Un amigo de Diosdado Cabello llegó con la Guardia Nacional y civiles armados para sacarle el ganado a 11 familias

 

Otilio Peñaloza Moreno es un hombre con muchas tierras en el estado Apure, y gran poder por su estrecha relación con el diputado

Sebastiana Barráez/ martes 16 de enero 2024

@SebastianaB

Tomado de Infobae

Militares y civiles armados incautan el ganado en plena sabana

Otilio Peñaloza Moreno es un hombre con muchas tierras en el estado Apure, y gran poder por su estrecha relación con el diputado Diosdado Cabello Rondón; incluso el Ministro de Tierras, Wilmar Alfredo Castro Soteldo, coloca el hato Peñalero, de 14 mil hectáreas en el municipio Rómulo Gallegos, como referencia. Peñaloza es un privilegiado y su hato uno de los más importantes de la frontera con Colombia. Ahora un grupo de productores, que ocupa el pequeño fundo El Cordereño, lo señala de presentarse con militares y civiles armados para sacarlos del terreno, ubicado en el municipio Muñoz, porque “su hija lo compró”.

No es la primera vez que Peñaloza es denunciado por el privilegio que tiene para obtener gandolas de combustible, por el uso que siempre hace de militares que reciben órdenes para que le presten ayuda según el apoyo que el poderoso dueño del hato Peñalero requiere; su poder se extiende a muchos sectores en el estado Apure por extensión de la influencia de Diosdado Cabello sobre determinados funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN).

Funcionarios de la GNB con civiles sacando el ganado de las familias en El Mantecal, Apure

Además, Peñaloza siempre ha sido un soporte logístico del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). “La relación del dueño del Peñalero no es solo con Diosdado Cabello, que ha ido a ese hato, e incluso con su familia, para disfrutar de vacaciones al aire libre, cazar y recibir baños de los afluentes de agua. En ese hato, cuando ha habido actividades políticas partidistas en la región, pernoctan los ministros y altos funcionarios, corre comida y bebida en abundancia”, relata a Infobae un exfuncionario de Inteligencia. 

Uno de los familiares afectados con años ocupando El Cordereño dice, en conversación con Infobae, que “en el 2022 aparece una hija y la esposa de Otilio Peñaloza con una carta agraria del INTI, cuando ya los productores tenían dos años de haber hecho la solicitud ante el INTI de las tierras ociosas”.

“El Tribunal Agrario de San Fernando de Apure vino hace tres días (12 enero 2024), para evaluar las condiciones del trabajo de los once productores, quienes tienen ranchos dentro de las tierras, ganado y hacen vida ahí. El Tribunal contó una cantidad de ganado y verificó todo eso; Otilio Peñaloza estuvo ese día ahí mismo con una cantidad de gente, porque él dice que esas tierras son de él, de su hija, por la carta agraria que le dio el INTI en el 2022”.

Dos mujeres denunciando la incautación de ganado

Al día siguiente, “de manera arbitraria, Otilio Peñaloza trajo una comisión de Mantecal, con funcionarios de la Guardia Nacional y 10 llaneros, los lanzó a la sabana, agarraron unos 400 animales que estaban pastando y que son propiedad de los productores. Y como Peñaloza llevó ocho o diez gandolas a una finca por la que le dan acceso a él, recogieron ese ganado marcado con los diversos hierros de los productores. Con la GNB pretendió ingresar el ganado a esas gandolas, pero los dueños del ganado atravesaron unos carros para impedir que lo sacaran”.

“No hay ningún documento que de tal orden, eso lo está haciendo Peñaloza arbitrariamente y ha pretendido sacar el ganado para Elorza, que es donde tiene su hato Peñalero. Está usando la Guardia Nacional para cometer ese atropello”, finaliza diciendo.

Otilio Peñaloza, a la derecha, en el programa del Ministro de Agricultura y Tierras, Wilmar Alfredo Castro Soteldo

Atropellos

La noche del 14 de enero 2024 los productores, en defensa de sus reses, se reunieron, en la finca de Juan Pérez, en el sector Caucagua, para hacer un video dirigido a Nicolás Maduro, donde enfatizan que “estamos siendo atropellados por entidades del Gobierno, quienes con arbitrariedad y violencia nos trajeron parte de nuestra producción, semovientes, vacas, becerros, sustento de nuestra familia y nuestros hijos”.

Los productores del fundo El Cordereño denuncian que “han violado nuestros derechos como productores venezolanos. Gobernador (Eduardo) Piñate, usted conoce muy bien nuestro caso. Llevamos cuatro años en esto y hoy vienen y nos atropellan sacándonos nuestro ganado. La Guardia Nacional sin fundamento alguno nos quiere llevar el ganado para otro municipio, sin garantía que nos respondan por ello”.

Otra de las mujeres, alegando estar en defensa de la “causa campesina, bolivariana y revolucionaria, que Hugo Chávez ha dejado como herencia y legado, para que se nos haga valer el derecho. Estamos siendo amedrentados de manera arbitraria por la GNB”.

“Nuestra causa es legal porque hemos hecho, de forma ordenada, el procedimiento al derecho a la tierra y se nos está negando de producir. Son aproximadamente las 10 de la noche y el ganado está aquí encerrado y nosotros estamos aquí para que nuestro ganado no sea trasladado. Estamos en Mantecal, municipio Muñoz, y va a ser trasladado al municipio Rómulo Gallegos, posiblemente al hato de Otilio Peñaloza”.

La comunicación donde solicitaron en enero 2020 la inspección y asignación de El Cordereño

Tierras ociosas

El 8 de enero 2020 un grupo de habitantes de Caucagua, municipio Muñoz, del fronterizo estado Apure, solicitaron ante el jefe de la Oficina Regional (ORT Apure) del Instituto Nacional de Tierras (INTI), Luis Rafael Lugo Pérez,  una inspección a  un lote de terreno de mil 600 hectáreas, llamado El Cordereño, “que se encuentra abandonado desde hace aproximadamente cuatro años”, explicando que ha cambiado de dueño en tres oportunidades “pero ninguno ha desarrollado o trabajado este lote de terreno”.

Agregaron que “toda la cerca del lindero está en el suelo y hay parte que ni se ve por dónde era. Los corrales no se ven del monte. La casa se está cayendo, no vive nadie o no tiene fundaciones. El ganado de los fundos que colindan son los que pastorean allí”, explicando que solicitan la inspección de la tierra con el fin que se las adjudiquen a los pequeños y medianos productores de la zona.

“Es importante destacar que en época de verano se nos muere ganado por la falta de tierra, ya que somos pequeños productores, que no tenemos asignados por el INTI terreno alguno”, dicen en la comunicación donde enfatizan que unos 10 fundos rodean el terreno, pero que son cerca de 50 personas interesadas porque hay “hermanos e hijos que tienen ganado, pero no tienen terreno”.

El Colectivo denuncia que se están enfrentando al dueño de El Peñalero

La comunicación fue suscrita por 14 personas: César Gerardo Escobar Espinoza, Johana Carolina Espinoza, Jorge Luis García Reyes, Nilza Marina Córdoba de Garcías, Luis Eduardo Escobar Córdoba, Noris Beatriza Escobar Córdoba, Legia Ramona González Ortega, Eduardo José Córdova González, José Gregorio Laya, Yennys Josefina Escobar Laya, Nirza Duvina Laya Soto, Víctor Jordán Cabrera López y Jakson Salen Escobar Laya.

El 28 de enero 2020 se realizó la inspección por funcionarios de la ORT Apure, donde se determinó, según explica el Colectivo de Productores del Sector Caucagua Chaparral, Achaguas, estado Apure, que las tierras estaban ociosas en su totalidad desde hacía siete años por lo menos. Recuerdan que el procedimiento se hizo “tal como lo ordena la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario” y que muchas veces han solicitado respuesta a ORT Apure y al INTI central.

“El procedimiento reposa en Caracas desde hace mucho tiempo con el número de expediente 20-01-01-02-00002-DTO. Tenemos entendido que se encuentra en la Sala de Procedimientos Administrativos del INTI a nivel central”.

Agregan que la lucha que han sostenido es contra “un gran terrateniente llamado Otilio Peñaloza, quien nos informó que había comprado dicho fundo y que por eso estaba solicitando su propiedad”, dice el escrito que presentaron ante el parlamento regional en el 2020.

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El supra poder del Ministerio Penitenciario

MINISTERIO. Es el de Asuntos Penitenciarios. Hace tiempo dejó en libertad a unos pranes, con informes chimbos. Por orden de Iris Varela, dejan en libertad a determinados presos, sin autorización de tribunal ni solicitud de ningún fiscal. Ordena libertades y traslados sin consultar ni informar a los Tribunales, por lo que no existe control sobre procesados y penados. Así ocurrió con Yonny Eduardo Bolívar Jiménez, alias Capitán Bolívar, quien asesinó a la periodista Adriana Urquiola. Bolívar estando preso en Ramo Verde, tramitaba allí el negocio de las damas de compañía, del alcohol y las armas. Fue condenado por secuestro y porte ilícito de armas. Le incautaron credenciales de la Disip y de Inteligencia del Ejército. ¿Cómo es que ahora tenía credencial como comisionado?

HISTORIA. El 2/8/1996 el capitán Bolívar fue condenado por el Juzgado 21 de 1ª Instancia en lo Penal del AMC a seis meses de prisión por hurtar un celular en el CCCT. El 25 de noviembre 2003 secuestró, vestido con uniforme de capitán, a Amado Gudiño, liberado el 01702704 luego del pago de rescate (expediente KP01-P-2004-425). Ya tenía varias denuncias no procesadas por estafar a civiles y militares, alegando ser hijo de un tal “general Bolívar”. El 8/3/2004 el D-47 de la GNB allana su casa en la muy lujosa Urb. Monterreal, de Barquisimeto; le incautan varias armas no permisadas, credenciales de la Disip y de la Dirección de Inteligencia del Ejército, pasaportes diplomáticos. Entre los vehículos último modelo tenía un Porshe, un Astra descapotable y una Trailblazer, libretas de distintos bancos con cifras cercanas a millares de bolívares. Fue acusado y remitido al Tribunal Nº 5, donde la jueza provisional Menfis del Carmen Álvarez Núñez, quien se juramenta el 26 de abril 2005, le otorga libertad el 29 y el cese de las medidas cautelares sobre los bienes incautados. Un amparo por parte de la Fiscalía, declaró la nulidad absoluta de las decisiones dictadas por esa jueza, suspendida de su cargo y le declararon responsabilidad disciplinaria. Bolívar dijo que sufría de graves enfermedades y presentó constancias y récipes del Hospital Central de Barquisimeto. El director del Hospital dijo que los informes eran falsos, que ni los sellos, ni el formato ni los supuestos médicos eran de ese Hospital; por eso le abrieron otra investigación, en la fiscalía V de Lara. El 8/2/2000 la entonces primera dama Marisabel de Chávez denunció públicamente (Diario Hoy, Nº 783) la existencia de un falso teniente edecán de la GN, que resultó ser Bolívar. El 16/12/2003 la Policía de Chacao aprehende al capitán Bolívar, denunciado por disparar al aire; el tribunal 37 de control del AMC le decreta Sustitutiva de Libertad (expediente Nº 2712-03). El 2 de julio 2004 la GNB le incautó a Jonny Bolívar, en la cárcel de Uribana, números telefónicos de oficiales de la Fuerza Armada, jueces, diputados a la Asamblea Nacional, inspector general de Tribunales, Rafael Pérez Perdomo (magistrado), Germán Mundaraín (contralor) e Isaías Rodríguez (fiscal general). Bolívar fue sentenciado a 22 años y 25 días de presidio (Nº RC07-457), trasladado a El Dorado, luego a la cárcel de Tocuyito, y después a Ramo Verde. El 4 de mayo 20012 les hablé de “Las oscuras historias de Ramo Verde”.

BOLÍVAR. El falso capitán, sigue fugitivo. Estaba en libertad no por orden del Tribunal de Ejecución de Sentencia que conoce de su expediente (asunto KP01-P-2004-425). El Ministerio de Asuntos Penitenciario inventó una figura llamada “Régimen de Confianza”, con la que libera a delincuentes de manera caprichosa. Ese falso militar desempeñaba funciones en el Ministerio de Asuntos Penitenciarios y asistía a algunos actos con Varela. Bolívar tiene abierta una averiguación penal por legitimación de capitales, que inició la fiscalía 22 de Barquisimeto y adelanta una fiscalía con competencia nacional en Caracas. Dispone de un mecanismo para realizar llamadas que parecen internacionales (con una numeración que no se corresponde a Venezuela), aun cuando las llamadas las realiza dentro de territorio Venezolano.
ENTREVISTA. “Tuve una condena por secuestro… Me dieron el beneficio del 2×1, en el que haces un día de trabajo y cumples con tus estudios y te restan un día. No salí por ningún Plan Cayapa“, le dijo Bolívar por teléfono a la periodista Adriana Chirinos Castro, cuando reconoció haber matado a Urquiola. Mintió. Las veces que los abogados del capitán Bolívar solicitaron beneficios, les fueron negados, así que no salió por algún beneficio otorgado por un tribunal. “En la planimetría del Cicpc –dijo Bolívar- se ve que una de las balas pegó en el poste, rebotó y le segó la vida a Urquiola… Supe que las autoridades solo tenían tres letras de la placa del carro; la tercera errada”. ¿Cómo es que Bolívar tuvo acceso al contenido de las actas de investigación? ¿Por qué el Cicpc no lo detuvo de inmediato? El artículo 236 último aparte del COPP permite al Juez de Control ordenar la aprehensión de cualquiera, por solicitud del Fiscal del Ministerio Público, realizada por cualquier vía en casos excepcionales y urgentes.

ARMADO. “Tenía tres pistolas, con permisos”, dijo Bolivar. La Ministra de la Defensa, al mando del DAEX (Dirección de Armas y Explosivos), debería explicar si Bolívar tenía porte de armas y si es así ¿Cómo se lo otorgaron a un condenado, quien además fue penado por secuestro, y porte ilícito de armas?
SOYA. Son 114 toneladas de grano de soya para alimento concentrado para consumo animal en exportación hacia Colombia. Pertenece a Inversiones Royman del Orco con sede en Turén, Portuguesa. Tienen dos meses retenidas de forma irregular por parte del Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral (INSAI). Tiene todos los permisos de ley, pero Insai se niega a realizarle la inspección fitosanitaria en la aduana. Verbalmente alegan diversas razones para la irregular retención. El Insai Ureña se negó, hasta el 20 de marzo, a recibir la solicitud hecha el 12 de febrero por la empresa, a través de la Agencia de Servicios Aduanales Panamericana. Ponen obstáculos siempre verbalmente. Cinco días después les dijeron que se fueran a la oficina de San Cristóbal. El 27 de marzo la empresa puso una queja formal ante la Dirección del INSAI Táchira. El director del área Jurídica, Roseliano Perdomo, lo que hizo fue molestarse. El 31 de marzo la aduana de Ureña declaró abandono legal voluntario de la mercancía.

HUIDOBRO. Es Vicente, el poeta chileno, que nació en 1893 y un día escribió: “He visto una mujer hermosa/ sobre el mar del Norte./ Todas las aguas eran su cabellera/ y en su mirada vuelta hacia las playas/ un pájaro silbaba./ Las olas truenan tan roncas/ que mis cabellos han caído./ Recostada sobre la lejanía/ su pecho y su vientre no latían/ sin embargo, sus lágrimas vivían/ inclinado sobre mis días/ bajo tres soles/ miraba allá lejos/ el paquebot errante que cortó en dos el horizonte”.

Última Hora

• Sí había un grupo de militares conspirando. El gobierno descubrió a unos. Otros siguen intentándolo.


• Mucho ruido causó en la FANB el nombramiento de primeros tenientes y tenientas en la Milicia.


• Dios tenga misericordia de nuestro país.

LIBEREN A RENÉ. Justicia es lo que necesita Jesús René Osuna Silva de 28 años de edad (CI: 19.521.823). El 24 de marzo pasaba con su moto por la vía perimetral de Rubio. Un grupo de estudiantes y vecinos tenían una guarimba un kilómetro más allá. La Guardia Nacional ve pasar a René, que va lejos del lugar e inocente de lo que sucede más allá. Lo detienen, y aunque su moto está legal y a él no le consiguen absolutamente nada que lo ligue con las guarimbas, se lo llevan preso. Desde entonces está en la letra B, celda 17 del Internado Judicial de Barinas (Injuba). René trabaja desde hace tiempo en un taller y estudia en la Universidad Bolivariana. Es un muchacho humilde. Su mamá apenas lo ha visto una vez. No tienen ningún tipo de comunicación con él. Lo señalan de utilización de menores para delinquir y terrorismo. No sólo que lo detienen violando sus derechos, sino que lo trasladan a una cárcel lejos de su jurisdicción. Nadie ha salido a hablar por René porque él no pertenece al grupo de quienes protestaron, entonces ni los estudiantes ni los vecinos han presionado por su liberación.