jueves, 29 de septiembre de 2022

Un sargento protegido por un comandante apremia a médicos y pacientes en Venezuela

 

Es la tercera vez que Joelvic José Delgado Colina ataca a mujeres médicos de un Hospital del Seguro Social, sin que reaccionen autoridades



Sebastiana Barráez/ jueves 29 de septiembre 2022

@SebastianaB



Tomado de Infobae 
El sargento retirado de la GNB Joelvic Delgado Colina actúa contra una nefróloga y pone en peligro la vida de 80 pacientes renales

Es la tercera vez que el sargento primero retirado (GNB) Joelvic José Delgado Colina, ataca a mujeres médicos de un Hospital del Seguro Social, sin que reaccionen autoridades del IVSS, Colegio de Médicos ni Ministerio del Trabajo. Varias mujeres víctimas de la misoginia del sargento: 1) dos doctoras detenidas, esposadas y desnudadas en abril 2020; 2) una doctora agredida que lo denunció por intromisión en funciones con pacientes de Covid, en julio 2021; 3) Ahora causó la destitución de la Jefa de la Unidad de Diálisis, poniendo en peligro a 80 pacientes renales, que van tres veces a la semana y que el lunes protestaron por la grave crisis que se está viviendo en esa dependencia.

Los pacientes renales deben dializarse dos veces a la semana. Cortesía El Impulso.

En medio de una grave crisis para los enfermos renales, fue destituida la nefróloga Rosario de Los Ángeles Chirinos Jiménez, quien era la coordinadora de la Unidad de Diálisis intrahospitalaria “Magaly Romero” del Hospital Tipo III “Dr. Rafael Calles Sierra” de la Península de Paraguaná. Cuando le ofrecieron el cargo al doctor Janser Carache, él se negó. “El doctor Carache no iba a aceptar después que destituyen a su colega en esos términos. Esa nefróloga Chirinos es muy respetada, tiene más de 20 años en el Seguro, es una institución, fue fundadora de esa unidad y la destituyen de manera grosera y humillada por ese sargento”, le dice a Infobae un trabajador de Nefrología.

La comunicación del ex director del Hospital Calles Sierra en defensa de las doctoras agredidas por Delgado

Es muy grave que en este momento no hay coordinador de la Unidad de Diálisis, lo que influye en que no haya responsable de atender a los pacientes. Mayerling Yánez Guzmán, directora del hospital pretende nombrar a un médico internista ante la ausencia de un doctor en Nefrología que acepte el cargo, lo que agrava el peligro para los pacientes.

El sargento retirado de la GNB, Joelvic Delgado Colina quien lleva tres agresiones contra mujeres médicos del Hospital Calles Sierra, cuenta con la protección del teniente coronel (Ej) Jhonatan Jairo García del departamento de Prevención y Control de Pérdidas (PCP) del Seguro Social, para quien el reglamento del IVSS está por encima de la Ley y de la Constitución. La violación de los derechos humanos de las doctoras del Hospital Calles Sierra tiene responsables a los militares.

Dra. Rosario Chirinos, la nefróloga vejada y destituida

La directiva del Hospital ha respondido que no son responsables de lo que ocurra ahí y tildan de “problemas personales” lo que el sargento hace contra las médicos. “Nada tenemos que ver con eso, porque nada tenemos que ver con PCP. Resuelvan esos problemas con Caracas”.

Jennifer López Maldonado, subdirectora del Hospital Calles Sierra

Sin agua y sin luz
A principios de agosto 2022 la entonces coordinadora de la Unidad de Diálisis, doctora Rosario Chirinos, se vio obligada a cerrar parcialmente el servicio porque no había agua. Falcón lleva más de dos décadas de grave carencia del servicio de agua, a pesar de las millonarias inversiones que se hicieron, en colaboración con China, lo que ha sido un monumento a la corrupción.   

Pero a eso se le suma la gravísima situación en las fallas de energía eléctrica, que han sido varias veces al día, a veces de tres, seis, ocho, doce y hasta 24 horas, lo que atenta contra los equipos de diálisis. El 10 de septiembre dos hombres que asaltaban la Termoeléctrica Josefa Camejo de Punto Fijo resultaron electrocutados y causaron el corte de luz en Paraguaná. El Gobernador Víctor Clark anunció que era saboteo.

Aunque Yánez Guzmán, directora del Hospital, también ha dicho que personas internas y externas sabotean su gestión, en realidad el centro asistencia del Seguro Social es víctima, igual que el resto del estado y el país de graves fallas en los servicios públicos.

La nefróloga Rosario de Los Ángeles Chirinos Jiménez se ve obligada a paralizar las actividades parciales del servicio de diálisis cuando las fallas de luz aumentaron varias veces al día. “Las máquinas tienen que estar conectadas a la corriente y se corre el riesgo que se dañaran, porque la planta eléctrica del Hospital Calles Sierra no arrancaba cuando fallaba el suministro de energía”, dice un trabajador de Nefrología, en conversación con Infobae.

Para el acto de Diosdado se llevaron los autobuses de Transfalcón que necesitan la mayoría de los pacientes renales en Falcón

“La doctora Chirinos no tenía otra opción, porque imagínese lo que significa tener al enfermo renal conectado a la máquina sin energía eléctrica, corriendo el riesgo que el paciente se le muera ahí mismo. Ella suspende parcialmente el servicio de Nefrología; por eso el lunes la llamaron para una reunión con la directora Mayerling Yánez, la subdirectora Jennifer López Maldonado y el sargento Joelvic Delgado. Ahí le dijeron que prendiera esas máquinas porque tiene compromisos políticos; la respuesta de la doctora Chirinos es que su compromiso es garantizar que el paciente reciba un servicio que no ponga en riesgo su vida y que las máquinas no se echen a perder”.

Lo más indignante es que el sargento Joelvic Delgado vejó verbalmente a la nefróloga y le dijo ‘entonces usted no es de nuestro equipo’. La nefróloga respondió que si la obligaban a hacer algo que pudiera en peligro la vida de los pacientes y la funcionabilidad de los equipos se vería obligada a renunciar. Fue tal la humillación que la doctora Chirinos se retiró de la reunión. No le permitieron renunciar; el sargento con la directora y subdirectora decidieron destituirla de la coordinación de diálisis”, dice el trabajador de Nefrología del Calles Sierra.

Mayerling Yánez es la directora del Hospital Calles Sierra

En el 2020 el sargento Joelvic Delgado Colina señaló “como ladronas a dos doctoras, a quienes se les metió en el cuarto de descanso, las vejó y denunció ante la Policía que se las lleva presas, ni porque las desnudaron encontraron ninguna prueba contra esas doctoras, a quienes el Ministerio Público y el juez dejaron en libertad:  una de las doctoras, María Fernanda Lugo Acosta, después de esa humillación decidió no regresar al hospital, la otra doctora Adriana Nazaret Vargas sigue en el hospital en Anestesiología”. (Sebastiana Sin Secretos: El caso de dos cirujanas detenidas, desnudadas y esposadas revela el peligroso poder de los militares en los hospitales de Venezuela).

En el 2021 la doctora Eyranabell García recibió malos tratos por parte del sargento Delgado Colina; “ella lo denunció, lo metieron preso, la Fiscalía abrió un procedimiento contra él y le dictó medidas que incluyen no acercarse a la doctora García. Los directivos del Hospital Calles Sierra y del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales ponen en peligro a la doctora al permitirle que el sargento siga en el centro de trabajo”.

El 23 de julio 2021 el entonces director del Hospital Rafael Calles Sierra, Julio César Chirino Fonseca, en una comunicación refleja que se ha expuesto al escarnio público al personal médico y paramédico del Hospital; él defendió a los médicos destacando que trabajan “con mística e idoneidad en el cumplimiento de sus funciones y atención a los pacientes que acuden a nuestra institución”.

Después de los graves hechos contra las doctoras, PCP Caracas nombra al sargento Joelvic Delgado como Coordinador Regional de la Dirección General Prevención Control y Perdida, estado Falcón.

Abogada Magaly Gutiérrez Viña, Ministra de Salud y Presidente del Seguro Social

Todo en familia
Aunado a eso, es importante destacar, que hace dos días estuvo en La Vela de Coro (a más de 100 kilómetros de Paraguaná), el vicepresidente del partido oficialista, Diosdado Cabello Rondón, para juramentar unas estructuras del PSUV. Para ese evento hicieron una movilización usando los autobuses de Transfalcón que son los que utilizan la mayoría de los pacientes del estado que se van a dializar.  

Un paciente reveló a Infobae que es muy difícil conseguir cupo para dializarse. “Hay otra unidad estadal, además de la de Punto Fijo, pero hay muchos pacientes. Quien no consigue cupo, muere. La situación en el Calles Sierra se ha vuelto alarmante porque las fallas eléctricas son continuas y por largas horas. Ni se imagina la cantidad de enfermos que han muerto por no poder hacerse la diálisis en el estado Falcón. Ahora resulta que botaron a la Jefa de la Unidad por denuncias del sargento ese”.

La situación amenaza con complicarse porque la directora ha pretendido que personal no autorizado manipulen las máquinas de diálisis y eso fue parte del problema que se generó con la doctora Rosario Chirinos cuando se opuso a ello. Un técnico revela a Infobae que “eso es grave, porque las máquinas de diálisis son delicadas y solamente las revisa personal que envían desde Caracas con un personal calificado, electromédicos, es decir médicos especialistas”.

En el hospital hay una relación familiar entre varios funcionarios. No es casual que la directora, quien permanece más tiempo en un servicio de la alcaldía de Carirubana que en el Hospital,  pretenda nombrar como coordinadora de diálisis a la médico internista Mirelis Suarez, esposa de José Miguel Velasco actual jefe de servicio de medicina interna”.

Entre los encargados del mantenimiento de la Planta Eléctrica está el esposo de la subdirectora Jennifer López Maldonado, cuyo padre es el Jefe de Cirugía del Hospital Calles Sierra. Y así una larga lista de intereses.

Hasta ahora los pacientes renales siguen en peligro; aun en condiciones tan delicadas han salido a protestar. No hay quien coordine la Unidad por ausencia de la nefróloga que fue destituida por la directiva actual del hospital.

Un sargento protegido por un comandante apremia a médicos y pacientes en Venezuela - Infobae


miércoles, 28 de septiembre de 2022

Cuáles son y dónde están los nuevos comandantes de las Unidades de Inteligencia Antidrogas de la Guardia Nacional en Venezuela

 

Aunque Nicolás Maduro ha estado cuidadoso en los nombramientos de las Unidades Tácticas y los ascensos, en el caso de las URIA decidió colocarle a todas rostro distinto



Sebastiana Barráez/ miércoles 28 de septiembre 2022

@SebastianaB



Tomado de Infobae 
Inteligencia Antidrogas de la Guardia Nacional tiene nuevos comandantes

Hubo cambios en todas las 24 Unidades Regionales de Inteligencia Antidrogas (URIA) del Comando Nacional Antidrogas de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). Hubo algunos enroques. Aunque Nicolás Maduro ha estado cuidadoso en los nombramientos de las Unidades Tácticas y los ascensos, en el caso de las URIA decidió colocarle a todas rostro distinto, según Resolución 47521 del 13 de septiembre 2022.

En la Unidad Regional de Inteligencia Antidrogas Nr. 11, estado Zulia, una de las más importantes, ubicada en la frontera con Colombia, donde pululan carteles colombianos y mexicanos; fue nombrado el Mayor Vladimir Yanko Huérfano Gutiérrez, quien sustituye al My Edwar Vicente Osorio Mora, quien en el 2015 ascendió a capitán de Nr. 85. Yanko Huérfano es oriundo del Táchira, egresado en el rango curricular Nr. 26 de la promoción “4 fe Febrero” de julio 2007.

Mayor Vladimir Yanko Huérfano Gutiérrez, comandante de la Unidad Inteligencia Antidrogas Zulia

De la Unidad Regional de Inteligencia Antidrogas Nr. 12, Lara; salió el teniente coronel Eliomar José Quevedo González, ingresando el Mayor Diego Armando Perche Párraga, quien fue el Nr. 24 de la II Promoción Batalla de Carabobo, egresó en julio 2008. Perche era el comandante del Destacamento Rural Nr. 13-2 de la Guardia Nacional Bolivariana en Mirimire, estado Falcón, y antes lo fue de la 2da Compañía del Destacamento de Comandos Rurales 139.

El nuevo comandante de la importante Unidad Regional de Inteligencia Antidrogas Nr. 13, del estado Falcón es el Teniente Coronel Jorge José González Hernández, quien sustituye al Mayor Cristiangel Alberto Hernández Ojeda. González Hernández fue el Nr. 76 de la II Promoción Tomas de Las Flecheras, egresada en julio 2004. Falcón es un estado estratégico para lo relacionado al narcotráfico, no es casual que en agosto 2011 una avioneta fue retenida cuando no pudo despegar en Puerto Escondido, vía perimetral del Cabo San Román, con mil 147 (1.147 kg) kilos de cocaína de alta pureza; al día siguiente se llevaron la aeronave del aeropuerto Josefa Camejo de Punto Fijo. El ahora ministro Néstor Reverol ocultó el hecho diciendo que se trataba de una entrega controlada, lo que se demostró claramente que fue falso. Stella Marina Lugo de Montilla, la entonces gobernadora del estado Falcón, ahora embajadora de Venezuela en Argentina, destituyó al jefe de la Policía regional, pero extrañamente, fue ella quien colocó los abogados para que defendieran a cinco policías detenidos, según dijeron sus familiares.

Mayor Everest Daniel, en la URIA Cojedes

Para la URIA Nr. 21 Táchira fue nombrado el My Alexander Enrique Arambulo Garrido, quien reemplazó al Tcnel. Elliot Kowalski Díaz Vielma. Arambulo fue el Nr. 79 en la III Promoción Batalla de Boyacá egresada en julio 2009. Táchira es otro importante estado fronterizo para lo relacionado al tráfico de drogas, por tener rutas claves de acceso al país y por la presencia activa del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el narcotráfico.

En la Unidad Regional de Inteligencia Antidrogas Nr. 22, Mérida, fue nombrado el My Miguel Ángel Martínez Salazar, sustituyendo al Coronel Daniel Leonardo Bello Romero. Martínez fue el Nr. 60 de la II Promoción Toma del Callao de julio 2006.

My Alexander Enrique Arambulo Garrido nombrado en la URIA Táchira 2

En la Unidad Regional de Inteligencia Antidrogas Nr. 23 Trujillo está ahora el Tcnel. Ramón Alberto Ortega Muñoz en reemplazo del Tcnel. Marcos Ulises Aular Farías. Ortega fue el Nr. 2 del II Curso Especial de Formación de Oficiales Efectivos, que significa ser el Nr. 116 de la II Promoción Batalla El Juncal egresada en julio 2002. Él estuvo en la URIA de Monagas un año hasta julio del 2021.

Unidad Regional de Inteligencia Antidrogas Nr. 31, Portuguesa. Fue sustituido el Tcnel Hendrick José Bracho Torrealba por el Tcnel Federico Gabriel Hernández Toledo, quien es en orden curricular el Nr. 122 de la II Promoción Tomas de Las Flecheras 2004.

Coronel David José Rodríguez Sierra, en la URIA del Aeropuerto de Maiquetía

Tcnel Federico Gabriel Hernández Toledo en la URIA Portuguesa

Unidad Regional de Inteligencia Antidrogas Nr. 32, Cojedes. Ha sido nombrado el My Everest Daniel Pérez, sustituyendo así al My Néstor Enrique Briceño Farías. Pérez es el Nr. 48 de la II Promoción Toma del Callao de julio 2006.

Para la Unidad Regional de Inteligencia Antidrogas Nr. 33, Barinas, fue designado el My Wilmer José Cruz Ardila, quien sustituye al Tcnel Sanny Rafael Guzmán Rivas. Cruz fue el Nr. 91 de la III Promoción Batalla de Carabobo 2008.

De la Unidad Regional de Inteligencia Antidrogas Nr. 34, Guárico, salió el My Naudys José Cuicas Mogollón y fue nombrado el My Luis Ángel Barrios Barboza, quien egresó de Nr. 48 de la III Promoción Batalla de Carabobo 2008.

Unidad Regional de Inteligencia Antidrogas Nr. 35, Apure. Ahora está el My Rafael José Bustos Sánchez, quien sustituyó al Tcnel Liwil José Mota Salazar. Bustos es el Nr. 34 de la III Promoción Batalla de Carabobo 2008.

Mayor Néstor Enrique Briceño Farías en la URIA Yaracuy

Unidad Regional de Inteligencia Antidrogas Nr. 40, Yaracuy. Nuevo comandante el My Néstor Enrique Briceño Farías, en reemplazo del My Jesús Sael Rubio Calderón. Briceño viene de la URIA Cojedes; es el Nr. 43 de la II Promoción Toma del Callao 2006.

Unidad Regional de Inteligencia Antidrogas Nr. 41, Carabobo, tiene como comandante al My Keny Yoel Hernández Oicata, sustituyendo así al My Miguel Ángel Martínez Salazar, quien a su vez fue enviado a la URIA Mérida. Hernández es el Nr. 25 de la III Promoción Batalla de Boyacá 2009; fue Comandante de la 4ta Compañía D-411.

Teniente Coronel Jorge José González Hernández en la URIA Falcón 2

Unidad Regional de Inteligencia Antidrogas Nr. 42, Aragua. La dirige ahora el My Nelson Smit Suárez Carrasco, en reemplazo del Tcnel Jorge Luis Montilla Pérez. Suárez es el Nr.150 de la III Promoción Batalla de Carabobo 2008.

Unidad Regional de Inteligencia Antidrogas Nr. 43, Distrito Capital; salió el coronel Rafael María Urrecheaga Aldana e ingresó el My Rafael Alexander Carmona Aular, el Nr. 58 de la III Promoción Batalla de Carabobo 2008.

Unidad Regional de Inteligencia Antidrogas Nr. 44, Miranda; fue nombrado el My Jhoan Carlos Ramírez Narváez, quien reemplazó al Coronel Marco Antonio Luna Capella. Ramírez es el 109 de la III Promoción Batalla de Carabobo 2008.

My Wilmer José Cruz Ardila en la URIA Barinas

La estratégica Unidad Regional de Inteligencia Antidrogas Nr. 45, Aeropuerto Simón Bolívar, tiene ahora como comandante al Coronel David José Rodríguez Sierra, en reemplazo del Coronel Ramón Elías Rodríguez Geraldo. Rodríguez es el Nr. 17 de la II Promoción Batalla de Maturín.

Para la Unidad Regional de Inteligencia Antidrogas Nr. 51 Monagas fue designado el My Oscar Javier García Roa, en sustitución del My Everest Daniel Pérez, quien a su vez fue enviado a la URIA Cojedes. García ocupa el lugar  Nr. 137 de la II Promoción Toma del Callao de julio 2006.

Unidad Regional de Inteligencia Antidrogas Nr. 52, Anzoátegui, designado el Tcnel Rafael Ángel Oliva López, quien sustituyó al Tcnel Abraham Lemuel Manaure Martínez. Oliva es el Nr. 26 de la II Promoción Batalla Mata de La Miel.

El My Diego Armando Perche Párraga condecorado por el general Richard López Vargas cinco meses antes de nombrarlo en la URIA de Lara

La Unidad Regional de Inteligencia Antidrogas Nr. 53, Sucre tiene como nuevo jefe al My Efimio José Chirino Boscán, en reemplazo del Tcnel Juan Manuel Viveiros Landaeta. Chirino es el Nr. 64 de la III Promoción Batalla de Carabobo 2008.

Fuerza de Tarea Antidrogas Nr. 61, Delta Amacuro, está a cargo del My Jonathan Javier Duque Sandoval, quien sustituyó al Tcnel Willie José Gouveia Mendoza. Duque es el Nr. 46 de la II Promoción Toma del Callao 2006.

En la Unidad Regional de Inteligencia Antidrogas Nr. 62, Bolívar, fue designado el Tcnel Apolinar Gabriel Rubio Rodríguez, en sustitución del Tcnel Edgar Fernando Gurmeitte Escandón. Rubio es el Nr. 35 de la II Promoción Batalla de La Miel 2003.

Unidad Regional de Inteligencia Antidrogas Nr. 63, Amazonas; salió el My Genaro Antonio Palencia Montero. El nuevo comandante es el My Luis Rafael Marcano Martínez, es el Nr. 61 de la II Promoción Toma del Callao 2006.

Y la Unidad Regional de Inteligencia Antidrogas Nr. 71, Nueva Esparta, quedó en manos del My Yoel David Rivero Valladares, después de haber sido sustituido el Tcnel Carlos Alberto Di Gennaro Montilla. Rivero es egresado de la III Promoción Batalla de Ayacucho 2009 en el lugar Nr. 6, siendo así el oficial más cercano a los primeros lugares en el orden de mérito entre los 24 comandantes de las URIA en el país.

Cuáles son y dónde están los nuevos comandantes de las Unidades de Inteligencia Antidrogas de la Guardia Nacional en Venezuela - Infobae


domingo, 25 de septiembre de 2022

Una mujer denunció cómo funcionarios de Inteligencia la torturaron y la presionaron a firmar pruebas falsas contra un juez

 

María Lourdes Ojeda González detalló que la golpearon, le colocaron una bolsa en la cabeza y amenazaron a su hijo. "Me dejaron secuestrada durante seis días", afirmó



Sebastiana Barráez/ domingo 25 de septiembre 2022

@SebastianaB



Tomado de Infobae 
Beigary Gridmeida Olivares Silva la mujer que denunció a los DGCIM que negociaron la gandola de chatarra

Dos mujeres, una en el estado Falcón y otra en el estado Carabobo, denunciaron a funcionarios de la DGCIM por procedimientos que van desde el abuso de autoridad, violación de derechos humanos y tortura. Esas denuncias responden al patrón establecido en Venezuela, en los últimos años, y que entre otras cosas contempla la actuación de funcionarios aplicando un modus operandi que se repite en muchos casos: actas de investigación amañadas, confesiones forzadas, tortura, detenciones arbitrarias, entre otros.

Hace unos días una mujer identificada como María Lourdes Ojeda González se presentó ante la Defensoría del Pueblo en Valencia, estado Carabobo, para rendir testimonio “sobre una prueba anticipada, en una audiencia preliminar en San Fernando de Apure” en febrero del presente año, correspondiente al Tribunal Primero de Control, expediente 1C-2289421, cuyos imputados son el juez Carlos Alberto Jaimes Gómez y el abogado Juan Carlos Guillén Rosales.

Ojeda manifestó que se presentaba como testigo y narró que era amiga y empleada de María de Los Ángeles Silva, esposa de Reyes Gabriel Hernández, motivo por el cual fue víctima de maltrato, violación de sus derechos y violencia psicológica por funcionarios de la Dgcim.

La DGCIM es señalada por violación de DDHH

Explicó que ella acompañaba a su amiga, a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), cuando llevaba los insumos médicos y alimentos a su esposo. “El abogado que lo asistió (a Reyes Gabriel El Finquero) durante los tres años que estuvo preso, le entregó todos los papeles a María de Los Ángeles, porque no se quería trasladar hasta Apure para la audiencia donde recibiría la medida de casa por cárcel. Ella le entrega posteriormente los papeles al abogado Juan Carlos Guillén”.

“Estuve con María en noviembre y nos trasladamos hasta Apure para recibir a Reyes en el apartamento. Aproximadamente en la segunda semana de diciembre 2021, María de Los Ángeles me trae a Valencia y se regresa inmediatamente para Apure para la celebración de la audiencia de su esposo”.

Dice Ojeda González que, el 17 de diciembre 2021, cuando se encontraba trabajando en la farmacia, se presentaron unos funcionarios de Dgcim, que de manera grosera y abrupta nos llevaron, al personal, a rendir declaración en la sede de la Dgcim Valencia en El Trigal”.

Juez Carlos Jaimes y abogado Juan Carlos Guillén

Después de tomarles declaraciones a los cuatro, dejaron a tres en libertad y solo quedó detenida María Lourdes Ojeda González, quien relata que “comienzan a presionarme para que diga dónde se encontraba Reyes Gabriel y su esposa María, de lo cual no tenía información, porque la última vez que la vi fue cuando me trajo a Valencia”.

“Como no aportaba información y desconocía qué había pasado, dos me empezaron a golpear, me colocaron bolsa en la cabeza, me esposaron, me dieron cachetadas (bofetones) y palabras ofensivas. Me dijeron que si no colaboraba, perjudicarían a mi hijo, amenazando a mi familia. Me dejaron secuestrada durante seis días”.

Dice que luego la llevaron a la sede de la DGCIM en Boleíta, Caracas, para seguir interrogándola y firmar, bajo presión, unos documentos donde se expresan situaciones que no son reales: se afirma que el abogado Guillén y el juez Carlos Jaimes visitaban en horas de la noche el apartamento donde estaba residenciado Reyes Gabriel y estos presuntamente recibían cantidades de dinero”.

“Quiero dejar constancia que eso es totalmente falso, porque en los días que estuve en Apure acompañando a María de Los Ángeles, jamás vi tal situación. Todo esto vivido me ha causado un gran trauma y he tenido que buscar ayuda psicológica para superarlo”, dice para finalizar solicitando medidas de protección para ella y su familia.

Presos y destituidos
Una joven mujer, quien se identificó como Beigary Gridmeida Olivares Silva, denunció a funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) que pretendieron extorsionarla por una gandola de chatarra. La gandola la trasladan hasta el municipio Los Taques del estado Falcón, donde habría estado guardada en casa del exalcalde de dicho municipio, José David Falcón.

Lo inaudito es que el ex burgomaestre habría vendido el producto, con la aprobación del Vicealmirante Irwing Raúl Pucci Espín quien salió del cargo recientemente.

Como consecuencia de la denuncia, se desplaza desde Caracas hacia el estado Falcón una Comisión de Asuntos Especiales. Son detenidos el comisario Argenis Gregorio Linares, al inspector Johan Sandoval, al subinspector Fredy González:  a Kener Antonio Sotillo, funcionario antidrogas de la Policía Nacional Bolivariana (PNB); a los agentes Marcos, Argenis González y Omar Machado.

La Defensoría del Pueblo recibió la denuncia contra funcionarios de DGCIM

También fue detenido el exalcalde José David Falcón: cambiaron de cargos al vicealmirante de la ZODI, Pucci Espín, y al coronel Vigil Sabino de la PNB.

La Misión de Determinación de los Hechos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, plasmó en su reciente informe sobre Venezuela que siguen preocupados “por las continuas denuncias de graves violaciones de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela, incluyendo: Actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, incluida la violencia sexual y de género, por parte de las fuerzas del orden y los servicios de inteligencia del Estado, en consonancia con los patrones identificados anteriormente y condiciones de detención que equivalen a tratos crueles, inhumanos o degradantes contra personas opositoras reales o percibidas como tales y sus familias u otras personas relacionadas con ellas, incluidas las personas indígenas”.

La denuncia se presentó ante la oficina de Atención a la Víctima en Falcón

Agregando el informe que “según exempleados y detenidos de la DGCIM, los funcionarios de la DGCIM asaltaban rutinariamente las propiedades de los objetivos para robar dinero y otros objetos de valor. Varios detenidos también fueron extorsionados durante los interrogatorios, incluso para transferir grandes sumas de dinero a los funcionarios de la DGCIM”. 


Una mujer denunció cómo funcionarios de Inteligencia la torturaron y la presionaron a firmar pruebas falsas contra un juez - Infobae


jueves, 22 de septiembre de 2022

El informe de la ONU sobre explotación sexual en Venezuela: “A las niñas las ponían a trabajar en la madrugada, a las mujeres por las tardes”

 

La forma más brutal de desgarre físico y psicológico hacia un ser humano lo acaba de reflejar la Misión de Determinación de los Hechos al hablar sobre lo que sucede en el Arco Minero del Orinoco



Sebastiana Barráez/ jueves 22 de septiembre 2022

@SebastianaB




Tomado de Infobae 
Prostitución en Tumeremo. Cortesía cronica.uno 2)

La forma más brutal de desgarre físico y psicológico hacia un ser humano en Venezuela lo acaba de reflejar el informe de la Misión de Determinación de los Hechos, presentado ante el Consejo de Derechos de la Organización de la Naciones Unidas (ONU), en septiembre 2022, que relata lo que ha ocurrido en la zona del Arco Minero, y de lo que Infobae se hizo eco en 2020 (Sebastiana Sin Secretos: El horror de las minas de oro en Venezuela: tráfico de personas, extorsiones y niños explotados y abusados sexualmente). Son testimonios dolorosos, que dan cuenta de un país entre el oro y la barbarie. Como una defensora le dijo a uno de los investigadores de la ONU “meterse en las minas es muy sencillo para las mujeres. El problema es salir de allá integras: no violadas, no perseguidas por un hombre, no heridas”.

La Misión, que tiene entre sus miembros a Marta Valiñas (Portugal), Francisco Cox Vial (Chile), Patricia Tappatá Valdez (Argentina), entre otros, dibuja un mundo dantesco cuando los investigadores relatan que la explotación sexual de niñas y adolescentes es particularmente frecuente en las minas. “Organizaciones locales especializadas en derechos de los pueblos indígenas han denunciado que muchas de las currutelas y locales donde se ejerce la prostitución, esclavizan a niñas y adolescentes indígenas, cada vez de menor edad, por la preferencia por las más jóvenes”.

Un testigo le dijo a la Misión que “a las niñas casi siempre las ponían a trabajar en la madrugada, mientras las mujeres trabajaban por las tardes. Otro testigo que habló con la Misión y que trabajó en las minas de San Luis de Morichal, entre mayo y julio de 2018, afirma haber visto por lo menos 25 menores trabajando en las currutelas en estas minas.

Los niños son explotados y abusados sexualmente en las minas de oro 
Foto: Bram Ebus/Cortesía Mongabay (1)

Una mujer, que trabajó en una mina en Las Claritas, le contó a la ONU que ahí había una mujer apodada La Abuela, “que obligaba a ejercer la prostitución a niñas de entre 11 y 13 años; los mineros vejaban a las niñas, insultándolas y golpeándolas.

Los grupos armados que pululan en la zona quieren demostrar su poder y control y grabando “los castigos de las mujeres y hacen circular los videos en grupos de WhatsApp de la comunidad minera. Una investigadora afirmó a la Misión haber hablado con una niña de 15 años víctima de este tipo de castigo en el año 2020, y haber visto el video donde miembros de un grupo criminal la violan y le cortan el cabello por haber ‘soltado información’”.

Los llamados “sindicatos” son bandas violentas que controlan varias minas. “Han sido identificados como algunos de los principales perpetradores de violencia sexual y de género en el contexto minero. Las mujeres y niñas son también víctimas de violaciones por parte de agentes estatales”. 

Según el informe ONU “las víctimas y testigos tienen miedo de denunciar, presentar pruebas e incluso a hablar con actores externos. La violencia sexual y de género asume en el contexto de la minería diferentes formas de explotación sexual, que podrían ser constitutivas de esclavitud sexual, prostitución forzada y o trata de seres humanos, así como otras formas de violencia sexual -incluida la violación-, amenazas y castigos corporales específicos con un fuerte componente de género”, destaca la Misión.

La explotación del oro y el submundo de drogas, alcohol y explotación sexual

Bajos instintos

Los investigadores encontraron “que el trabajo sexual, junto con las drogas y el alcohol, son negocios clave para los ‘sindicatos’ que controlan las minas, que promueven estos negocios paralelos en las zonas mineras para incrementar sus ganancias. En las palabras de un testigo, ‘el oro que sacan los mineros, lo gastan inmediatamente en estas cosas, y el dinero se queda con el “sindicatos’”.


La gran mayoría de las minas tienen un local donde se pueden comprar servicios sexuales, sea en un bar o locales destinados para ello, popularmente conocidos como currutelas  (prostíbulos y bares improvisados inicialmente de garimpeiros brasileños).


“En centros urbanos y periurbanos, las mujeres y niñas suelen ofrecer servicios sexuales en las calles y en las plazas, como en los casos de El Callao y Sifontes. En esos entornos, algunas trabajadoras sexuales son conocidas popularmente como “cafeseras”, ya que parecen estar vendiendo café, pero es generalmente sabido que también ofrecen servicios sexuales”.

Los militares  juegan un rol importante en los abusos y explotación sexual en las minas

Recibieron información sobre el uso de mujeres, niñas y adolescentes en las minas para el disfrute sexual de “pranes” (líderes criminales) y miembros de los ‘sindicatos’.  “Un minero que trabajó en varias minas alrededor de El Callao, entre 2002 y 2021, explicó a la Misión que los miembros de los “sindicatos” violaban las mujeres que querían: “si a un malandro le gustaba una mujer, iba a buscarla y ella no podía negarse”.


Este minero escuchó hablar de muchos casos de mujeres ofreciéndose a los miembros de las bandas para proteger a sus hijas: ‘Los malandros venían a buscar a las niñas, y las madres suplicaban que se acostaran con ellas en su lugar, para proteger a sus hijas’”.

“Una persona que trabajó como militar en el estado de Bolívar explicó a la Misión que muchas mujeres llegan por su cuenta a las minas, pero luego no las dejan salir y no pueden tener visitas o contactos. En otro caso similar, una minera le relató a la Misión la situación de una conocida suya que fue a una mina controlada por “sindicatos” a trabajar junto a otra amiga. Ambas fueron mandadas a llamar por los líderes que controlaban la mina y, pese a que ellas se negaron en un primer momento, finalmente fueron obligadas, amenazadas con armas, a permanecer y tener relaciones sexuales con ellos durante varios meses.

La violencia contra las mujeres no está cuantificada oficialmente pero hay casos más frecuentes  (Imagen de Amnistía Venezuela)

Testimonios
Cuatro casos emblemáticos reflejados en el informe de la Misión. Una niña indígena, que ejerció la prostitución en La Paragua, municipio Angostura, estado Bolívar, relata el castigo que sufrió otra niña que trabajaba con ella. La compañera, niña también, “quería dejar de ejercer la prostitución y salir de La Paragua, pero no tenía suficiente dinero. Por ello, una noche decidió robar el oro de un cliente borracho. Al día siguiente, este pidió ayuda a los miembros del “sindicato” que controlan La Paragua para recuperar su oro. Ellos lo encontraron en la habitación de su amiga y ‘le pegaron duro, le cortaron el pelo, le picaron [cortaron] el dedo, y la dejaron en la selva’. La joven murió en el camino hacia el hospital de Ciudad Bolívar.

“Una adolescente de 16 años que se fue a Santa Elena de Uairén con engaños para cuidar de otros niños, llegando al lugar la pusieron a ofrecer servicios sexuales. Un minero que trabajaba en la mina La Ramona, cerca de Tumeremo en 2017 explicó a una ONG que los fines de semana en la mina se organizaban fiestas donde se rifaba la virginidad de niñas, y que las niñas más jóvenes conseguían un precio más alto. El también habló que se ofrecían niños también, según el interés sexual del minero”.

Una testigo que estuvo en un albergue para refugiadas venezolanas en septiembre 2021 le contó a la Misión “haber visto por lo menos 30 mujeres con cicatrices de cortes en la cara, cerca de la boca, o con las orejas cortadas. A estas mujeres las llamaban ‘las desechadas’, porque los “sindicatos” las habían desfigurado por haber violado alguna de las reglas que rigen la vida en la minería o haber hecho enojar a algún miembro del “sindicato”. Una mujer con una cicatriz en la cara le dijo a esta misma fuente que le “cortaron la cara” por defender a su hermano en la mina “La Tomy”, en Tumeremo.

El Callao es un poblado de mineros, prostitución y víctimas de los sindicatos


“Una joven de clase media-baja fue contactada en un grupo de ventas en Facebook ofreciéndole trabajo en las minas como cocinera, peluquera o lavando ropa y atendiendo las necesidades de los trabajadores de la mina, a cambio de un buen salario, cuando el propósito de la organización era prostituirla de manera forzada. Esta dinámica se ve favorecida por mitos que han surgido en los barrios y zonas populares de Bolívar respecto al dinero fácil que se obtiene trabajando en las minas.


Para colmo hay relatos de “funcionarios estatales que se aprovechan de las mujeres y abusan de su posición de poder para obtener sexo de manera gratuita maltratándolas en ocasiones”; una organización humanitaria, en el municipio Angostura, recibió en 2021 la denuncia de una trabajadora sexual a quien efectivo de la GNB no le quiso pagar lo acordado. “Cuando la mujer fue a denunciar a la policía no se sintió en capacidad de hacerlo ya que uno de los efectivos de esa comisaría era también cliente del local en el que trabajaba.


La Misión entrevistó a una persona que documentó varios casos en 2016 de trabajadoras sexuales en Santa Elena de Uairén a quienes funcionarios de la GNB y de la policía se negaron a pagarles por su trabajo.

En el informe de la ONU dejan claro que “si bien en algunos de los testimonios, las niñas y adolescentes afirman haber elegido libremente participar en la prostitución, la Misión considera, amparándose en los estándares de derecho internacional, que el consentimiento carece de validez si se trata de niños, niñas y adolescentes menores de 18 años en situación de explotación y abuso, independientemente de la edad de consentimiento sexual definida en la ley nacional en cuestión”.

Marta Valiñas de la Misión de Determinación de los Hechos caso Venezuela

En “alcabalas” y fronteras

El informe de la Misión de Determinación de los Hechos, en base a testimonios de víctimas y testigos, detecta “un patrón común de violencia sexual en contra de mujeres, en el contexto de los puestos de control o “alcabalas” y de los controles fronterizos, que involucra generalmente a agentes estatales”. (Sebastiana Sin Secretos: La muerte de un oficial revela cómo funciona el negocio del oro manejado por altos funcionarios militares en Venezuela


Entre los casos que destaca está el ocurrido en julio 2018, en el Punto de Control Casa Blanca, ubicado en la intersección entre la Troncal 10 y la carretera hacía San Martín de Turumbán, al norte del municipio de Gran Sabana; “un testigo vio que un militar detuvo a una adolescente de no más de 15 años, le revisó el monedero, y le hizo avances sexuales. El oficial rehusó devolverle su cédula hasta que la niña no le diera su número de teléfono”.


El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) también ha documentado casos en que miembros de las fuerzas de seguridad se negaron a devolver la documentación a mujeres y niñas, impidiéndoles continuar su camino, si no accedían a realizarles actos sexuales, recuerda el informe de la ONU.


El informe destaca que una de las investigadoras de la Misión habló con siete mujeres venezolanas en países fronterizos con Venezuela, quienes les dijeron que “cuando cruzaron la frontera venezolana en 2020 fueron detenidas por hombres armados patrullando las trochas fronterizas, y las obligaron a mantener relaciones sexuales con ellos bajo amenaza de muerte o de no dejarlas proseguir. Algunas de estas mujeres dijeron que fueron atacadas también por efectivos de la GNB (Guardia Nacional Bolivariana”.


Un hecho atroz ocurrido en septiembre 2021; “una mujer venezolana que viajaba por la Troncal 10 desde El Callao (sur del estado Bolívar, Venezuela) hacia Brasil con sus hijos e hijas menores de edad, le relató a la Misión que, al pasar por unas “alcabalas” en el camino, varios efectivos de la GNB le pidieron que les hiciera actos de naturaleza sexual para dejarla pasar”.


A finales de diciembre 2020, según una mujer transgénero venezolana relató a la Misión, que “intentó cruzar la frontera oficial de Venezuela a Brasil, la cual estaba cerrada por la pandemia causada por el Covid-19. El oficial de las fuerzas armadas venezolanas controlando la frontera le negó el paso si no le pagaba un soborno. Esto le llevó a tratar de cruzar la frontera por una trocha informal, donde se encontró con unos integrantes de un grupo armado criminal, quienes también exigían sobornos para dejar pasar a la gente. Al ver que la mujer no tenía dinero u otros bienes, uno de ellos la obligó a realizarle un acto sexual a cambio de que la dejara pasar”.


El informe de la ONU sobre explotación sexual en Venezuela: “A las niñas las ponían a trabajar en la madrugada, a las mujeres por las tardes” - Infobae


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