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jueves, 28 de diciembre de 2023

Casi dos años en la cárcel por una entrevista que no llegó a publicar: el periodista chavista que sigue preso en estado de indefensión

  

Funcionarios de Inteligencia se llevaron en 2022 a Ramón de Jesús Centeno Navas junto a su amigo Gabriel Enrique Zambrano Guerra


Sebastiana Barráez/ jueves 28 de diciembre 2023

@SebastianaB


Tomado de Infobae


En el hospital, el periodista ha sido atendido con diligencia pero no ha sido posible ser intervenido quirúrgicamente

Cuando Ramón de Jesús Centeno Navas, obtuvo su título de Licenciado en Comunicación Social, estaba feliz, no solo por el triunfo después de tantas noches en vela, entre libros, fines de semana de tareas, exposiciones y los temibles exámenes, sino porque antes, por una disputa política, no le permitieron graduarse en otra universidad; persistió y volvió a comenzar hasta que ese día, 15 de noviembre 2017, coronó como periodista. 

Cuatro años después, como todo novato, quiso lucirse con la entrevista a un dirigente chavista narcodiputado preso, sin dimensionar que para el régimen venezolano a veces informar es un delito. Ni siquiera alcanzó a publicar el trabajo “Cómo la narcopolítica se apoderó del Parlamento”; el 2 de febrero 2022 funcionarios de inteligencia se lo llevaron preso, junto a su amigo Gabriel Enrique Zambrano Guerra. Ahí empezó la pesadilla.

Ya hace casi dos años y los dos jóvenes fueron introducidos en un sistema injusto, donde no se respeta el debido proceso, donde no hay pruebas más que aquella atrevida entrevista que no alcanzó a ser publicada. Para colmo, Centeno, Nr. de expediente 11J-1346, quien realizó, el 22 de enero 2022, la entrevista al diputado Jean Silva en el Comando Nacional Antidrogas (CNA), ubicado en Las Acacias, Caracas, era dirigente y activista del Partido Socialista de Venezuela (PSUV), por lo que los organismos del Estado, organizaciones no gubernamentales, dirigentes políticos ni colegas quieren tomar interés en el tema, porque los diputados son señalados de narcotráfico.

Omaira Navas, madre de Ramón Centeno

Omaira Navas, madre de Ramón Centeno, le dice a Infobae que “antes de llegar a publicar la entrevista, que Centeno y Zambrano Guerra habían realizado, el periodista sufre, el 31 de enero 2022, una accidente automovilístico que le causa fracturas en cadera y fémur; por su parte, el diputado Fernando Ríos falleció. La tarde del 2 de febrero 2022, dos hombres armados y sin identificarse llegan al apartamento donde se encontraban los dos muchachos y, sin orden judicial alguna, se los llevan hasta el Comando Nacional Antidrogas (CNA)”.

Son interrogados frente al general de división Alberto Matheus, el coronel Carreño y la investigadora Capitana Kimberli Pirona, a quienes Centeno les explicó que era periodista y dirigente político: varios funcionarios los llevaron a un salón donde los reseñan. “Mi hijo me dijo cómo lo trataron de mal; lo fotografiaron, le colocaron varios carteles y los fotografiaron, mientras los insultaron y amenazaron que si se negaban a hablar irían por la familia", relata Omaira Navas, madre de Centeno.

Horas después, a las 7 y 30 de la noche (19:30), los funcionarios regresan con mi hijo al apartamento para formalizar el allanamiento; los funcionarios se llevan consigo varias pertenencias, incluyendo la computadora portátil donde se encontraba la entrevista realizada al diputado Silva. Esa noche, después de las 9 y media (21:30) mi hijo fue llevado a una celda, sin comunicación, sin alimentos y sin atención médica, durante 72 horas. El 4 de febrero obligan a Centeno y Zambrano a firmar una carta de Respeto a la dignidad humana dentro de la cárcel”.

La salud del periodista Centeno Navas se deterioró desde su detención

De muletas a silla de ruedas

A causa del grave accidente automovilístico, Centeno estaba aún convaleciente y debía usar muletas, cuando el 5 de febrero 2022, durante el conteo de presos, un funcionario de la guardia nacional lo obligó a levantarse causándole una caída determinante para el deterioro de su salud; horas después fuimos presentados para la reseña en el  Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) y reconocimiento médico legal; durante todo ese tiempo no les permitieron comunicación con sus familias ni abogados.

Durante la Audiencia de Presentación, del 6 de febrero 2022, en el Palacio de Justicia, el periodista Ramón Centeno sufre una parálisis facial, siendo enviado de emergencia a un centro de salud cercano a la prisión. La audiencia continuó el 7 de febrero 2022, donde Centeno pasa de las muletas a la silla de ruedas. Los funcionarios de la cárcel ingresan a un médico e informan a la familia.

Hélène Devaux es Coordinadora de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los DDHH en Venezuela. Tiene conocimiento del caso de Ramón Centeno y Gabriel Zambrano

Ese día, en la continuación de la Audiencia, el Juez de Control, Michael Armando Agro Garmendia, quien luego fue destituido, aceptó todos los cargos que el fiscal provisorio séptimo a nivel nacional, Rainer Emsaid Rojas Arcia, también destituido posteriormente, solicitó para el periodista y Gabriel de tres delitos: tráfico de influencias, usurpación de funciones y asociación. Fue inútil que la defensa solicitara, durante dos meses, como medida humanitaria, que Centeno quedara en libertad, que fuera trasladado ya que la consecuencia del accidente se había agravado con la caída en la prisión.

En la audiencia, del 20 de abril 2022, permiten que Centeno sea atendido a las afueras del Palacio de Justicia, donde le colocan calmantes para que pueda resistir, porque la cita era a las 9 de la mañana pero la audiencia se realizó a las 5 de la tarde (17:00). El defensor público solicitó quitar el delito de tráfico de influencias. El juez rechazó las excepciones. Ninguno de los dos muchachos aceptó asumir los hechos, por lo que pasaron a juicio. El 30 de octubre 2002, ante el grave deterioro de la salud del periodista y la precaria situación en la que se encontraba, solicitan medida sustitutiva de libertad por arresto domiciliario, pero el tribunal la negó.

La situación de salud de Centeno Navas se fue agravando, y el 5 de marzo 2023 lo sacan de emergencia para el hospital Universitario, donde la evaluación médica recomienda cirugía quirúrgica, que no se ha podido realizar. El 16 de marzo 2023 se le dispara la tensión y se desvanece, siendo trasladado al Hospital General del Este “Dr. Domingo Luciani”, perteneciente al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), estado Miranda; los médicos insisten en la operación. La defensa solicitó nuevamente la medida humanitaria, pero la jueza Sabrina Montes de Oca no ha respondido.

El 21 de marzo de 2023, el Comandante de la URIA, Mayor Rafael Carmona, permitió el ingreso de un médico para que le suministrara, a manera de infiltración, los medicamentos: Dexametasona y complejo B. Días después la juez Montes de Oca solicita una cuarta evaluación médico forense. Pasan dos días y Centeno es trasladado al Senamecf (Servicio Nacional de Medicina Forense) y luego al Ministerio Público para reconocimiento legal: los informes de los dos organismos ratifican que el estado de salud del periodista es de riesgo. Aunado a eso, los resultados psiquiátricos del Senamecf indican que está presentando Trastorno Depresivo Grave.

Varios diputados fueron acusados de narcopolíticos

En indefensión

No escapa el periodista a la violencia de un interno, quien el 27 de abril 2023, lo golpea causándole una segunda caída, pues la primera fue por uno de los custodios, pero que esta vez le causa una herida que le infecta la pierna, que aún estaba en proceso de recuperación por el accidente automovilístico. Tres días entre dolor, fiebre e inflamación, por fin el 30 de abril 2023, permiten que ingrese al CNA un médico que le extrae pus de la herida.

Al día siguiente, a la fiebre se le suma vómitos constantes, por lo que el 10 de mayo es trasladado al hospital Domingo Luciani para ser intervenido quirúrgicamente, lo cual no ha sido posible. En ese mes, los familiares de Centeno y Gabriel Zambrano acudieron a la Oficina en Caracas del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, coordinada por la doctora Helene Devaux, planteando lo que está ocurriendo con el periodista y su amigo.

El deterioro físico de Centeno se pronuncia y el 6 de junio 2023 es atendido en el Servicio de Traumatología del Hospital Domingo Luciani donde se planifica “limpieza quirúrgica, fistulectomía, manejos de piel y partes blandas, y antibioticoterapia”.

El doctor Ciro D’Avino Bigotto, psiquiatra forense, Director Nacional Evaluación y Diagnóstico Mental y Social Forense, remite, el 9 de junio 2023, al Segundo Comandante y Jefe del Estado Mayor del CNA Urina Nr. 43, Distrito Capital, el peritaje psiquiátrico, psicológico y trabajo social, forense que la Guardia Nacional había solicitado el 5 de junio 2023, realizado por el doctor D’Avino conjuntamente con la psicólogo forense Virginia Salazar y la trabajadora social Jhibisay Lavera, determinando que Centeno presenta: “Trastorno depresivo recurrente episodio actual grave sin síntomas psicóticos”, por lo que recomiendan “controles estrictos con especialista en el área de la salud mental para iniciar con el tratamiento psicofarmacológico y psicoterapéutico supervisado y vigilado por terceros (familiares) en todo momento y lugar”.

El defensor público se presentó solo una vez a ver a Centeno, lo que ocurrió el 13 de junio 2023, y fue para recomendarle hacer una comunicación al Tribunal, ante el deterioro de su salud, y le dictó una misiva, donde se declaraba en contumacia. Poco después, cuando la familia ya asesorada se percata de lo que el periodista había firmado, se lo comunican al defensor para que esa solicitud sea rectificada, pero el abogado del Estado aseguró que eso ya no era posible y que de hacerlo sería de inmediato enviado a la celda.

Los médicos no han podido realizar la intervención quirúrgica del periodista Ramón Centeno porque, cuando se presenta la posibilidad de hacerlo, no logran estabilizarle la tensión.

Desde abril 2022 hasta noviembre 2023, fueron convocadas doce audiencias, las cuales han sido diferidas. Mientras tanto Centeno fue otra vez, el 11 de octubre 2023, evaluado por cardiólogos y psiquiatras. El periodista está en estado de indefensión, recluido en una cama con un deterioro físico marcado, dependiendo de la Defensoría Pública, sin asistencia legal apropiada y sin recursos económicos para afrontar su defensa y la atención médica que requiere, finaliza diciendo Omaira Navas, madre del periodista encarcelado.

Casi dos años en la cárcel por una entrevista que no llegó a publicar: el periodista chavista que sigue preso en estado de indefensión - Infobae

domingo, 4 de junio de 2023

El largo camino de una periodista por revelar las irregularides en los Tribunales de Protección Infantil: diez casos aterradores

 

Karla Salcedo Flores denuncia el negocio que hay con los niños por parte de un grupo de jueces, fiscales, consejeros y varios bufetes de abogados, que cobran entre 30 y 50 mil dólares por cada caso; el que paga se queda con el menor, sea familia o personas ajenas


Sebastiana Barráez/ domingo 4 de junio 2023

@SebastianaB



Tomado de Infobae 
"Apareció Keira" dice Karla Salcedo cuando se supo de la niña que buscaban hace cinco años

En agosto del 2020, la entonces Juez Joselyn Vanessa Fernández Amoroso, prohibió a la periodista Karla Salcedo Flores difundir información sobre la denuncia que Daniela Valentina Montañez Yumar hizo reclamando a su hijo y a quien le habían decretado una “Medida Innominada de Protección en beneficio del niño”. Salcedo sospechaba de una patraña para ocultar el negocio que hay con los niños por parte de un grupo de Jueces de Protección, fiscales, consejeros y varios bufetes de abogados, que cobran entre 30 y 60 mil dólares por cada caso; el que paga se queda con el niño, sea familia o personas ajenas. Toda la historia empieza en el 2018 cuando un Tribunal le quita la hija a su amiga; luego de cinco años la pequeña apareció en Medellín, Colombia.

Cuando a Isabel Rinaldo Andazora le quitaron a Keira que entonces tenía 8 años, su amiga, la periodista Karla Salcedo se dedicó a investigar en una lucha que lleva cinco años, en cuyo camino ha ido sumando muchos casos más, 10 de los cuales expuso ante el Ministerio Público, gracias al apoyo de los abogados Martín Geymonat y Damary Rangeol, de las ONG Funvenides (Fundación Venezolana de Niños Desaparecidos) y Derechos Humanos Dr.

La historia. El cubano nacionalizado español Pedro Alba Linares e Isabel Rinaldo sostienen una relación de la cual nace Keira, que tenía ocho años cuando surgen problemas entre la pareja, porque estando en España él habría agredido a Isabel, ella lo denuncia y se regresa a Venezuela con su hija.

El Ministerio Público le envía una citación a Isabel porque su expareja la había denunciado por ataques violentos contra su hija. Cuando llega a la Fiscalía la detienen “por averiguaciones” y le quitan la niña entregándosela al padre. Al día siguiente, ya en libertad, comienza la búsqueda, pero Kiera y su padre no aparecieron. Han pasado cinco años desde entonces y la lucha de Karla Salcedo desde la ventana del periodismo fue acompañar a su amiga en el largo camino.

Pedro Alba Linares, cubano nacionalizado español, se llevó a Keira y la dejó en manos de una tía en Colombia

Lo atroz de esta historia, donde el poder judicial de LOPNA en Venezuela es actor principalísimo, ha demostrado que Pedro Alba Linares solo quería vengarse de Isabel y por ello termina dejando a la niña con una tía que la ha tenido en niveles de miseria y malos tratos.

Hace dos meses una compañera de estudio de Kiera en Medellín ve el video que Salcedo se empeñó en difundir con varios medios, donde aparece el rostro de la niña, lo ocurrido y la búsqueda que su mamá lleva. Le habría comentado “Mira, esta eres tú y dicen que tu mamá te está buscando”. El impacto de Kiera, su reacción, sus lágrimas y sus miedos estallaron atrayendo la atención de la escuela, que llamó a las autoridades y por fin se supo dónde y con quién estaba Kiera. La sorpresa es que su padre la había dejado en Colombia y se fue para los Estados Unidos.

Kiera no ha sido devuelta a Isabel, porque los organismos colombianos han retardado todo el proceso burocrático, ni siquiera porque se han restablecido las relaciones diplomáticas, políticas y comerciales entre Colombia y Venezuela

Lo primero que Karla Salcedo Flores le die a Infobae es “Keira apareció”, consciente de su triunfo sobre un sistema plagado de jueces corruptos, bufetes que arman delitos, fiscales que hacen gala de negligencia o cooperación con las mafias, funcionarios mercaderes de los consejos de protección, al que se la han sumado funcionarios diplomáticos que pregonan ser amigos de Nicolás Maduro. Y la red está extendida a otros estados como Anzoátegui, Carabobo, Táchira y muchos más.

Quiénes y cómo

Cuando hace cinco años, Isabel Rinaldo Andazora desesperada por encontrar a su hija, y en medio del proceso judicial que continua contra ella por las denuncias del cubano, acude al Ministerio Público y al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), quienes remiten el caso a Interpol, porque Pedro Alba había salido del país y supuestamente se llevó a la niña a los EEUU.

La periodista Salcedo Flores, en conversación con Infobae, destaca los datos de ese caso, los funcionarios actuantes y el largo camino recorrido hasta encontrar a la niña.

Expediente: Régimen de Convivencia AP51V-2016-007572 pasó del Tribunal 13 de Mediación al l1 de Juicio.

Jueces que retrasaban o dejaban de hacer: Yasmina Ramos, Mara Bastidas y Betilde Araque.

La entonces juez sexta de Protección, Fernández de Amoroso, le prohíbe a Salcedo hablar del caso

Modificación de Custodia: AP51-V-2016-007570. Pasó del Tribunal 24 de Mediación al Tribunal 14 de Mediación. Jueces: Dagiely Palma. Betilde Araque. Secretaria Carmen Sotillo.

Acción de Disconformidad. AP51-V-2017-003966 pasa del Tribunal 13 de Mediación al 14 de Mediación. Jueces: Yasminia Ramos y Lenni Carrasco.

Privación de Patria Potestad. AP51-V-2017-015266. Del Tribunal 12 de juicio pasa al 1 de Juicio.

Expedientes revisados por el TSJ en Sala Constiucional que produjo la sentencia 097 del 15 de mayo 2019 ordenando, con carácter vinculante, que no pueden abrirse expedientes con las mismas personas en diferentes tribunales.

En todos los casos la Fiscal 97, María Da Corte (nombrada Juz de LOPNA) intervino de manera pasiva y Yaritza Gómez. Las consejeras de Protección de Libertador: Yanisett Sánchez, Karina Colina y Ana Cardoza.

Fiscales: 104 del Ministerio Publico. Las que estaban en los años 2017-2018 2019. “Una de apellido Villasana. No tengo el nombre de la otra”, dice Salcedo.

Luis Castillo era fiscal auxiliar de la 104 y siguió siendo fiscal. Las jueces actuaban bajo las ordenes de Felipe Hernández Trespalacios, sub director de familia, quien al ser destituido por corrupción se convirtió en el abogado defensor del padre de la niña Pedro Alba Linares; Carmen Cotillo, que era secretaria de los casos, también se convirtió en defensora del cubano que secuestró a la niña.

Modus operandi. Abren procedimiento por Régimen de Convivencia. Abren otro expediente por Modificación de Custodia. Luego denuncian paralelamente el delito penal en Fiscalía o Consejo de Protección. Y luego que comienza el expediente penal, demandan por privación de patria potestad. Y así obtienen medidas para quitarle la custodia a la madre.

La mafia sigue funcionando

Del Tribunal Sexto de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, Joselyn Vanessa Fernández Amoroso, sobrina del Contralor General de la República, Elvis Eduardo Hidrobo Amoroso, ascendió a Jueza Coordinadora Encargada del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.

El entonces presidente del TSJ, Maikel Moreno en el XVI Foro Derechos de la Infancia y Adolescencia 2019 donde habló de la importancia de los niños para la sociedad

“En el caso de Rosa Reyes Rebolledo, quien era presidente del circuito judicial de Caracas de los tribunales de Protección (LOPNA), pasó a la Cancillería en el cargo de Restituciones internacionales, pero dejó sus tentáculos en el sistema de Protección”

La periodista Karla Salcedo Flores le dice a Infobae que “al denunciar estos casos, recibí correos electrónicos pidiéndome que no publicara más en mis redes. Las amenazas continuaron. Cada vez que hago un Instagram live del tema, mandan a sus emisarios a ofenderme”.

“El caso de Isabel es uno de los más emblemáticos y que logramos viralizar hace  más de 2 años, porque a Isabel Rinaldo la metieron presa en los calabozos y la acusaron de haber violado a su hija. Justo en ese momento se la quitaron. Luego, hubo investigación y quedó absuelta y libre. Keira es de nacionalidad italiana venezolana, y fue sacada del país de manera irregular”.

“La juez Carmen Zuleta emitió sentencia en el caso de Isabel luego de unas mesas de trabajo que se hicieron en el TSJ para dar celeridad a estos casos. Yo particularmente le escribí al Fiscal General de la República, Tarek William Saab y pedí su intervención para que las madres tuvieran respuestas. Fueron designados Fiscales Nacionales para investigar y luego llegaron al TSJ para dichas mesas de trabajo”.

Declara como insólito que “en el caso de Isabel, el papá de Keira logró que Interpol le quitara la alerta roja y sobre Keira hay una alerta amarilla, pese a que según la sentencia de la juez Zuleta, la niña debía ser restituida a su madre”.

Daniela aparece muerta

Madres denuncian ante los Tribunales de Protección la violación al debido proceso en los casos de niños y adolescentes

Daniela Valentina Montañez es una de las madres víctimas del sistema de menores en Venezuela, relata Salcedo. Le entregaron la custodia del niño al papá, Adrián Alberto Novoa Moreno, alegando “problemas de conducta de la mamá, de atención y maltrato. Es un patrón que se repite”.

“El modus operandi es asi: el padre dice que la madre maltrata al hijo, que lo abusa sexualmente o que lo tiene abandonado. El siguiente paso es que el Estado entre en juego para “beneficio del niño” y que le quiten el niño a través de la custodia entregada al padre. En este caso, no fue la excepcióm”.

“Daniela inició una lucha mediática importante, estuvo encadenada en las puertas los tribunales competentes de LOPNA (Ley Orgánica de Protección de Niños y Adolescentes) en Caracas. Ella estuvo dando la batalla y la lucha por su hijo. En algún momento el Tribunal recapacita y le regresa al niño, pero en ese proceso en que además estábamos en plena pandemia Covid, Daniela murió”.

“Hubo un informe súper extraño diciendo que Daniela se había practicado un aborto. Todos quedamos muy impactados, incluyendo a su pareja sentimental, quien asegura que no había tal embarazo. Todo fue muy raro y ojalá la muerte de Daniela Montañez alguna vez quede esclarecida, porque no creo en esa extraña versión que dieron de su muerte”.

“Además, el padre del niño estaba en Venezuela, porque no fue que él se había ido del país. Daniela tenía un espíritu irreverente, difícil, tenía un carácter aguerrido, por lo que para un hombre como ese (papá de su hijo) era muy fácil decir que se había suicidado o que se había hecho un aborto loco en la casa. Yo no creo eso, porque la conocí”.

El Fiscal lo sabe

En octubre 2020 la periodista Karla Salcedo Flores notificó formalmente al Fiscal General de la República, Tarek William Saab lo que estaba ocurriendo en los Tribunales de Protección de niños y adolescentes, iniciando el escrito con la lapidaria frase “espero que usted pueda poner especial atención al caso que le voy a presentar”.

Tarek William Saab, Fiscal General de la República tiene conocimiento desde hace años de lo que está ocurriendo en los Tribunales de Protección y con los Consejos de Protección de Caracas y Carabobo.

Después de relatarle que fue contactada desde hace casi tres años por la madre de un niño para que denunciara lo que estaba sucediendo “comencé a investigar cómo funcionan los tribunales de LOPNA (Tribunales de Protección de Niños Niñas y Adolescentes), qué hacen para entregar las custodias de los niños, y sobre todo y lo mas llamativo ciudadano Fiscal, cuánto vale ilegalmente un proceso en estos tribunales de niños y adolescentes”.

Salcedo, sin vacilar, le dice al Fiscal: Hay una mafia dentro de los tribunales de LOPNA y quiero que usted conozca todo esto con las pruebas que le haré llegar.

Hay una similitud muy poderosa en todos los casos: mismo modus operandi, mismos nombres, misma juez y abogados”.

Víctima de los tribunales de Protección el padre de una niña de la que fue separada denuncia el tráfico de niños

Según lo que la periodista destacó en esa comunicación al titular del Ministerio Público, el modus operandi en ese momento del año 2020, porque hoy en el 2023 tiene algunos actores nuevos, “la jueza Rosa Isabel Reyes Rebolledo se ha dado a la tarea de crear un grupo cercano de abogados que captan casos donde puedan manejar una fortuna muy grande de dinero que reparten entre todos”.

El primer paso “del equipo de Rosa Reyes es abrir un expediente en tribunales penales, acusar a la mamá del niño de alcohólica, problemas mentales, drogadicta, violadora de niños o cualquier otro delito”.

Segundo paso: “el caso llega a los tribunales de LOPNA, donde el equipo de Rosa Reyes está moviendo sus hilos para entregar la custodia al papá del menor, quien tuvo que haber pagado entre 10 mil y 30 mil dólares, dependiendo de cada caso. La sentencia, siempre a favor de quien pagó. Le arrebatan los niños a las mamás sin ningún tipo de defensa, sin el debido proceso”, porque como explica “hay mucha plata de por medio. No pueden ir a un juicio justo porque no hay pruebas de nada”.

Salcedo le indica 10 casos al Fiscal General donde se puede evidenciar el modus operandi que denuncia. 

La denuncia con los diez casos dirigida al Fiscal General en el 2020

Infobae, para mantener la reserva de los nombres de los niños protege los datos de mayor referencia:

Caso uno: los hermanos de 12 y 6 años:

Padres: Yurai Salazar Amundaray y Juan Carlos Carrero Guevara. 

Delito denunciado e imputado: trato cruel continuado.

Fiscal 109: Sulmaira Márquez Duque. Exp. MP- 73343-2018.

Juez 5to. en Funciones de Control de Caracas: Francis Segovia. Exp. 5-C-S-1389-18.

Nota: Todas las actuaciones de carácter penal fueron utilizadas como un trampolín para darle algún matiz de licitud y legalidad al vil procedimiento de Modificación de Custodia, que la madre ostentó desde que sus hijos nacieron.

Tribunales de LOPNA entonces presididos por Rosa Isabel Reyes Rebolledo. Juez Tercero de Primera Instancia de Mediación, Haydee Lissette Vincet, decretó Modificación de Custodia a favor del padre y dictó Medida de Alejamiento, Asunto Principal AP51-V-2019-002221-P, Cuaderno de Medidas AH52-X-2019-002221- 1.

Alfredo Pereira Mendoza, 20 de Primera Instancia de Mediación, decretó divorcio, cerró las instituciones familiares, incurre en falta de pronunciamiento y a pesar de ser el Juez natural, se desprende del expediente sin justa causa; Raiza Bastardo, 5to. de Primera Instancia de Mediación, incurre en erradas interpretaciones en cuanto a recursos y falta de pronunciamiento, materializando dilaciones indebidas y retardo procesal. Ronal Igor Castro, 4to. Superior, no admite Acción de Amparo.

Abogados de la contraparte: Maryan Palmera y Enoé Carrillo Castellanos.

Caso 2: también hermanos

Madre: Emily Benítez Marcano.

Padre: Jesús Antonio Villanueva Cruz.

Juez 32 de Mediación en Lopna, Faraha Antor y luego Rafael Piñate.

El padre introduce Modificación Provisional de Custodia. Exp Nro. AP51-V-2016-008270.

Juez 15 de Mediación de LOPNA, Lenny Carrasco.

La madre introduce Restitución de Custodia. Exp. Nro. AP51-V. 2016-16670. Juez 2do de Juicio de LOPNA, Salvador Mata, decretó modificación de custodia a favor del padre. EXP Nro. AP51V2016008270. Juez 2DO Superior de LOPNA, Jakcleline Landaeta, Decretó sin lugar la Apelación e impuso Régimen de Convivencia Supervisado a favor de la madre, cada 15 días, 4 horas en el tribunal, pero el padre incumplió.

Abogadas de la Contraparte: Marián Palmera y Enoé Carrillo.

Caso 3: la odontóloga

Madre: Enza M. Ganci I.

Padre: Bayan Saab Richani.

Delito denunciado e imputado: Comisión por omisión en el delito de abuso sexual, conociendo la causa la Fiscal 2 Arelis Veliz, EXP. N° MP-36127-18 y el Juez 2 en Violencia de Género, Auralis Pérez. EXP.N°GP01-S-2018- 000631.

Expediente Medida de Alejamiento: a través del Consejo de Protección del municipio Valencia, estado Carabobo, a cargo de Solange Moya, Gabriel Salcedo y Argenis Rivero. Expediente Administrativo N° 6883-E.

Expediente LOPNA: Juez 5TO de Protección, Eduarda Gil, quien decreta Medida de Custodia Provisional exclusiva a favor del padre, EXP. N° GP02- V-2018-000164.

Fiscal 18, Miroslava de Jesús Pinto Escobar.

Caso 4: una adolescente y una niña

Madre: Liliana García Muentes.

Padre: Orlando Márquez.

Delito Denunciado e Imputado: Trato cruel continuado.

Fiscal 121 José Ferreira.

Expediente de Medida de Alejamiento, Nro. 4966: a través del Consejo de Protección Municipal de Baruta.

Expediente LOPNA: Juez 20 de Mediación, Alfredo Pereira, quien decreta Custodia Provisional de ambas niñas a favor del padre. Expediente AP51-V-2018-00134 y el Juez 3 de juicio, Betilde Araque, secretario Freddy Amundaray Torrealba, decretó el divorcio y ratificó la custodia a favor del padre

La Consejera de Protección de Baruta, Glennys López, el 8 de noviembre 2018, dictó a la madre Orden de Alejamiento, incluso desalojándola de su hogar.

Juez 3 de LOPNA, Betilde Araque, secretario Freddy Amundaray Torrealba, ordena el divorcio y ratifica custodia a favor del padre, estableciendo régimen de convivencia a favor de la madre en un Centro Comercial de 2 a 6 de la tarde.

Caso 5: es extranjera

Madre: Juliana Castellanos.

Trámite de Colocación Institucional a través del Consejo de Protección, municipio Libertador, a cargo de las funcionarias Marisela Villamediana Mandry, Dora Arráiz, Viviana González, inicia trámites de colocación institucional de la niña a los 3 días de nacida.

Expediente LOPNA: El juez 20 DE Mediación de LOPNA, Alfredo Pereira Mendoza, en la Causa AP51-V-2019-1165- P, decretó la colocación de la niña, en una institución privada, y es quien debe pronunciarse por restitución o reintegración familiar solicitada.

El Despacho Fiscal 22 a cargo Yoel Monjes, bajo el número N- 34 57 002 -2019, 8-04-2019, en el mismo hospital donde nació la niña, el Consejo de Protección del Municipio Libertador, inicia los trámites de colocación institucional, porque la madre al dar los datos, y por temor a ser deportada, ya que es extranjera e indocumentada, se identificó con otro nombre. El padre de la niña se percató de ello al ver la historia médica y le recomendó a la madre que resolviera el problema, notificándolo al Departamento de Historias Médicas, desde donde los remitieron al Departamento de Trabajo Social y luego al Consejo de Protección, quien remite la causa a la Fiscalía 22.

El Consejo de Protección ordenó la corrección del libro de actas e historias médicas, pero antes de hacerlo, según reveló Castellanos “la conseiera Marisela Villamediana le exigió al padre de mi hija, el pago de USD 8.000, de lo contrario no presentaría a mi hija. Acudimos a la Defensa Pública y se logró que la niña fuera presentada por el padre”, pero para ese momento la niña estaba en la organización privada donde no le permitían contacto con la bebé, ni amamantarla.

Caso 6: bebé de dos años

Madre: Karen González.

Delito Penal denunciado e imputado: Tratro cruel continuado, denuncia del padre contra González.

Fiscal 109 Sulmaira Marquéz Duque, Exp. Nro. MP- 271210-2019.

Expediente de Modificación de Custodia: a través del Consejo de Protección, municipio Libertador, a cargo de las funcionarias Dora Arráiz, Jaqueline Torrado, Karina Colina y Yanisett Sánchez. Dictan Medida Custodia Provisional a favor del padre del niño. Y a la madre Medida de Alejamiento, causa identificada bajo el Exp. Nro. CPNNAL 3.051-008-2019.

Funcionarios policiales irrumpieron en casa de Karen González, de manera violenta y arbitraria, se la llevaron al módulo de Policía en Ruperto Lugo y le quitaron al bebé. Sin evaluación, dictaminaron medida de Protección, se ordenó la separación inmediata de la madre y se le prohibió acercarse al entorno donde reside el bebé, quien era lactante de un año y ocho meses.

“Fiscalía 109 no le da seguimiento al caso, no reposan en el expediente las resultas las evaluaciones realizadas a mi hija, ni tampoco los informes de talleres a lo que tuve que asistir de acuerdo a lo establecido por la institución, y mientras el tiempo transcurre no he visto a mi hijo”.

Interpuso acción de Amparo Constitucional AP 51-0-19-7751- P, en contra del Consejo de Protección, que fue inadmisible y se ordenó cierre y archivo definitivo del expediente, firmada por los abogados Betilde Araque Granadillo y Freddy Amundaray Torrealba.

Caso 7: cuatro años

Madre: Jenetsy Guadalupe Arias.

Padre: Carlos Antonio Salanova Díaz.

Expediente Modificación de Custodia. Juez 8vo. Mediación LOPNA, Milagros Antonieta Zapata Ramírez, decretó medida preventiva de Custodia Provisional a favor del padre; EXP, AP51-J-2020-002091-P, AH52-X-2020-000005.

El 4 de junio 2020, un equipo multidisciplinario de LOPNNA, acompañado con funcionarios del CONAS, con las armas de fuego a la vista, le quitaron a la madre el niño de cuatro años.

Caso 8: la niña EEUU

Padre denunciante: Eduardo Martín Geymonat, es uruguayo y venezolano. Su hija de 5 años nació en los Estados Unidos.

Fraude Procesal en el Circuito de Protección de Caracas.

Expediente: AP51-V- 2016-018241.

Jueces: Dagiely Palma (27) y Milagros Zapata (8)

En noviembre 2016 se presenta, por los Tribunales de Protección de Caracas demanda de divorcio, custodia, permanencia en el hogar, régimen de convivencia familiar, manutención y administración de bienes. En diciembre 2016 se dictan medidas cautelares.

La niña, estadounidense de un año y 7 meses y la familia residían en Bogotá, Colombia. Todo a espaldas del padre. Ni la niña ni su mamá regresaron a Venezuela, La niña se encuentra en São Paulo Brasil. Desde el 2016, el tribunal mantiene las medidas provisionales, no hay realizado ni la primera audiencia, no acepta la contestación de la demanda y no se pronuncia sobre el fraude.

Caso 9: el militar

Madre: Diana M. Stella M.

Padre: militar de la Aviación, Alejandro J. Guevara H.

Expedientes en Lopnna: AP51H2017003088, AP51-V-2017- 005014. Tribunales 12 y 15, Tribunal 2do y 3ro Superior

Jueces Edelwis García, Lenin Carrasco Dorante, Iván Cedeño, Aurimar Cáceres y Yaqueline Landaeta.

Expediente en jurisdicción penal: 15- J-1165-18, jueza Jhosmar Dinorah González. “Querella por difamación agravada en base a un escrito de mi defensa consignado en los Tribunales de Lopna. El progenitor de mi hijo ha logrado todos estos actos haciéndose valer de su investidura de Militar Activo de la Aviación”.

Caso 10: dolorosa historia

Madre: Daniela Montañez Yumar, madre del niño de 5 años.

Expediente LOPNA: AP51-S-2020-2266-P.

Tribunal Sexto de LOPNA: Jueza Joselyn Fernández Amoroso.

El 16 de mayor 2020 16-05-2020, Daniela se da por notificada de una Medida Anticipada de Custodia, decretada por la Juez Lenni Carrasco Dorante, quien posteriormente, se inhibió del caso, quedando la Juez Joselyn Fernández Amoroso.

El largo camino de una periodista por revelar las irregularidades en los Tribunales de Protección Infantil: diez casos aterradores - Infobae


lunes, 3 de abril de 2023

“¿Van a dejar morir a mi hijo?”; la madre del periodista Ramón Centeno reclama atención médica y su libertad


Sebastiana Barráez

@SebastianaB

Exclusivo para FronteraViva

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El periodista Ramón Jesús Centeno Navas y Gabriel Enrique Zambrano Guerra están presos por realizar una entrevista, el 22 de enero 2022, a un narcodiputado chavistas preso. Unos días después, el 31 de enero, Centeno sufre un aparatoso accidente, por el que debieron operarle la cadera. El 2 de febrero, por una supuesta información anónima, ordenan la detención del periodista y de Zambrano, allanan su vivienda, se llevan el computador con el material de la entrevista y son presentados ante el tribunal el 7 de febrero. Desde entonces la salud del comunicador social, egresado de la Universidad Cecilio Acosta del Zulia, se ha deteriorado, más aun después que la acción de un custodio lo obliga a usar silla de ruedas y hace unas semanas otro recluso lo golpeó y lo tumbó del lecho.

Es necesario que organizaciones como Reporteros Sin Fronteras, Organización de Estados Americanos (OEA), la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, así como organizaciones de defensa de derechos humanos en Venezuela, se unan para reclamar condiciones dignas y de justicia para Ramón Centeno encarcelado por ejercer sus funciones como periodista.

Omaira Navas le dijo a FronteraViva, que está preocupada y angustiada porque la salud de su hijo, la cual es alarmante porque médicos que han visto los informes le han advertido que el joven está corriendo el riesgo de desarrollar septicemia. El periodista permanece casi todo el tiempo en cama y solo puede trasladarse en silla de ruedas, siempre aquejado de dolor y estuvo muchos días con fiebre.

“Es el clamor de una madre venezolana, que tiene más de un año con su hijo encarcelado y en un grave riesgo de salud. Por el trato cruel e inhumano que recibió en el comando se le salió un tornillo de la cadera, por lo que adquirió una infección, que si no es operado de emergencia , corre el riesgo de morir. Los sitios a dónde lo llevaron dijeron que ahí no podían operarlo. ¿Quieren dejar que mi hijo se muera? Ya basta. Pido la liberación de mi hijo, de inmediato o lo van a dejar morir tras las rejas, cuando no hay ningún motivo para que él esté ahí más que por estar haciendo su trabajo periodístico. ¿O es que ya los periodistas no pueden hacer nada?”.

“A él lo metieron preso por haber hecho una entrevista periodística, cuando ese es su trabajo como profesional. Ese día que se lo llevaron, allanaron el apartamento, sin considerar que él estaba en rehabilitación después de un accidente automovilístico. Ahora está en ese sitio postrado en una cama, sin atención médica. Esa infección que tiene en el implante de la pierna, de lo que el médico dice que hay que operarlo de inmediato o puede causarle la muerte. ¿Qué están esperando ustedes, que mi hijo se muera? ¡Ya basta! ¿hasta cuándo?”, manifiesta Omaira Navas. (https://www.fronteraviva.com/el-periodista-y-dirigente-del-chavismo-detenido-por-entrevistar-a-narcodiputados-que-fue-imputado-por-una-denuncia-anonima-y-abandonado-por-sus-companeros/?amp).

Los médicos

En el Hospital Universitario de Caracas, la doctora Lady Espinoza, residente de traumatología y ortopedia, emitió como diagnóstico, el 31 de marzo 2023, que el periodista Ramón Centeno tiene una “infección periimplante por RAFI con placa DCS por fractura de 1/3 proximal de fémur derecho”, por lo que indicó “RMN de muslo y cadera derecha, VSG, PCR, HC para revaloración”.

Ella dice en su informe que es un “paciente masculino de 33 años quien refiere inicio de enfermedad actual hace 1 mes cuando posterior a caída presenta dolor y aumento de volumen en cadera derecha en zona de cirugía previa por fractura de fémur”, agrega el antecedente de “cirugía de cadera derecha hace 1 año y 8 meses tratada con DHS”.

Ramón Centeno en el hospital conversa con una de las médicos tratantes

En el examen físico destaca “extremidades: simétricas, eutróficas, cadera derecha dolorosa a la movilización pasiva y activa, zona de herida postquirúrgica en cara lateral de muslo dolorosa a la digitopresión sin signos de flogosis, llenado capilar menor a 3 segundos, pulsos distales presentes. Neurológico: Vigil, no se encuentra orientada en tiempo lugar y persona, incoherencias, alucinaciones, glasgow 15/15pts”.

Por otra parte, ese mismo día, dos médicos cirujanos se encargan de realizarle y evaluarle el ultrasonido de piel y partes blandas, realizando cortes longitudinales y transversales sobre la parte lateral del muslo derecho.

El 10 de febrero 2023, nuevamente el periodista es trasladado a la emergencia del Hospital del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) “Dr. Domingo Luciani” de Caracas por presentar fuerte dolor de cabeza. La doctora Dunia Castillo recomienda realizarle una tomografía cerebral.

El informe de la consulta de emergencia en el Hospital Domingo Luciani

El problema de Centeno Navas y Zambrano Guerra, además de la violación a sus derechos humanos y al debido proceso, es que, en un país tan polarizado como está Venezuela, la situación que vive un periodista que ha sido dirigente del partido de gobierno es tratado con desdén por quienes asumen que la justicia como el respeto depende del bando político de la víctima.

Y, por supuesto, los periodistas de los medios de propaganda del Gobierno no demuestran la mínima solidaridad para visibilizar el caso de quien hasta ese momento compartía la ideología de partido y el ejercicio de la profesión, por el temor a ser estigmatizados por los funcionarios del Gobierno y quienes controlan el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). El que cae en desgracia en el chavismo es inmediatamente aislado por sus hasta ese momento compañeros de causa.

Omaira, la madre del periodista Ramón Centeno, sigue en su lucha por la justicia para su hijo en los tribunales y reclamando la atención médica que el joven necesita. 

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