El caso del empresario luso venezolano que estuvo preso tras un montaje del régimen para apropiarse de su fábrica

La familia Ferreira construyo una de las fabricas de uniformes mas antiguas de Venezuela. Hace cuatro años el dueño fue detenido en una operación de la DGCIM para apropiarse de la empresa relacionándolos a pagos falsos de Monómeros. Excarcelado en abril 2026, Ferreira espera la devolución de sus bienes

Sebastiana Barráez/ domingo 31 de mayo 2026
Tomado de Infobae

Este edificio donde funciona la empresa también fue ocupada por la DGCIM.

La historia de la familia Ferreira comenzó mucho antes del expediente judicial. Llegaron a Venezuela huyendo de la guerra en Europa y, con los años, levantaron Universal, C.A., una empresa dedicada a la confección de uniformes y ropa de trabajo. Fundada el 3 de diciembre de 1957, la compañía se consolidó como una referencia del sector textil y, para el momento de la detención de Héctor Mario Ferreira Domingues, acumulaba 65 años de actividad ininterrumpida en el mercado venezolano. 

El 9 de septiembre de 2022, funcionarios de la DGCIM detuvieron a Héctor Ferreira, un empresario luso-venezolano, y lo enviaron al Internado Judicial Rodeo II, en Miranda. La acusación se apoyó en la versión de un supuesto “patriota cooperante” y en fotocopias de comprobantes de pago que pretendían vincular a Universal, C.A. con Monómeros Colombo Venezolanos, S.A. 

Las autoridades sostuvieron que existían operaciones irregulares, facturas falsas y una trama de legitimación de capitales. Pero, desde el inicio, la familia y la defensa insistieron en que se trataba de un montaje construido con documentos sin coherencia comercial básica. 

En el expediente también fue involucrado Francisco Paparoni, sobrino político de María Teresa de Ferreira y trabajador del área de ventas de la empresa; fue relacionado de manera falsa con el dirigente político Carlos Paparoni por compartir el apellido. Bajo juramento, sostuvo ante el tribunal que no tiene contacto con ningún familiar de ese nombre. 

Fue un montaje, calculado por la DGCIM para evidenciar que hubo pagos de Monómeros a Universal Empresa de Uniformes, que nunca existieron y que la cuenta a la que se depositó el supuesto dinero no pertenece a la familia Ferreira y menos a Paparoni e incluso las facturas en físico que mostraron no se corresponden con las originales de la empresa.

El empresario luso venezolano Héctor Mario Ferreira Domingues, excarcelado tras más de tres años, aguarda ahora la devolución de sus bienes.

Por su parte, Ferreira, negó cualquier vínculo con Gina González de La Hoz, mencionada en el caso como supuesto contacto de Monómeros, y aseguró que Universal, C.A. nunca hizo operaciones con esa compañía colombo venezolana. Aun así, fue condenado y permaneció preso tres años y siete meses, hasta su excarcelación el 21 de abril de 2026. 

El botín de guerra

Semanas después de la detención, la ofensiva se trasladó a la sede de la fábrica. El 29 de septiembre de 2022, funcionarios de la DGCIM llegaron a las instalaciones de Universal, C.A. Cuando se presentó el abogado Héctor Pérez Mora, le informaron que no se trataba de un allanamiento sino de una “inspección técnica con expertos de criminalística”, sin exhibir orden judicial. 

Los trabajadores fueron desalojados, quedó solo el conserje y, posteriormente, los agentes cambiaron cerraduras y tomaron el control de oficinas y talleres. La familia denuncia que también fueron incautados bienes, incluido el edificio perteneciente al padre de los Ferreira.

El proceso judicial avanzó en paralelo con la ocupación de la compañía. La jueza Vanerkis Márquez, del Tribunal Especial Primero de Primera Instancia de Control con Competencia en Delitos Asociados al Terrorismo, autorizó actuaciones ejecutadas por la DGCIM, cuya comisión la integró: los inspectores Antonio Colmenarez, José Valera, Andree Sánchez, el subinspector Edixon Escobar y los agentes José Núñez, Carmen Fernández, Alexander Carvajal, Ramón Sánchez, Anderson Méndez, Alejandro Suárez, Enrique Hernández, Daniel Rodríguez y Alexander Primera.

Alejandra Verónica Romero Castillo, Juez 3ra de 1ra Instancia de Juicio en Casos de Terrorismo con competencia en casos de Corrupción y Delincuencia Organizada del AMC.

Meses después, el 22 de febrero de 2023, la jueza Claudia López ratificó una medida de incautación y administración especial sobre los bienes muebles e inmuebles de la sociedad mercantil Universal, C.A. Fábrica de Uniformes. Para la defensa, esa decisión consolidó el despojo de una empresa privada que, en los hechos, ya había quedado bajo control del aparato de inteligencia del Estado.

Tras la detención de Ferreira, el control operativo de la fábrica pasó al teniente coronel Atilio José Barrios Singer, entonces director de Administración y Logística de la DGCIM. La empresa ocupada fue rebautizada como TextileraDgim e incluso llegó a operar una cuenta en Instagram con ese nombre, hoy desaparecida, desde la que se ofrecían productos y equipos de la antigua compañía. 

Mientras tanto, la familia intentaba demostrar que los pagos atribuidos a Monómeros nunca existieron, que la cuenta señalada no pertenecía ni a los Ferreira ni a Paparoni, y que las facturas exhibidas no coincidían con los originales. 

La relación con Monómeros no existía, pero aun así la juez de Terrorismo Alejandra Verónica Romero no consideró la prueba, donde gestiones ante la Fiscalía de Colombia concluyeron que no había documentos, pagos, licitaciones ni cuentas compartidas que probaran una relación comercial entre Universal, C.A. y Monómeros. 

La última publicación en redes de la empresa es del 12 de septiembre 2022.

Para la familia Ferreira, el caso no solo significó la cárcel para su principal directivo, sino la pérdida del patrimonio construido durante casi siete décadas. También abrió una herida diplomática: durante buena parte del proceso, porque no obtenían respuestas eficaces de los organismos venezolanos ni de la representación consular portuguesa en el país. La historia de Universal, C.A., nacida del exilio europeo y convertida en símbolo de trabajo familiar, terminó absorbida por un expediente penal que sus allegados siguen describiendo como una operación de confiscación y castigo político. 

La versión policial

Según el Acta de investigación penal N° DGCIM-DEIPC-AIP 462-22,el 01 de septiembre 2022, el Inspector José Valera, credencial N° 7067, de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), cumpliendo instrucciones de Jeckssie José Figueroa Lira, luego reemplazado por el coronel Ramón Alí Osorio Merchán, director Especial de Investigaciones Penales y Criminalísticas, procedió a ocuparse de “la información” de un “patriota cooperante” que vive “en Colombia”.  

Según la DGCIM el informante les notificó “algunas irregularidades ocurridas en la administración de la empresa Monómeros Colombo Venezolanos, S.A., filial de Pequiven con sede en Barranquilla”.

La cuenta TextileraDgcim que luego fue eliminada y con la que comercializaron bienes de la empresa Universal.

Lo que habría dicho el “patriota cooperante” es que se hicieron contrataciones con la empresa Universal que fabrica uniformes, con domicilio en la calle A. Oropeza Castillo, edificio Olimpo, plaza Venezuela, Caracas. “Presuntamente para la adquisición de materiales dirigidos a la Asamblea Nacional, logrando obtener una serie de comprobantes de pago emitidos por la empresa Monómeros Colombo Venezolanos, S.A.” y que Monómeros pagó a través del banco Wells Fargo en 2019.

El argumento de la DGCIM es que en esa fecha Monómeros era presidida por una junta directiva nombrada por Juan Gerardo Guaidó Márquez, que presidía Carmen Elisa Hernández; adjunto a presidencia, Jorge Yáñez; Operador Financiero, Tobías Carrero Naca.

Agregan que por su parte la empresa Universal Fábrica de Uniformes, está constituida por: los directivos Mario Ferreira Pascoak, Héctor Mario Ferreira Domingues, Mariela Ferreira Domingues; como comisario Fernando José González Sierra y como socio María Natalia Domingues de Ferreira. 

En el acta de la DGCIM dice que hicieron contacto con la cuenta en Instagram @uniformesuniversal1957, recibiendo como respuesta un mensaje automático, en el cual aparece el nombre de Francisco Paparoni, representante del departamento de ventas.

Lo posicionan como familia “del exdiputado de oposición Carlos Alberto Paparoni Ramírez, del partido Primero Justicia” a quien la DGCIM califica de “usurpar funciones como comisionado presidencial” de Guaidó y que “estaría involucrado en actividades de lavado de dinero proveniente de los robos perpetuados a la empresa Monómeros”, para “financiar campañas políticas y actos de terrorismo”.

Personas ajenas al personal de Universal fueron captadas utilizando las instalaciones y maquinaria de la empresa para la fabricación y venta de productos textiles no autorizados, una investigación está en curso.

Debido a eso, lo que deduce la DGCIM es que la sola relación familiar de Paparoni con el diputado e PJ “evidencia el desvió de fondos de Monómeros a empresas en territorio venezolano, que tienen vinculación con dirigentes de oposición como es el caso de Carlos Alberto Paparoni Ramírez”.

La causa

El 09 de septiembre 2022, la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), detiene a Francisco Javier Paparoni Gásperi y Héctor Mario Ferreira Domingues.

Por el Ministerio Público participan tres fiscalías: la 22, la 74 y la 73 a cargo de Jean Karin López Ruiz, con el número de investigación MP-187772-2022.

El 11 de septiembre 2022, se realizó la Audiencia de Presentación ante el Tribunal Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control, con competencia en casos vinculados a delitos asociados al terrorismo, corrupción y delincuencia organizada. 

El 26 de octubre 2022, las Fiscalías 22, 73 y 74 Nacional del Ministerio Público, presentaron acusación imputándolos por legitimación de capitales, asociación para delinquir y utilidad ilegal por actos de la administración.

La prueba que Monómeros no tenía relación con la empresa Universal de los Ferreira.

Pasó un año y medio, para que se llevara a cabo la Audiencia Preliminar, el 08 de marzo 2024, ante el Tribunal Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control, donde se acuerda admitir todos los delitos imputados a Ferreira y Paparoni.

Y así, la causa va al Juzgado Tercero de Primera Instancia en Funciones de Juicio, con competencia en casos vinculados a delitos asociados al terrorismo, corrupción y delincuencia organizada. El inicio del juicio oral y público fue el 5 de agosto 2023; tras 25 continuaciones del juicio, el 25 de junio 2025, el tribunal condena a Ferreira y Paparoni a18 años de prisión, pago de multa de un millón seiscientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos dólares (1.649.400$), y la inhabilitación política durante el tiempo de la condena. 

Presentaron Recurso de apelación de sentencia, asunto Nr. 03°JT-139-24, ante la Corte de Apelaciones con Competencia en casos vinculados a delitos asociados al Terrorismo y Competencia para conocer casos con imputación de delitos derivados y conexos asociados a los fenómenos de Corrupción y Delincuencia Organizada a nivel Nacional y sede en el Circuito Penal del Área Metropolitana de Caracas.

En el tribunal

La juez del caso es Alejandra Verónica Romero Castillo, del Tribunal Especial Tercero de Primera Instancia de Juicio con Competencia en Casos Vinculados al Terrorismo a nivel Nacional con competencia en casos de Corrupción y Delincuencia Organizada del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas. Los fiscales 73 del Ministerio Público Martín Colina y Jean Karin López, Causa N° 03°JT-139-24.

Ahí se acusa a Francisco Javier Paparoni Gásperi y a Héctor Mario Ferreira Domingues, en el juicio que se abre el 5 de agosto 2024. Entre lo que usa la Fiscalía es que hubo “adquisición de materiales dirigidos a la Asamblea Nacional en el 2019, por la cantidad de 274 mil 900 dólares”.

María Teresa de Ferreira esposa de Héctor Ferreira es tía de Francisco Paparoni.

Relata que el 8 de septiembre 2022 se solicitó una operación con agente encubierto, para que un funcionario de la DGCIM contactara, a través de Instagram, a la empresa Universal Fabrica de Uniformes, que posee un enlace que redirecciona al WhatsApp siendo atendido por el gerente de ventas Francisco Paparoni. Y luego el 9 de septiembre la DGCIM va a la empresa y ejecuta la orden de allanamiento N.° 032-22.

Dice la DGCIM que ahí mismo, y en el teléfono de Paparoni encontraron en su teléfono una imagen “con las mismas características de los comprobantes y recibos de pago emitidos” supuestamente por Universal a Monómeros. Los funcionarios policiales dicen que al lugar del allanamiento llegó el director jefe Héctor Mario Ferreira Domingues, quien dio que “nunca le habían vendido mercancía” a Monómeros.

Y como suponen que Paparoni es familia del diputado dice que buscaron las empresas del político, y que encontraron la Sociedad Mercantil Inmaquinco, C.A., solicitando su allanamiento el 22 de octubre 2022 y que hallaron un recibo de pago por 2,824 dólares americanos, emitido por la empresa Tovar La Pinturería CA (Coworking) cuyo contacto es Gina González de la Hoz, quien era “gerente de compras de Monómeros”.

https://www.infobae.com/venezuela/2026/05/31/el-caso-del-empresario-luso-venezolano-que-estuvo-preso-tras-un-montaje-del-regimen-para-apropiarse-de-su-fabrica/

Los desaparecidos en la revolución bolivariana; casos emblemáticos cuyas familias no volvieron a saber de ellos

 

Dirigentes políticos, empresarios y militares figuran en reportes de familiares que aseguran haber perdido todo contacto tras detenciones atribuidas a organismos de inteligencia

Sebastiana Barráez/ jueves 23 de abril 2026
@SebastianaB
Tomado de Infobae

Los hermanos Jesús Esneider y Eliécer Vergel Prado desaparecieron días después de Alcedo Mora

Con Nicolás Maduro Moros en el poder, comenzó a crecer una lista de personas desaparecidas tras ser detenidas por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). Se trata de dirigentes políticos, empresarios y militares de quienes, años después, no hay rastro conocido.

En esa larga cadena de denuncias por desapariciones forzadas vinculadas al sistema carcelario, aparecen casos en los que las familias aseguran no haber recibido nunca una llamada, un mensaje, ni siquiera a través de algún excarcelado o custodio, y mucho menos una comunicación de autoridades policiales o judiciales.

La llamada revolución bolivariana, impulsada por Hugo Rafael Chávez y un grupo de comandantes que alcanzó el poder en 1998 con un discurso de humanismo, y que ahora representa en el interinato Delcy Eloína Rodríguez Gómez, enfrenta hoy señalamientos por casos de desaparecidos que ni siquiera son mencionados oficialmente.

Los nombres de Alcedo Mora y de los hermanos Vergel figuran entre los primeros reportes de desaparición en manos de cuerpos de seguridad. A Hugo Enrique Marino Salas se lo llevó la Dgcim del aeropuerto de Maiquetía, el 20 de abril de 2019.

La familia del teniente coronel Juan Antonio Hurtado Campos mantiene la esperanza de encontrarlo desde que el general Vladimir Padrino López aseguró que había sido degradado y expulsado, junto a otros 32 militares, en el patio del Fuerte Tiuna. Y Carmen Teresa Navas recorre cárceles desde enero 2025 en busca de su hijo, Víctor Hugo Quero Navas.

Como Vicepresidente Delcy Rodríguez tenía a su cargo el SEBIN mientras el director era el general Gustavo González López ahora Ministro de Defensa

Mientras algunas familias no se cansan de buscar y otras sostienen reclamos de justicia durante años, la historia ofrece paralelos: en Argentina, las Madres de la Plaza de Mayo, con su pañoleta blanca, hicieron visible desde los años setenta la exigencia de saber dónde estaban los desaparecidos de la dictadura de Jorge Rafael Videla. También hay madres buscadoras en contextos de guerra y violencia, como en Siria y Colombia, con desaparecidos atribuidos a guerrillas y paramilitares. En México, la crisis de desapariciones ligada al narcotráfico dio origen a colectivos de búsqueda con alta exposición pública, reactivada tras hallazgos como el del llamado “rancho del horror” de Teuchitlán.

Casi ocho años

La familia del teniente coronel (Ej.) Juan Antonio Hurtado Campos asegura no tener noticias de él desde el 4 de septiembre de 2018, cuando el jefe de la Dirección de Asuntos Especiales (DAE) de la DGCIM, teniente coronel (GNB) Alexander Enrique Granko Arteaga, lo sacó del Palacio de Miraflores.

Han pasado siete años y siete meses entre la angustia y la expectativa de sus seres queridos, quienes mantienen la esperanza de que el oficial esté recluido, sin registro público, en alguna de las cárceles del país, atrapado entre traslados y expedientes.

Dora Hurtado, hermana del militar, recuerda que Juan Antonio estaba de vacaciones cuando ocurrió el intento de magnicidio contra Nicolás Maduro Moros el 4 de agosto de 2018. Meses antes, añade, había regresado de Rusia tras cumplir una comisión de trabajo.

El teniente coronel (Ej.) Juan Antonio Hurtado Campos desapareció del Palacio de Miraflores el 4 de septiembre de 2018

La única referencia institucional conocida por la familia llegó el 24 de enero de 2024, cuando el entonces ministro de la Defensa, GJ (Ej.) Vladimir Padrino López, informó en un comunicado que el día anterior habían sido degradados y expulsados de la Fuerza Armada 33 militares, entre activos y retirados.

Padrino los señaló como “implicados en conspiraciones mediante la planificación de acciones criminales y terroristas para atentar contra el sistema de gobierno legítimamente constituido, las autoridades e instituciones del Estado y el pueblo venezolano”.

En la lista figuraba Hurtado Campos, un nombre del que durante seis años no había trascendido información pública. Sus familiares interpretaron la mención como una señal de vida: el texto precisaba que el 23 de enero, a las 10:30, en el Patio de Honor del Ministerio para la Defensa, en Fuerte Tiuna (Caracas), “se llevó a cabo el acto de Degradación y Expulsión” de los 33 militares.

Sin embargo, desde enero de 2024 la familia afirma no haber vuelto a ver su nombre en documentos oficiales ni a escuchar a funcionarios referirse al caso. También aseguran que no han recibido llamadas y que ninguno de los excarcelados les ha dicho haberlo visto.

El sargento primero (Ej.) Gustavo Enrique Graterol Torrealba, quien integró durante nueve años la Guardia de Honor Presidencial (GHP), es el único que dice haber presenciado la detención. Según su versión, Hurtado Campos estaba de servicio en Miraflores cuando se lo llevó una comisión de la Dgcim el 4 de septiembre de 2018.

La mayoría de los casos de desaparición involucra a funcionarios de la DGCIM

Se lo llevaron del aeropuerto 

Han pasado siete años y Beatriz Salas no ha cesado de reclamar al régimen venezolano por el paradero de su hijo Hugo Enrique Marino Salas, un buzo profesional, economista e ingeniero italo-venezolano desaparecido el 20 de abril 2019. 

Lo único claro del hecho es que Hugo Marino viajó desde Miami y llegó al aeropuerto internacional Simón Bolívar, de Maiquetía, Venezuela donde fue abordado por presuntos funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim). Desde entonces desapareció. 

El submarinista y empresario Hugo Marino con su madre Beatriz Salas

Marino, quien dirigía la empresa Sistemas Electrónicos Acuáticos (SEA), especializada en rescates marítimos, desaparece cuando investigaba el siniestro aéreo en el que falleció el hijo del ministro Miguel Pérez Abad.

Elizabeth Márquez y Daniel, esposa e hijo de Marino, así como su madre Beatriz Salas, se pronunciaron a través de un video, al cumplirse siete años de su desaparición.

Elizabeth Márquez, su hijo Daniel y Beatriz Salas, familiares de Hugo Marino piden saber qué desaparecido desde abril de 2018

“Por lo menos díganme qué hicieron con Hugo. ¿Dónde lo tienen?”, dijo la madre del submarinista desaparecido, quien solicitó al Fiscal General, Larry Daniel Devoe Márquez y a la Defensora del Pueblo, Egleé González Lobato, que el Estado les dé razón de qué pasó con Hugo Marino.

El SEBIN es el organismo señalado de la desaparición de Alcedo Mora en Mérida

Batería y los Vergel

Luis Alcedo Mora Márquez mejor conocido como Batería, era un dirigente social que pertenecía a Ruptura, y desaparece el 27 de febrero 2015, cuando supuestamente fue detenido al salir de una reunión que sostuvo en la Gobernación de Mérida con el entonces secretario general de Gobierno, Luis Martínez, donde denunció el contrabando de combustible. 

Alcedo Mora había comentado a su familia y amigos que tenía información de una orden de captura en su contra, por parte del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin).

Familiares y amigos de Batería han sostenido, en conversaciones con Infobae, que Alcedo estaba denunciando el tráfico de gasolina desde el Estado Mérida hacia la frontera con Colombia y que habría recibido amenazas por parte de gente relacionada con el expresidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA), Rafael Darío Ramírez Carreño, para que no siguiera hablando del tema.

El día que Mora desaparece se conmemoraba cinco años de la Masacre de Onia y 26 del Caracazo. Dos días después también desaparecen los hermanos Eliécer y Jesús Esneider Vergel Prado, quienes eran desplazados colombianos y en varias ocasiones realizaban trabajos con Alcedo Mora. 

Alcedo Mora era un dirigente social que cuando desaparece estaba denunciando el contrabando del combustible y los grupos irregulares

Dany Vergel, hermana de los Vergel desaparecidos, dice que a Jesús Esneider se lo llevaron, de la finca donde trabajaba. “Fue en una camioneta del Sebin,  el 2 de marzo 2015”. A Eliécer lo habrían detenido en el Terminal de Pasajeros. “Nunca más los volvimos a ver”. 

Una sobrina del luchador social, Johana Rojas Mora relató años después que ese 27 de febrero la esposa de su tío Alcedo “recibió un mensaje muy extraño que daba cuenta de que estaba en un sitio contra su voluntad: dijo algo así como ‘rodilla en suelo’, expresión que Batería jamás había utilizado”, la llamada se cortó y nunca más volvieron a saber de él. Tampoco de sus amigos los hermanos Vergel.

El atroz silencio

Víctor Hugo Quero Navas, de 51 años y comerciante, fue detenido el 1 de enero de 2025, en el centro de Caracas, por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). Los testigos de la detención dijeron que los funcionarios se lo llevaron sin mostrar orden judicial.

Carmen Teresa Navas, madre de Víctor Hugo Quero ha acudido a diversos organismos e instituciones estatales, incluyendo el Ministerio Público, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), la Defensoría del Pueblo y a las instalaciones carcelarias.

No ha obtenido respuesta alguna sobre el paradero de su hijo. Lo que sí ha recibido son maltratos, intimidación y negativas reiteradas a brindar información oficial.

Carmen Teresa Navas ha conmovido al país, que la apoya desde todos los medios y eventos, en la búsqueda de su hijo Víctor Hugo Quero

El 23 de octubre de 2025, una funcionaria de la Defensoría del Pueblo, acudió al Ministerio Público donde fue informada de la existencia de un expediente contra Víctor Quero y que se encontraba recluido en el centro penitenciario El Rodeo I, imputado por traición a la patria, conspiración y terrorismo.

El 7 de abril 2026, el Secretario de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se negó a recibir un recurso de hábeas corpus alegando que “eran las instrucciones superiores”.

Varias personas, incluyendo personas excarceladas del mismo centro donde estuvo Quero Navas, aseguran que en noviembre lo vieron en condiciones de salud críticas, presentando deterioro físico y sin acceso a atención médica. Creen que falleció bajo custodia estatal el 11 de noviembre de 2025 por falta de tratamiento médico para la tuberculosis.

Exigiendo respuestas al Estado

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibió una solicitud de medidas cautelares presentada por la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia para proteger los derechos de Víctor Hugo Quero Navas, detenido en Venezuela el 1 de enero de 2025. 

El 18 de abril 2026, la CIDH aprobó las medidas cautelares para Carmen Teresa Navas y su hijo Víctor Hugo Quero Navas; el documento lo suscriben los vicepresidentes Andrea Pochak y José Luis Caballero Ochoa, así como Gloria Monique de Mees, Riyad Insanally y Marion Bethel.

La familia de Quero Navas afirma que, desde su detención perdió contacto con él y desconoce su paradero oficial, estado de salud, condiciones de reclusión y situación jurídica.

Nicolás Maduro con los exdirectores de la DGCIM los mayores generales Iván Rafael Hernández Dala y Javier Marcano Tábata

La petición también alerta sobre presuntas intimidaciones por parte de funcionarios estatales contra su madre, Carmen Teresa Navas de 82 años. La CIDH consideró que Navas y su hijo se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, al estimar que sus derechos a la vida, la integridad personal y la salud están en riesgo de sufrir un daño irreparable.

La Comisión pidió a Venezuela protegerlo, tanto su vida como integridad personal; confirmar la ubicación y circunstancias de detención; garantizar condiciones compatibles con estándares internacionales: comunicación con familiares y defensa, acceso al expediente, información sobre cargos y presentación ante tribunal. 

Instó a Venezuela a implementar medidas para que Carmen Teresa Navas pueda continuar con la defensa de los derechos de su hijo sin ser objeto de amenazas, hostigamientos, intimidaciones u otros hechos de violencia.

El Estado venezolano no ha respondido.

https://www.infobae.com/venezuela/2026/04/23/los-desaparecidos-en-la-revolucion-bolivariana-casos-emblematicos-cuyas-familias-no-volvieron-a-saber-de-ellos/

Detención y torturas: el perturbador relato de un padre sobre su hijo detenido por el “Caso Cadetes”

Diego José Mejías González fue excarcelado bajo amenazas y obligado a guardar silencio. Su hijo, Diego Mejías Sierra, permanece recluido en la cárcel Rodeo I

Sebastiana Barráez/ viernes 10 de abril 2026
@SebastianaB
Tomado de Infobae

Los Mejías Sierra fueron secuestrados y torturados por funcionarios del DGCIM fuertemente armados

Tras casi un año de encierro, torturas y tratos degradantes en manos de la DGCIM, en el denominado “Caso Cadetes”, Diego José Mejías González fue excarcelado bajo amenazas y obligado a guardar silencio. Su hijo, Diego Mejías Sierra, permanece recluido en la cárcel Rodeo I, tras ser excluido del proceso de amnistía otorgado al resto de los implicados en la causa. Relata a Infobae la aterradora experiencia que vivió tras los muros del penal y la lucha por la libertad de su hijo. El Rodeo I está desde anoche en una situación de alta tensión, por la protesta de reclusos extranjeros.

La madrugada del 3 de enero 2026, los reclusos del Rodeo I escucharon, durante dos horas, explosiones a lo lejos. Después llegó un silencio tenso, interrumpido por conversaciones nerviosas entre los custodios. El penal entró en alerta máxima; se reforzó la seguridad con tropas adicionales, se instalaron armas calibre .50 en los techos y la bandera fue izada a media asta. 

Las visitas y el servicio médico fueron suspendidos; se restringió la comida, se silenciaron los altavoces y comenzaron amenazas directas contra los internos. Funcionarios advertían que los usarían como rehenes políticos y ejecutados si “los gringos” intervenían.

Las visitas se reactivaron el sábado 9 de enero. Los familiares, sin miedo, les informaron lo ocurrido en la Operación Resolución Absoluta y la extracción de Nicolás Maduro y Cilia Flores de territorio venezolano. 

“Exigimos la libertad inmediata y protestamos. El 15 de enero nos amenazaron por lo que las protestas cesaron, pero siguió un periodo de profunda ansiedad y desesperación”, narra Diego González Mejías.

Padre e hijo Diego José González, estuvieron juntos durante un año hasta que Diego Mejías González salió luego de la Operación Resolución Absoluta

El 27 de enero, un custodio irrumpió con premura en la celda para colocarle las esposas y le cubrió el rostro con una capucha. Un jefe de régimen pronunció su nombre en voz alta y anunció su libertad. “Abracé a mi hijo como nunca. Lloramos inconsolablemente. Nos despedimos. Fue desgarrador dejarlo allí”, recuerda.

Los excarcelados de ese día fueron conducidos a un área donde les ordenaron desnudarse y elegir, entre montones de ropa acumulada, algunas prendas para vestirse. Les raparon el cabello y los trasladaron a un estacionamiento para fotografiarlos. Antes de la salida, el director del penal, conocido como Paterel, se despidió y los entregó a funcionarios de la DGCIM, quienes los trasladaron a la sede de Boleíta, en Caracas.

El grupo estaba integrado por 22 personas: 17 venezolanos, dos peruanos y tres hondureños. En la DGCIM, fueron sometidos a nuevos procedimientos de identificación. “Nos entrevistaron, nos volvieron a desnudar y nos tomaron fotos”, explica. Les entregaron la boleta de excarcelación y el documento del régimen de presentación cada 15 días ante tribunales de terrorismo en Caracas.

Fueron obligados a firmar un documento que debían leer en voz alta mientras eran grabados en video, declarando que no habían sido maltratados ni actuarían contra el Gobierno ni contra los funcionarios de seguridad, que no ofrecerían entrevistas ni declaraciones públicas y que no podían salir del país.

A las seis de la tarde fueron liberados, sin documentos personales, dinero ni teléfonos móviles. “Salimos con miedo, caminando rápido. Cuando logramos salir del perímetro, unas personas que la divinidad puso en nuestro camino nos prestaron sus teléfonos. Lloraron con nosotros”, recuerda.

El 23 de febrero, mientras los cadetes detenidos recuperaban su libertad, el joven Diego José quedó recluido en el Rodeo I. Fue entonces cuando su padre inició una campaña pública para exigir su liberación. Su madre, Mireya Sierra, al igual que otros familiares de presos políticos, se apostó frente a la cárcel en señal de protesta. “A mi hijo y a mí nos negaron la Amnistía”, denuncia Mejías González.

La madre, madre de Diego, se aposto desde hace meses al frente al Rodeo pidiendo libertad para su hijo

El inicio de la pesadilla

Hace una década, el deterioro político y social del país, marcado por la ideologización, el control estatal, la represión y la destrucción de sectores clave como el educativo, impacta de forma directa en la vida de Diego Mejías Sierra (23 años). 

Así lo relata, en la conversación con Infobae, su padre, Diego José Mejías González (54), aseverando que su hijo fue testigo de la emigración de primos y amigos, el colapso del sistema educativo, persecución de compañeros cercanos, encarcelamientos e incluso muertes.

Esos sentimientos de frustración y descontento llevaron al joven a expresarse en redes sociales, donde entró en contacto con Jesús Pulgar, un cadete de 20 años. A partir de ese intercambio, junto a otros jóvenes, comenzaron a crear escenarios imaginarios en los que fantaseaban con un eventual derrocamiento del gobierno.

Según Mejías González, Pulgar logró sumar a varios cadetes más a ese grupo. Entre 2023 y 2024, mantenían conversaciones a través de Telegram y videojuegos en línea. Sin embargo, el hijo de Mejías se distanció del grupo al iniciar una relación sentimental. “Dejó atrás todo lo que estaba haciendo con los cadetes. Jesús Pulgar sí continuó”, afirma.

El caso dio un giro decisivo el 4 de febrero de 2025, cuando uno de los estudiantes de la Academia Militar denunció al grupo después de que la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) hallara información comprometedora en su teléfono móvil. A partir de ese hallazgo, las autoridades lograron identificar y detener a dos cadetes.

Los jóvenes fueron trasladados inicialmente a una casa de seguridad, que son centro de torturas, adscrita a la Dirección de Asuntos Especiales (DAE) de la DGCIM, bajo la responsabilidad del coronel (GNB) Alexander Enrique Granko Arteaga. La vivienda, ubicada en Chuao, había sido incautada previamente a José Ignacio Moreno Suárez, abogado de la empresa Gold Reserve, detenido el 4 de junio de 2023 y recluido en la cárcel Rodeo I, acusado de “conspiración con gobierno extranjero”.

El coronel (GNB) Alexander Enrique Granko Arteaga, jefe de la DAE, DGCIM

De acuerdo con el testimonio del padre, los primeros detenidos fueron diez cadetes y un menor de edad. “Al adolescente se lo llevan solo por mirar, por pura maldad”, sostiene. Asegura que todos fueron sometidos a torturas hasta que el 7 de febrero de 2025 fueron trasladados a la sede central de la DGCIM en Boleíta, Caracas.

Hasta ese momento, ni Diego Mejías González ni su hijo sabían que la operación estaba en marcha. El 9 de febrero, un domingo, la familia realizaba su rutina habitual cuando se dirigieron a visitar a una tía en Maracay, estado Aragua, sin saber que desde hacía dos días eran seguidos por una camioneta con cinco funcionarios del DAE, quienes los interceptaron.

“Había una confusión porque mi hijo y yo nos llamamos igual y la línea telefónica está a mi nombre, igual que la de otros familiares”, explica. Cuatro agentes descendieron del vehículo portando armas largas. El jefe de la comisión informó que debían llevarse al joven Diego, alegando que su teléfono estaba vinculado a un caso de extorsión contra un alto funcionario del gobierno. A petición del padre, permitieron que los acompañara.

Tras dirigirse al apartamento familiar, un funcionario indicó a la esposa de Mejías González que preparara un bolso. “Dijeron que al día siguiente iríamos a la fiscalía y que el martes seguro nos soltaban”, recuerda.

No fue así. Al abordar la camioneta de la DGCIM, Mejías González asegura que los agentes golpeaban a su hijo. “Ahí empezó el infierno”, dice, porque ambos fueron esposados con amarres de plástico, encapuchados y trasladados desde el estado Carabobo hasta la casa de seguridad en Chuao, Caracas.

Durante casi cuatro días, permanecieron recluidos en un sótano frío e iluminado, con las manos atadas y la cabeza cubierta. “A veces me dejaban sentarme en una silla; a mi hijo no”, denuncia. Solo les permitieron un día quitarse las capuchas y los amarres durante diez minutos para bañarse. Recibían restos de comida y poca agua, y no les permitían dormir.

Diego José Mejías Sierra

Según el testimonio, el joven era sacado cada hora para ser interrogado bajo tortura. “Era espantoso lo que yo sentía cada vez que se lo llevaban”, relata el padre, quien asegura que obligaron a su hijo a firmar documentos bajo amenaza de mutilar a Mejías González; el joven fue obligado a grabar un video afirmando que planeaba un atentado contra Jorge Rodríguez.

El Rodeo I

La tarde del 12 de febrero, padre e hijo fueron trasladados a la sede principal de la DGCIM, para reunirlos con los cadetes detenidos; una hora después lo enviaron a orden del Servicio Especial de Máxima Seguridad (SESMAS) y trasladados a la cárcel Rodeo I, un penal que Diego Mejías González describe como un “campo de concentración”.

El Rodeo forma parte de un complejo penitenciario integrado por tres edificios, marcado por un historial de violencia. En 2006, una masacre dejó 86 presos fallecidos y cerca de 200 heridos. Un año después se registraron otros 51 muertos y 101 heridos. En 2011, nuevos motines provocaron la muerte de al menos 30 reclusos.

Bajo el Gobierno de Nicolás Maduro, Rodeo I fue remodelado y reconvertido en una prisión de máxima seguridad, inaugurada el 18 de febrero de 2024 y adscrita al Ministerio del Servicio Penitenciario, entonces encabezado por la vicealmirante Celsa Sirley Bautista Ontiveros. El centro ha albergado desde entonces a presos militares y civiles, venezolanos y extranjeros.

Mejías González relata que, a su llegada, fueron recibidos por el director del penal, conocido como “Tiburón”, en referencia al teniente coronel (GNB) Carlos Enrique Rincones Serven. “Todos los funcionarios vestidos de negro y con pasamontañas. Nos desnudaron y nos obligaron a ponernos un uniforme azul claro, sucio”, recuerda. Durante la revisión médica, asegura que por primera vez en su vida presentó niveles elevados de tensión arterial.

La remodelación de la cárcel del Rodeo I implicó ser convertida en una prisión de máxima seguridad

Tras el registro digital, fueron conducidos esposados, encapuchados y sentados en el suelo, rodeados de custodios armados con bastones, para una reunión con el director y el subdirector del penal. Allí les advirtieron que, al tratarse de una cárcel de máxima seguridad, las normas y los castigos eran “estrictos”. También les informaron que las celdas eran para dos personas y que serían identificados como PDL (personas privadas de libertad).

Insólitas condiciones

Padre e hijo fueron autorizados a compartir una celda de 3,80 metros por 1,80 metros, de color gris, con piso, paredes y techo rústicos. El espacio contaba con una pequeña ventana enrejada al frente y una puerta metálica blindada. En el centro de la puerta había una abertura de unos 25 por 15 centímetros, por donde les entregaban la comida en recipientes plásticos.

Parte de los cadetes liberados se abrazan emocionados fuera de la cárcel Rodeo I

El interior lo describe como un cajón con estructura de litera. Entre la cama y la pared, había un espacio de aproximadamente un metro cuadrado donde se encontraba la letrina. Sobre ella, un tubo con una llave de cierre rápido servía como único punto de agua: allí debían asearse, bañarse, orinar, lavar los utensilios y la ropa. “Los malos olores eran permanentes, las 24 horas del día”, asegura.

Las celdas no tenían luz eléctrica. La única iluminación provenía del pasillo, que permanecía encendida de día y de noche. Relata la presencia constante de mosquitos, temperaturas extremas, humo procedente de la quema de desechos cercanos y colchonetas usadas, rotas, sucias y malolientes, sin sábanas, cobijas ni almohadas.

La cárcel del Rodeo I fue remodelada bajo el redimen de Nicolás Maduro y el ministerio de la VA Celsa Sirley Bautista Ontiveros

El régimen de dotación era mínimo: un uniforme durante seis meses, dos bóxers, un par de chanclas, un cepillo de dientes y un vaso plástico que se renovaba cada cuatro meses para beber agua, jugo o café. “La cucharilla plástica para comer nunca la cambiaron”, afirma. Cada uno disponía de un botellón de agua de cinco litros, recargado a diario y reemplazado tras ocho meses.

Recibieron además una toalla, un jabón y pequeños sobres de crema dental y desodorante. El afeitado solo fue permitido después de tres meses. “Me tomó nueve meses aprender a afeitarme sin espejo y sin cortarme”, cuenta. El corte de cabello, al ras, se realizaba cada quince días.

El suministro de agua se limitaba a 15 minutos por celda. Cada piso albergaba 24 celdas, todas vigiladas por cámaras con micrófonos. De lunes a jueves, durante hora y media, se transmitía música cristiana evangélica, y el culto religioso era obligatorio todos los días. Además, a alto volumen, se difundían las cadenas presidenciales de Nicolás Maduro, el programa Con el Mazo Dando de Diosdado Cabello y música alusiva al socialismo y al comunismo.

Una inyección para todo

La primera comida que recibieron en la cárcel de El Rodeo I les provocó un cuadro severo de diarrea y vómitos que se prolongó durante tres días. Ante la emergencia, fueron trasladados al área denominada “servicio médico”, cuya atención estuvo a cargo de custodios encapuchados y sin identificación visible. “No llevan registros ni historias médicas. Los medicamentos son traídos de la India y aplican siempre la misma inyección para cualquier dolor, sin explicar qué es”.

Teniente Coronel Carlos Enrique Rincones Serven, alias Tiburón, quien era el Director del Rodeo I

Durante la detención, padre e hijo fueron despojados de todas sus pertenencias personales, entre ellas los lentes bifocales de Diego Mejías González. “Mi hijo me leía y me cortaba las uñas, igual que yo hice cuando él era niño”, cuenta. Ese tiempo forzado de convivencia, asegura, también abrió un espacio de diálogo inédito entre ambos. “Hablé mucho con él. Al final me escuchó de verdad. Es muy inteligente y valioso”, afirma.

Tras 80 días de encierro, el entonces director del penal le entregó unos lentes cosméticos para lectura. Diez días después, comenzaron a permitirles salir dos veces por semana a un patio reducido, de apenas 18 por 12 metros. Allí pudieron interactuar brevemente con otros reclusos, venezolanos y extranjeros, que compartían relatos sobre cómo habían llegado a esa prisión de máxima seguridad.

Activistas de derechos humanos y familiares siguen reclamando la libertad de los presos políticos

A mediados de marzo de 2025 se realizó la presentación judicial de todos los implicados en el denominado “caso de los cadetes”: once estudiantes de la Academia Militar y los civiles Diego Mejías González y su hijo. El expediente quedó en manos de Carlos Enrique Liendo Acosta, juez segundo de Control contra la Corrupción y el Terrorismo. El fiscal Farik Karin Mora Salcedo “montó un caso de película”, elaborado por un capitán de la DGCIM, en el que se afirmó que todos los acusados tenían orden de detención desde el 4 de febrero. Les imputaron seis delitos.

El juez Carlos Enrique Liendo Acosta y el fiscal Farik Karin Mora Salcedo

En mayo y junio, la situación sanitaria dentro del penal se deterioró gravemente. Se registraron brotes masivos de gripe, casos de dengue hemorrágico y diagnósticos de tuberculosis. “Todas las semanas había intentos de suicidio”, relata Mejías González, quien también denuncia castigos especialmente severos en el piso 4 del bloque B: 22 celdas casi completamente selladas, con una única rendija por donde entraba la luz solar.

En ese nivel, asegura, los internos permanecían sin colchonetas, casi desnudos, solo con un bóxer, esposados y sin utensilios para comer. El acceso al agua, tanto para el aseo personal como para beber, estaba restringido. “Si protestaban, los castigaban con golpes de bastón, descargas eléctricas y gas lacrimógeno directamente en el rostro”.

La crisis sanitaria derivó en la destitución del director del penal, el teniente coronel (GNB) Carlos Enrique Rincones Serven “Tiburón”. Antes de abandonar el cargo, relata, ordenó sacar a todos los presos encapuchados y rodeados por custodios armados. “Nos amenazó. A los del piso 2 los golpearon y a los del piso 4 los castigaron porque, a través de grabaciones de las visitas, descubrieron que habían filtrado información sobre los enfermos”.

Tras su salida, Rincones Serven fue sustituido por un funcionario conocido como “Paterel”, quien autorizó las visitas por orden de la DGCIM. El 30 de julio la familia González recibió por primera vez la notificación oficial de visita para el 2 de agosto, confirmando que padre e hijo seguían con vida.

Las visitas se realizan los sábados, durante un máximo de 20 minutos, a través de un acrílico, una malla de acero y un teléfono, bajo la vigilancia permanente de cámaras y custodios posicionados a ambos lados. El cumplimiento de normas estrictas es obligatorio. Cualquier falta implica la suspensión inmediata del contacto.

https://www.infobae.com/venezuela/2026/04/10/detencion-y-torturas-el-perturbador-relato-de-un-padre-sobre-su-hijo-detenido-por-el-caso-cadetes/