jueves, 31 de marzo de 2022

Perturbadores testimonios de la captación de niños y jóvenes por la guerrilla en la frontera: revelan que el ELN actúa junto al ejército venezolano

 

La guerra más cruda por el control del territorio arrancó el 30 de diciembre cono el asesinato de José Noel Ortega Fandiño, alias El Cherry, un activo del Ejército de Liberación Nacional


Sebastiana Barráez/ jueves 31 de marzo 2022

@SebastianaB 



Tomado de Infobae 


La muerte no ha cesado en la frontera. La detención, desaparición y el asesinato de civiles culpables y/o inocentes, por el enfrentamiento entre los grupos guerrilleros por el control del territorio, continua; algunos se hacen públicos, la mayoría no. Hace unos días uno de los secuestrados y asesinados por el ELN fue Juan de Dios Hernández, un dirigente del Partido Comunista de Venezuela (PCV). El más reciente informe de Human Rights Watch (HRW), presentado por Tamara Taraciuk Brones, directora en funciones para la Américas, revela lo que muchos habitantes de Apure han manifestado: la actuación conjunta de funcionarios del Ejército venezolano con el ELN.

Militares venezolanos destruyen campamentos de las disidencias FARC en Apure

La guerra más cruda por el control del territorio arrancó el 30 de diciembre, en territorio venezolano, con el asesinato de José Noel Ortega Fandiño alias El Cherry un activo del Ejército de Liberación Nacional (ELN), organización que responsabilizó a las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), a quienes HRW llama Comando Conjunto de Oriente.

Tal y como muchos testimonios lo han revelado a Infobae (Sebastiana Sin Secretos: “El ELN llega con militares venezolanos, destrozan todo, y se llevan campesinos y los hacen pasar por guerrilleros de las FARC”) también múltiples testigos, personas desplazadas y funcionarios humanitarios dijeron a Human Rights Watch “que miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas, en particular de la FANB y la GNB, han realizado operaciones conjuntas con guerrilleros del ELN y habrían sido cómplices de sus abusos”.

El informe de HRW sobre lo que ocurre en la frontera revela la actuación de la FANB con el ELN

Una testigo le dijo a HRW: “Esa mañana llegaron más de 10 hombres armados en motos y camionetas, unos se identificaron como el ELN y otros eran de la fuerza militar venezolana. Vi sus insignias de la FANB en sus uniformes”.

Otro testigo dijo que miembros de las FANB llegaron a su comunidad en Apure con guerrilleros del ELN, quienes se llevaron por la fuerza a varias personas a las que acusaban de colaborar con el Comando Conjunto de Oriente (disidencias FARC). “Los militares llegaron junto con los del ELN, pensé ‘nos van a matar a todos’”, dijo. “(Los militares y miembros del ELN) empezaron a gritar unos nombres, entraron a las casas de esas personas y se los llevaban amarrados”.

El desplazamiento de civiles en la frontera se eleva a más de 3.300

HRW asevera que “desde enero de 2022, las autoridades venezolanas han dicho que las fuerzas venezolanas han destruido campamentos guerrilleros y laboratorios de drogas y han arrestado a 35 miembros de grupos armados a los que llaman Terroristas, Armados, Narcotraficantes de Colombia (TANCOL). Sin embargo, todas esas operaciones parecen haber tenido como objetivo al Frente 10 (FARC) y otros elementos del Comando Conjunto de Oriente, no a otros grupos”.

“El Comando Conjunto de Oriente es una coalición de grupos disidentes de las FARC que incluye a los grupos conocidos como Frentes 28 y 45 y al Frente 10, que es el más importante en la zona. El Comando Conjunto de Oriente opera bajo el liderazgo de alias “Gentil Duarte”, un excomandante de las FARC que no aceptó el acuerdo de paz y quien coordina múltiples disidencias en Colombia”.

A Juan de Dios Hernández lo habría asesinado el ELN en Apure

FANB y ELN
Uno de los testimonios revelados por HRW relata que dos miembros del ELN y un soldado de la FANB llegaron a la casa de Darío Salcedo (seudónimo) en El Ripial, Venezuela, la madrugada del 2 de enero, preguntándole dónde podían encontrar a su vecino Fernando Murillo (seudónimo). El soldado acusó a Salcedo y Murillo de ser “informantes” del Comando Conjunto de Oriente (disidencias de las FARC). Salcedo lo negó y los elenos lo amenazaron de muerte.

Agregó que cuando otro miembro del ELN llegó a la casa dijo que habían encontrado a Murillo. “Cuando los guerrilleros se fueron, Salcedo vio a través de una rendija en su puerta cómo dos miembros del ELN empujaban a Murillo, quien estaba atado de pies y manos, al suelo en el patio trasero de Salcedo”.

Otro testigo le confirmó esos hechos a Human Rights Watch: “Salcedo dijo que un miembro del ELN le disparó dos veces a Murillo y los guerrilleros arrastraron su cuerpo a una camioneta”.

Tamara Taraciuk Brones, directora en funciones para la Américas de HRW

Al inicio del crudo enfrentamiento entre los grupos, el 2 de enero, “miembros del ELN se llevaron a Pedro Benítez (seudónimo), un campesino de 42 años, de su casa en una zona rural de El Ripial, Venezuela. Los guerrilleros ataron a Benítez de pies y manos y lo subieron a la fuerza a una camioneta, dijo un familiar que presenció los hechos. Un miembro del ELN acusó a Benítez de ser informante del Comando Conjunto de Oriente y le dijo a la familia que abandonara la comunidad de inmediato, dijo el familiar”.

“Algunos huyeron al departamento de Arauca, pero dos de sus hijos, que estaban trabajando en una finca cercana ese día, no aparecían, dijo el familiar. Días después, una vecina le dijo al familiar de Benítez que guerrilleros del ELN habían matado a Benítez y a sus hijos, según contó. La vecina le mostró dos fotos de los cuerpos”, esa versión también la obtuvo Human Rights Watch, a quien la vecina le confirmó que quienes aparecían en las fotos eran los familiares de Benítez.

Así como sucede en la frontera del lado venezolano, también ocurre del lado colombiano; HRW destaca dos casos puntuales el del asesinato del activista comunitario Miguel Alexis Amado Carrillo cuando salía de su casa en Arauquita el 17 de enero. Y el ocurrido el 25 de enero, cuando dos hombres armados mataron a balazos a Álvaro Peña Barragán en una finca en Tame, Arauca; al día siguiente, asesinaron a su esposa, Rosalba Carmenza Tarazona Ortega, durante su funeral. En esos casos los autores serían del Comando Conjunto de Oriente alegando que habían cooperado con el ELN.

El ELN y las disidencias de las FARC se enfrentan en Apure por el control del territorio

Los niños, las víctimas
A ambos lados de la frontera, el ELN y el Comando Conjunto de Oriente (coalición de disidencias FARC) han forzado a numerosas personas a incorporarse a sus filas, incluyendo menores. El 20 de enero, miembros del ELN irrumpieron en una casa en la zona rural de Puerto Páez, Apure, y se llevaron a la fuerza a una niña de 14 años y a su hermano de 18, dijo un familiar. El 28 de enero, una vecina le dijo a su madre que sus hijos habían sido asesinados durante enfrentamientos con una disidencia de las FARC y le indicó dónde encontrar sus cuerpos. La madre fue a la zona y encontró los cuerpos de sus hijos. Dijo que había muchos más cadáveres allí.

Denuncias creíbles, así cataloga Human Rights Watch, los casos de desapariciones, secuestros y reclutamiento forzado por parte de grupos armados contra personas en la frontera incluyendo niños. “En la madrugada del 2 de enero, guerrilleros del ELN ingresaron a la finca donde vivían Celina Franco (seudónimo) y su familia en una zona rural de El Amparo, Apure”.

Duras críticas contra militares venezolanos por su actuación conjunta con el ELN en Apure

La terrorífica experiencia, según lo que Franco reveló a HRW “los miembros del ELN la acusaron a ella y a su esposo, Pedro Ramírez (seudónimo), de dar alimentos a miembros del Comando Conjunto de Oriente (FARC) y ser sus informantes. Ellos negaron las acusaciones, pero los guerrilleros amenazaron con reclutar a sus hijos, de 8 y 15 años, si la familia no abandonaba la zona de inmediato”.

Franco, su esposo e hijos comenzaron a caminar hacia el río Arauca para huir a Colombia. Pero los guerrilleros del ELN detuvieron a Ramírez, lo golpearon con la culata de un rifle en las costillas y le amarraron las manos. Celina Franco huyó a Colombia. Tres días después, un hombre que no conocía se le acercó y le dijo que no debería preguntar por su marido”.

GJ Domingo Hernández Lárez, jefe del Ceofanb

Otro testimonio es el de Elvia Rodríguez (seudónimo), mujer indígena sáliba de 34 años que vivía en una zona rural de Puerto Páez, Apure, dijo que el 26 de enero guerrilleros del ELN irrumpieron en su casa, donde ella y su esposo, Ramiro Meneses (seudónimo), dormían con sus cuatro hijos. Los hombres dijeron a su esposo que “él ya estaba advertido; o se iba con ellos o se llevaban a sus hijos”. “No tenía opción, le tocaba irse con el grupo. El 29 de enero, su suegro le dijo que Meneses había muerto en un enfrentamiento con disidentes de las FARC”.

Mientras eso sucede en Apure, también se repite al otro lado del río, en territorio colombiano. El 2 de enero, guerrilleros del ELN llegaron a una zona rural de Arauquita, Arauca, y sacaron de sus casas a por lo menos 20 jóvenes, dijo una testigo a HRW. Los guerrilleros les ataron las manos y los obligaron a subir a camionetas y motocicletas. Cuatro elenos irrumpieron en la casa de la mujer y se llevaron a su hijo de 18 años para que se uniera a la guerrilla; a ella la amenazaron de muerte si no se iba de la comunidad; la mujer se fue y no ha sabido nada de su hijo desde entonces. “Todas las familias del pueblo huimos asustadas”, dijo.

HRW asegura que, hasta el 11 de marzo, más de 3.300 personas, incluyendo colombianos y venezolanos, habían huido de Apure hacia los departamentos colombianos de Arauca y Vichada, según organizaciones humanitarias. Esto se suma a las personas que se encuentran desplazadas internamente en Arauca.

Perturbadores testimonios de la captación de niños y jóvenes por la guerrilla en la frontera: revelan que el ELN actúa junto al ejército venezolano - Infobae

lunes, 28 de marzo de 2022

Qué dice la investigación oficial sobre la batalla en la que los militares venezolanos mataron a cuatro indígenas Yanomamis

 

52 representantes indígenas dijeron que los efectivos de la Aviación "mancharon su uniforme" y denunciaron "el uso ventajoso y de superioridad bélica por las armas del Estado"


Sebastiana Barráez/ lunes 28 de marzo 2022

@SebastianaB 



Tomado de Infobae 


La inocultable y brutal masacre de cuatro yanomamis por parte de soldados venezolanos ha causado el repudio (Sebastiana Sin Secretos: Armas de fuego contra arcos y flechas en Venezuela: a los yanomamis los mataron por el oro de sus territorios) nacional e internacional cuando los arcos y las flechas de los indígenas se enfrentaron a las armas de fuego de los militares de la Aviación ubicados en la Base Fronteriza de Parimabe, municipio Alto Orinoco, estado Amazonas. El reporte del CICPC, expediente K-22-0256-00108, da cuenta que incautaron cuatro conchas o casquillos calibre 9mm, un arma marca Beretta 92F, además unas 70 conchas o casquillo de fusil AK103 calibre 7,62 mm. 

El día de la masacre de los yanomami hubo indignación y fuerte tensión de los indígenas contra los militares

Identifican a los cuatro indígenas muertos: EGS (23 años), JB (33), CSG y MG (48).

El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) destaca la Comisión multidisciplinaria conformada por el General de Brigada (Av) Francisco Zapata, comandante de la base Aérea José Antonio Páez; por el Servicio de Medicina Forense (Senamecf) el doctor Amaury Gutiérrez; Paola Matarán por el Ministerio Publico; y Comisario Alí Pérez del CICPC Delegación Municipal Puerto Ayacucho. Ellos se trasladaron vía aérea desde la capital de Amazonas hacia el lugar de los hechos.

“De las primeras investigaciones se pudo conocer que el cacique Sabino Silva y varios miembros de la Comunidad Yanomamis, sostuvieron una fuerte discusión con los funcionarios de la Aviación por motivos aún por determinar, esgrimiendo de ambas partes armas de fuego, escopetas, arcos y flechas, con el resultado ya conocido de heridos y fallecidos”.

La comisión multidisciplinaria a su regreso de Parimabe

“El equipo multidisciplinario pernoctará en la Base la Esmeralda de las FANB el día de hoy (22 de marzo) y arribarán el día de mañana a la Ciudad de Puerto Ayacucho. Se deja constancia que las comunicaciones y señal celular son nulas en las Comunidades indígenas por lo que al tener más información se notificará a la Superioridad”.

Indígenas heridos:

  • El yanomami BS (16 años), herido por arma de fuego en la región del húmero del brazo izquierdo con fractura expuesta y en la pierna derecha.
  • Sabino Silva, Cacique de la comunidad yanomami: heridas por arma de fuego, una rasante en la región parietal derecha y otra en la mano derecha.
  • Gary García Borguez, esposa del Cacique Sabino: herida por arma de fuego en la mano derecha

Militares heridos:

  • 1er Teniente (Av) Christopher Jesús Bolívar Pino (38 años): heridas por arma de fuego en el abdomen (entrada), en intercostal izquierdo (salida), en la región axilar (entrada) y en región del omoplato (salida).
  • 1er Teniente (Av) Eduar José Evans Seijas (25 años): herida por arma de fuego en el abdomen.
  • Soldado (Av) Jefferson Jesús Sebastián Garrido Urión: herida por arma de fuego en el abdomen.

Después que los indígenas permitieron el traslado de los heridos desde el lugar de los hechos hasta el hospital, ha continuado el cerco que los yanomamis tienen alrededor de la Base Fronteriza Parimabe.

La Fiscal entrevista a los funcionarios militares involucrados en el hecho, en la sede de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI), lo que causa molestia entre los indígenas que consideran poca transparencia del Ministerio Público hacer los interrogatorios en la sede militar, siendo los soldados de la Aviación los causantes del asesinato de los yanomami.

Repudian la masacre
52 representantes de organizaciones y pueblos indígenas de Venezuela se pronuncian “ante el crimen cometido, el domingo 20 de marzo 2022, contra hermanos yanomami Parima B, Alto Orinoco, estado Amazonas”.

Lo primero que enfatizan es que los cuatro yanomamis “fueron vilmente masacrados por miembros de la Fuerza Armada Nacional, acantonadas en las tierras ancestrales de los Yanomami y Ye´kwana”.

“Una vez más, uno de los componentes de las Fuerza Armada de Venezuela, ha manchado su uniforme con el asesinato de cuatro (4) miembros del pueblo Yanomami, incluyendo una mujer, así mismo resultaron varios heridos; esta masacre fue perpetrada con uso ventajoso y de superioridad bélica por las armas del Estado, atentando contra la integridad física del pueblo indígena que ha sido guardián ancestral del territorio y garante de la soberanía nacional en la Amazonia venezolana”.

El pueblo indígena otra vez atacado por militares en Venezuela

El lamentable aniquilamiento de las victimas ocurre por motivos innobles y fútiles, debido al reclamo por parte de la Comunidad a los funcionarios de las Fuerzas Armadas que les devolviesen el enrutador para la conexión inalámbrica porque requerían conectarse al internet que es un derecho humano garantizado por la ONU (A/HRC/32/L.20), los militares rehusaron a devolver el dispositivo que les había prestado la comunidad yanomami violando de este modo sus derechos humanos, y un atentado contra la libertad de expresión y la información libre”.

Condenan y rechazan las actuaciones de los funcionarios militares “responsables de esta masacre. Exigimos al Gobierno Nacional se imparta justicia, esclarecimiento de los hechos y castigo a los responsables de estos crímenes. Así como la aplicación de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, establecidos en el marco normativo nacional e internacional suscrito por Venezuela”.

Enfatizaron que condenan “el asesinato y el femicidio perpetrado contra una mujer indígena por funcionarios encargados de garantizar la seguridad territorial y fronteriza, violentando el derecho humano a la vida, en especial los derechos individuales y colectivos de las mujeres indígenas, que en ejercicio de su libre determinación viven en condiciones de aislamiento voluntario o contacto inicial”.

Escuchar a los indígenas
En el documento que suscribieron las organizaciones y representantes indígenas exhortan a la administración de justicia “jueces y fiscales del Ministerio Publico, Dirección General de derechos Humanos de la Fiscalía General de la República, así como los organismos de investigación, a escuchar a las autoridades y líderes indígenas, así como a reconocer el derecho a la propiedad de las tierras y hábitats que tradicionalmente ocupan y en la que hay un derecho consuetudinario indígena que regula la vida de la comunidad que está garantizado en la Ley Orgánica de Comunidades y Pueblos Indígenas”.

Piden comprender que “están en territorio indígena donde se aplica la justicia propia yanomami; estas formas de justicia yanomami es lo que ha mantenido el equilibrio, la armonía y la convivencia en dicho espacio”.

Rechazamos las acciones xenofóbicas, discriminación racial y de género que trae como consecuencia el geno-etnocidio de un pueblo originario que ha mantenido y preservado milenariamente con su sabiduría el equilibrio ecológico de la amazonia venezolana. Esto enarbola al pueblo indígena yanomami como portador de conocimientos y practicas considerados patrimonios culturales material e inmaterial del país y de la humanidad”.

En la Base Fronteriza de Parimabe fue el enfrentamiento entre indígenas y militares

Alertaron a los organismos garantes de los derechos humanos de los pueblos indígenas fundamentales, “sobre los reiterados ataques brutales a miembros del pueblo Yanomami, así como de otros pueblos indígenas”, a la vez que recordaron la masacre en Haximu, que hace 30 años cometieron garimpeiros brasileros contra los Yanomami. También “los hechos cometidos por un comando de la DGCIM a un grupo de hermanos Pemón en Canaima, Gran Sabana, estado Bolívar, en diciembre 2018, donde murió un hermano pemón”.

Los firmantes dicen que los continuos hechos de violencia “evidencian una sistemática violación a los derechos humanos fundamentales y como pueblos indígenas, ocasionados por actuaciones de autoridades civiles y militares ubicados en los hábitats y territorios de nuestros pueblos indígenas”.

Proponen exigir y asumir “ante nuestros Pueblos Indígenas, autoridades civiles y militares, ante la opinión pública nacional e internacional que lo ocurrido en Parima B, con el saldo de 4 hermanos Yanomami ajusticiados es una responsabilidad del Estado bolivariano y socialista, y quienes actuaron a su nombre con las armas de la República en contra de una población indefensa de manera desproporcionada por lo que deben ser procesados y condenados”.

La fiscal en la sede de la ZODI donde entrevista a los militares

También la revisión del papel de la FANB, de las autoridades civiles y policiales, “situadas en los territorios indígenas haciendo uso desproporcionado y desmedido de la fuerza pública que se opone totalmente a las formas pacíficas de resolución de conflictos de los pueblos indígenas en sus tierras y hábitats tradicionales”.

Finalmente solicitan la revisión exhaustiva para determinar si la llamada unidad cívico militar está siendo aplicada efectivamente en los territorios indígenas, según el espíritu y mandato de Hugo Chávez.

Piden que la Fiscalía General de la República y demás órganos auxiliares de justicia, inicien una “investigación objetiva en cuanto a este suceso y a otros estos hechos de violación de los derechos humanos de las poblaciones indígenas”.

Consideran que el reciente caso donde murieron los cuatro yanonamis así como otros ocurridos en territorios indígenas, “deben ser conocidos por la Jurisdicción Indígena, pendientes por la aplicación de justicia, y no sean desviados a la Jurisdicción Militar, como ya ha ocurrido en otros casos, que terminan en un limbo judicial, donde la verdad de los más vulnerables es opacada por la verdad procesal”.

Recomiendan la instalación de mesas de trabajos permanentes y de dialogo para resolver los conflictos existentes actualmente en territorios indígenas a la vez que se implemente programas de formación y capacitación de los funcionarios públicos civiles o militares que laboren en hábitat y tierras indígenas, en actividades o instituciones relacionadas con los pueblos y comunidades indígenas, para el conocimiento y respeto de sus derechos, culturas, usos y costumbres.

Instan a que los funcionarios, desde Nicolás Maduro Moros, incluyendo diputados nacionales y regionales, concejales y demás voceros indígenas electos por votación popular, así como organizaciones e Institucionalidad indígena “a realizar un pronunciamiento contundente y unitario, condenando esta nueva agresión, funesta y trágica que enluta a nuestros Pueblos y Comunidades Indígenas”.

GB Francisco Zapata con Nicolás Maduro

Advierten “a la mediática de la derecha y sus voceros políticos nacionales e internacionales, a no usar y tergiversar lo que expresamos como un ataque al Gobierno, al proceso revolucionario y a las Fuerzas Armadas Bolivarianas”, para solicitar finalmente que lo que solicitan “es justicia, activar los mecanismos necesarios para extirpar el cáncer de la Impunidad, el clasismo y el racismo que persiste dentro de las instituciones de Nuestro Estado Bolivariano, cuyos males operan en Territorios Indígenas”.

El documento lo suscriben: Orpia, Upciaven, AC de Mujeres Emprendedoras Bare, AC Temendawi, Red de Defensores de DDHH derechos indígenas y derechos de la Naturaleza, Comité Indígena Puerto Samariapo, Escuela de Idioma Indígena Bare, Redsur, Comité de Derechos Humanos de la Guajira, Fundación de Asistencia Global Indígena, Orindeiwa, Movimiento de unidad Wayuu Añu Wakuaipa de Río Negro, Organización Wayuuwaka, Fundawaleker, Asociación Indígena del Arte Wayuu Jalianaya, Organización Chaima Sucre, Organización Autónoma de Putchipuu de la Guajira, Organización Binacional de Mujeres Wayuu, Fundación Lumaa, Movimiento Indígena de Guayana.

También por los Bare: Menca Yacame, Rosa Petit, Yarit Rodríguez, Nieves Azuaje, Silvestra González y Mirleny Guerrero. Por Baniva: Olga Melguero, Nieves López, Belkis Bueno, Diana Frontado y Miguel Avaristo. Wayúu: Luz Fernández, José David González, Rusbel Palmar, Tawanui Guillen, Esmérita González, Librada Pocaterra, Emelindro Fernández, Karin Herrera, Adolfo Caldera, Yan Josué Palmar Barroso, José Manuel Larreal, Delia González, Esmérita González, Silvia Viloria, Mileila Viloria y Luis Emiro Beltrán Pulgar. Kariña: Tito Poyo y José Poyo. Chaima: Ángel Vargas, Isnardy Méndez Coa y Arquímedes Velásquez.

Qué dice la investigación oficial sobre la batalla en la que los militares venezolanos mataron a cuatro indígenas Yanomamis - Infobae


domingo, 27 de marzo de 2022

Granko Arteaga, el hombre de las mil caras y negocios que controla la temible unidad de Asuntos Especiales del Servicio de Inteligencia Militar de Venezuela

 

Junto con el General de Brigada Rafael Antonio Franco Quintero, inició la más tenebrosa etapa de tortura, persecución y amenaza contra militares y civiles


Sebastiana Barráez/ domingo 27 de marzo 2022

@SebastianaB 



Tomado de Infobae 


Alexánder Enrique Granko Arteaga es Teniente Coronel de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y funge como Jefe de la Unidad de Asuntos Especiales (DAE) de la Dirección general de Contrainteligencia Militar (Dgcim); es el verdadero poder en ese organismo, donde han ocurrido terrible torturas. Él, junto con el General de Brigada Rafael Antonio Franco Quintero iniciaron la más tenebrosa etapa de tortura, persecución y amenaza contra militares y civiles, algunos presos políticos, otros a quienes la revolución consideró traidores y les activó expedientes por corrupción.

Egresado de la Escuela de Formación de Oficiales (Efofac), de cuarto lugar en la II Promoción “Batalla de la Miel” 2003, fue ascendido, el 29 de junio 2016, resolución 014717 a Mayor en la categoría Efectivo de comando y en el 2020 ascendió de numero uno a Teniente Coronel. Entre funcionarios de inteligencia se le considera un mérito que haya ejecutado al piloto Oscar Pérez y a un grupo de jóvenes que ya se habían rendido en la llamada Masacre de El Junquito.

Funcionarios de la DAE al mando de Granko Arteaga

Granko es el hombre poderoso de la DGCIM, aunque tenga superiores militares de más alto rango como coroneles, generales y al Mayor General y jefe de la Dgcim, Iván Hernández Dala. No solo es el que ha hecho posible la creación de numerosos expedientes que la Dirección de Investigaciones levanta contra militares y civiles detenidos, torturados, violentados en sus derechos humanos, sino que además influye en la administración de justicia cuando de alterar fechas o cuadrar testigos se refiere.

Se exhibe en actividades en motos de alta cilindrada, bicicletas, con armas en ejercicios, pero Granko también tiene atracción por las propiedades, vehículos costosos, negocios relacionados a la chatarra y todo lo que sea rentable en los puertos de La Guaira y Puerto Cabello.

Los funcionarios de la DGCIM, desde que la estructura de poder y tortura se instala con Granko y Franco en la DGCIM, también debió ceder recompensas para lograr lealtad por parte de funcionarios dispuestos a hacer cualquier cosa por obtener beneficios; así participan en el botín de guerra, como llaman a las pertenencias que se roban, sean divisas, prendas de oro incluso fantasía costosa, armas, celulares, ropa y zapatos de marca, computadoras, artefactos eléctricos, e incluso vehículos; ese botín es vendido en el mercado negro y las ganancias se reparten entre los participantes y los testigos estrellas que la DGCIM usa en sus informes.

Pero el botín de Granko es más alto; son casas, haciendas, hatos, aviones, vehículos de lujo. Un ejemplo de ello fue lo ocurrido el 14 de agosto 2020 cuando funcionarios de DGIM, a cargo del capitán Ibis Ramírez, diciendo que cumplía órdenes de Granko Arteaga, allanan la quinta Los Gnomos en la Urbanización El Caribe, calle Club Yacht, Caraballeda, La Guaira.

Le arrebataron la propiedad, violentaron las cerraduras, cubrieron las cámaras de vigilancia y se quedaron con los muebles

Esa hermosa vivienda, edificada por César Capriles en 1968, fue heredada por su nieta Isabel González Capriles, la legítima propietaria quien la había dado en arrendamiento a la pareja con tres niños que fueron desalojados por Dgcim. No hubo orden de allanamiento, no hubo orden de ningún tribunal, solo el capricho de Granko que quería la vivienda, la cual tiene un atractivo y pequeño puerto o embarcadero privado con salida al mar.

Como en otros casos y propiedades, la Dgcim sabe que Isabel González, quien es hija de Mitzi Capriles y esposa del exministro Andrés Izarra, no se atreve a venir al país a reclamar la casa sin riesgo de ser encarcelada, así que le arrebatan la propiedad, sin derecho a la defensa, violentaron las cerraduras, cubrieron las cámaras de vigilancia y se quedaron con los muebles de Los Gnomos.


La quinta
Desde que la vivienda fue allanada por la Dgcim, se ha convertido en una de las propiedades que usa Granko con personas de su interés personal, como ocurre con Paola Dávila una modelo, quien publica en sus redes sociales fotos del interior de la quinta, usufructuando la propiedad, los muebles, la vajilla y todo lo que hay en la vivienda de Isabel González.
La quinta Los Gnomos el día que fue invadida por la DGCIM

La vivienda de Isabel González que usa Dávila y Granko

En ese encantador refugio al principio llegaron muchos funcionarios y vehículos de la Dgcim, rompieron cerraduras y permanecieron ahí varios días, pero desde que desalojaron a la familia con los niños, solo la usan para disfrute mayormente de Paola y una que otra modelo que viene de manera esporádica con el Tcnel Granko”.

Dávila, quien se desconoce qué trabajo realiza, inauguró recientemente una boutique de trajes de baño en la urbanización Las Mercedes de Caracas. Muchas de sus fotografías en redes sociales la muestran en el interior de la vivienda, incluso con familiares cercanos o en yates del embarcadero de la casa arrebatada a Isabel González.

Con otras propiedades como haciendas o fincas ha sucedido algo similar. Si la Dgcim detiene a un hacendado, ganadero, empresario o comerciante casi siempre la víctima debe pagar una fuerte suma de dinero o ceder propiedades a cambio, que pasan a formar parte del botín de guerra que se distribuye la estructura de tortura que nace en la Dgcim.


Abuso de poder
Recientemente el ingeniero Elías Rangel Macho Hernández, Director General Regional de la Faja del Orinoco adscrita al Ministerio de Petróleo y exdirector del Despacho del Ministerio del Trabajo, denunció que el 18 de marzo 2022, en Calabozo, estado Guárico, la desaparición de Ángel Javier Navas Figueroa, adscrito a la oficina de esa población, perteneciente a la Jefatura de Zona Valle de la Pascua.
Ángel Navas detenido e incomunicado por Dgcim, por boicotear la gandola de combustible destinada a Granko. Ahora obligado a renunciar a su cargo

Relató que Navas observó la recepción de dos cisternas de combustible en la Estación de Servicio Puente Aldao, Calabozo, por lo que procedió a verificar las facturas de despacho desde Planta. La administradora del establecimiento le informó que la primera cisterna (9.804 litros de diésel) es para el despacho normal a los usuarios y que “la otra cisterna de combustible (37.025 litros de diésel) es exclusiva para el comandante Granko, perteneciente a DGCIM”.

El Puente Aldao de calabozo estado Guárico

Al observar la irregularidad Navas se comunicó con Henry González, asesor de PDVSA Mercado Nacional (PDVSA MENA) con jurisdicción de la zona, quien le comunicó que “esa era una instrucción emanada por el Director General de PDVSA MENA, Marino Lugo hacia la ES Puente Aldao, sin tener conocimiento si era para algún particular o para el despacho normal público”, y le indicó que llamara a Jhonny Fernández, Gerente de Estaciones de Servicio PDVSA MENA Distrito Centro.

“Ángel Navas da alertas necesarias al Jefe de Zona Valle de la Pascua y éste a su vez al Director Región Faja. Seguidamente desde Minpetróleo (Oficina Técnica Calabozo) se dan los exhortos al concesionario para que distribuya dicho combustible como lo establece la norma y éste se niega pues dice tener instrucciones que dicho combustible es para Granko”.

Ante esa situación, “se le da la instrucción desde la Jefatura al funcionario Ángel Navas que aperture el procedimiento administrativo a dicha E/S, la cual estuvo cerrada el domingo. Al día siguiente Navas inspecciona la gasolinera, pero “a las 11:30 AM recibe notificación de la DGCIM Calabozo para ir a declarar a San Juan de Los Morros a las 2 PM por un proceso de investigación no especificado. El funcionario notificó que no podría asistir ese día por lo intempestivo de la citación, la falta de logística de movilización y manifestó que asistiría al día siguiente”.


La trampa y destitución
A final de tarde, Navas recibe llamada de la E/S manifestándole que “de Caracas le habían autorizado a que despachara el diesel al público y que requería su presencia para realizar tal actividad”; él respondió que era preferible hacerlo a primera hora del martes para garantizar que los usuarios accedan al servicio.

Esa noche relata Macho Hernández “una comisión de DGCIM hace presencia, de manera arbitraria y agresiva, en la casa de Ángel Navas, quien no estaba en su domicilio; la invitación del concesionario a que se presentara a la E/S parecía una excusa para detener a Navas”.

La mañana del martes 22 de marzo el Jefe de Zona trata infructuosamente de contactar a Navas. “Se contacta al concesionario quien informa que a altas horas de la noche del lunes una comisión del DGCIM acordonó la E/S y junto al concesionario realizaron un despacho de diesel al parecer de 6000 lts más y que en la camioneta del DGCIM tenían a nuestro funcionario Ángel Navas”.

Padrino López firmó la resolución que asciende a Granko de número uno a Teniente Coronel en el 2020

La Jefatura de Zona y la Dirección Regional tratan de averiguar si Navas se encontraba en la Dgcim de San Juan de Los Morros o en Caracas; llamaron al Fiscal Nacional 55, Ramón Torres, quien lleva los casos de tráfico y desvío de combustibles por el Ministerio Público en el marco de la Operación Mano de Hierro.

En el mensaje que en ese momento Macho Hernández envió a sus compañeros, Directores y demás integrantes del Minpetróleo pidió unirse “en una campaña de solidaridad con el compañero Ángel Navas y revisarnos también en el papel que debe jugar Mercado Interno Minpetróleo y MENA PDVSA para erradicar los vicios sobre el mal manejo en la distribución de combustibles y contribuir así con la operación Mano de Hierro y más aún con la transparencia y garantías para que este servicio público se preste de manera eficaz, eficiente y llegue realmente al pueblo”.

La presión llevó finalmente a la liberación de Nava, pero el ingeniero Macho Hernández fue destituido de su cargo como Director General Regional de la Faja del Orinoco del MinPetróleo, mientras que a Ángel Javier Navas Figueroa lo presionaron para que renunciara.

Todo ello evidencia el abuso de poder y el tráfico de influencias de Granko Arteaga desde el cargo que ocupa en la Dirección de Asuntos Especiales de la Dirección General de Contrainteligencia Militar.

Granko Arteaga, el hombre de las mil caras y negocios que controla la temible unidad de Asuntos Especiales del Servicio de Inteligencia Militar de Venezuela - Infobae

jueves, 24 de marzo de 2022

Armas de fuego contra arcos y flechas en Venezuela: a los yanomamis los mataron por el oro de sus territorios

 

Una fuente de la tribu, que pidió mantener en reserva su nombre, confirmó a Infobae que militares asesinaron a cuatro indígenas a balazos


Sebastiana Barráez/ jueves 24 de marzo 2022

@SebastianaB 



Tomado de Infobae 


No, no, no es por el aparato de internet. Qué tontería es esa, si en la selva no hay electricidad. Esa comunidad yanomami es nómada y vive en el shabono, ¿qué prioridad tienen para ellos el internet si todos viven en el mismo lugar en medio de la selva? La verdad es que los funcionarios de la Aviación trataron de convencer al cacique Sabino y demás miembros para que permitan la minería en espacios completamente vírgenes. La comunidad les negó el permiso y eso causó la fuerte discusión con los militares, quienes decían que ellos debían pagarle una fuerte cantidad en oro al General de la ZODI y al Comandante de la Aviación. Los militares atacaron a los hermanos yanomamis con armas de fuego matando e hiriendo a varios”, dijo en conversación con Infobae una fuente indígena que pidió mantener en reserva su nombre.

Yanomamis indignados no permiten la salida de los militares de Parimabe

Posteriormente los indígenas, ante el asesinato de los yanomamis, cercaron a los militares y en un video se observa a un oficial prometiendo que quien debe responder es el Inspector General de la Aviación. Los indígenas le dicen al oficial que nadie sale del lugar, porque lo que pasa allí, por la ley que los asiste, debe resolverse ahí y les impiden a los 17 militares salir del lugar.

Eran las 4 de la tarde aproximadamente. En la Base Militar Fronteriza ubicada en Parimabe, municipio Alto Orinoco del estado Amazonas, nada advertía la nube oscura que se cernía sobre la población yanomami. Es cierto que en el puesto militar hay paneles solares y una antena de internet, pero como no tenían el enrutador, la comunidad consiguió uno con una ONG, llegaron al acuerdo de facilitárselos a los militares a cambio de que todos tuvieran acceso al internet.

La Alcaldesa Yamilet Mirabal dice que se aplique la justicia en ambas partes

No era la primera vez que había problemas por el acceso al internet. “En realidad los militares solo estaban presionando a los yanomamis para que les dieran permiso a sacar oro de territorio virgen y la manera que consiguieron fue impidiéndoles el acceso al internet o al uso de la pista de aterrizaje, lo que hace muy difícil acceder al lugar por vía terrestre o fluvial. El incidente no fue más que una excusa para que los militares le hicieran sentir a los hermanos yanomamis que ellos tienen el poder”.

Es atroz que militares venezolanos asesinaran a cuatro yanomamis de los últimos indígenas originarios que quedan en la América del Sur, en la frontera entre Venezuela y Brasil. La responsabilidad recae en la institución castrense, porque ocurrió en la base de Aviación Militar de Parimabe, con uniformados provenientes de una unidad militar del estado Aragua, lo que puede indicar que no se les haya preparado para entender las costumbres de un pueblo tan importante como el Yanomami.


El oro, el oro
No había llamado la atención con tal ruido el asesinato de indígenas, quizá desde que en 1993 ocurrió la masacre de Xaximú, llamada sí porque se inició en las afueras de Haximu en la frontera de Brasil con Venezuela; los garimperios mataron a cuatro jóvenes yanomamis de esa zona. La respuesta indígena causó la muerte de dos garimperios, por lo que el contrataque de los explotadores de oro brasileños fue atroz, matando a 12 yanomamis, entre ellos un bebé, descuartizando los cuerpos para finalmente quemar la aldea Haximú.

Hace unos meses, militares venezolanos retuvieron en Río Negro una embarcación brasileña que desde hace mucho tiempo hacía el recorrido desde San Gabriel de Cachoeira, Brasil, y Río Negro, Amazonas, Venezuela, con mercancía, porque es más cerca para ellos Brasil que Puerto Ayacucho.

Este es un shabono, donde habitan los yanomami (Cortesía Survival)

Los militares retuvieron la embarcación, se apropiaron de los productos y de las armas que iban en la embarcación. La protesta de las comunidades de la zona no se hizo esperar y lograron que la embarcación se la devolvieran a sus dueños.

Lo que sucede es que los militares han venido exigiendo cada día más dinero, oro, beneficios, acceso a las ganancias del contrabando de combustible y no se adaptan a la cultura y al modus vivendi de las comunidades que se las ingenian para tener acceso a los productos necesarios para subsistir en esa difícil zona. En lugar de garantizarles protección y resguardo, acceso a alimentos y bienes, los militares acosan y presionan a la comunidad”.

Jefe de la ZODI Amazonas, GD Maita González

Hay coincidencia en varias fuentes, a las que tuvo acceso Infobae, en que el problema principal es el oro. “Están explotando oro sin importarles pasar por encima de las comunidades indígenas. Al Alto Orinoco lo han convertido en zona de explotación minera, inclusive en el Cerro Delgado Chalbaud, en la zona donde nace el río Orinoco, en el parque nacional Sierra de la Neblina hay máquinas. Los indígenas no solo temen a los garimperios brasileños sino a los militares venezolanos”.

Todo militar enviado para esa zona no va castigado, como era antes por las condiciones difíciles de la zona, ahora va recomendado por el acceso a la explotación del oro, incluso los 17 de la Base fronteriza Delgado Chalbaud.

Gay García, esposa del cacique Sabino, ambos resultaron heridos

Recientemente el general de la ZODI habría ordenado el relevo de los funcionarios del Ejército por los de la Aviación, lo que al principio funciono muy bien hasta que los militares le pidieron al cacique Sabino que les permitiera ingresar una maquinaria para explotación de la minería. El jefe indio se negó alegando que esa es una zona virgen. “Nosotros lo que queremos es darle un tributo mayor al Jefe de la ZODI y que nos dejen en Parimabe”, insistieron los uniformados, pero los yanomami no cedieron.

Ahora, militares en la zona están solicitando que el cacique Sabino sea detenido por “ataque al centinela”, porque un hijo de él le arrebató el arma al primer teniente del puesto militar y la lanzó al patio, de donde la tomó su padre quien le disparó a dos de los militares que están heridos.

Explotación minera en Amazonas (Cortesía SOS Orinoco)
Dónde está
Cuando los yanomamis fueron ante el Ministerio Público recibieron un trato peyorativo por parte de la fiscal auxiliar superior Adelis Ramírez. Varios indígenas que estaban en la capital llegaron a la Fiscalía, pero se negaban a atenderlos, hasta que se presentaron más indígenas con arcos y flechas, por lo que la Fiscal bajó a hablar con ellos.

Amazonas es el segundo estado más grande de Venezuela, pero el de menos densidad poblacional; está ubicado en la frontera. Fácilmente se le podría confundir con un paraíso por las riquezas que tiene en sus entrañas: piedras preciosas, esmeraldas, coltán, pero también los majestuosos ríos, la bravía y misteriosa selva, la particularidad enigmática de sus comunidades indígenas. Más del 60% de su población está en Puerto Ayacucho, capital del estado. Su belleza y sus riquezas también son el motivo de su tragedia, por las apetencias de los grupos guerrilleros de Colombia y los garimperios de Brasil.

Para llegar a Parimabe, lugar donde ocurrieron los hechos que llevaron a la muerte de los cuatro indígenas, lo único apropiado es irse por aire, bien sea por avioneta o helicóptero, haciendo escala en el puesto de La Esmeralda, capital del municipio, lo que lleva unos 50 minutos de vuelo y desde ahí a Parimabe hay 45 minutos más de vuelo. Es una zona tupida, mucha vegetación y selva alrededor.

En esa zona no hay más de 100 personas y la totalidad de ellos son indígenas yanomamis, que viven en shabono. Lo único exógeno es el puesto militar, que antes ocupaba el Ejército y ahora la Aviación Militar; el otro puesto militar más cercano es la base de Seguridad Cerro Delgado Chalbaud, prácticamente el último puesto militar en la zona.

El joven adolescente yanomami herido
La insólita declaración
Los yanomamis asesinados fueron cuatro a quienes identificamos solo con las siglas de sus nombres, por respeto a la cultura Yanomami, porque el nombre del fallecido no debe pronunciarse: EGS (30 años), JIB (21), TCG (22) y MG (45). Indígenas heridos: adolescente Borges Sifontes de 16 años, herido en el brazo y está en el Hospital José Gregorio Hernández de Puerto Ayacucho; el cacique Sabino Silva, herido en la cabeza y en la mano derecha, y Gary García, herida en la mano derecha.

También resultaron heridos los militares: Christopher Jesús Bolívar Pino, Eduar José Evans y el soldado Jéferson Jesús Sebastián Garrido. Los militares terminaron heridos por los indígenas con las mismas armas que portaban.

La alcaldesa del municipio Átures y exministra de Pueblos Indígenas, Yamilet Mirabal, quien es indígena oriunda del pueblo yeral, fue comisionada para que conciliara ante los yanomamis, dijo que “por instrucciones del Alto Mando” hizo presencia en el lugar con un equipo multidisciplinario “para atender y aclarar una problemática presentada por diferencias culturales”.

Siempre insistiendo en colocar en igual situación a los indígenas con los militares, aunque los primeros tuvieron arcos y flechas mientras los funcionarios de la Aviación usaron armas de fuego, agregó que “como todo en una fiesta, en una riña, hubo un enfrentamiento se dio una discusión en ese momento y todo cae en una presión, a defenderse cada una de las partes. Aplicar la justicia donde haya que aplicarla en ambas partes”.

Estuvo de acuerdo en que “la Ley de los pueblos Indígenas se aplique, pero también tenemos que escuchar las versiones de ambas partes; se escuchó al pueblo yanomami y se escuchó a la otra parte. Sabemos que hay tristeza, tenemos dolor, de ambas partes, tenemos algunos funcionarios que también algunos están en una situación muy delicada de salud”, fue la declaración de la exministra.

Los militares murmuran entre ellos bajo la mirada vigilante de los yanomamis

La confusión
La excusa es que hubo un enfrentamiento, por un aparato enrutador de internet, entre los yanomamis y funcionarios de la Aviación, el domingo 22 de marzo 2022, que llevaron a la muerte de los indígenas a manos de los militares. La confusión surge por lo dicho inicialmente por un funcionario en una emisora local, que fue tomada por otros medios de comunicación y distintos voceros.

El Defensor Delegado del Pueblo, Gumercindo Castro, dijo en el programa Sobre la Mesa, de la emisora Raudal Estéreo 92.9 FM, que habían iniciado una investigación por la denuncia que recibieron vía telefónica por “presunto enfrentamiento entre los miembros de la comunidad Yanomami y miembros de las Fuerzas Armadas; según las investigaciones supimos que el enfrentamiento se originó debido al incumplimiento del acuerdo de la Base Militar con los indígenas sobre el uso del sistema de internet. Las antenas están instaladas en la Base y el router es propiedad de la comunidad; en vista de que no se venían cumpliendo los acuerdos, los indígenas quisieron retirar el router, lo que originó el enfrentamiento entre ambos grupos”.

Castro enfatizó que “la primera autoridad que recibió la información fue el Comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI), General de División José Ramón Maita González, quien se trasladó a Parimabe al día siguiente, acompañado por la Fiscalía Militar. El martes 22, se traslada al lugar de los hechos la comisión mixta conformada por CICPC (Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas), CENAMECF (Medicina Forense), Ministerio Público, General de la Base Aérea y todos los entes que tiene que ver con esa materia”, posteriormente hubo reuniones con presencia de la Defensoría Delegada Especial Indígena representada por la doctora Bertha Macuribana.

Armas de fuego contra arcos y flechas en Venezuela: a los yanomamis los mataron por el oro de sus territorios - Infobae


Caleca, el hombre que recorre Venezuela repitiendo: “Hay que votar siempre, ¿quién inventó eso de que en dictadura no se vota?”

El político opositor asevera que el país vive bajo un régimen de nuevo tipo, post moderno, del siglo XXI, que tiene una característica: &quo...