martes, 29 de noviembre de 2022

Choques entre la Guardia Nacional y el Ejército de Venezuela: las detenciones que provocaron un enfrentamiento en Apure


Los arrestos responderían a un cruce entre oficiales por un incidente ocurrido en un punto de control



Sebastiana Barráez/ martes 29 de noviembre 2022

@SebastianaB




Tomado de Infobae 
Audio sobre lo ocurrido con la detención de los guardias

Hacía cuatro días una teniente de apellido Yépez había arrestado a nueve guardias nacionales en el Punto de Control Puente Lata, El Amparo, municipio Páez de Apure. Nada indicó que la situación desencadenara algo inusual a no ser que el 25 de noviembre, una comisión de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), llegó al Destacamento 353, ubicado en Guasdualito y se llevó detenidos al Teniente Coronel (GNB) Luis Fernando Reyes Salas y al Mayor (GNB) Vivas.

Las detenciones responderían a un enfrentamiento entre oficiales de la GNB y el Ejército por el incidente ocurrido en un punto de control. El régimen venezolano les permite a los militares funcionar con cierta libertad en lo que negocios ilícitos se refiere. En la Guardia Nacional ha imperado, desde hace muchos años, “el pote”, es decir, la recolección de dinero en los puntos de control, cuyo monto es mensualmente distribuido entre un determinado número de oficiales, que incluye a diversos rangos, incluyendo generales.

Algunos comandantes de la institución han negado la existencia del mismo, pero es la principal excusa para que el guardia raso en la alcabala hasta el oficial justifique así la extorsión en las alcabalas. Pues bien, basta con querer sacar a un militar del camino para que se active algunos de los expedientes contra el objetivo.

La Guardia Nacional renovó varios comandantes

Ese sería el caso de lo ocurrido a los jefes del Comando de Guasdualito y a un grupo de Guardias Nacionales. Funcionarios de la DGCIM se aseguraron de filtrar las fotos de los sargentos, pero no así la del comandante; también un sonido donde un individuo explica lo ocurrido, aunque solo es parte de la historia.

Lo que es una realidad en la institución castrense es que todos los componentes saben quién negocia qué, con quién, quién lo protege, así como las relaciones de compadrazgo, amistad y familiaridad. La historia de “El Pote” no es leyenda urbana, es una vergonzosa realidad, que implementa la GNB desde hace décadas; el cobro en los puestos de control se ha extendido a los otros componentes. No es la primera vez que la GNB y el Ejército presentan problemas por controlar el lucrativo territorio de las alcabalas.

Según el expediente TM14C-177-2022, cuando fueron presentados ante el Tribunal solo aparecen siete sargentos: los sargentos mayor de segunda Franklin José Rodríguez Evies, Julio César Cárdenas Bermúdez y Jhancarlos Omaña Chacón, así como los sargento mayor de tercera Jesús Iván Rojas Rivero, Anyelo Rafael Daza Quintero, Jean Carlos Berrueta Suárez y Rafael Simón Chacín Palmar. Todos enviados al anexo militar del Centro Penitenciario de Occidente (CPO) en Santa Ana del Táchira.

En la época de teniente del ahora Teniente Coronel (GNB) Luis Fernando Reyes Salas

Por enfrentar al Ejército

Un individuo de Apure, que no aparece identificado, le reporta a otro lo que habría sucedido. Haciendo alusión a las fotografías de los sargentos detenidos asegura que “todos esos que salen ahí eran “los poteros” de los puestos de Guasdualito. Los agarraron a todos”, dice aseverando que fueron comisiones de la DGCIM que llegaron en acción simultánea a los puestos de control.

Así les encontraron el dinero, “los libros donde anotaban a los que le entregaban la plata, a quiénes le entregaban plata’, mencionando que irían por los de El Nula.

Explica que eso ocurrió porque “ese comandante que se la tiraba de rudo agarró una camioneta del Ejército con medicina”, continuando el procedimiento y deteniendo al responsable. “El general del Ejército, que es un duro también, dizque lo llamó y le pidió que le hiciera la vuelta”, lo que el comandante no aceptó y causó el problema que llevó a que la DGCIM detuviera a “los poteros” y como consecuencia al comandante.

Superior: los SM2 Rodríguez Evies, Cárdenas Bermúdez y Omaña Chacón. Abajo: los SM3 Rojas Rivero, Daza Quintero, Berrueta Suárez y Chacín Palmar

El comandante

En la audiencia de presentación, los delitos que le imputan a Reyes Salas son contra el decoro militar, abuso de autoridad y desobediencia. A los siete sargentos de la Guardia Nacional Bolivariana les imputan abuso de autoridad y desobediencia.

Reyes Salas es egresado, en el orden de mérito Nr. 67, de la II Promoción de la Guardia Nacional “Batalla Mata de La Miel” del 5 de julio 2003; la misma promoción a la que pertenece el Director de Asuntos Especiales (DAE) de la DGCIM, Alexander Enrique Granko Arteaga.

Cuando era teniente, en el 2005, fue arrestado durante un día por ocultar, encubrir o falsear la verdad” sobre un asunto del servicio. Mientras que en el 2007, con el grado de primer teniente, recibe amonestación por “dejar de cumplir o de hacer las prescripciones reglamentarias, en la esfera de sus atribuciones”. Desde entonces no reporta medidas disciplinarias.


Durante varios años, por acumulación de méritos, ha recibido la Barra de Honor al Mérito en el Escuela de Seguridad y Orden Público, Comando de las Escuelas,  Destacamento de Comandos Rurales Nro. 99, Grupo Anti Extorsión y Secuestro del Comando Regional Nr. 9 y del Destacamento de Apoyo Aéreo Nro. 9.


En el 2004 Reyes Salas estuvo a la orden del CORE 9 de Puerto Ayacucho. En el 2005 es el Comandante del 2do Pelotón de la Tercera Compañía del Cuerpo de Alumnos en la escuela de GN en Punta de Mata, Monagas. En el 2006, es el Comandante de la 2DA Compañía de los Comandos Rurales D-99 del Core 9. En mayo 2008 es designado adjunto en la 1Ra Compañía del Cuerpo de Alumnos en la Escuela de Punta de Mata, pero a los tres meses pasa a orden de la Compañía de Seguridad del Cuerpo de Alumnos.

El teniente coronel Reyes Salas estuvo al frente de Unidades Tácticas en el estado Bolívar, en el D-627 desde agosto 2020, pasó a la Guardia del Pueblo en Río Chico, estado Miranda, pasando al D-620 en septiembre 2021.


domingo, 27 de noviembre de 2022

Los militares presos en la DGCIM central y en Policía Militar de Fuerte Tiuna reciben trato cruel: no permiten la visita de sacerdotes ni asistencia médica

 

Sufren golpizas, aislamiento, negación de alimentos, además de violencia psicológica



Sebastiana Barráez/ domingo 27 de noviembre 2022

@SebastianaB




Tomado de Infobae 
Sede la Dgcim en Boleíta

Han pasado varios meses y la situación de militares detenidos por causas políticas en la cárcel que la DGCIM adaptó en Fuerte Tiuna, se han deteriorado a pasos agigantados. A los cuatro oficiales que se encuentran ahí los mantienen en celdas separadas, les redujeron las horas de visita del fin de semana, que eran de viernes a domingo todo el día para solo 3 horas los sábados y domingos.

El General de División (Ej) Julio Ramón Barrios Torres fue a la sede de Policía Militar en Fuerte Tiuna, específicamente al área donde están detenidos los militares presos a orden de la DGCIM. “Ahí dio algunas órdenes y dijo que los confinaran con candado porque se iban a escapar”, le dice a Infobae familiares de oficiales detenidos.

El General de Brigada Hibrahím Ricardo Sirgo Herrera es el Comandante de Policía Militar, con sede en Fuerte Tiuna, donde está la cárcel que alberga a militares como el Capitán de Navío De La Sotta y el Mayor General y exministro Miguel Eduardo Rodríguez Torres; el jefe de reclusión es el Coronel Sánchez Somoza, quien ha sido testigo de DGCIM en varios juicios.

El comandante del Ejército junto al Jefe de Policía Militar en Fuerte Tiuna

No importa cuántos esfuerzos haga el Ministerio Público de Venezuela para tratar de demostrar ante el mundo y ante la Corte Penal Internacional (CPI) que se toman correctivos ante la violación de Derechos Humanos; la situación con los funcionarios de  la DGCIM es una puerta giratoria, por la que salen los funcionarios más débiles o sacrificables, mientras que por la otra entran aquellos que ocupan cargos circunstanciales, mientras los más violentos y brutales torturadores permanecen, se enriquecen mientras se preparan consiguiendo documentos de otras nacionalidades para ellos y sus familiares a la vez que hacen millonarias inversiones en paraísos fiscales o países que les garanticen refugio.

General de División (Ej) Julio Ramón Barrios Torres

Lo que ocurre en las bases de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) casi siempre es un secreto, a menos que suceda algo como lo ocurrido en Apure con la tortura y muerte del funcionario del CICPC, Juan Ángel Pantoja Carreño, por lo que hay varios funcionarios de inteligencia militares presos, incluyendo al jefe de la Base de Merecure, municipio Biruaca, Apure, Juan Bautista García Arocha alias El Gavilán. (Sebastiana Sin Secretos: La Dirección de Inteligencia en Apure detuvo a un detective que terminó muerto: horas antes había advertido que temía por su vida).

Trato cruel

En el caso del capitán de navío Luis Humberto de La Sotta Quiroga, su familia considera que está siendo objeto de represalias por parte de la DGCIM. “Ya son 4 años y 6 meses bajo la custodia de quienes lo detuvieron arbitrariamente y lo han torturado física y mentalmente de manera sostenida en estos años. Desde hace más de cinco meses lo tienen aislado. Sale al sol cuando ellos quieren, igual pasa con la ducha. No tiene radio, Tv, nada para calentar la comida. Tampoco permiten el ingreso del sacerdote. No tiene actividades recreativas, deportivas y mucho menos laborales”, dice su hermana Molly De La Sotta, quien preside la ong Familiares de Presos Políticos Militares en Venezuela (FPPMVE).

La presidente de la ONG Familiares de Presos Políticos en Venezuela, Molly De La Sotta

Lo peor contra los detenidos es la asistencia médica; en el caso de De La Sotta el juez ha ordenado dos veces su traslado, pero la DGCIM se niega a cumplir la orden. “El 19 de octubre era para la Clínica El Ávila y la DGCIM dijo que sólo trasladaba al Hospital Militar y, después el 11 de noviembre el Juez ordenó trasladarlo al Hospital Militar, pero la DGCIM igual se negó. Por otro lado, se solicitó el traslado al Senamecf (Servicio Nacional de Medicatura Forense) y Dgcim tampoco accede”.

Orden de traslado que nos es cumplida

“El Juez no quiere aplicar la Reforma de la Ley, argumentando que las condiciones por las cuales detuvieron a Luis siguen siendo las mismas”. Se suma que a la madre del capitán de navío, una señora de 85 años le hacen revisiones de casi media hora para reducirle el tiempo de visita.

“Luis tiene 3 meses en esas condiciones, le quitaron hasta el radio y sólo lo dejan caminar 2 horas en la mañana y 2 horas en la tarde: los sacan de 2 en 2. Se supone que la DGCIM no debería tener a nadie en custodia”, dice Molly De La Sotta.

Reconoce que “el Juez donde se encuentra el Expediente es el del Tribunal Milita Primero de Juicio, Luis Galaviz González, quien está pendiente de los traslados médicos, incluso se ha trasladado a Policía Militar, pero la DGCIM no los cumple”.

Cuando el CN De La Sotta insistió es que lo asistiera un psicólogo, lo llevaron al Hospitalito Vicente Salias, para que lo asistiera un psiquiatra. “El custodio quería entrar con él y Luis dijo que no. Luego quería que ingresara esposado y Luis se negó. Entonces lo regresaron a Fuerte Tiuna, hasta donde llegó la doctora, conversaron 45 minutos. Mi hermano le dijo lo que estaba pasando y que necesitaba algo para dormir”.

CN Luis De La Sotta Quiroga preso en Policía Militar de Fuerte Tiuna

La psiquiatra “dijo que estaba bien, pero le mandó un antisicótico y anti depresivo que le dio taquicardia y no podía respirar, porque está contraindicado para los hipertensos. Esa psiquiatra es militar y también atiende en el privado”.

“Se ha denunciado en su tribunal las condiciones infrahumanas de confinamiento, pero no ha enviado a nadie a inspeccionar. Declaró sin lugar la medida de decaimiento de la privación de libertad a pesar de tener 4 años 5 meses sin juicio. Solicitamos una medida cautelar que negó, así como el traslado a la cárcel militar de Ramo Verde”.

A eso hay que agregarle que “no acepta  la decisión del Grupo de Trabajo de detenciones arbitrarias de la ONU solicitando su libertad, que es un procedimiento especial que deben cumplir los países integrantes de la ONU”.

El régimen venezolano obvia que De La Sotta tiene medidas cautelares de la CIDH desde el 2018 para que se le garantice su salud, pero nunca las han cumplido.

Huelga de hambre en Boleíta

Lejos de sus hijos, recluido en los inmundos sótanos de la DGCIM en Boleíta, con una brillante carrera militar destruida y con los sueños rotos de una revolución en la que creyó, el teniente coronel Igbert Marín Chaparro no se entrega y no se resigna, lo que causa mayor ira entre sus carceleros, porque el joven oficial es un líder, que ni los 4 años y casi nueve meses encarcelado lo quiebran.


Hace casi un año Marín se declaró en huelga de hambre, que levantó en el marco de algunos acuerdos que el régimen venezolano prometió y que finalmente no ha cumplido.

Nuevamente inició huelga de hambre “para exigir respeto a sus derechos básicos y el traslado a la cárcel de Ramo Verde, como lo ordenó un tribunal. Golpizas, aislamiento, negación de asistencia médica y de alimentos, además de violencia psicológica, son algunas de las situaciones que ha vivido el militar dentro de la Dgcim”, dice su familia.


Teniente coronel Igbert José Marín Chaparro en huelga de hambre indefinida en la DGCIM

En diciembre de 2020 fue condenado a siete años y seis meses de cárcel, y esta es su segunda huelga de hambre desde que fue detenido el 2 de marzo de 2018.


Con esta acción el teniente coronel Igbert Marín Chaparro exige que se le respeten sus derechos mínimos, su traslado a otro centro de reclusión y la liberación de todos los presos políticos en el país.


Marín pertenece al grupo de los militares a quienes el régimen venezolano más teme y por ello se niega a enviarlo a la cárcel militar de Ramo Verde. El trato cruel que ha recibido ha dejado secuelas en el oficial.


Marín, es el militar que ha obtenido el mayor promedio de calificaciones como cadete en la historia de la Academia Militar del Ejército Bolivariano. Tiene medidas cautelares de protección dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que hasta el momento no han sido tomadas en cuenta por el Estado venezolano.


Igbert Marín solicitó que se incluya con carácter prioritario en la agenda del diálogo, el cese a la violación de los derechos humanos y la liberación de los presos políticos.


viernes, 25 de noviembre de 2022

La Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela expulsó a 48 oficiales por medidas disciplinarias

 Se complica la situación en la FANB, con más solicitudes de baja y crecimiento en la cifra de desertores


Sebastiana Barráez/ Viernes 25 de noviembre de 2022

@SebastianaB

Tomado de Infobae


La GNB es uno de los componentes más afectados 
por las deserciones y delitos de sus integrantes

La situación en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) es alarmante, mientras por un lado se represan las solicitudes de baja que militares de diverso rango hacen, por otra la cantidad de desertores se cuentan por miles y las listas de expulsados de la institución castrense se multiplican. El 10 de noviembre fueron separados de la Fuerza Armada, específicamente de la Guardia nacional Bolivariana (GNB), 48 oficiales, desde mayor a teniente por “medidas disciplinarias”, a la mayoría se les imputa abandonar la unidad militar sin justificación.

Según la lista suscrita por el Director de Persona de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), General de División Agustín Orfélix Herrera Luna, la medida se sustenta en el Artículo 154 numeral 2 de la Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, cuya causa sería “medida disciplinaria”; la Ley Constitucional es el resultado de la reforma de la Ley Orgánica de la FANB, aunque en la pirámide legal en Venezuela no aparecen las leyes constitucionales, es por la que se rige la institución armada.

El 4 de mayo de 2021 el presidente de Veppex 
denuncia que el Cap. Villasmil llegó a EEUU

El memorándum que suscribe el Jefe de Personal, con fecha 21 de noviembre de 2022, también está firmado por la Mayor Melina Durán Méndez, jefe de la División de Disciplina y Justicia Militar de la Dirección de Personal de ese componente militar.

La lista de los militares expulsados de la Fuerza Armada, la encabeza el oficial de más alto rango, el mayor Eduardo Alfonzo Núñez Martínez. Le siguen cuatro capitanes: Víctor Alejandro Pimienta Salazar, operador logístico de la Operación Gedeón y preso en El Helicoide; David José Bravo Vicuña; Aníbal Daniel Yánez Velásquez, este oficial aparece como viviendo en Estados Unidos desde abril de 2020.

Procedimiento legal contra la 1er teniente 
Andrea Rossana Sánchez Cegarra

El 17 de marzo de 2021 la jefe de Recursos Humanos del Hospital Militar “Carlos Arvelo” de Caracas, la Tcnel María Teresa García Panquev, publica cartel de notificación donde anuncia que la investigación contra Yánez, quien era plaza de ese hospital, continua por “permanencia no autorizada y sin justificación fuera de la unidad militar”.

El último de los capitanes que aparecen expulsados de la GNB es Nelson Ramón Villasmil Toro, a quien José Antonio Colina, presidente de la organización Veppex (Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio) señaló, el 4 de mayo 2021, de que “habría entrado por la frontera y estaría en Florida. Era un efectivo muy revolucionario en Venezuela, con comportamiento característico a los esbirros”, dice Colina.

La GNB reportando el retiro de los oficiales

Primeros tenientes

Entre los separados de la institución castrense hay un total de 22 primeros tenientes de la GNB:

1-Gabriel Luis Corro Soto

2-Anderson Eduardo Rivas Granadillo

3-Moisés David Aguirre Matheis

4-Wai-Ming Manuel David NG Sánchez

5-Augusto Alejandro Vílchez Lacruz

6-Kelvin Yoel Carvajal Molero

7-Andrea Rossana Sánchez Cegarra

8-José Bernanrdo González Meza

9-José Weiner Beltrán Beltrán Parra

10-Nixon Edgardo Ramírez Guerrero

La investigación de la GNB sobre Gino Mazzeo Camacho

11-Israel Antonio Yépez Manzanilla

12-Roimer Jesús Rodríguez Ardila

13-Pedro Miguel Infante Martínez

14-Anderson José Mogollón Ramos

15-Kelvin Alexander Rondón Sánchez

16-Gino Mazzeo Camacho

17-Jordan Alfonso Mogollón Gómez

18-José Alejandro Colmenares González

19-Olwins Eduardo Bobb Cardozo

20-José Antonio Rodríguez Vásquez

21-Yiximar del Valle Martínez Figueroa

22-Edmundo Luis Berti García

Caso de la Teniente Alejandra del Valle Delgado Piña

21 Tenientes expulsados de la FANB

1-Argenis Antonio Bracho Contreras

2-José Ramón Celis Coronado

3-Alejandra del Valle Delgado Piña

4-Deglis Yorvanis Verenzuela Guerrero

5-Jorge Félix Rojas Oliveros

6-Anny Luisa Linares Villanueva

7-Moisés David Villarroen Jiménez

8-Hugo Alberto Carrizález Carreño

9-Jhilber Alexis Jaimes Uribe

El capitán Víctor Pimienta Salazar, jefe logístico de operación Gedeón 
y subalterno de Antonio Sequea

10-Luis Rafael Jiménez Tirado

11-José de los Santos Montiel Leal

12-Hendrick José Carmona Villanueva

13-Diego José Requena Inaga

14-José Rigoberto Neiva Estrada

15-Jonathan José Torrealba Caicedo

16-Yuleisy Katherine Zambrano Zambrano

17-Edicson José Duque Arias

18-Yerald Jesús Morillo Lucas

19-Eduardo Ramón Núñez Pérez

20-César Augusto González Briceño

21-Antony Daniel Ramírez Albarracín

https://www.infobae.com/america/venezuela/2022/11/25/la-guardia-nacional-bolivariana-de-venezuela-expulso-a-48-oficiales-por-medidas-disciplinarias/


miércoles, 23 de noviembre de 2022

Hace un año que un juez ordenó liberarlos, pero el Ministerio Penitenciario de Venezuela no respeta las decisiones de la justicia

 

Un ganadero y un capitán continúan presos a pesar de que la justicia ya ordenó su liberación en las causas por las que han sido arrestados



Sebastiana Barráez/ martes 23 de noviembre 2022

@SebastianaB




Tomado de Infobae 
Bronco Vengeles Bravo Silva y el capitán activo William Andrés Silva Jiménez tienen un año con boleta de libertad pero siguen presos en La Planta

La administración de justicia en Venezuela es relativa, ya no solo depende de los tribunales ordinarios o militares ni del Ministerio Público, de la orden que dé tal o cual funcionario con poder político, sino que al triángulo de tortura y violación de derechos humanos se suma el Ministerio de Asuntos Penitenciarios, que sigue siendo manejado por la diputada Iris Varela a través de la ministra Mirelys Contreras. Sebastiana Sin Secretos: “Yo recibo órdenes de Iris Varela”: la respuesta de la Ministra Penitenciaria de Venezuela ante el reclamo de seis detenidos con boleta de excarcelación. Lo grave es que el Ministerio no respeta la decisión de los tribunales, como ocurre con un ganadero y un capitán que tienen un año con boleta de libertad sin saber qué hacer con ella, porque sencillamente no hay funcionario que respete la decisión del Tribunal.

El Ministerio Penitenciario libera a detenidos sin orden judicial; lo empezaron a hacer cuando la entonces ministra Iris Varela inventó la Operación Cayapa y así le dio libertad a miles de presos comunes con delitos graves.(Sebastiana Sin Secretos: La-alarmante-liberacion-de-presos-en-venezuela-que-realiza-la-ministra-penitenciaria-con-la-excusa-de-medidas-ante-el-coronavirus/) Y lo siguió haciendo, mientras pasaba por encima de la Fiscalía y los tribunales; después que pasó a la Asamblea Nacional y dejó a su pupila en el Ministerio, ha seguido desde el parlamento decidiendo la libertad de los detenidos. Ha utilizado a los presos para actos políticos e incluso para ocupar fincas (Sebastiana Sin Secretos: Dueños de fincas señalan a la ex ministra Iris Varela y a un médico ex presidiario de estar detrás de la ocupación de fincas con privados de libertad).

Ministra Mirelys Contreras y ex ministra Iris Varela

El 16 de noviembre 2021, el juez Tercero de Control del estado Apure, José Antonio Méndez Laprea, emitió boleta de libertad de Bronco Vengeles Bravo Silva, preso en el Centro Penitenciario Yare III del estado Miranda, caso del la causa Nr. 3C-20.768-21. Destaca el juez que fue sobreseída la causa.

Los delitos que se le habían imputado a Bravo fueron: Traición a la Patria, según artículo 465 del Código Orgánico de Justicia Militar; espionaje, según artículo 471 numeral 5 del código mencionado; ultraje a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, del artículo 505; rebelión, según artículo 486.

Aunque ha pasado más de un año que debería estar libre, Bravo Silva sigue en El Rodeo II. El 8 de julio 2022, la juez Luisa Renee Garrido Traspalacios, en comunicación Nr. 135-22 enviada a la directora del Centro Penitenciario Rodeo II, hace saber que en su Tribunal de Terrorismo no hay ninguna causa penal contra Bravo Silva.

“De la revisión exhaustiva de la causa signada con el Nr. 3CT-065-21 se pudo evidenciar que el ciudadano (Bravo Silva) n se encuentra solicitado por esa causa, por lo cual las solicitudes de traslado del ciudadano se realizaron por error involuntario, debido a que el ciudadano fue mencionado en una de las actas procesales, no teniendo responsabilidad penal de las mismas”, suscribe la juez.

Bravo Silva tiene, en San Carlos de Cojedes, su casa de familia y una finca donde ceba ganado; en Elorza, municipio Rómulo Gallegos, Apure tiene otra finca con ganado de cría. En Apure, como mucho ganadero hace, paga a gente que se dedica a la crianza de los mautes. En los meses de octubre recibía en Apure los becerros destetados y los trasladaba a la finca de Cojedes; ese proceso de negociación puede durar unas semanas.

La juez Vanerkis Márquez deja claro que el capitán Rivas Jiménez tiene boleta de excarcelación y no hay causa contra él

El principio de su pesadilla

Marisol Tapias Toro alias La Patrona es ampliamente conocida en Apure por su relación con las entonces Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC); en esa época el Ejército venezolano toleraba sin problema alguno que ella en su finca había instalado un campamento de esa organización guerrillera. La Fuerza Armada de Venezuela (FANB) permitía que la autoridad la ejerciera esa guerrilla que después pasó a ser disidencias cuando se firma el acuerdo de paz en Colombia. El problema surge cuando el ELN desata la guerra contra las disidencias de las FARC por el control del territorio.

Tapias era una mujer con mucho poder, el de las armas y el dinero. En la zona se recurría a ella para negociar cualquier cosa y para intermediar en disputas. Muchos ganaderos y productores la consideraban la llave para resolver problemas locales. Bronco Vengeles Bravo Silva estaba en la finca de Tapias cuando funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), al mando de Juan Bautista García Arocha alias El Gavilán, llegaron y detiene a La Patrona, a tres empleados y a Bravo.

Los Dgcim preguntan de quién es una camioneta que está en el lugar, respondiendo Bravo Silva que es suya; cuando le piden abrirla, les dice que él está en esa finca para comprar unos becerros y que en la guantera del vehículo tiene el dinero. Cuando uno de los funcionarios pregunta, refiriéndose a Bravo Silva, qué hacer con él, la respuesta de El Gavilán fue “llevémoslo también para que haga bulto”.

La boleta de libertad de Bravo Silva tiene más de un año sin cumplirse

Todos son detenidos y los trasladan a la DGCIM de San Fernando de Apure; tres días después los trasladan a la DGCIM de Boleíta en Caracas, donde permaneció tres meses hasta que lo llevan a la cárcel militar de Ramo Verde, estado Miranda; tres meses después lo envían a la cárcel de Yare. Se celebra la audiencia en San Fernando de Apure, lo asiste un defensor público y el tribunal le da libertad plena.

Media hora después Bravo Silva está en un hotel con su hijo cuando llega el juez, con funcionarios de la Guardia Nacional y custodios de Yare, le dicen que debe llevarlo a la cárcel de Yare porque por allá el Ministerio Penitenciario le va a dar libertad. Todo fue un engaño.

Pasaron los meses y a Bronco Bravo no lo liberan. Lo llevan a la cárcel de El Rodeo, lo presentan, el 8 de julio 2022, ante el Tribunal de Terrorismo en Caracas; cuando la juez Luisa Renee Garrido Traspalacios menciona a todos los de la causa, menos a Bravo. El Fiscal y la juez buscan entre los documentos y reconocen que él no aparece ahí y le piden que salga de la sala porque él no tiene nada que ver en la causa que se sigue a los otros.

Tampoco lo dejaron en libertad, porque la juez dijo que eso lo decidía el Ministerio Penitenciario, y envió el oficio 135-22 a la directora del Rodeo II explicando que no hay causa contra Bravo Silva. Así pasaron casi dos meses más y no hubo ni siquiera respuesta de Ministerio Penitenciario al oficio de la juez.

Bronco Vengeles Bravo Silva reclamó su derecho a la libertad

El video

El 28 de agosto el ganadero preso graba un video denunciando que tenía boleta de libertad desde hacía más de ocho meses, haciendo un llamado al Ministerio Público, al Ministerio Penitenciario y a la administración de justicia para que se cumpla la decisión del tribunal y su excarcelación.

La venganza del Ministerio Penitenciario fue sacarlo de El Rodeo y enviarlo a la antigua cárcel de La Planta, Centro de Formación Hombres Nuevos “Simón Bolívar”, en El Paraíso, Caracas. A la familia de Bravo Silva le dicen que la orden final la da la ministra Mirelys Zulay Contreras Moreno.

El verdadero problema es que el Ministerio Penitenciario sigue siendo manejado por la exministra María Iris Varela Rangel, por lo que la verdadera titular del Ministerio retarda las decisiones hasta que no recibe la orden de la ahora vicepresidente de la Asamblea Nacional. El caso de Bravo no es el único, hay varios presos con boleta de excarcelación, con decisiones de Tribunales a quienes los carceleros se niegan a obedecer.

No es casual que de La Planta se fugaron, bajo el Ministerio de Iris Varela, varios narcos mexicanos (Sebastiana Sin Secretos: Tres mexicanos se escaparon de una carcel) cuando la excusa era que esa cárcel había sido especialmente asignada a presos extranjeros y así se lo hicieron creer a los delegados de la entonces Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michele Bachelet; en realidad se burlaron de esa comisión, porque esa cárcel solo ha servido para facilitar la fuga de delincuentes que pueden pagar mucho dinero, como los narcos.

Antigua cárcel La Planta donde hay una decena de presos con boleta de excarcelación

El capitán

La Planta es una fuente importante de financiamiento para los funcionarios, porque todo hay que pagarlo, incluyendo la libertad. También sirve para aislar y torturar a presos venezolanos, como ocurre con el capitán William Andrés Rivas Jiménez (Sebastiana Sin Secretos: La historia del capitán venezolano brutalmente torturado que fue juzgado dos veces por los mismos delitos), quien tiene boleta de libertad plena desde el 15 de noviembre 2021; lo han torturado en la cárcel de La Planta para que no denuncie sus derechos.

La verdadera razón por la que Rivas Jiménez está preso es por la retaliación del régimen venezolano contra un hombre muy cercano a Diosdado Cabello, el coronel Luis Augusto Piligra Jiménez, presidente de Lácteos Los Andes, quien fue detenido y enviado a los sótanos de la DGCIM, Caracas,  por hechos de corrupción en la empresa que presidía; no solo Piligra, su pareja y su hermano Pedro Álvarez Jiménez están presos porque eran parte de la empresa estatal de Lácteos, sino que lo grave es que han extendido la persecución contra familiares que nada tuvieron que ver con esos negocios.

Así como el capitán Rivas Jiménez tiene boleta de excarcelación desde el 15 de noviembre 2021, por un caso distinto también Bronco Vengeles Bravo Silva tiene boleta de libertad desde el 16 de noviembre 2021. Ambos hombres siguen detenidos demostrando que la justicia en Venezuela está en deuda y depende de que los carceleros abran la puerta cuando reciban la orden desde el más alto poder.

Hace un año que un juez ordenó liberarlos, pero el Ministerio Penitenciario de Venezuela no respeta las decisiones de la justicia - Infobae

domingo, 20 de noviembre de 2022

Destituyeron a dos jefes de la DGCIM protegidos de Granko Arteaga, el temido director de Asuntos Especiales

 Uno está involucrado en el escandaloso robo a una empresa del estado Falcón y el otro, en la detención con tortura y muerte de un funcionario


Sebastiana Barráez/ domingo 20 de noviembre 2022
@SebastianaB


Los comisarios jefe Argenis Gregorio Linarez Márquez 
y Juan Bautista García Arocha

Diez funcionarios con rango de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim)fueron destituidos, resaltando el caso de dos comisarios jefes involucrados uno en el escandaloso robo a una empresa del estado Falcón y el otro, en la detención con tortura y muerte de un funcionario del CICPC. Los dos eran jefes poderosos en las regiones,señalados de violar la ley, incurriendo en delitos graves y abuso de poder, acompañados de subalternos. Ambos funcionarios eran protegidos del teniente coronel Alexander Enrique Granko Arteaga, jefe de la Dirección de Asuntos Especiales (DAE) de la Dgcim.

Con la Corte Penal Internacional (CPI) respirando encima, cualquier funcionario que comete delitos que agraven la posición de perpetrador de crímenes de lesa humanidad de la DGCIM y el SEBIN, es una molestia para el régimen venezolano.

Con el memorándum Nr. 50-09-12-03-001085, la directora de Recursos Humanos de la DGCIM, licenciada Marely Josefina Hernández Dala, notificó a los comandantes de región, inspector general, directores de línea y jefes de dependencia la destitución de 10 funcionarios de esa institución.

Explica la funcionaria que “por disposición del Director General de Contrainteligencia Militar (MG Ej Iván Hernández Dala), y de acuerdo con los artículos 15 y 16 del Reglamento Orgánico del Ministerio de Defensa, y de acuerdo a lo estipulado en los artículos 19, 20 y 21 de la Ley de Estatuto de la Función Pública, fueron removidos del cargo los funcionarios de contrainteligencia militar mencionados en la lista”.

El comisario jefe Argenis Linarez con Freddy González (de pie) 
y Joan Ventura Sandoval León

Destituidos los comisarios jefe Argenis Gregorio Linarez Márquez y Juan Bautista García Arocha, el inspector jefe Vincenzo Rocco Barreto, los subinspectores Joan Ventura Sandoval León Karl Roiyer Just Patiño González, los agentes primero Deiby Mackey Medina Sánchez, Jacobo José Vargas Pérez y Freddy del Valle González Alfonzo, así como los agentes tercero Génesis Josefina González Correa y Génesis Irais Oropeza Santiago.

Granko Arteaga, jefe de la DAE, ha sido un obstáculo para que se haga justicia en los dos casos de Falcón y Apure: se opone a la detención de Linarez Márquez como también lo hizo en el de Bautista Arocha, ejerce presión en la administración de justicia y se niega a entregar documentos o datos que solicitan las autoridades. La enorme red de poder que tiene Granko tiene una poderosa base económica en los botines de guerra, en las minas de oro en Bolívar, en el control de los puertos en La Guaira y Puerto Cabello, además de su interés particular por obtener viviendas con puertos privados como ocurrió con la de Isabel González Capriles.

Subinspector Joan Ventura Sandoval León

El jefe de Falcón

La joven abogada Beigary Gridmeida Olivares Silva no se quiso convertir en una víctima silenciosa de lo que le hicieron funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en el estado Falcón, encabezados por el comisario jefe Argenis Gregorio Linarez Márquez, junto a un grupo de subalternos, el inspector Joan Ventura Sandoval León, Freddy del Valle González Alfonzo y otros, que fueron detenidos y expulsados de la institución.

Al estilo de muchos funcionarios de la DGCIM que se han sentido con el poder para allanar sin autorización de ningún juez y sin presencia de fiscalía, para torturar “en nombre de la revolución”, para inventar procedimientos, adulterar actas y servir como testigos en procedimientos amañados, así creyó Linarez Márquez que él podía, con sus hombres, quedar impune.

El grupo de funcionarios entró a la posada donde vivía Olivares Silva, saquearon la casa, de la oficina se llevaron el escritorio, la silla, el equipo de internet, laptop, impresora, entre otras cosas, así como seis mil dólares, además de extorsionarla con 2 mil dólares para devolverle la camioneta Mazda bt50 color gris, que se llevaron del lugar y que entregaron desvalijada; se robaron una gandola con chatarra que vendieron.

Kener Antonio Sotillo Hernández era el encargado de la empresa de Olivares

Las investigaciones deducen que el ataque contra los bienes de Olivares se materializó porque Kener Antonio Sotillo Hernández, quien trabajó para Antidrogas de la Guardia Nacional, era el encargado que la joven tenía en su empresa y quien le debía dinero. Él se asoció con los funcionarios de Dgcim para no pagarle la deuda y aprovechar de sacar beneficio de lo que pudieron robarse del lugar.

La Abog. Beigary Olivares denunció, demostró cómo los funcionarios de Dgcim la robaron, extorsionaron y amenazaron. Después de la denuncia ha logrado recuperar parte de lo que le pertenece, los funcionarios fueron detenidos pero después les dieron medidas. La Dgcim destituyó a los funcionarios, pero la Fiscalía que lleva el caso tiene la responsabilidad de activar todos los mecanismos para que se haga justicia.

La obsesión de El Gavilán

Cuando el comisario jefe de la DGCIM, Juan Bautista García Arocha alias El Gavilán, comandaba la Base de Contrainteligencia Militar Nr. 32, ubicada en Merecure, municipio Biruaca, estado Apure, cometió cantidad de violaciones a los derechos humanos, allanamientos, torturas que fueron denunciados, pero que no hacían mella en el funcionario protegido directamente por el Teniente Coronel Alexander Granko Arteaga, jefe de la Dirección de Asuntos Especiales (DAE) de la DGCIM Caracas, a la vez que se ufanaba de comunicarse directamente con Nicolás Maduro Moros.

Apure es un estado sui géneris, donde lo extraño e insólito se muestra cotidiano, donde la barbarie es más común que la civilización, el escenario ideal para que García Arocha fuera considerado un hombre poderoso, para quien solo existía la Ley que él impuso y así doblegaba a la administración de justicia.

Jefes y subalternos de DGCIM Apure y Falcón destituidos

A solicitud del Fiscal Cuarto con competencia Nacional en Materia de Corrupción y con orden de aprehensión suscrita por el Tribunal Primero de Control del Circuito Judicial Penal de Apure, según expediente 1C-22.894-22, por el Delito de Corrupción Agravada, El Gavilán se llevó preso del sitio de donde se encontraba en comisión de servicio, la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES), al abogado y funcionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC), Juan Ángel Pantoja Carreño, de 27 años de edad.

El interés de El Gavilán era que Pantoja le revelara dónde estaba oculto el dueño del hato El Chaparralito, Reyes Gabriel Hernández González “El Finquero”, a quien pretendían capturar para que traspasara el hato y que revelara dónde estaban los “millonarios entierros”, porque un empleado del hato, había contado que había toneles de dinero enterrado. Aunque durante meses han abierto gran cantidad de hoyos en la tierra, usaron maquinaria para excavar e incluso destaparon la tumba del padre de Reyes, no han encontrado nada.

Momento en que funcionarios militares se llevan ganados de El Chaparralito

Lo que sí han hecho funcionarios de la DGCIM, incluso hasta hace unos días, ya preso y destituido alias Gavilán, fue saquear el hato, robarse cientos de cabezas de ganado, apropiarse de equipos, maquinarias y todo lo que han podido de El Chaparralito. “Esa gandola del video es del dueño de otro hato que tiene mucha relación con Diosdado Cabello. El 10 de noviembre 2022 se sacaron lo que quedaba del ganado. Y son funcionarios militares porque al hato llegan en las camionetas de ellos”.

La obsesión de García Arocha, que lo llevó a la cárcel, era El Chaparralito, un botín muy importante para jefe de la DGCIM. Es por eso que cuando el 9 de diembre 2021, en el caso IC’22.404-2021, el juez Carlos Alberto Jaimes Gómez, le dio la libertad al Finquero y la devolución del hato, El Gavilán lo detuvo así como al abogado y capitán retirado del Ejército Juan Carlos Guillén Rosales.

Sin poder y sin cargo

En el Tribunal Guillén declaró que los funcionarios de la DGCIM, con Gavilán a la cabeza, lo mantuvieron encapuchado y esposado, le aplicaron presión psicológica para que revelara dónde estaba su cliente Reyes Hernández, lo amenazaron con sembrarle droga, armas o explosivos en su vivienda en Caracas, a la vez que le dijeron que le robarían todas las pertenencias de su casa, que lo iban a agredir físicamente a él y a su familia inmediata.

Nada hubo respuesta de las autoridades, ni las del Tribunal, ni Ministerio Público, menos aun de los superiores en la Dgcim. Fue hasta que el 7 de julio en la madrugada el funcionario del Cicpc, Juan Ángel Pantoja Carreño, murió en la base de la Dgcim. La excusa que el organismo de Inteligencia dio inicialmente es que se suicidó, ahorcándose, luego que se ahogó en un tobo de agua. Compañeros de Pantoja en el Cicpc reaccionaron airadamente, se presentaron a la DGCIM, manifestaron rabia e in dignación y revelaron que el día anterior coando la Dgcim llevó a Pantoja para ser reseñado en el Cicpc, el joven les manifestó que estaba siendo torturado y tenía miedo de que lo terminaran matando.

El juez Carlos Alberto Jaimes Gómez de Apure 
y el abogado Juan Carlos Guillén Rosales presos por alias Gavilán

Quisieron responsabilizar a José Carlos Flores Pérez y Yarumi Rafael Figueroa López, quienes llegaron a la guardia cuando ya Pantoja estaba muerto, pero los familiares denunciaron. Las versiones del suicidio fueron menos creíbles aún porque se evidenció el lugar donde lo tenían con fotos que se filtraron a las redes sociales.

Juan Bautista García Arocha El Gavilán, el otrora poderoso jefe de la DGCIM en Apure, está preso aunque con privilegios con cuatro de sus funcionarios, sin influencias, desesperado publicando ataques contra diversas personas a través de cuentas que ha creado en las redes sociales, pero ahora también destituido de la institución. Son muchas las víctimas que claman justicia. Dos de los subalternos de El Gavilán están detenidos en la sede principal de la Dgcim en Caracas.

https://www.infobae.com/america/venezuela/2022/11/20/destituyeron-a-dos-jefes-de-la-dgcim-protegidos-de-granko-arteaga-el-temido-director-de-asuntos-especiales/


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