El informe anual de FundaRedes destaca que los Grupos Armados Irregulares "han recibido, por acción o por omisión, la protección, complacencia o hasta connivencia de los cuerpos de seguridad del Estado"
Sebastiana Barráez/ viernes 30 de abril 2021
@SebastianaB
“Una persona que fue secuestrada en la frontera de
Táchira en 2019 aportó su testimonio a FundaRedes relatando que mientras era
movilizada entre San Antonio y Ureña hasta el lugar donde permanecería por más
de dos meses en poder de guerrilleros del ELN, sus captores conversaban
amablemente con los uniformados en las alcabalas de la frontera mientras ella
permanecía maniatada, amordazada y vendada en la parte trasera del vehículo”.
De historias como esas habla el Informe Anual que este
viernes 30 de abril presenta la ong FundaRedes, en el cual destaca los Grupos Armados
Irregulares (GAI) en Venezuela “ha recibido, por acción o por omisión, la
protección, complacencia, o hasta connivencia de los cuerpos de seguridad del
Estado venezolano, por iniciativa de los responsables de sus unidades
operativas, o por la inspiración devenida del discurso de líderes connotados de
la jerarquía política y militar del país”.
Un hecho necesario de visibilizar es el de las “ejecuciones
judiciales bajo el manto protector de presuntos enfrentamientos”, que
Fundaredes denuncia como “denominador común para disfrazar afectaciones
directas del derecho a la vida a cargo de organismos de seguridad del Estado venezolano”.
Un dato escalofriante es que “en el primer trimestre
del año 2020 se produjeron 252 muertes en medio de supuestos enfrentamientos
armados entre delincuentes y cuerpos policiales y militares, según información
oficial, lo que constituye un manejo irregular del uso de la violencia legítima
por parte de los organismos de seguridad del Estado”. El año pasado ocurrieron
555 enfrentamientos en la zona fronteriza, donde perdieron la vida 855 personas.
Para la ONG “la labor del Estado ha quedado desvirtuada
por la existencia de organismos de seguridad señalados de cometer ejecuciones
extrajudiciales, principalmente funcionarios de las Fuerzas de Acciones
Especiales (FAES), pertenecientes a la Policía Nacional Bolivariana (PNB),
Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), la
Guardia Nacional y el Comando Nacional Antisecuestros (Conas). De estos cuerpos
de seguridad destaca por su crueldad las FAES, unidad de élite creada en el año
2017 por orden directa de Nicolás Maduro”.
Subraya que FAES “acumula denuncias de abusos y
violaciones a los derechos humanos, y se ha convertido en sinónimo de represión
y terror en todo el país. Se presentan en despliegues de entre 5 y 30 hombres
vestidos de negro, encapuchados, armados con fusiles de asalto y sin más
identificación que la imagen de una calavera como insignia”.
“Sobre este grupo altamente entrenado, la Alta
Comisionada de DDHH de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, tras su visita a
Venezuela en julio de 2019, recomendó al Estado venezolano su disolución, a la
par de establecer un mecanismo nacional imparcial e independiente, con apoyo de
la comunidad internacional. Bachelet considera necesario asegurar que sus
responsables rindan cuentas, así como que las víctimas sean reparadas. Hasta la
fecha esta recomendación no ha recibido cumplimiento”.
Recuerda que el grupo “ha ejecutado acciones incluso
contra personas vinculadas a sectores de poder, en situaciones que nunca fueron
aclaradas y que evidencian el menosprecio que por la vida tienen”, y señala el
caso del asesinato de cinco personas, entre ellos un escolta de la entonces ministra
Iris Varela.
“Y es que las FAES se han convertido en un grupo que
ha generado fuertes posiciones nacionales e internacionales de rechazo y del
cual el gobierno no brinda información confiable. Esa opacidad impide conocer
con exactitud el número de efectivos que integran las FAES y otros cuerpos
policiales que han sido vinculados con denuncias de ejecuciones
extrajudiciales. Estas acciones de los GAI y de los cuerpos de seguridad del
Estado venezolano alteran el ordenamiento jurídico internacional y el
ordenamiento jurídico interno de nuestro país, contentivos de disposiciones
legales que brindan un bloque normativo protector”.
Los casos
En algunos de los supuestos enfrentamientos hay
denuncias, como en este caso. “Euclides Rafael Fajardo Rivas, de 32 años, quien
residía en el sector Los Clavellinos de San Félix (Bolívar), murió tras recibir
dos disparos, según contaron sus familiares al diario Primicia. Alrededor de
las 5:30 de la mañana funcionarios de las FAES estaban afuera de su vivienda y
lo llamaron para que saliera, al hacerlo accionaron sus armas de fuego contra
él”
Los activistas de Fundaredes han documentado casos
como el de “la hermana de un hombre asesinado a principios de 2020, cuyo
cadáver fue hallado en la autopista San Cristóbal-La Fría, aunque él vivía en
Palmira, municipio Guásimos”. Ella detalló que, si bien es cierto que su
hermano era expresidiario, pero pagó su delito con 10 años de cárcel. “Desde el
momento de su liberación comenzó a ser chantajeado por funcionarios del
Comandando Nacional Antiextorsión y Secuestro de la Guardia Nacional (Conas),
organismo a manos del cual murió meses después alegando enfrentamiento”.
En el estado Zulia ocurre la historia de otro
expresidiario Ender Torres Rojas, de 33 años, quien dos semanas antes había
salido de la cárcel de Trujillo, y fue asesinado por el CONAS con una unidad de
policía municipal. Parientes del joven describen que “el hombre estaba
durmiendo en su casa, en el barrio Las Parcelas, sector Santa Rosa, en Cabimas
(Zulia), cuando llegaron funcionarios del Conas y de la Policía Municipal de
Cabimas (Policabimas) y después de vejarlo y golpearlo a él y a su esposa lo
ajusticiaron y le tiraron un revólver al lado”.
Los reportes oficiales lo presentaron “como miembro de la banda de “Adrián y Sleiter”, y según sus familiares fue la venganza de un funcionario de Policabimas que le había jurado a Ender que al salir en libertad lo mataba. Los oficiales actuantes usaban un expediente del Ministerio Público para simular un requerimiento de solicitud”.
LMuerte y secuestro
Otro caso lo contó Paula Flores, madre de Yimy y
Savier Montoya, ejecutados por las FAES. Ella acudió a la Fiscalía a poner una
denuncia por amenazas y les dijo “tengo miedo por la vida de mis hijos”. Tres
días después los jóvenes estaban muertos. “Fueron asesinados en su vivienda por
un equipo de la FAES integrado por más de 20 hombres que irrumpieron de
madrugada mientras la familia dormía. Las FAES bloquearon el acceso y a todos
se los llevaron incluyendo a un niño de cuatro meses”.
“A la casa de mi hijo le llegaron por la ventana, los
alumbraron y apuntaron, los hicieron salir”, según el relato de la madre que
recoge Fundaredes, a las 5 de la mañana, su hijo Jimmy dormía desnudo; “lo
arrodillan en la entrada de la casa a un lado de la puerta y sacan a sus hijos
de los brazos. Cuando yo vengo llegando les pregunto que dónde me quedaba y
ellos me dicen: nosotros vamos para las FAES, quédese aquí que la esperamos,
cuando yo me bajo es que me dicen que a mis hijos los habían matado”, relató la
madre, cuyos hijos “presentaron un único impacto por arma de fuego en el centro
del pecho, según el informe forense”.
Importante mencionar el caso de “Andreina Paola
Alemán, esposa del defensor de derechos humanos Alexis Bernardo Bustamante
Molano, relató cómo integrantes de los cuerpos de seguridad del Estado venezolano
violentaron derechos constitucionales de su marido, entre los cuales destaca el
derecho a no ser sometido a detención arbitraria y desaparición forzada”.
Bustamante está preso en la cárcel de Ramo Verde, “siendo
víctima de tratos crueles, inhumanos y degradantes”. La esposa narró que el 17
de mayo del 2019, su esposo quien estaba en San Cristóbal no respondió sus
llamadas y supo 13 días después que “había sido víctima de un secuestro por
parte de funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar
(Dgcim)”. A él no le permitieron comunicarse con su familia y lo trasladaron
para la DGCIM de Caracas y luego a Ramo Verde. Durante varios días no le dieron
agua potable ni alimentos. “Lo mantuvieron de pie y al doblegar sus piernas
recibía fuertes golpes en la planta de sus pies, ocasionando laceraciones y
hematomas”.
Otro caso revelador es el de “Jesús Vivas, quien
laboraba desde enero del 2020 en la ciudad de Machiques, estado Zulia, en una
finca denominada ‘El relámpago del Zulia’, a 50 metros de un puesto de la
Guardia Nacional Bolivariana (GNB), que recibe por nombre ‘Puente del sur’. Fue
secuestrado por presuntos GAI que pidieron rescate por él, sin embargo, no fue
liberado posterior a cancelarles el monto exigido, según relata su esposa”.
De Táchira a Apure
Destaca FundaRedes la vulnerabilidad de los caminantes,
como llama a los migrantes, “que como nómadas modernos surcan a pie las
carreteras y caminos del país y de los países vecinos”, revelando los relatos
que han recibido, como el de Karina Mendoza, “quien tiene tres hijos que dejó
al cuidado de su mamá enferma en el estado Barinas para irse caminando hasta
Cúcuta (Colombia) en busca de oportunidades que le permitan obtener los
recursos necesarios para alimentar a sus hijos de 10, 13 y 14 años y
proporcionarle las medicinas a su madre discapacitada. Hace nueve meses, grupos
armados que operan en Barinas asesinaron al padre de sus hijos”.
También la violencia y las amenazas de vida contra
pobladores fronterizos. Uno de ellos ocurrió el 5 de mayo. “A escasos metros
del límite entre Venezuela y Colombia, los barrios Cayetano Redondo, La
Lagunita y La Invasión, en San Antonio del Táchira, municipio Bolívar, fueron
afectados durante horas por una intensa balacera que dejó dos personas heridas.
Las afectaciones del derecho a la vida no discriminan territorio, ni tampoco la
raza de sus causantes”.
Hechos así no solo ocurren en Táchira. En Apure, “productores
agropecuarios afirmaron que son víctimas de una nueva forma de violencia que
surgió de alianzas del Ejército de Liberación Nacional con algunos miembros de
las etnias indígenas Yaruro y Cuiba quienes con el uso de arcos y flechas se
han constituido como nuevos brazos armados de la guerrilla para amenazar, extorsionar
e incluso asesinar con elevados niveles de crueldad a propietarios de fincas y
productores venezolanos”.
Fundaredes dice que “en nuestra documentación de víctimas se refleja, a través de los testimonios recibidos, la actuación de los GAI sin que las instituciones del Estado activen los mecanismos de protección debida a los ciudadanos”.
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