Mostrando las entradas con la etiqueta ONU. Mostrar todas las entradas
Mostrando las entradas con la etiqueta ONU. Mostrar todas las entradas

viernes, 19 de diciembre de 2025

El informe que documenta cómo los militares salieron a matar a quienes protestaban contra el fraude electoral en Venezuela

Funcionarios recibieron instrucciones de controlas protestas que iban a ocurrir, lo que explica la respuesta violenta de la Guardia Nacional y el Ejército en las manifestaciones de Maracay.


Sebastiana Barráez/ viernes 19 de diciembre 2025

@SebastianaB

Tomado de Infobae



                  Los Comanditos son organizaciones de la sociedad civil 
                                  preparadas para las elecciones del 28J


Antes de las elecciones del 28 de julio, funcionarios militares recibieron instrucciones de controlar protestas que iban a ocurrir, lo que explica la respuesta violenta de la GNB y el Ejército en las protestas de Maracay, como lo documenta la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU en su reciente informe. “De acuerdo con un miembro del CICPC citado por fuentes entrevistadas para el informe, los perpetradores no buscaban causar heridas, sino matar”.
El saldo de las protestas fue trágico, no solo por el militar herido, sino por las cinco personas fallecidas. “Todas las víctimas presentaron impactos de bala en zonas vitales. Según señaló un miembro del CICPC a una de las fuentes entrevistadas por la Misión indicaría que los perpetradores no actuaban con el objetivo de causar heridas, sino de matar”.


    El fiscal Tarek William Saab solo presentó investigación por el militar
    fallecido y responsabilizó a los comanditos de la violencia

El primer manifestante fallecido, Rancés Daniel Yzarra Bolívar, se encontraba cerca del periódico El Aragüeño, cuando recibió un impacto de bala en el pecho. El sargento de la (GNB) José Torrents a Reiner José Márquez Velásquez resultó herido en el estacionamiento con un disparo en el cuello y murió ese mismo día.

Las otras cinco víctimas fueron Anthony Moya, Gabriel Ramos, Andrés Ramírez, Jesús Tovar y Jesús Medina, quienes perdieron la vida tras recibir disparos, cuando estaban frente al ingreso principal de la Brigada de Paracaidistas.

    Entre los fallecidos está Andrés Ramírez, Jesús Tovar Perdono, 
    Gabriel Ramos y Anthony Moya Mantía


En rechazo a los resultados, de las elecciones presidenciales en Venezuela, que dio en Consejo Nacional Electoral (CNE), la noche del 28 de julio de 2024, al día siguiente hubo una intensa manifestación en las inmediaciones de la redoma del obelisco de San Jacinto, en Maracay, capital del municipio Girardot, estado de Aragua. 

Las protestas abarcaron el estacionamiento del periódico El Aragüeño y la 99 Brigada de Fuerzas Especiales “G.J. Félix Antonio Velásquez” del Ejército, conocida como la 42º Brigada de Infantería Paracaidista. 

“Desde antes de las elecciones se nos ordenó prepararnos porque habría protestas, por ello sé que nuestros superiores sabían que se iba a cometer un fraude”, revela un oficial en conversación con Infobae.

     El primer manifestante fallecido, Rancés Daniel Yzarra Bolívar, 
    se encontraba cerca del periódico El Aragüeño

Así ocurrió

Desde la tarde del 29 de julio, entre la 1:00 y las 2:00 pm, se inicia la protesta que se extendió hasta horas de la noche. Hacia las 5:00 pm, dos Grupos de Reacción Inmediata (GRI) de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), llegaron a la zona, equipados con equipos antimotines, escudos, escopetas y gases lacrimógenos, así como un vehículo blindado VN4.

Un grupo de militares se ubicó frente al periódico El Aragüeño, mientras otro formó un cordón de seguridad cerca de la entrada principal de la Brigada de paracaidistas, colocando rejillas a modo de muro de contención para impedir el avance de los manifestantes. 

El informe de la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU para el caso Venezuela, logra documentar lo que ocurrió ese día cuando “dentro de la Brigada, efectivos de la GNB y del Ejército, armados con escopetas y fusiles AK-103333, se apostaron tras la verja y sobre el dintel de entrada”. 

“En el exterior, junto a la GNB, también se encontraban funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB). Según testimonios recabados, tras aproximadamente 30 minutos, la GNB comenzó a disparar gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes, sin emitir advertencia previa”. 

La tensión escaló cuando un grupo de manifestantes respondió lanzando piedras, palos, botellas y bombas incendiarias de fabricación casera contra los funcionarios. La reacción de la GNB y el Ejército fue contundente. 

“Los funcionarios de la GNB y los soldados del Ejército respondieron con disparos de escopeta y gases lacrimógenos contra las personas que se manifestaban, generándose un caos debido al humo de los gases y a las múltiples detonaciones que se escuchaban”, destaca el Informe.

         Los generales de la GNB Elio Ramón Estrada Paredes, Comandante General 
         de la GNB; y Néstor Luis Reverol Torres entonces Ministro del Interior y Justicia

La Cadena de Mando

La investigación de la Misión de Determinación de los Hechos revela la cadena de mando claramente definida, encabezada por Nicolás Maduro, como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). El ministro del Interior y Justicia, MG (GNB) Néstor Luis Reverol Torres

El general en jefe (Ej) Vladimir Padrino López, ministro de Defensa y el comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada (Ceofanb), coordinaba el despliegue de unidades militares, incluida la GNB, aunque sin ejercer control operativo directo sobre el orden público.

Durante este periodo, la Comandancia General de la GNB estaba bajo el mando del MG (GNB) Elio Ramón Estrada Paredes, responsable del despliegue en el Estado de Bolívar y la coordinación con el Ejército para impedir el ingreso de ayuda humanitaria.

En el contexto de la represión en Maracay, la estructura de mando de la GNB se articuló a través de las Regiones Estratégicas de Defensa Integral (REDI), las Áreas de Defensa Integral (ADI) y las Zonas Operativas de Defensa Integral (ZODI).


                Las actas electorales demostraban que el ganador por amplio 
margen fue Edmundo González Urrutia


La Misión determinó que el comandante de la zona 42 de la GNB recibía órdenes tanto de la REDI Central como de la ZODI Aragua No. 44, manteniéndose bajo la cadena de mando interna de la GNB, pero sin recibir instrucciones directas sobre intervenciones de orden público.

El Informe de la Misión identificó a los funcionarios en la cadena de mando durante la intervención del 29 y 30 de julio de 2024: Orlando Ramón Romero Bolívar, comandante de la REDI Central hasta el 16 de octubre de 2024, con jurisdicción sobre Aragua, Carabobo y Yaracuy.

También, Ángel Daniel Balestrini Jaramillo, general de división de Ejército, comandante de la ZODI Aragua No. 44, igualmente sancionado por Estados Unidos el 27 de noviembre de 2024. Rufo Daniel Parra Hernández, general de brigada de la GNB, comandante de Zona GNB-42 Aragua.

    MG (Ej) Orlando José Romero Bolívar fue ascendido 
    a Mayor General y Jefe de la Milicia

Aunque no ha sido identificado al responsable de la intervención en Maracay, la Misión señala al comandante del Grupo de Respuesta Inmediata (GRI), cuyas unidades motorizadas de respuesta rápida, constituyen el último eslabón de la cadena de mando bajo la ZODI. 

Tras los eventos fatales en Maracay, Nicolás Maduro Moros ascendió al entonces general de división (Ej) Orlando Ramón Romero Bolívar a Mayor General y comandante general de la Milicia Bolivariana, el 14 de octubre de 2024. 

El 27 de noviembre, Romero Bolívar fue sancionado, junto a otros 20 oficiales, por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC), en cumplimiento de la orden ejecutiva 13692, por su participación en la represión contra la sociedad civil durante las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.

    Ángel Daniel Balestrini Jaramillo y Rufo Daniel Parra Hernández, 
    generales del Ejército y la Guardia respectivamente

La inercia fiscal

En el marco de las protestas ocurridas en la redoma del obelisco de San Jacinto, el Ministerio Público centró su investigación únicamente en el caso del sargento primero de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), José Antonio Torrents Blanco. De las siete víctimas registradas, Torrents es el único para quien se abrió un expediente individual (MP-135787-2024), distinto al expediente colectivo asignado al resto de los fallecidos (135789-2024). La versión oficial atribuye la muerte del sargento a “ataques de grupos violentos”.

Durante una reunión con el Consejo de Defensa de la Nación y el Consejo de Estado, el 12 de agosto de 2024, el fiscal general, Tarek William Saab Halabi, responsabilizó de las muertes en las protestas electorales a “grupos delincuenciales instrumentalizados por los mal llamados comanditos”, dijo en alusión a los grupos organizados por María Corina Machado para las elecciones del 28J. 

Saab Halabi señaló directamente a Reiner José Márquez Velásquez como responsable de la muerte de Torrents, quien dijo que ya se encuentra detenido y enfrenta la “máxima pena”.

Posteriormente, en un encuentro con el cuerpo diplomático, el 21 de agosto de 2024, el titular del Ministerio Público aseguró que “el 70 por ciento de las víctimas fueron asesinadas por los grupos delincuenciales” y descartó cualquier responsabilidad de los cuerpos de seguridad del Estado, incluyendo los hechos de la Redoma de San Jacinto. Esta postura se tradujo en la ausencia de investigaciones sobre la posible implicación de funcionarios de seguridad, entre ellos la GNB.

Respecto a las muertes de los seis manifestantes restantes, el fiscal solo presentó, el 11 de noviembre de 2024, las carátulas de los expedientes, indicando la causa de los fallecimientos. La Misión internacional independiente de Determinación de los Hechos para el caso Venezuela, dijo que, hasta el cierre del informe, no se reportan avances en esas investigaciones.


https://www.infobae.com/venezuela/2025/12/19/el-informe-que-documenta-como-los-militares-salieron-a-matar-a-quienes-protestaban-contra-el-fraude-electoral-en-venezuela/

viernes, 12 de diciembre de 2025

El caso Carrasco y la cadena de impunidad en la Guardia Nacional Bolivariana develada por la Misión de la ONU sobre Venezuela

 

El informe describe el caso del estudiante de origen español de 21 años. Su escalofriante historia de abusos y denegación de justicia empezó la noche del 13 de febrero de 2014


Sebastiana Barráez/ viernes 12 de diciembre 2025

@SebastianaB

Tomado de Infobae

El estudiante Juan Manuel Carrasco González denunció brutales torturas a manos de la GNB

La teniente Kinberlyn Carolina Pirona Ruiz fue acusada, en febrero de 2014, junto con otros militares, por el Tribunal Sexto de Control de Carabobo por los violentos hechos contra manifestantes. Es la misma oficial que investigó el caso del periodista Ramón de Jesús Centeno Navas, detenido desde febrero de 2022. Pirona aparece en el más reciente informe de la Misión de Determinación de los Hechos sobre el caso Venezuela, que puntualiza responsabilidades de la GNB en crímenes de lesa humanidad.


El primer caso que describen es el de Juan Manuel Carrasco González, estudiante de origen español, de 21 años, cuya escalofriante historia de abusos y denegación de justicia empezó la noche de la noche del 13 de febrero 2014, en Valencia, estado Carabobo.


Esa noche, funcionarios de la GNB, que perseguían manifestantes, dispararon gases lacrimógenos y perdigones. Juan Manuel Carrasco González y otras tres personas, incluida una mujer, se introdujeron en un vehículo para resguardarse; ocho funcionarios les dispararon perdigones rompiendo las ventanas del carro. 

Nicolás Maduro Moros a la cabeza de la Cadena de Mando como Comandante en Jefe de la FANB

Luego sacaron al conductor del vehículo y lo golpearon con una patada en la cara, y también golpearon a la mujer, quien logró huir con la ayuda de Carrasco, “mientras los funcionarios de la GNB continuaron golpeando y pateando a los tres hombres, utilizando las culatas de sus armas”. 


“Los funcionarios los arrastraron y se alejaron del carro diciendo ‘¿Ves cómo quemas tu propio auto?’ antes de que los propios funcionarios le prendieran fuego”. 


Los funcionarios llevaron a los tres hombres a las inmediaciones del Distribuidor El Trigal, donde estaban otras personas detenidas, tiradas en el suelo en posición fetal. “Un funcionario de la GNB, identificado como el sargento Blanco se acercó por detrás a Carrasco y usó su rifle para bajarle el pantalón y la ropa interior y penetrarlo por el ano con la punta del arma. También pasó la punta del rifle por encima de las nalgas de otro detenido”.

MG Justo Noguera Pietri era el entonces Comandante General de la GNB

Cerca de la medianoche, a Carrasco y los otros detenidos, los trasladan al Destacamento de Seguridad Urbana (DESUR) de la GNB en Carabobo, donde fueron obligados a dormir sentados; “los funcionarios los pateaban ocasionalmente al pasar y les arrojaban agua”.


En el informe “Crímenes de lesa humanidad: el rol de la Guardia Nacional Bolivariana”, del 11 de diciembre 2025, la Misión de determinación de los hechos sobre Venezuela, profundiza en la responsabilidad de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en dichas violaciones, puntualizando hechos y responsabilidades atribuibles en los distintos niveles de la cadena de mando.

Luisa Marvelia Ortega Díaz, la entonces Fiscal General de la República

La farsa de la Fiscalía

El Ministerio Público inicia la investigación penal al día siguiente, 14 de febrero 2014, que “recae en la Fiscalía Sexta del estado de Carabobo, a cargo del fiscal superior Hankel Escalona, la fiscal Nidia González y la fiscal auxiliar segunda Anahí Vargas”, destaca el informe de la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU.


Es importante destacar que el nombre correcto del fiscal es Hahkell Yamil Escalona Abonkheir, quien había ocupado varios cargos en fiscalías de los estados Portuguesa y Carabobo, un año después, el 19 de noviembre 2015 fue nombrado coordinador de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (SUNDDE) en Acarigua, Portuguesa. 


La fiscal auxiliar segunda, Anahí Vargas, ya era esposa del Mayor Ephraín Enrique Verdú Torrelles, segundo comandante del Destacamento de Seguridad Urbana (Desur) en Carabobo y es uno de los actualmente imputados por el fiscal federal argentino, Carlos Stornelli, por presuntos crímenes de lesa humanidad, junto a otros 13 militares venezolanos, en el marco de la jurisdicción universal.

La Tte. Kinberlyn Carolina Pirona Ruiz era jefa de servicios Desur y también investigadora en el caso del periodista Ramón Centeno

Ignorando las denuncias

Entre las diligencias practicadas, en el expediente de Juan Manuel Carrasco y otras 11 personas, la Fiscalía “consigna seis informes médico-forenses”, los cuales documentan que el joven estudiante de 21 años “presentaba contusiones y traumatismos en la cabeza y el cuerpo, así como abrasiones anales compatibles con penetración por un objeto no identificado”. 


Funcionarios de la GNB que participaron en el operativo rindieron declaraciones, detallando la actuación de los distintos destacamentos durante la represión en las inmediaciones del Distribuidor El Trigal y los hechos posteriores en el DESUR Carabobo”.


El 15 de febrero 2014, en la audiencia de presentación, “Carrasco y las demás personas imputadas relataron las violencias sufridas y mostraron sus lesiones. Carrasco informó a la jueza y a la fiscal que había sido violado, que tenía dificultades para sentarse y que continuaba sangrando”. 


También, otras víctimas describieron lesiones en distintas partes del cuerpo,ncluyendo heridas en la cabeza, y denunciaron el robo de objetos personales. Aun con esos testimonios y las observaciones médicas previas, “la jueza no adoptó medida alguna para ordenar una investigación inmediata sobre los malos tratos y la violación denunciada”.

El mayor Ephraín Enrique Verdú Torrelles y el General Douglas González Casamayor

Acusados

La Misión de la ONU destaca que el 23 de febrero 2014 el Ministerio Público acusó ante el Tribunal Sexto en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal al sargento primero Luis Alejandro Blanco Cedeño, al primer teniente Luis Neil Mejías Aponte y a la teniente Kinberlyn Carolina Pirona Ruiz, quienes eran enfermero y jefa de servicios del DESUR, respectivamente.


A Blanco Cedeño lo acusaron como autor material del delito de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, maltrato físico y verbal y encubrimiento.


Mejías Aponte y Pirona Ruiz fueron imputados únicamente por encubrimiento.


A pesar de la gravedad de los delitos que superan los 10 años, la Fiscalía solicitó para los tres acusados medidas cautelares sustitutivas de libertad. “A pesar del testimonio de Carrasco y de los informes médico-forenses, la violación sexual no fue investigada”


El 24 de febrero, la entonces fiscal general Luisa Marvelia Ortega Díaz, negó públicamente la existencia de violación.

Los entonces ministro del Interior y de Defensa, MG Miguel Rodríguez Torres y la almirante Carmen Teresa Meléndez Rivas

Cuatro meses después, el 11 de junio 2014, siete de las víctimas, entre ellos el estudiante Juan Manuel Carrasco González, presentaron acusación particular propia contra los tres funcionarios por tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, y encubrimiento. 


El 7 de julio de 2014, también denunciaron ante la Fiscalía 28 con competencia en Derechos Fundamentales del estado de Carabobo a ocho funcionarios adicionales de la GNB, por coautoría en tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.


El juicio oral ante el Tribunal Sexto fue suspendido en cuatro oportunidades por diversos motivos. Luego, el caso pasó al juez Jesús Yépez, del Tribunal Sexto de Carabobo, pero por el fallecimiento del juez de la causa, el proceso debía reiniciarse con un nuevo juez. 


Así, el nuevo juicio oral y público fue fijado para el 27 de noviembre 2025, pero el fiscal nacional no se presentó ese día y el juicio fue pospuesto para el 25 de enero de 2026. 


Pese a las denuncias públicas de Carrasco y su abogado, y a los informes médicos que acreditan lesiones anales compatibles con penetración por objeto, la violación sexual no fue incorporada en la acusación contra Blanco Cedeño. 


“Las autoridades alegaron que Carrasco solo había reportado golpes durante el reconocimiento médico y que no mencionó la violación durante su audiencia de presentación, y sostuvieron que las pruebas médicas no respaldaban su versión”.


Hasta noviembre 2025, dice la Misión de Determinación de los Hechos que los tres funcionarios de la GNB “continúan bajo medidas cautelares sustitutivas a la detención, y no se ha iniciado ninguna investigación respecto de los otros ocho militares denunciados.

Generales Carlos Leal Tellería y Antonio Benavides Torres, actual ministro y diputado, respectivamente

La cadena de mando

De acuerdo con la investigación de la Misión, la estructura de mando bajo la cual actuaron los funcionarios involucrados se organizaba del siguiente modo. 


Político estratégico: máxima autoridad Nicolás Maduro como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). 


Orden público: la conducción operativa correspondía al Ministerio de Defensa en cabeza de la almirante Carmen Teresa Meléndez Rivas. quien coordinaba con el ministro de Interiores, Justicia y Paz, encabezado por el MG (Ej.) Miguel Rodríguez Torres, “quienes daban las instrucciones operativas dirigidas a los cuerpos de seguridad”. 


La Comandancia General de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) estaba a cargo del mayor general (GNB) Justo José Noguera Pietri.


La Misión de la ONU dice que recibió testimonios recibidos por la Misión indican que, a pesar de ser función del Ministerio de Defensa, las instrucciones operativas en materia de orden público “eran transmitidas por el Ministerio del Interior, Justicia y Paz, que coordinaba directamente con los mandos de la GNB desplegados en los Estados”.


Según la investigación de la Misión, en febrero de 2014, el entonces comandante general de la GNB, MG Justo José Noguera Pietri, “ordenó el despliegue de unidades especiales desde Caracas para reforzar a los Comandos Regionales de la GNB en distintas localidades del territorio venezolano ante la escalada de protestas”.

Coronel Ramón Adolfo Pimentel Avilán y el general Arquímedes Herrera Russo

Agrega el informe de la Misión que “con información obtenida de fuentes con conocimiento directo de los hechos, el Comando Regional N°2 de la GNB en Carabobo estaba a cargo del general de Brigada Arquímedes Herrera Russo; actuando como segundo comandante el coronel Ramón Adolfo Pimentel Avilán”.


En el caso de Carabobo, destaca el Informe de la Misión, al teniente coronel Frank Osuna Díaz, comandante del Destacamento N°24, responsable directo del operativo. “En el DESUR Carabobo, la unidad donde fueron recluidas y recibieron malos tratos las personas detenidas, el coronel Douglas González Casamayor era el comandante, y su segundo al mando el mayor Ephraín Enrique Verdú Torrelles”.


Menciona el informe de la Misión de Naciones Unidas que, en el nivel superior de coordinación regional, la REDI (Región Estratégica de Defensa Integral) Central, estaba bajo el mando de quien es hoy en día diputado del Partido Socialista (PSUV),  MG (GNB) Antonio José Benavides Torres.


En la ZODI (Zona Operativa de Defensa Integral) del estado Carabobo se encontraba para el año 2014 el entonces General de División Carlos Augusto Leal Tellería, quien actualmente es el ministro de Alimentación.


Finalmente, en la cadena de mando señalada por la Misión están “funcionarios del DESUR Carabobo y del Destacamento N°24 de la GNB que participaron en la represión de manifestaciones, detenciones arbitrarias, malos tratos, torturas y violencia sexual ocurridas en las inmediaciones del Distribuidor El Trigal, en Valencia”.


https://www.infobae.com/venezuela/2025/12/12/el-caso-carrasco-y-la-cadena-de-impunidad-en-la-guardia-nacional-bolivariana-develada-por-la-mision-de-la-onu-sobre-venezuela/


martes, 3 de junio de 2025

La Dirección de Contrainteligencia de Venezuela aplica el “sippenhaft” nazi al detener a un oficial y su pareja embarazada

 El escalofriante sistema, impulsado por el jefe de las entonces SS, Heinrich Himmler, se usó contra los acusados del Plan Valquiria, el atentado de 1944 contra la vida de Adolf Hitler.


Sebastiana Barráez/ martes 03 de junio 2025

@SebastianaB

Tomado de Infobae


El mayor del Ejército César Alejandro Girón Contreras y su pareja, 
la sargento (Ej) Milagros Katherin Molina Ceballos

El mayor del Ejército César Alejandro Girón Contreras y su pareja, la sargento (Ej) Milagros Katherin Molina Ceballos, quien está embarazada, se encuentran en desaparición forzada desde la madrugada del 13 de abril, cuando funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), se los llevan de su casa, en el estado Aragua.
Girón Contreras, oriundo del fronterizo estado Táchira, es Policía Militar, estando adscrito a una unidad castrense en Aragua. Su pareja, prestaba servicio en una unidad militar en San Cristóbal, estado Táchira.
La madrugada en que César y Milagros fueron detenidos, la pareja se encontraba en su vivienda ubicada en Santa Rita, Maracay, estado Aragua. A los familiares de Girón les han dicho que él está en la DGCIM, pero no han recibido ninguna fe de vida, llamada y mucho menos visita.
Los funcionarios regresaron después a dos comadres de Milagros Molina, acusándolos de conspiración, pero posteriormente fueron liberadas. Los funcionarios incautaron los teléfonos.

La imputación contra la Sgt. (Ej) Milagros Katherin Molina Ceballos, 
quien está embarazada, es por el mensaje de su cuñado 
un militar desertor que está fuera de Venezuela

Es la segunda vez que la pareja es detenida y sometida a desaparición forzada: cuando los detienen la primera vez fue por los mensajes de un familiar militar retirado que profirió amenazas contra el régimen venezolano.

Aplicando “sippenhaft”, táctica del castigo colectivo utilizada por los nazis, para implementar la responsabilidad familiar, justificando el castigo a parientes que poco o nada tuvieron que ver con los hechos de la acusación principal.

El escalofriante sistema del sippenhaft, impulsado por el jefe de las entonces SS, Heinrich Himmler, se usó contra los acusados del Plan Valquiria, que resultó en una intentona contra la vida de Adolf Hitler en 1944. 

Que en Venezuela se esté aplicando sippenhaft, fue denunciado, en septiembre 2021, por la Misión de Determinación de los Hechos sobre el Caso Venezuela y presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

La DGCIM había dicho a la familia de Girón y Molina que ellos serían presentados hace unas semanas, pero eso no ocurrió. Hubo una llamada muy carta que Girón le hizo a su ex pareja, con quien tiene dos hijos, para que le dijera a su familia que sería presentado ante el tribunal, pero eso no ocurrió.

El Alto mando Militar no atiende los casos de militares detenidos, 
torturados y acusados sin pruebas fehacientes

La pesadilla

La familia de los dos militares, que están en desaparición forzada desde hace casi dos meses, ha revivido la pesadilla que, por primera vez, les ocurre en septiembre del año 2024, cuando funcionarios de la DGCIM se llevaron a Cesar Girón y aun sargento con quien se encontraba en su oficina en la sede de la Policía Militar en Fuerte Tiuna; también detienen a su pareja. El sargento fue liberado posteriormente. 

En esa oportunidad la detención fue porque el esposo de una cuñada del mayor Girón hizo una publicación en redes sociales contra el régimen venezolano. El autor de la publicación y cuñado de Milagros Molina es un sargento que desertó del Ejército y está fuera del país con su esposa, hermana de Milagros Molina.

En la revisión de los mensajes y archivos de sus teléfonos, la DGCIM no encontró nada que los comprometiera; solo conversaciones familiares que entrelazan a unos con otros. 

Desde el momento en que detienen a la pareja Girón Molina, la familia no supo nada de ellos, quienes permanecieron en desaparición forzada por tres meses, bajo custodia de la DGCIM.

El 28 de diciembre de 2024, los funcionarios dicen a César y Milagros, que van a ser liberados, lo que ellos aún no creían posible; habían sido encarcelados por un mensaje que ninguno de ellos escribió, en el que no tenían responsabilidad alguna, habían recibido torturas físicas y psicológicas, no les permitieron llamadas durante esos tres meses, mucho menos visitas familiares ni representación legal.

Funcionarios de la DGCIM realizan detenciones armados y encapuchados

Pero ahí no terminaba todo, porque para dejarlos en libertad previamente debían firmar una constancia de haber sido detenidos el día anterior, es decir, el 27 de diciembre, como si los últimos tres meses de septiembre a diciembre no hubiesen existido.

Además, les dieron instrucciones de dejar constancia que la razón de la detención era solo por “una averiguación”, pero debía incluir la afirmación de haber sido tratados con apego a la ley y respeto a sus derechos por parte de los funcionarios de la DGCIM. 

En silencio, con todo el temor que representaba negarse a firmar, los dos militares estamparon sus firmas y sus huellas dactilares. “En ese momento solo queríamos salir de ese lugar, pensando en el tiempo perdido y en las torturas sufridas. Por lo menos se terminó”, fue lo que el My (Ej) César Girón le dijo a su familia ese 28 de diciembre, cuando se celebra el Día de los Santos Inocentes.

La pareja estaba más feliz de la libertad que tenían en ese momento que en denunciar lo que les había sucedido. Se dejaron envolver por la alegría del año que terminaba y el 2025 que se inició unos días después. 

Lo que sí le dijo el My. Girón a su familia es que durante un tiempo estuvo en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), sufrió torturas aunado a la mala alimentación; luego lo enviaron a la cárcel de máxima seguridad El Rodeo I, sin que su familia o amigos supieran dónde se encontraba.

Sabe que era El Rodeo I porque lo ubicaron cerca del área donde tienen a los extranjeros y vio la llegada a esa prisión del gendarme argentino Nahuel Agustín Gallo, detenido el 8 de diciembre 2024.

Asumiendo que solo fue un error, el mayor del Ejército, César Girón, inicia una batalla para que lo reincorporaran a sus funciones, pero ya no en Policía Militar de Fuerte Tiuna sino en Maracay donde tiene a su pareja actual, Milagros Molina, con quien tiene un hijo de tres años y ella está embarazada del segundo bebé. Lo reincorporaron en una sede militar “la ballena” en Maracay.


El chavismo se fractura entre denuncias de traición y rechazo al tutelaje extranjero

  Dirigentes, exfuncionarios y referentes vinculados al chavismo hicieron públicas sus criticas al escenario político venezolano. En documen...