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martes, 20 de febrero de 2024

Militares califican de poco creíble la Orden de Operaciones que presentó el fiscal venezolano y que pretendía el supuesto magnicidio contra Maduro

  

Tarek Saab, por algún extraño subterfugio, insiste en calificar a San Miguel como periodista, cuando sabe perfectamente que ella es abogada, que está colegiada en el mismo gremio que él


Sebastiana Barráez/ martes 20 de febrero 2024

@SebastianaB


Tomado de Infobae


Tarek Saab

Si algo fue relevante de lo que dijo Tarek Saab, en una nueva rueda de prensa, es que, entre los primeros detenidos del supuesto intento de magnicidio y asesinato de otras figuras de la revolución bolivariana, estuvo el Teniente Coronel Guillermo Enrique Cesar Siero, agregando que, en el allanamiento a su residencia, “se encontró un documento militar, Orden de Operaciones donde se especificaban las acciones a desarrollar en esta brutal trama terrorista Brazalete Blanco”, mencionando a varias personas, entre ellas a la abogado Rocío del Carmen San Miguel Sosa y a la primer teniente Karen Nayarit Gómez Gutiérrez, detenidas el 22 de enero y el 9 de febrero, respectivamente.

Tarek Saab, por algún extraño subterfugio, insiste en calificar a San Miguel como periodista, cuando sabe perfectamente que ella es abogado, que está colegiada en el mismo gremio que él. La razón es que así le da veracidad a la tesis de que la presidente de Control Ciudadano estaba encargada de hacer las coordinaciones con los medios de comunicación para transmitir, en el momento, la ejecución de la Operación Brazalete Blanco.

El coronel del Ejército Carlos Jesús Sánchez Vásquez, detenido el 15 de diciembre 2023, es el esposo de la 1Tte Gómez Gutiérrez, quien durante más de un mes acudió a los organismos, incluyendo el Ministerio Público a denunciar la desaparición forzada de su pareja, hasta que, el 22 de enero, fue detenida. (http://www.sebastianasinsecretos.com/2024/01/un-coronel-solicito-su-retiro-de-la.html)

El Ministerio Público narrando las pruebas que tendrían del intento de magnicidio y atentado contra otros funcionarios

¿Si ellas aparecen en la Orden de Operaciones, para asesinar a Nicolás Maduro, qué habrían encontrado en la casa de Cesar Siero, cómo fueron detenidas semanas después? Ninguna de las dos estaba oculta, incluso a San Miguel la detienen en el principal aeropuerto cuando, por asueto de carnaval, salía del país, con su hija.

El documento de cinco páginas, en el que el Fiscal Tarek Saab basó el Brazalete Blanco, es la Orden de Operaciones que, para militares de diversa graduación, que hablaron con Infobae, resulta una bufonada, que presentó en unas hojas sin el mínimo rigor que caracteriza un documento militar. Mencionó a San Miguel, a Norbey Marín del canal en Youtube “Hasta que Caiga la Tiranía”, a Wender Enrique, quien transmite en redes sociales información diversa, a la periodista Sebastiana Barráez y a la abogada defensora de DDHH Tamara Sulay Sujú Roa; esta vez no menciona al teniente José Antonio Colina Pulido ni al Vicealmirante Mario Iván Carratú Molina.  

Abogado Rocío del Carmen San Miguel Sosa, presidente de Control Ciudadano y la 1Tte Karen Gómez Gutiérrez, pareja del coronel Carlos Sánchez

Un General del Ejército explica a Infobae por qué el documento del Ministerio Público es un montaje. “La Orden de Operaciones, en su primera página, tiene la organización para el Combate, que es donde se establece quién está al mando de la operación. Ese tipo de operaciones, que normalmente se hacen en secreto, para resguardar la originalidad del documento se le coloca un sello de agua, de manera que la palabra “secreto” atraviesa la hoja perpendicularmente, eso es para que se sepa que es el documento original, No valen excusas porque el Fiscal indicó claramente que las hojas que estaba mostrando era el original”.

Los mapas a los que hace alusión el fiscal como un descubrimiento fueron publicados hace seis años por la ONG Control Ciudadano

Debe sellarse cada página

Un Almirante, en conversación con Infobae, explicó qué formato contempla una Orden de Operaciones Militares. “Básicamente debe tener 4 partes: la primera es la Situación; incluye autoridad (grado y nombres) del que la ordena y el quien la ejecuta, pueden identificarse las fuerzas amigas, enemigas, la organización y los apoyos”. Luego la Misión, que debe especificar cuál es.

En tercer lugar, la Ejecución, que para el alto oficial “es la parte más compleja y larga, señala cómo y cuándo se realizará (Día D, hora H), las fuerzas o unidades militares participantes, apoyos (artillería, sanidad, etc.), logística y otros dependiendo la misión a cumplir”.

La última parte, “las instrucciones de coordinación; es un aspecto fundamental para cumplir la misión con éxito. Puede haber otros aspectos más que ya dependen del tipo de operación y misión”.

Explica que “es clasificada generalmente, confidencial o secreta. Excepcionalmente puede ser no clasificada. Debe sellarse cada página con la clasificación, páginas numeradas y copias rigurosamente señaladas de quién las recibió”, dice para finalizar.

La primera página de la Orden de Operaciones presentada por el Ministerio Público

Ni las Unidades de Maniobra

Un oficial del Ejército le dijo a Infobae que no solo la Orden de Operaciones presentada por el titular del Ministerio Público carece de seriedad, sino que tampoco la tiene la Operación Brazalete Blanco. “Esa trama que se ha inventado la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y el Ministerio Público, ¿cómo va a ser creíble al decir que lo planificaron y ejecutaron un grupito de militares retirados y un grupo de civiles entre ellos una defensora de derechos humanos, la directora de una ONG, un psicólogo, una periodista y otros comunicadores?”

“¡Qué locura! ¿Pretenden hacerle creer al país que un magnicidio lo haría ese grupo, cuando los militares sabemos que Nicolás Maduro tiene cubanos, rusos y otros, con una Casa Militar detrás de ellos, prestándole seguridad?”.

Ante le pregunta de si tiene seriedad alguna que la Operación Brazalete Blanco contemple el ataque a la División de Infantería del Táchira y el Cuartel Negro Primero, para que el capitán (Ej.) Ányelo Julio Heredia Gervasio, el teniente Ronald Leandro Ojeda Moreno, dos sargentos y algunos militares que están fuera del país, con unos civiles, atentaran contra el Gobernador Freddy Alirio Bernal Rosales, quien tiene numerosas escoltas con armas de guerra, y luego siguieran hacia Caracas para cometer el magnicidio, su tajante respuesta fue “eso es risible”.

“¿Dónde están, en las paginitas presentadas por el Fiscal, las firmas? ¿Quién es el comandante de la Operación? En ese documento ¿dónde están las unidades de maniobra? Porque las unidades de maniobra van en el párrafo de Ejecución, ya con eso deja de ser una Orden de Operaciones, ¿quiénes iban a tomar las instalaciones militares? ¿Acaso el oficial de más alta graduación de la lista que han presentado es Tomás Enrique Martínez Macías, un general retirado que estaba en Caracas? Además, ¿dónde están los que iban a ejecutar el supuesto magnicidio? Eso es un montaje muy malo”.  

Quien hizo la Orden de Operaciones ni siquiera sabía que San Miguel no es periodista sino abogada

Auténtica piratería

El coronel Antonio María Guevara Fernández, quien fue catedrático de Inteligencia Estratégica en la Universidad Experimental de la Fuerza Armada (Unefa), y autor del libro “El Enigma pendiente: las claves de una conspiración”, manifestó que la orden de operaciones que presentó el fiscal general “es obvio que fue redactada por militares con grandes vacíos académicos y doctrinarios. Una auténtica piratería que no vale la pena desmontarla en todas y cada una de sus partes para desnudarla y presentarla como lo que realmente es: un guacho de Eurresta. Una auténtica piratería”.

Explica que, para ser creíble y viable, una orden de operaciones debe estar ajustada doctrinariamente. “Debe estar estructurada con base a los 5 párrafos a que remiten los manuales: Situación, Misión, Ejecución, Administración y Logística y, finalmente Comando y Comunicaciones”.

“Con el documento que se presentó a los medios en lo que se observó parcialmente en las cámaras con la incoherente exposición del fiscal hay una apariencia que atiende a la forma que remiten los manuales de operaciones con el detalle que no es Orden de Batalla como debe identificarse esa parte y sí como la Organización para el Combate. Y de fondo lo más importante es que atienda a la misión y al concepto de la operación que expidió en su momento el comandante de la operación en su puesto de comando”.

“Mientras ese documento no se ejecute mantiene su denominación de plan, que se activa y empieza a calificarse como orden cuando se presentan cualquiera de los supuestos contenidos en el párrafo 1. Situación aparte d. Suposiciones. Como se remite a la ocupación de un cuartel en San Cristóbal y a la sustracción de un armamento, eventos que han debido ser parte de las condiciones y supuestos que no ocurrieron, el fiscal ha debido referirse al documento siempre como un plan”. 

“Allí ha debido llevar rojo del bueno el expositor, en la calificación de la exposición oral”, agregando que “montar un plan desde el régimen con toda una estructura doctrinaria e incluir en el párrafo Ejecución en el subpárrafo misiones a las unidades subordinadas o en el correspondiente a instrucciones de coordinación, cualquier nombre civil o militar que le sea incómodo al régimen para asignarle misiones unilateralmente que incriminen y diseñar una acusación judicial, es lo más fácil”. 

“Se pueden incluir algunos profesionales retirados, otros que estén en situación de actividad a los que se les haya sustanciado previamente un expediente dentro de la eficiente maquinaria de inteligencia de que dispone el régimen y en ese grupo van de ñapa los civiles más incómodos aún a los que hay que desmovilizar y desconectarlos de la opinión pública. Allí está montada ya la conspiración. Le colocas además un brazalete blanco y listo. Lo demás es la puesta en escena que es lo que ha hecho de manera dramática y calamitosa, el fiscal”.

La chapucera escenografía de la operación Brazalete Blanco fue eso, un teatro torpemente montado con un documento apócrifo, básico de los procedimientos de Estado Mayor, mal redactado, desarticulado doctrinariamente de lo que se enseña en una escuela de Estado Mayor en unas materias denominadas Redacción y Documentación Militar, Estado Mayor y Operaciones”.

“El acto y el documento fueron una auténtica piratería. Cuando la chuleta en Los Pinos (la antigua Escuela Superior del Ejército) llevaba piquete al revés y te ocasionaba hasta la expulsión se calificaba como un guacho zurdo. Un guacho de Eurresta listo para ser registrado en la Biblioteca Nacional después del control de daños”.

“Tarek con su Brazalete Blanco, la orden de operaciones y su desastrosa exposición; y el ejercicio de su fiscalía ha debido graduarse de abogado con una chuleta muy parecida a la que usó, en ese entonces, el mayor Hugo Rafael Chávez Frías en la Escuela Superior del Ejército cuando lo reprobaron en el curso de Comando y Estado Mayor al usar el guacho zurdo de Eurresta. Tan guacho zurdo fue, que la escuela ya es Historia y la desapareció siendo presidente para evitar malos recuerdos”, dice el coronel Guevara.

El Batallón Negro Primero de San Cristóbal, Táchira.

Las pruebas de Tarek

El nuevo capítulo del Fiscal General de la República, Tarek William Saab Halabi, de la llamada Operación Brazalete Blanco fueron algunos de los objetos que encontraron en el allanamiento a la vivienda de Rocío del Carmen San Miguel Sosa: “18 mapas cartográficos, donde aparecen demarcados numerosas instalaciones militares con respectivas zonas de seguridad en todo el país” y mostró en pantalla uno de los mapas donde se ve la demarcación. Si eso es secreto militar ¿cómo es que el fiscal Tarek Saab lo está mostrando ante las personas en el salón, y ante miles que lo están viendo en vivo y lo podrán ver en diferido? Incluso menciona a varios lugares en específico y los nombres de las instalaciones militares.

Sospecha el fiscal de marras que esos mapas indican que San Miguel “tuvo que tener una presencia militar cercana que le fue indicando”. Y casi lastimeramente se quejó que ahí no había libros de Filosofía, de Literatura o de teoría del Derecho de Eugenio Zaffaroni.

Lo insólito es que Saab Halabi, mencionando que en los mapas encontrados se señala al Palacio de Miraflores como zona de seguridad “esto es muy delicado”, dijo, otra vez suponiendo que “esa información fue recabada y señalizada de manera sistemática con apoyo de personas con conocimiento de geografía o cartografía, porque nadie puede hacer algo así de la nada”.

Para el Fiscal “aunque los mapas cartográficos y las gacetas, que crean las zonas de seguridad, son de acceso público, su acopio sistemático y su demarcación constituyen un trabajo de inteligencia sostenido en el tiempo, sin lugar a dudas, y para nada tienen que ver con la defensa de los derechos humanos ni con labores de Cruz Roja”.

Aseguró que se encontraron listados y perfiles de los mandos militares. “De sus comunicaciones se desprende que posee lista de todo el personal militar, sin excepción”, lo que le permitía insistir en que por qué una defensora de derechos humanos tenía ese tipo de material e incluso pagos de una transnacional petrolera.

Saab Halabi pretende ignorar que el rol principal de San Miguel Sosa lo ejercía con la organización Control Ciudadano, que no es una ONG de Derechos Humanos sino de contraloría social de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y que esos perfiles de los mandos militares los publicaba en la página de la organización que preside, donde aparece, incluso con fotos los oficiales desde el Ministro de la Defensa hacia abajo en la pirámide castrense.

Esta vez Saab, mientras enseñaba mapas, teléfonos, computadoras portátiles, como “pruebas”, agregó que era una “trama macro, conspiración continuada porque no ha cesado desde la primera, en mayo 2023”, sin hacer mención adicional.

Lo que sí explicó es que la Operación consistía en un “ataque contra la 21 Brigada de Infantería del Ejército y el batallón Negro Primero del Táchira, para hacerse del parque de armas, atentar contra la vida de Freddy Bernal y luego iniciar una escala sucesiva. estado por estado, hasta llegar a Caracas e intentar magnicidio contra el jefe de estado Nicolás Maduro Moros”.

No explicó en qué vehículos, pero aseguró que “los ejecutores habían calculado que del parque de armas se iban a llevar 482 fusiles AK103, 51 pistolas y 10 escopetas”, agregando que esa operación se iniciaría el 01 de enero 2024 y que “han sido privadas de libertad 15 personas, 4 tienen medida cautelar, 15 órdenes de aprehensión pendientes por ejecutar”.

En la página de Control Ciudadano hace tiempo se publican los perfiles de los oficiales con cargos en la FANB

Las insólitas tareas

Agrega Saab Halabi que en la Orden de Operaciones se establece “qué papel iba a jugar cada persona que él consideraba, desde el aspecto propagandístico, desde alguna ONG, podía aportar a su trama criminal algún apoyo y ahí aparece mencionada explícitamente Rocío San Miguel como responsable de algunas actividades”.

“En la página 3 aparecen mencionadas algunas personas y voy a leer: inmediatamente después de haber tomado y asegurado las instalaciones, realizar los enlaces necesarios con los medios de comunicación digital a través de Rocío San Miguel, con el fin de que comuniquen al pueblo venezolano y la comunidad internacional mediante los medios de comunicación digital aliados: Norbey Marín, Wender Enrique, Tamara Sujú, Sebastiana Barráez: los resultados de la operación y así poder demostrar ante los países aliados los avances en materia militar que se está realizando”.

En la tercera fase: Control de las instalaciones de la sede gubernamental.

En la página 5 aparece de Nr. 7 “la primer teniente Karen Nayarit Gómez Gutiérrez: conseguir todo el material e insumo médico quirúrgico necesario para la atención del personal en caso de tener lesionados en combate”.

“Periodista Rocío San Miguel: será la encargada de coordinar y trasladar todo el equipo comunicacional necesario para cubrir los eventos y realizar la transmisión de la primera entrevista en tiempo real de los avances de la operación. Crear una afinidad comunicacional con la población militar a fin de lograr el apoyo. Coordinar con organismos internacionales para a través de la ONG Control Ciudadano asegurar los derechos humanos de todos los militares patriotas involucrados en la operación. Promover ante la Cruz Roja Internacional para evitar ataques aéreos o bombardeos en contra de los integrantes de la operación”.

Dice Tarek Saab “el documento tenía unas manchas de café, debe ser que tomando café se le chispoteó, como diría el Chapulín Colorado”. La “Orden de Operaciones” es absolutamente risible, porque según lo que dijo el Fiscal los ejecutores de la Operación Brazalete Blanco no tenían vehículos a disposición “1) para la ejecución de la 3ra fase de la Operación se utilizarán los vehículos orgánicos de la Unidad. 2) vehículos civiles que se obtengan durante el desarrollo de la operación”.

Para la Evacuación y hospitalización no dicen cómo lo harán, pero el papel indica que “se prestarán los primeros auxilios necesarios hasta haber asegurado la operación, una vez tomado el control se trasladará a un centro asistencial seguro con personal civil que apoya el movimiento”, agregando que la 1TTe Gómez Gutiérrez “deberá hacerse de un vehículo tipo ambulancia con el fin de trasladar a los posibles heridos”.

Militares califican de poco creíble la Orden de Operaciones que presentó el fiscal venezolano y que pretendía el supuesto magnicidio contra Maduro - Infobae

viernes, 2 de julio de 2021

Los padres de un joven asesinado por militares venezolanos le reclamaron a Michelle Bachelet: “No están acusados, solo imputados y en libertad”


No se hizo esperar la reacción de José y Elvira, padres del joven universitario Juan Pablo Pernalete Llovera, al conocerse el informe de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos


Sebastiana Barráez/ viernes 2 de julio 2021

@SebastianaB

 

Tomado de Infobae

 

No se hizo esperar la reacción de José y Elvira, padres del joven universitario Juan Pablo Pernalete Llovera al conocerse el informe que ayer presentó la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Le reclamaron que con lo dicho en su informe más reciente sobre el caso de su hijo asesinado, “beneficia y lava la cara del Ministerio Público y del gobierno”.

José y Elvira Pernalete, padres del joven asesinado

En su cuenta de Twitter, escribió Elvira Pernalete, quien se identifica como “madre de Juan Pablo Pernalete, mi gran orgullo y bendición. Mi amado hijo fue asesinado por querer un mejor país, por pensar diferente”.


Expresa ante la opinión pública: “Nosotros, los padres de Juan Pablo Pernalete, queremos expresar que nos sentimos profundamente consternados al leer la actualización del informe de la ACNUDH en relación al caso de nuestro hijo, asesinado por funcionarios de la GN el 26 de abril 2017”.
El Fiscal reconoce que a Pernalete lo mata el impacto de la lacrimógena

“Ante la publicación del informe este 01 de julio, queremos aclarar algunos aspectos del caso: No es cierto que existan 12 militares de la GN acusados. Hasta la fecha, solo están imputados y además, en libertad”.

Agrega que “l4 de junio 2021 entregamos documento al Ministerio Público solicitando información del caso sin obtener respuesta. Hemos manifestado nuestro rechazo a los delitos imputados ya que los mismos no reflejan la realidad ni la gravedad de lo ocurrido en 2017. De hecho, los imputados están en libertad”.

“Consideramos que esta nueva actualización del informe de la ACNUDH refleja una versión que beneficia y lava la cara del Ministerio Público y del gobierno ante la Alta Comisionada. Por último, consideramos que se envía un mensaje muy peligroso de impunidad”, finalizan diciendo José y Elvira, padres del universitario asesinado.

Michelle Bachelet, Alta Comisionada para los Derechos Humanos

Lo que dice Bachelet

Ayer 01 de julio la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Verónica Michelle Bachelet Jeria, presentó un nuevo informe ante el 47 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, sobre la Situación de derechos humanos en Venezuela.

En el aparte D del punto II Justicia y Estado de Derecho, Bachelet se refiere al Acceso a la justicia y reparaciones adecuadas, destacando que “el ACNUDH reconoce las medidas adoptadas por el Ministerio Público para investigar las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad. Según el Ministerio Público, entre agosto de 2017 y abril de 2021, 716 agentes de seguridad y 40 civiles fueron acusados de graves violaciones de los derechos humanos, y 153 fueron condenados”.

Agrega que “el 1 de mayo de 2021, se anunció que 12 miembros de la Guardia Nacional Bolivariana habían sido acusados por el homicidio de Juan Pablo Pernalete, quien habría resultado muerto por el impacto de una bombona de gas lacrimógeno durante una protesta en 2017”.

“El ACNUDH destaca la necesidad de reforzar la acción judicial para asegurar la rendición de cuentas en los casos de violaciones graves de derechos humanos. De todos los casos de muertes ocurridas en el contexto de operaciones de seguridad o de protestas documentados por el ACNUDH, hasta ahora solo uno ha dado lugar a una sentencia. En ese caso, los presuntos autores fueron absueltos”, suscribe Bachelet.

El asesinato de Juan Pablo Pernalete conmocionó a la opinión pública

El asesinato

Desde que a Juan Pablo Pernalete Llovera, un estudiante universitario, lo asesinaran militares el 26 de abril 2017, cuando solo tenía 20 años, el régimen venezolano trató de encubrir el caso. El joven participaba en una protesta contra el Gobierno de Nicolás Maduro cuando el lanzamiento de una bomba lacrimógena impactó contra su cuerpo. Los medios de propaganda del Gobierno y altos funcionarios como el Ministro Ernesto Villegas Poljak intentaron desviar la atención tratando de hacer ver que el objeto causante fue una pistola de perno cautiva. Sus padres nunca se han rendido, siguen denunciando y se han acercado a conseguir justicia para su hijo asesinado.

Villegas reconoció, hace semanas, después de la conferencia de prensa de Tarek William Saab, que publicó la versión de Últimas Noticias: “En el caso de Juan Pablo Pernalete ventilé públicamente una hipótesis que no es de mi autoría: previamente había sido publicada por el diario Últimas Noticias citando fuentes del Poder Judicial y del Ministerio Público y que, como todas las sometidas a investigación criminalística, no debía ser excluida de la cobertura noticiosa de aquellos acontecimientos en desarrollo, como estaba ocurriendo para el momento en que me reuní junto a la entonces canciller Delcy Rodríguez con un grupo de corresponsales extranjeros para abordar el tratamiento mediático a la violencia política en Venezuela, en fecha 29/04/2017”, dijo Villegas.

Hace cuatro años del el doloroso hecho que conmovió al país y más allá de las fronteras porque, aunque fueron muchos los asesinados en las protestas de los años 2014 y 2017, al caso de Pernalete Llovera se le sumó la campaña y estrategia para encubrir a los funcionarios militares responsables.
El ministro Villegas Poljak habló de la pistola de pernos

El 01 de mayo del año en curso el Fiscal General nombrado por la Asamblea Constituyente, Tarek William Saab corroboró lo que el régimen venezolano y sus medios de propaganda tanto buscaron ocultar, que el joven universitario murió por el impacto de una bomba lacrimógena. “Se logró la imputación de 12 funcionarios por el delito de homicidio preterintencional en grado de complicidad correspectiva”, dijo el titular del Ministerio Público.

Lo expresado por Saab fue un gran logro, porque por primera vez estaba reconociendo públicamente cuál fue la causa de la muerte de Juan Pablo Pernalete. Es importante recordar que menos de un mes después del crimen, la fiscal general Luisa Ortega Díaz dijo, en una rueda de prensa que le marcó un hito decisivo de rompimiento con el Gobierno Nacional, que el joven había muerto producto de una lacrimógena disparada por la Guardia Nacional Bolivariana.

El hoy presidente de la Asamblea Nacional, exministro y exvicepresidente, Jorge Jesús Rodríguez Gómez reaccionó en ese momento a lo manifestado por la entonces Fiscal General y publicó: “Luisa Ortega Díaz TRAIDORA, ¿cuántos dólares costó tu conciencia? A Pernalete lo asesinó la misma derecha, no sea inmoral señora 'Fiscal’"

Lo ocurrido en Apure fue entre la FANB y las disidencias de las FARC

El caso Apure

Por otra parte, es importante destacar la mención que hace el informe de Bachelet a los sucesos ocurridos en el municipio Páez del estado Apure de marzo a mayo 2021 porque, aunque se refiere a “presuntas” menciona a la guerrilla colombiana de las FARC. “Los enfrentamientos entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y presuntas facciones disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo se intensificaron en el estado Apure a partir del 21 de marzo. Enfrentamientos mortales continuaban en el momento de redactarse el presente informe”.

Agrega “grupos armados no estatales habrían utilizado minas terrestres. El 25 de marzo, 5 personas, 4 de ellas de una misma familia, fueron presuntamente detenidas por las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) en la localidad de La Victoria (municipio Páez del estado Apure), y halladas muertas horas después. Fuentes afirmaron que los fallecidos no estaban vinculados a los grupos armados y que la escena del crimen había sido manipulada. El Fiscal General designó una comisión especial para investigar las violaciones de los derechos humanos en el estado de Apure”.

jueves, 24 de junio de 2021

La derrota que amarga el Bicentenario de la Batalla de Carabobo: fingidas sonrisas versus el grito de justicia por los militares que asesinó la guerrilla

 

Detrás de la cortina montada por el Ministerio de Defensa está la herida aún sin cicatrizar de lo ocurrido en Apure, cuando la guerrilla colombiana hirió, secuestró y mató a gran cantidad de soldados


Sebastiana Barráez/ jueves 24 de junio 2021

@SebastianaB

 

Tomado de Infobae

 

En un desesperado esfuerzo por revivir el sentimiento que históricamente acompañó la celebración de la Batalla de Carabobo, definitiva para la libertad de Venezuela, que reveló en 1821 a un Ejército valiente, aguerrido y vencedor frente al dominio español, el régimen venezolano ideó una serie de actividades caracterizada por coloridos discursos, desfile, miniserie, pequeñas obras como el monumento Bicentenario, aunque en realidad algunas solo son arreglos y recuperaciones de las ya existentes. Pero ahí, detrás de la cortina, debajo del maquillaje, está la fea herida aun sin cicatrizar de lo ocurrido en Apure, cuando la guerrilla colombiana hirió a gran cantidad de soldados, secuestró a 8 que liberó a cambio de que le despejaran parte del territorio fronterizo y dieciséis (16) muertos entre tropa y oficiales.

El homenaje a cuatro de los militares asesinados por las FARC en Apure

Aunque el Ministro de la Defensa, GJ Vladimir Padrino López diga que “ha valido la pena llegar a esta fecha en victoria, unidad y sin traiciones”, en realidad la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) llega a la fecha inmortal en una dolorosa situación de amargo fracaso por la derrota que recibió en Apure ante un reducido grupo de la guerrilla colombiana, específicamente una facción de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), pero también confundida en lo que a su papel esencial se refiere, a ese que le dicta la Constitución de la República: la defensa del territorio y la soberanía.

Además, el Ejército venezolano se enfrenta a la acelerada desprofesionalización, a la pobreza del apresto operacional, miles de deserciones, la desmoralización de las tropas, aquejadas por el hambre, la corrupción y el desprecio de la sociedad civil. La historia más reciente de la Fuerza Armada venezolana está plagada de oficiales presos por razones políticas, algunos de alto perfil y preparación, otros corruptos e inmorales, opositores, chavistas o constitucionales.

Diputado Orlando Zambrano de la CRBZ, ala civil de las FBL FPLN

Militares llevando heridos por ataques de las disidencias de las FARC

Nunca antes hubo tantos militares involucrados en hechos delictivos: narcotráfico, asesinato, secuestro, atraco, abigeato, extorsión, contrabando, estafa, etcétera. En la FANB proliferaron delincuentes desde que el requisito principal, para lograr cargos y ascensos, es la lealtad y no los méritos morales y éticos.

El Ejército venezolano salió herido, gravemente herido, de su batalla ante las disidencias de las FARC, al mando de Gentil Duarte, desde que se involucra en una guerra interna que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) tiene desde que la otrora poderosa guerrilla se dividió en tres grandes grupos:

1) El que lideriza alias Timochenko, que se quedó cumpliendo con el proceso de paz, a cambio de curules en el Congreso colombiano, impunidad por los crímenes cometidos y beneficios económicos.

2) El que se desprende del Acuerdo de Paz para regresar a la clandestinidad, liderizado por Jesús Santrich e Iván Márquez, llamada la Segunda Marquetalia.

3) Y la que tiene como principal líder a alias Gentil Duarte, que se negó a firmar el Acuerdo de Paz, y que tiene en la zona de Apure (Venezuela) a jefes como alias Ferley y alias Arturo.

El fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez, denunció en 2019 la presencia de Arturo y Ferley en Apure

Obras y Apure

Aunque está lejos de tener la majestuosidad y belleza del Arco del Triunfo (1921), Maduro propone postular a premios internacionales el Monumento Bicentenario de Carabobo, que exhibe grandes vigas de hierro y acero, en lo que él interpreta como “las vigas poderosas que se sembraron aquí para construir el edificio republicano, en base a la espada mayor del Libertador Simón Bolívar, viendo al cielo, pidiendo las bendiciones al Dios Creador”. 

El Monumento Bicentenario (2021) difiere no solo en la forma sino en el significado con el Arco del Triunfo, el cual fue construido en homenaje al Centenario en 1921 y consta de dos columnas, que simbolizan la paz y la victoria, cada una con 28 metros de altura que se unen en un arco, donde hay diversas inscripciones.

Lo otro que el régimen de Maduro mostró en obras, como homenaje al Bicentenario de la Batalla de Carabobo, es “un museo especial para niños, al que se ha complementado con un pequeño zoológico”.

El día en que la Segunda Marquetalia reveló su decisión de regresar a las armas

Por su parte, el ministro de la Defensa, Padrino López dijo en un discurso “Bolívar, sólo con su voluntad de vencer, su visión y deseo de ser libre, junto a ese pueblo que estaba en batalla, consiguió la manera de sorprender al enemigo y echarlo de estas tierras. ¡Por aquí pasó despavorido el ejército del rey, hace 200 años!”.

Maduro en la inauguración del Monumento Bicentenario 2021

En realidad, el régimen venezolano solo puede resaltar la historia que tiene a Bolívar, Sucre, Miranda y otros como héroes de la Independencia. La más reciente solo puede exhibir el lamentable asesinato de militares a manos de la guerrilla colombiana:

19 de septiembre 2020: SM3 (Ej) Gabriel Alexander Pérez Silva, S2 (Ej) Reiber David Chirino Reyes, 1TTE (Av) Augusto David Linares Delgado y Tte (Av) Miguel Ángel Mora García.

21 de marzo 2021: Mayor (Ej) Edward Ramón Corobo Segovia y 1Tte (Ej) Yonathan Miguel Duarte.

31 de marzo 2021: S/2 (Ej) Jesús Alexander Vásquez Pérez y S1 Andriel Rafael Istúriz Sojo.

3 y 5 de abril 2021: Teniente Coronel (Ej) Raúl Roilander Quintero, 1Tte Ej  Julio Manuel Inojosa Morgado, C2 (Ej) Yoendri Enrique Piñero Ortega y S1 (Ej) Breyner Alexander Granados Suarez.

23-24 abril 2021: CN Naywill José Torres Moreno, SM2 (Ej) Wilmer De Jesús Ferrobús Garabito, SM1 (Ej) Ronal José Marcano Castillo, SM2 (Ej) Andy José Miranda, SM1 (Ej) Santiago De Jesús Reyes Farfán, S1 Álvaro Rafael Mariño Ostos, S2 Michael Miguel Medina Sequera y S1 (ARB) Luis David Lira Negrón.

En total veinte militares muertos, a los cuales hay que sumas otros asesinados anteriormente en Apure, Amazonas, Zulia y Táchira.

Alias Arturo, del Décimo Frente de las FARC-EP

Premiando el silencio

En el esfuerzo por mostrar como victoria lo que en realidad es una derrota, el régimen venezolano le concede el Premio Nacional de Periodismo Digital compartido al portal de la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora (CRBZ) por sus trabajos sobre el conflicto armado en La Victoria, Apure. Esa organización se constituyó como el ala civil de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FBL) ahora llamadas Fuerzas Patrióticas de Liberación Nacional (FPLN), que es una guerrilla venezolana que ha funcionado desde hace varias décadas y que se dio a conocer desde que en septiembre de 1992 asumió la autoría del atentado contra Antonio Ríos, el entonces presidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV).

Y el Ejecutivo Nacional también le otorga un reconocimiento especial “al documentalista Daniel Quintero, por el trabajo audiovisual sobre la frontera colombo-venezolana”; el comunicador jamás hizo mención a los ocho militares mientras estuvieron desaparecidos y secuestrados en manos de las FARC.

Dos hechos que demuestran el frustrado intento del régimen venezolano por maquillar lo ocurrido en la frontera. Las FBL/FPLN, con la CRBZ, siempre ha tenido entre sus líderes locales al diputado Héctor Orlando Zambrano “Lapo” y a José María Romero “Chema”, alcalde del municipio Páez; en Apure son reconocidos como integrantes de los “Boliches”, como les dicen a quienes pertenecen a esa guerrilla criolla.

El Campo de Carabobo es símbolo de la Batalla del 24 de junio de 1821

El alcalde y parlamentario hicieron esfuerzos, durante el conflicto, por presentar con normalidad lo que en ese momento era una cruenta guerra entre las FARC y la Fuerza Armada. Incluso, el 9 de abril presentan un micro audiovisual hablando de “agresión contra la soberanía de Venezuela por parte de grupos narcomercenarios colombianos, la cual ha sido neutralizada por la FANB a través de la Operación Escudo Bolivariano 2021, en unidad cívico-militar”.

La CRBZ no menciona a las disidencias de las FARC, sino que manipula diciendo que es “una estructura del narcotráfico que le es funcional al Estado colombiano y al imperio norteamericano para seguir agrediendo a Venezuela”, y enseña a alias Arturo como parte de un Grupo Armado Organizado residual (GAO-r), ocultando que el gobierno colombiano denunció en enero 2019 que el guerrillero de las FARC, cuyo verdadero nombre es Jorge Eliécer Jiménez Martínez, estaba junto a Fabián Guevara, alias Ferley, delinquiendo desde La Victoria del estado Apure.

La CRBZ presenta información falsa tratando de hacer ver que la situación en Apure estaba controlada por la Fuerza Armada venezolana, que los habitantes regresaban tranquilamente a sus hogares en la frontera venezolana y que habían dado de baja a dos irregulares primero y después a nueve. Pero catorce días después de publicar ese tipo de informaciones, las disidencias de las FARC asesinan a ocho militares, de quienes no se sabía nada, hasta que la guerrilla informa al sacerdote de La Victoria que recojan los cuerpos tirados en la sabana y les permite la entrada al territorio que dominan en suelo venezolano.

Hoy Venezuela recuerda 200 años de un Ejército glorioso que dio un paso decisivo para la Independencia, pero también una terrible realidad actual para un Ejército diezmado que necesita resurgir de manera urgente y cumplir con su obligación constitucional.

La derrota que amarga el Bicentenario de la Batalla de Carabobo: fingidas sonrisas versus el grito de justicia por los militares que asesinó la guerrilla - Infobae

martes, 18 de agosto de 2020

Un funcionario explicó la cruel manipulación del servicio forense chavista sobre los militares muertos durante la Operación Gedeón

 Los familiares trataron de recuperar los cuerpos de sus seres queridos, pero el gobierno venezolamo montó una estrategia para evitar que los reconocieran y luego enterrarlos en fosas comunes


Sebastiana Barráez/ 18 de agosto 2020

@SebastianaSin

 Tomado de Infobae

 

Un funcionario de la morgue de Bello Monte en Caracas, centro del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf), manifestó a Infobae estar muy indignado por la manera en que han sido tratados los familiares de los presuntos fallecidos o desaparecidos de la Operación Gedeón, ocurrida el 3 de mayo 2020. Al leer la entrevista con la señora Elizabeth Castillo de Castro, reveló la serie de violación de protocolos que se han cometido en el sonado caso.

La Operación Gedeón causó la detención de casi 60 personas y 8 muertos 
cuyos nombres oficialmente no se conocen

“Lo primero que debo decir es que Bermis Martínez no es médico forense, ni sabe nada de medicina legal, es una maracucha (oriunda del estado Zulia), comisaria del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc), porque Senamecf está llenó de comisarios en varias áreas. La que sí es patólogo es Yannuacelis Cruz”, dice el funcionario que nos pide no identificarlo para evitar represalias en su contra.

“La Jefa de Evidencias es otra comisaria llamada Yaniska Trujillo. Si había dudas sobre el cuerpo, debieron actuar los odontólogos y antropólogos, que son los calificados para dar la identidad cuando no se reconoce un cuerpo. Además, eso lleva un estudio que se llama necrodactilia, de manera que con esos cadáveres lo primero que debió hacerse fue proceder con el sistema dactilográfico, que se utiliza para obtener de manera correcta las impresiones digitales de los cuerpos sin vida para su real identificación; eso solo debe tomar unos minutos y ese scanner tiene relación directa con el CNE y el Servicio de Identificación SAIME”.

Destaca el funcionario que cuando el familiar de alguno de esos cadáveres muestra señales de duda o no reconoce el cuerpo, no podría ser inhumado. “Lo que la esposa del señor Jean Carlo Castro Gutiérrez dice en la entrevista, con relación a lo expresado por la comisaria Bermis de ‘cuando ustedes quieran asumen los costos y reclaman el cuerpo’, eso es absolutamente ilegal, además de ser una respuesta bochornosa por parte de una funcionaria”.

 

Comisaria Bermis Martínez

El día de la muerte

Una de las muchas preguntas sin respuestas del caso Gedeón es sobre la muerte de los participantes en ese evento. El ministro del Interior y Justicia, Néstor Reverol, dijo el 3 de mayo, pocas horas después de lo ocurrido en Macuto, que hubo ocho muertos, pero solo mencionó al capitán Robert Levid Colina Ibarra alias Pantera; desde entonces empezó el calvario para muchos que sospechaban o tenían la certeza de que su familiar estaba o estuvo relacionado con los campamentos de lo que terminó en la Operación Gedeón.

Ahora bien, si las muertes ocurrieron ese 3 de mayo, cuando dos embarcaciones se acercaban a Macuto, los cadáveres debieron estar frescos al llegar a la morgue y era muy fácil reconocerlos, más aún cuando en horas de la mañana se había dado a conocer, a través de las redes, un video donde aparecían identificándose quienes participaron en esa frustrada Operación.

Capitán Robert Colina alias Pantera, el único oficialmente 
reconocido como muerto en la Operación Gedeón

Solo a un pequeño grupo se le permite el acceso a las salas de la morgue, cuando se trata de casos como éste de Gedeón o como cuando ocurrió la Masacre del Junquito con el asesinato del piloto Oscar Pérez y sus compañeros. “Siempre esconden algo. Si eso fuera transparente no surgirían todos estos problemas”,

“La necrodactilia da identidad de inmediato y eso se hace apenas el cadáver ingresa. Si los cuerpos están descompuestos, que no puede ser el caso de Gedeón porque el ministro dice que fueron muertos en la Operación, solo se explica si adrede dejaron que se descompusieran para que a simple vista los familiares no pudieran identificar torturas o tratos crueles, entonces sólo por necropsia de Ley se puede determinar qué sucedió”.

“Con cadáveres frescos la identificación es inmediata. Quizás no quisieron decirles a los familiares a tiempo para que no se notaran lesiones corporales, por lo que parece toda una estrategia para que la familia no se entere, para dejar descomponer el cuerpo y después inhumarlo en fosa común, con la excusa de que nadie los reclamó”, dice a Infobae el funcionario del organismo forense.

 Falla legal

Varios de los casos de la Operación Gedeón demuestran las fallas en la asesoría legal de los abogados, en este caso de la ONG en la que están Ana Leonor Acosta y Alonso Medina,  “porque se nota que no tienen conocimiento de lo que procede ante casos así. Lo primero que debieron hacer fue solicitar la identificación de los cuerpos, según la fijación fotográfica que se hace cuando un cadáver entra a la morgue. Si pasan los días y el cuerpo se descompone queda esa fijación de cómo llegó el cuerpo al que se le da número específico”.

Jean Carlos Castro Gutiérrez sigue desaparecido

“Sin duda hubo falla de los abogados, que debieron documentarse en materia forense y estar claros de los procesos de identificación”.

“Es inexplicable lo que a la señora de Castro le dijeron, según la entrevista que usted le hace. Si un cuerpo tiene cicatrices, tatuajes o cualquier tipo de marca, eso es fotografiado y reseñado apenas el cadáver llega a la morgue”.

“En caso extremo, si un cuerpo está demasiado destrozado, los odontólogos y antropólogos tienen varios recursos para identificarlo, pero muchas veces a los expertos no los llaman o se niegan a involucrarse cuando se les pretende manipular. Es inaudita la excusa que le dan al padre de Castro Gutiérrez al decirle que no se le puede aplicar la prueba de ADN. Le mintieron. Es falso que solo sea fiel si se le hace a la madre o los hermanos”.

Aun cuando éste no debería ser el caso, porque se supone que esos cadáveres llegaron frescos a la morgue, “vamos a analizar anatomía patológica, que es la referida a los cadáveres. Si dejaron que el cadáver se pudra, entonces las marcas no serán visibles porque la piel se descama, el cadáver se llena de gases que intervienen en ese proceso y el rostro, así como los ojos, los testículos y pene, se deforman. Si el forense no puede evidenciar las lesiones externas del cadáver ni las cicatrices, golpes o heridas, solo se podrán determinar en la autopsia, costillas rotas o cosas así”.

Aquí funciona el Senamecf, donde está la morgue de Bello Monte en Caracas

Aun con todo eso, indica el profesional, “la necropsia da positiva si el cadáver se corresponde, porque si tienen cédula y vota, está perfectamente registrado, más aún cuando han sido funcionarios policiales o militares, como en el caso de la Operación Gedeón”.

Le pregunto al entrevistado si es muy difícil identificar a una persona con un platino en uno de sus dedos, porque la comisaria Bermis le habría dicho a la señora Elizabeth Castillo de Castro que le abrieron el dedo y no le encontraron nada. “¡Dios! Pero qué locura. Eso no era necesario hacerlo porque en la morgue de Bello Monte hay radiología forense, por lo que al pasar el cadáver fácilmente debieron identificar el platino”.

Finalmente, el funcionario dijo que “en la sede del Senamecf Bello Monte existe un equipo de identificación forense, conformado por radiología forense, antropología y odontología forense. Es un equipo preparado incluso para catástrofes a nivel nacional. ¿Cómo no pudieron identificar a un funcionario cuyo nombre aparecía en redes, cuyo cadáver estaba reciente porque fue trasladado desde Macuto a Bello Monte que no son más de 30 kilómetros y que además tenía platino en un dedo? Todo parece intencional para ocultar lo que realmente sucedió con esas personas”.

https://www.infobae.com/america/venezuela/2020/08/18/un-funcionario-explico-la-cruel-manipulacion-del-servicio-forense-venezolano-sobre-los-militares-muertos-durante-la-operacion-gedeon/


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