Alunasa: la historia de una empresa venezolana arruinada por la corrupción

Fue una compañía muy rentable desde su constitución pero la revolución bolivariana logró lo que parecía imposible: quebrarla

Sebastiana Barráez/ jueves 30 de septiembre 2021

@SebastianaB

 

Tomado de Infobae 

Aunque la gerencia de CVG Alunasa intentó que el Ministerio del Trabajo de Costa Rica le aceptara que había suspendido actividades por culpa de las sanciones de EEUU y de la pandemia, y que por ello no cumplía con los trabajadores, la realidad es que solo logró demostrar que  la causa del problema está en la mala administración de lo que alguna vez fue una importante empresa de aluminio, una de las 7 empresas en Costa Rica que obtuvo más de 4 Certificaciones, que de 412 trabajadores quedan 190, con los cuales tiene importantes deudas desde el 2018.

CVG Alunasa está en Costa Rica

Aluminios Nacionales S.A. (Alunasa) es una empresa perteneciente a la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), con sede en Juanilama de Esparza, provincia de Puntarenas en Costa Rica. Se creó para la manufactura y comercialización de los productos de aluminio venezolano. Fue una empresa muy rentable desde su constitución con el nombre Alunasa en 1981, contratando a personal venezolano y tico. Reconocida a nivel internacional por el papel aluminio para uso doméstico, así como ollas, sartenes, bandejas y también bloques y cilindros de aluminio.

La revolución bolivariana logró lo que parecía imposible, quebrar a la importante empresa, luego de una serie de administraciones que derrocharon el dinero de Alunasa, sirvió para contratar cantidad de familiares de los directivos, para darles vida de lujos, pero también para engañar a los trabajadores. Tiene tres meses cerrada y la administración de Nicolás Maduro parece ignorar los acuerdos hechos ante la autoridades de Costa Rica.

Aquí se refleja cómo CVG Alunasa se burla de los trabajadores

El ingeniero industrial Franklin Álvarez es un incansable luchador por la defensa de Alunasa, aunque salió de la empresa en 2019, luego de 12 años de trabajo continúo. “No entiendo cómo una empresa que generaba rendimientos en el 2007, cuando llegué a ella, esté en la bancarrota y no se intervenga”, dice en conversación con Infobae.

Considera que Alunasa sería una empresa autosustentable si contara con una administración que le ponga alma, vida y corazón, de los cuales asegura hay, dentro de las instalaciones, trabajadores con esas aptitudes, gente que hizo posible que la empresa recibiera premios a la Excelencia por parte de la Cámara de Industrias de Costa Rica, Certificaciones internacionales ISO siendo una de las que más tenían en Costa Rica.

En el 2018 Delcy Rodríguez junto a El Aissami celebran el acuerdo de las tablas salariales de PDVSA e Industrias Básicas, pero a los trabajadores de Alunasa no les pagan

Ante la pregunta de cómo explica que con personal así la empresa esté en la ruina, responde “porque a ese personal no lo han dejado trabajar”, y explica cómo el problema es la gerencia y por ello apuesta a que la empresa sea intervenida.  

“Ni la Embajada de Venezuela en Costa Rica ha tomado control o monitoreado los movimientos de una empresa de su Gobierno. ¿Por qué el Gobierno de Costa Rica no mete mano dura, pone final a la novela y deja de colocar pañitos de agua tibia en la herida? Alunasa es una empresa que genera desarrollo económico, bienestar social y empleo en Esparza, Puntarenas y comunidades aledañas”.

Carlos Peña Díaz, asesor jurídico

Acaba de suceder
Tal y como sucedió en el 2018, el 15 de septiembre 2021, un día de asueto para el país donde está la sede de Alunasa, porque se celebraba el Bicentenario de Costa Rica, la Alta Dirección de la empresa comunica al personal que no se puede cancelar la quincena, pero que va a Venezuela a buscar los recursos. La historia completa la narra el ingeniero Franklin Álvarez.

“Envían al personal a sus casas con un ‘Permiso para ausentarse con goce de salario’ hasta el 24 de septiembre. “El permiso fue sin recibir dinero, porque era más bien una promesa de pago a futuro”. Igual que en el 2018 tampoco les han pagado.

El ingeniero Franklin Álvarez Núñez denuncia lo que sucede en Alunasa

La Presidencia de Alunasa, junto con el asesor jurídico, presentan al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), una nueva supleción de los contactos de trabajo. El 17 de septiembre, según el Boletín informativo 02-2021, un grupo de trabajadores logra comunicarse con el presidente de la CVG, Pedro Maldonado, a quien le exponen que aun por las sanciones que EEUU impuso, Alunasa ha trabajado con normalidad y son capaces de seguir haciéndolo de manera independientemente, bajo la figura de un fideicomiso con banco o con inversionista. Maldonado responde que la reanudación de las operaciones será hasta el primer trimestre 2022.

Aquí prueba del permiso con goce de salarios, que no pagan

El 23 de septiembre, a través del Boletín informativo 05-2021 se comunica lo relacionado a la investigación según la suspensión de los contratos de trabajo que nuevamente Alunasa solicita. El viernes 24 de septiembre se obtienen los primeros acuerdos parciales entre Alunasa y los trabajadores mediante la conciliación del MTSS, los que se lee en el Boletín Informativo 06-2021. Lo más resaltante es:

a) Salarios atrasados 2021, se consultará a casa Matriz para cancelarlos.

b) Permiso con Goce de Salario, que se extiende hasta el 03/10/2021.

c) Salarios caídos 2018; se definirá según presupuesto, fecha y forma de pago.

d) Fueros especiales, se suspende los trabajadores (lactancia, maternal y sindical)

La prensa en Costa Rica ha publicado reiterados artículos sobre el reclamo laboral y situación de Alunasa

Cinco días después, el 28 de septiembre 2021, la Dirección Nacional de Inspección del Trabajo de Costa Rica determina que Alunasa, durante todo el año 2020 y algunos meses del 2021, ha tenido actividad comercial, sin afectación por el bloqueo comercial de Estados Unidos y con las complicaciones del Covid19. Con ello la empresa no acredita prueba suficiente para la suspensión por un caso fortuito o por fuerza mayor; el MTSS rechaza la solicitud de suspensión y queda claro que  la causa de este problema obedece a una mala administración.

Varias gerencias de Alunasa han quebrado la empresa y engañado a los trabajadores

El fatídico 2018 para la empresa

Era martes de la Semana Santa, exactamente el 27 de marzo 2018, cuando verbalmente la empresa comunica la suspensión temporal de contratos laborales sin salario hasta por 3 meses; al día siguiente se hizo efectiva. Cuando finaliza el asueto santo, los empleados suspendidos acuden, el lunes 02 de abril 2018, al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), ubicado en Puntarenas, para aclarar las dudas del caso y las acciones tomadas por CVG ALUNASA.

La sorpresa es que ese mismo día, a las 9:30 AM, en el Registro Nacional de Costa Rica, se presentó un traspaso de la empresa a un fideicomiso. Los trabajadores acudieron a la Defensa Pública, advirtiendo el riesgo jurídico de los derechos de los trabajadores, ya que sin un comunicado oficial y por escrito que evidenciara que los trabajadores estarían suspendidos sin salario hasta por tres meses, existía la posibilidad de que los despidieran por abandono de trabajo tras ausentarse dos días seguidos en el mismo mes. Así se crea un sindicato.

Las evidencias hablan por sí solas

El jueves 05 de abril 2018 los trabajadores logran, por primera vez, reunirse con el Ministro de Trabajo de Costa Rica, Alfredo Hasbum Camacho y con la Viceministra de Trabajo y Seguridad Social Área Laboral, Nancy Marín Espinoza; les hablan del nepotismo, parentescos políticos y sanguíneos, los despilfarros, residencial sobre valorado, plaza Hugo Chávez, compra de premios, corrupción en cuanto a creación de empresas (Improalum, Unifoil), que hubo un solo aumento en esa gestión, semanas laborales (7 días laborados, 1 libre), retención indebida de rebajos de salario por 2% y 3%, comedor, préstamos asociación, préstamos bancarios, pensiones alimentarias, seguro social, cuota para pensiones.

Les dijeron a los altos funcionarios de Costa Rica cómo en la empresa venezolana Alunasa todo lo manejan verbalmente, sin dejar documentos de nada. Además, cómo desde noviembre 2017, ocurren reiterados retrasos en el pago de salarios, incluido aguinaldo. “No es sólo la importación de aluminio, también la planta se encuentra en abandono, la salud y seguridad ocupacional está descuidada, inconsistencias en importaciones”.

Los compromisos de los funcionarios venezolanos ante el Ministerio de Costa Rica, Boletín Informativo 06-2021 del 24 de septiembre

Hubo dos meses de reuniones hasta que, el 17 de mayo del 2018, ocurre la conciliación con el Acuerdo ANEP-ALUNASA17.05.2018, acordando reincorporar a los 35 trabajadores que aguantaron el proceso hasta el final; trabajadores rompieron su relación laboral con CVG Alunasa, interpusieron demandas y embargos.

La empresa venezolana, con sede en Costa Rica, desde el 2018, que se inició todo el proceso narrado, pasó de tener 412 empleados a 200. El 17 de octubre 2018, según Gaceta Oficial # 41.504 de Venezuela el Ministerio de Industrias y Producción Nacional nombra a Pablo Emilio José Gregorio Tumero Astros como presidente de CVG Alunasa. Se creía que la nueva gestión sería positiva para la empresa, pero fue imposible porque de la gestión anterior quedaron el asesor jurídico Carlos Peña Díaz, mediador o representante ante el MTSS, su esposa, Lorena Domínguez y un par de venezolanos más.

Alunasa: la historia de una empresa venezolana arruinada por la corrupción - Infobae

La esposa de un militar detenido denunció que su marido fue acusado injustamente para encubrir a un alto oficial de la GNB

 

Juana Janeide Signe le aseguró a Infobae que el jefe Antidrogas en el Aeropuerto de Maiquetía inculpó a Franklyn Parada Hernández de la fuga de cuatro presos para liberarse de su responsabilidad en el caso

Sebastiana Barráez/ lunes 27 de septiembre 2021

@SebastianaB

 

Tomado de Infobae 

“El día 21 de junio 2021, a las 2:30 PM, mi esposo, el SM1 (GNB) Franklyn Parada Hernández, se encontraba en su lugar de trabajo en RX, en el puerto La Guaira, cuando llegaron funcionarios con una orden de detención y se lo llevan para el Tribunal Quinto de Primera Instancia en Funciones de Control de Circuito Judicial Penal de La Guaira, a cargo de la Juez Ledys Romero García, a solicitud de la Fiscal Novena cuyas titulares son las doctoras Eumary Hernández y la Auxiliar Karla Bedetti, quienes se niegan a aceptar las diligencias de la defensa”, revela a Infobae Juana Janeide Signe.

El Mayor de Primera Franklin Parada Hernández

“Estoy con los nervios de punta ante tanta incertidumbre. Aquí solo vivimos mi esposo y yo, porque los hijos se han ido. Es mentira que nos permiten la visita los martes y jueves. Nosotros vivimos en el estado Yaracuy y me cuesta mucho trasladarme hasta La Guaira para que solo me permitan unos minutos de visita. Nadie nos da información. Como son cosas de militares pues todo lo tienen callado”.

Ella confiesa su miedo por el futuro de Parada Hernández. “Lo tienen preso porque se negó a admitir los hechos”, dice Signe, quien coincide con lo que ha sucedido en el caso de otros detenidos por el mismo hecho. (https://www.sebastianasinsecretos.com/2021/09/el-desesperado-pedido-de-la-madre-de-un.html?m=1)

El 20 de julio 20201 el Ministerio Público los imputa por el delito de evasión favorecida, con corrupción propia agravada, encubrimiento de delitos menores y agavillamiento. El 25 de agosto, fue  llevado ante el Tribunal Quinto de Control para la audiencia preliminar, a cargo de la Juez Leydis Romero García.

“La Fiscalía Novena, cuya titular es Eumary Hernández y la auxiliar Karla Bedetti, le dijeron a SM1 Parada Hernández que asumiera hechos y le darían la libertad. Eso no es una negociación, porque mi esposo no es culpable ni responsable de lo que se le imputa. Van tres meses del caso y no hay elementos de convicción que prueben su culpabilidad”.

Juana Janeide Signe, esposa del SM1 Franklyn Parada Hernández

“Lo enviaron al CONAS (Comando Antiextorsión y Secuestro) para obligarlo a asumir hechos. Es una arbitrariedad de parte de la fiscal Eumary Hernández cuando todas las pruebas están a favor de mi esposo y de los otros militares. Es grave que la juez no garantice los derechos constitucionales de mi esposo”.

El Sargento Mayor de Primera Franklyn Parada Hernández, oriundo del Táchira, pertenece a la promoción “C/2(F) Pedro Ángel Arellano Carrero” de la Escuela de Guardias Nacionales de Cordero, estado Táchira (Esguarnac) y tiene 24 años de servicio.

La fuga

El día 16 de junio de 2021, el comandante del SM1 (GNB) Franklyn Parada Hernández le pide que se presente en su oficina “con el uniforme con el cual ascendería, una semana después, a Sargento Ayudante”, diciéndole que, por su jerarquía y años de servicios, solicitan tomarle unas fotos “para ser enviadas al Coronel”, lo revela a Infobae su esposa Juana Janeide Signe.

Comando Antidrogas de La Guira

Cinco días después, el 21 de junio 2021 estando en Catia La Mar, a la una de la madrugada el Sargento Mayor de Primera estaba en su dormitorio; a él le correspondía recibir la tercera ronda de guardia a las 3:00 AM. “Era la 1:30 AM cuando toca la puerta la Sargento Primera María González Escorche, quien cumplía guardia desde las 12 de la medianoche; le informa del escape de cuatro presos que se encontraban en el calabozo Nro. 1”.

A las 4:30 de la madrugada, el comandante del Grupo Antiextorsión y Secuestro Nro. 45 La Guaira, luego de ser notificado de la fuga, ordena que se constituya que se dirija al puerto marítimo de La Guaira; estando en el lugar se entrevistan con el Mayor Héctor Gustavo Reyes, Comandante de la Unidad Especial Antidroga Nro. 45. “La sección Antidroga del puesto Marítimo de la Guaira informó a los funcionarios sobre la fuga, a la vez que comunica que el personal de guardia para el momento del hecho era la S1 González Escorche y que el resto de los militares se encontraban en la sala de dormitorio”.

Explica la esposa de Parada Hernández que “los funcionarios de alta jerarquía se trasladaron con los sargentos al calabozo de donde se fugaron los cuatro individuos, ubicado en el primer piso. Observaron un orificio en la pared, justo en el desagüe del aire acondicionado, por donde se presume que ocurrió la evasión de los sujetos”.

Entre las cosas que se han determinado es “que la supervisión,  control  y funciones, dentro de la unidad, no se cumplían por parte del Coronel Ronald Benjamín Hernández Mora, porque si tienen privados de libertad en los calabozos, no designó un servicio  de  guardia, tampoco designó servicio guardia en la azotea, parte posterior por donde se evidenció el escape”.

El jefe Antidrogas de Maiquetía para el momento de la fuga, Cnel (GNB) Ronald Benjamín Hernández Mora

La pregunta de Juana Janeide Signe es ¿por qué el Coronel Hernández Mora le asigna servicio a la militar femenina S1 González Escorche, para un segundo turno de ronda, sola, cuando eso no está permitido según el Plan Operativo Vigente (POV)? Dice que hay coincidencias en señalar que ese día de la fuga el coronel Hernández Mora estaba ebrio y el 25 de agosto de 2021, según resolución 042126, fue sustituido en el cargo por el Coronel Ramón Elías Rodríguez Geraldo.

“El Coronel Ronald Benjamín Hernández Mora se liberó de toda responsabilidad siendo el jefe Antidrogas en el Aeropuerto de Maiquetía, y lo hizo para perjudicar la carrera militar de mi esposo Sargento Mayor de Primera Parada Hernández, a la que llegó con mucho sacrificio y no es justo que perjudiquen su imagen e intachable hoja de vida”.

“Le solicito a las autoridades judiciales, al Ministerio Público al Presidente del Tribunal Supremo de Justicia y al Presidente Nicolás Maduro, que se investigue muy bien el caso, usted que conoce los reglamentos a profundidad y los procedimientos a seguir”.

Juana Janeide Signe destaca con indignación que “lo extraño es que los implicados en la fuga de los cuatro detenidos, ya están en libertad, buscaron 4 fiadores, les dieron medida cautelar y presentación por ocho meses. Mientras que mi esposo sigue detenido en el CONAS, aun habiendo vaciado de su teléfono y entrevistando a los presos para ver si él estaba implicado en el caso. La causa es parte del expediente MP-124830-21, que se encuentra en los tribunales ordinarios”.

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Corrupción en la Justicia militar de Venezuela: varios magistrados cobraron sobornos para liberar a un comandante que se fugó del país

 

La investigación se desencadenó por el pago que permitió el beneficio de una medida humanitaria del teniente coronel Erick Fernando Peña Romero

Sebastiana Barráez/ domingo 26 de septiembre 2021

@SebastianaB

 

Tomado de Infobae 

Cuando al teniente coronel (Ej) Erick Fernando Peña Romero, uno de los siete comandantes del 2 de Marzo o Movimiento Transición a la Dignidad del Pueblo, le dieron medida cautelar por razones humanitarias, los que firmaron la medida no pensaron que tiempo después eso le costaría la cabeza a varios jueces, incluyendo la destitución del MG Edgar José Rojas Borges, presidente de la Corte Marcial y presidente del Circuito Judicial Penal Militar; la detención del juez militar, coronel Alfredo Enrique Solórzano Arias  y amenace la destitución de por lo menos dos jueces militares más, entre esos Mickel Enrique Amezquita Pión.

Tribunales Militares sacudidos por destitución y detención de jueces castrenses

Peña Romero, quien era administrador del Hospital Militar de Caracas, fue detenido el 2 de marzo 2018, junto con un grupo de comandantes cercanos a la revolución bolivariana; simultáneamente apresaron a los comandantes (Ej) Igbert José Marín Chaparro, Deibis Esteban Mota Marrero, Víctor Eduardo Soto Méndez, Juan Carlos Peña Palmentieri y Henry José Medina Gutiérrez, así como el Primer Teniente Geibert Ariza Apolinar y el Sargento Supervisor Julio César Gutiérrez.

El magistrado canciller de la Corte Marcial, Coronel Alfredo Enrique Solórzano Arias, en una charla en el TSJ

En diciembre 2018, Peña Romero recibe la cautelar por medida humanitaria, y así estuvo un par de años hasta que los abogados de los comandantes se dispusieron a introducir una apelación al fallo del tribunal que condenó a cinco, de los seis comandantes, en un juicio exprés el 16 de diciembre 2020.

Tcnel Peña Palmentieri con su esposa. Él es uno de los comandantes del 2 de Marzo

Peña Romero se percata de que la apelación, hecha por los abogados en la audiencia de apelación en mayo 2021 y que fue declarada con lugar en agosto, implicaba que al él le retiraran la cautelar, porque iba a revelarse que no estaba enfermo de gravedad, excusa para que se la dieran. Ante eso el teniente coronel decide huir del país.

Teniente Coronel Erick Fernando Peña Romero

Solórzano Arias, quien fue el juez en apelación de la causa de los Comandantes del 2 de Marzo, declara con lugar la apelación y es así como el caso regresa otra vez a juicio, aunque todavía no hay fecha para ello.

La investigación que le abren a un grupo de jueces de la administración de justicia militar habría surgido por el pago que permitió la medida cautelar que le dieron al teniente coronel (Ej) Erick Fernando Peña Romero. Lo extraño es que la detención de Solórzano Arias ocurra ahora, aunque la investigación a funcionarios de la Corte Marcial ocurrió desde el momento en que esa medida cautelar fue concedida.

Entre quienes pudieran ser detenidos está el recién destituido presidente de la Corte Marcial, Mayor General (Ej) Rojas Borges, así como otros jueces, entre ellos el juez militar Amezquita Pión.

El presidente del TSJ, Maikel Moreno y el ahora ex presidente de la Corte Marcial, MG Rojas Borges

Los comandantes
De los seis comandantes del 2 de marzo, cinco tenían batallones a cargo, menos Peña Romero, quien fungía como administrador en el Hospital Militar. Meses después de estar detenido en el Centro de Procesados Militares de Ramo Verde, él presentó una supuesta  crisis hipertensiva. Se lo llevan de emergencia al Hospital Militar, de donde él fue administrador, y ahí permanece una semana hospitalizado.

Varios militares aseguran que Peña Romero, como otros presos han hecho, usó la excusa de la hipertensión y se causó los síntomas ingiriendo una cucharada de sal en la mañana y otra en la noche para que se le disparara la tensión, poniendo en peligro su salud. La hipertensión fue la excusa para que le dieran la medida cautelar, que después se descubría que no habría sido de gratis y que les dio dinero a varios funcionarios. Cuando el juicio se inicia, él se presentaba a las audiencias.

Después que el juez Yoffer Javier Chacón Ramírez liberó a un comandante, a un primer teniente y a un sargento, condenó a los cinco tenientes coroneles: Marín, Mota, Peña Romero, Soto y Peña Palmintieri. Fue inexplicable que haya condenado a cinco comandantes que estaban en la misma causa, con las mismas imputaciones, por los mismos delitos, las mismas pruebas y los mismos hechos, que al comandante y dos subalternos que dejó en libertad. (https://www.infobae.com/america/venezuela/2020/12/22/un-juez-militar-condeno-a-cinco-comandantes-del-ejercito-venezolano-sin-pruebas-y-solo-con-dos-testimonios-un-coronel-delator-y-un-torturador/)

Es después de la apelación a esa condena que Erick Fernando Peña Romero decide fugarse y no se presenta ante el Tribunal, por lo que giraron una orden de aprehensión en su contra.

Es importante destacar que el Tcnel (Ej) Erick Fernando Peña Romero, jugó un papel relevante en el video con el que fue denunciado el entonces diputado Juan Carlos Caldera, del partido Primero Justicia, quien fue grabado recibiendo dinero del empresario venezolano Wilmer Ruperti, y que él explicó se lo ofreció el empresario como aporte a su candidatura a la Alcaldía del municipio Sucre.

Caldera reveló que el empresario Ruperti, quien ha sido uno de los privilegiados de la revolución bolivariana en lo que a contratos se refiere, le ofreció dinero para su campaña y para ello “me puso en contacto con su asistente Luis Peña, que es la persona que aparece ahí (en el video) extrañamente la borran y le distorsionan la voz”.

Lo interesante es que Luis Peña en realidad es Erick Fernando Peña Romero; no era asistente de Ruperti, pero sí hombre de confianza del entonces jefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), MG (Ej) Miguel Rodríguez Torres, quien está preso desde el 12 de marzo 2018.

MG Miguel Rodríguez Torres ex ministro y ex jefe del SEBIN preso desde el 2018

El juez preso

El Tribunal que conoció del caso de los comandantes Movimiento Transición a la Dignidad del Pueblo fue el del coronel Alfredo Enrique Solórzano Arias, quien desde hace unos días está en Policía Militar de Fuerte Tiuna, como el primer preso por la presunta red de corrupción que descubrieron en justicia militar. (https://www.infobae.com/america/venezuela/2021/09/23/escandalo-en-la-justicia-militar-de-venezuela-nicolas-maduro-designo-a-dedo-dos-cargos-clave-y-arrestaron-por-extorsion-a-un-magistrado/)

Ese oficial, Solórzano Arias, en febrero 2006, fue nombrado en el Tribunal Militar Séptimo de Control con sede en Barquisimeto. Para el 2017 el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), magistrado Maikel Moreno, lo juramentó como juez relator de la Corte Marcial, designado por la Sala Plena del máximo tribunal.

En abril 2021, Molly De La Sotta, hermana del capitán de navío Luis Humberto De La Sotta, en manos de la DGCIM, desde el 2018, denunció que el Coronel Solórzano Arias, “después de un mes no responde al amparo constitucional del 5/3/21 y no ha entregado la decisión de suspensión del juicio de diciembre 2020 que restituyó la Causa a la Audiencia Preliminar violando el debido proceso y a su libertad”.

En el caso del llamado Golpe Azul, Solórzano Arias fue uno de los tres jueces del Tribunal de Guerra accidental, junto con el Coronel Jesús Alberto Montoya y el Capitán de Fragata Noguera Seco. Entre los militares condenados por ese caso está el GB (Av) Oswaldo Hernández, el Coronel (Ej) José Gregorio Delgado Vásquez, Tcnel (Av) Ruperto Chiquinquirá Sánchez Casares, Mayor (Av) Víctor Ascanio Castillo, My (Av) César Orta Santamaría, Cap (Av) Andrés Tomsom Martínez, Cap (Av) Neri Córdoba Moreno, Cap (Av) Laired Salazar Zerpa y Cap (GNB) Juan Carlos Nieto Quintero.

El nuevo presidente de la Corte Marcial, Mayor General Jesús Emilio Vásquez Quintero, quien era hasta hace unos días el Fiscal General Militar, es plaza de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), lo que aunado a que desde que los comandantes del Movimiento Transición a la Dignidad del Pueblo fueron detenidos el 2 de marzo 2018 emitió juicios de valor contra ellos, muchos de los detenidos no tienen expectativas de recibir justicia ni el debido proceso.

Corrupción en la Justicia militar de Venezuela: varios magistrados cobraron sobornos para liberar a un comandante que se fugó del país - Infobae

Escándalo en la justicia militar de Venezuela: Nicolás Maduro designó a dedo dos cargos clave y arrestaron por extorsión a un magistrado

 

El mandatario repitió lo que hizo en el 2017: violar la Constitución al actuar como si los tribunales militares fueran legalmente subalternos suyos

Sebastiana Barráez/ jueves 23 de septiembre 2021

@SebastianaB

 

Tomado de Infobae 

Escándalo en el poder judicial militar. Destituido presidente de la Corte Marcial, lo sustituye el Fiscal General Militar, a la vez que ponen preso en Fuerte Tiuna, por presunta extorsión, a un juez militar que había sido perseguidor implacable de militares presos políticos, entre ellos a los del llamado Golpe Azul.

Mg Rojas Borges (izq) y quien lo sustituye: Jesús Emilio Vásquez Quintero

Nicolás Maduro repite lo que hizo en el 2017 con la destitución del Presidente de la Corte Marcial y Presidente del Circuito Judicial Penal Militar, al destituir al Mayor General (Ej) Edgar José Rojas Borges y nombrar en su lugar a quien ocupaba el cargo de Fiscal General Militar, Mayor General Jesús Emilio Vásquez Quintero.

Rojas Borges, a quien le dicen Papelón, ha sido responsable directo del triángulo que materializó la tortura en Venezuela contra militares y civiles. También la remoción de Alfredo Enrique Solórzano Arias no pasa desapercibida porque ha sido señalado como un juez totalmente complaciente con los cuerpos de seguridad del Gobierno, y actuó de manera injusta contra varios detenidos.

Estalló una red de corrupción y extorsión lo que habría causado la destitución de Solórzano Arias y se haya ordenado su detención; ahora se encuentra preso en la cárcel de Policía Militar en Fuerte Tiuna; lo recluyeron justamente frente a la celda del teniente coronel Mogollón, de manera que pasó de perseguidor a preso.

El juez militar Mickel Enrique Amezquita Pión

Edgar José Rojas Borges fue destituido de un plumazo, a través de la resolución 42548, con fecha 17 de septiembre 2021, la cual fue suscrita por el Ministro de la Defensa, General en Jefe Vladimir Padrino López, recalcando que lo hace por disposición de Nicolás Maduro Moros, en base al artículo 78 numeral 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública y de la Ley Constitucional (figura que no existe en el ordenamiento judicial venezolano) de la Fuerza Armada Bolivariana.

Ese mismo día, 17 de septiembre, con la Resolución 42549, sacaron al Mayor General Jesús Emilio Vásquez Quintero de la Fiscalía General Militar y lo enviaron a la presidencia de la Corte Marcial. El nuevo Fiscal es el General de Brigada José Daniel Monsalve Maldonado.

Resolución del reemplazo del presidente de la Corte Marcial

Para Rojas Borges complacer las órdenes del régimen prevaleció y por ello no consideró peticiones de familiares de las víctimas, ignoró denuncias contra la actuación de jueces militares, algunas extremadamente crueles.

Algunas de esas denuncias ignoradas fueron contra la juez primera de control, Claudia Carolina Pérez Benavides de Mogollón, quien violó en reiteradas oportunidades los derechos humanos de los militares de Comandos del Mar. Otra denuncia ignorada por el expresidente de Corte Marcial es contra el juez Mickel Enrique Amezquita Pión, de quien Katherine Dayana Guerrero Martínez, esposa del Primer Teniente (Ej) Luis Alejandro Mogollón Velázquez, denunció en octubre 2020 que después de la audiencia con el juez Amezquita Pión, el 15 de diciembre 2017, hubo contra su esposo tratos crueles e inhumanos por parte del entonces director de Ramo Verde, Capitán de Navío José Ramón Boston Silva, y personal de custodios como el Capitán de Corbeta Pinto Verde.

El juez Alfredo Enrique Solórzano Arias, preso en Policía Militar de Fuerte Tiuna

El poder
Las resoluciones con las cuales Padrino López plasma los cambios en la Corte Marcial y la Fiscalía General Militar se basan en dos artículos, que no dan mayor explicación, pero que revelan cómo se designa a esos funcionarios. Es decir, Nicolás Maduro decide esos nombramientos, como hizo en el 2017 como si la administración de justicia militar fuera legalmente subalterna suya. 

En el 2017, Maduro destituyó al entonces presidente de la Corte Marcial y del Circuito Judicial Penal Militar, General (Ej) Henry Timaure Tapia, a quien reemplazó por quien ejercía el cargo de Fiscal General Militar, Edgar José Rojas Borges, el mismo que tres años después sale sustituido por quien ocupa la Fiscalía Militar.

Nombramiento del nuevo Fiscal General Militar

Ocurre un hecho aberrante, como se ha tratado de hacer costumbre en la administración de justicia en Venezuela y es nombrar a un juez en cargos de fiscal y viceversa, sin que importe que el fiscal actuara en ese mismo tribunal.

Adicionalmente se está violando la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, cuyo artículo 261 dice expresamente: La jurisdicción penal militar es parte integrante del Poder Judicial, y sus jueces serán seleccionados por concurso. Su ámbito de competencia, organización y modalidades de funcionamiento se regirán por el sistema acusatorio y de acuerdo con lo previsto en el Código Orgánico de Justicia Militar. La comisión de delitos comunes, violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, serán juzgados por los tribunales ordinarios. La competencia de los tribunales militares se limita a delitos de naturaleza militar.

Mayor General (Ej) Edgar José Rojas Borges, destituido de la Corte Marcial y Circuito Penal Militar

Y si eso dice el artículo 261 hay que referirse sin vacilar al artículo 255: “El nombramiento y juramento de los jueces o juezas corresponde al Tribunal Supremo de Justicia”. ¿Entonces cómo es que Nicolás Maduro decide y Padrino López aprueba que esos nombramientos se hagan violando la Constitución? A menos que haya considerado arbitrariamente que la jurisdicción penal militar no es parte del Poder Judicial sino del Poder Ejecutivo o tal vez que con el cuento de la Ley Constitucional o del Código Orgánico de Justicia Militar, del año 1998, asuma que hay un ordenamiento jurídico por encima de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (año 1999).

La jueza militar Claudia Carolina Pérez Benavides de Mogollón

El general Padrino López por otra parte, está ignorando ese Código Orgánico de Justicia Militar, que en su artículo 33 expresa: “para la formación de la Corte Marcial el Ministro de la Defensa presentará a la Corte Suprema de Justicia, al iniciarse cada periodo constitucional, dentro de los 30 primero días una lista de 15 individuos, 12 oficiales y tres abogados. De esa lista la Corte Suprema de Justicia (hoy Tribunal Supremo de Justicia) escogerá los principales...”.

Ahora ocurre con el Mayor General Jesús Emilio Vásquez Quintero, lo mismo que Rojas Borges en e pasado, pasa de ser juez de las personas a quienes acusó.

Escándalo en la justicia militar de Venezuela: Nicolás Maduro designó a dedo dos cargos clave y arrestaron por extorsión a un magistrado - Infobae

La lapidaria carta de un reconocido abogado al gobierno de Maduro: “Le impiden a los venezolanos tener acceso a las garantías constitucionales”

Natalio Valery denunció ante el presidente de la Asamblea Nacional que la modificación de varias leyes convertirá al país petrolero en un "Estado sin Ley"

Sebastiana Barráez/ lunes 20 de septiembre 2021

@SebastianaB

 

Tomado de Infobae 

A través de una lapidaria misiva, el reconocido abogado penalista, Natalio Valery Vásquez, le expresa a Jorge Jesús Rodríguez Gómez, ante la modificación de varias leyes (https://www.infobae.com/america/venezuela/2021/09/19/la-burlona-reforma-de-las-leyes-con-las-que-el-chavismo-quiere-hacer-creer-que-respetara-los-derechos-humanos/ : “Sí usted quiere ver la realidad, vaya a las estadísticas de los casos resueltos por Jueces, Fiscales del Ministerio Público y Defensores Públicos: Todos son acuerdos y admisión de los hechos, para complacer a la Ministra María Iris Varela Rangel, quien torció el derecho para convertir la República Bolivariana de Venezuela, en un Estado sin Ley”.

Abogado penalista de jurisdicción ordinaria y militar, Natalio Valery Vásquez

Natalio Valery se dirige al presidente de la Asamblea Nacional, según expresa, “en virtud de sus reiteradas apariciones por las redes sociales, donde usted se promueve anunciando importantes decisiones sobre el Código Orgánico Procesal Penal (COPP)”.

Y subrayó lo que la Asamblea Nacional chavista resalta como las importantes reformas: 1) Se aprueba reforma parcial del COPP, en la cual se profundizan las garantías procesales y la protección de los DDHH de los justiciables. 2) Se regula la apelación con efecto suspensivo, solo se podrá ejercer en la audiencia preliminar y únicamente sobre delitos graves. 3) No podrá ejercerse contra la sentencia absolutoria en juicio que otorgue la libertad del acusado.4) Proporcionalidad de las medidas de coerción personal (art 230). 5) La medida de privación de libertad no podrá exceder los dos años; se podrá conceder una única prórroga por el lapso de un año. 6) Bajo esta premisa ninguna persona debería estar más de 3 años privado sin ser penado. 7) Se reducen los lapsos para la investigación y los lapsos entre diferimiento de las audiencias. Ejemplo: suspendida la audiencia preliminar deberá fijarse en los próximos 5 días. 8) Deben establecerse en las sedes de los tribunales penales oficinas del Ministerio de Asuntos Penitenciarios; de esta forma se agilizarán los trámites de ingreso y egreso de privados de libertad (Ejecución de boletas de excarcelación).

“Antes de dar mi explicación, le digo que no hay necesidad alguna de reformar el Código Orgánico Procesal Penal (COPP), porque ya la abogada María Iris Varela Rangel, como Ministra Penitenciaria, había impuesto su voluntad sobre los Jueces Penales de Venezuela, creando un desorden procesal, originando la ausencia de Estado de Derecho”.

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“En consecuencia, los abogados privados fueron excluidos, y los jueces penales, fiscales del Ministerio Público y defensores públicos pasaron solamente a ocupar unos cargos, sin posibilidad de aplicar sus conocimientos, al calor del debate judicial de las partes, como debe ser cuando hay Estado de Derecho”.

Los cómplices

"Los que por vocación nos graduamos de abogados, lo hicimos para ejercer nuestras profesiones y ganar o perder con dignidad en el debate judicial”, destaca Valery Vásquez quien es abogado en ejercicio, en la jurisdicción ordinaria y militar, y fue en el pasado Juez Quinto de Instrucción del Distrito Federal y estado Miranda, Inspector de Tribunales, Asesor Jurídico del Grupo 4 de la Casa Militar, asesor jurí­dico de la presidencia de la Cámara Municipal del Distrito Capital en Caracas. Ha recibido múltiples reconocimientos de instituciones civiles y militares.

Es autor de varias publicaciones: El Recurso de Casación Penal Venezolano, Código de Enjuiciamiento Criminal comentado y concordado, la Ley Bajo Fianza de Cárcel Segura, Tú defensa frente al delincuente y tus Derechos ante las Autoridades, Defensas Penales, entre otras.

Dice el jurista Valery Vásquez que “desde el Ministerio de Asuntos Penitenciarios, se ordenaba la libertad de procesados, pasando por encima de la majestad de los jueces y fiscales del Ministerio Público, mientras hacían cómplices a los defensores públicos de esas aberraciones jurídicas”.

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A su juicio “el problema no es el Código Orgánico Procesal Penal (COPP), el problema es ustedes cómo gobierno, que le impiden a los venezolanos tener acceso a las garantías constitucionales, las contenidas en el COPP, otras leyes y tratados y convenios internacionales suscritos con Venezuela”.

Es enfático al decirle a Rodríguez Gomez “ustedes no pueden establecer, en las sedes de los tribunales penales, oficinas del Ministerio de Asuntos Penitenciarios, porque están irrespetando la majestuosidad de nuestros jueces”.

“Si realmente tienen intenciones de remendar el capote, en las decisiones de la Justicia Penal en la República Bolivariana de Venezuela, no tiene que interferir el Ministerio de Asuntos Penitenciarios, y la mejor forma de que pueda empezar a aflorar el Estado de Derecho, es que se respete la decisión del reo o imputado de nombrar o elegir a su abogado defensor sea privado o no”.

Resalta que el abogado tiene el derecho de cumplir sus funciones sin obstáculos en los organismos policiales, o políticos como la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), dónde se encuentre recluido”, finaliza la comunicación del doctor Natalio Valery Vásquez.

Órdenes de Valera

Cuando en abril del año pasado, y con la excusa de controlar la expansión del Covid19, la entonces Ministra para el Servicio Penitenciario, abogada María Iris Varela Rangel, liberó a 382 presos del Centro Penitenciario de Tocuyito, estado Carabobo, lo hizo basándose en el Régimen de Confianza Tutelado, establecido en el Código Orgánico Penitenciario. Lo hizo frente a funcionarios del Poder Judicial, Defensa Pública y Ministerio Penitenciario.

Lo que entonces impuso Varela Rangel, quien es la actual Vicepresidente de la Asamblea Nacional oficialista, fue pasar por encima de la Constitución, como lo ha hecho desde que Hugo Chávez la colocó al frente del entonces recién creado Ministerio Penitenciario.

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Varela liberó a esos 382 presos, asumiendo las funciones de juez, fiscal y defensor. El diario Últimas Noticias, uno de los medios de propaganda del régimen venezolano, publicó que ‘Varela se sentó en la oficina del director y comenzó a revisar cada uno de los expedientes correspondientes a los reos beneficiados. Pasado el mediodía, paró 15 minutos para almorzar una ensalada de atún con galleta dietética. Ya entrada las 3: 30 pm, salió al patio central donde estaban los presos beneficiados. A cada uno fue llamando por su nombre y apellido para entregarle un acta que debían firmar. A las 9pm, salió del centro penitenciario y en las afueras fue aplaudida por familiares de presos que plenaron la avenida’.

No era un hecho inédito, unas semanas antes, ya había otorgado boletas de excarcelación a 122 de los presos recluidos en los Internados Judiciales Rodeo II y Rodeo III, Guatire, estado Miranda.

La excusa del Régimen de Confianza Tutelado es favorecer a los presos con sentencia por delitos de menor gravedad, que han cumplido el tiempo de condena suficiente para optar a medidas alternativas al cumplimiento de la pena, pero que no hayan sido otorgadas por los tribunales correspondientes; los procesados que reciben ese beneficio son aquellos cuyos delitos tienen penas que no exceden los ocho años de condena.

Iris Varela, quien sigue manejando, por debajo de cuerda el Ministerio Penitenciario, primero inventó el Plan Cayapa, con el que dejó en libertad a gran cantidad de personas, algunas con delitos graves. El año pasado liberó presos con la excusa del COVID y a cambio se ha ganado la lealtad de muchos de los ex presidiarios y sus familiares.

La lapidaria carta de un reconocido abogado al gobierno de Maduro: “Le impiden a los venezolanos tener acceso a las garantías constitucionales” - Infobae