un estado profundamente difícil por su ubicación geográfica en la frontera, por complejos problemas políticos, económicos y sociales. Ella le dice a Infobae que “la pandemia nos cambió la forma de trabajar y la forma la de compartir. Hubo que buscar nuevas alternativas y se dio el boom de las redes sociales, ese avance tecnológico donde la información es ya para ya y llega de inmediato, por lo que cualquier persona puede informar”.

Hace un llamado para que cuando se busque información noticiosa “sepamos quién es el autor, porque en muchas ocasiones hay desinformación. Se debe considerar que lo publicado sea en cuentas creíbles para evitar los fake news. Nuestro deber es informar y nosotros como gremios estamos atentos para ser garantes de que se respete la parte laboral de los periodistas”.

Destaca que “en el Táchira a muchos les gusta leer los pocos periódicos impresos que hay, acompañado de un cafecito, mientras a otros les gusta oír noticias a través de la radio. Hay mucha gente que no tiene acceso a ese fascinante mundo de la información que ha sido para nosotros bastante interesante. La pandemia ayudó a pensar en alternativas de trabajo para poder vivir en un país tan difícil como Venezuela, donde el salario no nos alcanza”.

A su juicio “el reto del periodismo venezolano es seguir luchando por nuestra única bandera: la libertad de expresión y seguir informando al colectivo de lo que sucede y sin miedo”.

“Otro reto importante de asumir es que se está pretendiendo modificar nuestra Ley de Ejercicio del Periodismo y debemos luchar para que respeten los derechos de los periodistas y no permitir el acceso a usurpadores de oficio como se pretende hacer. Ha sido una lucha constante desde la Asociación Venezolana de Periodistas (AVP) que después pasó a ser Colegio Nacional de Periodistas (CNP); hoy seguimos en la misma lucha por nuestros derechos”.

Propone la lucha por la existencia de “más medios de comunicación y evitar que otros se cierren. Los periodistas somos la voz de los que no pueden hablar. El CNP ha estado atento ante los cierres de los medios de comunicación, más de 100 en todo el país, los impresos porque no llegaban las bobinas de papel, lo que llevó a la calle a esos trabajadores de la prensa. Por otra parte, hay censura en algunos programas, ataques personales contra profesionales de la comunicación, hay personas que quieren ejercer el periodismo sin estudiar, sin graduarse, sin prepararse y eso trae como consecuencia que la información que envían no cumpla la rigurosidad que exige el periodista”.

“Nos ha tocado momentos difíciles. Los periodista vamos a continuar en la calle y seguiremos escribiendo la historia de este hermoso país y queremos que vuelva a ser lo que fue, donde haya mejores oportunidades de trabajo, mejores salarios y mejores condiciones de vida y se pueda gozar de servicios básicos eficientes, que con un salario mínimo se pueda mantener a la familia”.

“El derecho a la libertad de expresión está en la Constitución, pero además está el derecho a informar y ser informado. Hay funcionarios de gobierno, desde nacional a municipal, que no les gusta cuando se dice la verdad y atacan al periodista, pero esa es nuestra constante”, dice Rondón Valero, la jefe del gremio periodístico en Táchira.

No a la reforma

Humberto Rodríguez Guevara tiene una larga trayectoria en periodismo impreso y radial

Humberto Rodríguez Guevara es un periodista con larga trayectoria en el periodismo venezolano, en diversas facetas, en prensa, radio, en la fuente política, como jefe de medio y también un gremialista destacado, para quien “el desafío más difícil de un periodista en este momento es manejar la verdad en la emisión de su trabajo, ajustarse a la verdad, tal como lo establece el Código de Ética, así que para hacerlo debe evaluar la valentía y la dificultad de no saber quién la defiende y quién la enfrenta”.

Está convencido que “los periodistas debemos mantener lo que en épocas anteriores enfrentamos con gallardía ante los compromisos de los ciudadanos”, agregando que otros han preferido “la permisividad o la dádiva, pero nuestro compromiso es con el ejercicio del periodismo, el que debemos ejercer sin temores, porque de lo contrario es mejor que dedicarse a otra actividad”.

Considera que la propuesta de modificar la Ley de Ejercicio del Periodismo fue trazada desde que Hugo Chávez ocupó el poder. “Hoy reaparecen los militantes de la fulana “revolución” planteando una reforma de la Ley, con el interés de hacer claudicar la valentía de quienes ejercemos la profesión. Estoy ubicado en el sector que rechazamos esa reforma a la Ley y ofrecer nuestro concurso para denunciar esa pretensión oficialista”, finaliza diciendo en conversación con Infobae.

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Las graves omisiones de Bachelet en su último informe sobre los derechos humanos en Venezuela

 

El régimen de Nicolás Maduro aprende a ser cada vez más eficiente en sembrar terror, maquillar la tortura, crear mecanismos de impunidad, aplastando la disidencia y la oposición

Sebastiana Barráez/ domingo 26 de junio 2022

@SebastianaB

Tomado de Infobae 

Si algo se rescata del informe que Michelle Bachelet presentará ante la ONU el 29 de junio de 2022 es su reconocimiento de que los enfrentamientos que arrancaron en enero de 2022 en el estado Apure fueron entre las organizaciones guerrilleras Ejército de Liberación Nacional (ELN) y facciones disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), echando por tierra la campaña que, desde la propaganda castrense, asegura que ese trabajo lo desplegó la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para limpiar al territorio de los Tancol. “La FANB desplegó tropas adicionales en esas zonas”, dice la Alta Comisionada.

Michelle Bachelet, Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU

En el quincuagésimo período de sesiones, del 13 de junio al 8 julio 2022, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Verónica Michelle Bachelet Jeria, presentará su informe sobre la Situación de los derechos humanos en Venezuela, en el periodo comprendido entre el 1 de mayo de 2021 y el 30 de abril e d2022, cumpliendo con la resolución 45/20 del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas.

En cuanto a las demoras judiciales hay una enorme distancia entre lo que afirma Bachelet y lo que realmente ocurre en la praxis. Un ejemplo de eso es que al general en jefe Raúl Isaías Baduel, quien murió el 12 de octubre 2021, nunca le hicieron juicio. Muchos otros están presos sin juicio, como los once militares del Caso Armagedón, lo del caso de los Drones Intento de Magnicidio, Operación Constitución, Operación Libertad y así muchos casos más.

El General en Jefe del Ejército retirado Raúl Isaías Baduel murió en prisión y sin juicio

“Las enmiendas legales establecieron que los civiles que cometan actos sancionados por el Código Orgánico de Justicia Militar serán procesados por tribunales ordinarios y los juicios en curso de civiles por tribunales militares deben ser transferidos a tribunales ordinarios”. Bachelet omite el caso, por ejemplo, del general de Brigada Héctor Armando Hernández Da Costa, que siendo alto oficial activo de la Guardia Nacional está siendo juzgado en un tribunal ordinario. 

Lo que refiere sobre las “enmiendas para reducir la detención preventiva, incluso mediante la eliminación de la imposición automática de delitos graves” no pasa de ser letra muerta, porque las detenciones arbitrarias y sin orden judicial siguen ocurriendo, las actas para presentarlos ante la audiencia de presentación son alteradas, entre otras irregularidades.

“Avances”

Bachelet expresa en su informe que hicieron coordinaciones para que se notificara a tiempo la detención de un familiar y garantizar la asistencia de su abogado, asegurando que el cambio “se implementó institucionalmente a través de la transferencia oficial de la administración de los centros de detención del SEBIN y DGCIM en Caracas al Ministerio de Servicios Penitenciarios”. Ella ignora o pretende hacerlo que El Helicoide, por ejemplo, fue nuevamente tomado por los funcionarios del Sebin.

GB Héctor Armando Hernández Da Costa juzgado en un Tribunal que no es militar a pesar de ser un alto oficial activo de la GNB

“El ACNUDH sigue observando retrasos en la aplicación de las órdenes de liberación, como señaló en febrero de 2022 la Comisión Permanente de Política Interior de la Asamblea Nacional”. Hay que agregar que solo en el caso de la antigua cárcel La Planta hay seis con boleta de excarcelación. 

Presenta cono un avance significativo la condena, a 30 años de prisión, de dos funcionarios por la tortura que llevó a la muerte a un capitán de corbeta retirado en junio 2019. Omitiendo cualquier responsabilidad en la cadena de mando y omitiendo que esos dos militares no están en celdas sino en oficinas de la Dgcim.

Y otro de “los logros” que Bachelet destaca es que a dos responsables “de homicidio culposo, quebrantamiento de las normas de custodia, agavillamiento y favorecimiento de fuga agravada”, en el caso del ex concejal Fernando Albán, los condenaron a cinco años y diez meses de prisión, cuya sentencia se redujo a dos años y ocho meses.

En el informe, Bachelet dice que “según el Ministerio Público, desde agosto de 2017 hasta enero de 2022, 1.343 agentes de seguridad fueron acusados de delitos relacionados con violaciones de derechos humanos y 237 condenados”, agregando que la mayoría agentes de la PNB (80), policías estatales (55) y la GNB (41). Resulta suspicaz que no haya del Ejército cuando a ese componente pertenece la mayoría de los funcionarios en Dgcim y Sebin, principales centros de violaciones a los derechos humanos.

De China a Venezuela

La posición extrañamente “demasiado diplomática” o tolerante ante crímenes de lesa humanidad, asumida por Verónica Michelle Bachelet Jeria, resulta incomprensible en quien vivió de cerca la tortura y muerte de un familiar por razones políticas. Lo demostró en su desastrosa visita a China, del 23 al 28 de mayo, que levantó una oleada de críticas que la llevaron a anunciar, ante las peticiones de renuncia, que no se presentará a un segundo mandato, cuando en agosto concluya el actual.

La agencia noticiosa Xinhua difundió esta foto donde se observa al ministro chino de Exteriores, Wang Yi (segundo por la derecha), con Bachelet en Guangzhou (Deng HuaXinhua vía AP)

Eso no borra la estela de decepción que dejó la cuestionada visita y que a juicio de Alkan Akad, de Amnistía Internacional en China, fue utilizada por el gigante asiático para “impulsar su propia narrativa y defender su pobre balance en materia de derechos humanos”. Aunado a eso Kenneth Roth, director ejecutivo de Human Rights Watch, aseguró que ese viaje “no le pudo ir mejor al Gobierno chino en su esfuerzo por ocultar las detenciones masivas y los abusos en Xinjiang”.

La experiencia que, las víctimas y familiares de tortura y violación al debido proceso, tuvieron en Venezuela, con la exagerada diplomacia de Bachelet y sus delegados, demostraba lo que Kenneth Roth dijo sobre ella y es que “no parece cómoda en el papel de tomar posiciones contra gobiernos poderosos”.

La tibieza de sus declaraciones con respecto a China fue semejante a la que asumió en casi todos los informes sobre Venezuela, al ser contundente en condenar crímenes de lesa humanidad. Desde su visita a Caracas, en junio de 2019, creó muchas expectativas de que se haría justicia, se corregiría lo relacionado a las torturas, las estratagemas de los cuerpos de seguridad al crear informes amañados, la actuación de jueces y fiscales, el ocultamiento de las evidencias de tortura por parte de los médicos forenses, entre otros hechos atroces; las víctimas y sus familiares confiaron en ella, pero solo creo frustración.

Un grupo de personas reclamando respeto a los derechos humanos en Venezuela

Faes solo cambió de nombre

En lo que significó la primera vez en 17 años que Beijing recibe a un alto funcionario de derechos humanos de la ONU, en momentos en que a China se le acusa de tener detenidos a más de un millón de miembros de las minorías musulmanas en campos de reeducación. La Alta Comisionada fue a un centro de detención, pero que ya no estaba en funcionamiento, donde habría dicho que eran “centros de formación educacional y vocacional”.

A las temibles FAES solo le cambiaron el nombre

Bachelet dio como cierta la información de China al asegurarle que esos centros de formación profesional habían sido desmantelados. Igual que lo hace en el informe que presentará sobre Venezuela al asegurar que las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), responsable de numerosas ejecuciones extrajudiciales, había sido disuelta, cuando en realidad solo cambió de nombre.

Los delegados de la Alta Comisionada en Venezuela fueron utilizados como una excusa del régimen venezolano de que se estaba corrigiendo la violación de los derechos humanos, cuando en realidad resultó en una escalada peor. El jefe de la división de la oficina de Bachelet para las Américas, José María Aranaz, fue pieza importante para que el régimen venezolano maquillara los centros de tortura, como ocurrió con los sótanos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), después de su visita; hicieron mejoras estéticas, mientras continuó la violación de derechos humanos.

Representantes de Bachelet, entre ellos José María Aranaz, en reunión con el fiscal Tarek William Saab

También sirvió para que los delegados de la Alta Comisionada fueran usados para la campaña que, desde los medios de propaganda se difundía, sobre los cursos que los funcionarios de la oficina de Bachelet impartían a los del gobierno de Venezuela, con intermedio de sonrisas, café y diplomacia. Mientras tanto las peticiones de muchos familiares de las víctimas de los presos políticos, civiles y militares, no eran tomados en cuenta cuando requerían la intervención de los delegados para poner alto a la incomunicación o tortura.

Han sido tres años, desde que Bachelet vino a Venezuela, que el balance del respeto a los derechos humanos en Venezuela es peor. El régimen de Nicolás Maduro aprende a ser cada vez más eficiente en sembrar terror, maquillar la tortura, crear mecanismos de impunidad, aplastando la disidencia y la oposición.

Cuando parecía que no podía ser peor para la imagen de Bachelet, sucedió su visita a la región noroccidental china de Xinjiang, donde el régimen chino está señalado de la opresión y discriminación contra las minorías musulmanas, como la uigur, en esa región. La excusa del régimen chino es que se ha visto obligado a tomar medidas contra operaciones terroristas, un discurso muy parecido al del régimen de Maduro.

Las graves omisiones de Bachelet en su último informe sobre los derechos humanos en Venezuela - Infobae

"Mi dignidad y la justicia no se negocian", la contundente respuesta de un oficial acusado de conspirar contra Maduro; el fiscal que lo acusó preside la Corte Marcial

Sebastiana Barráez/ viernes 24 de junio 2022

@SebastianaB

Exclusivo para Frontera Viva 

El 17 de diciembre 2020 se efectuó el juicio del caso de los comandantes, como se le llamó a los oficiales que el régimen venezolano señaló de ser parte del Movimiento de la Dignidad del Pueblo, entre los cuales está el teniente coronel Igbert José Marín Chaparro. El juicio fue anulado por las múltiples violaciones al estado de derecho. El caso se complica cuando el que fuera su fiscal acusador fue nombrado presidente de la Corte Marcial, estando adscrito a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), que es el organismo que tiene al joven comandante en sus sótanos desde que fue detenido el 4 de marzo 2018.

El comandante activo del Ejército, Marín Chaparro fue declarado culpable en la comisión del delito de Instigación a la Rebelión, sin que se haya presentado ninguna prueba contra él. Todos los testigos hablaron en su favor. La decisión de ese juicio fue apelada teniendo como resultado la anulación del juicio, pues hubo una serie de violaciones al debido proceso y a las normas de Ley.

En septiembre del 2021, es destituido, en medio de un escándalo, el presidente de la (sebastianasinsecretos.com./2021/09//escandalo-en-la-justicia-militar-de.html) Corte Marcial, Mayor General (Ej) Edgar José Rojas Borges, sustituyéndolo el Mayor General Jesús Emilio Vásquez Quintero, quien hasta ese momento era el Fiscal General Militar, a su vez adscrito a la DGCIM, el organismo que mantiene bajo custodia a Marín Chaparro desde el momento de su detención, el 4 de marzo 2018, y que lo ha mantenido en una celda de los sótanos. Aunque en el papel dicen que la cárcel pasó a manos del Ministerio Penitenciario, Marín sigue en el mismo sitio y con sus carceleros de la Dgcim.

El MG Edgar José Rojas Borges (izq) fue sustituido en la presidencia de la Corte Marcial por el MG Jesús Emilio Vásquez Quintero

Circunstancialmente la defensa de Marín y los otros comandantes de la causa, decidieron iniciar nuevamente la apelación en este año 2022. La nueva decisión reitera iniciar el juicio, eliminando la apelación ya ganada a favor de los acusados, a pesar de que, en sus alegatos, la defensa del Tcnel Igbert Marín Chaparro instó al Magistrado Vásquez Quintero a inhibirse, dado que el mismo acusador se convirtió en Juez. Marín denunció nuevamente las violaciones a sus derechos humanos, con más de cuatro años de prisión y vulneración a su legítima defensa.

Presiones en prisión

Aunque suene a cacofonía no hay otra manera de decir lo que ha ocurrido con el joven militar Marín, quien es el alférez mayor de la promoción 1999 “Coronel Miguel Antonio Vásquez” y era, para el momento de su detención, el comandante del Batallón Ayala de Fuerte Tiuna. No han presentado una sola prueba contra él que demuestre las acusaciones que le hacen, más allá de la declaración de Boris Milán Rudman Jiménez, quien se acogió a la delación contra los comandantes.

El oficial Boris Milan Rudman Jiménez, se acogió a la delación contra los comandantes del 4 de marzo

Amigos y familiares del comandante Igbert Marín Chaparro aseguran que antes de la audiencia varios mensajeros del MG Vásquez Quintero y de otros funcionarios, incluso el Director del Centro Penitenciario, Mauro Alexis Bracho Suárez, lo instaron para que se declarara culpable en un nuevo juicio, con la promesa de darle una medida cautelar. Su respuesta fue: "Mi dignidad y la justicia no se negocian".

Insistieron, usando como argumentos razones familiares. Otra vez Marín se negó: “No podría ver los ojos de mis hijos declarándome culpable por cobardía". Marín repite, en el tribunal, ante el juicio, ante sus carceleros, el artículo del Reglamento de Castgigos Disciplinarios Nro 6: "no puede ser militar el cobarde...".

Marín Chaparro con sus dos hijos, felices, en otro tiempo, antes de que el joven oficial fuera detenido

Marín Chaparro con sus dos hijos, felices, en otro tiempo, antes de que el joven oficial fuera detenido

Marín es el único oficial activo juzgado por un Tribunal Militar, secuestrado en un Centro de Reclusión Civil, la llamada Casa de los Sueños, de máxima seguridad, donde aún se violan sus derechos humanos.

Los mismos sótanos de la DGCIM donde siempre ha estado el comandante Marín

Los otros comandantes fueron trasladados a cárceles militares, entre ellos: Deibis Esteban Mota Marrero, jefe del Batallón “GD Pedro León Torres”; Erick Fernando Peña Romero, quien estaba adscrito al Hospital Militar de Caracas; Víctor Eduardo Soto Méndez, de la Caballería Blindada “GJ José Laurencio Silva”; y Juan Carlos Peña Palmentieri, quien cursaba Maestría en el Instituto de Estudios Estratégicos de la FANB. 20.

La huelga

El 21 diciembre del 2021, Marín Chaparro se declaró en huelga de hambre, que mantuvo durante 17 días, donde entre otras cosas solicitó la presencia de la Fiscalía de Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo. Para decidir poner fin a su huelga, fue determinante la visita de representantes de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Verónica Michelle Bachelet Jeria.

Cuando inició la huelga de hambre, pidió, a través de una carta pública, que representantes de la Oficina de Bachelet, del Comité Internacional de la Cruz Roja, el encargado de negocios de la Unión Europea y el nuncio apostólico de la Santa Sede constataran la existencia y condiciones de la llamada Casa de los Sueños, donde permanece desde la creación de esa celda de castigo.

Aunque los delegados de Bachelet dijeron que actuarían en consecuencia para que a Marín se le respetaran sus derechos humanos y al debido proceso, nada de eso ha sucedido. La Fiscalía se ha negado a tomar la declaración de su denuncia y la Defensoría del Pueblo ignora su petición. La violación de sus DDHH es del conocimiento de la oficina ACDHONU que preside Bachelet Jeria; de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) que ha impuesto dos medidas cautelares a su favor; y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI).

Los delegados de Bachelet no cumplieron lo prometido a Marín para que levantara la huelga de hambre

Sin embargo, las instancias nacionales no han actuado con diligencia ante sus denuncias. Cada vez que Marín es llevado al Tribunal ha denunciado abiertamente la violación a sus derechos humanos y al debido proceso, por lo que recibe más retaliaciones en su contra.

El joven comandante no se doblega y ante cada acción para someterlo siempre ha respondido: "no podrán quebrar nunca a un espíritu dominado por la Fe, el Honor, la Justicia y la Verdad”.

"Mi dignidad y la justicia no se negocian", la contundente respuesta de un oficial acusado de conspirar contra Maduro; el fiscal que lo acusó preside la Corte Marcial - fronteraviva.com

El demagógico discurso de la Presidenta del Tribunal Supremo venezolano en una cárcel donde se violenta la Constitución y los Derechos Humanos

  

Gladys María Gutiérrez Alvarado y otras autoridades del gobierno chavista visitaron el "Centro de Formación del Hombre Nuevo Simón Bolívar", mejor conocido con su antiguo nombre La Planta

Sebastiana Barráez/ jueves 23 de junio 2022

@SebastianaB

Tomado de Infobae 

La presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Gladys María Gutiérrez Alvarado, la Ministra de Asuntos Penitenciarios, Mirelys Zulay Contreras Moreno y el Defensor Público General, Daniel Augusto Ramírez Herrera visitaron la cárcel “Centro de Formación del Hombre Nuevo Simón Bolívar”, mejor conocida con su antiguo nombre La Planta. La ministra repite la visita que hizo semanas antes. Y otra vez ignoraron que seis detenidos tienen boletas de excarcelación y siguen presos; lo mismo que ocurre en otras cárceles del país. En La Planta es donde, en marzo del 2019, se burlaron de los delegados de Michelle Bachelet.

La presidenta del TSJ, la ministra Penitenciaria y el Defensor Público posan en la visita a la cárcel Hombres Nuevos Simón Bolívar, antigua La Planta

Lo que llamaron “una jornada jurídica de atención especial”, no pasó de ser discursos, fotos, estrechar manos y felicitarse mutuamente, entre los funcionarios visitantes, entre los que también se encontraba el Director de Ejecución de Sentencia Penal de Derechos Humanos, Enrique Alberto Arrieta y varios directores generales del Ministerio Penitenciario. “Eso no fue más que un circo”, revela una fuente a Infobae.

Gladys María Gutiérrez Alvarado, quien regresó a la presidencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el 28 de abril 2022, dijo que en el máximo Tribunal “se garantiza el debido proceso, la tutela judicial efectiva y los derechos humanos”. No se dio por enterada de los detenidos con boleta de excarcelación, ahí y en otras cárceles del país. Tampoco se refirió a la irregularidad que significa el negocio en el traslado de los presos, porque el que no tiene para pagar, no es llevado a las audiencias en los tribunales respetivos.

Hace un mes, a la ministra Penitenciaria unos detenidos le plantearon que debían estar libres

Ramírez, Defensor Público General, aseguró que había prometido regresar “para avocarnos a sus causas y resolver sus casos, evaluar cuáles de ustedes optan por alguna medida alternativa de cumplimiento de pena, cautelar o libertad”.

La ministra Penitenciaria Contreras Moreno dijo, por su parte, que ella tiene 18 años trabajando conjuntamente con María Iris Varela Rangel, a quien sucedió en el cargo, y de quién hizo una apología sobre los cambios que se han hecho en la institución, destacando que, gracias a Varela, ahora primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, se debía la “humanización” de las cárceles.

Agregó que van a estudiar los casos de los que tienen pena cumplida para otorgarles la libertad, de manera que se asume como la última palabra para que un preso, aun con boleta de excarcelación, es decir con la orden de juez para salir, pueda quedar en libertad.

La ex ministra Iris Varela

En La Planta hay seis presos que deberían estar en libertad por sobreseimiento o porque ya cumplieron la pena: los exfiscales Jorge Javier Peña Contreras y José Gregorio Jiménez Díaz (corrupción propia agravada y asociación), recibieron sobreseimiento por parte del Juez Cuarto de Terrorismo Macsimino Márquez; el capitán Williams Andrés Rivas Jiménez, a quien la juez Claudia López, del Tribunal Primero de Terrorismo, le dio sobreseimiento en la audiencia Preliminar por no existir responsabilidad penal; con boleta de excarcelación desde noviembre 2021.

Otro que debió salir el 17 de diciembre 2021 es Aníbal Jacinto Souki Hernández, por el Caso Manos de Metal; José Miguel Espejo Gómez, por Manos de Metal, fue capturado en diciembre 2018 y reclama que le correspondía salir en diciembre pasado. David Jesús Lavado, detenido por los casos relacionados Mercal y la Corporación Única de Servicios Productivos y Alimentarios (Cuspal), hace meses debió salir. (www.sebastianasinsecretos.com/2922/06/yo-recibo-ordenes-de-iris-valera-la.html)

La hermana del indígena Salvador Franco

Qué justicia

A propósito de lo dicho por la ministra Penitenciaria, es necesario recordar que el 3 de enero 2021 el indígena Salvador Fernando Franco Pérez, a quien el juez Macsimino Márquez García ordenó, el 27 de noviembre 2020, trasladar al hospital para recibir atención médica, murió en la cárcel El Rodeo. La ministra Mirelys Contreras ignoró la gran cantidad de peticiones públicas y privadas que varias organizaciones le hicieron para que el pemón fuera asistido. Franco murió rodeado de compañeros de celda que se cansaron de pedir auxilio para el pemón que llevaba varias semanas gravemente enfermo.

En tiempos en que Iris Varela era Ministra Penitenciaria de La Planta se fugaron, a finales de mayo o principios de junio 2019, Luis Fiol, Enrique Gastelum y Jorge Alarcón, tres narcotraficantes mexicanos del cartel de Sinaloa, por quienes la entonces ministra ofreció recompensa. Antes, en diciembre, 2018 se fugó el español Vicente Lamarca Sánchez, solicitado por lavado de dinero y múltiples delitos; junto con él huyó un dominicano, que tenía boleta de excarcelación, pero no lo dejaban salir.

Del 4 al 8 de julio la comisión de Gutiérrez, Contreras y Ramírez, quienes van al Centro Penitenciario de Occidente (CPO) cárcel de Santa del Táchira (CPO) 1 y 2 y al anexo de mujeres, puedan explicar por qué el 2 de junio, por ejemplo, no hubo traslado para José María Gualdrón, (www.sebastianasinsecretos.com/2021/05/quien-es-la-joven-formada-en-cuba-que.html) el 2017 con nuevo nombre Centro de Reclusión Simón Bolívar, ahora llamado Centro de Formación del Hombre Nuevo Simón Bolívar.

La Comisión de Michelle Bachelet tiene una oficina instalada en Venezuela

Burla a Bachelet

En un titular del 23 de marzo 2019 en portales venezolanos se leyó “Los 58 detenidos de La Planta que le escondieron a la Comisión de la ONU”, el artículo fue originalmente fue publicado en la web PuntoDeCorte que fue hackeada y sacada de circulación, pero quedó publicada en otros medios como Reportero24 y el blog de NoticiasSigatokaVenezuela.

Lo relevante es que se revela cómo fueron burlados y engañados los delegados de la Comisión de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, quienes hicieron una visita a La Planta, ubicada en el sector El Paraíso de Caracas. En esas instalaciones había 58 detenidos por los casos Manos de Papel y Manos de Metal, entre otros venezolanos, además de 112 extranjeros.

El régimen venezolano aseguraba que en esas instalaciones del Hombre Nuevo Simón Bolívar solo estaban presos extranjeros, pero no es cierto, ahí estaban la mayoría de los encarcelados por Manos de Papel y otros que son empresarios, comerciantes o profesionales.

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El 10 de marzo del 2019, los delegados de la oficina de la Alta Comisionada, Verónica Michelle Bachelet Jeria, visitaron oficialmente las instalaciones. El día anterior 58 venezolanos detenidos ahí, entre ellos 30 por Manos de Papel, seis de Manos de Metal y 22 de otros casos, fueron llevados hasta la “Escuela de Custodia Franklin Ruiz” en La Yaguara vía El Junquito, y los regresaron a La Planta, días después cuando la Comisión de Bachelet se había ido del recinto carcelario.

“El sábado 9 a las 10 de la mañana llegó la orden de traslado porque el domingo la Comisión de la ONU, iba a inspeccionar las instalaciones de La Planta”, dijo en esa oportunidad uno de los detenidos.

Los funcionarios observando las instalaciones de la antigua La Planta

Y en efecto esa mañana llegaron funcionarios del Grupo de Respuesta Inmediata de Custodia (GRIC), y en dos camionetas de transporte llevaron a los 58 venezolanos, mientras en un tercer vehículo iban las pertenencias de los detenidos. “No podía quedar rastro de que nosotros estábamos en La Planta. Nos esposaron de dos en dos”.

“La comisión de la ONU, estuvo desde el lunes hasta el miércoles, junto con el canal de noticias Globovisión, entrevistando a los presos extranjeros, según ellos mismos nos contaron, también estuvo Iris Varela. El jueves nos regresaron a La Planta porque las condiciones del “Franklin Ruiz” no están adecuadas para tener tanta gente en resguardo. Así nos impidieron hablarle a la comisión de la ONU; queríamos que ellos supieran nuestra situación de denegación de justicia y retardo procesal”.

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