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miércoles, 8 de abril de 2026

191 militares presos políticos esperan el acceso a los beneficios de la Ley de Amnistía: denuncian fraude y abandono

 

"Se habla de reconciliación y de paz, pero los colegas siguen secuestrados en las ergástulas de una estructura criminal", afirmó un oficial consultado por Infobae bajo condición de anonimato


Sebastiana Barráez/ miércoles 8 de abril 2026
@SebastianaB
Tomado de Infobae

Desde Rubio, Táchira, familiares del S2 (GNB)José Antonio Moreno Peñaloza reclaman por su libertad y la de los otros presos políticos militares y civiles

La Ley de Amnistía no ha tenido impacto en la situación de los militares considerados presos s presos políticos. De acuerdo con datos disponibles, 191 efectivos permanecen detenidos: 20 pertenecen a la Aviación, 79 al Ejército, 11 a la Armada y 81 a la Guardia Nacional. A este grupo no solo se le han negado los beneficios contemplados en la normativa, sino también la aplicación de la propia amnistía.


Familiares y allegados denuncian además restricciones al derecho a la defensa. En numerosos casos, a los militares detenidos no se les ha permitido contar con abogados privados, mientras que los defensores públicos asignados no tramitan las solicitudes correspondientes. Las cifras oficiales, por su parte, solo reconocen la excarcelación de 17 militares, todos liberados por cumplimiento de condena o por medidas humanitarias.


Un oficial consultado por Infobae calificó la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática como “un fraude” para los militares detenidos. “Se habla de reconciliación y de paz, pero los colegas siguen secuestrados en las ergástulas de una estructura criminal”, afirmó bajo condición de anonimato.


En paralelo, familiares que durante años mantuvieron silencio han comenzado a hacer públicas las condiciones de detención de algunos militares arrestados por causas políticas. A este grupo se han sumado también efectivos encarcelados por delitos no políticos, pero que, según las denuncias, han sido víctimas de violaciones al debido proceso, torturas y denegación de justicia.

El único detenido por el caso del estadounidense Kenemore es el Capitán de fragata Carlos Luis Piña

En la siguiente lista solo están los 191 presos políticos militares.


20 de la Aviación 

Dos generales de Brigada, cinco coroneles, un teniente coronel, un mayor, cuatro capitanes, cuatro primeros tenientes y tres sargentos, componen los militares presos políticos.


Los dos generales de brigada que permanecen detenidos: Miguel Carmelo Sisco Mora y Jackson José Gutiérrez Strubinger, este último era el Director de Mantenimiento y Desarrollo Aeronáutico de la Aviación Militar cuando fue llamado a la Comandancia General de la Aviación el 29 de julio 2024, siendo detenido y sin juicio. 


Los coroneles Miguel Castillo Cedeño, Eddy Jordán Azabache, José Alberto Trejo Castillo, José Lozano Mogollón y Jesús Reinaldo Landaeta Díaz. Se suma el teniente coronel Félix Enrique Jiménez y el Mayor Adrián Leonardo De Gouveia de Sosa.

El SM3 Luis Alexander Bandres Figueroa comandó el alzamiento militar de la GNB en Cotiza, Caracas

Los capitanes: Marcos Daniel Bello Corona, Ronald Marrero, Nicolás Rodríguez y Yonathan de Jesús Colina.


Los primeros tenientes Carlos Eduardo León Núñez, Anyi Azuaje Fernández, Juan Carlos Franco Moreno y Rafael Colmenares Carrillo.


Los sargentos primero Juan Carlos Venturi Escobar y Ángel Orlando Perdomo Hurtado, así como el S2 Gabriel Alejandro Jordán Padrón. 

El coronel Diego Bautista Espín Trini detenido por proteger las actas electorales del 28 de julio 2024

79 del Ejército 

Un general, cuatro coroneles, once tenientes coroneles, cuatro mayores, ocho capitanes, once primeros tenientes, ocho tenientes y 32 sargentos.  


El único general tras las rejas es el Divisionario en retiro Tomás Enrique Martínez Macías; su hijo fue excarcelado hace unos meses.


El coronel (Cnel.) Carlos Jesús Sánchez Vásquez, oficial activo, junto con su esposa están detenidos por la Operación Brazalete Blanco.


El Cnel. Jhony Rafael Mejías Laya fue uno de los oficiales que sufrió mayores torturas físicas y sigue padeciendo las psicológicas desde hace siete años.


El coronel Diego Bautista Espín Trini fue uno de los detenidos post elecciones del 28 de julio 2024, era director del Liceo Militar Jáuregui, en La Grita del fronterizo estado Táchira, y proteger las actas electorales del 28J. Completa el cuadro de coroneles Carlos Ulises Hernández Rojas.

El capitán (GNB) Juan Carlos Caguaripano Scott, jefe de la Operación David, está recluido en la Carcel Rodeo I

Entre los tenientes coroneles está Igbert José Marín Chaparro, quien se encuentra detenido desde el 2018, cuando el GJ Jesús Suárez Chourio lo denunció de una supuesta conspiración, junto a un grupo de comandantes por requerir mejores condiciones para sus subalternos.

(http://www.sebastianasinsecretos.com/2021/07/no-pudimos-ni-abrazarlo-el-reclamo-de.html)


Completando así el grupo de tenientes coroneles: Deibis Esteban Mota Marrero, Víctor Eduardo Soto Méndez, Juan Carlos Peña Palmentieri. También, Freddy Alberto Mogollón Rojas, Ovidio Andrés Carrasco Mosqueda, Durvis Enrique Melián Vargas, Manuel Alejandro Oria Arteaga, Jholmar Josué Cárdenas Camacho.


El caso del Tcnel. Juan Antonio Hurtado Campos merece mención especial porque está desaparecido desde el 4 de septiembre 2018, cuando funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) se lo llevaron del Palacio de Miraflores, donde estaba encargado del parque de armas de la Guardia de Honor Presidencial. Nadie de su familia lo ha vuelto a ver o a recibir llamada alguna o fe de vida del oficial.

(http://www.sebastianasinsecretos.com/2026/02/la-lucha-de-una-familia-venezolana-por.html)


El Tcnel. Guillermo Enrique César Siero y su hermano el Mayor Guillermo Henry César Siero, junto a una cuñada, la Mayor Diana Desireé Victoria Justo, todos oficiales activos, son parte de la causa Brazalete Blanco.


Están también detenidos como mayores del Ejército Niuma Rafael Sequera Gómez y César Alejandro Girón.

Las promesas de Delcy Eloína Rodríguez de la Amnistía no llega a los militares presos políticos

Entre los capitanes, está Ányelo Julio Heredia Gervasio, un oficial retirado y que vivía en Estados Unidos; fue detenido en diciembre 2023, en una trocha o paso irregular en la frontera entre Colombia y Venezuela y presentado como máximo jefe de la Operación Brazalete Blanco.


Los otros de la lista de capitanes del Ejército presos por causas políticas: Carlos Arturo Rosario Pimentel, Javier Moreno, Alfredo Saba Peña Díaz, Willians Andrés Rivas Jiménez, César Eliant Felipe Caraballo, Juan Luis Gutiérrez Aranguren y Carlos Anthony Peña Medina.


Primer Teniente Karen Nayarit Gómez Gutiérrez, es una joven madre, oficial activa, detenida por indagar sobre la entonces desaparición forzada de su esposo el coronel Sánchez Vásquez.


Los otros primeros tenientes son: Wladimir Rafael Escalona Gutiérrez, Marcos David  Insignare García, José Gregorio Montiel García, Johan José González, Carlos Eduardo Lozada Saavedra, Alberto José Salazar Cabañas, Oswaldo José Gutiérrez Guevara, Jefferson Gabriel García Dos Ramos, Pedro Jiménez Luis y Raúl Eduardo Manzanilla Almao.


Los tenientes: Hugo Rainier Aparicio Cabeza, Yancelis Antón Farías, Eduardo José Pérez Amaya, Junior de Jesús Silva Herrera, José Ángel Barreno Cordones, Luis Manuel Paiva Soto, Víctor Parra y Johana del Carmen Bermúdez Lugo.


Los sargentos mayores: Jairo Elí Villegas Moreno, Noel Ricardo Romero Lugo, Álvaro Martín Mestra Valecillos, Jesús Alberto Colmenares Gallardo, Wilmer Oswaldo Salinas Sánchez y Charly Eleazar Castillo Álvarez.


Los sargentos primero (S1) detenidos son: Abraham Josué Molina Valera, Víctor Alfonzo Perozo Durán, Francisco Javier Pacheco Pérez, Nelson Enrique Santiago Valecillos, Yusimar Elisneth Montilla Ortega, José Rafael Blanco Volcán, Cristian Gregorio Estrada Estrada, Yurimar del Valle Rengel González, Rubén Augusto Bermúdez Oviedo, Juan Francisco Díaz Castillo, Javier Rafael Peña, Feydi Rafael Montero, Alexander Chávez Mogollón, Anthony José Reyes, Jecson Enrique Losada Matute, Carlos Enrique Conde Hurtado, Damián Mora, José Rafael Blanco Volcán y Juan Carlos Bolívar Rodríguez.


Los Sargentos segundos (S2): Iriannis Valentina Mujica de Montesinos, Darwin Antonio Solís Benítez, Anderson José Pinto Tovar, Tony Adonis Guevara Bravo, Estewins Andrés Rojas Tapia, José Moreno Peñaloza y José Ruíz Delgado.

General de Brigada (Av.) Jackson José Gutiérrez Strubinger, este último era el Director de Mantenimiento y Desarrollo Aeronáutico de la Aviación Militar detenido desde julio 2024

Once de la Armada 

Un capitán de fragata, cinco tenientes de Navío, dos tenientes de fragata, un alférez de navío y dos sargentos, es el total de militares de la Armada Nacional que permanecen detenidos.


El único capitán de fragata que está preso y fue condenado es Carlos Alí Piña Bastidas, oficial activo de la Armada, quien ocasionalmente prestaba servicios de transporte a la frontera y que en marzo del 2022 pasa desde territorio colombiano al estadounidense Jerrel Lloyd Kenemore quien pretendía reunirse con su pareja la Ing. Yasmina Guillarte Alarcón. Kenemore fue canjeado y el resto de los civiles salió en libertad.

(http://www.sebastianasinsecretos.com/2023/03/la-historia-de-amor-que-los-servicios.html)


Los tenientes de navío presos son: Rigoberto Pinzón Palencia, Elías José Noriega Manrique, Héctor Jesús Coronel, Jefferson Jhosue Díaz Mendoza y Yendri David Arguello Rodríguez. 


Los tenientes de fragata Nelson Zabaleta Fernández y Ángel Barrios Fuenmayor. El Alférez de Navío Hebert Alfonso Cambero Sequea. El SM3 Eddie José Valladares Cáceres y el S2 Roberto Andrés Rondón Restrepo.

El capitán Erickson Alexander Chaya Barroeta y su esposa Yolimar Alemán Castellano

81 presos de la GNB

Por el componente Guardia Nacional Bolivariana (GNB) hay dos generales, nueve coroneles, dos tenientes coroneles, cuatro mayores, diez capitanes, tres primeros tenientes, un teniente y cincuenta sargentos.


Cuando el GB Ramón Lozada Saavedra fue detenido la última vez, estaba retirado, había sufrido una serie de persecuciones, detenciones y desapariciones, acompañadas de torturas; hoy permanece encarcelado con graves problemas de salud en el Hospital Militar de Caracas.


El caso del GB Héctor Armando Hernández Da Costa difiere porque era un oficial activo, que ejercía funciones en el Fuerte Tiuna, cuando en el 2018 es detenido y acusado del intento de magnicidio contra Nicolás Maduro Moros, en el llamado Caso de los Drones ocurrido el 4 de agosto de ese año. 


Los coroneles Juan Francisco Rodríguez Dos Ramos, Pedro Javier Zambrano Hernández, José Romel Acevedo Montañez, Oswaldo Valentín García Palomo, José de Jesús Gámez Bustamante, Pedro Milano Rincones, Ramón Alí Peñalver Vásquez, Jesús Enrique Jordán Arias y Eduardo Elías Mata Villarroel.


Los dos comandantes Pedro Luis Garrido Guillén y José Torrealba Carrasco. Los mayores: Juan Carlos Marrufo Capozzi, Francisco José Luna Martínez, Carlos Rosario y Anthony José Lugo.


Los capitanes Juan Carlos Caguaripano Scott, jefe de la Operación David, el asalto al Fuerte Paramacay, sede de la 41 Brigada Blindada en Valencia, Carabobo; está detenido en la cárcel el Rodeo I.

El General de Brigada de la Guardia Nacional Héctor Armando Hernández Da Costa fue condenado sin prueba alguna por el intento de magnicidio contra Nicolás Maduro

También permanecen tras las rejas los capitanes: Dimas Omar Murillo Rubio, Leonard Eligio Briceño Vivas, Renny Adelso Olivares Moreno, Erickson Alexander Chaya Barrueta, Franklin Antonio Leal Mendoza, Eliant Felipe César Caraballo, Mitchell Martín Verde Ordoñez, Jesús Manuel Ramos López y Antonio José Sequea Torres. 


Los primeros Tenientes: Richard Rafael Alemán Castellano; en su caso tiene a tres familiares más detenidos, dos hermanas, Andreina José y Yolimar Alemán Castellano, cuyo esposo el capitán Erickson Alexander Chaya Barroeta también están detenidos.

(http://www.sebastianasinsecretos.com/2020/12/el-impactante-caso-de-las-hermanas.html)


Los 1TTs: Rubén Darío Fernández Figuera y Jairo Rafael Bethermyt Carrillo. El teniente Rafael Antonio Villafranca López.


Los sargentos supervisores: Jesús Villafañe Montilla y Leonardo Antonio Carrillo Primera.


En el caso de los Sargento Mayor de Primera (SM1), están detenidos José Alexander Sanguino Escalante, Juan Carlos Monasterios Venegas, Alberto José Piñango Salas.


Sargento Mayor de Segunda (SM2): Oneiver José Paredes y Adelis Pastor Rosales Perosa.


Sargento Mayor de Tercera (SM3): Luis Alexander Bandres Figueroa comandó el alzamiento militar de la Guardia Nacional en Cotiza, el 21 de enero 2019, junto a un alto número de tropa de su componente.


También están detenidos los SM3: Edixon Morillo Mujica, Geomar Martínez Natera, Daniel Zambrano Arias, Evan Antonio Rincón Piñero y Yofre Javier Castro Alviarez.


Sargento Primero (S1): Rawuy José Rosales Faría, José Enrique Rico Arrieta, Juan Nahir Zambrano Arias, Luis Alfredo Milanés Chirinos, Yordanis Camacaro González, Carlos Enrique Rivero Martínez, Víctor Ignacio Rodríguez Romero, Junior José Ojeda Alvarado, Ederson Roberto Rumi Mogollón, Jackson Leiner Taquiva Becerra, José Manuel Mendoza González, Juan Fredd Jesús Acosta Isea, Miguel Ángel Plaza Méndez y Rafael Enrique Castro Sandoval.


Sargento Segundo (S2): Samaira del Valle Romero Armario, Gustavo Enrique Álvaro Granadillo, Ricardo David Fonseca Mosquera, Wolfang González Carrasco, Ronaldo Romero Aguinagalde, Roberto Catalino Romero, Andrés Alfonso Paredes Soler, Jhite Thubal Hernández Palma, Yeicer Moisés Montero Mujica, Luis Alfredo Lobo Medina, Luis Heraldo Oviedo Piña, Asdrúbal Gabriel Chirinos López.


También los S2 Nomar Salcedo Méndez, Heber Glok Vásquez, Kevin Manuel Charly Ramírez, Luis Alberto Peña Arteaga, Edgar Jesús Díaz Vivenes, Hugo Alexander Carrillo Santana, José Daniel González Ospedales,


Miguel Salazar Polanco, Anderson Daniel Farnetano Yamboos, Jonathan Franco Quiñones y Leandro Leomar Omar Chirinos Parra.


https://www.infobae.com/venezuela/2026/04/08/191-militares-presos-politicos-esperan-el-acceso-a-los-beneficios-de-la-ley-de-amnistia-denuncian-fraude-y-abandono/


jueves, 26 de marzo de 2026

Fechas alteradas, recursos negados y jueces parciales: las claves del caso de un comandante venezolano detenido

 

"Mi hijo está preso por un expediente falso y los tribunales lo saben", resumió Antonia Azuaje, madre de Julio César Riobueno. Los detalles.


Sebastiana Barráez/ jueves 26 de marzo 2026

@SebastianaB

Tomado de Infobae

La madre del Tcnel. Riobueno

“Mi hijo está preso por un expediente falso y los tribunales lo saben”, así resume Antonia Azuaje, madre del Tcnel. Julio César Riobueno el proceso judicial que mantiene encarcelado al oficial desde el 2 de octubre 2024. Detenido por la DGCIM, desaparecido durante casi un mes, torturado y en indefensión, enfrenta un juicio que su defensa califica de viciado desde el origen, marcado por imputaciones irregulares, recursos negados y parcialidad judicial que lo mantiene recluido en la cárcel Yare II.


Antonia Azuaje de Riobueno, profesora jubilada de 76 años, residenciada en Valle de La Pascual, estado Guárico, le dice a Infobae que su hijo, el teniente coronel (GNB) Julio César Riobueno Azuaje, era el comandante del Destacamento Nro. 116 GNB en el Zulia, cuando la DGCIM lo detiene, el 2 de octubre 2024, lo mantiene en desaparición forzada, durante 26 días, lo somete a torturas, desaparición forzada e incomunicación.


Está sometido a un proceso de indefensión jurídica, lleno de irregularidades, mentiras y violación a sus derechos fundamentales. Su expediente ha sido construido basado en la mentira y abuso de poder”. 


Al oficial le imputaron tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas (modalidad transporte), asociación, interferencia de la seguridad operacional y de la aviación civil, y porte ilícito de arma de fuego.

El Teniente coronel (GNB) Julio César Riobueno Azuaje era comandante del D116 GNB en el Zulia, cuando la DGCIM lo detiene el 2 de octubre de 2024

Las actuaciones de la fiscal nacional antidrogas Rosalba Hernández, que presentó acusación el 12 de diciembre 2024, y la jueza Giuliana Nicole Genesi Peñaloza, del Tribunal Quincuagésimo de Control, evidenciarían una secuencia de imputaciones y presuntas irregularidades procesales durante la fase de control, en los expedientes MP-128039-2024 (Fiscalía) y 21J-1573-25 (órgano jurisdiccional).


Los abogados de Riobueno sostienen que las supuestas fallas serían de tal gravedad que una solicitud de control judicial no solo habría sido negada, sino que fue incorporada al expediente con fecha anterior a la fijación de la audiencia preliminar, lo que evidenciaría parcialidad a favor de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y del Ministerio Público.

Funcionarios de la DGCIM detuvieron al TCNEL Riobueno en Maracaibo y lo trasladaron a la sede principal en Caracas

El 23 de enero de 2021 la fiscal Rosalba Hernández fue denunciada ante distintas direcciones (Derechos Humanos, Delincuencia Organizada, Inspección y Disciplina), tras lo cual fue separada del caso y privada de libertad.


Entre las acciones de los abogados del oficial Riobueno, se ha interpuesto recursos de amparo ante la Sala Constitucional en busca de la restitución y reparación de derechos, basados en presuntas violaciones al derecho a la defensa, el debido proceso y la tutela judicial efectiva.


Familiares y abogados del oficial, también afirmaron que la detención practicada por la DGCIM “no se corresponde con la realidad” y cuestionaron el acta policial, al asegurar que describe condiciones de modo, tiempo y lugar “irreales” y atribuye hechos “graves” que no ocurrieron.

Evelin Dayana Mendoza Hidalgo, esposa del Teniente Coronel Julio Cesar Riobueno Azuaje, ratificando la denuncia contra la fiscal Rosalba Hernández

Ratifica la denuncia

Evelin Dayana Mendoza Hidalgo, esposa del teniente coronel Julio Cesar Riobueno Azuaje ratificó, en febrero 2026, la denuncia que ya había hecho un año antes, contra la fiscal 70 nacional Rosalba Hernández “por la falta de probidad, integridad y rectitud de sus actuaciones contraviniendo los principios rectores del Ministerio Público”.


Dijo en su comunicación ante el entonces fiscal general, Tarek William Saab Halabi, que “en los actuales momentos tal como ha sido hecho público notorio y comunicacional se encuentra Privada de Libertad por el Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones Control del Área Metropolitana de Caracas, por los presuntos delitos de omisión dolosa y agravada de funciones”, lo que la ratificación de la denuncia es pertinente.


Evelin Dayana Mendoza Hidalgo, dice que su esposo el Tcnel Riobueno Azuaje no fue detenido, como dijo la DGCIM el 26 de octubre 2024 junto con el Tcnel. Jesús Rafael Cabrera Marcano, sino que su aprehensión ocurrió “el 2 de octubre 2024 en el Campo Deportivo de la Cotorrera en Maracaibo, estado Zulia, cuando salía de la evaluación física para la prueba de ascenso”


Desmiente que en el momento de su detención estuviera con el Tcnel. Cabrera, “se encontraba con otros militares subordinados a él que luego fueron dejados en libertad”.


Refuta que la entonces fiscal 70 Nacional, Rosalba Hernández, dijera que existía una orden de aprehensión por parte del Tribunal 50 de Primera Instancia de Control del AMC, “esa orden se otorgó 22 días después, el 26 de octubre, en Caracas”, después que su esposo fue trasladado a la sede de la Dgcim en Boleíta, Caracas.


Aclara la señora Mendoza que es falso que Riobueno se presentara a la Dgcim Caracas con dos armas de fuego sin el permiso respectivo, seis mil dólares y más de un millón de pesos, y en una camioneta Hilux, blanca, “perteneciente a grupos guerrilleros no identificados”. En la audiencia el oficial explicó que el vehículo se lo prestó Walter Sánchez, productor de palma de aceite del sector Seis Casitas, Casigua El Cubo, Zulia.

La fiscal Rosalba Hernández fue denunciada por la esposa y abogados de Riobueno

Errores fiscales

La defensa señaló a la Fiscalía por, presuntamente, no realizar una investigación exhaustiva y por presentar “los mismos hechos” una vez transcurridos 45 días de la fase preparatoria. También alegó falsedad en la imputación por porte ilícito de arma, al indicar que Riobueno contaba con un carné vigente que lo autoriza a portar armas.


En la acusación se incorporaron hechos relativos a la incautación de 500 kg de cocaína en el sector Boca de Tarra, del 12 de octubre 2024, en el marco de la Operación Escudo Bolivariano Mara 2024”, que no habrían sido mencionados en la audiencia de presentación ni guardarían relación con el oficial. 


“Se pretende vincular al Tcnel. Riobueno con un hallazgo en una zona deshabitada sin una sola inspección técnica que lo conecte con dicho sitio”, sostuvo su abogado ante el tribunal.


En cuanto a la prueba digital, cuestionó lo presentado como “pruebas de Telegram”, al catalogarlo como imágenes “que se asemejan a recreaciones manuales o simuladas” y que, a su juicio, carecen de fiabilidad técnica.


Por otra parte, el Ministerio Público alega comunicaciones indirectas entre el Tcnel. Riobueno y el GD Vidal José Francisco Coraspe, pero sin demostrar cruces de llamadas que lo sustenten; además, aseguró que el número atribuido al general pertenecería a otra persona.


La Fiscalía recurre al testimonio de un tercero que menciona el retiro de 3.000 dólares en un comercio, presentado como si se tratara de un indicio de tráfico internacional de drogas. “No se verificó la información con los propietarios del local ni permitieron que la defensa presentara testigos para aclarar ese hecho”.


Se habría incurrido en “mala fe procesal” cuando al Fiscalía sostiene la identificación del oficial Riobueno en un supuesto “especial de delación” de Luis Alejandro Herrera Ramírez, pero en el acta de delación no se menciona al oficial, ni siquiera por su cargo, y solo se hace referencia a “generales de pistas y radares”.


La Fiscalía afirmó que Riobueno “hacía caso omiso a vuelos ilegales”, pero Herrera Ramírez, el testigo del Ministerio Público, declaró que entre mayo y julio de 2024 la Operación Catatumbo y los operativos en tierra “impedían utilizar las pistas”.

Hasta los más altos tribunales del país llegan las apelaciones y solicitudes de amparo interpuestas por la defensa del militar detenido

El Tribunal

La actuación del Tribunal Quincuagésimo de Control no deja de ser inquietante, pues la jueza Giuliana Nicole Genesi Peñaloza habría incurrido en fraude procesal y simulación de actos al publicar una decisión fechada el 28 de marzo de 2025, “insertando de forma fraudulenta” un pronunciamiento que no existía al momento de la fijación de la audiencia preliminar.


El abogado de Riobueno sostuvo que la jueza omitió decidir sobre la nulidad absoluta de la acusación presentada el 8 de enero de 2025, pero permitió que se incorporaran en el escrito fiscal hechos vinculados a la “Operación Escudo Bolivariano Mara 2024” y al hallazgo de los 500 kg de cocaína en Boca de Tarra, que no fueron imputados originalmente.


Familiares del oficial preso están convencidos que se ha obstaculizado el derecho a la defensa de Riobueno al negarse diligencias exculpatorias, como la declaración del primer teniente Trías, así como imputarle el delito de porte ilícito de armas pese a que como militar activo posee un carné que lo autoriza a portarlas.


La Corte

El abogado defensor de Riobueno denunció “los vicios y quebrantamiento de Sala Siete de la Corte de Apelaciones, del 23 de julio y 18 de agosto 2025” que están siendo impugnadas ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).


Los señalamientos contra la Corte de Apelaciones parten de dictar sentencias “que no guardan relación con los agravios denunciados” y en “un acto de absoluta ligereza procesal”, la Sala Siete omitió pronunciarse sobre la falsedad de las actas de la DGCIM y la manipulación de las fechas en el expediente por parte del Tribunal de Control.


Además de haber convalidado la indefensión del teniente coronel Riobueno “permitiendo que un proceso basado en fraude procesal llegara a la etapa de juicio”.


Se suma la violación al debido proceso y tutela efectiva porque la Corte de Apelaciones desestima denuncias de violaciones a derechos fundamentales como la incomunicación y tortura.


Los jueces son señalados por la defensa de Riobueno por abuso de poder y desviación de la función jurisdiccional; “la Sala Siete abandonó su rol de control de legalidad para actuar como un apéndice de la Fiscalía”, impidiendo que el oficial de la GNB sea “juzgado por tribunales imparciales y con pruebas lícitas”.


https://www.infobae.com/venezuela/2026/03/26/fechas-alteradas-recursos-negados-y-jueces-parciales-las-claves-del-caso-de-un-comandante-venezolano-detenido/




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