jueves, 8 de junio de 2023

Los perturbadores relatos de los habitantes de Apure ante la amenaza de funcionarios policiales


Mas de una decena de campesinos denuncian que autoridades policiales al servicio del Hato Merecure los señalan de abigeato, los roban, amenazan y persiguen


Sebastiana Barráez/ jueves 8 de junio 2023

@SebastianaB



Tomado de Infobae 
Así extorsionaron a Alexis Torres

“¿Sabe usted cómo se la mienta por aquí? Ley de doña Bárbara. Porque dicen que ella pagó para que se la hicieran a la medida” se lee en la maravillosa obra Doña Bárbara, un clásico de la literatura hispanoamericana, autoría del escritor y expresidente venezolano Rómulo Ángel del Monte Carmelo Gallegos Freire. Esa Ley del Llano se resiste a desaparecer, aunque han pasado 94 años desde que el insigne escritor la diera conocer. Se evidencia en la frontera, estado Apure, donde más de una decena de campesinos denuncian que funcionarios y exfuncionarios policiales al servicio del Hato Merecure, los señalan de abigeato, los roban, amenazan y persiguen. “De ese hato vienen sacando ganado en camiones, lo han ido desvalijando, pero no nosotros”, le dice a Infobae uno de los afectados.

La dueña del Hato Merecure es la Productora Hernández, S.A. (PROHESA), una empresa ganadera fundada en 1954, y que estuvo dirigida por sus propietarios hasta que fue adquirida por Luis Alberto Bracho Valbuena, a quien apenas han visto unas tres veces por el lugar, pues vive fuera del país. Bracho aparece en la investigación de los Panama Papers por varias empresas y su socio principal sería Melean, quien estaría en Texas.

Es cierto que muchas propiedades en Apure son afectadas por el abigeato, que se roban personas comunes, grupos irregulares y funcionarios civiles y militares de organismos como el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc), de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), así como militares de diversos componentes principalmente de la Guardia Nacional. Y sí, en esos organismos hay funcionarios correctos que cumplen con la Ley, pero muchos son delincuentes.

La grave denuncia de Manuel Torres desde Cunaviche

El problema es que el Hato Merecure está usando a funcionarios del CICPC, relacionados a exfuncionarios de ese Cuerpo que son empleados del Hato, para amenazar, robar y extorsionar lo poco que tienen personas de la zona, para así justificar que son otros los que se roban el ganado.  “El año pasado asesinaron a un joven ahí y eso se quedó en silencio” dice un dueño de fundo, en alusión a Ángel Isaías Tovar. Funcionarios grabados en una finca dicen que la gente del hato está pagando para que se den las detenciones.

El Juez Antonio Aaysenn Franco Tovar, del Tribunal Primero de Primera Instancia Agraria de Apure, certificó el 21 de septiembre 2022, en una medida de protección al hato Merecure, que allí hay 7 mil y tantas reses, pero campesinos y pobladores de la zona le dijeron a Infobae “ahí no hay más de 1.500 reses, porque el administrador despacha animales a las 2 de la madrugada. Pretenden echarle la culpa a los dueños de fundos, pero si ahí adentro del hato tienen hombres armados”, dice uno de los llaneros.

La noche del sábado 3 de junio, en la noche, los hombres armados del Merecure, agarraron a unos hombres en el río, les quitaron el tren de pesca, y los motores y los tienen en el hato”. Varias decenas de los afectados se declara cansada del abuso contra los habitantes, incluso la presidente del Consejo Comunal.

”El hato ese viola la ley por todas partes, la ley de llanos que es más vieja que mi abuela, creo que de 1910 y le hicieron una actualización creo que el 46”, se refiere a la ley que establece líneas, con estantes de madera y 4 pelos de alambre, no menciona a zanja, pero el juez les otorga una media con zanja cuando un video demuestra que más bien parece un caño. Ante eso el Ministerio de ambiente no ha actuado cuando es aplicable la Ley Penal del Ambiente.

El hato Merecure tiene 34 mil hectáreas y 17 fundaciones, lo atraviesa el río Arauca, además cuenta con varias pistas de aterrizaje autorizadas por el Estado; en una de sus fundaciones fue encontrado un tipo submarino usado por el narcotráfico. La entrada del hato está a 10 kilómetros antes de la estatua de Marisela, un monumento inspirado en la obra Doña Bárbara de Rómulo Gallegos, que exalta el triunfo de la civilización sobre la barbarie.

Los Testimonios de Wilson, un Pastor, Espinoza y Alberto

Arma y poder político

Josué Mota era el jefe de seguridad de Pedro Danilo Leal, exalcalde del PSUV (Partido Socialista Unido de Venezuela), funge como jefe de seguridad del Hato Merecure y es policía activo del estado Apure. “El exalcalde está muy relacionado con los administradores y abogado del hato”.

Hay una lista de víctimas de policías y militares, algunos que ya no son funcionarios, pero detienen a personas de la zona, aplicando la Ley del llano, “roban los motores, ganado, cochinos, los amenazan y se los llevan al hato y los tienen allá detenidos”.

Manuel Torres de la parroquia Cunaviche, denuncia a los administradores del hato, Nelson Daboín y Andrés García, de quienes dice que “he sufrido atropellos y amenazas hasta de muerte. Hago responsables a ellos si algo me llega a suceder. Han venido atropellando a toda la comunidad, utilizando el CICPC de manera brusca”, agregando que el abogado García hizo una denuncia donde lo señala a él y a sus hermanos de delincuentes, por lo que pide al Ministerio Público que lo investigue, porque “me mantengo como pequeño productor, soy pescador, al lado de mis hermanos trabajando humildemente”.

Funcionarios del CICPC han repartido boletas de citación a numerosas personas de la zona

Asegura que más de un centenar de personas de la comunidad han sido atropelladas. “A un pescador, comisario de la comunidad le quitaron el motor y su tren de pesca con la que lleva el sustento a su familia” y le pide a la Fiscalía que envíe una comisión de gente seria y decente para que constate la realidad de los hechos.

Luis Bracho es el dueño del Hato Merecure

“Me extorsionaron”

Alexis Torres de la Costa Arauca denuncia a los administradores del hato Merecure. “Ellos dicen que tenemos el Hato acabado, que le robamos mucho ganado. Nos amenazan, nos llegan a los fundos con el Cicpc, llevándonos presos y luego extorsionados”, dice confesando que hace como dos meses para que lo liberaran, después de llevárselo preso, tuvo que pagarles dos mil dólares a los funcionarios, “porque me metieron miedo, me dijeron que me iban a sembrar sino les deba esa cantidad de plata”.

“Antes eso era la Productora Hernández, pero ya no lo es. Luis Bracho es el supuesto dueño de ese hato y dicen que producía cantidad de queso, animales y  que son muy bondadosos con la comunidad, pero miente porque que no dejan ni siquiera pasar por un río de navegación que hay ahí donde uno se dirige hacia la comunidad, tampoco a los pescadores de agua mansa no nos permiten pescar”.

Muchos de los habitantes denuncian que son amenazados, detenidos y perseguidos por Cicpc y ex policías al servicio del Hato Merecure

Confirma que al hijo del pastor evangélico Pedro Montoya, comisario de la comunidad, le quitaron un motor, el chinchorro “y lo tuvieron en unos cuartos  del Merecure, donde meten a la gente que ellos mismos ponen presos, hasta las 3AM”.

Hace responsables a los del Hato Merecure por lo que le suceda a él, a sus hermanos y familia “de un asesinato, porque eso es lo de ellos y nadie hace nada, porque ellos son los terratenientes. Hacen con nosotros lo que les da la gana, nos corren el ganado, nos lo encierran. En el hato tuvieron ocho días a un toro de mi propiedad sin comer ni beber”.

Insiste en que no es gente de la comunidad la responsable de lo que ocurre con el hato. “El abogado Andrés García se va con cantidad de personas, porque los he visto, y hace desastre en ese hato. Se han robado más de tres mil reses, que se han sacado en gandolas porque he visto gandolas y gandolas de ganado saliendo de ahí y luego van a la comunidad a decir que nosotros nos lo robamos”, finaliza Alexis haciendo un llamado al Ministerio Público.

Muerte, dolor, extorsión y miedo en tres relatos

Más testimonios

Wilson Rodríguez fue citado por el CICPC para ir a declarar el 28 de abril 2023. “El 27 de abril fue el Cicpc a buscarme, acusándome por un robo de ganado del Hato Merecure, en el cual no estoy implicado. Ando huyendo, tuve que irme de la casa porque a cada rato iba a buscarme el Cicpc”, agrega haciendo un llamado a Tarek William Saab y pidiendo que El Merecure explique “porque no estamos robando a nadie”.

Denuncia que desde el hato “echaron una zanja por la costa de nosotros y eso nos perjudica, porque cae babo, culebras, galápagos y todo se muere, porque ellos no tienen línea (divisoria)”.

Jorge Matute, habitante del sector El Garcero, parroquia Cunaviche, dice que “el atropello que vivimos por parte del hato Merecure es constante. No nos dejan pescar en el río y no lo hacemos con chinchorro sino con atarraya y con anzuelo. Cuando venimos de regreso, nos agarran, nos quitan el pescado, los anzuelos, la atarraya, los cuchillos, las linternas, el arpón y la mercancía”.

“Hace tres meses nos quitaron la gasolina y nos dejaron venir desde una parte muy lejos donde estábamos hasta el canalete, porque nos tienen una alcabala en La Chalana y nos impiden el paso. Todo el que pasa por ahí tienen que entrar, nos retienen todo. Nos quitan el pan, el dinero, los refrescos, todo. Y cuando vamos a buscar las cosas en el hato, entonces nos extorsionan, porque a veces cargan al DGCIM, otras a Cicpc y a veces a la Policía”.

“Muchas veces los campo volantes del hato se uniforman haciéndose pasar por funcionarios del gobierno e incluso por la guerrilla y nos ponen a juro a mascar chimó. Si algo me pasa hago responsable al abogado Andrés García y a Nelson Daboín”, finaliza diciendo.

Hernán Espinoza reclama once reses al hato, pero la respuesta que le han dado es que ahí no está, “aunque un jefe de seguridad ahí me había dicho que sí estaba”. Reconoce que es un hombre de pocos recursos y necesita recuperar ese ganado “porque es de lo que yo como”.

Pedro Danilo Leal exalcalde del municipio Pedro Camejo de Apure

Le pagó a Castillo

La vocera del Consejo Comunal El Garcero, Olga Montoya, dice que el Cicpc y los Merecure “nos tienen cansados de tantas comisiones”. Relata que el 27 de abril, cuatro funcionarios del CICPC se llevaron a su hijo, lo llevaron al hato Merecure, luego al Cicpc. “Estuvo preso ocho días y tuve que mandar a un abogado para sacarlo”.

“Estando mi hijo detenido me llamó una persona y me dijo que el Cicpc se había puesto de acuerdo con el señor Andrés, abogado del Merecure, para que pagáramos un ganado que se había perdido, y que tocaba (pagar) siete reses”.

Asevera que desde siete u ocho años “que todo lo que se pierde lo tiene que pagar la comunidad de El Garcero”.

José Ángel Querales denuncia que fue amenazado, golpeado “buscaron unas palas para enterrarnos porque nos iban a matar”, relatando que después, se lo llevaron detenido para San Fernando donde tuvieron que pagar dos mil dólares.

Otro que denuncia es Luis José Torres, quien reconoce que ha sido buscado y que el comisario Antonio Castillo fue a su fundo "a amenazarme a los muchachos, al obrero, sin embargo lo agarró, lo amenazó, lo obligó a hincarse de rodillas, le metió la pistola en la boca, le dio unos golpes y luego me dejó una cita, a la que yo asistí, pero no apareció nunca, pero después tuve que pagarle mil dólares, porque por segunda vez se llevó al muchacho preso”, finaliza diciendo.

Olga Montoya, Luis Torres y José Ángel Querales

El dueño del fundo Tres Bocas relata su experiencia, el 17 de diciembre a las 4 de la tarde, cuando unos hombres armados llegaron a su casa,  los encañonaron y los encerraron en el cuarto. “Mandados por el encargado del Merecure y el señor Pedro Leal (exalcalde) y me le cayeron a plomo al muchacho y me lo dejaron muerto ahí”.

Una mujer relata cómo funcionarios del Cicpc llegaron a su casa buscando a su esposo, lanzaron sus cosas al piso, se llevaron su cédula, le quitaron el teléfono, tomaron fotos a su esposo y se lo llevaron.

El pastor evangélico Pedro Montoya, de la Iglesia el Tabernáculo de Dios, sector El Garcero, denuncia que su hijo había salido a pescar “y cuando iba entrando al río, le llegó la comisión del Merecure y le quitó el motor, el anzuelo, el chinchorro y se lo llevaron para el hato a las 11 de la noche y lo trajeron a las 2 de la madrugada”. Asegura que sus pertenencias siguen retenidas en el hato, incluyendo la canoa.

Finalmente, Alberto Torres dice que el hato le hizo una zanja por el límite de su fundo. Asegura que todo animal que cae ahí corre riesgo y que ya se han muerto varios. “El año pasado se me perdieron 26 cochinos, este año cinco. El año pasado, una novilla y dos mautes, y así se me han perdido bestias y hasta los patos. He sido perseguido y amenazado por el Cicpc”, destacando que detuvieron a su padre “e igualito tuve que pagar”.

Los perturbadores relatos de los habitantes de Apure ante la amenaza de funcionarios policiales - Infobae

martes, 6 de junio de 2023

Las 49 solicitudes a organismos e instituciones nacionales e internacionales que no fueron suficientes para salvar al General Baduel

 

Algunos no respondieron, otros se limitaron a publicar mensajes en redes sociales y los intentos quedaron atascados entre burocracia y excusas. El militar venezolano murió bajo custodia del SEBIN tras pasar cuatro años preso y sin ser juzgado


Sebastiana Barráez/ martes 6 de junio 2023

@SebastianaB



Tomado de Infobae 
El general Raúl Baduel fue comandante del Ejército y Ministro de la Defensa. Murió en el SEBIN sin juicio

No fueron suficientes 49 escritos, solicitudes de atención y de apoyo para que se cumpliera la Ley, el debido proceso y le salvaran la vida al General en Jefe (Ej) Raúl Isaías Baduel. Algunos no respondieron, otros se limitaron a publicar mensaje en redes sociales y entre burocracia y excusas de unos, y de órdenes superiores de otros, así pasó el tiempo, desde el 10 de enero 2017, que detuvieron al general Baduel, y después el general Carlos Martínez Stapulionis dio el paso para que se abriera una averiguación contra el exministro de la Defensa, quien estuvo preso cuatro años hasta que murió sin juicio, bajo custodia del SEBIN, el 12 de octubre 2021 en lo que representa una aparatosa derrota para instituciones nacionales e internacionales. Es un caso emblemático, pero no el único.

Los abogados Adolfo Julio Molina Brizuela, Guillermo José Rojas González, Fredy Montesinos Lucena y Carlos Diez Uzcátegui, lo intentaron, pero no pudieron ante la poderosa estructura de poder establecida en Venezuela para torturar, violar los derechos humanos aunado a la indiferencia de quienes debieron actuar contundentemente para que se restableciera el derecho a la defensa y a la justicia del general Baduel, pero se quedan en estadísticas, reuniones, comisiones e informes.

La actuación de la Defensoría del Pueblo tampoco fue contundente

¿Quiénes recibieron la solicitud o varias de que intervinieran ante el rosario de irregularidades?

23 escritos dirigidos al Tribunal.

A seis instituciones se les envió una comunicación: Inspector General de Tribunales, Marco Antonio Medina Salas; Defensoría del Pueblo en Caracas, Dra. Odilia Gómez; Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), Dr. Marino González; Defensoría Pública Militar; Secretario de Estado de EEUU, Michael Richard “Mike” Pompeo; y Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Alto Representante Josep Borrell Fontelles.

A tres se les hizo llegar dos comunicaciones: Juez Militar Penal Primero en funciones de Control con sede en Caracas, Coronel Humberto Zambrano; TSJ: uno a la Sala Constitucional y uno al entonces presidente Maikel Moreno.

Cuatro comunicaciones fueron dirigidas a diversas instancias de la Organización de Naciones Unidas (ONU): dos escritos al Dr. Carlos De La Torre, sección Américas, uno a Antonio Guterres, Director General ONU y uno a Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Tres comunicaciones fueron enviadas al Presidente del Circuito Judicial Penal Militar de Caracas y/o Presidente de la Corte Marcial.

Cinco comunicaciones recibió el Ministerio Público: dos al Director General de Actuación Procesal del Ministerio Público; dos al Fiscal General de la República; y una a la Dirección de Protección de Derechos Fundamentales del Ministerio Público.

General (GNB) Oscar Alfredo Gil Arias, Defensor Público Militar en Caracas y la juez (Ej) Claudia Carolina Pérez de Mogollón

Cuándo y a quiénes

25 agosto 2017: escrito dirigido al Tribunal Primero de Primera Instancia en funciones de control de la Corte Penal Militar, en Caracas, solicitando que se verifique la condición de salud del General Baduel, que se garantice su integridad física y se le participe a la defensa dónde está recluido, por cuanto no se sabe su paradero (posible desaparición forzada).

11 septiembre 2017: escrito dirigido al mismo Tribunal solicitando lo mismo que el mes anterior.

 

3 octubre 2017: escrito dirigió a la Dirección de Protección de Derechos Fundamentales del Ministerio Público, denunciando la vulneración de los valores superiores del ordenamiento jurídico venezolano.

 

5 octubre 2017: escrito dirigido al Tribunal Primero de Primera Instancia en funciones de control de la Corte Penal Militar, solicitando que se verifique la condición de salud del General Raúl Isaías Baduel, en la sede del SEBIN (Servicio Bolivariano de Inteligencia) en Plaza Venezuela, Caracas, por cuanto lo mantienen encerrado y no lo sacan ni siquiera a captar la energía solar.

El entonces Secretario de Estado de EEUU, Michael Richard “Mike” Pompeo; y el Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell Fontelles

Noviembre 2017: escrito dirigido a la juez Mayor (EJ) Claudia Carolina de Mogollón por cuanto habían transcurrido incontables diferimientos y la audiencia preliminar no se había celebrado.

 

23 noviembre 2017: escrito dirigido al Director General de Actuación Procesal del Ministerio Público, para que se les resguarden los Derechos Fundamentales al detenido General en Jefe Raúl Isaías Baduel.

 

6 diciembre 2017: escrito dirigido al Tribunal ya mencionado donde se pide que se examine y revise la medida Judicial preventiva privativa de libertad, que recae injustamente sobre el detenido General en Jefe Raúl Isaías Baduel.

 

12 diciembre 2017: más escritos al Tribunal, donde se pide al Tribunal Penal Militar, que fije oportunidad para la celebración de la audiencia preliminar.

22 enero 2018: escrito al Tribunal, donde se ratifica la solicitud de revisión de la medida privativa de libertad y se pide al Tribunal Militar Penal que, fije oportunidad para la celebración de la audiencia preliminar, que ha sido diferida más de diez (10) veces.

30 enero 2018: escrito al Tribunal, denunciando retardo procesal y se hace la solicitud de Juramentación e incorporación a la defensa del Dr. Fredy Montesinos Lucena.

 

22 febrero 2018: escrito dirigido al Director General de Actuación Procesal del Ministerio Público, para que se les resguarden los Derechos Fundamentales al Baduel; y, en consecuencia no se permita la vulneración de los valores supremos del ordenamiento jurídico venezolano.

12 marzo 2018: escrito al Tribunal, solicitando se le permita al General Baduel, la visita de sus familiares y abogados. Igualmente se delata el retardo procesal, por cuanto el expediente no ha sido remitido al Tribunal Penal de Juicio.

19 marzo 2018: escrito al Tribunal solicitando se le permita al General Baduel, la visita de sus familiares y abogados. Igualmente se delata el retardo procesal.

 

2 abril 2018: escrito al Tribunal solicitando la revisión de privativa de libertad que recae sobre el General en Jefe Baduel.

Abril 2018: escrito dirigido al Tribunal, solicitando una revisión de medida cautelar sustitutiva de libertad a favor del General Baduel.

19 abril 2018: escrito dirigido al Tribunal, consignando Informe Médico, expedido por el Médico Cardiólogo Hemodinamista Dr. Carlos López y se pide al Tribunal Militar, que ordene su traslado a la ciudad de Maracay, estado Aragua, para que sea su médico personal quien le realice todos los exámenes necesarios referente a la Cardiopatía que presenta.

Marino Alvarado de PROVEA también recibió el llamado de auxilio de los abogados de Baduel

01 octubre 2018: escrito al Tribunal donde se pide la revisión de medida y que se le permita a Baduel, recibir visitas de sus familiares y de sus abogados defensores, por cuanto a la fecha habían transcurridos 65 días, y lo han mantenido incomunicado, en violación de sus derechos humanos.

 

8 noviembre 2018: escrito al Tribunal denunciando el retardo procesal injustificado en la presente causa, se delata igualmente, la omisión de pronunciamiento parte del Tribunal Militar, en relación al detenido General Baduel, sobre la revisión de medida privativa de libertad, que sea examinado por médico, entre otros petitorios.

 

29 noviembre 2018: escrito al Fiscal General de la República Tarek William Saab, solicitando que el General Baduel sea examinado por un cardiólogo, sea revisada la medida preventiva privativa de libertad, que se permita a la defensa el acceso al expediente de la causa, que de razón fundada del porque se le da un trato diferenciado al nombrado detenido, se denuncia una vez más el deterioro progresivo de la salud del detenido y que no se le garantiza el derecho a la salud, en franca violación a los Derechos Humanos.

 

29 noviembre 2018: escrito a la juez Claudia de Mogollón donde se pide sea examinado por un cardiólogo, sea revisada la privativa de libertad, que se permita a la defensa el acceso al expediente de la causa, que de razón fundada del porque se le da un trato diferenciado al nombrado detenido, se denuncia una vez más el deterioro progresivo de la salud del detenido y que no se le garantiza el derecho a la salud, en franca violación a los Derechos Humanos.

 

Enero 2019: escrito dirigido al doctor Marco Antonio Medina Salas, Inspector General de Tribunales,  denunciando el retardo procesal.

 

17 enero 2019: escrito a Pérez de Mogollón, denunciando el retardo procesal injustificado por causas atribuibles única y exclusivamente al Tribunal Militar y la violación continua y reiterada de los derechos y garantías constitucionales del General Raúl Isaías Baduel, como son el debido proceso y el derecho a la defensa, el derecho a la salud, derecho a la integridad física, moral y psíquica.

 

19 febrero 2018: escrito al Tribunal solicitando se autorice la presencia de un Notario Público a la sede del Sebin, para que el General Baduel le facilitara la firma a su esposa Cruz Zambrano de Baduel, a los fines de movilizar sus cuentas bancarias, tarjetas de débitos y de créditos, entre otros.

 

4 abril 2019: escrito al Tribunal solicitando el cumplimiento de los numerales 5 y 6 del artículo 314 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP) y exhortando al Tribunal Militar una vez más a que se preserve la integridad física psíquica y moral del detenido Raúl Baduel y que se le permita el traslado de un médico al Sebin para que sea evaluado en vista del deterioro progresivo de su salud.

23 mayo 2019: escrito al Tribunal denunciando la violación de los Derechos Humanos del General Baduel, ya que por instrucciones de los superiores del  Sebin, desde el 30 de abril 2017 se mantiene prácticamente incomunicado. Se delata igualmente el retardo procesal extremo de forma injustificada.

Michelle Bachelet siendo Alta Comisionada de la ONU visitó a Venezuela

11 junio 2019: escrito al Tribunal denunciando la violación de los Derechos Humanos del General Baduel. También se delata que no se le permite a la defensa técnica revisar el expediente desde el 28 de febrero 2018, día de la audiencia preliminar; habían pasado 16 meses sin que los abogados no podían revisar el expediente de la causa penal, en franca violación al derecho a la defensa y el debido proceso constitucional. Se denuncia el no pronunciamiento por parte del tribunal ante la solicitud de revisión de medida judicial preventiva privativa de libertad recaída sobre el detenido.

 

21 junio 2019: escrito al Coronel Humberto Zambrano, Juez Militar Penal Primero en funciones de Control con sede en Caracas, denunciando el retardo procesal, la desaparición forzada del detenido y ratificando la solicitud de reconocimiento médico legal en vista que no ha habido pronunciamiento alguno por parte del Tribunal Militar. Se pide que sea tratado en igualdad de condiciones procesales al coimputado en este caso penal, Santiago José Guevara García, a quien recientemente se le había otorgado una medida cautelar menos gravosa antes de la celebración de la audiencia preliminar.

 

4 julio 2019: escrito dirigido al Juez Zambrano, ratificando la solicitud de examen y revisión de la medida privativa recaída sobre el General Baduel. Se pide información sobre el paradero del detenido (posible desaparición forzada), ya que no se sabe dónde lo tienen; posiblemente se encuentre en algún lugar dentro de las instalaciones del Fuerte Tiuna, según lo manifestado, a las 09:20 a.m., por la Dra. Milagros Salcedo, Directora General de Actuación Procesal del Ministerio Público.

 

31 julio 2019: escrito al Tribunal Militar Primero de Control solicitando formal examen y/o reconocimiento médico al General, en vista del deterioro progresivo de su salud.

 

11 agosto 2019: escrito al Presidente del Circuito Judicial Penal Militar de Caracas y/o Presidente de la Corte Marcial, denunciando las graves violaciones de los Derechos Humanos del General Baduel, de manera sistemática y continuada.

 

Agosto 2019: escrito a la Dra. Odilia Gómez, adscrita a la Defensoría del Pueblo en Caracas, denunciando la violación a los Derechos Humanos al GJ Baduel.

 

Agosto 2019: escrito al Dr. Carlos De La Torre representante oficial de Derechos Humanos, sección Américas, organización de los derechos humanos (ONU), denunciando la violación a los Derechos Humanos del General Baduel.

 

Agosto 2019, escrito al Dr. Marino González, representante de la ONG Provea de Caracas, denunciando la violación a los Derechos Humanos del fallecido General Baduel.

 

30 octubre 2019: escrito a los miembros de la Inspectoría de Tribunales Militares, con sede en la Corte Marcial y/o Circuito Judicial Penal Militar, Caracas, denunciando el retardo procesal extremo injustificado.

 

Noviembre 2019: escrito al General Oscar Alfredo Gil Arias, Director De La Defensoría Pública Militar en Caracas, con atención a la Coordinación Nacional De Defensoría Pública Militar, Como Garante De Los Derechos Humanos, evidenciando la violación a los Derechos Humanos de Baduel.

 

Noviembre 2019: nuevo escrito a la Defensoría Pública Militar, delatando la violación a los Derechos Humanos del GJ Baduel.

 

Noviembre 2019: escrito al Presidente del circuito judicial penal militar y/o presidente de la Corte Marcial, denunciando el retardo procesal.

 

25 noviembre 2019: otro escrito al Presidente del circuito judicial penal militar y/o presidente de la Corte Marcial, solicitando se incorpore al equipo de defensa del General Baduel al Dr. Carlos Enrique Arana Márquez.

 

Diciembre 2019: escrito a organismos, medios de comunicación nacionales e internacionales, OEA, ONU, ONG’S y Fundaciones en General, delatando la violación a los Derechos Humanos de Raúl Isaías Baduel.

Inspector General de Tribunales, Marco Antonio Medina Salas

22 enero 2020: solicitud de avocamiento ante la Sala Constitucional del TSJ, denunciando las graves violaciones a la norma jurídica de orden público procesal.

 

3 de julio 2020: El TSJ declarada inadmisible la solicitud de avocamiento, ratificándose así la continua violación a los Derechos Humanos del General Baduel, referidos al Debido Proceso y el derecho a la defensa.

 

Octubre 2020: escrito a Antonio Guterres, Director General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), denunciando la violación de los Derechos Humanos del General Baduel.

 

Octubre 2020: nuevo escrito a Carlos de La Torre, delatando la violación a los Derechos Humanos del General Baduel.

 

Octubre 2020: escrito a Michael Richard “Mike” Pompeo, Secretary of State of the United States of America, denunciando la detención arbitraria y la violación a los DDHH del General Baduel, referidos al Debido Proceso y el derecho a la defensa.

 

Octubre 2020: escrito a Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, denunciando la detención arbitraria y la violación a los Derechos Humanos del General Baduel, referidos al Debido Proceso y el derecho a la defensa.

 

Noviembre 2020: escrito a Josep Borrell Fontelles, Alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, denunciando la detención arbitraria y la violación a los DDHH del General Baduel, referidos al Debido Proceso y el derecho a la defensa.

 

Mayo 2021: escrito al Magistrado Maikel Moreno, presidente del TSJ, denunciando el retardo procesal por parte del Tribunal Militar y la detención arbitraria de que fue objeto el General Baduel.

Mayo 2021: escrito al Fiscal General de la República, Tarek William Saab Halabi, denunciando el retardo procesal extremo injustificado por parte del Tribunal Primero Militar Penal.


Mayo 2021:
escrito al Tribunal Primero en Funciones de Control  del  Circuito Judicial Penal Militar de Caracas, solicitando una revisión de medida cautelar sustitutiva de libertad a favor del General Baduel.

El informe de los defensores del general Baduel, concluye manifestando: “puede afirmarse con suma precisión que, quedan suficientemente evidenciada y documentada, las graves violaciones a los Derechos Humanos del General en Jefe Raúl Isaías Baduel, por parte del Estado venezolano”.

Las 49 solicitudes a organismos e instituciones nacionales e internacionales que no fueron suficientes para salvar al General Baduel - Infobae

Los perturbadores relatos de los habitantes de Apure ante la amenaza de funcionarios policiales

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