El chavismo se fractura entre denuncias de traición y rechazo al tutelaje extranjero

 

Dirigentes, exfuncionarios y referentes vinculados al chavismo hicieron públicas sus criticas al escenario político venezolano. En documentos y declaraciones recient4es, cuestionan la presencia extranjera, reclaman soberanía sobre los recursos nacionales y advierten sobre ua creciente ruptura dentro del movimiento bolivariano.

Sebastiana Barráez/ jueves 30 de julio 2026
Tomado de Infobae

Delcy Rodríguez en una reunión el 29 de julio con la delegación de alto nivel de EEUU para evaluar la cooperación energética binacional, inversiones y seguridad.

Lo que durante meses circuló como un malestar interno dentro del chavismo comenzó a expresarse públicamente con mensajes en redes sociales, artículos de opinión y manifestaciones públicas. Desde el 3 de enero, la palabra “traición” aparece con insistencia entre antiguos aliados de la revolución bolivariana, en medio de señalamientos contra el rumbo político del país y contra la presencia de factores extranjeros en decisiones estratégicas de Venezuela.

Las críticas han surgido con distintos tonos. Algunas, como las del conductor de La Hojilla, Mario Silva, acompañado de la exministra y diputada María Iris Varela Rangel han sido frontales. Otras, como la llamada “Declaración de Maracay” o los pronunciamientos de Elías Jaua Milano y el militar retirado Francisco Arias Cárdenas, han optado por un lenguaje menos directos. El punto común es evidente: el movimiento chavista, antes compacto bajo la figura de Hugo Chávez, atraviesa una etapa de fractura política.

Uno de los documentos que refleja esa tensión es la “Declaración de Maracay”, suscrita por 29 dirigentes y referentes del chavismo en el contexto del 28 de julio, fecha de nacimiento de Hugo Chávez. En el texto, los firmantes rechazan “de manera firme y categórica cualquier forma de tutelaje o dominación” sobre Venezuela y piden que el diálogo convocado para el 01 de agosto sea “coherente, honesto y transparente”.

Aunque la mayoría de los suscriptores no ocupa cargos de alcance nacional, entre ellos figuran nombres conocidos del chavismo: Elías Jaua, la ex diputada Aurora Morales, el sociólogo y ex ministro Reinaldo Iturriza, el economista y diputado Tony Boza, la ex constituyente y ex directora del SAREN María Alejandra Castillo, el dirigente regional de Mérida y ex diputado Diógenes Andrade, el ex gobernador del estado Sucre Enrique Maestre y el abogado Fernando Rivero.

Varios de los firmantes de la Declaración de Maracay.

También aparecen profesionales, exfuncionarios y dirigentes de base como Jesús Álvarez, Karla Bolívar, Celso Márquez, Carmen Yasmira Saravia, Ildemaro Cobos, Cristian Medina, Francisco Hernández, Estela Orraiz, Miguel Mora, Walter Galindo, Eliezer Mora, Julio Millán, Luis Felipe del Moral, José Cabrera, Hedy Ramírez, Alfredo Berrueta, Juan Ramón Guzmán, Marvi Calvo, Orlando Sáenz, Jhonny Brito y Adriana Tariba.

El documento plantea la necesidad de articular una defensa de la Constitución, la soberanía y la independencia nacional. Además, reclama el control soberano de los recursos económicos provenientes de la venta de petróleo y otros activos venezolanos, hoy depositados en un fondo administrado por el gobierno de Estados Unidos.

Frente al diálogo entre la Asamblea Nacional presidida por Jorge de Jesús Rodríguez Gómez y la Asamblea de 2015 encabezada por Dinorah Jaxilda Figuera Tovar, los firmantes piden un proceso de amplitud nacional, acordado “entre venezolanos, para venezolanos y por venezolanos”, sin injerencia extranjera. Para ellos, ese espacio debe abrir la puerta a una alternativa política y democrática frente a lo que describen como “situación de tutelaje”.

Finalmente la Declaración hace un llamado a todos los “actores patrióticos” para fomentar una corriente de opinión “a favor de la independencia y los derechos” de los trabajadores con “mecanismos o plataformas de articulación y comunicación”, la organización de asambleas, encuentros y reuniones en todo el país.

Protesta de sectores del chavismo el 24 de julio en Caracas donde quemaron banderas de Israel y EEUU.

Jaua apunta contra la presencia militar 

Entre las voces más relevantes está la de Elías Jaua Milano, uno de los dirigentes históricos del Movimiento Bolivariano Revolucionario 200, organización que deriva en el MVR (Movimiento V República) y luego PSUV (Partido Socialista Unido de Venezuela). 

Jaua ocupó múltiples cargos desde 2001 hasta 2018: fue ministro de varias carteras, incluyendo la Secretaría de la Presidencia, Economía Comunal, Agricultura y Tierras, las Comunas y los Movimientos Sociales y finalmente de Educación, además de Canciller, presidente del FIDES (Fondo Intergubernamental para la Descentralización) e incluso vicepresidente Ejecutivo y diputado a la Asamblea Nacional. Está sancionado por Canadá, Unión Europea, Suiza, Panamá y prohibición de entrada a Colombia.

En un escrito reciente, Jaua advirtió que la situación venezolana se agrava por la presencia de fuerzas militares de Estados Unidos y por lo que calificó como el silencio de las “dirigencias políticas con vocería permisada, con representación y responsabilidades” institucionales. A su juicio, esos sectores parecen más interesados en “colaborar con el plan de colonización del gobierno de Trump” que en preservar la integridad y la dignidad de la República.

Nicolás Maduro, Elías Jaua y el entonces presidente Hugo Chávez.

Sin mencionar directamente al gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez, Jaua dirigió sus críticas contra la presencia de fuerzas militares y civiles estadounidenses en Venezuela. Denunció que aprovechando la “situación de catástrofe” ocurre el desembarco de tropas en La Guaira, la presencia de buques de guerra en las costas y la vulneración del espacio aéreo por drones, aviones y helicópteros.

El exministro también cuestionó los anuncios de reconstrucción junto al gobierno de Israel y afirmó que el pueblo venezolano “no merece esta afrenta”. En su lectura, Estados Unidos ejerce una “administración colonial” sobre Venezuela al comercializar recursos nacionales y apropiarse de ingresos económicos que, sostuvo, deberían destinarse a la reconstrucción tras los terremotos del 24 de junio de 2026 y a la recuperación social del país.

Jaua calificó de “plan leonino y corrupto” el esquema de pago de la deuda externa y acusó a la administración Trump de vulnerar el derecho a la autodeterminación venezolana. También describió como “invasión militar” la operación Lanza del Sur y como “vil ataque misilístico” la Operación Resolución Absoluta del 3 de enero de 2026.

El Manifiesto de Maracay, suscrito por varios líderes del chavismo, ex ministros, ex alcaldes y ex diputados.

Ante el nuevo “diálogo”

Aunque directamente no aludió a la participación de Jorge Rodríguez, Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello en conversaciones con Estados Unidos, el dirigente rechazó lo que considera la imposición de un modelo neoliberal y extractivista, con efectos económicos, sociales y ambientales para las mayorías venezolanas.

Alerta sobre involucrar a Venezuela en el esquema de guerra geopolítica de Estados Unidos en el medio oriente, “con peligrosas consecuencias para nuestra seguridad como nación”.

Su planteamiento central es la conciencia “sobre la gravedad de la ocupación y sus consecuencias”, para así recuperar la autodeterminación política, institucional, legislativa y económica del país. Para ello, propuso exigir la salida de tropas militares y agentes de seguridad de Estados Unidos e Israel, así como el cese de operaciones militares extranjeras en el territorio venezolano.

La diputada Iris Varela, el ex embajador Francisco Arias Cárdenas y Mario Silva.

Jaua además planteó la construcción de un modelo de desarrollo político, económico y social basado en la inclusión y la igualdad, acordado entre distintas corrientes de pensamiento. En su texto, rechazó la idea de que Venezuela solo pueda alcanzar bienestar bajo tutela o anexión de Estados Unidos, argumento que calificó como “falso de toda falsedad”.

Alerta que lo que llama “administración colonial solo establecerá enclaves de extracción petrolera y minera”, que no tendrá saldos económicos para la nación, “sin límites en la violación a los derechos del pueblo venezolano, y con una atroz destrucción ambiental”. 

También alertó sobre un eventual proceso de gentrificación y desplazamiento de habitantes en La Guaira, una de las zonas más golpeadas por los terremotos, para dar paso, según su denuncia, a proyectos inmobiliarios, portuarios, aeroportuarios y turísticos vinculados a intereses del gobierno estadounidense.

La postura de Jaua llama la atención por su trayectoria dentro del chavismo y por el contraste con su silencio anterior ante denuncias de sectores opositores, incluida la acusación de fraude electoral contra Nicolás Maduro en 2024. Ahora sostiene que los venezolanos deben construir un acuerdo nacional que permita recuperar la República y demostrar que es posible levantar una sociedad democrática con igualdad, justicia y dignidad.

https://www.infobae.com/venezuela/2026/07/30/el-chavismo-se-fractura-entre-denuncias-de-traicion-y-rechazo-al-tutelaje-extranjero/

Un coronel retirado afirma que la crisis venezolana solo puede resolverse con elecciones libres: “Toda autoridad usurpada es ineficaz”

 

En diálogo con Infobae, cuestiona la legitimidad de Nicolás Maduro, la eventual sucesión de Delcy Rodríguez y el papel de Estados Unidos en una transición que, afirma, deja mas dudas que certezas. 

Sebastiana Barráez/ domingo 12 de julio 2026
Tomado de Infobae

Delcy Eloína Rodríguez Gómez en el Palacio de Miraflores con Diosdado Cabello y militares.

El coronel retirado y doctor en Derecho Constitucional Ángel Alberto Bellorín plantea que la crisis venezolana debe leerse desde un principio básico de la Carta Magna: la soberanía popular es intransferible y la representación política solo puede ejercerse mediante el sufragio. Desde esa premisa, recuerda el artículo 138 de la Constitución, que establece que “toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos”.

“En este momento Venezuela es un ejemplo para el mundo de las más torpes y, a la vez, aleccionadoras contradicciones políticas y económicas”, le afirma Bellorín a Infobae. A su juicio, el país encarna la paradoja de ser “un pobre país rico, hipotecado y bajo un protectorado militar extranjero”, una condición que, sostiene, vacía de contenido cualquier pretensión de soberanía.

Al analizar el rol de Delcy Eloína Rodríguez Gómez en el poder, Bellorín insiste en volver al artículo 5 de la Constitución venezolana, ubicado en el Título Primero, dedicado a los Principios Fundamentales. Allí, subraya, se encuentra la base jurídica para determinar cuándo un órgano del Estado emana realmente de la soberanía popular.

Para el jurista, la Presidencia de la República, como principal órgano de gobierno, debe estar legitimada en todo momento por el voto. “El cargo de presidente de la República es y será producto de las elecciones, tal como lo ordena el citado principio”, señala.

En escenarios excepcionales como, según su diagnóstico, la ruptura prolongada del Estado constitucional venezolano y el protectorado de facto al que estaría sometido el país, Bellorín considera que la única salida racional pasa por convocar nuevas elecciones.

Esos comicios, advierte, deberían celebrarse con garantías expresas y verificables para impedir que se repita lo que califica como la “grotesca ofensa del 28 de julio de 2024”, episodio que, en su opinión, derrumbó las premisas constitucionales y debilitó la Constitución como contrato social y fundamento del Estado.

El coronel retirado Ángel Alberto Bellorín, profesor universitario y doctor en Derecho Constitucional, conversa en un entorno profesional.

Para que esa ruta sea posible, añade, se requiere un “poder real de coacción” capaz de poner fin a una “usurpación continuada” que, según afirma, intenta prolongarse y consolidarse en el tiempo.

La Constitución como eje del debate

Para el abogado Bellorín, el punto de partida está en el artículo 5 de la Constitución venezolana. Allí, afirma, se define la dimensión más importante de la soberanía: la popular, base imprescindible de cualquier Estado democrático. Por eso propone descomponer el texto constitucional en sus premisas esenciales para entender el alcance de la crisis institucional.

Menciona las seis que contiene el artículo 5 de la Carta Magna: Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular; La soberanía reside intransferiblemente en el Pueblo; La soberanía se puede ejercer solo de dos formas, una directa y otra indirecta; El pueblo ejerce la soberanía directamente en la forma prevista en la Constitución y en la Ley; El pueblo ejerce la soberanía indirectamente mediante el sufragio; y los órganos del Estado están sometidos a la soberanía popular.

El artículo 5 de la Constitución venezolana, ubicado en el Título Primero, dedicado a los Principios Fundamentales.

Bellorín, también profesor de doctorado en la Universidad Central de Venezuela, sostiene que esa lectura debe complementarse con el artículo 6, del que, según explica, se desprenden ocho premisas concurrentes sobre la naturaleza del gobierno venezolano.

Para acotar el debate, se concentra en un enunciado específico: “El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y de las entidades políticas que la componen es y será siempre electivo...”. La palabra clave, subraya, es “electivo”.

De la conexión entre ambos artículos, Bellorín extrae una conclusión: si los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y determinados cargos deben surgir del sufragio, la ausencia de ese mandato electoral configura una usurpación. “Al no cumplirse con tal mandato estaremos en presencia de una usurpación”, afirma.

La tesis de “Corporación Criminal” 

Bellorín, coronel retirado del Ejército, licenciado en Ciencias y Artes Militares, abogado con doctorado en Derecho Constitucional, es profesor en posgrado en la Universidad Central de Venezuela, sostiene que sus argumentos “podrán ser silenciados, pero jamás confrontados desde la racionalidad”. Para reforzar su planteamiento, invoca un principio jurídico clásico: “lo accesorio sigue la suerte de lo principal”.

La Asamblea Nacional debía declarar la falta absoluta de Maduro dentro del límite de 180 días previsto en el artículo 234.

Desde esa lógica, afirma que, si Nicolás Maduro es considerado usurpador de la Presidencia desde el 10 de enero de 2025, todos los actos derivados de esa autoridad carecerían de legitimidad. En esa categoría incluye nombramientos, decisiones administrativas y la designación de la vicepresidencia, cargo que en Venezuela no surge del voto directo sino de la voluntad del presidente.

Subraya Ángel Bellorín que ese ese desconocimiento también fue ratificado por el nuevo gobierno de Donald Trump en enero del 2025 tras tomar posesión del cargo.

“Siendo ilegítimo el depuesto Nicolás Maduro y acusado por EEUU de ser el líder de una corporación criminal, por simple silogismo básico y deducción racional, son ilegítimos todos los órganos del poder público que avalaron aquel fraude electoral, así como los funcionarios designados por ese presidente ilegítimo”, sostiene.

A su juicio, la llamada Operación Resolución Absoluta, fechada el 3 de enero de 2026, fue presentada ante la comunidad internacional como una acción destinada a desmantelar una estructura criminal que afectaba la seguridad estadounidense y del hemisferio. “Ese fue el motivo jurídico y político de Estados Unidos para la extracción de Nicolás Maduro y Cilia Flores”, plantea.

Pero, según Bellorín le dice a Infobae, allí aparece una contradicción central: tras capturar al supuesto “líder criminal”, Estados Unidos habría dejado de referirse a la corporación criminal y, de forma sorpresiva, reconoció a Delcy Rodríguez como presidenta encargada o interina. “Da igual cuál sea la denominación que se le dé”, cuestiona.

Fuerzas militares de EE.UU. ejecutaron la Operación Resolución Absoluta con la extracción de Nicolás Maduro y a Cilia Flores de territorio venezolano.

Con esa decisión, afirma, Trump le habría otorgado autorización política para conducir en Venezuela una “fase de transición” que, en su criterio, “deja más dudas que certezas”. Al mismo tiempo, interpreta ese movimiento como la entrada tácita de un protectorado estadounidense sobre el país.

La gran pregunta sigue sin respuesta, porque Delcy Rodríguez era, a la vez, “y según los Estados Unidos, la segunda al mando de la corporación criminal que según la administración Trump dirigía Maduro”. 

Límites a la excepción 

Bellorín también cuestiona las interpretaciones que, a su juicio, analizan de manera aislada los artículos 233 y 334 de la Constitución, referidos a las ausencias absolutas o temporales de un presidente en ejercicio. Para él, esas normas solo pueden aplicarse a un mandatario legítimo, no a un usurpador.

El error, insiste, consiste en intentar revestir de juridicidad un fraude continuado. “Ser sinceros y precisos en el diagnóstico jurídico ayudará a buscar la solución política más acertada para retomar el sendero constitucional”, advierte.

Antes de acudir a los artículos 233 y 234, señala a Infobae que debe revisarse el artículo 231 y conectarlo con los principios fundamentales de la Constitución. Solo así, sostiene, puede imponerse con rigor la supremacía constitucional y evitar lecturas fragmentadas del texto legal.

Para ilustrar su argumento, Bellorín recurre a una hipótesis extrema: si un presidente verdaderamente legítimo fuese secuestrado y se desconociera su paradero, una Asamblea Nacional legítima podría abrir un compás de espera excepcional. Pero esa espera, aclara, tendría que ser temporal.

El encargado de negocios de EEUU en Venezuela, John Barret conversa con Delcy Rodríguez en presencia de Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello.

De esa temporalidad surge, según su interpretación, la única excepción admisible al principio de que todo gobierno debe ser electivo. Pero la excepción no puede convertirse en regla ni prolongarse indefinidamente. “Esa es la lectura principista de la Constitución de acuerdo con la exégesis”.  

Por eso sostiene que la vía constitucional exigiría que la Asamblea Nacional declare la falta absoluta de Maduro dentro del límite de 180 días previsto en el artículo 234, plazo que considera el máximo permitido para una temporalidad excepcional.

Bellorín afirma que el abandono del cargo es un hecho evidente y que no declararlo implicaría vulnerar el principio constitucional según el cual todo gobierno debe ser producto de elecciones.

Su conclusión es tajante: si el artículo 6 ordena que todos los gobiernos “son y serán electivos”, ese mandato resulta aún más exigente cuando se trata del cargo de mayor legitimidad popular del país. “Al ver esta situación de una vicepresidenta fraudulenta de origen e impuesta por mandato estadounidense, no creo que tenga más que explicar”, sentencia.

https://www.infobae.com/venezuela/2026/07/12/un-coronel-retirado-afirma-que-la-crisis-venezolana-solo-puede-resolverse-con-elecciones-libres-toda-autoridad-usurpada-es-ineficaz/

Venezuela ante los escombros: dos oficiales analizan la tragedia que expuso el colapso institucional y moral

El vicealmirante Jesús Enrique Briceño García y el general de brigada Guaicaipuro Lameda Montero coinciden en que los terremotos del 24 de junio no solo dejaron destrucción material: también evidenciaron la fragilidad de un Estado marcado por la opacidad, la improvisación y el deterioro de sus instituciones, asi como una profunda crisis de confianza en la Fuerza Armada. 

Sebastiana Barráez/ domingo 28 de junio 2026
Tomado de Infobae

Los terremotos del 24 de junio en Venezuela expusieron el colapso institucional y la crisis de confianza en la Fuerza Armada, según dos oficiales retirados. (AP/Fernando Vergara).

Los terremotos que sacudieron a Venezuela el 24 de junio abrieron una nueva grieta en el debate público nacional, dentro y fuera de la Fuerza Armada. Para dos oficiales retirados de alto rango, la tragedia no solo mostró los daños provocados por la naturaleza, sino también las consecuencias de años de debilitamiento institucional, politización y pérdida de capacidades del Estado.

El general de brigada del Ejército Guaicaipuro Lameda Montero afirmó que el país atraviesa “uno de los momentos más dolorosos de su historia reciente”, marcado por la sensación de desprotección de una población que, según sostuvo, llega a percibir como agresora a la misma institución llamada a resguardarla.

A su juicio, Venezuela enfrenta el drama de una Fuerza Armada que “perdió la razón que justificaba su existencia” al apartarse del propósito republicano para el cual fue creada. Lameda recordó que el uniforme militar no es una simple prenda, sino la representación visible de un juramento: colocar el deber por encima de la conveniencia, el honor por encima del interés personal y la República por encima de la propia seguridad.

Dos terremotos devastaron a zonas como La Guaira.

“La Fuerza Armada existe porque la República la necesita”, señaló. Agregó que su misión no es proteger gobiernos, ideologías ni proyectos personales, sino garantizar la soberanía nacional, defender la integridad territorial, proteger a los ciudadanos y responder con disciplina en los momentos más difíciles del país.

El oficial retirado sostuvo que, cuando una institución pierde su propósito, también comienza a perder su “alma”. En ese contexto, aludió a denuncias documentadas durante años por organismos internacionales, investigaciones periodísticas, tribunales y centros de análisis sobre corrupción, violaciones de derechos humanos, uso político de la institución militar y presuntos vínculos de mandos con estructuras asociadas al terrorismo, el narcotráfico, la sustracción de riqueza nacional y la legitimación de capitales.

Aunque aclaró que corresponde a la justicia determinar responsabilidades individuales, Lameda insistió en una consecuencia institucional que considera imposible de ignorar: la pérdida de autoridad moral del mando militar.

“Cuando el mando militar pierde la autoridad moral, la institución deja de proteger a la Nación y comienza a actuar en función de intereses distintos de aquellos que juró defender”, expresó.

General de brigada del Ejército y expresidente de PDVSA Guaicaipuro Lameda Montero.

Para el general, los acontecimientos recientes evidenciaron tanto la incapacidad de una institución “profundamente politizada” como el deterioro de la confianza ciudadana en quienes estaban llamados a defender la soberanía y proteger a la población.

Lameda Montero, quien fuera presidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA) entre el 2000 y 2002, también cuestionó la respuesta institucional ante la emergencia. Señaló que, cuando miles de venezolanos requieren rescate, transporte, logística, comunicaciones, ingeniería militar u hospitales de campaña, la actuación percibida por los afectados ha estado lejos de lo que exige la magnitud de la crisis.

Desde esa perspectiva, planteó una pregunta central: “¿Para qué existe una Fuerza Armada que no logra responder plenamente cuando la patria la necesita con mayor urgencia?”.

Estamos ante Estado sin músculo técnico para enfrentar una emergencia de gran escala.

El general sostuvo que ninguna institución pública existe para garantizar su propia permanencia, sino para cumplir una misión. Cuando deja de hacerlo, añadió, la sociedad tiene derecho a preguntarse si esa institución sigue mereciendo la confianza depositada en ella.

En su reflexión, Lameda subrayó que ser militar no depende únicamente de vestir un uniforme ni de ostentar un grado. A su juicio, lo que define verdaderamente al profesional de las armas es un código de conducta y un compromiso ético que dan sentido al juramento, al mando, al sacrificio y al uso legítimo de las armas.

Debate impostergable

Al apelar a la legislación militar venezolana, recordó que el valor, la buena fe, la rectitud y el decoro constituyen virtudes esenciales del profesional de las armas. “No puede ser militar quien carezca de dignidad, pundonor y rectitud”, afirmó.

Es legítimo e impostergable debatir el futuro de la Fuerza Armada.

El oficial aclaró que su cuestionamiento no pretende juzgar a todos los hombres y mujeres que hoy visten uniforme. Dijo reconocer a quienes han servido con honor, a quienes han sufrido en silencio la degradación institucional y a quienes fueron desplazados por mantenerse fieles a su juramento.

Su crítica, precisó, está dirigida a quienes desde el mando permitieron o protagonizaron que el uniforme y el grado dejaran de representar el código moral que les daba sentido, desviando así a la institución de su propósito original.

Frente a ese escenario, Lameda consideró necesario abrir un debate “legítimo e impostergable” sobre el futuro de la Fuerza Armada venezolana.

A su juicio, la discusión no debe limitarse a si determinados mandos pueden continuar representando a la institución. El verdadero dilema, dijo, es si la Fuerza Armada puede ser recuperada mediante una profunda depuración ética, profesional y jurídica, o si el daño exige un proceso de refundación desde sus cimientos.

“La Fuerza Armada no se reconstruirá comprando nuevos equipos, cambiando uniformes o designando nuevos comandantes”, sostuvo. “Se reconstruirá restaurando el código moral que convierte a una persona armada en un militar al servicio de la Nación”.

En la FAN se impuso la obediencia política, la falta de profesionalismo y la pérdida del orgullo de pertenencia.

El general concluyó que la decisión sobre el futuro de la institución no pertenece exclusivamente a los militares ni al gobierno, sino a la nación que requiere protección. “Venezuela necesita una Fuerza Armada. Pero, antes que eso, necesita volver a tener militares al mando”, afirmó.

Como cierre de su planteamiento, Lameda anunció que reproduce el Código de Honor con el que comienza la formación de un profesional del Ejército venezolano, con el propósito de que cada ciudadano cuente con un criterio propio para valorar la conducta de quienes visten uniforme.

“No fue solo el sismo”

El vicealmirante Jesús Enrique Briceño García coincidió en que los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 no encontraron a un país preparado, sino a una nación previamente erosionada por la destrucción de sus instituciones. En su análisis, durante años el liderazgo profesional fue desplazado por jefaturas improvisadas, criterios políticos y decisiones tomadas al margen del mérito, la experiencia y la vocación de servicio.

El vicealmirante Jesús Enrique Briceño García licenciado en Ciencias Navales y doctor en Administración.

Para el oficial egresado de la Armada, buena parte de los cuadros formados durante décadas de democracia fueron apartados de forma sistemática. En su lugar, sostuvo, se impuso una estructura marcada por la obediencia política, la falta de profesionalismo y la pérdida del orgullo de pertenencia. El resultado fue un Estado sin músculo técnico para enfrentar una emergencia de gran escala.

Briceño García afirmó que, tras el impacto del 3 de enero de 2026, se intentó instalar en el discurso público la idea de una reinstitucionalización. Pero advirtió que reconstruir el Estado no consiste únicamente en cambiar leyes, sustituir autoridades o anunciar reformas: implica comprender cómo funcionan las organizaciones eficientes y aplicar procesos de transformación con base técnica, planificación estratégica y equipos profesionales.

Según el vicealmirante, quien fuera Comandante de la Armada, durante años se ocultaron debilidades, se maquillaron cifras y se privilegió la politización por encima de la formación de capacidades reales. No hubo, dijo, una política sostenida para desarrollar carreras, seleccionar a los mejores, formar equipos o preparar instituciones para escenarios críticos. “La prioridad fue controlar, no servir”, resumió.

A su juicio, la magnitud de la tragedia obliga a mirar más allá del fenómeno natural. Muchas pérdidas, sostuvo, pudieron evitarse si los ministerios y organismos responsables hubiesen aplicado con rigor normas de construcción antisísmica, controles técnicos y políticas de prevención desde hace décadas.

La politización de la institución armada.

Briceño García señaló que, si las instituciones de seguridad ciudadana -desde la Defensa Civil y los cuerpos policiales hasta las Fuerzas Armadas- hubiesen estado conducidas por líderes preparados, la reacción del 24 de junio habría sido distinta. La emergencia exigía personal entrenado, equipos adecuados y una coordinación proporcional al doblete sísmico que golpeó al país.

El oficial advirtió que aún existe una ventana crítica para rescatar a miles de desaparecidos. En medio de los edificios colapsados y de las zonas más afectadas, sostuvo, Venezuela necesita especialistas, voluntarios formados y equipos capaces de actuar con método, disciplina y humanidad. Quienes tengan conocimiento en Defensa Civil, rescate, ingeniería, salud, logística y reconstrucción están llamados a integrarse a una tarea que ya no admite demoras.

Para Briceño García, la desgracia venezolana no puede explicarse solo por la violencia de la naturaleza. También es consecuencia de años de deterioro institucional. Por eso, concluyó, la reconstrucción del país exige algo más que levantar estructuras: requiere recuperar un Estado eficiente, disciplinado, despolitizado, democrático y orientado al progreso.

https://www.infobae.com/venezuela/2026/06/28/venezuela-ante-los-escombros-dos-oficiales-analizan-la-tragedia-que-expuso-el-colapso-institucional-y-moral/

Tras los terremotos, el régimen apuesta por un militar de perfil político para que asuma como Autoridad Única para la Emergencia

El mayor general Juan Ernesto Sulbarán Quintero, como comandante General de la Guardia Nacional es a quien le corresponde el control del orden interno ante la emergencia causada por los terremotos del 24 de junio. Mientras el gobierno destaca su supuesta experiencia en situaciones criticas, oficiales consultados cuestionan ese argumento y atribuyen su ascenso a conexiones políticas más que a méritos operativos.

Sebastiana Barráez/ jueves 25 de junio 2026
Tomado de Infobae

Bomberos de La Guaira asisten a personas afectadas en operación nocturna.

La presidenta interina Delcy Rodríguez, al designar al MG Juan Ernesto Sulbarán Quintero, comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana, como Autoridad Única para la Emergencia causada por los terremotos, aseguró que cuenta con “amplia experiencia para atender situaciones críticas de esta naturaleza”. Sin embargo, fuentes militares consultadas por Infobae sostienen que no existen antecedentes conocidos en su trayectoria que respalden esa afirmación.

“¿De qué experiencia habla Delcy Rodríguez? ¿Cuántos terremotos ha atendido Sulbarán? Cuando ocurrió el deslave del entonces estado Vargas, hoy La Guaira, en 1999, él era teniente. No tiene experiencia alguna en ese tipo de emergencia”, afirmó un coronel en conversación con Infobae, quien calificó el señalamiento oficial como una nueva muestra de propaganda frente a la crisis.

El mismo oficial admite, no obstante, que la designación de Sulbarán como Autoridad Única tiene sentido desde el punto de vista del orden interno. Como jefe del componente encargado de esa materia, le correspondería coordinar cuerpos policiales, bomberos y otras instancias de apoyo ante una calamidad nacional con el ocurrido.

El MG Juan Ernesto Sulbarán Quintero, comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana, fue nombrado como Autoridad Única para la Emergencia.

El control del orden interno implica garantizar, en la medida de lo posible, la continuidad de servicios básicos, el suministro de alimentos, combustible, medicinas y otros insumos esenciales, así como evitar que la emergencia derive en una crisis mayor de seguridad ciudadana.

En círculos castrenses se interpreta que el nombramiento de Sulbarán como comandante de la GNB también responde a equilibrios internos dentro de la Fuerza Armada. Su promoción tenía entre sus integrantes a quien debía ocupar la comandancia general de la GNB, y tras la llamada Operación Resolución Absoluta y la asunción de Rodríguez como presidenta interina, fue colocado al frente del componente para no alterar esa lógica de reparto.

Delcy Rodríguez también activó el Estado Mayor Conjunto para la Contingencia, un equipo especial integrado por Diosdado Cabello Rondón, ministro del Interior y Justicia; Juan José Ramírez Luces, ministro de Obras Públicas y vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios; Héctor Vicente Rodríguez Castro, ministro de Educación; y Calixto José Ortega Sánchez, vicepresidente sectorial de Economía y presidente del Centro Internacional de Inversión Productiva.

Un perfil marcado por la política

Delcy Rodríguez activó el Estado Mayor Conjunto para la Contingencia.

El mayor general Juan Ernesto Sulbarán Quintero, comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana y ahora Autoridad Única para la contingencia causada por los terremotos del 24 de junio de 2026, egresó con el número 20 en el orden de mérito de la II Promoción 1993 “Batalla de Mosquitero”.

A lo largo de su carrera ha ocupado cargos operativos y de comando dentro de la GNB, con responsabilidades en regiones estratégicas y funciones vinculadas al orden interno y la seguridad ciudadana. Antes del 19 de marzo de 2026, cuando fue designado comandante general de ese componente en sustitución del mayor general Elio Ramón Estrada Paredes, se desempeñaba como jefe de la Región Estratégica de Defensa Integral (REDI) Oriental.

Compañeros de promoción, que hablaron con Infobae, lo recuerdan como un cadete disciplinado, respetuoso y colaborador. También señalan que fue subrigadier, formó parte del equipo de esgrima y, por su estatura, ocupó el puesto de tambor mayor al frente de la Banda de Guerra.

Su llegada a la Casa Militar o Guardia de Honor Presidencial (GHP) se produjo hacia el final del segundo gobierno de Rafael Caldera, en 1998. De acuerdo con oficiales consultados, fue por un familiar que se encontraba en el Batallón de Custodia, donde se encontraba la casa del entonces Presidente , donde comenzó a construir relaciones que luego serían decisivas para su ascenso en una etapa en la que las conexiones políticas empezaron a pesar cada vez más dentro de la institución armada.

Con la llegada de Hugo Chávez al poder, Sulbarán Quintero consolidó vínculos en el nuevo esquema político. Entre sus contactos más influyentes, según un compañero de academia, estuvo Tareck Zaidan El Aissami Maddah, hoy preso por la trama de corrupción de PDVSA, con quien habría obtenido cargos durante su gestión como gobernador de Aragua, ministro de Petróleo y presidente de la estatal petrolera.

“Ahí comenzó la carrera de contactos del ahora general Sulbarán”, relató a Infobae uno de sus antiguos compañeros. En la Fuerza Armada, agregan las fuentes, no se le atribuyen hitos militares particularmente sobresalientes más allá de su paso por la Guardia de Honor Presidencial, que lo acercó al núcleo del poder. “Se volvió radical apoyando a la revolución”. 

En la frontera

El terremoto impactó a varias zonas del país pero Caracas y La Guiara son de olas más afectadas.

Como general, Sulbarán comandó durante un largo período el fronterizo estado Táchira, donde estrechó relación con Freddy Alirio Bernal Rosales, actual gobernador de esa entidad. Las fuentes consultadas sostienen que su principal capital dentro de la institución no proviene del liderazgo militar, sino de su cercanía con figuras políticas del chavismo.

“El primer discurso que dio Sulbarán Quintero como comandante de la Guardia Nacional, en su reunión con los generales y ese acto en la oficina recibiendo la Comandancia General, son discursos tibios e insípidos, porque no tiene ningún tipo de liderazgo ni ascendencia en la Guardia Nacional”, refiere uno de sus excompañeros.

Un alto oficial advierte que, con el paso de las horas y los días, podría crecer la tensión social en Caracas y La Guaira. “Mucha gente perdió sus casas, sus bienes, pero principalmente otros perdieron familiares”, señaló. A su juicio, el reto de la autoridad designada no será reprimir, sino garantizar respuestas concretas antes de que la escasez de alimentos, la interrupción de servicios y el colapso de la atención agraven la desesperación ciudadana.

En videos difundidos horas después de los terremotos, ciudadanos denunciaban que aún no habían visto ambulancias en las zonas afectadas. Para los oficiales consultados, la tragedia expone la fragilidad institucional acumulada durante años: falta de preparación, escasez de maquinaria, limitaciones operativas y un aparato estatal obligado ahora a demostrar si puede remover escombros, rescatar sobrevivientes y recuperar cuerpos en medio de una emergencia nacional.

No hay carnet

Vecinos se suman a las operaciones de rescate.jpeg.

Por su parte el coronel Antonio María Guevara Fernández dice que “bajo los escombros no hay carnet”, destacando que el terremoto no preguntó por militancia. “Se llevó casas, vidas, certezas y futuro por igual. El dolor no distingue colores”.

Resalta que hoy el enemigo tiene nombre que se traduce en “pérdida, escombros, incertidumbre. Y la única arma que lo vence no está en un cuartel ni en la casa de un partido. Está en la unión”.

Se atreve a proponer que ante el ofrecimiento de numerosos países amigos que tienden la mano “aceptémosla. Reconstruyamos primero lo humano. Después discutiremos de política, si queda algo en pie”.

Acierta al considerar que Venezuela no se salva con discursos, sino “hombro a hombro, removiendo piedra por piedra y buscando sobrevivientes. Hoy toca duelo. Mañana, reconstrucción. Siempre, juntos”, finaliza diciendo mientras envía un “fuerza, Venezuela”.

https://www.infobae.com/venezuela/2026/06/25/tras-los-terremotos-el-regimen-apuesta-por-un-militar-de-perfil-politico-para-que-asuma-como-autoridad-unica-para-la-emergencia/