Como no lo encontraron, se llevaron a su hermano, lo torturaron y lo acusaron de Traición a la Patria: la historia de un activista venezolano

 

El único delito del Sargento Mayor de Segunda del Ejército venezolano Larry Arcesio Osorio Chía es ser hermano de Rubén Darío, un militar retirado que defendía los derechos humanos en la ONG Fundaredes

Sebastiana Barráez/ martes 11 de octubre 2022

@SebastianaB

Tomado de Infobae 

Rubén Osorio era activista de Fundaredes y debió huir hacia Colombia

El único delito del Sargento Mayor de Segunda del Ejército venezolano, Larry Arcesio Osorio Chía, es ser hermano de Rubén Darío, un militar retirado que participaba como activista de derechos humanos en Fundaredes. Cuando el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) desató una persecución contra el director de esa ONG, José Javier Tarazona Sánchez, a quien detuvo junto a su hermano Rafael y al abogado Omar de Dios García, fue tras la búsqueda de Rubén Darío, pero luego de varios días, al no dar con él, decidieron llevarse a su hermano Larry Arcesio, quien trabajaba en el Centro Pabellón Militar Núcleo Asistencial de Guasdualito, estado Apure.

Todos los que conocen a Larry aseguran que es el más tranquilo de los dos hermanos. “Él no se metía en problemas, tiene seis hijos, pero con su esposa actual solo el más pequeño; ella es una teniente de la Aviación. A sus 40 años, Larry se dedicaba a su trabajo y aspiraba progresar en su carrera militar; todo eso se lo destruyeron el día que los funcionarios del SEBIN se lo llevaron”, le dice a Infobae un compañero del militar preso.

Larry Osorio estaba residenciado en el estado Táchira. Ese 6 de agosto del 2021 cumplía servicio en su trabajo en el Pabellón Militar en Guasdualito, Apure. “Siete funcionarios del SEBIN llegaron con una orden de detención del Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control con Competencia en Terrorismo del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas. Le robaron todo lo que tenía ahí y se lo llevaron, en una avioneta, desde Apure hasta el Sebin en Caracas, recluyéndolo en El Helicoide”.

Funcionarios del SEBIN lo trasladaron hasta El Helicoide

Asegura que amigos comunes le dijeron que “a Larry le pusieron bolsa de plástico en la cabeza, lo golpearon y le preguntaron por Rubén. Esa familia la ha pasado muy mal porque para colmo unos abogados influyeron en que se enemistaran entre ellos. Larry trabajaba en el Hospital Militar de San Cristóbal cuando lo mandaron, en comisión de servicio, para Guasdualito y apenas tenía unas semanas cuando reventó ese problema con Fundaredes”.

Ni siquiera la familia de Larry supo que él estaba detenido. “Todos sabían que a quien estaban buscando era a su hermano Rubén Darío que trabajaba con Fundaredes y el profesor Tarazona. A la familia la llamó, al día siguiente, el superior de Larry para informarles que el SEBIN lo había detenido, pero cuando esa gente llegó a Caracas para verlo, no se lo permitieron. Después se enteraron que le imputaban Terrorismo, Traición a la Patria e Instigación al Odio”.

“Cuando los funcionarios se le metieron a la casa a la mamá de los Osorio la intención fue intimidar a esa familia, donde hay varios militares. Ellos la pasaron muy mal porque el único que tenía relación con Tarazona era Rubén”.

Larry Arcesio Osorio Chía está preso en El Helicoide

Que se entregue

Aunque Larry nunca tuvo relación o intercambio de mensajes directo con Tarazona, sí aparecieron en el teléfono del director de Fundaredes mensajes que Larry le había enviado a su hermano con comentarios que este envió a Tarazona. 

Los funcionarios del SEBIN pretendieron ejercer presión sobre Rubén Darío Osorio Chía, quien pertenecía a un componente distinto al de su hermano preso, porque formó parte de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) hasta que, en el 2019, desertó de la Fuerza Armada en apoyo al gobierno interino de Juan Guaidó.

 “Los sebines le decían a la familia que a Larry Arcesio lo dejarían en libertad si Rubén se entregaba. Pero nadie creyó que fueran a cumplir eso, porque no es la primera vez que detienen a un familiar para obligar a otro a que se entregue, así como pasó con la familia del teniente Alemán. Entre más gente tengan presa, más abultan los expedientes”.

Un Tribunal de Terrorismo le imputó varios delitos a Larry Osorio

“Rubén se integró a trabajar con el profesor Tarazona y criticaba la alianza del Gobierno de Nicolás Maduro con los grupos disidencias de las FARC (Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia), ELN (Ejército de Liberación Nacional), por lo que se encargó en Fundaredes  de activar en favor de la libertad y la democracia, llevando a cabo un trabajo de información básica y de acontecimientos ocurridos día a día con los grupo irregulares colombianos en territorio venezolano”.

El compañero militar de Larry Osorio asegura que cuando el 2 de julio 2021, detienen en Coro a los tres activistas de Fundaredes, los acusan de incitación al odio, traición y terrorismo por denunciar ante los Organismos Internacionales la violación de los derechos humanos en Venezuela, la opinión pública reaccionó airadamente, pero ninguno de los Osorio Chía pensó que llegarían hasta ellos, mucho menos hasta Larry que no tenía ninguna relación con Fundaredes.

De Guasdualito se llevaron al sargento Osorio

“El primero que se puso alerta fue Rubén, porque cerca de la casa de su mamá, donde él vivía, en el Palmar de la Copé, municipio Torbes, estado Táchira, el 07 de julio 2021 varios individuos armados, pero sin identificación o documentación entraron a la casa. Dijeron que eran funcionarios de la DGCIM (Dirección General de Contrainteligencia Militar) y que buscaban a Rubén Darío. Tengo entendido que trataron muy mal a la señora y a otros familiares de ellos que estaban ahí”.

“Un vecino de ellos me contó que cuando los funcionarios estaban en la casa, Rubén venía llegando y al percatarse de lo que sucedía saltó por encima de unas casas, logrando ocultarse y después huir de la urbanización, escapando en la madrugada, por las trochas, hacia Colombia”.

No solo es que la carrera de Larry en el Ejército se destruyó, que está preso sin ser responsable de los delitos que le imputaron y ni siquiera participar con Fundaredes, sino que su hermano Rubén tuvo que abandonar los estudios de administración que cursaba en la universidad y está huyendo”.

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Un activista de Fundaredes estuvo tres años preso, fue presionado a declararse culpable y juzgado por delitos que no le son imputables

 

Alexis Bernardo Bustamante Molano insiste en apelar su caso, procurando la tramitación de los diferentes recursos dispuestos por la ley para lograr la revisión y rectificación correspondiente

Sebastiana Barráez/ lunes 21 de marzo 2022

@SebastianaB 

Tomado de Infobae 

Alexis Bernardo Bustamante Molano es primer teniente (GNB) y fue funcionario de la DGCIM, hasta que se retiró de la Fuerza Armada Bolivariana y se hizo activista de la organización Fundaredes en el estado Zulia; su pesadilla empezó en el Táchira hace casi tres años, el 17 de mayo 2019, cuando conversaba con el capitán Useche, un oficial del Ejército adscrito a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), quien ordena su detención sin previa orden de juez alguno. Durante 13 días estuvo en desaparición forzosa, secuestrado por los funcionarios que le negaron comunicarse con familia ni abogado privado.

Primer teniente GNB Alexis Bernardo Bustamante Molano

Dos días después de su detención, Bustamante Molano fue trasladado desde San Cristóbal hasta la sede principal de la DGCIM en Boleíta, Caracas. Cuando tiempo después pudo hablar con su familia, contó que en ese tiempo fue golpeado y vejado de diversas maneras. A los nueve días, el 26 de mayo, de haber sido detenido lo presentan, con un defensor público, ante el Tribunal Militar Tercero de Control, Mickel Enrique Amezquita Pión, con evidentes signos de la tortura recibida. Como ocurre en la mayoría de los casos, cambiaron el día de detención para que se ajustara a los lapsos de Ley y el médico forense que lo chequeó no plasmó en el informe los signos de tortura.

Ante el descuido de sus custodios, el primer teniente intentó huir del Tribunal, (Sebastiana Sin Secretos: Un ex funcionario de Inteligencia intentó fugarse del Fuerte Tiuna luego de que lo imputaran por instigación a la rebelión) pero fue recapturado unos metros más adelante y trasladado nuevamente a la DGCIM, donde como castigo por su intento de fuga fue “golpeado en diferentes partes del cuerpo y obligado a permanecer semidesnudo en una habitación fría, de pie, sin alimentos, sin dormir, sin agua por dos días, repetidos golpes en la planta de los pies cuando decaía o procuraba sentarse”, narró poco después cuando fue trasladado, el 29 de mayo 2019, al Centro de Procesados Militares de Ramo Verde: ese día, por primera vez, le permitieron llamar a un familiar.

Funcionarios de la DGCIM desaparecieron forzosamente y torturaron al Teniente Bustamente

En agosto 2019 se realizó la Audiencia Preliminar y el oficial se negó a asumir el delito que le imputaron de Instigación a la rebelión, por lo que el juez ordena su permanencia en la cárcel de Ramo Verde. El tiempo corre para quien está en libertad, pero para quien están prisión corre lento, un día cada día, y así pasaron dos años desde que Bustamante Molano fue detenido en su natal Táchira.

Cada uno de esos más de 700 días estuvo el joven militar esperando la respuesta de las autoridades, pero quien llegó de visita fue el defensor público militar, Sargento Supervisor Ángel González, quien le dijo que él no había leído el expediente muy bien pero que lo que sí podía hacer era un escrito para que Alexis Bernardo Bustamante Molano asumiera, es decir, se declarara culpable de lo que le estaban imputando y así “agilizaría la apertura y que al bajar a la misma saldría en libertad". Es la misma excusa con la cual han doblegado a cientos de detenidos, quienes desesperados terminan cediendo a la “propuesta milagrosa” de los defensores públicos, incluso de los fiscales y los jueces al servicio del régimen venezolano.

El general Galavis González le dice a Bustamante que nombre defensor a la vez que le notifica que admitió los hechos libre de coacción

¡Qué defensor!

Llegó el día 28 de octubre 2021, casi dos años y medio después de estar privado de libertad, cuando a Bustamante los trasladan a la apertura de juicio a orden del Tribunal Militar Primero de Juicio; allí se omitieron aspectos relevantes para estimar la sentencia, luego de que el teniente había asumido, por lo que se dictaminó que la misma sería de 5 años.

En pleno acto, el defensor público militar le manifestó a Bustamante, que "por su locura al intentar irse de los tribunales tenía una raya y que casi lo hace meter en problemas"; la intención del defensor público nunca fue defender a Bustamante; es el mismo hecho de la casi totalidad de defensores públicos militares.

La justicia castrense juzgó a Bustamante como militar estando en su condición de civil

Bustamante Molano como su familia consideraron que la decisión del Tribunal no fue la apropiada y solicitaron apelación y/o revisión de la sentencia, pero el defensor público militar Sargento Supervisor Ángel González se rehusó a practicar la diligencia solicitada. Le dijo muy alterado y con énfasis a Bustamante que él “no perdería tiempo en eso ni gastaría papel”, y que si no le gustaba como habían quedado las cosas que se buscara a otro abogado afirmando que allí “no se cumple la ley sino las órdenes".

No le quedó otra opción al teniente Alexis Bernardo, ante la negativa del defensor público militar, que realiza a modus propio un escrito solicitando la respectiva apelación y tramitándola desde el 01 de noviembre de 2021, es decir, cumpliendo los lapsos correspondientes, a través de la Dirección de la cárcel de Ramo Verde, como instancia inmediata y parte del sistema de justicia.

Esa solicitud fue obstruida, dilatando los lapsos y procesada al Tribunal Militar Primero de Juicio el 8 de noviembre 2021, lo que le sirve de excusa al Presidente del Tribunal Militar Primero de Juicio, General de Brigada Luis Alberto Galavis González para rechazar la apelación, argumentando que el imputado asumió los hechos sin ser coaccionado, lo que es objetable, porque a tomar la decisión lo condujo la presión, engaño y dilación en el tiempo.

Juez Militar Mickel Enrique Amezquita Pion

Unas semanas después, el 01 de diciembre 2021, el joven militar retirado fue trasladado al Anexo Militar del Centro Penitenciario de Occidente en la cárcel de Santa Ana, estado Táchira. 

La apelación

Bustamante insiste en apelar su caso, procurando la tramitación de los diferentes recursos dispuestos por la ley para lograr la revisión y rectificación correspondiente a su caso. Entre los argumentos que hace está: la sentencia que impuso el juez Galavis González fue encontrándose el detenido en estado de indefensión, lo que se mantiene, desde el momento en el que el defensor público militar se rehusó a practicar la diligencia de apelación solicitada, según Art. 440 del Código Orgánico Procesal Penal, vulnerando los artículos 26, 27 y 49, en sus diferentes numerales, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Además, está el hecho que se omitieron aspectos fundamentales que no fueron debatidos por la defensa pública entre ellos que “en su condición de haber sido oficial asimilado (artículo 102 de la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana), retirado por solicitud propia (Art. 107 Nr. 4 y Art. 108 de la LOFANB así como el artículo 32 literal b.), Reglamento de Oficiales y SubOficiales profesionales de carrera asimilados de la FANB, desde noviembre 2017 le corresponde como calificación jurídica ser civil y se debe aplicar el artículo 487 del Código Orgánico de Justicia Militar que específica la "reducción de una tercera parte de la pena".

Otra de las consideraciones que hace Bustamante Molano es que se le ha imputado el delito Instigación a la rebelión, por lo que, al encontrarse solo en la causa, entre otras condiciones, no se cumplen las circunstancias señaladas en el Art. 486 del COJM, por lo tanto, se le ha condenado por un hecho que no ocurrió como delito.

El profesor Javier Tarazona denuncia el caso ante la Defensoría del Pueblo

Igualmente, en caso de un "delito no consumado", según el artículo 387 del COJM (tentativa), corresponde otra reducción de una tercera parte según el Art. 423 del mencionado código.

Otro de los aspectos es que la decisión de asumir en la apertura (casi a los dos años y medio) correspondió entre otras variables: a que la estimación de la pena más alta al asumir el delito imputado, con las condiciones anteriormente señaladas, sería inferior al tiempo privado de libertad. (2 años y 3 meses) como también hay precedentes y jurisprudencia al respecto con casos incluso de grupos y de oficiales efectivos.

Es indudable que para Bustamante la dilación o retardo procesal, el engaño, la presión y expectativa fundada de ser dictaminada una sentencia absolutoria concediendo la libertad en la apertura de juicio, representó también un mecanismo de coacción.

No puede obviarse situaciones personales del primer teniente, como lo es el aspecto familiar cuando le dificultaban o impedían el cumplimiento de su rol de padre de dos hijos de 5 y 6 años, el rol de esposo y de su libertad personal por más de dos años, lo que aunado a la pandemia y la situación económica les impidió el contacto físico e incluso verse.

Andreina Paola Alemán de Bustamante y María Lucia Molano Díaz, esposa y madre respectivamente del teniente Bustamante Molano. (Foto cortesía Diario Los Andes)

La Defensoría Pública Militar, a través del defensor público militar tiene conocimiento de diversas irregularidades mientras se le procesó; días después de haber sido detenido el 17 de mayo de 2019, sus familiares se vieron en la necesidad de presentar denuncia ante la Defensoría del Pueblo, sección Táchira, por su desaparición lo cual indica muestra de incumplimiento al debido proceso.

El teniente Bustamante Molano no desiste en su solicitud de revisión y rectificación de la sentencia ante la Corte Marcial como instancia superior al Tribunal, considerando los aspectos legales señalados, demostrando que la misma es apelable según lo referido a los artículos 443 y 444 en sus numerales 2 (Ilogicidad), 3 (Indefensión) y 5 (Errónea aplicación de una norma jurídica), sin escatimar otra aplicable.

Un activista de Fundaredes estuvo tres años preso, fue presionado a declararse culpable y juzgado por delitos que no le son imputables - Infobae

La fotografía que desató la furia del régimen de Maduro contra Javier Tarazona, el activista fue detenido e imputado por terrorismo e instigación al odio

 

El director general de la ONG FundaRedes, detenido el viernes pasado, había revelado una imagen que prueba la relación de importantes funcionarios venezolanos con altos mandos de la guerrilla.

Sebastiana Barráez/ domingo 4 de julio 2021

@SebastianaB

 

Tomado de Infobae

 

El 30 de junio 2021, el profesor Javier Tarazona, director general de la ong FundaRedes, acudió ante la Fiscalía General de la República para solicitar que se investigue “la relación de altos funcionarios que han ejercido el poder en Venezuela, tanto militares como civiles”, con altos mandos de la guerrilla. Se desató la furia del alto gobierno en Venezuela, donde hay gran cantidad de líderes de la revolución bolivariana con trato personal, económico y sentimental con los grupos irregulares. Un día después, Tarazona junto a dos activistas de la ONG fueron detenidos por el SEBIN, ayer fueron presentados a un Tribunal de Terrorismo que los imputó por “instigación al odio, terrorismo y traición a la patria” y los envió a la antigua cárcel La Planta.

Javier Tarazona, con la foto que llevó a la Fiscalía para pedir 

que se investigue la relación con la guerrilla

Los cuerpos de Inteligencia fueron sustentando un expediente contra el coordinador de Fundaredes desde hace meses. Lo seguían, lo grababan, monitoreaban a los miembros de la organización y a los familiares de Tarazona; no encontraban nada, porque él actuaba públicamente, incluso fue a la Fiscalía de San Cristóbal hace unos días para averiguar sobre las denuncias hechas y que ahí fingían procesar, diariamente asistía a la oficina de Fundaredes y con frecuencia iba a tomar café a varias panaderías. La denuncia contra uno de los hombres más poderosos en la sombra del chavismo hizo estallar la furia y ordenaron detenerlo, lo que hicieron junto a su hermano y dos activistas.

Familiares de Javier Tarazona, amigos y defensores de derechos humano

s reclaman su libertad

Mientras miles de personas en Venezuela y en el exterior manifestaban incertidumbre y exigían saber el destino de los detenidos, los funcionarios del Gobierno, incluyendo la Fiscalía, hizo silencio. Horas después, una página web que el régimen venezolano usa para posicionar matrices de opinión en el chavismo, y a quien le dio en el 2016 el Premio Nacional de Periodismo, publicó que “la aprehensión del propagandista de la derecha uribista colombiana, Javier Tarazona, que actúa en Venezuela a través de entidad paraestatal Fundaredes, fue consecuencia de una investigación penal de la fiscalía 94°, con competencia nacional, por el delito de instigación al odio”.

La publicación agrega “Tarazona, quien reside en Táchira, había permanecido los últimos meses en el Norte de Santander. Pero el miércoles, tras el anuncio de la visita a Bogotá del director de la CIA, William Burns, retornó a territorio venezolano, lo que alertó a los servicios de inteligencia local”.

Esa versión retorcida del medio LaTabla busca, como lo hace con todo a quien el régimen considera enemigos, relacionar al defensor de derechos humanos con pagos de agencias de inteligencia norteamericana, con el expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez y otros funcionarios. Miente el medio porque es notorio, público y comunicacional que Tarazona sostuvo reuniones casi a diario en San Cristóbal, capital del Táchira, con diversas organizaciones. “Él dejó de ir a Colombia porque desde hace tiempo solo se puede pasar la frontera a través de las trochas, que están controladas por el ELN, imagínate el peligro que eso significa. Es falso, él estuvo todo el tiempo aquí”, le dice a Infobae un miembro de FundaRedes Táchira. 

Un activista auténtico

José Javier Tarazona Sánchez es un destacado profesor de universidades en Venezuela, Chile y Colombia, con posgrados y doctorado. Dentro de 17 días, el 21 de julio, cumplirá 39 años seguramente tras las rejas de la cárcel La Planta, a dónde fue enviado por el Tribunal Tercero de Control con competencia en Terrorismo, a cargo de la juez Luisa René Garrido Traspalacios. Tarazona, quien vive con su mamá, no está casado actualmente, aunque lo estuvo en el pasado con Edixa Rico, madre del hijo adolescente de Tarazona.

Ella destacó que Tarazona padece problemas de hipertensión, cardiacos y gastrointestinales, y solicitó que le dejen pasar sus medicinas. “Lo que hace Javier no es un delito. Lo único que ha hecho es defender los derechos humanos, trabajar en pro de un país y de todo el estado Táchira", manifestó Rico.

¿Por qué esa denuncia se convirtió principalmente en sensible? Porque fue una denuncia directa contra uno de los hombres más poderosos que ha tenido la revolución bolivariana, el silencioso capitán de navío Ramón Emilio Rodríguez Chacín, ex ministro del Interior y exgobernador del estado Guárico.

En la fotografía aparecen sentados alrededor de una mesa, que preside Rodríguez Chacín y junto a él su esposa Carola, los jefes guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN): Nicolás Rodríguez Bautista alias Gabino, quien hasta hace unos días fue el máximo jefe e integrante del Comando Central del ELN (COCE-ELN); Eliécer Herlinto Chamorro Acosta alias Antonio García, quien ahora es el máximo jefe de la organización guerrillera; e Israel Ramírez Pineda alias Pablo Beltrán, miembro del Comando Central del ELN. 

En el detalle de la foto que desató la ira del régimen se observa a los esposos Rodríguez 

con tres altos mandos del ELN

La detención de Javier Tarazona, de su hermano Rafael Tarazona y del jefe de Fundaredes en el estado Falcón, abogado Omar De Dios García, es una respuesta feroz contra la organización por develar una prueba determinante no solo de la presencia de la guerrilla colombiana en territorio venezolano, pero además se convierte en un acto ejemplarizante contra quienes se atrevan a señalar la presencia de los grupos guerrilleros en territorio venezolano, lo que no solo es una realidad sino que cada día representa el peligro de la fragmentación del territorio venezolano a manos de irregulares, el acceso al poderoso armamento militar y una amenaza para el continente.

La Fiscalía

La solicitud que hizo Tarazona ante el Ministerio Público no puede ser ignorada, aunque se pretenda burlar con su detención, precisamente cuando se encontraba en la sede de la Fiscalía Superior en Coro, capital del estado Falcón, donde fue a denunciar que él y su equipo de activistas estaban siendo hostigado por el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN).

Aunque varios abogados se han autonombrado como los defensores legales de Tarazona, su hermano y García, los abogados de FundaRedes son Luis Useche, gerente jurídico y Clara Ramírez, gerente de derechos humanos y documentación, quienes se encontraban acompañando al grupo de activistas en Falcón.

Es importante destacar que Tarazona Sánchez, cuando se presentó ante el Ministerio Público a solicitar la investigación de personeros de la revolución con la guerrilla colombiana de FARC y ELN, también lo hizo contra el alcalde del municipio Páez del estado Apure, José María Romero alias Chema, a quien señaló como integrante de la organización armada venezolana Fuerzas Bolivarianas de Liberación Nacional que ahora se hacen llamar Fuerzas Patrióticas de Liberación Nacional (FBL/FPLN).

José María Romero, alias Chema,, alcalde del municipio Páez de Apure

o

Además de pedir determinar la relación de Ramón Rodríguez Chacín y su esposa Carola de Rodríguez, con los cabecillas del COCE-ELN, solicitó que se investigue la participación de los esposos Rodríguez Chacín en las casas de resguardo de la guerrilla: quinta El Vendaval y Hato Guayabal, en el estado Barinas. 

Agregó “le pedimos al Ministerio Público que se informe cual es la relación que existe entre la Agropecuaria Don Pío, registro agropecuario que está a nombre de Ramón Rodríguez Chacín, y las operaciones de los grupos armados irregulares en territorio nacional”. También la relación entre la empresa Blindaje Seguridad y Protección C.A. y miles de armas que se han denunciado ante el Ministerio Público como desaparecidas.

Por otra parte, “hoy estamos denunciando la participación de José María Romero alias Chema del municipio Páez del estado Apure, en la operación de la Segunda Marquetalia, y de la actuación de las FARC y del ELN en Venezuela, ya que este hombre es cabecilla de las FBL, organización guerrillera venezolana que opera ampliamente en Apure y otras regiones a través de la Corriente Bolívar y Zamora”.

Aseveró que es necesario investigar “por qué razón la alcaldía del municipio Páez en el estado Apure es utilizada como epicentro de operaciones con cabecillas del ELN y de las FARC”.

Y finalizó diciendo que “frente a la retirada de alias Gabino de la comandancia del ELN hace una semana, se debe indagar si este cambio va a limitar la operación de pistas clandestinas, laboratorios y presencia en 21 entidades del país de los grupos guerrilleros o por el contrario representa una profundización de las actividades ilícitas”.

La Asociación de Profesores de la UPEL rechaza la detención de Tarazona, 

quien es profesor en dicha universidad

Discreto y peligroso

Así describe a Rodríguez Chacín un hombre que también fue parte del Gobierno de Hugo Chávez y que habló con Infobae. “El presidente Chávez decía que Ramón era como ‘un perro leal’ y así se comportó con él. Es profundamente desconfiado, no vacila si se siente en peligro y eso lo hace muy peligroso. Así también te digo que se restea con los amigos, eso se lo ha facilitado que no tiene compromiso ideológico, ayer era el más feroz antiguerrillero y hoy es amigo de la guerrilla. No sé si eso explica cómo es él. Se ve a sí mismo como un rambo. ¿Su debilidad? Aunque sé que te parecerá raro, pero su debilidad no son sus hijos, es su esposa Carola Martínez de Rodríguez”.

El exministro en una publicación en Twitter

Antes del intento de golpe de Estado de Hugo Chávez contra el presidente Carlos Andrés Pérez, Rodríguez Chacín fue integrante del Comando Específico José Antonio Páez (CEJAP) una unidad militar antiguerrilla, que tuvo varios éxitos, pero también fue denunciada por masacres como El Amparo y Los Amparitos.

Él siempre tuvo atracción principal por la Inteligencia policial, no es casual que hiciera estudios en Seguridad y Defensa Nacional, incluso haya obtenido un doctorado en Ciencias Políticas, según la página Poderopedia. Hizo sus propias redes de inteligencia que reforzó cuando Chávez lo designo como Ministro del Interior, en enero del año 2002. Sin explicaciones salió del cargo, pero se mantuvo como un recurso que el entonces presidente de la República usaba para trabajos policiales delicados que requerían discreción, como la negociación con las FARC en la Operación Emmanuel que llevó a la liberación del hijo que Clara Leticia Rojas González tuvo en cautiverio cuando estaba secuestrada junto con la excandidata presidencial de Colombia Ingrid Betancourt; el secuestro duró ocho años.

La fotografía que desató la furia del régimen de Maduro contra Javier Tarazona, el activista detenido e imputado por terrorismo e instigación al odio - Infobae

Los crudos testimonios de violación de derechos humanos en Venezuela: “Las FAES se han convertido en sinónimo de represión y terror”

 

El informe anual de FundaRedes destaca que los Grupos Armados Irregulares "han recibido, por acción o por omisión, la protección, complacencia o hasta connivencia de los cuerpos de seguridad del Estado"

Sebastiana Barráez/ viernes 30 de abril 2021

@SebastianaB

 

Tomado de Infobae

“Una persona que fue secuestrada en la frontera de Táchira en 2019 aportó su testimonio a FundaRedes relatando que mientras era movilizada entre San Antonio y Ureña hasta el lugar donde permanecería por más de dos meses en poder de guerrilleros del ELN, sus captores conversaban amablemente con los uniformados en las alcabalas de la frontera mientras ella permanecía maniatada, amordazada y vendada en la parte trasera del vehículo”.

Los funcionarios visten de negro y encapuchados

De historias como esas habla el Informe Anual que este viernes 30 de abril presenta la ong FundaRedes, en el cual destaca los Grupos Armados Irregulares (GAI) en Venezuela “ha recibido, por acción o por omisión, la protección, complacencia, o hasta connivencia de los cuerpos de seguridad del Estado venezolano, por iniciativa de los responsables de sus unidades operativas, o por la inspiración devenida del discurso de líderes connotados de la jerarquía política y militar del país”.

Un hecho necesario de visibilizar es el de las “ejecuciones judiciales bajo el manto protector de presuntos enfrentamientos”, que Fundaredes denuncia como “denominador común para disfrazar afectaciones directas del derecho a la vida a cargo de organismos de seguridad del Estado venezolano”.

Un dato escalofriante es que “en el primer trimestre del año 2020 se produjeron 252 muertes en medio de supuestos enfrentamientos armados entre delincuentes y cuerpos policiales y militares, según información oficial, lo que constituye un manejo irregular del uso de la violencia legítima por parte de los organismos de seguridad del Estado”. El año pasado ocurrieron 555 enfrentamientos en la zona fronteriza, donde perdieron la vida 855 personas.

Para la ONG “la labor del Estado ha quedado desvirtuada por la existencia de organismos de seguridad señalados de cometer ejecuciones extrajudiciales, principalmente funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), pertenecientes a la Policía Nacional Bolivariana (PNB), Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), la Guardia Nacional y el Comando Nacional Antisecuestros (Conas). De estos cuerpos de seguridad destaca por su crueldad las FAES, unidad de élite creada en el año 2017 por orden directa de Nicolás Maduro”.

Las FAES señaladas por desapariciones extrajudiciales

Subraya que FAES “acumula denuncias de abusos y violaciones a los derechos humanos, y se ha convertido en sinónimo de represión y terror en todo el país. Se presentan en despliegues de entre 5 y 30 hombres vestidos de negro, encapuchados, armados con fusiles de asalto y sin más identificación que la imagen de una calavera como insignia”.

“Sobre este grupo altamente entrenado, la Alta Comisionada de DDHH de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, tras su visita a Venezuela en julio de 2019, recomendó al Estado venezolano su disolución, a la par de establecer un mecanismo nacional imparcial e independiente, con apoyo de la comunidad internacional. Bachelet considera necesario asegurar que sus responsables rindan cuentas, así como que las víctimas sean reparadas. Hasta la fecha esta recomendación no ha recibido cumplimiento”.

Recuerda que el grupo “ha ejecutado acciones incluso contra personas vinculadas a sectores de poder, en situaciones que nunca fueron aclaradas y que evidencian el menosprecio que por la vida tienen”, y señala el caso del asesinato de cinco personas, entre ellos un escolta de la entonces ministra Iris Varela.

“Y es que las FAES se han convertido en un grupo que ha generado fuertes posiciones nacionales e internacionales de rechazo y del cual el gobierno no brinda información confiable. Esa opacidad impide conocer con exactitud el número de efectivos que integran las FAES y otros cuerpos policiales que han sido vinculados con denuncias de ejecuciones extrajudiciales. Estas acciones de los GAI y de los cuerpos de seguridad del Estado venezolano alteran el ordenamiento jurídico internacional y el ordenamiento jurídico interno de nuestro país, contentivos de disposiciones legales que brindan un bloque normativo protector”.

La DGCIM secuestra y tortura civiles y militares

Los casos

En algunos de los supuestos enfrentamientos hay denuncias, como en este caso. “Euclides Rafael Fajardo Rivas, de 32 años, quien residía en el sector Los Clavellinos de San Félix (Bolívar), murió tras recibir dos disparos, según contaron sus familiares al diario Primicia. Alrededor de las 5:30 de la mañana funcionarios de las FAES estaban afuera de su vivienda y lo llamaron para que saliera, al hacerlo accionaron sus armas de fuego contra él”

Los activistas de Fundaredes han documentado casos como el de “la hermana de un hombre asesinado a principios de 2020, cuyo cadáver fue hallado en la autopista San Cristóbal-La Fría, aunque él vivía en Palmira, municipio Guásimos”. Ella detalló que, si bien es cierto que su hermano era expresidiario, pero pagó su delito con 10 años de cárcel. “Desde el momento de su liberación comenzó a ser chantajeado por funcionarios del Comandando Nacional Antiextorsión y Secuestro de la Guardia Nacional (Conas), organismo a manos del cual murió meses después alegando enfrentamiento”.

En el estado Zulia ocurre la historia de otro expresidiario Ender Torres Rojas, de 33 años, quien dos semanas antes había salido de la cárcel de Trujillo, y fue asesinado por el CONAS con una unidad de policía municipal. Parientes del joven describen que “el hombre estaba durmiendo en su casa, en el barrio Las Parcelas, sector Santa Rosa, en Cabimas (Zulia), cuando llegaron funcionarios del Conas y de la Policía Municipal de Cabimas (Policabimas) y después de vejarlo y golpearlo a él y a su esposa lo ajusticiaron y le tiraron un revólver al lado”.

Los reportes oficiales lo presentaron “como miembro de la banda de “Adrián y Sleiter”, y según sus familiares fue la venganza de un funcionario de Policabimas que le había jurado a Ender que al salir en libertad lo mataba. Los oficiales actuantes usaban un expediente del Ministerio Público para simular un requerimiento de solicitud”.

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Los hermanos Jimmy y Xavier Montoya, ejecutados por FAES

Muerte y secuestro

Otro caso lo contó Paula Flores, madre de Yimy y Savier Montoya, ejecutados por las FAES. Ella acudió a la Fiscalía a poner una denuncia por amenazas y les dijo “tengo miedo por la vida de mis hijos”. Tres días después los jóvenes estaban muertos. “Fueron asesinados en su vivienda por un equipo de la FAES integrado por más de 20 hombres que irrumpieron de madrugada mientras la familia dormía. Las FAES bloquearon el acceso y a todos se los llevaron incluyendo a un niño de cuatro meses”.

“A la casa de mi hijo le llegaron por la ventana, los alumbraron y apuntaron, los hicieron salir”, según el relato de la madre que recoge Fundaredes, a las 5 de la mañana, su hijo Jimmy dormía desnudo; “lo arrodillan en la entrada de la casa a un lado de la puerta y sacan a sus hijos de los brazos. Cuando yo vengo llegando les pregunto que dónde me quedaba y ellos me dicen: nosotros vamos para las FAES, quédese aquí que la esperamos, cuando yo me bajo es que me dicen que a mis hijos los habían matado”, relató la madre, cuyos hijos “presentaron un único impacto por arma de fuego en el centro del pecho, según el informe forense”.

Importante mencionar el caso de “Andreina Paola Alemán, esposa del defensor de derechos humanos Alexis Bernardo Bustamante Molano, relató cómo integrantes de los cuerpos de seguridad del Estado venezolano violentaron derechos constitucionales de su marido, entre los cuales destaca el derecho a no ser sometido a detención arbitraria y desaparición forzada”.

Bustamante está preso en la cárcel de Ramo Verde, “siendo víctima de tratos crueles, inhumanos y degradantes”. La esposa narró que el 17 de mayo del 2019, su esposo quien estaba en San Cristóbal no respondió sus llamadas y supo 13 días después que “había sido víctima de un secuestro por parte de funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim)”. A él no le permitieron comunicarse con su familia y lo trasladaron para la DGCIM de Caracas y luego a Ramo Verde. Durante varios días no le dieron agua potable ni alimentos. “Lo mantuvieron de pie y al doblegar sus piernas recibía fuertes golpes en la planta de sus pies, ocasionando laceraciones y hematomas”.

Otro caso revelador es el de “Jesús Vivas, quien laboraba desde enero del 2020 en la ciudad de Machiques, estado Zulia, en una finca denominada ‘El relámpago del Zulia’, a 50 metros de un puesto de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), que recibe por nombre ‘Puente del sur’. Fue secuestrado por presuntos GAI que pidieron rescate por él, sin embargo, no fue liberado posterior a cancelarles el monto exigido, según relata su esposa”.

Enfrentamientos versus muertos

De Táchira a Apure

Destaca FundaRedes la vulnerabilidad de los caminantes, como llama a los migrantes, “que como nómadas modernos surcan a pie las carreteras y caminos del país y de los países vecinos”, revelando los relatos que han recibido, como el de Karina Mendoza, “quien tiene tres hijos que dejó al cuidado de su mamá enferma en el estado Barinas para irse caminando hasta Cúcuta (Colombia) en busca de oportunidades que le permitan obtener los recursos necesarios para alimentar a sus hijos de 10, 13 y 14 años y proporcionarle las medicinas a su madre discapacitada. Hace nueve meses, grupos armados que operan en Barinas asesinaron al padre de sus hijos”.

También la violencia y las amenazas de vida contra pobladores fronterizos. Uno de ellos ocurrió el 5 de mayo. “A escasos metros del límite entre Venezuela y Colombia, los barrios Cayetano Redondo, La Lagunita y La Invasión, en San Antonio del Táchira, municipio Bolívar, fueron afectados durante horas por una intensa balacera que dejó dos personas heridas. Las afectaciones del derecho a la vida no discriminan territorio, ni tampoco la raza de sus causantes”.

Fundaredes presenta su informe anual 2020

Hechos así no solo ocurren en Táchira. En Apure, “productores agropecuarios afirmaron que son víctimas de una nueva forma de violencia que surgió de alianzas del Ejército de Liberación Nacional con algunos miembros de las etnias indígenas Yaruro y Cuiba quienes con el uso de arcos y flechas se han constituido como nuevos brazos armados de la guerrilla para amenazar, extorsionar e incluso asesinar con elevados niveles de crueldad a propietarios de fincas y productores venezolanos”.

Fundaredes dice que “en nuestra documentación de víctimas se refleja, a través de los testimonios recibidos, la actuación de los GAI sin que las instituciones del Estado activen los mecanismos de protección debida a los ciudadanos”.

Los crudos testimonios de violación de derechos humanos en Venezuela: “Las FAES se han convertido en sinónimo de represión y terror” - Infobae

Cómo los grupos armados irregulares se están convirtiendo en los grandes terratenientes de Venezuela de la mano del narcotráfico

Fundaredes documentó cómo, con la complicidad del régimen chavista, grupos guerrilleros y paramilitares expulsan a los productores y se apropian de sus propiedades

Sebastiana Barráez/ lunes 22 de febrero 2021

@SebastianaB

 

Tomado de Infobae

 

“He sido amenazado de que debo vender mi propiedad o de lo contrario voy a ser coaccionado por parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN). De diferentes formas le han estado pidiendo lo mismo a otros productores de la zona”, le reveló a la organización Fundaredes un productor de El Nula, municipio Páez del estado Apure, cuyo testimonio es parte del informe “Grupos armados irregulares se convierten en los grandes terratenientes de Venezuela”.

El ELN abarca gran parte del territorio venezolano

“De acuerdo con información confidencial obtenida por FundaRedes, en el sur de Apure las disidencias de las FARC reclutan a los indígenas quienes se organizan y roban a los dueños de fincas e invaden predios que luego son destinados al cultivo de coca y la habilitación de pistas clandestinas dedicadas al narcotráfico, utilizadas algunas veces en alianza con grandes cárteles internacionales”.

“A finales de enero un reporte de la Guardia Nacional en el estado Apure notificó la detención de dos ciudadanos mexicanos y dos venezolanos, presuntos integrantes del cártel mexicano de Sinaloa, liderado por Joaquín El Chapo Guzmán, narcotraficante detenido en Estados Unidos. Pero, según informantes, no es la primera vez que las autoridades detienen en ese estado llanero a miembros de
organizaciones delictivas transnacionales vinculados con la guerrilla colombiana”.

Investigaciones han determinado que el modo en que actúan los grupos irregulares varía de una región a otra, dependiendo de quién lidere la zona y de los intereses económicos que predominan en el grupo que impone su ley. “En ciertas regiones de la zona norte del Táchira los irregulares ocupan parte de las unidades de producción y obligan a los propietarios a coexistir con ellos dentro de los predios donde instalan campamentos y dirigen sus operaciones”.

Infografía que muestra cómo la guerrilla 

obtuvo tierras en Venezuela (Fundaredes)

“En el sur de Táchira y el Alto Apure informantes de nuestra organización afirman que la guerrilla de origen colombiano incide directamente en la economía de esas zonas, e incluso ha adquirido haciendas como parte de las actividades de lavado de dinero producto del narcotráfico: ‘Usan testaferros, y como muchos tienen nacionalidad venezolana ellos mismos hacen las negociaciones, que son mayormente en pesos colombianos’, refirió un testigo a activistas de FundaRedes”.

Tierras para el narcotráfico

Fundaredes, cuyo director general es el profesor Javier Tarazona, resalta que “la presencia de grupos armados irregulares de origen colombiano y bandas criminales en zonas de frontera entre Venezuela y Colombia abarcan cada vez mayor cantidad de territorios, de acuerdo con denuncias de propietarios de fincas y fundos a quienes les han ocupado sus tierras y expulsado bajo amenazas”.

Javier Tarazona, coordinador de Fundaredes

“Lugareños y denunciantes han visto cómo amplios predios son usados como pistas clandestinas de aterrizaje o como plantaciones de coca y marihuana. En algunos casos estas organizaciones criminales utilizan testaferros para invertir los recursos provenientes del narcotráfico y el contrabando en la adquisición de tierras, de allí que en los últimos años se han convertido en los grandes terratenientes de Venezuela bajo el conocimiento, e incluso algunos casos, complicidad de las autoridades”.

En el Zulia, según el informe de FundaRedes, pobladores de Caño Motilón y Caño del Medio, municipio Catatumbo del estado Zulia, denunciaron en agosto 2020, que varios productores habían sido desalojados por grupos armados irregulares.

“Esa situación también ha ocurrido en algunos municipios de la zona de montaña del estado Táchira, donde habitantes denuncian la reciente llegada de hombres armados para tomar control. ‘A mi compadre le quitaron una finca hace dos años en La Pajuilera, en el límite del municipio en un punto intermedio entre Colón, Michelena y Seboruco, desde ahí están operando. Me dice que son batallones inmensos de hasta 300 o 400 personas’, dijo a activistas de FundaRedes un habitante del sector”.

El antecedente

“El 8 de diciembre de 2010, el entonces presidente Hugo Chávez anunció la intervención de 43 fincas ubicadas en el Sur del Lago de Maracaibo, que totalizaban cerca de 20.200 hectáreas de tierras productivas como parte de las medidas para afrontar la emergencia causada por las lluvias en varios estados del país y enmarcado en la “lucha contra el latifundio”. Para este fin se movilizaron tropas del Ejército venezolano”.

Esas expropiaciones, que realmente fueron confiscaciones, se hicieron en abierta violación a la Constitución. “El proceso de ocupación ilegal de tierras antes dedicadas a la producción agrícola y ahora puestas al servicio del narcotráfico y la delincuencia afectó la provisión de alimentos para los venezolanos, siendo una de las causas directas de la crisis alimentaria en el amplio espectro de la Emergencia Humanitaria Compleja que padece Venezuela”.

“En Barinas, las tierras en conflicto abarcan más de 680.000 hectáreas, lo que equivale a más de 20% de la superficie productiva de la entidad, su ocupación ha afectado severamente la producción de rubros como carne, arroz y maíz”.

Municipios como Seboruco están amenazados por la guerrilla

“En Bolívar, activistas de FundaRedes han obtenido información de que incluso el gobierno propicia la ocupación y compra de tierras mediante el uso de testaferros, especialmente al sur del estado, y que los pocos propietarios de fincas que aún quedan viven armados o pagan vacuna a pranes”.

“La violación del derecho de propiedad en los territorios rurales comienza con la invasión de fincas que en algunos casos se disimulan tras acciones promovidas bajo las banderas de reivindicaciones para trabajadores del campo desposeídos de la tierra. Procesos que a la larga solo tienen como propósito dejar a los auténticos propietarios sin el dominio de sus propiedades”.

Guerrilla y política

FundaRedes acudió el 8 de diciembre 2020 al Ministerio Público del estado Táchira y a la Fiscalía General de la República “para denunciar formalmente la vulneración del derecho a la propiedad, menoscabado por grupos armados irregulares de origen colombiano en varios estados del país ante la inacción del Estado venezolano para proteger a los legítimos propietarios”.

También el 26 de enero de 2021 acompañó al ciudadano Marco Aurelio Becerra, habitante del municipio Córdoba del estado Táchira, a denunciar ante la Fiscalía que, en La Blanquita, sector Santa Isabel, un grupo guerrillero no identificado invade fincas, reclutan menores de edad, exige pagos y sus miembros portan armas largas. Señala que hay hombres del ELN, aunque también colectivos a quienes la guerrilla entrena.

Becerra dijo que “el Consejo Comunal de La Blanquita que fue el que llevó a esa gente para la zona, ellos están involucrados en este asunto, pues hasta les prestan colaboración… Ya tenemos muertos, han aparecido varios tirados, abaleados y hasta decapitados en la carretera; cerca hay comandos de la Guardia Nacional y no hacen nada, los irregulares circulan libremente armados con fusiles y no hay quién los pare”.

“Becerra declaró a los medios de comunicación locales que: “Este grupo armado está comandado por “Carlos el Guerrillo”, quien le da órdenes al Consejo Comunal y a través de éste exige a la comunidad ciertos pagos, ya habla hasta de cobrar el agua en moneda extranjera”.

Guerrilla y paramilitares se enfrentan para el control del territorio en Venezuela

“Asegura que hace un año le quitaron con autorización del Instituto Nacional de Tierras (INTI) una finca llamada “Palermo” que pertenecía a su familia desde hace 100 años: ‘Nos quitaron una finca arbitrariamente, confabulados con (el ex gobernador del estado Táchira, José Vielma Mora, porque quien nos quitó la finca es amigo de él. Vielma Mora tuvo ganado en esa finca y nos la despojó, una finca con documentos de tierra propia”. Afirma que el amigo del exmandatario regional es un protegido de la guerrilla colombiana”.

“Becerra se vio obligado a dejar el lugar y habitar otra propiedad, donde también lo merodean los grupos armados irregulares. En un viaje a San Cristóbal fue amenazado y cuando acudió a la Zonal 21 de la GNB a formalizar la denuncia una funcionaria le dijo que no podían hacer nada”.

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