jueves, 30 de noviembre de 2023

El insólito recurso del régimen venezolano: presos en las escuelas y que los niños voten en un simulacro del referéndum


El gobierno ha recurrido a incontables recursos de presión y amenaza de destituir a funcionarios o retirar las bolsas de alimentos o bonos a la población en general si se niegan a participar en la consulta sobre el Esequibo


Sebastiana Barráez/ jueves 30 de noviembre 2023

@SebastianaB


Tomado de Infobae


Una mujer le aclara a los estudiantes que le indigna el abuso y por ser menores de edad no están facultados para votar

El gobierno venezolano ha recurrido a incontables recursos de presión y amenaza de destituir a funcionarios o retirar las bolsas de alimentos o bonos a la población en general, si se niegan a participar en el referéndum consultivo sobre el Esequibo. Invierten gran cantidad de dinero en pintura para murales, en material para pancartas, en pegatinas para vehículos, en una imprevista campaña de cedulación, entre otros. No ha sido suficiente, ni siquiera que dirigentes de Oposición se hayan retratado sonrientes con Diosdado Cabello y que otros declaren que acudirán a votar con la excusa de “el tema es Venezuela”, por lo que el régimen también acude a los presos de diversas cárceles y por último, a niños y adolescentes.  

Los niños usados como un comodín de los intereses partidistas y políticos de la revolución bolivariana, sin respeto alguno por la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, menos aun protegiendo a la parte de la población más inocente. No se mide el peligro que representa la publicación de imágenes y videos de niños y jóvenes menores de edad, como instrumento para que las más altas autoridades escolares en los institutos de educación, las gubernamentales, incluyendo a ministros, generales, incluso a la Vicepresidente Delcy Eloína Rodríguez Gómez.

Padres que no fueron consultados para que sus hijos, en edad escolar, fueran utilizados en una acción política

¿Ante quién recurren los padres si el Estado, que debe proteger a los niños, es quien propicia la acción contra ellos? La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), tratado internacional adoptado por la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU), el 20 de noviembre 1989, reconoce a todas las personas menores de 18 años como sujetos de pleno derecho, pero esos derechos se basan en: la no discriminación; “el interés superior del niño; el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo; y el respeto por la opinión de los niños y niñas”.

Cuando los docentes y directivos de una institución, cumpliendo órdenes desde el más alto Gobierno, le imponen a los niños y adolescentes, muchos de ellos sin consultar previamente a los padres e incluso sin el consentimiento de ellos, a que participen en un evento vinculante con la situación política y electoral del país, están violentando el interés superior del niño.

Si el referéndum sobre el Esequibo, más allá de su inconstitucionalidad, remite a preguntas que requiere conocimiento del significado e historia de la reclamación de ese territorio, así como a las bases legales del mismo, es casi desconocido para la generalidad de la población, más aún para los niños, por lo que se convierte en una evidente manipulación de la autoridad ejerciendo presión sobre el menor, a quienes se les pide firmar y se le toman las huellas sin que esté presente su representante. ¿A dónde van esos datos?

Marcha por el Esequibo, de niños y jóvenes, que fueron sacados por las calles de El Nula, Apure

El uso de los datos

Desde la frontera, Evencio Zenón, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza del estado Táchira, le dijo a la periodista Marian Duque, del Diario de Los Andes, que los niños del séptimo grado escolar, con edades entre 11 y 12 años, no tienen la capacidad para responder ni comprenden qué significa el Laudo Arbitral de 1899 y el Acuerdo de Ginebra de 1966.

Aseveró que ponerlos a votar en el simulacro escolar es una violación a la Ley Orgánica de Educación, específicamente el artículo 12, “en lo que tiene que ver con la injerencia político partidista en las escuelas, porque nadie puede dudar que el hecho interno o el propósito de esa consulta el día de hoy, es para aprovechar presuntamente la firma, nombre, apellido y cédula de esos niños y docentes, para utilizarlo en el referéndum que se va a llevar a cabo el 3 de diciembre”, por lo que hizo un llamado a las autoridades de la Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña y Adolescente (Lopnna) y a la Dirección Educativa del Táchira porque se está violando el interés superior del niño y porque el artículo 26 de la Ley Electoral establece que la edad para votar es mayor de 18 años.

Indignada la madre de un adolescente obligado a votar

Irene Díaz, habitante de la fronteriza población de El Nula, municipio Páez del estado Apure y representante de la escuela Barrio Páez, donde tiene a un niño de educación inicial, le dijo a la Radio Fe y Alegría, en un reportaje de José Leonel Gutiérrez, que fue agredida verbalmente por Franklin Delgado, coordinador intercircuital y representante educativo de la parroquia San Camilo, porque ella comentó que la actividad sobre el Esequibo, para la cual sacaron a marchar a los estudiantes, era una utilización de los niños para proselitismo político.

Delgado, visiblemente molesto “le alzó la voz y haciendo gestos con sus manos generando la reacción de la señora Díaz, quien catalogó el hecho como una falta de respeto. ‘Irene si no quieres estar aquí, vete’, dijo en tono fuerte”.

Pero no fue solo ella, según destaca, “el lunes 27 de noviembre varios representantes de otras escuelas en El Nula se quejaron a través de redes sociales y por Radio Fe y Alegría Noticias que los niños estaban siendo utilizados para que los representantes del PSUV, entre ellos algunos docentes, se tomaran fotos para enviárselas a los jefes políticos que están promoviendo el referéndum consultivo”.

Los presos fueron llevados a una escuela de Caracas mientras los estudiantes estaban en clase

Las órdenes de Maduro

Nicolás Maduro le exigió días antes a la Ministra de Educación, Yelitze de Jesús Santaella Hernández, “organizar en todos los liceos y colegios de educación media del país un proceso electoral para que los muchachos menores de 18 años voten en su liceo, hagan el ejercicio del voto”.

A la vez, refiriéndose a Jorge de Jesús Rodríguez Gómez, presidente de la Asamblea Nacional y jefe de campaña del referéndum, “le pedí, como experto electoral, que elabore un programa, un software, para que ustedes hagan sus mesas de votación y voten todos los estudiantes de educación media”.

La toma de huellas y firma de una niña sin su representante presente. La brutal manipulación de niños por adultos funcionario del régimen. 

También le solicitó a la Ministra de Educación Universitaria, Sandra Oblitas Ruzza y a Génesis Garvett, la diputada y coordinadora del Comando de campaña Venezuela Toda, que en los centros de educación superior, con los estudiantes universitarios mayores de edad, se conforme el 1x10, estrategia electoral que el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) ha implementado para obligar a sus militantes y a los funcionarios públicos, militares y civiles, a arrastrar consigo a otros votantes.

El articulista Javier Vivas Santana dijo, a través de Twitter (X) “soy licenciado, magister y doctor en Educación. Nunca había visto un hecho semejante que un niño o niña de unos 5 años ejerciera un "voto" sobre un concepto tan complejo de territorialidad de Guyana, cuya historia tampoco conoce. Exijo al Ministerio Público una investigación”.

Para Tomas Eizaga, “inculcar la cultura democrática del voto desde temprano, con simulacros en las escuelas, sería una gran idea. Lo malo es quiénes lo impulsan, para qué y cómo. El contexto. Los niños deberían votar, por ejemplo, para elegir a sus delegados de clase o sobre un paseo escolar”.

La instrucción precisa: poner a votar a los muchachos

Josefina Álvarez opina que “no conforme con que los niños ven clases solo 2 días a la semana, van a tomar las escuelas hasta el lunes para su parapeto de referéndum; obviamente a los pocos días vacaciones decembrinas. Destruyen la educación de nuestros niños”.

Adriana Mendoza considera que “hoy más que nunca, debemos reiniciar la campaña ‘Con mis hijos no te metas’. Maduro, sin autorización paternal, está poniendo a los niños, de 12 a 18 años, a votar por el referéndum, en el CNE; y a los pequeños con las maestras. No permitamos ese abuso”.

Reclusos en la escuela

Desde que el 28 de noviembre 2023 empezó a rodar un video, donde la voz de una mujer explicaba, mientras mostraba las imágenes de la cancha deportiva del Colegio San Agustín, en El Marqués, Caracas, que desde la madrugada había casi un centenera de presos en ese lugar, los cuales en efecto se veían portando el uniforme amarillo, se encendieron las alarmas.

Los estudiantes llegaron después para ingresar a las aulas de clase. Lo inaudito es que los representantes no fueron previamente notificados de que los reclusos del Centro de Detención Preventiva de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), estarían dentro de la institución, porque tampoco la escuela previamente lo supo ni lo autorizó.

El periodista de sucesos, Román Camacho, dijo posteriormente que los organismos de seguridad habían ordenado “ingresar a los privados de libertad a Zona 7. Hicieron un llamado a mantener la calma y esperan que a media mañana se resuelva la situación. Exhortaron a los padres que quieran retirar a sus hijos que lo pueden hacer”.

La reacción de muchos padres y representantes fue de molestia, quienes a través de las redes sociales reclamaban la acción que pudo haber tenido consecuencias peligrosas para los escolares. Un vocero de la institución salió a las puertas del colegio siendo increpado por los representantes; él respondió que “si bien es cierto hay 150 privados de libertad sentados dentro del colegio, la verdad es que están rodeándolos como 300 guardias”.

Carlos Trapani, quien es el coordinador general de la ONG Cecodap Por los Derechos de la Niñez y Adolescencia, solicitó que se investigara esa presencia de militares y de reclusos en el mencionado colegio, calificándolo como “un grave precedente que irrespeta el espacio seguro y de protección que supone un centro educativo. Es indispensable que el Ministerio Público inicie una investigación a los fines de identificar responsabilidades y aplicar las sanciones que sean necesarias”.

“Los centros educativos no son ni pueden ser espacios para realizar operativos policiales ni militares. Así como usar sus instalaciones para el registro o permanencia de personas que se encuentren bajo investigación y custodia policial o militar. Los centros educativos son un espacio exclusivo para los niños, sus docentes y familias”.

Recordó que “la Ley de Reforma de la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional obliga a ejercer el servicio de policía utilizando los mecanismos y medios pertinentes y ajustados a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela para la preservación de la paz y la garantía de la seguridad individual y colectiva”, dijo Trapani.

Carlos Trapani, coordinador general de Cecodap

Opinan los venezolanos

Desde la frontera, Evencio Zenón, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza del estado Táchira, le dijo a la periodista Marian Duque, del Diario de Los Andes, que los niños del séptimo grado escolar, con edades entre 11 y 12 años, no tienen la capacidad para responder ni comprenden qué significa el Laudo Arbitral de 1899 y el Acuerdo de Ginebra de 1966.

Aseveró que ponerlos a votar en el simulacro escolar es una violación a la Ley Orgánica de Educación, específicamente el artículo 12, “en lo que tiene que ver con la injerencia político partidista en las escuelas, porque nadie puede dudar que el hecho interno o el propósito de esa consulta el día de hoy, es para aprovechar presuntamente la firma, nombre, apellido y cédula de esos niños y docentes, para utilizarlo en el referéndum que se va a llevar a cabo el 3 de diciembre”, por lo que hizo un llamado a las autoridades de la Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña y Adolescente (Lopnna) y a la Dirección Educativa del Táchira porque se está violando el interés superior del niño y porque el artículo 26 de la Ley Electoral establece que la edad para votar es mayor de 18 años.

Por su parte, para el profesor universitario Pedro Benítez, en un artículo de AlNavío, “el propósito central del referéndum consultivo, convocado para el próximo 3 de diciembre, no es el reivindicar la reclamación venezolana sobre los 159 mil 500 km2 de la Guayana Esequiba, de la que el país fue despojado por el imperio británico mediante el fraudulento Laudo Arbitral de París de 1899. El propósito de los convocantes de la consulta popular no es otro sino el de buscar la manera de mantenerse en el ejercicio del poder político sobre Venezuela, recurriendo a una estratagema tan antigua como la civilización misma. No hay razones externas, son internas”.

Omar Contreras Molina asegura que El Esequibo oxígeno para un presidente que no levantaba cabeza en las encuestas, solo utilizando la exaltación del sentimiento patrio ha movilizado masas obligadas asistir a marchas, conciertos, concentraciones, facilidades para renovar cédulas de identidad, programas hasta el cansancio en televisoras y radios estatales, e inclusive utilización de niños en escuelas, liceos, sin importar las leyes que les protegen, para garantizar participación todo se vale, hasta organizaciones políticas, religiosas, empresariales, universidades levantaron su corazón henchidos de patriotismo y dejaron bien plasmado el ferviente deseo de participar en el referéndum, todo viento en popa para el gobierno, la epidermis del patriotismo cunde, unos lo hicieron visible otros en el más profundo silencio para no sentirse culpable”.

“¿Por qué ahora? Preguntaba una niña al presidente y lo dejó desarmado, se salió por la tangente y no dio explicación convincente, lo sacó del libreto”, dice puntualizando que “durante tan largo tiempo no nos preocupó esa franja que aún permanece en nuestro subconsciente, solo reclamación, pero no la poblanos, ni los hicimos venezolanos, era el área marginal, solo algunos religiosos, pero ahora sí es importante en tiempos de elecciones”.

El insólito recurso del régimen venezolano: presos en las escuelas y que los niños voten en un simulacro del referéndum - Infobae

martes, 28 de noviembre de 2023

“Llegó la Navidad”: el amenazante mensaje del ELN al pedir regalos a 200 comerciantes en municipios fronterizos

 

El Ejército de Liberación Nacional tiene ocupada la finca Quebraditas, en la vía Flor Marina después del Poblar. Todos en la zona y en el gobierno saben que la guerrilla está ahí


Sebastiana Barráez/ martes 28 de noviembre 2023

@SebastianaB


Tomado de Infobae


Sonido de la emisora del ELN en la capital del Táchira

Unos días antes del jueves 23 de noviembre 2023, comerciantes de los pueblos Capacho nuevo y viejo, municipios Independencia y Libertad, respectivamente, del fronterizo estado Táchira, recibieron la convocatoria a una reunión obligatoria con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). "Llegó la Navidad", les dijeron, anunciando que debían estar a la una de la tarde en el Cerro El Cristo. La presencia de los grupos irregulares se consolidó en los últimos años, por lo que el ELN se siente tan seguro en territorio venezolano, que incluso ha expandido su presencia en las emisoras de la frontera, como denunció la ONG Fundaredes.

El ELN tiene ocupada la finca Quebraditas, en la vía Flor Marina después del Poblar, saliendo de Capacho Viejo; esa finca pertenecía a la Sucesión Cárdenas hasta que los irregulares la invadieron. Todos en la zona y en el gobierno saben que la guerrilla está ahí, incluso habitantes de los Capachos han observado la visita de funcionarios y dirigentes de la revolución bolivariana cuando se van a reunir con los irregulares colombianos.

Un vecino de la zona, en conversación con Infobae, confirmó que “hace unas semanas citaron a los conductores de mototaxis para discutir con ellos las tarifas. Todos los años, por época navideña, ellos solicitan regalos para los niños, que después reparten como buena acción de la organización guerrillera”.

Conatel no actúa ante la cantidad de emisoras de la guerrilla en Venezuela

En la reunión del parque El Cristo “vimos tres guerrilleros visibles, jóvenes, ninguno uniformado o encapuchados, ni siquiera el jefe, Alexander; se mostraban educados, no gritaron sino más bien fueron persuasivos sin dejar de intimidar, haciendo ver que ellos son la Ley y la autoridad, que no estábamos ahí para que se nos permitiera negarnos”.

Casi parafraseando al jefe negociador del ELN, Pablo Beltrán, cuando dijo que la suspensión de los secuestros y extorsiones no estaban incluidos en el cese al fuego que pactaron con el Gobierno de Gustavo Petro. El guerrillero Alexander les dijo a los comerciantes en Capacho, territorio venezolano, que “lo nuestro no es la extorsión, al contrario, estamos colaborando con la comunidad, porque fíjese, en navidad los comerciantes le dan los obsequios a los niños y nosotros sufragamos los eventos, refrescos y comida”.

Como si fuera una política de Estado, los organismos de seguridad no responden a los actos delictivos de personas o bandas, la comunidad se siente en estado de indefensión y acude a la guerrilla cuando son víctimas de robos, estafas, ruidos molestos y demás.

En zonas rurales de Capacho vive la guerrilla ejerciendo como autoridad ante la población

Aumentaron la cuota

Para la reunión, la guerrilla convocó a casi 300 personas al Cerro El Cristo, pero solo asistieron casi 200 por lo que luego de esperar media hora, se inició la reunión después de la 01:30 de la tarde del jueves 23 de noviembre de 2023. “Me pueden llamar Alexander”, dijo el representante del ELN, “asistido por Hamilton, que es un vecino poseedor de un quiosco, diagonal a la plaza Bolívar de Capacho Viejo; él siempre ha sido el enlace de la guerrilla con el pueblo”, confirmó una habitante de Capacho.

¿El objeto de la reunión? La entrega de regalos que los comerciantes deben darle a la guerrilla. Un asistente a la reunión narró que “arrancaron hablando en nombre de la ´máxima autoridad´, sin saber a quién se refería, y por supuesto nadie preguntó porque lo pueden matar a uno ahí mismo o aparecer muerto después”.

“El caso es que dijeron que esa ´máxima autoridad´ solicitaba 100 regalos por comerciante, luego se fue reduciendo de 50 a 20 regalos. El año anterior pidieron 10 regalos con un precio mínimo de 10 mil pesos; este año, aunque no fijaron el monto mínimo del precio, obligan a dar 20 regalos, que deben entregarse a los guerrilleros el 8 o 10 de diciembre, cuando ellos pasan por cada negocio para retirar dichos obsequios. ‘10 de esos regalos deben ser para niños y los otros 10 para niñas. Y no deben estar envueltos o empaquetados’, aclaró Alexander, supongo que para saber qué da cada quién”.

El profesor Javier Tarazona, coordinador de Fundaredes, fue detenido hace 879 días

“Alias Alexander dio un discursito, con frases comunes, que me hizo recordar algún librito de los que repartía la izquierda en los grupos de formación. El muy descarado dijo que entendía la situación económica por la que atraviesa el comercio, pero que esas eran las condiciones que cada uno debe cumplir. ´Pagan o pagan´, fue la sentencia que trató de endulzar”.

El guerrillero les dijo como consuelo que “en Capacho el régimen de colaboración era la entrega de regalos, una vez al año, pero en otros sitios, la colaboración que pedían era mensual y en dinero, por ejemplo, 10 mil pesos colombianos”.

Al estilo del referéndum, como si los asistentes tuvieran alguna opción, hizo una votación para que los comerciantes, de Capacho Viejo y Capacho Nuevo, votaran si preferían dar los regalos o el dinero, agregando de inmediato que la segunda alternativa se puede prestar a otras cosas. Ante esa apreciación levantamos la mano por los regalos”.

Aprovechando la asistencia de las casi 200 personas, dijo que la comunidad debe acatar la orden de prohibición de usar, en el área urbana, las bicicletas y motos como “caballito”. Informó que el día anterior le habían quitado las motos a dos jóvenes y que la sanción que tienen es que no se las devolverán, es decir que la guerrilla se apropió de lo que no les pertenece, demostrando así que el ELN es la ley, que usurpan las funciones del poder militar, policial y judicial.

Y para finalizar, los guerrilleros, pidieron a los comerciantes asistentes que le informen al ELN dónde están los vendedores de droga para proceder contra ellos.

Conatel ha cerrado cientos de emisoras venezolanas pero ninguna de las pertenecientes al ELN que funcionan en Venezuela

Las emisoras

Mientras la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) se ha dedicado durante años a cerrar emisoras y a censurar programas de radio en todo el territorio nacional, opta por ignorar la existencia, la transmisión e invasión de varios diales por parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Cuando hay mucha presión pública la emisora se silencia por un rato y luego regresa a su rutina, transmitiendo mensajes contra el Gobierno colombiano, a favor de la revolución bolivariana y captando jóvenes como combatientes.

La agresión contra la soberanía venezolana es brutal, no es reciente, está amparada por funcionarios venezolanos quienes permiten que la guerrilla haya ido avanzando aceleradamente, no solo con la ocupación de minas de oro en Bolívar y Amazonas, el negocio del narcotráfico en Apure, Sucre, Táchira y Zulia, sino ideológicamente en los niños de las escuelas fronterizas y luego territorio adentro, jóvenes e indígenas que han incorporado a sus grupos armados. 

En el año 2018, el coordinador de la ONG Fundaredes, profesor Javier Tarazona, quien hoy tiene 879 días preso en las mazmorras del Helicoide, bajo custodia del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), presentó un informe que demostraba la penetración de cinco emisoras pertenecientes al ELN transmitiendo desde territorio venezolano.

Las identificó como: Antorcha Estéreo 96.7 FM, perteneciente al Frente de Guerra Urbano “Camilo Torres Restrepo”, que inició operaciones el 4 de julio 2006, saliendo temporalmente del aire cuando en febrero 2009 la ONG Fundaredes hizo las denuncias públicas ante la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo.

Tarazona dijo, en el 2018, que “el 11 de marzo 2013, Antorcha Estéreo 96.7 FM reanudó funciones y sigue operativa. Su módulo de transmisión está ubicado en algún lugar del Parque Nacional Páramo El Tamá del Táchira, con espectro de influencia en las ciudades venezolanas San Antonio, Ureña, Delicias, Rubio, Capacho Nuevo y Capacho Viejo, con recepción en la zona metropolitana de San Cristóbal, Guásimos y Cárdenas, así como en la zona sur del llano Torbes, Fernández Feo y sus adyacencias”.

Otra de las emisoras del ELN es Voz de la Libertad 95.5 FM que, según denunció la ONG el 21 de octubre 2015, está operada por el Frente de Guerra Oriental del Ejército de Liberación Nacional, con influencia en los municipios Fernández Feo y Libertador, del Táchira, y Páez, de Apure, y sus alrededores.

Fundaredes presentó entonces un escrito a Conatel instándola a que cumplir con la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión para que las dos emisoras, Libertad y Antorcha, fueran bloqueadas, por pertenecer al ELN “grupo armado irregular incluido en las listas de organizaciones terroristas extranjeras de la Unión Europea (2004), del Departamento de Estado de Estados Unidos (2001), del gobierno de Canadá (2003), y reconocido por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos como un grupo armado”.

Otra vez fue notificada la Fiscalía General de la República y la Defensoría del Pueblo para que interpusieran ante Conatel las acciones que bloquearan a dichas emisoras, “por cuanto hacer apología a las actividades inherentes a la agrupación guerrillera y su ideología afecta la paz de los habitantes de las zonas de influencia, a la vez que constituyen una amenaza para la soberanía venezolana y una violación a lo establecido en el preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos”.

Ni el Ministerio Público, ni la Defensoría del Pueblo y tampoco Conatel, dieron respuesta. La guerrilla, enseñoreada ante funcionarios que no tienen interés de defender ni territorio ni soberanía, más bien protegida por el Gobierno en sus diferentes niveles, instala una nueva emisora el 8 de enero 2017, llamada Antorcha Elena 90.1 FM, del Frente Urbano “Carlos Germán Velasco Villamizar”, con influencia en los municipios Bolívar, Delicias, Ureña, Junín, Capacho Viejo, Capacho Nuevo, Torbes, Fernández Feo, San Cristóbal y toda la zona metropolitana de Táchira.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa hace secuencia sobre el cierre de medios en el 2022

Conatel le abre paso al ELN

A finales del 2016, Conatel sacó del aire a la emisora venezolana Metropolitana Estéreo 90.1 FM, como lo ha hecho con cientos de emisoras y argumentando la no renovación de la concesión, la necesidad del dial por diversas razones o castigando a la emisora por algún delito de opinión. Lo inaudito es que Conatel sacó del aire a esa Emisora venezolana, y unos días después el ELN empezó a transmitir por ese dial con Antorcha Elena.

También Fundaredes sustentó que la guerrilla, en febrero 2018, salió al aire con una nueva emisora, Radio Frontera Rebelde 105.5 FM, con área de influencia en los estados fronterizos Apure, Bolívar, Amazonas así como Barinas.

El crecimiento comunicacional de la guerrilla siguió creciendo, según explicó Javier Tarazona, el 19 de marzo 2018, el ELN inauguró al aire la emisora Radio Insurrección Caribeña 94.7 FM, perteneciente al Frente de Guerra Norte Zulia, que opera en la zona sur del Lago de Maracaibo y la Sierra de Perijá.

Más recientemente, el 20 de noviembre 2023, Fundaredes denunció el funcionamiento de Antorcha Estéreo 101.3 FM, en San Cristóbal, capital del estado Táchira; publicaron parte del sonido de la emisora perteneciente al ELN.

El 15 de abril del 2018, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), con la Operación Centinela Soberano, desmanteló la emisora La Voz de Libertad 95.5 FM, del Frente de Guerra Oriental “Comandante en Jefe Manuel Vásquez Castaño” del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que funcionaba en el sector Filas de Margua, a orillas del Río Cutufí, parroquia San Camilo, municipio Páez, del Alto Apure.

En la cabina de transmisión encontraron 2 micrófonos, logo de la emisora, un computador, un monitor pantalla plana, un equipo transmisor de 20 vatios para TX, 3 bases para micrófono, 3 audífonos, 3 cables conectores y todo el equipamiento de la emisora; la desmantelaron, se llevaron los equipos para la ZODI N°31 de Apure, pero nunca se supo si hubo detenidos.

Esa es la única acción que los militares han dado a conocer contra una emisora guerrillera. Las otras siguen funcionando con conocimiento del Estado venezolano y Conatel.

“Llegó la Navidad”: el amenazante mensaje del ELN al pedir regalos a 200 comerciantes en municipios fronterizos - Infobae


domingo, 26 de noviembre de 2023

Se registra un 90% de impunidad en los casos de violencia contra la mujer en Venezuela


Sebastiana Barráez/ domingo 26 de noviembre 2023

@SebastianaB


Ocho ONG denunciaron que a los femicidios se le suman las agresiones vicarias, institucionales y patrimoniales


Tomado de Infobae 

Hay violencia contra la mujer desde las instituciones gubernamentales

A los femicidios se le suma la violencia vicaria, institucional, patrimonial, la violencia ante la denegación de justicia que ocurre en Venezuela cuando los jueces, fiscales, magistrados y funcionarios policiales ignoran y se burlan de aquellas alertas cuando un agresor maltrata a la mujer, ejerce venganza contra los hijos, agresión sexual contra su pareja o expareja. La justicia a veces se quita la venda de los ojos y favorece a quien agrede a la mujer o sencillamente no actúa con la diligencia necesaria. A ello se le suma que hay numerosas organizaciones que, aun recibiendo cuantiosos recursos para la defensa de la mujer, se limitan a estadísticas o denuncias internacionales. Los casos de Linda Loaiza y Vanessa Vivas tienen un componente común, el poder político o económico de los agresores. Los de presas políticas, algunas víctimas de agresiones sexuales, todas de violencia institucional y psicológica.

Linda Loaiza aún espera que el Estado venezolano cumpla la sentencia 
de la Corte Interamericana de DDHH

A propósito del Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, instaurado el 25 de noviembre, es necesario recordarle al Estado la urgencia de actuar, que se haga justicia ante las agresiones contra cientos de féminas y más aún evitar que el número de víctimas siga creciendo aceleradamente, porque en 90% de esos casos no se ha hecho justicia. Uno de los emblemáticos es el de Linda Loaiza, que ganó su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero el Estado venezolano, luego de cinco años de la sentencia, aún no ha cumplido. (http://www.sebastianasinsecretos.com/2021/05/09/ningun-violador-merece-perdon-ni-olvido-el-calvario-de-la-esclava-sexual-de-un-hombre-que-lleva-20-anos-protegido-por-el-estado-venezolano).

En el caso de Leyla Vanessa Vivas Villamizar, exesposa del diplomático Nelson Javier Ortega Bonilla quien era embajador de Venezuela en Guinea Ecuatorial; un tribunal a cargo del juez Jorge Luis Devenish se prestó para que otro Tribunal, el del juez de San Antonio del Táchira Luis Alberto Cárdenas Useche, usando un inusual despliegue policial, le quitara los tres niños sin que la madre previamente hubiese sido notificada. Desde entonces ella ha sufrido violencia por parte del poder del entonces embajador, pero también de la Fiscalía que tiene desaparecida la denuncia que por violencia hizo Vivas ante el Ministerio Público. (http://www.sebastianasinsecretos.com/2023/04/la-esposa-del-embajador-de-venezuela-en.html).

Lo que ha inclinado la balanza para favorecer al exembajador es la influencia de embajadores, magistrados, ministros y mucho dinero. Contrario a defender a la mujer en estado de indefensión, la Fiscalía contribuye para que Ortega ejerza mayor violencia sobre ella al acusarla de delitos sexuales, no le permita ver ni hablar con los niños, ante lo cual el Tribunal a cargo de la jueza María Luisa Isea Peley hace absoluto silencio permitiendo la violencia institucional sobre Vanessa Vivas y colateralmente contra el derecho de los niños.

Leyla Vanessa Vivas Villamizar exesposa 
del exembajador de Venezuela en Guinea Ecuatorial

Sin derechos

En Venezuela hay numerosos casos de madres detenidas y judicializadas, acusadas por sus exparejas o por funcionarios que usan el delito sexual como argumento solo para quitarles a sus niños.

El caso de Yrasema Malavé es dramático, porque un año antes el Consejo de Protección municipal le quitó a su hija; la mujer desesperada pidió en videos dirigidos al Fiscal General Tarek William Saab que se hiciera justicia. Una fiscal del estado Carabobo le advirtió que dejara de denunciar a los funcionarios de La Isabelica en Valencia, porque de lo contrario la encarcelaría y eso hizo el 10 de mayo 2023 cuando ella concedía una entrevista. Al final, sola, presa y sin recursos económicos para defenderse, como ha sucedido con otras mujeres, acató la sugerencia de los abogados de que asumiera los hechos porque tenía la amenaza de pasar 23 años en prisión. (http://www.sebastianasinsecretos.com/2023/05/yrasema-malave-fue-detenida-cuando.html).

Otro testimonio brutal de violencia institucional contra la mujer lo relató Carmen Esperanza Iribarren Peraza, quien se cansó de reclamar que le devolvieran a sus nietos, hasta que la detuvieran, la sacaron del apartamento donde vivía y ella no pudo ante la violencia institucional. (http://www.sebastianasinsecretos.com/2023/05/una-abuela-venezolana-denuncio-que-una.html).

Muchos familiares de mujeres víctimas mortales por violencia deben recurrir a la protesta pública, para tratar de que se haga justicia. Algunas de esas voces se siguen oyendo durante años en el país. Hay hechos que han conmocionado a la opinión pública, por los involucrados, como el asesinato de la jovencita Ángela Nohely Aguirre Yaguare. También en la Fuerza Armada con el caso de la teniente Elinés María Olivero Turmero, cuya familia aseguró que el cuerpo de la joven tenía marcas de golpes que no se correspondían con un suicidio; el Ministerio Público accedió a una segunda autopsia. Antes de que esta concluyera, Últimas Noticias un medio de propaganda oficialista, aseguraba que la chica se había suicidado, lo que fue publicado por numerosos medios, aunque UN eliminó el artículo unas horas después. (http://www.sebastianasinsecretos.com/2023/10/el-desprecio-de-la-fuerza-armada-ante.html).

En defensa de la mujer

La muerte de Ángela Aguirre pasó de accidente a asesinato

A través de un comunicado, ocho de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) defensoras de derechos humanos que han demostrado interés en la defensa de las mujeres, de los derechos humanos y ciudadanos, se pronuncian, desde el estado Lara, “ante la escalada de hechos de violencia de género (femicidios, agresiones físicas y sexuales), cometidas contra la población femenina”.

Ellas son por la Red de Derechos Humanos de Lara, el sociólogo Nelson Freitez; Cátedra Libre de Derechos Humanos Ucla Barquisimeto; sacerdote Raúl Herrera de la Vicaría de Derechos Humanos Lara; SOS Pacientes Renales; Marisol Bustamante de Transparencia Ciudadana; Vicsalys Lucena de la Fundación Iribarren Lucha; Edgar Silva del Comité de Pensionados y Jubilados; Luzmila Leal del Frente Nacional de Mujeres de Lara; y Natalia Reverón de Fenasopadres. Destacan que, de acuerdo con el Observatorio Digital de Femicidios del Centro de Justicia y Paz (Cepaz), del 01 de enero al 31 de julio 2023, se han consumado 160 femicidios y 93 femicidios en grado de frustración.

Afirma el comunicado que “en promedio hubo una acción feminicida cada 19 horas. En total, 55 niños y niñas quedaron huérfanos. En 10 de los casos los niños presenciaron la muerte violenta de su madre. Se profundiza todas las formas de violencia de género en Venezuela al situarse la impunidad en un 90% según señalan las investigaciones realizadas por Organizaciones como Provea, Cepaz, Fundaredes, Utopix y Acceso a la Justicia y confirmadas recientemente por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas”.

Es por ello, que hacen un llamado de alerta “a todos los sectores de la sociedad venezolana sobre acciones a seguir para exigir garantía sobre los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia y al deber que tienen las instancias judiciales para dar estricto cumplimiento a las normas jurídicas establecidas y a los convenios internacionales suscritos por Venezuela para tales fines”.

“Aquí debemos recordar el caso de Linda Loaiza, el cual ha marcado un antes y un después en la historia de la violencia contra la mujer y las actuaciones pasivas del Estado, para dar protección a un sector que hoy representa la mitad de la población. En 2001, increíblemente el país fue testigo de las trabas por las que tuvo que pasar Loaiza para intentar acceder a un sistema de justicia que fue evasivo en todo momento ante las evidencias presentadas y que terminan en 2018 con una condena por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”.

Incumple el Estado

Dicen las citadas ocho ONGs que “los casos de agresión sexual contra niñas y adolescentes pueden tardar hasta tres años en un tribunal, aunado a que la reducción de pena para estos agresores representa la revictimización no sólo de la víctima sino del grupo familiar”.

“Ante cada hecho de agresión contra la población femenina y ante el deterioro del sistema de justicia, expresamos ante el país y ante la comunidad internacional el incumplimiento del Estado venezolano en el compromiso de reducir los índices de violencia contra la población femenina y al mismo tiempo la no implementación de programas educativos que promuevan la equidad de género y el respeto por la diversidad social en los distintos sectores de la población”.

“¿Hacia dónde va un país cuyos índices de impunidad en los casos de violencia de género se ubican en un 90%? ¿Tiene el Estado algún propósito en mantenerse inmutable ante estadísticas tan graves? Es claro, que el Estado tiene responsabilidad directa en la condición de inseguridad que hoy vive la población femenina en Venezuela, dónde los agresores sienten, en los débiles mecanismos de justicia, el mayor estímulo para incurrir en cualquier tipo de delito estipulado en la legislación como violencia de género”.

“En nombre de las mujeres agredidas y asesinadas, en nombre de sus familias, de sus hijos y de sus padres, exigimos justicia y acciones contundentes para frenar los elevados y alarmantes índices de femicidios en el país. Así mismo, solicitamos al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, al Comité para la Discriminación Contra la Mujer (Cedaw) y a la Corte Interamericana de DDHH exigir al Estado Venezolano el cumplimiento de los tratados y convenios suscritos para la reducción y erradicación de cualquier forma de violencia contra la mujer”, finalizan diciendo las ocho ONGs.

Se registra un 90% de impunidad en los casos de violencia contra la mujer en Venezuela - Infobae

jueves, 23 de noviembre de 2023

De dónde provienen las armas que las bandas venezolanas tienen en las cárceles

 

En indagaciones que Infobae hizo sobre militares presos por robo de armas, resulta coincidente que la mayoría de ellos son de bajo grado y tienen necesidades económicas urgentes


Sebastiana Barráez/ jueves 23 de noviembre 2023

@SebastianaB



Tomado de Infobae 

Las armas que pasan al DAEX luego de su incautación

“En la Dirección General de Armas y Explosivos (DAEX), a cargo del General de División (Ej.) Jesús Antonio Carrera Mora, mensualmente se pierden armas de diferentes modelos y calibres. Señalan como culpable a algún militar en grado de sargento, teniente, capitán o mayor, para que pague por el extravío de esas armas; la mayoría de ellos son solo chivos expiatorios, a quienes la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) acomoda actas policiales con las que ha perjudicado la carrera y la libertad de varios militares. La mayoría de esas armas en realidad salen a la venta para los pranes en las cárceles y las bandas delictivas”, dice un oficial en conversación con Infobae.

Recalca que ese hecho ha sido repetitivo “durante los seis años que tiene el general Carrera en el cargo, cuya promoción ya pasó a retiro, incluyéndolo a él; se ha perdido un gran número de armas que han ido a parar a las cárceles del país. Obsérvese que por ello no existe explicación alguna de por qué en la reciente toma de las cárceles se encontraron lotes de armas sin contar en ello las de mayor calibre que se llevaron los pranes y sus luceros consigo”.

“El gran negocio de las armas y municiones perdidas o robadas es la venta a las cárceles y a las megabandas, que por cierto han usado los centros penitenciarios de Venezuela, como sus búnkeres particulares para delinquir desde ahí. Esos pranes han sido intocables, unos han sustituido a otros, según el funcionario político que los controle. Lo que sí puedo decirle es que el DAEX es un supermercado para comprar armas y municiones”, finaliza diciendo. 

Parte de municiones que junto a armas se encontraron en la cárcel de Tocorón

En indagaciones que Infobae hizo sobre militares presos por robo de armas, resulta coincidente que la mayoría de ellos son de bajo grado, son personas de muy bajos recursos económicos, quienes terminaron en manos de defensores públicos, cuyos familiares no saben a qué organismo denunciar lo que ha sucedido desde que, muchas veces sin prueba alguna, aparece la DGCIM y los detiene por orden de la Dirección de Armas y Explosivos. A eso se le suma el negocio de los portes de armas.

Un exfuncionario de DAEX le dijo a Infobae que “los portes de armas están suspendidos para el personal civil, pero por 5 mil dólares autorizan a que hagan el porte de armas y le dan una acreditación como colaborador de la DGCIM, para así justificar el uso y posesión del arma. Además, la asignación de un arma con el porte de armas también tiene precio”.

“¿Sabe por qué los pranes no cayeron con la toma de las cárceles? Porque iban a empezar a nombrar a los generales y coroneles que les dan acceso a esas armas, van a decir de dónde salieron las armas, quiénes se las comercializaron y van a rodar muchos nombres del Daex”.

El GD Jesús Antonio Carrera Mora es el Director General de Armas y Explosivos; Coronel Juan Ernesto Barrios Villegas es el director del Parque Nacional de Armas; Coronel Germahint Flores Moreno, jefe de Armas y Municiones del Daex; Teniente Coronel Francisco Javier Sanjuan Sánchez, jefe de la Oficina de Portes de Armas.

El GD (Ej.) Jesús Antonio Carrera Mora es el director de Armas y Explosivos

Porte de armas

Hasta que la Ley para el Desarme y Control de Armas, presentada por el entonces Ministro del Interior, Tareck El Aissami, en el 2011 y aprobada en el 2013, regía la posesión de armas de fuego. Desde ese momento queda regularizada la tenencia, el porte, el uso y la comercialización de armas, que finalmente se le aplicó al venezolano común, que no podía usar ni portar armas ni siquiera para la caza deportiva; el control de esa asignación, en manos del Ministerio de la Defensa, supuestamente brindaría más seguridad, pero lo que se reforzó fue el poder de las bandas armadas ante una población desarmada.

El 2 de mayo 2017, poco después de que Nicolás Maduro convocara a una Asamblea Nacional Constituyente, sin haber consultado al pueblo en Referéndum, el General en Jefe (GNB) Néstor Luis Reverol Torres, para el momento ministro del Interior y Justicia, anunció que “se suspende el porte de armas de fuego en todo el territorio nacional por 180 días, para garantizar la seguridad, la paz y el orden interno". 

En agosto 2019, el gobierno venezolano emite la resolución conjunta números 032321 y 143, que suscriben los ministros de Defensa y de Interior y Justicia, GJ (Ej.) Vladimir Padrino López y GJ (GNB) Néstor Luis Reverol Torres, suspendiendo el porte de armas de fuego y armas blancas, con la advertencia que quien cargue un arma podría quedar privado de libertad.

El argumento fue “garantizar la paz, el orden interno y la integridad física de todos los que viven en Venezuela”; el porte de armas de fuego y armas blancas se suspende por un año prorrogable. La resolución no se aplica a los integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), funcionarios de los cuerpos de seguridad ciudadana, policías, custodios del transporte de valores y los encargados de la seguridad de los entes públicos y sedes diplomáticas. Han pasado cuatro años desde entonces.

Los organismos castrenses tiene numerosas publicaciones insistiendo en la destrucción de armas previa verificación del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC), que luego son trasladadas a la Dirección de Armas y Explosivos (DAEX) y finalmente pasan por un proceso de destrucción donde son fundidas para posteriormente ser utilizadas para la construcción de viviendas de la Gran Misión Vivienda Venezuela.

La destrucción de armas para la construcción de viviendas

Así las desaparecen

Un oficial le dice a Infobae que “las armas son retiradas del sistema como si nunca hubiesen entrado a DAEX; así las envían sin riesgo a quien pagó por ellas. Cuando en revisión se percatan de la pérdida de las armas agarran a un militar de bajo rango y lo señalan como responsable del robo. Notifican a la Dgcim, que se encarga del caso como organismo de investigación y detienen a los militares, en acuerdo con la fiscalía militar”.

“Las actas policiales las cuadran en DAEX con la DGCIM. El ex jefe de investigaciones de la Dirección de Contrainteligencia Militar, Coronel Jeckssie José Figueroa Lira es compañero del Coronel Juan Ernesto Barrios Villegas, director del Parque Nacional de Armas y Explosivos del DAEX. Se fijan en algún sargento o teniente. Y llaman al fiscal militar, Coronel Elías Plasencia Mondragón. Esos tres compañeros, quienes ascendieron a coroneles en julio 2021 coordinan y realizan las órdenes de aprehensión contra el que va a aparecer responsable del robo de armas”.

“El capitán Miguel Ángel Castillo, ayudante del Almirante en Jefe Remigio Ceballos Ichaso, es quien realiza las coordinaciones referentes a las armas y municiones con el DAEX; el capitán Castillo trabajó anteriormente en el DAEX en la gestión del GD Carrera Mora”.

De dónde provienen las armas que las bandas venezolanas tienen en las cárceles - Infobae


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