Informe CIDH 2025: impunidad y concentración de poder afianzan el régimen de facto en Venezuela

 

La Comisión exige una respuesta diplomática urgente con el objetivo de restaurar la democracia y reconstruir instituciones con base en el Estado de Derecho

Sebastiana Barráez/ martes 1 de mayo 2026
@SebastianaB
Tomado de Infobae

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, y la vicepresidenta Delcy Rodríguez, caminan junto a otros funcionarios durante un evento oficial en Venezuela

La CIDH advirtió que la consolidación del régimen de facto en Venezuela ha profundizado la impunidad y debilitado aún más el Estado de Derecho, según refleja en su más reciente Informe Anual. De acuerdo con la CIDH, el país consolidó una dictadura tras el fraude electoral de 2024, un proceso “marcado por denuncias de fraude, opacidad y violaciones sistemáticas de los derechos humanos”, lo que permitió a Nicolás Maduro mantenerse en el poder hasta su extracción de territorio venezolano el 3 de enero 2026.

El informe aprobado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 17 de diciembre 2025, y enviado al Estado venezolano el 20 de enero 2026, sin que hubiese observaciones, señala que durante 2025 el Ministerio Público y el Poder Judicial continuaron sin investigar ni sancionar graves violaciones de derechos humanos, entre ellas asesinatos, tratos crueles, detenciones arbitrarias y vulneraciones del debido proceso ocurridas durante y después del proceso electoral de 2024.

El documento subraya como un punto crítico que el Consejo Nacional Electoral (CNE) aún no haya publicado las actas que respaldarían los resultados oficiales. Esta omisión, sostiene la Comisión, ha contribuido a la concentración total de los poderes públicos en manos de las autoridades de facto, lo que evidencia la naturaleza dictatorial del régimen.

“La gravedad de la situación exige una acción diplomática urgente para restaurar la democracia y reconstruir las instituciones sobre la base del Estado de Derecho y los derechos humanos”, resalta el Informe.

La CIDH recuerda además que las violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos cometidas en años previos motivaron la apertura de una investigación formal por crímenes de lesa humanidad por parte de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), la primera iniciada en el hemisferio occidental.

Régimen dictatorial

Miembros del Comité por la Libertad de los Presos Políticos de Yare realizaron una vigilia exigiendo la liberación de sus seres queridos en Venezuela, iluminando el lugar con velas junto a sus fotografías

La Comisión observó, entre 2005 y 2016, una concentración progresiva del poder en el Ejecutivo venezolano. En 2017, el organismo ya había advertido sobre una crisis institucional derivada de la injerencia del Ejecutivo en los demás poderes públicos, situación que se agravó en 2019 con la ausencia del Estado de Derecho.

Para 2025, a juicio de la CIDH, Venezuela consolidó un régimen dictatorial tras el fraude electoral de 2024, razón por la cual respalda la presentación de un caso formal ante la Corte. El documento sostiene que la impunidad forma parte de una estrategia deliberada para mantener el control político y silenciar la disidencia.

Sostiene que la ausencia de un sistema democrático ha imposibilitado el ejercicio de libertades fundamentales y derechos humanos universales, permitiendo el uso abusivo del poder para perseguir a opositores y restringir el acceso a tutela judicial efectiva y el éxodo de más de 6,8 millones de personas desde 2015, convirtiéndose en una de las crisis migratorias más graves del mundo.

A criterio de la Comisión, la juramentación de Nicolás Maduro, el 10 de enero 2025, consolidó el régimen dictatorial en Venezuela. Las instituciones públicas fueron instrumentalizadas para favorecer la candidatura oficialista y obstaculizar la participación de la oposición. 

Se logró documentar inhabilitaciones administrativas, impedimentos discriminatorios al voto, retiro de misiones internacionales de observación y detenciones arbitrarias. El proceso electoral del 28 de julio de 2024 estuvo marcado por la falta de transparencia y graves denuncias de fraude, con el CNE negando auditorías independientes y sin publicar las actas de votación. 

Negativa estatal y cifras alarmantes

Personal de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y fuerzas especiales, junto a un vehículo oficial, realizan un operativo de seguridad durante la noche

Otro de los aspectos del Informe es la negativa del Estado a cumplir sus obligaciones internacionales como parte de una estrategia para consolidar el régimen de facto, lo que se manifiesta en graves omisiones para garantizar derechos y acatar decisiones de la CIDH y la Corte Interamericana. 

El 21 de agosto de 2025, la Corte IDH reafirmó la vigencia de las obligaciones derivadas de la CIDH para Venezuela, subrayando la competencia de los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la obligación estatal de implementar sus decisiones. El Estado venezolano no ha respondido a la solicitud de visita de la CIDH para observar la situación de derechos humanos.

Asimismo, la CIDH observa una falta de voluntad manifiesta para combatir la impunidad: el Estado no ha informado avances en la investigación de graves violaciones de derechos humanos en el contexto electoral. En este periodo, se registraron al menos 28 asesinatos, 195 personas lesionadas, 2.229 detenciones y 29 desapariciones forzadas de corta duración, según la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU.

Triada esencial 

Miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) asisten a una conferencia, enfocados en la protección de los derechos humanos en la región

La CIDH destaca que el caso venezolano ejemplifica la interdependencia entre democracia, derechos humanos y Estado de Derecho. La ruptura deliberada de esta tríada, producto de la cooptación de los poderes públicos, ha generado una crisis sin precedentes en la región.

La juramentación de Maduro el 10 de enero de 2025 significó una ruptura del orden constitucional y la consolidación del régimen dictatorial. La opacidad electoral y las restricciones a los derechos políticos impiden considerar legítima la elección de 2024, proyectando una falsa apariencia de democracia e inexistencia de condiciones mínimas para el ejercicio efectivo de los derechos políticos.

En el Informe se incluyó a Venezuela por la violación grave de los elementos fundamentales de la democracia representativa previstos en la Carta Democrática Interamericana, claves para la realización de los derechos humanos. 

Se identificaron: acceso discriminatorio y ejercicio abusivo del poder, alteración del orden constitucional, violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos, y omisiones en la adopción de medidas para hacer efectivos los derechos fundamentales. El incumplimiento sistemático de la obligación estatal de combatir la impunidad evidencia la falta de voluntad manifiesta.

PSUV y poder judicial

El presidente Nicolás Maduro (izquierda) preside una ceremonia de juramentación, con un funcionario levantando la mano derecha y apoyándose en un libro, flanqueado por micrófonos

La CIDH reafirma que en Venezuela no existe independencia judicial, facilitando la concentración del poder en el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y la impunidad.

A la alta provisionalidad de jueces, nombramientos irregulares y opacidad en la administración de justicia que perpetúan la falta de garantías, se suma la nueva normativa, aprobada en octubre de 2025, que consolida el sistema de jueces provisionales, permitiendo su remoción sin garantías, en contradicción con los estándares internacionales.

En el informe se sostiene que en 2025 persistieron patrones represivos, tales como detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y violaciones del debido proceso contra opositores, periodistas y defensores de derechos humanos. 

Durante el proceso electoral y la juramentación presidencial las fuerzas de seguridad (SEBIN, DGCIM, PNB, CONAS, GNB) ejecutaron detenciones en domicilios, vía pública, lugares de trabajo y zonas cercanas a centros de votación, muchas veces sin orden judicial ni comunicación de motivos.

“Las detenciones arbitrarias tuvieron móvil político, con al menos 70 personas vinculadas a María Corina Machado y otras organizaciones opositoras detenidas”. Se documentó el uso excesivo de la fuerza y la falta de acceso a asistencia consular para extranjeros detenidos. 

La CIDH condena la instrumentalización del derecho penal para reprimir y perseguir a opositores, periodistas y defensores de derechos humanos, y rechaza el uso de personas privadas de libertad como moneda de cambio diplomática. 

En 2025 persistió la práctica de desapariciones forzadas como estrategia de persecución política. Aunado a ello, la persecución a periodistas y trabajadores de la prensa se ha intensificado, reflejando el cierre sistemático del espacio informativo y cívico en Venezuela.

Fuentes y opacidad

María Corina Machado y Edmundo González Urrutia saludan a sus simpatizantes en un evento de campaña en Venezuela, mostrando unidad de cara a las próximas elecciones.

La CIDH asevera que “como ocurre en los regímenes dictatoriales, la opacidad informativa y la falta de transparencia de las instituciones públicas en Venezuela dificultan gravemente el acceso a datos verificables sobre la situación de derechos humanos”. De ahí que la información “oficial” es escasa, fragmentaria y, “en muchos casos, carente de credibilidad, al responder a fines de propaganda estatal más que a criterios de rendición de cuentas”. 

La falta de acceso a información pública confiable, “obstruye la verificación independiente de hechos, limita la labor de monitoreo internacional y refuerza la impunidad estructural que caracteriza al actual régimen de facto”, dice el documento.

Destaca que el Informe fue elaborado basándose en fuentes primarias y secundarias de información, analizando los testimonios recibidos a través el Mecanismo Especial de Seguimiento para Venezuela (MESEVE), la información disponible en los casos, peticiones y medidas cautelares y provisionales, la presentada en las audiencias públicas, así como la registrada en comunicados de prensa de la Comisión, informes anuales y temáticos.

También consideraron los actos de las instituciones públicas en todos los niveles y ramas del poder, incluyendo enmiendas constitucionales, legislación, decretos, decisiones judiciales, pronunciamientos de autoridades de facto. 

Nicolás Maduro ante el TSJ luego de las elecciones del 28 de julio 2024

Igualmente, las conclusiones de otros órganos internacionales de derechos humanos, incluyendo los órganos de tratados, Relatores y Grupos de Trabajo, el Consejo de Derechos Humanos y otros órganos y agencias especializadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU); informes de derechos humanos de gobiernos y de órganos regionales; informes de organizaciones de la sociedad civil e información presentada por éstas y por particulares; información pública ampliamente diseminada en los medios de comunicación; e investigación jurídica y académica.

En el Informe Anual que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), emitió, con fecha 26 de febrero 202, destaca que la misma está integrada por Edgar Stuardo Ralón Orellana, Andrea Pochak, José Luis Caballero Ochoa, Gloria Monique de Mees, Arif Bulkan, Riyad Insanally, Roberta Clarke, Carlos Bernal Pulido, Marion Bethel y Rosa María Payá Acevedo.

En la Secretaría Ejecutiva, Tania Reneaum Panszi; jefa de Gabinete de la Secretaría Ejecutiva, Patricia Colchero; Secretaría Ejecutiva adjunta para el Monitoreo, Promoción y Cooperación Técnica de Derechos Humanos, María Claudia Pulido y el secretario ejecutivo Adjunto para el Sistema de Casos y Peticiones, Jorge Meza Flores.

https://www.infobae.com/venezuela/2026/05/01/informe-cidh-2025-impunidad-y-concentracion-de-poder-afianzan-el-regimen-de-facto-en-venezuela/

Mano negra contra el GB Hernández Da Costa

Sebastiana Barráez

@SebastianaSin

GENERAL. Es Héctor Armando Hernández Da Costa. Es uno de los más reconocidos oficiales de la Guardia Nacional Bolivariana. No solo por ser el alférez mayor de su promoción, ni por su record de honestidad en la institución castrense, ni tampoco por el liderazgo que mantiene en el componente, lo más resaltante es que en todos los cargos que ocupó siempre demostró que sí se podía hacer la diferencia, que se podía ser un oficial probo en una institución corrupta, que se podían tener resultados de excelencia en medio de una Fuerza Armada tan politizada. En el caso de Hernández Da Costa, hoy detenido en la Dirección General de Contra Inteligencia Militar (DGCIM), se aplicó la misma persecución política que se hecho con gran cantidad de oficiales. Lo que sí ha resultado ser efectiva, en la estrategia aplicada contra esos oficiales, es el miedo, por temor a las represalias. Se allana, se captura, se forjan pruebas para detener a los militares.

ORDEN. La excusa que dan los funcionarios para violentar la Ley, es que “es orden superior”, pero nunca lo identifican con nombre y apellido. El más superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) es el comandante en Jefe y presidente de la República.

ASCENSO. En el 2017, por orden de mérito, a Hernández Da Costa le correspondía ascender de Nr 1, a general de División, y así lo refleja la Comandancia General de la GNB, que entonces presidía el MG Benavides Torres, cuando libera la lista de ascenso. Y se mantiene de Nr 1 en la lista que sale del Ministerio de la Defensa. Meses antes, un oficial, con poder en Inteligencia Militar y envidia personal contra él, presionó para que se le investigara, pero no hubo ningún indicio ni prueba contra el general Hernández Da Costa. La lista cambia cuando llega a Miraflores y una mano negra lo elimina del listado. El asombro en el componente fue generalizado. Ocurre el ascenso y Hernández Da Costa queda fuera.

PARAMACAY. El capitán (GNB) Juan Carlos Caguaripano toma el Fuerte Paramacay, el 6 de agosto 2017, siendo comandante general el MG /GNB) Sergio José Rivero Marcano; dos horas después, el general Hernández Da Costa, quien dormía plácidamente en su apartamento y con su familia, por ser domingo, recibe la llamada del general Rivero quien le exige que diga dónde se encuentra y qué tiene qué ver él con lo sucedido en Paramacay. Hernández le dio una explicación que se corresponde con su personalidad: “jamás un maestro va a seguir A un alumno”. Y le recordó que Caguaripano inicialmente no entró a la EFOFAC, lo cual es considerado por la oficialidad, y que lo hizo fue porque tuvo un padrino que lo ayudó. “Usted puede saber dónde he estado yo y dónde me encuentro ahora”. Rivero le dice que de todas maneras vaya a la DGCIM y dé una explicación al general Hernández Dala. Ante eso el oficial le dijo que ese no es procedimiento regular, que él nada tiene que ver, pero que si lo citan, irá. Hubo cambios militares y fue removido del cargo que ocupaba en la ZODI del distrito Capital, al mando del general Martínez Stapullionis. Lo envían a un ridículo cargo administrativo en el Ceofanb, donde estuvo hasta marzo 2018.

ENFERMO. El 24 de noviembre 2017 presenta una dolencia gastrointestinal y en la emergencia de la policlínica de la Guardia, le administran medicamentos, pero el 3 de diciembre regresa nuevamente, siendo intervenido quirúrgicamente y de emergencia. Le envían medicamentos de amplio espectro y una dieta estricta. Aun convaleciente, el 28 de enero 2018 es llevado nuevamente a la emergencia, donde le determinan que deben operarlo por segunda vez. Luego de esa cirugía los galenos le advierten que debe tener mayor reposo, porque corre riesgo de una complicación extrema. El comandante  general, MG (GNB) Richard Jesús López Vargas lo llama para decirle que él tiene una cita para que vaya a la DGCIM al día siguiente. Aún cuando tenía solo unos días operado, el 4 de febrero, Hernández Da Costa acude a la cita en Inteligencia Militar, donde permaneció un día completo siendo interrogado por el Departamento de Investigación, donde le insistieron en los militares retirados Caguaripano y García Palomo, así como el piloto del Cicpc Oscar Pérez.

DESTRUIRLO. Mientras en la DGCIM a alguien se le ocurrió destruir la carrera de Hernández Da Costa, éste seguíalidiando con sus problemas de salud. Y en mayo debió ser operado por tercera vez, sin lograr recuperarse del todo. En julio 2018 nuevamente es dejado fuera de los ascensos. El general permanece en reposo lidiando con su lesión gastrointestinal. Días después de los sucesos de los drones, el país se enteró a través de un video que su hija colgó en las redes, de que estaba siendo detenido sin orden de aprehensión y allanaron su vivienda. Desde el 14 de agosto permanece incomunicado hasta el 19 cuando es presentado a tribunales. La  juez de control, Carol Padilla, dijo que la orden de allanamiento fue firmada el 18 de agosto, es decir, que al alto oficial lo allanan y lo detienen sin orden legal. Lo otro evidente es que no había pruebas de convicción. A Hernández Da Costa lo está procesando un tribunal civil, en lugar del Tribunal Militar, que es su juzgado natural por su alta investidura militar.

 CANTV. Es la Compañía Anónima de Teléfonos de Venezuela. En Guarenas, estado Miranda, los técnicos no revisan las averías que están presentando las líneas, si previamente no les pagan una extorsión. Cobran altas sumas de dinero. Cuando los vecinos reclaman les dicen: “es que solo tenemos dos unidades”. Pero si les pagas de inmediato hacen las reparaciones,

CIDH. Es la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. El 9 de octubre 2018 aprobó medidas cautelares a favor del Capitán de Navío Luis Humberto De la Sotta Quiroga, segundo comandante de la Brigada Comandos del Mar (Bricomar) del Apostadero Naval de Turiamo y quien permanece detenido en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). La respuesta del Estado venezolano es que las condiciones del oficial se encuentran ajustadas a lo establecido en las normas internacionales aplicable, incluyendo el acceso a las instalaciones sanitarias...realiza actividades al aire libre durante dos días cada semana y que diariamente comparte interactúa con otros presos ubicados en la misma áreas”. Pero según el testimonio de los detenidos, eso no es cierto. Todos han tenido pérdida acelerada de peso, apenas los sacan al sol 10 minutos los lunes, desde que salió la decisión de la CIDH. No les permiten ni siquiera fotos familiares. Todos están muy delgados y con la cabeza rapada, porque en eso sí hay efectividad allí. Parece que un principiante de barbero se dedica a pasarles la cero a todo el que cae detenido, y son bastantes. A ninguno de los militares presos allí les prestan servicio médico. A De La Sotta a pesar de las medidas de la CIDH se negaban a recibirle el tensiómetro que su anciana madre llevó varias veces. Y como si la situación estuviera para fiestas, la justicia militar está dizque celebrando su aniversario, de manera que los tribunales militares suspendieron despacho. Lo que han dicho en el tribunal es que la juez, que se la pasa de reposo porque está embarazada, dice que ella dio la orden de que lo trasladaran al Hospital, por el delicado estado de salud que tiene, pero que la DGCIM no quiere acatar esa orden. He ahí el documento.



BÉCQUER. Es Gustavo Adolfo, el maravilloso poeta español, el que un día escribió: “No digáis que, agotado su tesoro,/ de asuntos falta, enmudeció la lira;/ podrá no haber poetas; pero siempre/ habrá poesía/ Mientras las ondas de la luz al beso/ palpiten encendidas,/ mientras el sol las desgarradas nubes/ de fuego y oro vista,/ mientras el aire en su regazo lleve/ perfumes y armonías,/ mientras haya en el mundo primavera,/ ¡habrá poesía!/.../ Mientras se sienta que se ríe el alma,/ sin que los labios rían;/ mientras se llore, sin que el llanto acuda/ a nublar la pupila;/ mientras el corazón y la cabeza/ batallando prosigan,/ mientras haya esperanzas y recuerdos,/ ¡habrá poesía!/ Mientras haya unos ojos que reflejen/ los ojos que los miran,/ mientras responda el labio suspirando/ al labio que suspira,/ mientras sentirse puedan en un beso/ dos almas confundidas,/ mientras exista una mujer hermosa,/ ¡habrá poesía!”.

ÚLTIMA HORA

• Es desesperante la situación de las carreteras en Táchira. Muchas comunidades incomunicadas.


• Ya les contaré lo que están haciendo con los vehículos de la Operación Manos de Papel.


• María Corina no será monedita de oro, pero hasta los chavistas se impresionan con su valentía.


• Hace años les dije que no perdieran de vista a Lorent Saleh y vuelvo a repetirlo.


• Hermoso gesto el de la actriz Angelina Jolie para con los venezolanos.

 

 

Candidatos o funcionarios

ELECCIONES. La cercanía del 6D está aflorando lo más perverso del sistema. Ex funcionarios del gobierno han roto la línea, que ya estaba muy delgada, entre lo que puede hacer un empleado del Gobierno y un candidato. Ya es vulgar el descaro. Todo el que ha ocupado un alto cargo en el país y ahora es candidato a la Asamblea Nacional está repartiendo los beneficios de todos los venezolanos, como si los sacara de su caja chica. Diosdado Cabello dijo en su programa Con el Mazo Dando que dio tabletas, títulos de propiedad y pare de contar. Pero además su programa de televisión, por demás interesante por ser la línea del Psuv, lo ha convertido ahora en horas de campaña publicitaria a favor de sus candidatos. Esa publicidad no es paga. Otro ejemplo es el ex viceministro Víctor Clark. En su comando de campaña en Punto Fijo hay gente desde la madrugada haciendo cola para que él les firme un papel que les permite adquirir los teléfonos de la empresa que el presidente Maduro inauguró. No hay teléfonos en ninguna tienda, pero Clark sí tiene para comprar votos. Insólito es que Clark le diera al CNP de Falcón para los juegos nacionales Bs. 200 mil por el Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (Ipsfa). El joven político adquirió recientemente una casa en una urbanización exclusiva de Paraguaná, en cuyo estacionamiento hay varios vehículos de la Misión Venezuela, que por cierto el común de los venezolanos no puede conseguir. El presidente Maduro denunció que se están vendiendo con pago de comisiones, taxis que el gobierno dio para los transportistas; a eso hay que agregarle que los están repartiendo entre dirigentes, amigos y familiares de candidatos. Los medios de comunicación del Estado están convertidos en medios de propaganda de los candidatos de turno. No hay Ley Resorte que valga ni ente electoral que se pronuncie.

 

CORTE. Es la Interamericana de los Derechos Humanos (Corte-IDH). El 5 de noviembre 2015 asumió el caso (Ortiz Hernández Vs. Venezuela REF: CDH-6-2015/028) de Johan Alexis Ortiz Hernández, estudiante de la Esguarnac, quien murió por dos impactos de bala el 15 de febrero de 1998. Eso fue durante el I Curso Antisubversivo, en el Comando de los Rurales de Caño Negro en el Táchira. Sus padres Zayda Hernández y sobre todo su papá Edgard Ortiz no han dejado de pedir justicia. La Corte-IDH ya notificó a la ministra Delcy Rodríguez porque la República Bolivariana aún no ha presentado la acreditación de los Agentes que la representarán en este caso. El Estado venezolano tiene dos meses, sin prórroga, para dar respuesta. Entre lo que señala el informe de la CIDH está que “Quince días antes de su muerte, Johan Alexis le habría comentado a su padre que tenía una relación con la esposa del Capitán Villasmil Antúnez -oficial que estuvo a cargo de la práctica, que sabría de la relación y que habría amenazado a la presunta víctima”. El 28 de febrero de 2000 la Fiscalía Militar presentó acusación ante el Juzgado Militar de Guasdualito en contra de los funcionarios Tcnel (GN) Rafael Antonio Rijana Lucero, Tcnel (GN) Alexander Flores Lamus, Capitán (GN) Eddi Ruben Villasmil Antunez, Subteniente (GN) Rafael Antonio Villasana Fernández y el Subteniente (GN) Fidel Camilo Rodríguez Barroyeta, por “corresponsabilidad culposa militar en el homicidio culposo” de Johan Alexis Ortiz y “subsidiariamente” por delito militar de desobediencia y en contra del GN Jean Carlos Malpica por homicidio culposo. En julio del año 2000, algunos de esos militares fueron ascendidos. Todo está ahora en manos de la Corte Interamericana. He ahí uno de los documentos.

 

REMOLCADORES. Son los de Puerto Cabello en el estado Carabobo. Los 50 trabajadores de dichos remolcadores llevan más de 4 años siendo liquidados en octubre o noviembre. Les prometieron que pasarían a ser empleados del INEA, pero ya fueron liquidados hasta el 15 de octubre y les dijeron siguen como tercerizados con una empresa no registrada para contratar con el Estado. “La Cooperativa Escuela de Patrones y Motorista de Maracaibo R.S. está inhabilitada para contratación, según el Registro Nacional de Contratistas. El 70% de los trabajadores antiguos, capacitados, con años de experiencia para el manejo de los remolcadores han sido despedidos. “Fueron suplantados por familiares de los encargado de la cooperativa, incluso hay personas que nunca han trabajado en estas labores tan riesgosas”. Temen que eso cause altos porcentajes de riesgos laborales. “Tenemos más de un año sin implementos de seguridad”. Ellos ganan sueldo básico más comisiones de las maniobras que son Bs. 30 por cada barco que remolcan.

 

ACLARATORIA. Es Carlos Javier Medina Sánchez, quien representa a una cooperativa familiar dedicada a la ferretería en El Nula, municipio Páez del estado Apure. “Logramos el cupo en marzo de este año”. Aclara que ellos no revenden el producto. “No podemos hacerlo, porque ese proceso se fija con las UBCH y los Círculos de Lucha Popular, quienes junto con los ferreteros y en presencia del comandante del ejército se hace la estructura de costos (flete, más costo del cemento en planta). La utilidad que se fija es del 16%”. De tres gandolas que llegan en el mes, las UBCH reparten dos. La tercera la reparte la ferretería a sus clientes. “El cemento se entrega al usuario en presencia de un efectivo militar”. FIN DE LA RÉPLICA. En las fiscalizaciones que le han hecho a esta cooperativa, por el Sundde y el CNESeniat, han resultado totalmente limpios. Las personas que denunciaron que el cemento lo estaban comprando a Bs. mil 500, reconocieron que no lo hacían directamente a la cooperativa sino a través de Ubch y Consejos Comunales. Valga la aclaratoria.

 

INEA. Es el Instituto de Espacios Acuáticos. Exigen que los pagos por tasas, pilotaje y servicios de lanchajes, dentro del territorio venezolano, sean efectuados en dólares. Acaso nuestra Constitución no dice que la moneda de curso legal en Venezuela sea el bolívar. El INEA y todos los institutos adscritos al Ministerio de Transporte Acuático y Aéreo obligan a pagarles en dólares.

 

BUESA. Es José Ángel, el poeta cubano que nació el 2 de septiembre de 1910. Era una figura muy reconocida, pero tuvo que irse al exilio por negarse a hacerle un poema a la revolución cubana. Muere en Republica Dominicana a los 72 años. Él un día escribió: “Ahora que ya te fuiste, te diré que te quiero./ Ahora que no me oyes, ya no debo callar./ Tú seguirás tu vida y olvidarás primero.../ …/ Hay un amor tranquilo que dura hasta la muerte,/ y un amor tempestuoso que no puede durar./ Acaso aquella noche no quise retenerte.../…/ Tú, que nunca supiste lo que yo te quería,/ quizás entre otros brazos lograrás olvidar.../ Tal vez mires a otro, igual que a mí aquel día.../…/ Quizás en este instante tú besas a otro hombre.../ Y yo aquí, recordándote, a la orilla del mar...”

 

Última hora

 

• Un lector, Rafael, me dice que el alquiler por dos años del Croazia Jet por parte del INEA no son 720 mil sino casi Bs. 22 millones de dólares.


• Una de las obras más hermosas que ha hecho el gobierno nacional y el de Caracas es el rescate de la zona de los museos en Bellas Artes.


• Siguen resistiendo los trabajadores de la empresa PG de Palmigiani en rampa 1 del Aeropuerto de Maiquetía.

 

CNE. No publica la planilla para solicitar la excepción, a quienes no pueden participar como miembros de mesa en las elecciones del 6D. Hay jóvenes que salieron seleccionados pero están viviendo fuera del país y no han podido ingresar sus documentos al sistema. Igual sucede con quienes no pueden participar el 6D. Y es mentira que las Juntas Electorales principales acepten los documentos, aun cuando así lo dice el CNE en su página web. Por otra Carlos Andrés Medina Bravo, CI: 8.802.513 fue asesinado el 30 de agosto 2014. El Acta de Defunción es la Nº 694, firmada por el Registrador Juan Párraga Martinez, en el municipio Infante del estado Guárico. Este muerto aparece como Primer Miembro Suplente en la Mesa Nº 2 del centro de votación Juana Josefa Vargas de Valle de La Pascua. He ahí el acta de defunción.