martes, 30 de mayo de 2023

La lucha que se libra en el Orinoco entre militares e indígenas: hay 68 puntos donde se cobra oro, dinero o mercancía

 

La realidad oculta del turismo en el estado Amazonas: guerrilleros, bandoleros y la privatización de los ríos, la ruta hacia las minas, con decenas de peajes en busca del preciado oro


Sebastiana Barráez/ martes 30 de mayo 2023

@SebastianaB



Tomado de Infobae 

Indígenas de Venezuela grabaron con reclamos e indignación

Aunque el Gobernador del estado Amazonas ha estado pregonando el turismo como fuente de ingresos, la realidad es que la región, que hace frontera con Brasil y Colombia, está plagada de guerrilleros del ELN y las FARC, también de bandoleros atraídos por el oro que tiene el cerro Yapacana en sus entrañas y que se lo arrebatan de forma violenta mientras destruyen la vegetación y contaminan de mercurio las aguas de sus ríos. A eso se le suman los indígenas que con su Guardia Territorial han instalado puntos de control que funcionan para cobro de peajes de todo lo que pasa hacia la zona minera. Y el Ejército al que también se le encandilan los ojos con el precioso metal. Es el oro la razón por la que ha habido enfrentamientos entre militares e indígenas, que se hacen visibles por videos en redes sociales.

Los indígenas y quienes controlan los casi 70 puntos de control grabaron y filtraron el ataque contra los militares. A su vez, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) publicó el video de un fletero que, como alma solitaria, se usa como evidencia de la lucha contra el comercio hacia las minas, así como varios colombianos detenidos y deportados; los medios de propaganda del Gobierno venezolano difundieron de manera inmediata. El Ejército venezolano trata de retomar el control de ese territorio pero no es una actividad sencilla más aun con varios uniformados participando en el negocio que representa la explotación de oro y todo lo que va hacia las minas.

“El 26 de mayo la piraña de la Guardia Nacional dispara contra embarcaciones indígenas, por orden del teniente Duma que está comandando el puesto de Santa Bárbara en el municipio Atabapo. La comunidad es La Venturosa y el puesto militar queda casi a un kilómetro. No hubo lesionados”, relata un habitante de San Rafael de Atabapo.

Una de las máquinas usadas para la minería ilegal en Yapacana

En las minas se sigue extrayendo oro, de eso no hay duda. Hay un tipo semáforo que cuando está verde indica que se puede trabajar; si está en rojo, todo se paraliza en las minas. “Los militares les dicen a los mineros que pueden trabajar de 7 de la noche a 7 de la mañana; los días de luz roja no trabaja nadie. En el día todo parece calmado mientras los drones sobrevuelan la zona”.

Los puntos de indígenas y delincuentes han privatizado el río. “Ahí no solo están obligados a pagar los que van para las minas, sino a todos los que usan la vía fluvial, incluyendo a las embarcaciones oficiales de Alimentos Amazonas que trasladan las bolsas CLAP y el gas en gabarras y que se han visto presionados, para poder pasar, a dejar alimentos o dinero en los puntos de control”, dice un médico que habló con Infobae y para quien es inaceptable la anarquía que sucede en los ríos.

“Cuando el Ministerio de Salud u organizaciones no gubernamentales han hecho operativos hacia el Alto Orinoco, bien sea por el tema indígena o proliferación de enfermedades tropicales, por lo que algunas veces llevan tratamientos para el paludismo, pues en los puntos de control los pechan también obligándolos a pagar o dejar parte del tratamiento”.

El año pasado, la alcaldesa de Maroa denunció que estaban siendo muy afectados porque cuando trasladaban las bolsas del CLAP tenían que dejar parte de éstas en los puntos con lo cual resultaba afectada la comunidad de Maroa. “Y cuando se hizo un operativo gubernamental para prestar asistencia del Alto Orinoco y especialmente al yanomami, llevaron medicamentos por vía fluvial, quedándose el 25 % en los puntos de cobro y por ello el Gobernador tuvo que reponer lo faltante y enviarlo vía aérea con los militares”.

Militares de todas partes del país han sido enviados a Amazonas

El capitán Casanova de la Armada había hecho una reunión con la comunidad en San Fernando de Atabapo. “El capitán eliminó todos esos puntos, pero los indígenas le reclamaron porque los militares estaban dejando pasar a las embarcaciones más grandes por lo que cobraban montos elevados de dinero, mientras que retenían a las embarcaciones pequeñas para justificar el operativo. Eso causó a mediados de abril 2023 una protesta de muchos interesados, entre ellos comerciantes”, asegura una mujer a quien le retuvieron una embarcación con víveres que trasladaba para las minas.

Cobros y alcabalas

¿En realidad hay 68 alcabalas de militares e indígenas? El resultado es que en efecto hay 68 puntos, desde La Boca, que está en el cruce entre el río Orinoco y el Atabapo, hasta el cerro Yapacana, casi hasta Cacique, que es la capital de las minas y la 40, que es la otra mina importante; hay otras minas pero más pequeñas, mini minas, como la del Carmen, que fue donde hubo el problema la semana pasada, otras: Mina Nueva, Punto 23, Caño Jabón, Caño Iguana, contamos casi 40 minas y eso se ha ido extendiendo hasta el Tepuy”.

Llama la atención que los puntos están a lado y lado del río. “Hace poco aglutinaron los puntos en bloque, de manera que cuando una embarcación pasa por uno donde hay 10 puntos debe pagar la vacuna a los 10.

En la vía hacia El Yapacana hay 86 puntos de control y cobro de peaje ilegal

Esos 68 puntos son ilegales y aunque los indígenas dicen que están en su derecho como Guardia Territorial, los mismo dicen los militares, pero son realmente puntos de extorsión, de cobro de vacuna. En esas alcabalas había indígenas, pero también hay malandros, algunos de Amazonas y de otros estados y países. “Esos no suben a j… al cerro, se conforman con colocar un punto y cobrarle a todo barco que pase para el Yapacana y para ello tienen tarifas, dependiendo de lo que pasen: gasolina, alimentos o cualquier producto que quieran pasar”, le dice una minera a Infobae.

La confrontación más reciente, incluso con tiroteo, es porque los funcionarios de la Armada y la Guardia Nacional pretenden tomar el control de todos los puestos, desplazando a quienes están ahora en ellos, y por supuesto el cobro que hacen.

Uno de los mineros reveló a Infobae “en realidad hay que poner orden, porque esto se ha vuelto muy peligroso con esos puntos de control. ¿Sabes el general Maita? Pues a ese lo sacaron hace como un mes en un helicóptero por problemas de salud. Pues en el Yapacana se la pasan recogiendo kilos de oro para ese general, pero Maita dice que él no ha recibido nada, pero hemos escuchado, a través de los radios, que las máquinas tienen que trabajar de 6 a 6 porque hay que reunir el metal para el papá mayor, como llaman a Maita”.

Proliferan las alcabalas

Habitantes de la zona le contaron a Infobae que para ir desde Morganito, que es el puerto de Autana, y está cerca de Atures, capital de Puerto Ayacucho, ibas en un día para San Fernando de Atabapo, pero eso era antes, porque ahora se tarda hasta tres días por las paradas en lo que llaman puntos de control, pero que en realidad funcionan como peajes donde el principal objetivo es que para pasar te cobran la vacuna. “¿Con qué vas a pagar, con dinero o con víveres?”, dicen los indígenas o los delincuentes, según sea el caso en cada alcabala. La novedad es que ahora también hay militares, que son los que permiten el paso de los barcos grandes.

Al preguntarle a un fletero qué función cumple la Fuerza Armada, responde “son solo pañitos calientes, muestran (incautan) máquinas viejas, uno que otro barquito. Allá arriba (en el cerro Yapacana) todo funciona igual. Los militares dicen que están combatiendo la minería ilegal, pero eso es mentira, eso avanza y mucho más”.

Hay testimonios que hace poco más de un mes un sacerdote tuvo que intervenir porque la situación entre los que cobran por el paso hacia la mina y los mineros o fleteros llegó a hacerse violenta porque pasó de los gritos y reclamos a las amenazas de muerte.

Varios-detenidos-colombianos-cuando-son-trasladados-a-los-herlicópteros-militares

San Fernando de Atabapo es la capital de municipio y está en periodo de lluvia

En el embarcadero del gas o bolsas CLAP que van, vía fluvial, para el interior del Amazonas, lo hacen por el puerto de San Mariapo, a unos kilómetros de Puerto Ayacucho, y no por Morganito, administrado por una Cooperativa indígena, que en realidad tiene como soporte a la guerrilla desde hace mucho tiempo. “Todo lo ilegal sale por Morganito hacia el sur y hay unos 45 minutos hasta Puerto Ayacucho por carretera y después por agua”.

En el mapa fluvial hecho a mano para tratar de visualizar cuál es la situación de la ruta por el río hacia el Yapacana, se refleja los ríos Orinoco y Atabapo; por el Orinoco hay varias comunidades; se puede observar la boca del río Orinoco, que es la Y entre los dos ríos. De Boca a la comunidad Súpiro hay 45 puntos de control y cobro.

El indicado como SENIAT es otro punto que tiene el Servicio Tributario con la Armada y la Guardia Nacional. Siguen otros puntos hasta la comunidad Santa Bárbara. Frente a Súpiro está la comunidad Cáscaradura donde hay alcabala al otro lado del río. También en Cristóbal y Vinicia Vieja tienen punto de cobro. Guachapana es otra alcabala. Cárida es otra comunidad y ahí es la entrada del Parque Nacional Yapacana hacia las minas Cacique y La 40.

Si no hubiese puntos de cobro sería 20 minutos de Boca a Cáscaradura, pero son tantos puntos que se consumen ocho horas de trayecto. De Boca al Seniat hay una hora sin alcabala, pero se consume 9 horas. De San Fernando de Atabapo a la mina La 40 serían seis horas sin puntos de control, por lo que se consumen día y medio con las alcabalas.

El silencio

Una fuente de una ONG de Derechos Humanos calificó de “porte de humo” el operativo que los militares venezolanos están ejecutando en las minas de oro del Yapacana. “Con la tecnología de los drones, porque aquí no han dejado de sobrevolar drones, todo lo saben. A finales de abril hubo reuniones con el capitán Casanova y el teniente de la Armada y se les hizo ver la importancia que se ejerzan acciones contundentes para que cese la contaminación de los ríos como el Atabapo y el Orinoco”.

Declara que en su país también hay muchos venezolanos

A su juicio “eso pone en peligro la vida de todos los que vivimos de esos ríos, porque la contaminación es muy grande. El brazo ejecutor de las operaciones es la Fuerza Armada y lo único que uno espera que hagan las cosas como debe ser. La Fuerza Armada dice que la orden es que los barcos grandes no pasen, pero sí pasan cuando pagan sumas de 10 a 15 millones de pesos o su equivalente en oro. Eso ha creado problemas entre la gente de los puntos y los militares”.

“Ahí agarraron a un fletero y hasta el video del muchacho hablando lo publicaron, porque eso lo hacen los militares para justificar que están trabajando. Agarran los barcos pequeños para decir que sí están combatiendo la minería. El descontento se ha hecho manifiesto. Los fleteros son casi siempre venezolanos que llevan los alimentos desde Colombia a los comerciantes de las minas”.

Mató al soldado

“En Cárida hubo un enfrentamiento cuando un grupo de indígenas le quitaron un fusil a un militar. Cárida es una comunidad donde hay una Alcabala fluvial vía a las minas, es de las 71 que existen en ese eje fluvial oficiales y no oficiales. Hay un soldado que, en abril 2023, mataron en el Yapacana y ni el Ceofanb dijo nada de eso; es la primera vez que eso pasa con un miembro de la Fuerza Armada”, le dice un indígena a Infobae.

El soldado se metió a un negocio de los que hay en el cerro y sacó lo que quiso y eso lo vio mucha gente. El comerciante molesto arremetió contra él y lo mató. Ese comerciante, que es colombiano, tenía negocios en otras dos minas del Yapacana, creo que en Cacique y Sabana Grande, todas cercanas. La reacción de los militares fue que mandaron a la guerrilla a que sacara al comerciante del negocio en Cacique, le sacaron toda la mercancía y le quemaron el tarantín que estaba construido de tabla. Otros fueron enviados a los negocios que él tenía en las otras minas e hicieron lo mismo. Y terminaron apoderándose de 23 kilos de oro que el comerciante tenía. A mí me da temor decir esto porque eso lo callaron”.

“Después supimos por el comandante que iba a venir una comisión muy grande, haciéndonos ver que es por los puntos de control, que es porque se está elevando el enfrentamiento, que hasta bombas molotov se han lanzado, pero ellos vinieron por ese gran problemón que causó ese hecho con el soldado”. 

La lucha que se libra en el Orinoco entre militares e indígenas: hay 68 puntos donde se cobra oro, dinero o mercancía - Infobae


domingo, 28 de mayo de 2023

El presidente de PDVSA ahora reporta a Delcy Rodríguez y nombró en Oriente a una mujer que favorece a un conjunto de empresas

 

El nombramiento de Galanda J. Morfes Guillén dejó al descubierto sus vínculos con Ronald Salazar Troncoso y sus compañías, principalmente Larkinven


Sebastiana Barráez/ domingo 28 de mayo 2023

@SebastianaB



Tomado de Infobae 

La Vicepresidente de Maduro, Delcy Rodríguez

Con la salida de Tareck El Aissami de Pdvsa y la llegada de Tellechea Ruiz, ha ocurrido un cambio en el control de la estatal petrolera; el nuevo presidente reporta directamente a Delcy Eloína Rodríguez, una vieja aspiración hecha realidad para los hermanos Rodríguez. Además, se ha posesionado un grupo de empresas relacionadas a la nueva jefe de Pdvsa Oriente, Galanda J. Morfes Guillén. A su vez, se despliega un circuito de grandes ganancias en las que Galanda tiene interés principal ya que había logrado imponer la exclusividad de las empresas; ese negocio pasó desapercibido durante mucho tiempo, pero con su llegada a Pdvsa Oriente se ha desatado el ruido por su favoritismo a un conjunto de empresas.

Galanda J. Morfes Guillén, nombrada directora de Pdvsa Oriente recientemente por Tellechea Ruiz, con quien tiene amistad desde hace tiempo, ha mantenido una estrecha relación, incluso de subordinación con Ronald Salazar Troncoso y sus empresas, principalmente Larkinven, de la que fue promotora de ventas y a quien ella después ha beneficiado, privilegiando el monopolio de suministro de química a la industria petrolera. Hay una serie de empresas relacionadas a Salazar Troncoso, su hijo y su esposa, que estarían recibiendo protección de algún funcionario en la Vicepresidencia de la República, no se sabe a cambio de qué.

Galanda J. Morfes Guillén, dirige ahora Pdvsa Oriente

Lo relevante es que esas empresas estarían involucradas en el desfalco a PDVSA, pero aun así reciben crudo por compensación y no pagan a la República, aunado a que les sacan pagos de millones de $ en abril y mayo 2023.

Los empresarios vinculados a esta trama alardean que su principal protección proviene de la Vicepresidencia de la República. Eso explicaría el vínculo de origen Tellechea-Galanda.

Una fuente le dice a Infobae que “en dos meses que Galanda lleva gestión, frente a PDVSA Oriente, ha procesado pagos superiores a los 25MM $ todos direccionados a las empresas vinculadas a Larkinven”.

Cuando Tellechea Ruiz asume la presidencia de PDVSA coloca, a sus relacionados de la petroquímica e Intevep, en la mayoría de cargos de dirección de toda la industria petrolera, sin considerar si tienen la competencia especifica para cada cargo; “en el caso de Galanda, quien es ingeniero químico, no encajaría en el perfil técnico para dirigir la producción de petróleo cuyos procesos son mucho más complejos y variados que los manejados en los laboratorios de Intevep. Habría que preguntar a Tellechea qué vínculo tiene con las empresas que también son proveedoras en la petroquímica”.

No se explica, cómo no detecta eso el jefe de la Dirección Ejecutiva de Seguridad Integral (DSI), quien ha dicho que lleva años investigando la trama de corrupción en Pdvsa; y no le queda muy lejos, porque tiene una vivienda en el mismo urbanismo de los dueños de las empresas implicadas.

En familia

Es importante determinar quienes son algunas de esas empresas y su relación de amistad o familia:

Larkinven, cuyo código de proveedor es el 100092741, tiene como principal socio a Ronald José Salazar Troncoso.

En GSM, con código proveedor 100180597, aparece como principal socio Ronald Salazar Troncoso en sociedad con Nelson Ferrer (hombre ligado en Pdvsa a Rafael Darío Ramírez Carreño), quien fue vicepresidente de Exploración y Producción de PDVSA.

En esa sociedad participa Jorge Andrés Giménez Ochoa, presidente de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF), así como Francisco Ignacio Paolini Aguais, presidente del Monagas Sport Club.

Pedro Rafael Tellechea Ruiz, presidente de Pdvsa

Francisco Paolini a su vez hizo negocios con el coronel Oscar Albin Dávila Rondón, quien actualmente está detenido por la Policía Nacional Contra Corrupción (PNCC), por la trama de corrupción en Pdvsa. Dávila fue quien firmó la cesión de crédito para que Inversuministros HLM (propiedad de Salazar Troncoso y de Jorge Jiménez)  asumiera deuda de Larkinven, la cuál estaba vetada por PDVSA por incumplimiento y suministro de química vencida.

GSM recibió pagos con cargamentos de crudo por compensación sin que hubiese interés de rastrear todo el proceso, desde la adquisición de la materia prima hasta la producción, consumo y eliminación, lo que se conoce como trazabilidad. GSM forma parte del grupo de empresas vinculadas al desfalco de Cripto-Pdvsa. Aunque se le entregaron a GSM más de 100 millones con crudo, solo ha compensado 17MM$ a PDVSA.

Lo más grave y lo que demostraría que no ha habido intención de sanear la administración en la estatal petrolera es que a GSM le sigue sacando pagos, aun cuando compensa, es decir, presta servicios y la factura la cobra en crudo para exportar.

Dismaven, con código de proveedor 100152982, siendo la principal socia Samantha del Valle Vásquez García, esposa del hijo de Ronald Salazar. 

También, Samantha Vásquez es la socia principal de Pioneros, una contratista que funciona como proveedor de alimentos para los comedores y que ha sido relacionada al desvío de materiales de Pdvsa que estaban bajo su resguardo.

El socio principal de Petroleum Services es Ronald Arcadio Salazar Centeno. esposo de Samantha y el hijo de Ronald Salazar Troncoso.

RST, código proveedor 10001880, socio principal Ronald José Salazar Troncoso, que en Informes de auditoría aparece por sobreprecios en varias procuras: suministros de equipos para comedores y guardería. Coiled lif, sistema o mecanismo utilizado para el levantamiento artificial de la producción de crudo mediante la inyección de gas.

El 13 de enero 2023, la Notaría 33 de Caracas se movilizó hasta la sede principal de Petróleos de Venezuela en la Avenida Libertador de Caracas para darle validez pública al Contrato Cesión de Crédito o Acreencia entre Bariven, S.A., Larkinven Representaciones, GA., e Inversuministros HLM, vinculado al proceso 6600050743, para la "adquisición de productos químicos multigel® y ultramix® para el mejoramiento de perfiles de producción de pozos de la Dirección Ejecutiva de Oriente".

“Órdenes de Compra y/o Pedidos vinculadas al proceso de contratación No.182-21, 0070/6600050743” para esa adquisición y se describen 26 pedidos, todas del 31 de marzo 2021, con órdenes de factura que van desde la Nr. 068419 hasta la 068444, que en total dan una cifra de 3 millones 170 mil 716 dólares con 40 céntimos.

Eso fue suscrito por el presidente de Bariven, el coronel Oscar Albin Dávila Rondón, y por el presidente de la contratista cedente, Francisco Ignacio Paolini Aguáis y por el presidente de la cesionaria, Larry Alexander Niño Montes.

En PDVSA hay una puja de poder y Delcy Rodríguez trata de imponer su grupo

Galanda Morfes

El 23 de mayo 2022, firmando como directora General de Petroquímica asesor químico de la Dirección Ejecutiva de Producción Oriente, Galanda J. Morfes Guillén, envía comunicación a la empresa Larkinven en la que, entre otras cosas, dice: “Ustedes en su decisión de apoyar e impulsar la industria petrolera nacional, en los momentos más difíciles que nos ha tocado enfrentar, y contando con la aprobación de PDVSA Intevep, manufacturaron la tecnología Ultramix® la cual nos permitió la intervención de un pozo en la División el cual no había producido, desde su perforación, la cual se realizó en 2018”.

Agrega Morfes que “hace un par de meses ustedes nos despacharon el producto para su aplicación, y ya hoy el pozo entró a la estación de producción con un aporte entre 200-300 barriles por día, gran resultado para un reto tecnológico por el cual pasaron diversos equipos de trabajo y empresas sin éxito alguno”.

Mas adelante agrega “Estamos en la búsqueda de más pozos candidatos para la aplicación de esta tecnología, así como también la de Multigel® donde estamos seguros contaremos con su apoyo y aportes, como ha sido hasta ahora, así como en la aplicación de los productos de su portafolio tecnológico para el abordaje de los retos técnicos que cada día enfrentamos.”

Ahora bien, la relación de Galanda Morfes con la empresa Larkinven (química para producción) es por varias vías, incluso porque en el 2018 fue promotora de ventas de dicha empresa. Antes de su nombramiento como directora de Pdvsa Oriente, ella no ocupaba ningún cargo relevante, solo se encargaba, desde 2017, de asesorar a los directores sobre la química adecuada para ser utilizada en la producción.

Al haber estado en Intevep (Instituto de Tecnología Venezolana para el Petróleo),  tenía la condición exclusiva de sugerir la química y por supuesto canalizar los proveedores de su confianza. Es así como siendo Directora de Intevep impone el producto y la exclusividad de distribución y venta de Larkinven. Una fuente dijo, en conversación con Infobae, que desde esa época la empresa la incluye en su nómina de empleados o colaboradores. No es extraño entonces que en 2019 ella sea quien promueva la alianza Nro 19-061 Intevep- Larkinven Representaciones.

En 2022 la funcionaria se autodenomina Directora General de Petroquímica y Asesora química de la Dirección Ejecutiva de Producción Oriente y con esa "cualidad" mantiene y asegura el monopolio en la distribución de la química para las operaciones petroleras en Oriente.

En 2023, el sustituto de Tareck El Aissami en la presidencia de Pdvsa, Pedro Rafael Tellechea, nombra a Galanda Morfes como Directora de PDVSA Oriente, quien la conoce desde la petroquímica. Ella asume el cargo aunque no cuenta con experiencia técnica en el área de producción y exploración y, como lo había venido haciendo, continúa posicionando como proveedor exclusivo de química a la empresa GSM vinculada a Ronald Salazar Troncoso y al presidente del Monagas Sport Club, Ignacio Paolini Aguais, todos vinculados a la empresa Larkinven.

Intevep es e Instituto de Tecnología de Petróleo

“En la reorganización de la estructura de manejo financiero de Pdvsa en Oriente busca reubicar a Yolimar Troncoso, prima de Ronald Salazar Troncoso, quien regresaría a la Gerencia de Finanzas con el objetivo de cumplir las obligaciones de pago, que irían a privilegiar a las empresas vinculadas con Larkinven”.

“Así se cerraría el círculo vicioso y poco transparente en PDVSA Oriente con Galanda, por un lado, las empresas de Salazar Troncoso,  la gerencia de finanzas y gerencia de servicios logísticos”.

El presidente de PDVSA ahora reporta a Delcy Rodríguez y nombró en Oriente a una mujer que favorece a un conjunto de empresas - Infobae

jueves, 25 de mayo de 2023

Una abuela venezolana denunció que una red de funcionarios le quitó a sus nietos y advierte: “No soy la única, somos muchos”

 

Los casos de personas con dinero que compran el beneficio de quedarse con niños sin cumplir las leyes vigentes se multiplican en los tribunales de estados como Carabobo, Táchira y en la capital, Caracas


Sebastiana Barráez/ jueves 25 de mayo 2023

@SebastianaB



Tomado de Infobae 

Carmen Iribarren narró cómo la despojaron de sus nietos y sus bienes

Un patrón se repite en Venezuela: el negocio de niños para varios jueces, fiscales y Consejos de Protección de Niños y Adolescentes, junto a una red poderosa de abogados, que se escuda en “es por beneficio de los niños” amenazando y apresando a quien los señala. Yrasema Malavé ha estado reclamando durante un año a su hija, pero hace unos días, durante una entrevista periodística, fue detenida y ahora acusada de abuso sexual. Brotaron las denuncias en varios lugares, ya no solo en Carabobo, también en Caracas y Táchira. Padres con dinero que compran el beneficio de quedarse con los niños, otros cedidos sin la rigurosidad legal a padres adoptivos. La historia que Carmen Esperanza Iribarren Peraza le contó a Infobae es reveladora: le quitaron a los nietos que cuidó desde bebés, su apartamento, sus bienes y fue amenazada.

Narra que sus nietos nacieron en el estado Carabobo; la madre de ellos es hija de Iribarren. “Desde bebés me dediqué a criarlos y hace cinco años me los arrebataron; es una red con participación de funcionarios de la Maternidad del Sur, del Consejo de Protección (CMPNNA) de La Isabelica y su Programa de Abrigo en Familia Sustituta, que es un cáncer donde se asignan y se quitan niños de manera irregular, aunado a la Fiscalía de Protección, que en mi caso arrancó con el fiscal Kevin de Jesús Sepúlveda Piedra y continuó con Yusmar Nereyda Casas Vargas”.

“El Consejo de Protección de La Isabelica le dio mis nietos, en abrigo, a una pareja que no tiene ningún vínculo parental. Me los quitaron y me arrancaron el alma, pero no paro de denunciar”, dice Iribarren viuda de Martínez, mientras asegura que sus nietos fueron manipulados para que se pusieran en contra de ella. “Ese hombre y su mujer querían a mi nieto desde que tenía un mes de nacido y lo vieron en el hospital. Fue él quien convenció a mis nietos para que nos mudáramos de donde vivíamos en Guanare para Valencia, con el argumento de que había cosas más bonitas para los muchachos. Después los manipuló, los puso en mi contra, me denunció por maltrato, cuando se demostró que eso nunca ocurrió, y se quedó con mis nietos. Esa pareja tiene mucha relación con los funcionarios del CMPNNA porque incluso viven muy cerca”.  

“Hace un año usó a mi nieta para que me denunciara y la fiscal Yusmar Casas me mandó presa, así como hace unos días ordenó la detención de Yrasema Malavé, quien también es víctima de Yolanda Arteaga, coordinadora del Programa Abrigo en Familia Sustituta y otra consejera. En mi caso, de la consejera Carrero, el consejero Gabriel Sanoja que se cansó de insultarme y amenazarme con detenerme si hablaba. Un agente de la oficina de violencia de género violentó mis derechos; estuve tres días presa y casi no pude ir al baño por temor”, dice mientras se le quiebra la voz.

La directora del CMPNNA de La Isabelica, Valencia, es Mariangel Pernalete

“No soy la única, somos muchos y luchamos porque se haga justicia. Mientras estuve presa, se robaron las llaves y se apoderaron del apartamento donde vivía, no me dejaron entrar más, me robaron todos mis muebles, mis electrodomésticos, todo, me dejaron en la calle”.

Lo asombroso es que Iribarren Peraza tiene una sentencia definitivamente firme de un Tribunal que le dio la patria potestad absoluta de sus dos nietos. “La niña ya cumplió los 18 años, pero entonces tenía 13 años. Ese Consejo de Protección nunca me llamó para visitas supervisadas, aunque soy parte fundamental del proceso. Los Consejos de Protección son órganos auxiliares y no pueden dictar esas medidas”.

Yrasema Malavé está presa por denunciar a la fiscal y al Consejo de Protección de La Isabelica, Carabobo

“Después de que la pareja tenía dos años y medio con mis nietos, decidieron desprenderse de mi nieta con un poco de excusas, separaron a los hermanos y le prohibían a ella que viera a su hermano. Mi nieta es muy hermosa; y tiene tres medidas de abrigo con tres personas diferentes, una de ellas, con un supuesto papá biológico que le apareció a los 15 años y a quien el Consejo de Protección le facilitó todo para que se la llevara a vivir con él, para después descubrir, por una prueba de ADN, que no es el padre de la chica”, dice la indignada abuela.

Mafias de niños

La crisis en Venezuela se extiende de manera alarmante entre funcionarios corruptos que llevan años negociando con los niños; incluso se creó la Fundación Venezolana de Niños Sustraídos, Retenidos y Desaparecidos (Funvenides) que ha librado una larga lucha para devolver a niños a sus hogares, pero cuyo mayor obstáculo es la mafia de abogados, jueces, fiscales y funcionarios de protección, especialmente en Caracas y de ahí se irradia a todo el país. Muchas veces benefician a uno de los padres porque tiene poder político, militar o económico, en otros casos, como el revelado por Iribarren Peraza, los niños son apartados de sus verdaderas familias por las autoridades de Protección de NNA de Carabobo.

Existen muchas denuncias sobre fiscales, jueces y el Consejo Municipal de Protección de Niños Niñas y Adolescentes (CMPNNA) y el Programa de Abrigo en Familia Sustituta de La Isabelica, dependiente de Valencia, cuyo alcalde es Julio César Fuenmayor Buitrago.  

Ya es hora de darle un paro a estas prácticas llevadas a cabo por los Organismos de Protección de NNA de Carabobo, de manera especial el CMPNNA La Isabelica y el Programa de Abrigo en Familia Sustituta que allí funciona, Fiscalía del Ministerio Público, Policías, Instituciones Educativas y de Salud (Maternidad), Consejos Comunales, Condominio, Policías. Podríamos estar en presencia de negocio de seres humanos, un crimen de Lesa Humanidad que se agrava cuando se trata de niños. Tengo 73 años y me han despojado de todo”, dice Iribarren.

Alcalde de Valencia, Julio César Fuenmayor Buitrago

 “Es alarmante lo que está ocurriendo. Son muchos los casos señalando a ese Consejo de Protección de La Isabelica Carabobo por actuaciones irregulares conjuntamente con la Fiscalía del MP Carabobo; fabrican pruebas, coaccionan bajo amenazas de poner presas a las personas para que firmen lo que ellos desean, les gritan y entregan a los niños al mejor postor sin respetar lazos de consanguinidad, sentencias de Tribunales, nada. Todo eso me sucedió a mí y hay otros como el de Yrasema, Karesirper, Luis José, Adriana y así una larga lista”.

En varios de los casos denunciados de lo que ocurre con los niños, en Carabobo, Táchira y Caracas, entre otros estados, hay un patrón: secuestro exprés de los niños, entrega inmediata a sus parejas o a personas que no tienen vínculos de consanguinidad con éstos y si los agraviados reclaman, los encarcelan.

Carmen Esperanza es una abuela con mucha vitalidad y energía, que ha luchado durante casi cinco años por su nieta y su nieto, desde que Kevin de Jesús Sepúlveda Piedra, Fiscal 21 del Ministerio Público con competencia en el Sistema de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del estado Carabobo, “pasó por encima de una sentencia definitivamente firme de un Tribunal que me otorgó la Patria Potestad Absoluta de mis nietos y un acta del CMPNNA que ordenaba que me los entregaran”.

En efecto, el Tribunal de Primera Instancia de Juicio de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, el 16 de julio 2014, expediente PP01-V-2009-00068, decidió que la Responsabilidad de Crianza de los niños recayera en su abuela Carmen Esperanza Iribarren.

Dos documentos iguales

Los dos adolescentes habían sido dados a un matrimonio “siendo la misma pareja, que teniendo mi nieto varón un mes de nacido en la Maternidad del Sur Carabobo, al momento de darle el alta, ese mismo CMPNNA la Isabelica emite dos escritos con idéntica fecha, en uno de ellos ordena el egreso del niño y la entrega a la familia de origen haciendo notar que allí había familia. En el otro escrito, ordena que se entregue el niño a una ciudadana desconocida, casualmente la misma a quien la Fiscalía, conjuntamente con el CMPNNA la Isabelica, le entregaron a mis dos nietos hace 5 años”.

El hijo de Yrasema pide al Fiscal Tarek Saab que actúe

“El procedimiento en ambos casos fue llevado a cabo por la misma persona, es decir, la Coordinadora del Programa de Abrigo en Familia Sustituta. Aunque hice los reclamos nunca fui atendida con decencia, más bien en el CPNNA La Isabelica, fui insultada, gritada, coaccionada y amenazada con meterme presa. Hace un año, y en una acción a mi parecer instigada por el ciudadano que tiene a mi nieto en su casa de matrimonio, fui presa por tres días en la Policía Municipal de Los Guayos por orden de la Fiscal 20 del MP Carabobo abogada Yusmar Nereyda Casas Vargas”.

“A mí ya me metieron presa durante tres días en Los Guayos, lo próximo ¿será matarme? porque he insistido en denunciar; después de la detención acudí infinidad de veces a la Fiscalía, hasta que me recibió la misma fiscal que ordenó detenerme y me dijo que hiciera un escrito donde dijera que aunque ella no tenía responsabilidad para yo retirar las cosas de mi apartamento, ella iba a interceder por mí con el dueño del apartamento, que es la misma persona que me despojó de mis nietos”.

“Ya ni siquiera pido que me devuelvan a mis nietos, porque los han alienado, no te imaginas lo que le pasa a los niños cuando los separan de su familia, pero estoy aquí denunciando aunque sea mis últimas palabras, para que se haga justicia, para que paren a esa red que estaría negociando con niños. Y sí, temo por mi vida”, finaliza diciendo Carmen Iribarren en la conversación con Infobae.

Muchas personas que han perdido sus hijos solicita que se investigue el ejercicio del Interés Superior y el ordenamiento jurídico legal especial y constitucional. “Yrasema es una más de las dolientes como consecuencia de las colocaciones de niños exprés en mujeres infértiles y desconocidas. ¿Cómo sabe el CMPNNA La Isabelica acerca de si esas personas tienen la capacidad para asumir niños desconocidos de madres que los buscan desesperadas? ¿Por qué no toman en consideración a la familia parental?”, le dice a Infobae la tía de un niño separado de su familia hace años.

Aunque hay muchas denuncias, no hay funcionario alguno que muestre preocupación alguna por lo que estaría ocurriendo con los niños. La responsabilidad es del Ministerio Público, del alcalde, de los concejales e incluso del Síndico Procurador, a quien señalan de no asistir a las audiencias, aunque representa a la municipalidad.

Muchas víctimas han solicitado al Fiscal General que actúe ante la gravedad delo que ocurre con los niños en los centros, fiscalías y tribunales de protección

La coincidencia de denuncias por lo menos obliga a que se investigue a funcionarios que han sido señalados como Mariangel Pernalete, Dennaly Salgado, Arelis Rodríguez, Yolanda Arteaga, el exfiscal provisorio 20 de Carabobo Kevin de Jesús Sepúlveda Piedra y la actual fiscal Yusmar Nereyda Casas Vargas. A ello debe sumarse una revisión nacional de todo el sistema de protección judicial se niños y adolescentes.

Una abuela venezolana denunció que una red de funcionarios le quitó a sus nietos y advierte: “No soy la única, somos muchos” - Infobae

martes, 23 de mayo de 2023

El informe que narra la muerte del General Baduel, víctima del poder judicial y militar de Venezuela

 

El alto oficial no tenía ninguna oportunidad de salir de la cárcel y mucho menos con vida: su sentencia de muerte estaba cantada


Sebastiana Barráez/ martes 23 de mayo 2023

@SebastianaB



Tomado de Infobae 

Ex ministro de la Defensa y General en Jefe Raúl Isaías Baduel, quien murió en custodia del SEBIN

Según la secuencia que hacen los abogados del exministro de la Defensa, General en Jefe (Ej), Raúl Isaías Baduel, en un informe, lleva con escalofriante precisión a la certeza de que el alto oficial no tenía ninguna oportunidad de salir de la cárcel y mucho menos con vida; su sentencia de muerte estaba cantada. 

Por una parte, el retardo procesal, por otra, el tribunal de la Juez Mogollón que no envía el expediente al otro tribunal militar de Juicio, la evidente parcialización de jueces y fiscales, el TSJ que prefirió no involucrarse en el caso, la declaración de testigos que no eran más que sargentos subalternos, defensores de DDHH que hicieron poco o nada por defenderlo; todo sentenciaba a que Baduel moriría como lo hizo, en las escabrosas celdas de El Helicoide, sin juicio, sin justicia.

Así se revela del informe, del 23 de mayo 2023, que realizan los abogados defensores del general Baduel: Adolfo Julio Molina Brizuela, Guillermo José Rojas González, Fredy Montesinos Lucena y Carlos Diez Uzcátegui, quienes fueron los juristas defensores privados y de confianza en su oportunidad, del General en Jefe en reserva activa Raúl Isaías Baduel, quien falleció en El Helicoide, bajo custodia del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), y en brazos de su hijo, el 12 de octubre 2021, a las 5 de la tarde.

¿La causa? Según el acta defunción Nº 3397, Folio Nº 147, del 13 octubre 2021, Tomo 14, de “edema cerebral severo, shock cardiogénico, infarto agudo del miocardio, infarto pulmonar derecho, tromboembolismo pulmonar por coagulopatía sospecha de Covid”.

El general Raúl Baduel estuvo la segunda vez preso por razones políticas y sin juicio alguno, acusado de traición a la patria e instigación a la rebelión; sus abogados dicen que esos delitos no fueron probados en un juicio justo, porque “se le negó el derecho a la defensa y el debido proceso previstos en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; “se le violentaron todos sus Derechos y Garantías Constitucionales, previstos en los artículos 2, 26, 19, 20, 21, 23, 26, 43, 49, 51, 83 y 257”.

Dejamos constancia de la denegación de justicia, arbitrariedad y sumisión mediante coacción a la que fue sometida el hoy fallecido Raúl Isaías Baduel”, agregando que de todo eso se extraen “graves violaciones a sus Derechos Humanos a las que fue sometido por parte del Estado Venezolano, en la Causa Penal Nº CJPM-TM1C-002-2017, sustanciada por el Tribunal Militar Primero de Control del Circuito Judicial Penal Militar, que nunca remitió el expediente al Juzgado de Juicio en lo penal militar, para que se apertura el juicio, según lo prevé el numeral 5º del artículo 314 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP), teniendo cinco (5) de despacho para hacerlo, pero que optó por aplicar medidas dilatorias por tres (3) años aproximadamente, hasta la muerte del General Baduel”.

La ONU también recibió la solicitud de auxilio para el GJ Baduel, a través de Carlos de La Torre

Desde aquel enero

10 de enero 2017: el Teniente de Fragata Jean Carlos Latozefsky Rojas, Fiscal Militar Auxiliar Segundo de Caracas, solicitó formalmente al Juez Militar Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control y en Funciones de Guardia, la inspección, registro y allanamiento del domicilio del General Raúl Baduel, el cual se realizó y donde colectaron: una laptop y su cargador, dos radiotransmisores, un CPU, un cargador para munición 9mm, según los registros de cadena de custodia de evidencias físicas Nº 00626-17, 00633-17. Igualmente, la DGCIM practicó Dictamen Pericial Informático Forense, que guardaba relación con el cruce de llamadas telefónicas.

10 de enero 2017: Ese mismo día el Fiscal Militar Jean Latozefsky, solicita ante el Tribunal Militar Primero de Ejecución de Sentencias del Circuito Judicial Penal Militar, revocar el beneficio procesal de libertad condicional, que tenía el general Baduel desde el 12 de agosto 2015, por el asunto penal anterior que lo había condenado a 7 años y 11 meses de prisión, por: sustracción de fondos y efectos pertenecientes a la Fuerza Armada Nacional, abuso de autoridad y contra el decoro militar. Latozefsky alegó supuesto incumplimiento del General Baduel de la medida y condiciones otorgadas como no relacionarse con personas de dudosa reputación ni inmiscuirse en hechos de carácter delictivo. Así, el 10 de enero 2017, se libra la orden de aprehensión Nº 001-17.

Abogados del General Baduel acudieron a numerosos funcionarios y organismos nacionales e internacionales como la OEA

Luego de ser aprehendido, ordenaron al Hospital Militar “Dr. Vicente Salias Sanoja”, realizarle un examen médico provisional y se ofició al Centro Nacional de Procesados Militares (Cenapromil), cárcel de Ramo Verde, remitiendo la boleta de encarcelación contra Baduel, hasta el 3 de marzo 2017, fecha en la que finalizaba la pena impuesta en la causa penal anterior.

13 de enero de 2017: Se inicia el asunto penal, cuando el General de División Carlos Alberto Martínez Stapulionis, remite oficio de la Zona Operativa de Defensa Integral Nº ZODI/2017/0001/, al Fiscal Militar del Circuito Judicial Penal Militar de Caracas, para abrir la investigación penal, por los presuntos hechos punibles de naturaleza militar, según informe de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), donde se señala la realización de varias reuniones clandestinas con la finalidad de desestabilizar el Gobierno Nacional. Las reuniones supuestamente ocurrieron entre el 2 y el 4 de enero de 2017, en la residencia del G/J Baduel, en el estado Aragua. Entre quienes señalan como asistentes “periodistas de varios medios de comunicación nacionales e internacionales, lo cual había sido investigado previamente en fecha: 10 de enero de 2017 por la DGCIM”.

General (Ej) Carlos Alberto Martínez Stapulionis

13 de enero 2017: se publicó la decisión de revocatoria de beneficio procesal de libertad condicional, siendo proferida por el Tribunal Militar Primero de Ejecución de Sentencias, a cargo de la Juez Militar Shirlanne Medina Machado, con sede Caracas.     

25 de enero 2017: la Fiscal Militar Segunda con Competencia Nacional TF Yusnagry Dahilis Pérez Márquez, decreta expresamente la reserva total de las actuaciones realizadas en la fase preparatoria de la Investigación Penal, con la finalidad que los imputados no puedan de manera temporal conocer de las diligencias de investigación que adelanta el Ministerio Público en la investigación penal militar, signada con el Nº FM2-001-2017, que solicitó el entonces Jefe de la ZODI, GD Martínez Stapuliois.

Los abogados aseveran que “el Ministerio Público hizo uso y abuso de la reserva fiscal decretada, ya que las denuncias recogidas en las actas respectivas, cuya identidad se mantenían bajo la Protección de testigos y demás sujetos procesales, eran casi anónimas, circunstancia prohibida por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. No teniendo acceso la defensa técnica a las investigaciones".

“Otro hecho que merece especial atención, es que la mayoría de los testigos de los supuestos hechos punibles, eran militares de bajo rango, por ejemplo: sargentos de primera y sargentos de segunda, a quienes se podía fácilmente sugestionar con la orden de un superior jerárquico militar”. 

La Defensoría del Pueblo tuvo conocimiento de lo que sucedía con el General Baduel

Nunca tuvo oportunidad

El informe de los abogados de Baduel, resalta que estando ya el General en Jefe Raúl Isaías Baduel privado de Libertad en la cárcel de Ramo Verde, porque se le revocó la libertad condicional, el Fiscal Militar Segundo con Competencia Nacional, TF Yusnagry Dahilis Pérez Márquez y el Fiscal Militar Segundo Auxiliar TF Jean Carlos Latozefsky Rojas, le solicitan al Tribunal Militar de Primera Instancia en Funciones de Control de Caracas, a cargo de la Juez Mayor Claudia Carolina Pérez Benavides de Mogollón, que acordara la presentación del General Baduel y que se mantuviera la privativa de libertad.

Así se libran las boletas de notificación a los defensores privados y de confianza del exministro de la Defensa por los presuntos delitos de traición a la patria e instigación a la rebelión.

02 de marzo de 2017: 11:30 a.m. fue fijada la audiencia de presentación, la cual se realiza, “pero en horas de la tarde, específicamente, a las 04:40 p.m., donde en el dispositivo del fallo, se decretaron con lugar, todos los petitorios del Ministerio Público, incluido el procedimiento ordinario penal y se negaron todas las solicitudes de los abogados defensores, por ejemplo: la incompetencia del tribunal militar alegada y solicitud de medidas cautelares sustitutivas de libertad”.

Juez Claudia Pérez de Mogollón

09 de abril de 2017: Concluida la investigación, el Ministerio Público, presentó ante el Tribunal a cargo de la Juez Militar May (Ej) Claudia de Mogollón, como acto conclusivo “acusación formal, constante de 39 folios, más el cuaderno investigativo constante de 6 piezas, solicitando el enjuiciamiento del General en Jefe Raúl Isaías Baduel, por Traición a la Patria e Instigación a la Rebelión y solicitó que se mantuviera la privativa de libertad”.

27 de abril 2017: Los abogados defensores consignaron ante el nombrado Tribunal Militar Primero Penal, el respectivo escrito contentivo de punto previo, excepciones, defensas de fondo y promoción de pruebas.

28 de febrero 2018: se celebra la audiencia preliminar ante el Tribunal Militar Primero donde se ordena el pase a juicio. Ese tribunal militar tenía, según el Código Orgánico Procesal Penal, plazo de cinco para remitir el expediente penal al Juzgado Militar de Juicio; eso nunca lo hizo por múltiples razones: no daba despacho, solicitaban permisos injustificados, se iban de vacaciones, nombraban suplentes, no notifican deliberadamente a la defensa, no trasladaban al imputado, entre otros actos, simplemente aplicando exageradamente medidas dilatorias que conducían a un retardo procesal extremo injustificado. Eso ocurrió desde el 28 de febrero de 2018 hasta el 12 de octubre 2021, cuando fallece el General Baduel, es decir que esos cinco (5) días de despacho para remitir el expediente al Tribunal Militar de Juicio, se transforman en uno mil trescientos diecisiete días (1.317).

22 de enero de 2020: Los abogados del General Baduel, cuando habían transcurrido una año, 10 meses y 22 días, introducen un avocamiento ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), por la violación escandalosa al ordenamiento jurídico, que involucraba normas de orden público procesal, cuyo número de expediente fue AA30-P-2020-000017.

3 de julio del año 2020: De manera insólita, el TSJ declara inadmisible el avocamiento, simple y llanamente para no conocer del fondo del asunto, en el cual la defensa tenía sobradas razones en la delación manifestada sobre graves infracciones a una norma de orden público procesal, como la contenida en el numeral 5º del artículo 314 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP).

El informe de los defensores del general Baduel, concluye manifestando: “puede afirmarse con suma precisión que, quedan suficientemente evidenciada y documentada, las graves violaciones a los Derechos Humanos del General en Jefe Raúl Isaías Baduel, por parte del Estado venezolano”.

El informe que narra la muerte del General Baduel, víctima del poder judicial y militar de Venezuela - Infobae


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