Transparencia Venezuela en el Exilio sostiene que el Estado estuvo limitado por fallas previas de gobernanza, opacidad y capacidad operativa. Advierte que la mayor brecha estuvo en las primeras 72 horas, cuando se define la posibilidad de rescatar personas con vida.
Sebastiana Barráez/ miércoles 15 de julio 2026
Tomado de Infobae
Transparencia Venezuela en el Exilio presentó el informe “La insuficiente respuesta estatal: el desastre ocurrió antes del terremoto”, una evaluación técnica sobre la actuación del Estado venezolano tras el doble sismo de magnitudes 7,2 y 7,5 que golpeó el centro-norte del país el 24 de junio de 2026, con daños concentrados en Caracas y La Guaira.
El documento compara la respuesta venezolana con estándares internacionales como Insarag y Sphere, y con desastres recientes en Turquía-Siria, Japón, Haití, Chile y China. Su conclusión central es que la falla no estuvo solo en la cantidad de efectivos movilizados, sino en la velocidad del despliegue, la ausencia de rescate especializado nacional y la debilidad institucional previa.
Según el informe, Venezuela alcanzó apenas 12,6% de su pico de despliegue en las primeras 24 horas y 34,5% a las 48 horas. El máximo oficial, 31.837 efectivos, llegó solo el día 18, cuando ya había pasado la ventana crítica de 72 horas para rescatar sobrevivientes bajo los escombros.
En La Guaira, de las 19.861 personas que sobrevivieron, la mayoría lo hizo por autoevacuación o por rescates locales en las primeras 48 horas. Los equipos USAR internacionales de El Salvador, México y República Dominicana llegaron al cierre del segundo día, y el grueso del contingente extranjero se consolidó después. Para entonces, advierte la organización, la mayor parte de los rescates con vida ya había ocurrido.
La brecha también aparece en las cifras. El registro oficial reportó 856 edificaciones afectadas, mientras fuentes independientes estimaron daños mucho mayores, desde 1.054 hasta 58.870 estructuras. Las cifras de damnificados variaron de forma inestable y los reportes ciudadanos de desaparecidos oscilaron entre 46.000 y 54.000 personas, en medio de un vacío de información estatal.
El informe vincula esa insuficiencia con un deterioro institucional anterior al sismo: altos niveles de corrupción, un sistema hospitalario que operaba al 40% de su capacidad quirúrgica, una red sísmica reducida de unas 300 estaciones a solo cuatro operativas y una flota aérea pesada cuya disponibilidad efectiva no quedó demostrada.
Llegó del exterior
La ayuda internacional terminó cubriendo áreas decisivas. Además de los rescatistas especializados, India desplegó un hospital de campaña con quirófanos, cuidados intensivos y oxígeno; Naciones Unidas instaló tres hospitales en La Guaira; y organizaciones extranjeras aportaron infraestructura médica de emergencia. La sociedad civil y el sector privado también asumieron tareas de remoción de escombros, acopio, asistencia y verificación de información.
Transparencia Venezuela en el Exilio advierte que el riesgo de corrupción no termina con la emergencia. La reconstrucción, aún sin costo definitivo, pero con daños estimados en más de 37.000 millones de dólares, podría concentrar mayores riesgos cuando disminuyan la atención pública y la presión internacional.
Por ello, la organización exige aplicar la Prioridad 2 del Marco de Sendai, fortalecer la gobernanza del riesgo de desastres, publicar un registro auditable de fondos y ayudas recibidas, incorporar veeduría de sociedad civil y organismos multilaterales, y establecer cláusulas de transparencia en cualquier convenio de reconstrucción.
Datos que no cuadran
El informe de Transparencia Internacional ubica el problema antes del desastre: en la debilidad institucional. Según el documento, la falta de transparencia y la corrupción no responden a una escasez de recursos, sino a un deterioro previo. Venezuela, pese a tener las mayores reservas petroleras del mundo, aparece peor evaluada en corrupción que Haití.
Ese deterioro se reflejó en áreas críticas: el sistema hospitalario operaba apenas al 40% de su capacidad quirúrgica; la red sísmica de Funvisis, que llegó a tener unas 300 estaciones, quedó reducida a cuatro operativas; y la flota aérea de transporte pesado, adquirida por miles de millones de dólares, no mostró evidencia clara de disponibilidad real.
La respuesta inicial del Estado fue lenta, limitada y marcada por cifras inconsistentes. En las primeras 24 horas se movilizaron 4.000 funcionarios, el 12,6% del total declarado. El máximo despliegue oficial, 31.837 efectivos, llegó el día 18, cuando ya había pasado la ventana crítica de rescate de 72 horas.
Las contradicciones aparecieron desde el inicio. El 2 de julio, Delcy Rodríguez habló ante la prensa internacional de 14.000 personas desplegadas, pero también mencionó 11.000 funcionarios, una diferencia que expuso la fragilidad del registro oficial.
Con sus manos
Agrega el informe que en el terreno, vecinos y voluntarios removieron escombros con sus propias manos durante las primeras 24 a 48 horas, sin maquinaria pesada y con una presencia estatal apenas visible en el periodo decisivo para salvar vidas.
El rescate urbano especializado, conocido como USAR, dependió principalmente de la asistencia internacional. La mayoría de los sobrevivientes salió por autoevacuación o rescates locales en las primeras 48 horas; después, la búsqueda quedó en manos de un contingente extranjero que alcanzó 3.600 rescatistas especializados.
No consta una capacidad USAR nacional equivalente. La propia Presidencia encargada reconoció que la ayuda provino de la comunidad internacional, mientras denuncias ciudadanas describieron edificios sin atención y vecinos extrayendo víctimas por sus medios.
La magnitud de los daños también quedó en disputa. El balance oficial de 856 edificaciones afectadas quedó por debajo de las estimaciones independientes: 1.054 edificios según Copernicus, 10.510 según modelos de Microsoft y 58.870 mediante radar de la NASA. Las cifras de damnificados, 15.866 primero y 12.841 después, contrastaron con registros ciudadanos de entre 46.000 y 54.000, sin que el Estado ofreciera datos de desaparecidos.
Los rescates
En “La ventana dorada del rescate”, Transparencia Internacional usa el caso de La Guaira para medir la brecha del rescate especializado. De 19.861 sobrevivientes, entre 13.400 y 13.500 se autoevacuaron; otros 6.462 fueron rescatados por equipos.
El dato central es que cerca del 83% de los rescates con vida realizados por equipos ocurrió en los dos primeros días, cuando el componente internacional aún no estaba plenamente operativo y la capacidad nacional especializada era mínima.
Los primeros equipos internacionales, que fueron de El Salvador, México y República Dominicana, llegaron el 26 de junio, al cierre del segundo día. Para el 27, OCHA reportaba unos 27 equipos y más de 2.200 efectivos USAR, además de 140 perros de búsqueda.
Para entonces, la mayoría de los rescates con vida en La Guaira ya se había producido: quedaban unos 350 casos adicionales frente a 5.380 registrados en los dos días iniciales, según reconoció el gobernador José Alejandro Terán.
Los datos apuntan a una conclusión: el salvamento dependió sobre todo de la autoevacuación y del rescate local temprano, no de una capacidad USAR nacional desplegada a tiempo.
La evidencia revela dos brechas: una movilización general lenta y una capacidad de rescate especializado casi ausente durante las primeras 72 horas, suplida tarde por el esfuerzo internacional.
Venezuela logró desplegar efectivos civiles y militares, pero no aparece una cifra nacional identificable de rescatistas USAR especializados. Ese componente fue aportado casi en su totalidad desde el exterior.
Asistencia médica
La sustitución internacional también alcanzó la fase médica, dice el informe de Transparencia Venezuela en el Exilio. La Operación Amistad de la India trasladó en dos aviones C-17 un hospital de campaña con quirófanos, cuidados intensivos, generación de oxígeno y capacidad para atender hasta 200 pacientes, junto con 41 efectivos y más de 35 toneladas de suministros.
“Que esa capacidad quirúrgica y crítica llegara desde un país situado a 14.000 kilómetros ilustra, también en salud, la dependencia externa observada en el rescate”.
En La Guaira, Naciones Unidas instaló tres hospitales de campaña. Estados Unidos montó otro centro de emergencias, operado por Samaritan’s Purse, con dos quirófanos, 56 camas, cuidados intensivos, farmacia y laboratorio.
La diferencia es clave: movilizar tropas y civiles para seguridad, logística o remoción de escombros no equivale a disponer de equipos USAR clasificados, con formación, perros y tecnología para localizar sobrevivientes bajo estructuras colapsadas.
Venezuela mostró lo primero y careció de lo segundo. “El rescate especializado internacional empezó a llegar después de las 48 horas y se consolidó entre los días 4 y 6, cuando la mayoría de los rescates con vida ya había ocurrido”.
La dependencia fue admitida por el propio Estado: al noveno día, la presidenta interina reconoció que la ayuda había llegado de la comunidad internacional y de El Salvador.
El mayor aporte de un solo país provino de Estados Unidos, que comprometió más de 300 millones de dólares e incluyó cuatro equipos USAR Tipo I, más de 300 rescatistas y 23 perros.
El sector privado y la sociedad civil también cubrieron carencias estatales. Ante la falta de maquinaria pesada, las cámaras Venezolana de la Construcción y Petrolera, con apoyo de CAF, enviaron excavadoras, retroexcavadoras, topadoras, palas y grúas hacia La Guaira desde más de 460 kilómetros. “El sector privado de Venezuela reemplaza la carencia del Estado”, dijo la prensa.
La ciudadanía respondió
Ante el desabastecimiento de insumos medicinales de 37%, la respuesta del Estado fue insuficiente, dice el informe. Plataformas independientes para organizar la ayuda partieron de la ciudadanía, como terremoto.hazlohoy.org que coordinó cientos de voluntarios y más de un centenar de solicitudes de asistencia activas. “Directorios como centrosdeacopiove.com mapearon los centros de acopio, para canalizar donaciones de medicinas, agua y alimentos”.
Destaca Transparencia que la densidad de esa autoorganización quedó registrada en directorios ciudadanos: “la plataforma TerremotoVE llegó a contabilizar 127 iniciativas ciudadanas de información, que incluye localización y reporte de desaparecidos, reporte de daños estructurales de edificaciones, verificación de datos, entre otras”.
También el directorio de emergencia de la app Yummy listó 153 puntos de acopio, atención médica y ayuda comunitaria en Caracas, Aragua y La Guaira, lo cual contrasta con los 3 centros de acopio oficiales informados por la presidenta interina en rueda de prensa del 2 de julio.
“La ayuda se pedía y se conseguía por redes sociales y mensajería, no a través de un canal estatal: el Estado no la garantizó”, afirma Transparencia en el Exilio.
