Un oficial venezolano sancionado por EEUU fue designado como director de Inteligencia de la Guardia Nacional

El General de División Bladimir Humberto Lugo Armas también fue imputado por el Ministerio Público en 2017 por violaciones a los derechos humanos cuando se desempeñaba como jefe del comando que custodiaba el Palacio Federal

Sebastiana Barráez/ domingo 29 de marzo 2026

@SebastianaB

Tomado de Infobae

El GD Bladimir Humberto Lugo Armas, recién designado como Director de Inteligencia de la GNB, fue condecorado por Nicolás Maduro con la orden Cruz de la Guardia Presidencial

Entre los más recientes cambios en la Fuerza Armada, ingresa al Estado Mayor General de la GNB el General de División Bladimir Humberto Lugo Armas, a quien el Ministerio Público imputó en el 2017, por violación a Derechos Humanos cuando era coronel y el jefe del comando que custodiaba el Palacio Federal. La permisividad del oficial permitió el ingreso de un grupo de choque que arremetió agrediendo a diputados y dirigentes de Oposición

El 5 de julio 2017, un grupo de choque de la revolución bolivariana ingresó a la fuerza, al Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional, agrediendo a unas decenas de personas, entre ellas a siete diputados de la Oposición. Días después, lo imputó el fiscal 49 nacional Oliver Uribe Pinto, cuya investigación quedó engavetada.

“El único “mérito” de Lugo Armas para llegar a general fue su radicalismo a favor del régimen en aquel episodio en la Asamblea Nacional”, recuerda un oficial de la Guardia en alusión al momento en que el entonces coronel Lugo, cuando en el 2016, abusando de su autoridad, sacó del recinto, y a empujones, al diputado del partido Primero Justicia, Julio Andrés Borges Junyent, a quien le dijo “Yo manejo mi conflicto como me da la gana”.

También, fue denunciado por agredir al periodista Rafael Hernández, del canal NTN24. Le manoteó en la cara a Antonieta Mendoza Coburn de López, la mujer mientras le grita: “cállese la boca vieja ridícula”, ante la sorpresa  de quienes observaban la escena contra la madre de Leopoldo Eduardo López Mendoza, dirigente del partido Voluntad Popular. 

El entonces coronel Lugo expulsó a empujones a Julio Borges del recinto de la Guardia Nacional Bolivariana en la Asamblea Nacional

En el 2018 prohibió, durante semanas, el ingreso de periodistas al Palacio Federal y le arrebató la cámara a José Rivas del canal Venevisión.

Nicolás Maduro Moros lo condecoró con la orden Cruz de la Guardia Presidencial y con la medalla de honor de mérito al estandarte del destacamento de la Guardia. 

El 9 de agosto 2017, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sanciona a ocho funcionarios del régimen venezolano, entre ellos al entonces coronel Bladimir Lugo y también a Adán Coromoto Chávez Frías, Francisco Ameliach, Érika Farías, Hermánn Escarrá, Darío Vivas, Carmen Meléndez y Tania D’ Amelio.

Ahora Delcy Eloína Rodríguez Gómez, con la Resolución 000036, del 26 de marzo 2026, suscrita por el ministro de la Defensa GJ (Ej.) Gustavo Enrique González López, materializa cambios o ratificaciones en la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), entre ellos el ascenso de Bladimir Lugo y la sustitución de seis de los once integrantes del Estado Mayor General de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

GD Delfín Alfredo Espinoza Torres es el nuevo director de Personal de la GNB

Continúan en sus cargos los generales Roberto Alfredo Acosta Garrido, Ramón Alexander Castro Pereira, Atilio José Peña Ruiz, Manuel Valentín Gutiérrez Sánchez y Hernán Dionisio Rincón Paz.

Pocos ratificados

En la Dirección de los Servicios para el Mantenimiento del Orden Interno hay dos cambios: En los Servicios de Policía Administrativa Especial y de Investigación Penal para el Ecosocialismo, asume como jefe el GD Hernán Dionisio Rincón Paz, quien sustituye al GD Orlando Ramón Mendoza Rodríguez. Rincón había sido Director de Tecnología de la Información y Comunicaciones de la GNB.

Mientras que en los Servicios de Policía de Investigación Penal de Delitos Financieros, recibe el General de Brigada (GB) Ramón Alexander Castro Pereira, en reemplazo del GB Antonio José Delgado Márquez. Castro ocupó anteriormente la Dirección de Participación Activa para el Desarrollo de la GNB.

Es ratificado en la presidencia de la Junta Permanente de Evaluación el General de División (GD) Roberto Alfredo Acosta Garrido. El nuevo director de Personal es el GD Delfín Alfredo Espinoza Torres, quien reemplaza al GD Alejandro José León Vera quien ocupaba el cargo desde hace tiempo y ahora sale del Estado Mayor General.

Los altos oficiales que se mantienen en el Estado Mayor General de la GNB son Roberto Alfredo Acosta Garrido, Ramón Alexander Castro Pereira, Atilio José Peña Ruiz, Manuel Valentín Gutiérrez Sánchez y Hernán Dionisio Rincón Paz.

En la Dirección de Logística también hubo cambio; asume el GD Víctor Oswaldo Catamo Lisboa, sustituyendo al GD Alberto Alexander Matheus Meléndez otro que sale del Estado Mayor General de la GNB. Para el Servicio de Armamento fue designado el GB Alfredo José Morales Guerra, quien reemplaza al GD Orlando Ramón Mendoza Rodríguez, quien venía de ocupar los Servicios de Policía Administrativa Especial y de Investigación Penal para el Ecosocialismo.

En la Dirección de Educación fue ratificado el GD Manuel Valentín Gutiérrez Sánchez. Hubo reemplazo en la Dirección de Apresto Operacional, saliendo del Estado Mayor General de la GNB el GD Atilio José Peña Ruiz y asume el GD Pedro Celestino Magallanes Torres.

En la Dirección de Inteligencia Militar de la GNB fue designado el GD Bladimir Humberto Lugo Armas, en sustitución del GD Gler Erasmo Hernández Rodríguez. 

En la Dirección de Régimen Especial de Seguridad ha sido nombrado el GD José Luis Hernández Urbina, sustituyendo al GD Adolfo Ramón Urribarri Monagas.

GD Carlos Alexander Gómez Lárez pasa a la Dirección General de Medios de Orden Interno Oriente

Al GD José Ismael Torrealba Silva lo nombraron director de Participación Activa en el Desarrollo Nacional, en reemplazo del GD Hernán Dionisio Rincón Paz. Al Cuartel General lo comanda ahora el GB Antonio José Delgado Márquez, quien sustituyó al GB Mario Farnetano Alapón.

En todas las direcciones Generales de Medios de Orden Interno hay nuevos rostros; en la de Occidente, ingresa el GD Jesús Álvaro Casanova Salinas, sustituyendo al GD Carlos Alexander Gómez Lárez, quien a su vez pasa a dirigir la de Oriente, de donde fue sustituido el GD Watson Rodney Figueroa Mejías.

Para la de Los Llanos enviaron al GD Atilio José Peña Ruiz, quien sustituyó al GD Ramón Eduardo Astudillo Domínguez. Y para la Capital fue designado el GD Orlando Ramón Mendoza Rodríguez, ocupando el cargo del que salió el GD Bladímir Humberto Lugo Armas, quien a su vez pasó a la Dirección de Inteligencia Militar de la Guardia Nacional.

https://www.infobae.com/venezuela/2026/03/29/un-oficial-venezolano-sancionado-por-eeuu-fue-designado-como-director-de-inteligencia-de-la-guardia-nacional/

Human Rights Watch pidió a EEUU imponer sanciones individuales adicionales a funcionarios y “colectivos” que violen DDHH en Venezuela

 

La organización publicó un informe en el que analiza el proceso electoral y las violaciones a derechos humanos por parte de las fuerzas del regimen

Sebastiana Barráez/ martes 6 de mayo 2025

@SebastianaB

Tomado de Infobae

Nicolás Maduro contó con el respaldo del Alto Mando Militar, el CNE y el TSJ para ejecutar el fraude electoral en julio 2024

Como recomendación, la organización Human Rights Watch (HRW) le propone al gobierno de los Estados Unidos, en su más reciente informe, que considere “imponer sanciones individuales adicionales a los funcionarios y miembros de las fuerzas de seguridad y los ‘colectivos’ venezolanos implicados en violaciones de derechos humanos, garantizando que los responsables se enfrenten a consecuencias individuales”.

Así lo destaca HRW en el informe publicado el 2 de mayo titulado “Castigados por buscar un cambio. Asesinatos, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias tras las elecciones de 2024 en Venezuela”.

También insta a Donald Trump a que se adopten medidas “para garantizar la protección de los migrantes y solicitantes de asilo venezolanos”, por ejemplo “rediseñando el estatuto temporal de protección (TPS) para los venezolanos, reconociendo las condiciones y riesgos a los que se enfrentan en su país”.

Los grupos colectivos armados responden a la revolución bolivariana

Además lo insta a que se restablezcan “vías seguras para migrar para los venezolanos que huyen de la persecución, incluyendo a aquellos que solicitaron el reasentamiento y cuyos procedimientos fueron suspendidos”.

Considera HRW en su informe que EEUU considere “otras vías seguras y legales, como visas de reunificación familiar, visas de trabajo temporal; y las visas temporales para testigos de delitos graves, tal y como se enumeran en los criterios de elegibilidad para los visados U”.

La GNB jugó un papel clave en la represión

Pide que se suspendan “las deportaciones, ya sean directas o a través de un tercer país, hacia Venezuela hasta que se realice una evaluación precisa del riesgo para determinar si las personas deportadas podrían sufrir persecución en caso de ser devueltos a Venezuela”.

A la vez que se garantice “la evaluación oportuna y justa de las solicitudes de asilo de los exiliados venezolanos” y se reanude “la financiación de programas humanitarios y de derechos humanos que ayuden a los venezolanos”, incluyendo los que brindan apoyo legal y psicológico a víctimas de la represión, “e implementar mecanismos de protección adecuados para quienes trabajan en estas organizaciones”.

Juanita Goebertus Estrada, directora de la División de las Américas de HRW

América Latina, EEUU y Europa 

Para HRW hay un mensaje principal para los gobiernos latinoamericanos, estadounidense y europeos y es “instar de manera pública y privada al gobierno de Maduro a cesar las desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas y otras violaciones de derechos humanos”.

Recomienda “asegurarse de que cualquier acercamiento con el gobierno de Maduro sea para lograr mejoras verificables, aunque sean progresivas, en materia de derechos humanos”, entre otras, “adoptar medidas para garantizar que los responsables de violaciones generalizadas de derechos humanos rindan cuentas de sus actos”.

Las mismas recomendaciones que le da a EEUU sobre las “sanciones individuales contra miembros de las fuerzas de seguridad, los “colectivos” y funcionarios venezolanos responsables de graves violaciones de derechos humanos”, se las hace a América Latina y Europa.

Les pide impulsar “la investigación y enjuiciamiento de los delitos más graves cometidos en Venezuela, incluyendo en virtud del principio de jurisdicción universal, en la medida en que lo permita la legislación de sus países”.

También que cada uno de esos países amplíen “el acceso a la protección internacional para los venezolanos que huyen del país”.

Recomienda que se le dé garantía a la Corte Penal Internacional (CPI) para que cuente “con los recursos y la independencia necesarios para avanzar en su labor a nivel mundial y condenando públicamente los intentos de intimidar o interferir en su trabajo, funcionarios o en quiénes cooperan con la institución”.

Así mismo, garantizar “que la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela (FFM, por sus siglas en inglés) de las Naciones Unidas disponga de los recursos necesarios para avanzar en su labor e instando a Venezuela a que le permita el acceso al país”.

Igualmente se garantice “que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) disponga de los recursos necesarios para avanzar en su trabajo e instando a Venezuela a que garantice su pleno retorno al país”.

Funcionarios policiales y militares que tienen incidencia en crímenes de lesa humanidad contra la población civil

Leyes para perseguir

El artificio legal para apresar y condenar a la disidencia política, a la Oposición venezolana y a quienes protestan, son dos leyes usadas por el régimen venezolano con las que emite condenas draconianas y muchas detenciones: la Ley contra el Odio del 2017 y la Ley contra la Delincuencia Organizada y la Financiación del Terrorismo del 2012, destaca el informe de Human Rights Watch.

El documento de 116 páginas, que desglosa lo que ocurrió alrededor de las elecciones presidenciales del 28 de julio 2024, los casos de asesinatos y cientos de detenciones, revela el uso de organismos policiales y militares, así como grupos de choque llamados “colectivos”.

La Ley contra el Odio, promulgada por la Asamblea Constituyente, impone penas de 10 a 20 años a quien “fomente, promueva o incite al odio, la discriminación o la violencia”. La Ley contra la Delincuencia Organizada y la Financiación del Terrorismo con penas entre 25 y 30 años por actos terroristas destinados a intimidar a la población o para “desestabilizar”.

El informe, revisado y editado por Juanita Goebertus Estrada, directora de la División de las Américas de HRW, sostiene que realizaron más de 100 entrevistas con víctimas, familiares, testigos y miembros de organizaciones de DDHH, con análisis y la verificación de más de 90 videos y fotografías. 

HRW refiere la investigación formal que lleva a cabo la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre la situación en Venezuela, para “determinar si en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad, tal y como se definen en el Estatuto de Roma, y si los responsables deben ser llevados a juicio”.

Recuerdan que en febrero 2025, el gobierno de Donald Trump emitió una orden ejecutiva que autoriza el uso de sanciones contra funcionarios de la CPI y otras personas que apoyen el trabajo de la Corte en investigaciones a las que el gobierno estadounidense se oponga.

“Aunque el gobierno estadounidense no se ha opuesto específicamente a la investigación de la CPI sobre la situación en Venezuela, las sanciones parecen diseñadas en parte para frenar una cooperación más amplia con la CPI e intimidar a los funcionarios de la Corte. Esta decisión puede afectar los derechos de las víctimas en todo el mundo, incluyendo en Venezuela”.

Ante los hechos que describen en el informe, HRW le solicita al gobierno de Estados Unidos que apoye la rendición de cuentas por las violaciones de los derechos humanos en Venezuela, empezando por revocar “la Orden Ejecutiva 14203 que autoriza las sanciones relacionadas con la CPI”.

El informe de HRW es sobre todo el proceso electoral y las violaciones a DDHH por parte de las fuerzas del régimen y colectivos

Los “colectivos”

En el informe de HRW queda claramente establecido el rol que desempeñaron los Los “colectivos” desempeñaron los grupos “colectivos”, la fuerza de choque de civiles armados que tiene el régimen para que actúen en la represión.

En el informe se asevera que inicialmente las fuerzas de seguridad “intentaron controlar o dispersar las protestas, usando barreras, lanzando gases lacrimógenos y llevando a cabo detenciones”, pero si los manifestantes continuaban, llegaban los “colectivos” a menudo “con armas de fuego, para intimidar o atacar a los manifestante”.

El rol de los “colectivos” fue ayudar a reprimir las protestas, “intimidaron a personas en comunidades de escasos recursos”, además de marcar casas de “críticos y miembros de la oposición con grafitis intimidatorios”.

https://www.infobae.com/venezuela/2025/05/06/human-rights-watch-pidio-a-eeuu-imponer-sanciones-individuales-adicionales-a-funcionarios-y-colectivos-que-violen-ddhh-en-venezuela/

Quiénes son los policías y militares chavistas sancionados por Canadá por violaciones a los derechos humanos en Venezuela

 

La Cancillería del régimen calificó las medidas de Ottawa como "un acto de sumisión vergonzoso", al sostener que decide actuar "como un mero ejecutor de las agresiones diseñadas" en Estados Unidos

Sebastiana Barráez/ domingo 23 de marzo 2025

@SebastianaB

Tomado de Infobae

Comisario Douglas Arnoldo Rico González, director del CICPC

Uno de los constantes argumentos que al interior de las fuerzas militares y policiales se les insiste a los funcionarios es lo irrelevante de ser sancionado porque el régimen puede protegerlos. Ninguno de los afectados está seguro de eso, menos cuando países como Canadá los publica en listas donde no se les señala en crímenes que no prescriben como violación de derechos humanos. Esta vez la lista apunta directamente a policías y militares que pululan en los cargos mientras se enriquecen paralelamente. 

Hasta ahora son 139 el número de venezolanos contra los que Canadá ha impuesto sanciones, con el fin de disuadir a las autoridades a impedir la violación de los derechos humanos de manifestantes, periodistas, líderes de la oposición y otros miembros de la sociedad civil.

La reacción de la Cancillería venezolana fue inmediata, calificando en un comunicado que las sanciones son “un acto de sumisión vergonzoso” agregando que Canadá decide actuar “como un mero ejecutor de las agresiones diseñadas en los Estados Unidos, confirmando lo que ya es evidente: ha dejado de ser un país soberano para convertirse en el estado número 51, sin voz propia y con una diplomacia dictada desde la Casa Blanca”.

La sanción a los ocho policías y militares sancionados, representa una de las medidas que más ha golpeado a los individuos señalados en ellas. 

Jefe del Cicpc

Desde el 5 de febrero 2016, ratificado en el 2018, como director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), el comisario Douglas Arnoldo Rico González había sido un funcionario discreto, con reconocimiento en el ámbito policial.

Se volvió más activo y visible, desde hace algunos años, en la propaganda del régimen venezolano. Su más relevante exposición fue cuando se hace público, el 16 de junio de 2021, el informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Es señalado como responsable de graves violaciones contra los derechos humanos cometidas por funcionarios del CICPC bajo su supervisión. 

Por otra parte, el informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre  Venezuela caracteriza al CICPC como una institución que comete violaciones sistemáticas de derechos humanos en Venezuela. 

De las imputaciones más graves está que el CICPC también está involucrado en ejecuciones extrajudiciales.

Comisario jefe (C:J) Florencio Ramón Escalona

Director de Inteligencia

El General de División (Ej.) Carlos Enrique Terán Hurtado, es el actual director de Inteligencia y Contrainteligencia del Ejército. Su actuación como funcionario de la Dirección de Inteligencia Militar (DGCIM) tuvo su etapa muy oscura cuando Terán dirigió el Departamento Especial de Investigaciones Penales y Criminalísticas (DEIPC) de la DGCIM, desde agosto 2019 a febrero 2021. 

Los testimonios de víctimas y familiares dan cuenta que el general Terán Hurtado alias Manchas fue extremadamente cruel durante su estadía al frente de la DGCIM en su sede central de Boleíta, Caracas.

http://www.sebastianasinsecretos.com/2019/10/la-cruel-trampa-de-la-direccion-de.html

El oficial, que egresó de número 43 de la promoción 1994 General en Jefe José Antonio Paéz II, también se había desempeñado como jefe de la policía en el estado Falcón y jefe de la DGCIM en el estado Táchira. 

Comisario mayor Carlos Alberto Calderón Chirinos, funcionario del SEBIN

Según un informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, el GD Terán Hurtado es responsable de graves violaciones de derechos humanos, incluyendo tratos crueles e inhumanos a detenidos, que cometieron funcionarios de la DGCIM bajo su mando. 

En las conclusiones detalladas de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, el General Terán es señalado específicamente como uno de los actores responsables en los tratos crueles contra el Capitán de Navío Lusi Humberto De La Sotta Quiroga.

En el SEBIN

Por el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) destaca entre los sancionados el comisario mayor Carlos Alberto Calderón Chirinos, actual Director General del Servicio de Policía adscrito al Viceministerio del Sistema Integrado de Investigación Penal del Ministerio de Interiores y Justicia y es Director Adjunto de la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET) de la Policía Nacional. Ha sido funcionario del mando de élite de la Policía Nacional de Venezuela y las tenebrosas Fuerzas de Acciones Especiales (PNB/FAES). Antes ocupó el cargo de Comisionado General, Director de la cárcel El Helicoide y Director de Investigaciones Estratégicas en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN). "Calderón aparece responsable de graves violaciones de derechos humanos, incluyendo tortura, uso excesivo de la fuerza y malos tratos a detenidos en las instalaciones del SEBIN.”

Comisario general Ronny Fernando González Montesinos

Jefe de Operaciones PNB

El comisario jefe (C/J) Florencio Ramón Escalona, también sancionado por Canadá, es el Director General de Operaciones y Acciones Tácticas (DGOAT) del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB). La dirección a cargo de Escalona es parte de la estructura organizativa del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, aunque ya tenía seis años funcionando con la División Contra la Delincuencia Organizada, con la Unidad de Operaciones Tácticas Estratégicas y un grupo de Comandos Motorizados. Su grupo ejecuta operaciones en una perfecta unión cívica-policial-militar para el combate frontal a la delincuencia.

Leonel Alberto García Rivas de la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas de la PNB

Otro de los policías

Aunque el comisario jefe (C/J) Leonel Alberto García Rivas es muy poco conocido a nivel de opinión pública, sí es una referencia en la institución policial como jefe del despacho y Coordinador de las divisiones de la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas de la Policía Nacional Bolivariana (DAET). Canadá lo sanciona como uno de los involucrados en actividades que han apoyado directa o indirectamente violaciones de derechos humanos en Venezuela o en actividades que socavan la democracia en Venezuela.

GD José Ramón Figuera Valdez jefe de la ZODI Capital

Ya estaba señalado

Aunque no aparecía sancionado, ya el comisario general Ronny Fernando González Montesinos, jefe de la División de Investigaciones Criminales de la DAET, había sido mencionado, en el 2022, en el tercer informe de la Misión de Determinación de Hechos de la ONU, como implicado en violaciones de derechos humanos. De González Montesinos se estableció que actuaba en la “identificación de objetivos afiliados a la oposición política para su vigilancia y detención”. Incluso, la Misión de Determinación aseveró disponer “de copias de informes de inteligencia ordenados por González Montesinos contra personas y organizaciones sospechosas de estar afiliadas a la oposición política y realizados sin orden judicial”. “Al menos uno de los detenidos fue torturado, incluso con violencia sexual”, dijo la Misión cuando instó a la Corte Penal Internacional (CPI) a analizar si se están llevando a cabo procedimientos contra los individuos identificados, entre ellos González Montesinos.

MG Manuel Enrique Castillo Rengifo

Un Mayor General

Como Segundo Comandante y Jefe del Estado Mayor del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Ceofanb), desde el 2024, el MG Manuel Enrique Castillo Rengifo es parte de la alta cúpula militar venezolana. Acaba de ser sancionado por Canadá, entre los ocho funcionarios señalados de violaciones a los derechos humanos. En el 2023 Castillo Rengifo fue jefe de la Región Estratégica de Defensa Integral Los Andes. Y antes, en el 2016, estuvo en uno de los cargos para privilegiados en el régimen venezolano como Gerente General (E) de Bolipuertos en el Puerto La Guaira.

GS Carlos Enrique Terán Hurtado, Director de Inteligencia y Contrainteligencia del Ejército

Otro alto oficial

Y como parte de los sancionados está el GD José Ramón Figuera Valdez, comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) Capital, una de las más importantes del país. Figuera, que es el Nr. 15 de la promoción 1996 “General de Brigada José Florencio Jiménez”, había ocupado, en el 2023, el cargo de segundo comandante y Jefe del Estado Mayor de ZODI que ahora comanda. Lo trasladaron a Comandante de la 32 Brigada de Caribe “GJ José Antonio Páez”, siendo uno de los oficiales privilegiados por su relación con la Guardia de Honor Presidencial, desde que en julio 2013 fue nombrado Director de Administración y Finanzas. Mélanie Joly, Ministra de Relaciones Exteriores y Desarrollo Internacional de Canadá, dijo que “las sanciones reflejan el compromiso de larga data de Canadá con la defensa de la democracia y el estado de derecho. También envían un mensaje claro de que Canadá no tolerará ninguna actividad que viole los derechos humanos”.

https://www.infobae.com/venezuela/2025/03/23/quienes-son-los-policias-y-militares-chavistas-sancionados-por-canada-por-violaciones-a-los-derechos-humanos-en-venezuela/