El gobierno ha recurrido a incontables recursos de presión y amenaza de destituir a funcionarios o retirar las bolsas de alimentos o bonos a la población en general si se niegan a participar en la consulta sobre el Esequibo
Sebastiana Barráez/ jueves 30 de noviembre 2023
@SebastianaB
Tomado de Infobae
El gobierno venezolano ha recurrido a incontables recursos de presión y amenaza de destituir a funcionarios o retirar las bolsas de alimentos o bonos a la población en general, si se niegan a participar en el referéndum consultivo sobre el Esequibo. Invierten gran cantidad de dinero en pintura para murales, en material para pancartas, en pegatinas para vehículos, en una imprevista campaña de cedulación, entre otros. No ha sido suficiente, ni siquiera que dirigentes de Oposición se hayan retratado sonrientes con Diosdado Cabello y que otros declaren que acudirán a votar con la excusa de “el tema es Venezuela”, por lo que el régimen también acude a los presos de diversas cárceles y por último, a niños y adolescentes.
Los
niños usados como un comodín de los intereses partidistas y políticos de la
revolución bolivariana, sin respeto alguno por la Ley Orgánica para la
Protección del Niño y del Adolescente, menos aun protegiendo a la parte de la
población más inocente. No se mide el peligro que representa la publicación de
imágenes y videos de niños y jóvenes menores de edad, como instrumento para que
las más altas autoridades escolares en los institutos de educación, las
gubernamentales, incluyendo a ministros, generales, incluso a la Vicepresidente
Delcy Eloína Rodríguez Gómez.
¿Ante
quién recurren los padres si el Estado, que debe proteger a los niños, es quien
propicia la acción contra ellos? La Convención sobre los Derechos del Niño
(CDN), tratado internacional adoptado por la Asamblea General de Naciones
Unidas (ONU), el 20 de noviembre 1989, reconoce a todas las personas menores de
18 años como sujetos de pleno derecho, pero esos derechos se basan en: la no
discriminación; “el interés superior del niño; el derecho a la vida, la
supervivencia y el desarrollo; y el respeto por la opinión de los niños y niñas”.
Cuando
los docentes y directivos de una institución, cumpliendo órdenes desde el más
alto Gobierno, le imponen a los niños y adolescentes, muchos de ellos sin consultar previamente a los padres e incluso sin el consentimiento de ellos, a
que participen en un evento vinculante con la situación política y electoral
del país, están violentando el interés superior del niño.
Si el referéndum sobre el Esequibo, más allá de su inconstitucionalidad, remite a preguntas que requiere conocimiento del significado e historia de la reclamación de ese territorio, así como a las bases legales del mismo, es casi desconocido para la generalidad de la población, más aún para los niños, por lo que se convierte en una evidente manipulación de la autoridad ejerciendo presión sobre el menor, a quienes se les pide firmar y se le toman las huellas sin que esté presente su representante. ¿A dónde van esos datos?
El
uso de los datos
Desde
la frontera, Evencio Zenón, secretario general del Sindicato de Trabajadores de
la Enseñanza del estado Táchira, le dijo a la periodista Marian Duque, del Diario
de Los Andes, que los niños del séptimo grado escolar, con edades entre 11 y 12
años, no tienen la capacidad para responder ni comprenden qué significa el
Laudo Arbitral de 1899 y el Acuerdo de Ginebra de 1966.
Aseveró que ponerlos a votar en el simulacro escolar es una violación a la Ley Orgánica de Educación, específicamente el artículo 12, “en lo que tiene que ver con la injerencia político partidista en las escuelas, porque nadie puede dudar que el hecho interno o el propósito de esa consulta el día de hoy, es para aprovechar presuntamente la firma, nombre, apellido y cédula de esos niños y docentes, para utilizarlo en el referéndum que se va a llevar a cabo el 3 de diciembre”, por lo que hizo un llamado a las autoridades de la Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña y Adolescente (Lopnna) y a la Dirección Educativa del Táchira porque se está violando el interés superior del niño y porque el artículo 26 de la Ley Electoral establece que la edad para votar es mayor de 18 años.
Irene
Díaz, habitante de la fronteriza población de El Nula, municipio Páez del
estado Apure y representante de la escuela Barrio Páez, donde tiene a un niño
de educación inicial, le dijo a la Radio Fe y Alegría, en un reportaje de José
Leonel Gutiérrez, que fue agredida verbalmente por Franklin Delgado, coordinador
intercircuital y representante educativo de la parroquia San Camilo, porque
ella comentó que la actividad sobre el Esequibo, para la cual sacaron a marchar
a los estudiantes, era una utilización de los niños para proselitismo político.
Delgado,
visiblemente molesto “le alzó la voz y haciendo gestos con sus manos generando la reacción de la señora Díaz, quien catalogó el hecho como una falta de
respeto. ‘Irene si no quieres estar aquí, vete’, dijo en tono fuerte”.
Pero no fue solo ella, según destaca, “el lunes 27 de noviembre varios representantes de otras escuelas en El Nula se quejaron a través de redes sociales y por Radio Fe y Alegría Noticias que los niños estaban siendo utilizados para que los representantes del PSUV, entre ellos algunos docentes, se tomaran fotos para enviárselas a los jefes políticos que están promoviendo el referéndum consultivo”.
Las
órdenes de Maduro
Nicolás
Maduro le exigió días antes a la Ministra de Educación, Yelitze de Jesús
Santaella Hernández, “organizar en todos los liceos y colegios de educación
media del país un proceso electoral para que los muchachos menores de 18
años voten en su liceo, hagan el ejercicio del voto”.
A
la vez, refiriéndose a Jorge de Jesús Rodríguez Gómez, presidente de la
Asamblea Nacional y jefe de campaña del referéndum, “le pedí, como experto
electoral, que elabore un programa, un software, para que ustedes hagan sus
mesas de votación y voten todos los estudiantes de educación media”.
También
le solicitó a la Ministra de Educación Universitaria, Sandra Oblitas Ruzza
y a Génesis Garvett, la diputada y coordinadora del Comando de campaña
Venezuela Toda, que en los centros de educación superior, con los estudiantes
universitarios mayores de edad, se conforme el 1x10, estrategia electoral que
el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) ha implementado para obligar a
sus militantes y a los funcionarios públicos, militares y civiles, a arrastrar
consigo a otros votantes.
El
articulista Javier Vivas Santana dijo, a través de Twitter (X) “soy licenciado,
magister y doctor en Educación. Nunca había visto un hecho semejante que un
niño o niña de unos 5 años ejerciera un "voto" sobre un concepto tan
complejo de territorialidad de Guyana, cuya historia tampoco conoce. Exijo al
Ministerio Público una investigación”.
Para
Tomas Eizaga, “inculcar la cultura democrática del voto desde temprano, con
simulacros en las escuelas, sería una gran idea. Lo malo es quiénes lo
impulsan, para qué y cómo. El contexto. Los niños deberían votar, por ejemplo,
para elegir a sus delegados de clase o sobre un paseo escolar”.
Josefina
Álvarez opina que “no conforme con que los niños ven clases solo 2 días a la
semana, van a tomar las escuelas hasta el lunes para su parapeto de referéndum;
obviamente a los pocos días vacaciones decembrinas. Destruyen la educación de
nuestros niños”.
Adriana Mendoza considera que “hoy más que nunca, debemos reiniciar la campaña ‘Con mis hijos no te metas’. Maduro, sin autorización paternal, está poniendo a los niños, de 12 a 18 años, a votar por el referéndum, en el CNE; y a los pequeños con las maestras. No permitamos ese abuso”.
Reclusos
en la escuela
Desde
que el 28 de noviembre 2023 empezó a rodar un video, donde la voz de una mujer
explicaba, mientras mostraba las imágenes de la cancha deportiva del Colegio
San Agustín, en El Marqués, Caracas, que desde la madrugada había casi un
centenera de presos en ese lugar, los cuales en efecto se veían portando el
uniforme amarillo, se encendieron las alarmas.
Los
estudiantes llegaron después para ingresar a las aulas de clase. Lo inaudito es
que los representantes no fueron previamente notificados de que los reclusos
del Centro de Detención Preventiva de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), estarían dentro de la institución, porque tampoco la escuela previamente lo
supo ni lo autorizó.
El
periodista de sucesos, Román Camacho, dijo posteriormente que los organismos de
seguridad habían ordenado “ingresar a los privados de libertad a Zona 7.
Hicieron un llamado a mantener la calma y esperan que a media mañana se
resuelva la situación. Exhortaron a los padres que quieran retirar a sus hijos
que lo pueden hacer”.
La
reacción de muchos padres y representantes fue de molestia, quienes a través de
las redes sociales reclamaban la acción que pudo haber tenido consecuencias
peligrosas para los escolares. Un vocero de la institución salió a las puertas
del colegio siendo increpado por los representantes; él respondió que “si bien
es cierto hay 150 privados de libertad sentados dentro del colegio, la verdad
es que están rodeándolos como 300 guardias”.
Carlos
Trapani, quien es el coordinador general de la ONG Cecodap Por los Derechos de
la Niñez y Adolescencia, solicitó que se investigara esa presencia de militares
y de reclusos en el mencionado colegio, calificándolo como “un grave precedente
que irrespeta el espacio seguro y de protección que supone un centro educativo.
Es indispensable que el Ministerio Público inicie una investigación a los fines
de identificar responsabilidades y aplicar las sanciones que sean necesarias”.
“Los
centros educativos no son ni pueden ser espacios para realizar operativos
policiales ni militares. Así como usar sus instalaciones para el registro o
permanencia de personas que se encuentren bajo investigación y custodia
policial o militar. Los centros educativos son un espacio exclusivo para los
niños, sus docentes y familias”.
Recordó que “la Ley de Reforma de la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional obliga a ejercer el servicio de policía utilizando los mecanismos y medios pertinentes y ajustados a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela para la preservación de la paz y la garantía de la seguridad individual y colectiva”, dijo Trapani.
Opinan
los venezolanos
Desde
la frontera, Evencio Zenón, secretario general del Sindicato de Trabajadores de
la Enseñanza del estado Táchira, le dijo a la periodista Marian Duque, del Diario
de Los Andes, que los niños del séptimo grado escolar, con edades entre 11 y 12
años, no tienen la capacidad para responder ni comprenden qué significa el
Laudo Arbitral de 1899 y el Acuerdo de Ginebra de 1966.
Aseveró
que ponerlos a votar en el simulacro escolar es una violación a la Ley Orgánica
de Educación, específicamente el artículo 12, “en lo que tiene que ver con la
injerencia político partidista en las escuelas, porque nadie puede dudar que el
hecho interno o el propósito de esa consulta el día de hoy, es para aprovechar
presuntamente la firma, nombre, apellido y cédula de esos niños y docentes,
para utilizarlo en el referéndum que se va a llevar a cabo el 3 de diciembre”,
por lo que hizo un llamado a las autoridades de la Ley Orgánica de Protección
del Niño, Niña y Adolescente (Lopnna) y a la Dirección Educativa del Táchira porque
se está violando el interés superior del niño y porque el artículo 26 de la Ley
Electoral establece que la edad para votar es mayor de 18 años.
Por
su parte, para el profesor universitario Pedro Benítez, en un artículo de
AlNavío, “el propósito central del referéndum consultivo, convocado para el
próximo 3 de diciembre, no es el reivindicar la reclamación venezolana sobre
los 159 mil 500 km2 de la Guayana Esequiba, de la que el país fue despojado por
el imperio británico mediante el fraudulento Laudo Arbitral de París de 1899.
El propósito de los convocantes de la consulta popular no es otro sino el de
buscar la manera de mantenerse en el ejercicio del poder político sobre
Venezuela, recurriendo a una estratagema tan antigua como la civilización
misma. No hay razones externas, son internas”.
Omar
Contreras Molina asegura que El Esequibo oxígeno para un presidente que no
levantaba cabeza en las encuestas, solo utilizando la exaltación del
sentimiento patrio ha movilizado masas obligadas asistir a marchas, conciertos,
concentraciones, facilidades para renovar cédulas de identidad, programas hasta
el cansancio en televisoras y radios estatales, e inclusive utilización de
niños en escuelas, liceos, sin importar las leyes que les protegen, para
garantizar participación todo se vale, hasta organizaciones políticas,
religiosas, empresariales, universidades levantaron su corazón henchidos de
patriotismo y dejaron bien plasmado el ferviente deseo de participar en el
referéndum, todo viento en popa para el gobierno, la epidermis del patriotismo
cunde, unos lo hicieron visible otros en el más profundo silencio para no
sentirse culpable”.
“¿Por qué ahora? Preguntaba una niña al presidente y lo dejó desarmado, se salió por la tangente y no dio explicación convincente, lo sacó del libreto”, dice puntualizando que “durante tan largo tiempo no nos preocupó esa franja que aún permanece en nuestro subconsciente, solo reclamación, pero no la poblanos, ni los hicimos venezolanos, era el área marginal, solo algunos religiosos, pero ahora sí es importante en tiempos de elecciones”.
