El Ejército de Venezuela se retira de la zona donde se enfrentó con la disidencia de las FARC en la frontera con Colombia

 

Tras dos meses y medio de conflicto, el balance arroja 16 militares asesinados, ocho secuestrados y algunos desaparecidos. La guerrilla se mostró celebrando la retirada de los uniformados en varios pueblos de Apure

Sebastiana Barráez/ lunes 31 de mayo 2021

@SebastianaB

 

Tomado de Infobae

 

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) ha marcado un repliegue en su enfrentamiento con las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en el estado Apure, a casi dos meses y medio desde que se inició el conflicto armado el 21 de marzo 2021 y que le ha costado a la institución castrense 16 militares asesinados , ocho secuestrados y algunos desaparecidos. Gran parte del personal fue desplazado de la zona.

Traslado de militares heridos en Apure (Cortesía Javier Tarazona)

El 28 de mayo numerosos militares del Ejército y los rurales de la Guardia Nacional salieron de la zona. En la vía desde La Victoria hasta La Soledad, no quedó ninguna de las 9 alcabalas que había. Desde La Victoria a Guasdualito solo quedaron dos de las siete 7 alcabalas o puntos de control. La mitad del personal militar, que fue llevado durante estos dos meses, salió del lugar.

“Los tanques de guerra fueron trasladados hasta una instalación militar cercana a La Victoria; los vehículos que estaban en buenas condiciones también fueron llevados hasta ese lugar. Lo que sí se llevaron fue los carros dañados. Las tanquetas del CONAS (Comando Antisecuestro) estaban ocultas, pero ya las sacaron y las tienen en el comando de la GNB en La Victoria”.

El 22 de abril el comandante de la GNB en la visita a La Victoria de Apure

Militares aseguraron a Infobae que les han asegurado que sustituirán a todo el personal que quedó por ahora en la zona. El sábado, 29 de mayo, en la noche se oyeron ráfagas de armas largas y cuatro estallidos de lo que serían bombas o minas antipersonales. En La Primavera aseguran que el Ejército venezolano está desactivando las minas y bombas colocadas por la guerrilla en el lugar. “No sabemos qué tan cierto es, pero por información de Inteligencia se supo que la carretera entre La Victoria y El Nula está minada en varios puntos”.

Es importante destacar que esa misma noche del 28 de mayo, la guerrilla se mostró en el pueblo de La Victoria, El Ripial, La Capilla y Santa Rosa, celebrando la retirada militar. 

“En el pueblo hay varios guerrilleros de los que estaban al mando de alias Ferley (fracción Gentil Duarte) que aseguran que se van a enfrentar con hombres de la Segunda Marquetalia, porque tienen información que son ellos quienes los van a combatir ahora que el Ejército venezolano se fue”, dijo a Infobae un habitante del Alto Apure. 

Enfrentamientos

El 26 de mayo a las 12:20 PM la disidencia de las FARC fracción Gentil Duarte dispararon contra “las voladoras” de la Armada colombiana, que  se desplazaba por el río, a la altura del sector Montillero y/o La Capilla. Se inició fuego cruzado entre militares colombianos y guerrilleros, lo que aterrorizó a los habitantes del sector. 

Voladoras es el nombre que los habitantes de la frontera dan a las embarcaciones rápidas con motores fuera de borda normalmente utilizada para transporte de personas o materiales de diverso tipo.

Soldados colombianos patrullan el río Arauca en la frontera entre Colombia y Venezuela desde Arauquita (REUTERS/Luisa Gonzalez/archivo)

“Aquí en Venezuela no hay gobierno para la guerrilla”, dice JA, un habitante del sector, quien expresa su indignación porque “esa gente, las FARC, anda uniformada y armada por territorio venezolano”.

En diálogo con Infobae agrega JA que “la guerrilla es visible con sus uniformes y armamento, desde Santa Rita hasta La Capilla se les ve, se han metido para los arenales, donde se están atrincherado”, agregando que eso ocurre desde que se agudizó el problema entre la Fuerzas Armada Venezolana y las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

El ataque de la guerrilla contra las voladoras de la Marina Colombiana se originó cuando los militares colombianos les decomisaron dos falcas, es decir dos canoas grandes y planas, a las que le hacen unos techos de lona o plástico, que tiran de un lado a otro del río y con las cuales la guerrilla estaba transportando alimentos para sus campamentos en territorio venezolano.

Una falca con refugiados venezolanos a bordo llega a Arauquita, Colombia (REUTERS/Stringer)o

“Las dos falcas estaban llenas de mercado. Las FARC se molesta con la Marina Colombiana y subieron en moto para emboscarlos en la orilla del río Arauca. Cuando las voladoras de la Marina subían, los guerrillos les cayeron a plomo. Ahí se armó el enfrentamiento porque los marinos colombianos respondieron al ataque”, finaliza diciendo.

Desde que hace unos días las FARC-Gentil Duarte filtró un video, como fe de vida, con los ocho militares que tienen secuestrados, no ha habido respuesta de la Fuerza Armada ni de los altos jerarcas del Gobierno. El repliegue del Ejército en Apure pudiera facilitar la entrega de los militares secuestrados o pudiera recrudecer la guerra si es una estrategia militar para replantear los ataques.

ttps://www.infobae.com/america/venezuela/2021/05/31/el-ejercito-de-venezuela-se-retira-de-la-zona-donde-se-enfrento-con-la-disidencia-de-las-farc-en-la-frontera-con-colombia/

Tortura, ultraje, denegación de justicia y violación al debido proceso contra 10 policías y militares venezolanos de la Operación Honor y Gloria

 

El Observatorio Nacional de Derechos Humanos ha visibilizado el caso que se mantenía en el silencio. Familiares cuentan que encarcelaron "porque suponían que iban a hacer algo contra el Gobierno, pero sin pruebas ni nada"

Sebastiana Barráez/ domingo 30 de mayo 2021

@SebastianaB

 

Tomado de Infobae

 

Tortura, ultraje, denegación de justicia y violación al debido proceso; así se resume el caso Honor y Gloria, de diez entre policías y militares, de los cuales siete están en la cárcel de El Rodeo III, uno en el Rodeo II y uno en Ramo Verde; la mayoría son de los estados Sucre y Anzoátegui. El Observatorio Nacional de Derechos Humanos ha visibilizado el caso que se mantenía en el silencio. Familiares cuentan que “los meten presos porque suponían que iban hacer algo contra el Gobierno, pero sin pruebas ni nada”.

Cësar David Mayora Guacare antes de ser detenido y visiblemente desmejorado después de salir de la DGCIM y ser enviado a la cárcel El Rodeo III.

Revela el ONDDHH que “fueron llevados a una sede judicial para imponerles la acusación por su presunta participación en el caso Honor y Gloria, coaccionados a admitir los hechos so pena de ser condenados a 30 años de prisión si este caso era llevado a juicio”. 

Si admitían los hechos les ofrecían "condenarlos en esa misma audiencia a 17 años de prisión. Ante la negativa, fue admitida en su totalidad la acusación ratificando la medida de privación de libertad".

La Juez del Tribunal 2do. Especial de Terrorismo, es Hilda Rosa Villanueva Peralta. Entre los fiscales que han estado involucrados en el caso Honor y Gloria están: Elin Teodoro León Aguilar, Dinora Bustamantee Puerta y Farik Kain Mora Salcedo, entre los defensores públicos Marjorie Maily Maggiolo Díaz y Chiriannys Pacheco.

Juez del Tribunal 2do. Especial de Terrorismo, Hilda Rosa Villanueva Peralta

Jorge Rodriguez

Fueron señalados, por el entonces ministro Jorge Rodríguez, de pretender, el 15 de diciembre 2019, el asalto a dos unidades militares, la Base Gran Mariscal Sucre y el Comando de la Guardia Nacional Nr. 53, cumpliendo órdenes de Voluntad Popular, específicamente de Leopoldo López, Juan Guaidó, Yanet Fermín y del diputado Fernando Orozco, “quien reclutó a dos policías del estado Sucre: Sixto Salamanca y José Miguel Yeguez”, y se reúne con Josnars Adolfo Baduel  Oyoque, dijo el alto funcionario y hoy presidente de la Asamblea Nacional chavista.

Jorge Rodríguez denunciando la Operación el 14 de diciembre 2019

Ese día Jorge Rodríguez calificó al diputado Fernando Orozco de sindicalista mafioso “delincuente, asesino” a quien llamaba alias Oro Negro. Presentó un video del parlamentario, supuestamente del 9 de diciembre 2019, hablando en  un sitio con mucho ruido y refiriéndose a la toma de un cuartel del Ejército, donde habría 150 fusiles.

Por el caso que el régimen venezolano llama Honor y Gloria hay 10 detenidos, entre militares y policías: Alexi Jiménez, Deivis Malavé, Justo Salamanca, César Mayora, José Yeguez, Marcos Fuente, Luis Lira, Juan Carlos Macualo, Jesús Castro y Víctor Rodríguez.

Terrorismo y conspiración

José Miguel Yeguez

A José Miguel Yeguez, detenido el 13 de diciembre del 2019, en su residencia, sin ninguna orden de aprehensión, en Cumaná, estado Sucre, “lo acusan de terrorismo y conspiración. Lo fueron a buscar a la casa a la una de la madrugada, con la excusa de que el jefe lo mando a buscar para un trabajo, y esa misma noche, lo trasladaron, junto con Sixto Salamanca para la sede de la DGCIM en Boleíta de Caracas”, relata a Infobae su esposa.

“Horas después de la captura aparecieron unos videos con sus declaraciones. Ahí fue donde nos enteramos de qué los acusaban”, dice en alusión a la rueda de prensa que Jorge Rodríguez da el 14 de diciembre, donde presenta el video de la reunión.

A Yeguez quien lo busca en su casa es la Policía Estadal. “Una hora después se presentó una unidad de la DGCIM a la casa, sin ninguna orden, se llevaron la computadora y una laptop escolar, entre otras cosas”. Su primera presentación ante el Tribunal fue el 16 de diciembre de 2019 y su abogado es su hermano.

Fue presentado para el Acto Conclusivo el 30 de enero del 2020. El 3 de marzo 2020 es la fecha de la audiencia preliminar. Los fiscales son Dinora Bustamante, Fiscal (83 Nacional), Dr. Farik Karin Mora Salcedo Fiscal (67 Nacional). Juez: Helen Villanueva.

Sixto José Salamanca Jiménez, oficial jefe de la policía estado Sucre

Yeguez trabajaba en la policía Estadal desde el año 2008. “En el momento de su detención era el encargado de la cocina, Jefe de cocina. Comparte celda con Alexis Jiménez, Sixto Salamanca y otros”. Estuvo un año detenido en la DGCIM y luego es trasladado a la cárcel el Rodeo III, donde está atravesando problemas gástricos e insomnio.

Bajo engaño

Deivis Miguel Malavé Ruiz

Marcos de Jesús Fuentes González, apenas tenía apenas un año de graduado cuando unos compañeros de trabajo lo van a buscar en su casa de habitación en el estado Sucre. “Él no se encontraba en ese momento; lo hallaron al frente de la casa de su suegra y le dijeron que debía presentarse ante su jefe. Así se va con ellos y esa noche llamaron para decirnos que estaba detenido”, relata un familiar a Infobae.

Marcos de Jesús Fuentes González, Policía de Sucre

Cuando su mamá va al Comando “la información que le dieron es que eso está en proceso de averiguación. Su mamá regresa al día siguiente y le informaron que a Marcos lo habían trasladado a la DGCIM en Caracas. Y también detuvieron a un compañero de él llamado Deivis”.

Deivis Malavé Ruiz es funcionario del estado Sucre. Al mediodía del 15 de diciembre 2019, mientras disfrutaba de ese fin de semana libre, una comisión policial fue a buscarlo a su residencia “para un cambio de guardia”, le dijeron y se lo llevaron bajo engaño hasta que se enteró después que estaba detenido.

Al día siguiente lo trasladaron para la DGCIM Caracas. “Pasó un mes sin que su familia supiera nada de él. Nadie daba razón. El 15 de enero 2020 le permitieron hacer una llamada y así se sabe que lo tienen en la DGCIM de Boleíta”, le dice a Infobae un familiar.

A Malavé lo señalaron de traición a la patria, terrorismo y asociación para delinquir. “Hoy en día ni la preliminar le han hecho, porque siempre la difieren. Hace 10 meses  lo trasladaron para el Rodeo III”.

La familia de Malavé es humilde y la situación se agudizó cuando a él lo detuvieron porque al detenerlo le congelaron el sueldo. “Aquí en Cumaná no hubo ningún intento de tumbar al gobierno. Ese fin de semana Deivis se quedó en la casa sin salir. En el allanamiento no lo encontraron  ni con arma”. Lo único que sus familiares exigen al Ministerio Público es que hagan la audiencia.

Detenido en Apure

Juan Carlos Macualo Orozco

Juan Carlos Macualo Orozco, funcionario de la Policía del municipio Páez del estado Apure fue detenido en Guasdualito, el 16 de diciembre 2019, por funcionarios de la DGCIM, resalta el ONDDHH. Al día siguiente lo trasladan a la DGCIM Caracas.

“Ahí estuvo durante cuatro meses y medio”. “Cuando llega a la DGCIM le hicieron saber que lo estaban involucrando en un suceso que iba a ocurrir en el estado Sucre. Cuando lo detienen, no hubo una orden, solo le enseñaron una foto”, destaca su esposa.

“Quince días después de haberlo llevado a Caracas lo presentan en un supuesto tribunal, un domingo, a las dos de la tarde y le dicen que está detenido por terrorismo. Él me dijo que uno de los comandantes de la DGCIM le dio que sabían que él no tenía nada que ver, pero que hasta que el Gobierno decidiera iba a seguir preso. Cuatro meses y medio después, en abril 2020, lo trasladaron a la cárcel El Rodeo III, junto con el caso de los pemones, sin notificar a los abogados o a la familia”.

Por consanguinidad

S1 Victor Ignacio Rodríguez está en Ramo Verde

El Sargento Primero (GNB) Víctor Ignacio Rodríguez fue detenido por funcionarios de la DGCIM el 12 de diciembre del 2019 en el estado Barinas. Durante su traslado y ya estando en la sede de la DGCIM, Boleíta, sufrió torturas y tratos crueles.

Lo presentaron ante tribunales el 22 de diciembre 2019, acusado por terrorismo y conspiración. El 27 de abril del 2020 fue trasladado a la cárcel militar de Ramo Verde, sin notificación a sus abogados ni familiares, violando sus derechos y el debido proceso.

Según relata su familia, Rodríguez Romero estaba destacado en el regimiento Guardia del Pueblo en el municipio Barinas, estado Barinas, Comando de Zona 33. El 12 de diciembre 2019 el general del comando lo llama para una entrevista. “Cuando Víctor llega el General estaba con funcionarios de la DGCIM, quienes le preguntaron en ‘qué estaba metido’. Su respuesta fue que en nada, preguntando qué pasaba. La respuesta de los funcionarios es que hay un video de su hermano hablando en contra del Gobierno. ‘¿Qué tengo yo que ver con lo que haga mi hermano?’, fue su respuesta, pero igual se lo llevaron”.

Agrega que “su otro hermano es funcionario retirado, está fuera del país y tiene orden de detención. Pero Víctor no es responsable de eso y aun así se lo llevan a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en Valencia, estado Carabobo, donde recibe golpes y maltratos para que delate el paradero de su hermano advirtiéndole que si no pagaría por él”.

El 17 de diciembre 2019 llevan a Víctor Ignacio a la DGCIM de Caracas, donde es torturado y estuvo ahí casi cuatro meses hasta que el 27 de abril 2020 lo trasladan a Ramo Verde, sin que su familia ni defensa supieran dónde estaba. El 22 de diciembre 2019 lo acusaron de terrorismo y conspiración. Hasta ahora ha pasado un año y cinco meses sin que le hayan realizado la audiencia preliminar.

Fue por WhatsApp

Alexis Rafael Jiménez Jiménez

El Observatorio Nacional de Derechos Humanos resalta que el oficial agregado Alexis Rafael Jiménez Jiménez, oficial agregado de la Policía de Sucre, está detenido sin ninguna prueba, violando sus derechos civiles y políticos. Fue detenido por la DGCIM el 15 de diciembre 2019.

Familiares de Jiménez relataron a Infobae que a él se lo llevaron de su casa en Cumaná, estado Sucre, “sin ninguna orden y sin explicarle el porqué. Solo le dijeron que lo mandó a llamar su comandante, lo que era extraño porque se encontraba de vacaciones”.

Lo están acusando de terrorismo, asociación y conspiración política y está recluido en la cárcel El Rodeo III, estado Miranda. “Las audiencias nada que se dan, con la excusa de la pandemia”.

El argumento que le dieron a Jiménez Jiménez es participar en un chat vía WhatsApp. “Eso es absurdo, porque él ni siquiera tenía teléfono inteligente. Cuando lo detienen le dijeron que quería tomar el cuartel y el comando de la Guardia para arremeter contra el Presidente”.

Estaban de servicio

Luis Eduardo Lira

La última vez que la hermana de Luis Eduardo Lira pudo verlo fue en febrero 2020, antes de aparecer la pandemia, porque no ha podido viajar hasta la cárcel de El Rodeo, pues vive a más de 12 horas en autobús del lugar.  

“Las condiciones para hacerle llegar algo de comida son fuertes y difíciles porque no tenemos a ningún familiar en Caracas. La tristeza me ha golpeado por no poder ir a llevarle sus cosas por la distancia; he ido consiguiendo que me presten algún apoyo para hacerle llegar algo de las tantas cosas que él necesita”

Lira tiene 44 años y era oficial agregado de la policía de Anzoátegui cuando fue detenido el martes 17 de diciembre 2019. “Se encontraba en el puesto policial Boyacá del distrito 15  de Barcelona, cuando llegó una comisión de la DIGCIM y se lo llevó para la DGCIM de Caracas”.

El 6 de enero 2020 lo presentan y luego de varios meses en la DGCIM lo trasladan a la cárcel El Rodeo III.

En el caso de Sixto José Salamanca Jiménez, detenido en el pabellón 2 del El Rodeo III, como parte de la Operación Honor y Gloria, “fue torturado después que fue detenido, pero lo obligaron a decir que no sufrió tortura alguna por parte de los funcionarios del DGCIM”, revela un familiar del oficial jefe de policía del estado Sucre.

A él lo detienen el 13 de diciembre a las 9 de la noche. “Se encontraba de guardia   en un punto de control cuando se presenta al lugar una unidad de la policía del estado con 2 funcionarios de DGCIM”. El jefe inmediato de Salamanca le pide que suba a la unidad. Así empieza el proceso que lleva de ser acusado de terrorismo, conspiración y asociación para delinquir.

Torturado y ultrajado

El Sargento Primero de la Guardia Nacional César David Mayora Guacare también está detenido por la Operación Honor y Gloria. Él tenía siete años viviendo en Colombia y ese diciembre 2019 había ido a Caracas. Cuando el 18 de diciembre 2019, a las 4 de la tarde, salía de Caracas, a la altura de Hoyo de la Puerta un funcionario de la DGCIM sube al autobús y le pide su identificación y que baje de la unidad de transporte. 

“Una vez que baja del autobús le colocan una capucha y lo suben a un vehículo, donde lo golpean preguntándole por fusiles, explosivos C4 y por determinadas personas que él aseguró desconocer”, revela a Infobae un familiar del Sargento.

“Lo trasladaron a la DGCIM y lo llevan al Servicio de Medicatura Forense el 21 de diciembre 2019, estando seriamente torturado, con luxación en el hombro y brazo dislocado y por ello aun hoy en día no puede subir el brazo izquierdo, donde presenta una protuberancia, además de que le introdujeron un palo por el ano, lo golpearon en los testículos y le colocaron electricidad en el pene, por lo que orinó sangre durante tres meses. Le lesionaron un ojo por el que casi no ve”.

“Él asegura que nunca vio a sus otros compañeros presos, porque lo tenían colgado, con el rostro encapuchado. Lo tuvieron varios días sin comer ni beber agua. El 22 de diciembre lo presentaron en el Tribunal y la defensora pública le pidió que se quitara la franela; la juez lo vio torturado y lo envió nuevamente a Medicatura Forense, pero la DGCIM se negó a hacerlo y lo regresa a la sede de la DGCIM. Ahí debía estar 45 días porque la juez dijo que había que esperar a la preliminar que no se ha dado. No sabemos qué dice el expediente”.

Está establecido que el 22 de diciembre 2019 fue presentado ante el Tribunal 2do. Especial de Terrorismo, a cargo de la Juez Hilda Rosa Villanueva Peralta, el fiscal Elin Teodoro León Aguilar y la defensora pública Marjorie Maily Maggiolo Díaz. Le imputaron Terrorismo conspiración y asociación. Actualmente, se encuentra en el Rodeo III.

La audiencia preliminar estaba pautada para el 3 de marzo 2021, pero no se llevó a cabo porque Mayora no fue trasladado al Tribunal; los fiscales son Dinora Bustamante Puerta y Karin Mora Salcedo.

El S1 Mayora Guacare tiene “problema de riñones, infección pulmonar. Actualmente presenta síntomas de infección pulmonar esgarra sangre al toser”, dice un familiar para finalizar.

Tal y como el Observatorio Nacional de Derechos Humanos destaca “esto es muestra del patrón documentado y denunciado por este Observatorio, respecto a la utilización del sistema de justicia, como brazo ejecutor de políticas represivas y de persecución política, violando así el derecho al debido proceso y todas las garantías constitucionales”.

“Reiteramos nuestro llamado a las instancias nacionales e internacionales de DDHH, para que intercedan en favor de todos los presos políticos y víctimas de estos patrones sistemáticos empleados para someter a la población”, destaca finalmente el ONDDHH.

ttps://www.infobae.com/america/venezuela/2021/05/30/tortura-ultraje-denegacion-de-justicia-y-violacion-al-debido-proceso-contra-10-policias-y-militares-venezolanos-de-la-operacion-honor-y-gloria/

La dura conclusión de un Comandante venezolano tras el ataque a un puesto militar que derivó en el secuestro y asesinato de un soldado

 

El hecho es uno de los más graves, pero no el único en la Fuerza Armada en los últimos tiempos: "El personal está falto de orientación", alerta

Sebastiana Barráez/ viernes 28 de mayo 2021

@SebastianaB

 

Tomado de Infobae

Lo que está ocurriendo en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) es alarmante: soldados asesinando a superiores, militares colaborando con asalto a los parques de armas, secuestros, extorsiones y apoyo a los grupos irregulares colombianos. La guerrilla mimetizándose entre grupos narcotraficantes, instalando laboratorios de drogas y custodiando pistas de aterrizaje. Y como corolario secuestrando y asesinando a militares venezolanos. Nunca antes la institución castrense parecía tan desorientada.

Numerosos soldados venezolanos murieron en choques con grupos armados, pero también se han asesinado entre sí

A mediados de mayo 2021 la Fuerza Armada venezolana dinamitó una pista de las usadas por el narcotráfico, en el municipio Catatumbo del estado Zulia, en el cual falleció un policía municipal, que después se supo estaba en el sitio cuidando la pista.

El 3 de mayo 2021, la Región de Defensa Integral (REDI) Nr. 1 occidental informa, a través del Comando de Zona de la Guardia Nacional del Zulia (CZGNB-11) de lo ocurrido en un comando de la Costa Oriental del Lago, exactamente en la 5ta Compañía del D-113, cuya sede está en la avenida Pedro Lucas Urribarrí de la población de La Rita. municipio Santa Rita, estado Zulia.

El comando de la GNB que fue atacado en Santa Rita

Un grupo de ocho hombres armados atacó el Parque de Armas de esa 5ta. Compañía, disparó contra una patrulla de la brigada de Atención Vial, en la que impactaron más de 10 disparos; en el interior de las instalaciones destrozaron mobiliario y rompieron vidrios.

Del hecho resultó herido el SM1 José Melecio Palmar y secuestrado el S1 Degar Alexander Rodríguez Moreno, cuyo cadáver apareció después, a 400 metros del lugar en el sector 19 de Abril, municipio Santa Rita , con un disparo en la cabeza.

Los irregulares se llevaron dos Fusiles Ak-103 y una pistola  marca Browling Cal. 9 mm, armamento de los militares que estaban cumpliendo servicio nocturno.

Al día siguiente, 4 de mayo, el Comando Nacional Antisecuestro (CONAS) de la Guardia Nacional, detiene al  S1 Jhonathan Javier Chinchilla Arévalo, plaza de la 5TA CIA, D-113 CZGNB- 11, a quien la investigación de los cruces de llamadas revela como involucrado en el hecho que llevó a cabo una banda delictiva llamada Yeico Masacre.

Fabio Zavarse Pabón, comandante general de la GNB

El mensaje del General

La respuesta que, al asalto al comando y al asesinato del S1 Degar Rodríguez, les dio a sus subalternos el comandante general de la Guardia Nacional, MG Fabio Enrique Zavarse Pabón es que estaba extrañado por el incidente “del cual ninguno estamos exentos ante las nuevas amenazas”, agregando que las bajas se producen “en su mayoría del lado nuestro y muy pocas veces del lado contrario o enemigo”, por lo que dio varias hipótesis.

“Exceso de confianza de nuestros efectivos militares al desempeñar sus funciones, es decir, son arropados por la rutina propia de nuestros Comandos, donde a diario entran y salen personas, que en nosotros genera el cumplimiento de nuestras funciones de Policía Administrativa”.

Agregó que “aguas abajo los lineamientos y órdenes que se generan del Comando Superior no están llegando como es debido o lo ven con la misma rutina con la que se comportan”.

Destacó que “tal es el caso de las instrucciones que el sábado 01 de mayo, el viernes 30 de abril y muchas otras más donde entre otras cosas se les ha ordenado: instalar un arma colectiva, reforzar los servicios y que el personal durmiera inclusive con su armamento. Hoy nos damos cuenta el desenlace del incumplimiento de estas instrucciones, que se traducen en un efectivo asesinado y uno herido del lado nuestro y ninguno del lado enemigo”.

Se lamentó de que “pareciera que nuestro personal no entra en contexto con la realidad actual del país, las amenazas y las verdaderas intenciones que tiene el enemigo hacia la FANB, la cual está más que demostrado que radica en causarnos bajas, robar material y equipos de guerra y quebrantar la moral de nuestro personal; por lo tanto, se deduce que el personal está falto de orientación”, dijo sin asumir que la mayor responsabilidad recae en él como comandante general del componente.

Los exhortó “a que tomen sus acciones de Comando a los fines de evitar más pérdidas humanas, de armamentos, municiones o equipos en nuestras Unidades por este tipo de comportamiento. Me da pena tener que estar llamando al Comando Superior para dar la cara por otras personas que sinceramente no sé si están cumpliendo con su trabajo como en realidad lo estoy cumpliendo yo desde el nivel que me corresponde como Comandante General”.

Instruyó “orienten a su personal, extremen sus medidas de seguridad y tomen sus acciones de Comando para evitar este tipo de situaciones. No acepto a estas alturas bajas nuestras sin causarles daño al enemigo y mucho menos pérdidas de material, armamento y equipo por la inobservancia del cumplimiento de nuestras funciones. Voy con todo el peso de la Ley hacia quienes inobserven órdenes del Comando Superior que van en pro del beneficio de ustedes mismos frente a cada una de sus gestiones de Comando”, dijo finalizando con los lemas “leales siempre, traidores nunca. Lealtad y compromiso con la patria y la revolución bolivariana”.

Campamento con laboratorios de droga que fue destruido en el Zulia

Laboratorios de droga

La Región de Defensa Integral (REDI) Nr. 1 occidental da cuenta, a través del Comando de Zona de la Guardia Nacional del Zulia (CZGNB-11), que el 4 de mayo habían destruido ocho laboratorios para el procesamiento de clorhidrato de cocaína, que estaban ubicados en el sector la Pica El Tres del municipio Jesús María Semprún.

La comisión, que entró por tierra al lugar, estuvo al mando del Teniente Coronel Manuel Malavé Soto con dos oficiales superiores, cuatro oficiales subalternos y 41 efectivos de Tropa Profesional, adscritos a los destacamentos:  D-116, los Comandos Rurales (DCR-119) y de la  Unidad Regional de Inteligencia Antidrogas del Zulia (URIA-11).

Destruyeron el campamento que tenía los ocho laboratorios para procesar cocaína. “Incineración de 1.100 Kgs. de Cocaína y Pasta Base de Coca. Incineración de 4.500 litros de químicos líquidos. Incineración de 3.200 Kgs. de  químicos sólidos”, reseñaron en el reporte oficial.

También aseguran haber destruido un gusano de 10 huecos, como llaman al recipiente metálico, además 8 hornos microondas que usan para el proceso de secado del clorhidrato de cocaína, una prensa hidráulica, área de secado, una balanza, 5 marquillas para identificar a qué estructura pertenece la cocaína y así garantizar la identidad del producto y un marciano, un dragón y un arturito.

El teniente de navío Luis Torres Gil fue asesinado por un subalterno

Asesinato en la Armada

El 17 de mayo, antes del mediodía, en la Meseta de Mamo en Catia La Mar a poco más de 30 kilómetros de Caracas, el teniente de navío Luis Torres Gil pregunta al teniente de fragata Maikel José Sucre Oviedo y al teniente de corbeta Dionel Antonio Briceño Molina qué estaban haciendo con relación a la vacunación llevada a cabo en enfermería, la respuesta de Briceño, aunque parezca risible, es que coordinó café para el personal de sanidad naval, mientras que Sucre dijo que “aún nada”.  El superior insta a Briceño a hacer algo más mientras que ordena al teniente de fragata a permanecer en el servicio hasta las 6 de la tarde.

A este último no le agradó “el castigo” y sacando su arma de reglamento le da un tiro cuando Torres Gil ya había dado la espalda, y luego lo remata en el piso con dos impactos de bala más. Así fallece el joven oficial, quien vivía en Puerto cabello, estado Carabobo, con su esposa Rosmery Rodríguez y sus dos hijos.

Mientras en la Fuerza Armada se guarda silencio ante el hecho, compañeros del CN asesinado dejaron correr su indignación en los grupos de whatsapp a la vez que destacaron que el oficial que lo asesinó habría presentado problemas psiquiátricos, por lo que fue dado de baja de la institución en dos oportunidades y aun así, después de hacer un curso fue reingresado a la institución castrense.

La dura conclusión de un Comandante venezolano tras el ataque a un puesto militar que derivó en el secuestro y asesinato de un soldado - Infobae

Un informe advierte que militares venezolanos que desertaron a Colombia son amenazados por el ELN y disidentes de las FARC

El texto Alerta Temprana No. 005 resalta que "la mayoría de los ex soldados no cuentan con ayudas humanitarias para sobrevivir" en la localidad de Puerto Carreño

Sebastiana Barráez/ jueves 27 de mayo 2021

@SebastianaB

 

Tomado de Infobae

En el documento Alerta Temprana N° 005 del 2 de marzo 2021, el Defensor del Pueblo de Colombia, Carlos Camargo Assis, destaca que los militares desertores, que salieron del país en el periodo 2019-2020, “han recibido amenazas en el municipio de Puerto Carreño. En su calidad de migrantes o refugiados por su salida de la Fuerza Armada venezolana han encontrado desafíos en Puerto Carreño, debido a que han informado sobre presencia de integrantes del ELN o FDF en este municipio”.

El ELN y su presencia en la frontera colombo venezolana

Revela que hay casos de militares que “han sido interceptados en la calle por miembros de grupos insurgentes, que les cuestionan su presencia en Puerto Carreño, indagan dónde viven, si dieron información a la Fiscalía o incluso los instan a suministrar un número de contacto personal”.

En el informe de 53 páginas, suministrado a Infobae por el dirigente social y político José Mejías del estado Amazonas, resalta que “la mayoría de los exmilitares no cuentan con ayudas humanitarias para sobrevivir en Puerto Carreño. Según información brindada, su llegada a Colombia se debe a que en Venezuela escucharon que se estaban generando auxilios para las personas que salen de las Fuerzas Armadas de Venezuela. Sin embargo, al llegar a Puerto Carreño, las instituciones desconocen el tema o no tienen clara una ruta de ayuda humanitaria para dicha población”.

“Aunque el Gobierno Nacional, a través de la Cancillería, Migración Colombia, el SENA y la Unidad para la Gestión de Riesgos de Desastres (UNGRD), presentaron en el año 2019 un paquete de medidas que servirían como beneficio a exmiembros del Ejército venezolano que se encuentren en Colombia, especialmente en zona de frontera, en la actualidad esta población se encuentra en total vulnerabilidad y en situación de riesgo, ya que no pueden regresar a su país por ser considerados desertores o traidores a su patria y, al permanecer en la zona fronteriza, son fácilmente identificados por miembros de grupos guerrilleros colombianos”.

La explotación del oro en el Arco Minero atrae a los grupos armados irregulares

A esa situación se le agrega “la xenofobia y rechazo hacia la población migrante venezolana se ha convertido en un factor de riesgo diferencial para estas personas, quienes son acusadas de cometer diversos delitos”.

Destaca que “otra situación de riesgo para la población venezolana son los presuntos vínculos que las FDF10 y ELN sostienen con miembros de la Fuerza Armada Nacional Venezolana. Los acuerdos que pudieran existir con miembros de la guardia venezolana facilitan la ilegalidad a partir de un mayor control de los corredores fluviales, contrabando de combustible, drogas, ganados y tráfico de armas, donde vigilan el territorio y la movilidad de la población ribereña (comerciantes, pescadores, campesinos, transportadores). Las personas cuya actividad económica no cumpla las exigencias de los grupos armados, son blanco de ataques personales o contra sus equipos de trabajo (lanchas, carros, locales, etc.)”.

La jurisdicción de Puerto Carreño abarca unos 12 mil 409 Km2, entre la frontera con Venezuela; está en la confluencia de los ríos Meta, Orinoco y Bita, limita al norte con el estado Apure y al Oriente con los estados Bolívar y Amazonas de Venezuela. “Los ríos Meta y Orinoco son corredores importantes para los cuatro grupos armados no estatales que tienen presencia en el territorio de Puerto Carreño. El río Bita se ha convertido en ruta de entrada no controlada de migrantes venezolanos. El río Orinoco, con su cuenca binacional de origen amazónico, se extiende a lo largo de la llanura venezolana hasta su desembocadura en el Caribe”.

Grafiti de Los Puntilleros Libertadores de El Vichada

Según el informe, algunas familias venezolanas que llegaron a Puerto Carreño en búsqueda de refugio afirmaron que tuvieron que abandonar su país debido a amenazas de grupos armados colombianos. “La población migrante ha denunciado abusos sexuales por presuntos miembros de las guerrillas colombianas del ELN y FDF que delinquen en el país vecino, y han expresado que temen por su vida y la de sus familias debido a que han señalado la presencia de miembros de estos grupos armados en Puerto Carreño”.

Puerto Carreño se ha convertido en territorio de interés para grupos armados irregulares de la guerrilla y paramilitarismo, quienes ven “la región fronteriza binacional geográficamente estratégica para el contrabando, tráfico de armas, personas y narcóticos, instalación de pistas clandestinas para las aeronaves al servicio del narcotráfico en el estado Apure, la minería ilegal, extorsión, secuestros, desapariciones forzadas y como zona de ocultamiento y aprovisionamiento de sus estructuras y cabecillas”.

La llegada a Puerto Páez a través del río

Los indígenas

“Entre la población más afectada por la ruptura de las relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela, se encuentran los pueblos indígenas. Un mayor riesgo se percibe para estos pueblos debido a que algunas rutas de narcotráfico atraviesan sus resguardos. Pese a que las comunidades han evitado relacionarse con los grupos armados no estatales que delinquen en la zona, la creciente presencia de miembros de estas estructuras alrededor de sus territorios ha incrementado las amenazas de posibles reclutamientos, atentados contra la vida, seguridad, libertad, integridad personal y desplazamientos forzados, así como riesgos para sus líderes”.

Destaca que entre los grupos armados ilegales que operan en jurisdicción de Puerto Carreño está el ELN, facciones disidentes de las FARC-EP, grupos sucesores del Paramilitarismo como Puntilleros Libertadores del Vichada y Autodefensas Gaitanistas de Colombia.

Entre lo que resalta, el documento aportado por Mejías de la ONG Fundaredes en Amazonas, está “la especial situación de riesgo en la que se encuentran los pueblos indígenas que residen en el municipio de Puerto Carreño en el departamento de El Vichada, y los que transitan entre la frontera colombo-venezolana, como también sus autoridades tradicionales”.

Un militar venezolano llega a territorio colombiano en 2019

Destaca el informe, suscrito por el Defensor del Pueblo de Colombia, Carlos Camargo Assis, que “durante los años 2019 y 2020, en el municipio de Puerto Carreño se ha incrementado la presencia y accionar de los grupos armados ilegales como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) a través del frente José Daniel Pérez Carrero, las facciones disidentes de las antiguas FARC-EP frente Décimo (FDF-10), y grupos sucesores del paramilitarismo como Los Puntilleros Libertadores del Vichada (PLV) y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). Su presencia se ha consolidado con mayor continuidad en el territorio venezolano”.

Es relevante que esos grupos armados “han mostrado un inusitado interés en los estados venezolanos de frontera (Apure, Bolívar y Amazonas) que limitan con el departamento colombiano del Vichada. Buscan aprovechar las ventajas económicas derivadas de las actividades ilícitas transfronterizas y del crimen transnacional, particularmente, el control de corredores de movilidad, narcotráfico y actividades relacionadas con la minería ilegal (oro, coltán, entre otras)”.

“Algunos de estos grupos, como las facciones disidentes de las antiguas FARC-EP y ELN, incluso expresan intereses en el territorio venezolano de índole político-militar. En el narcotráfico se reconoce con mayor vinculación a las AGC y los PLV; y en la minería, al ELN y las facciones disidentes de las antiguas FARC-EP”.

Las FARC de Santrich y Márquez cuando anunciaron la Segunda Marquetalia

El control social

El informe al que hace referencia José Mejías, líder político en el estado Amazonas, revela “la presencia del ELN y FDF-10 en los territorios binacionales del Vichada (Colombia) y de los estados de Apure, Bolívar y Amazonas de Venezuela, ha posibilitado el fortalecimiento de sus estructuras armadas, mayor despliegue de su capacidad logística y de expansión territorial en todo el oriente colombiano. Dicho fortalecimiento propicia la imposición de mecanismos de control social y territorial en ambos países”.

Resalta que por las riberas del río Orinoco, entre Bolívar y Amazonas, “se ha identificado la presencia del frente ‘José Daniel Pérez Carrero’ del ELN, cuyo accionar violento conlleva graves riesgos para los derechos fundamentales de la población residente en este sector fronterizo. Los grupos sucesores del paramilitarismo PLV y las AGC, también despliegan acciones ilícitas en la jurisdicción municipal de Puerto Carreño”, a la vez que los grupos guerrilleros ELN y FDF10 hacen acuerdos “con narcotraficantes y grupos sucesores del paramilitarismo”, para el control de las rutas del narcotráfico y narcomenudeo urbano.

“Por el sector del bajo Apure venezolano, que limita con Vichada a través del río Meta, fuentes comunitarias allegadas a la Defensoría del Pueblo señalan la presencia de las FDF10, del ELN, las AGC y de Los Puntilleros Libertadores del Vichada. A pesar de la multiplicidad de actores armados en un mismo territorio, a la fecha solo se han identificado enfrentamientos entre la Fuerza Armada Venezolana y las FDF10 en el estado Apure”

Revela la Defensoría del Pueblo de Colombia que han obtenido información de que tanto el ELN como los Puntilleros Libertadores del Vichada controlan el sector de Caño Juriepe, zona rural de Puerto Carreño. “Allí vigilan y controlan el cruce lícito e ilícito de personas, mercancías y demás bienes por el río Meta”, a la vez que habría presencia de los grupos armados como el ELN, FDF, AGC y el grupo armado de crimen organizado PLV en parte del municipio de La Primavera sobre el río Meta.

El paso El Burro que comunica entre Puerto Páez y El Burro

Da cuenta el informe de la captura de tres personas del PLV, en el marco de la ‘Operación Fortaleza’, desarrollada por la Policía Nacional en Puerto Carreño, el 26 de octubre del 2020. “Según fuentes policiales entre los capturados se encuentran ‘el cabecilla de finanzas y dos coordinadores logísticos, quienes se encargaban de contratar pilotos, aeronaves y el acondicionamiento de pistas en el departamento. Lo propio ocurre con las capturas de alias Arauca y Araña, de nacionalidad venezolana, presuntos integrantes de los PLV, en los municipios de Puerto Carreño y Santa Rosalía”.

“El 8 de mayo de 2020 fue capturado alias Korea o Montilla, señalado de pertenecer al Estado Mayor de la Segunda Marquetalia de las FDF. En ese mismo mes, fueron capturados 11 personas presuntamente integrantes de las AGC que operaban en los departamentos de Meta, Guaviare, Casanare y Vichada. Los capturados son señalados de ser responsables de garantizar la financiación a través del control de rutas del narcotráfico y la extorsión”.

Subraya cómo, entre Puerto Carreño y Venezuela, “se evidencian conductas violentas como homicidios, amenazas, torturas y secuestros, presuntamente cometidos por el ELN, las facciones disidentes de las antiguas FARC-EP y los PLV. Fuentes allegadas a la Defensoría han señalado que estos grupos armados utilizan Puerto Páez y Puerto Ayacucho (Venezuela) y los alrededores del río Meta para delinquir, extorsionar y perpetrar homicidios”.

La Defensoría Colombiana constató que solo jurisdicción de Puerto Carreño, hay unos “72 pasos irregulares fronterizos por donde ingresan de manera ilegal, migrantes venezolanos a territorio colombiano, algunos de ellos, huyendo de las amenazas en su país”.

ELN y FARC

“El ELN ha aprovechado el proceso de entrega de armas de las FARC-EP para copar territorios que antes no eran de su injerencia, como El Vichada”, revela la Defensoría Colombiana en su informe, a la vez que destaca que ese grupo irregular, a mediados de 2016, comenzó a expandir su presencia desde los departamentos de Arauca y Casanare hacia el Apure de Venezuela, el departamento del Vichada y gran parte de Amazonas y Bolívar (Venezuela), para lo cual el Frente de Guerra Oriental (FGO) proyectó Arauca y el Alto Apure (Venezuela) el Frente “José Daniel Pérez Carrero”, que cubre el Vichada hasta Guainía.

“Las estrategias de control social y territorial que ahora ejerce el ELN en Apure, Amazonas y Bolívar (zonas mineras del Arco Minero de Venezuela), han sido replicadas desde su experiencia en las zonas mineras colombianas donde tienen presencia (v.g., sur de Bolívar, Chocó, Cauca, Arauca, entre otras). Estas funciones de control social y dominio territorial les permite garantizar la extracción de minerales preciosos y obtención de importantes rentas mineras, así como la continuidad en el control de las rutas de narcotráfico”.

En cuanto a las facciones de las FARC-EP, “desde el año 2018 comenzaron a expandirse desde las montañas y sabanas de Arauca y Casanare, a través de las riberas del río Meta por la franja del estado Apure de Venezuela hasta llegar a la jurisdicción del Vichada como miembros del décimo frente Martín Villa, inicialmente”.

La situación cambia en agosto 2019 y la presencia de las FARC se agudizó “con la aparición de excomandantes del Alto Mando de las antiguas FARC-EP, provenientes del sur de Amazonas y probablemente de la frontera con Guainía, dentro de los que se encuentran los alias Romaña, El Paisa, Iván Alí, Enrique Marulanda, Albeiro Córdoba, Hernán Darío Velásquez Saldarriaga, Iván Márquez y Jesús Santrich. La proximidad de estos cabecillas fue conocida en su momento como Los Caminantes quienes hicieron presencia inicialmente en Puerto Ayacucho (capital de Amazonas, Venezuela), territorio que se encuentra separado por el río Orinoco de la Inspección de Casuarito (Puerto Carreño, Vichada)”.

Guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional

“A partir de lo ocurrido desde la captura de alias Ferney González, se puede inferir la posible fractura entre las facciones disidentes de las antiguas FARC-EP que delinquen en El Vichada y sus zonas fronterizas, en lo que pudiera llamarse la línea de Gentil Duarte versus la que dirige Iván Márquez. Por consiguiente, es muy factible que la línea dominante de dichas facciones disidentes en la región del Vichada sea la Nueva Marquetalia”.

“Según el monitoreo que realiza la Defensoría del Pueblo a través del Sistema de Alertas Tempranas -SAT-, no se descarta que puedan suscitarse disputas por la frontera entre ambos bandos disidentes y/o con el ELN. Así las cosas, antes de referirse a uno u otro Frente (Frente 10), se identifican estructuras de Gentil Duarte y de Iván Márquez (Neomarquetalianos)”.

“El ELN y las facciones disidentes de las antiguas FARC-EP, mantienen acuerdos con el fin de compartir la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco y demás dinámicas ilegales de las zonas fronterizas, desde Arauca hasta el Guainía en territorio colombiano y Alto, Medio y Bajo Apure y Amazonas en territorio venezolano”.

Por otra parte, en cuanto a los grupos sucesores del paramilitarismo y sus redes de apoyo, Puntilleros Libertadores del Vichada (PLV) y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), podrían estar en Puerto Páez y Puerto Ayacucho.

Un informe advierte que militares venezolanos que desertaron a Colombia son amenazados por el ELN y disidentes de las FARC - Infobae