Estos son los principales torturadores del régimen de Venezuela identificados por la ONU

 

La Misión de Determinación de los Hechos de Naciones Unidas para el caso venezolano incluyó a 118 funcionarios en el listado. Aquí, los 12 más poderosos.

Sebastiana Barráez/ domingo 25 de febrero 2024

@SebastianaB

Tomado de Infobae

El video original corresponde al programa Hasta que Caiga la Tiranía. 25-02-2024.

https://www.youtube.com/watch?v=GN4ypYSLpso

Los delitos de violación de derechos humanos y lesa humanidad no prescriben, por lo que la Misión de Determinación de los Hechos de Naciones Unidas para el caso Venezuela ha identificado a 118 funcionarios en toda la estructura de delitos atroces contra cientos de víctimas, de las que el Estado venezolano es responsable.

En el primer programa de Sebastiana Sin Secretos, a través del canal Hasta Que Caiga la Tiranía, transmitido este domingo, se expone el caso de 12 de los principales militares señalados en los informes de la Misión.

Alexander Enrique Granko Arteaga

Ascendido por Nicolás Maduro de número 1 a Teniente Coronel de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). Ocupa el cargo de Jefe de la Dirección de Asuntos Especiales (DAE) de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). Denunciado por varias víctimas por tortura.

Está sancionado por la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros de los Estados Unidos), la UE (Unión Europea) y el TIAR (Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca), por la muerte del Capitán de Corbeta Rafael Ramón Acosta Arévalo, secuestrado y torturado lo que le causó la muerte el 29 de junio 2019, al momento de ser llevado ante el juez militar, Mayor Mickel Enrique Amézquita Pion.

Teniente Coronel Alexander Enrique Granko Arteaga, jefe de la DIE

Los casos en los que aparece reseñado Granko Arteaga, entre muchos otros, es el del Mayor Isaías Falcón Juárez, los coroneles (GNB) Oswaldo Valentín García Palomo y José Rommel Acevedo Montañez, así como el del civil Antonio José Labichuela Barrios.

También Granko es referenciado por la violación de DDHH de los sargentos del Levantamiento Cotiza. La Misión de Determinación señala a Granko por su responsabilidad en violaciones de DDHH y crímenes.

Antonio José Benavides Torres

Es un Mayor General (GNB), excomandante general de la Guardia Nacional. Es hoy diputado por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) ante la Asamblea Nacional. Fue sancionado por la Unión Europea el 12 enero 2018. Sancionado por la OFAC el 9 de marzo 2015. Además, está sancionado por Canadá, Panamá y Reino Unido.

Mayor General Antonio José Benavides Torres

La Misión de Determinación lo señala por la detención arbitraria de 23 personas en Rubio, municipio de Junín, estado Táchira el 19 de marzo de 2014. Está como muchos castrenses al servicio de la revolución bolivariana.

Abel Reinaldo Angola García

Este Teniente de Navío es un caso emblemático aunque no es de más alta graduación. Es Inspector Jefe de la DGCIM. Es emblemático entre los identificados por las víctimas como torturador de la DGCIM.

Teniente de Navío Abel Reinaldo Angola García

Aparece mencionado en varios casos, que la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU indica, entre ellos el Caso Nr. 13 del capitán de Navío Luis Humberto De La Sotta Quiroga, quien estuvo detenido durante cinco años con violación a sus derechos humanos, al debido proceso, tortura física y psicológica. También, aparece en el caso del Mayor (Av.) Isaías Lenin Falcón Juárez.

Carlos Enrique Terán Hurtado

Carlos Enrique Terán Hurtado fue jefe de Investigaciones de la DGCIM

Ascendido a General de División en julio 2022. Fue el Director de Investigaciones Penales y Criminalísticas de la DGCIM, desde noviembre 2019 hasta marzo 2021. Está sancionado por la Unión Europea y señalado por torturas en la Dirección de Contrainteligencia Militar. Aparece referenciado en los casos del CN De La Sotta Quiroga, coroneles García Palomo y Acevedo Montañez, así como Labichuela. Es un personaje clave para el caso de las hermanas Andreína y Yolimar Alemán Castellano, que permanecieron en secuestro de la DGCIM durante mucho tiempo.

Carlos Luis Sánchez Vargas

General Carlos Luis Sánchez Vargas

General de División. Director de Inteligencia y Estrategia Preventiva (DIEP) de la Policía del estado Zulia CPBEZ en el 2015. Director General de los Servicios de Vigilancia del Despacho del Viceministro de Seguridad Ciudadana en el 2016.  Inspector General (E) del Servicio Autónomo de Registros y Notarías (SAREN) en 2018. Es referencia en muchos casos por parte de La Misión de la ONU, por lo sucedido con la OLP (Operación para la Liberación del Pueblo) en Santa Rosa de Agua, parroquia Coquivacoa de Maracaibo, Zulia. Además, en la muerte de dos hermanastros y ejecuciones extrajudiciales.

Carmen Teresa Meléndez Rivas

La Almirante Carmen Teresa Meléndez Rivas Junto a Nicolás Maduro

Almirante en Jefe. Fue Ministra de la Defensa del 2013 a octubre 2014. También fue Ministra de Relaciones Interiores, Justicia y Paz desde octubre 2014 a marzo 2015. Ocupó el cargo de gobernadora del estado Lara, por el oficialista PSUV, desde 2017 al 2020. Actualmente es la alcaldesa de Caracas. Está sancionada por la OFAC desde 2017, así como por Canadá y Panamá.

La Misión la señala por los niveles de Cadena de Mando, destacando que la Policía le reportaba al Ministerio del Interior, cuando ella fue la titular de ese despacho, y que a su vez reportaba al Presidente de la Republica. La señalan en el caso de: Marchas, colectivos armados y tortura el 12 de febrero de 2014. Además, porque condecoró, con la Orden Francisco de Miranda al funcionario militar que disparó a los manifestantes del 12 feb 2014 donde fue asesinado Bassil Da Costa. La señalan por su Responsabilidad por violaciones y crímenes porque tendría conocimiento de las ejecuciones extrajudiciales.

Diosdado Cabello Rondón

Diosdado Cabello, diputado y segundo del PSUV

Actual diputado de la Asamblea Nacional. Está sancionado por el TIAR, la UE desde 22 enero 2018. El Fiscal de Estados Unidos anuncio cargos de narcoterrorismo, lavado de dinero y corrupción en su contra. Fue Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Y actualmente es vicepresidente del partido de gobierno PSUV. El motivo por el que es referencia para la ONU es por lo relacionado a la independencia de los jueces y fiscales, otros grupos estatales de seguridad y vigilancia localizados. Lo mencionan en los casos de Leopoldo López, Gilbert Caro, detención de tres personas con la Operación Tun Tun, así mismo el Caso de Víctor Navarro y otras ocho personas.

El diputado Cabello desde su programa Con el Mazo Dando y desde otras instancias políticas se ha dedicado a crear una cadena de odio y ha sido determinante en la revolución bolivariana.

Se le menciona en los casos de Geraldine Chacón y Gregory Hinds, de la Fundación Embajadores Comunitarios. Y aparece en los casos de Juan Requesens, el concejal Fernando Alban, Twiteros del terror, Luis De La Sotta, Luis Bandres, Capitán Rafael Acosta Arévalo, Juan Pablo Pernalete, Miguel Castillo, entre otros. Y por la cadena de mando del SEBIN.  

Edward Ojeda Sojo

Vicealmirante Edward Ojeda Sojo

Contralmirante y Comandante de la Octava Brigada de los Comandos del Mar hasta octubre 2028. Fue ascendido a Vicealmirante en el 2019. Está referenciado en los casos del CN  Luis De La Sotta, entre otros. Se le menciona en el caso del asesinato del joven David José Vallenilla Luis, el 22 de junio 2017. Además, en casos de Ejecución extrajudicial.

Eduardo Serrano Diaz

General Eduardo Serrano Díaz

General de División. Jefe de Operaciones de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). Un hombre clave para el poder político. Aparece señalado en el caso de las OLP del 10 de mayo 2016, cuando murieron 9 personas en supuestos "enfrentamientos".

Fabio Enrique Zavarce Pabón

Mayor General (GNB) Fabio Enrique Zavarse Pabón

Tiene el grado de Mayor General de la Guardia Nacional, pero es referenciado por la Misión por su actuación desde que era General de División. Fue Comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral Capital (ZODI 41) en el 2017. Está sancionado por la OFAC y Gobierno de Panamá desde el 2018. Está referenciado por los Planes y Políticas de Seguridad desde el 2014 con el Plan Guaicaipuro. Además, por la muerte en protesta de Juan Pablo Pernalete Llovera, el 26 de abril de 2017 y el asesinato de Miguel Castillo.

Franklin Horacio García Duque

Franklin Horacio García Duque

General de División GNB del Comando Regional No.1 de la GNB en Táchira en el 2014. Está sancionado por la OFAC, así por los gobiernos de Canadá y Panamá. La Misión de la ONU lo señala por la detención arbitraria de 23 personas en Rubio, municipio de Junín, estado Táchira el 19 de marzo de 2014. 

Indican que bajo su mando se cometieron arrestos y detenciones arbitrarias, tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Gustavo Enrique González López

General en Jefe Gustavo Enrique González López, director del SEBIN

Es General en Jefe. Señalado como  Jefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), cargo que ocupa actualmente. Fue Ministro de Relaciones Interiores en el 2019. Sancionado por la OFAC, también por Canadá, Unión Europea, Panamá, Suiza y Reino Unido.

La Misión lo referencia por los casos de Antonio Ledezma, Juan Carlos Requesens y de ciudadanos privados de libertad por declaraciones en medios sociales percibidas como críticas al Gobierno. Se le incluye por represión política selectiva, la represión en un contexto de seguridad y control social, FAES y CICPC.

Estos son los principales torturadores del régimen de Venezuela identificados por la ONU - Infobae

Granko Arteaga, el hombre de las mil caras y negocios que controla la temible unidad de Asuntos Especiales del Servicio de Inteligencia Militar de Venezuela

 

Junto con el General de Brigada Rafael Antonio Franco Quintero, inició la más tenebrosa etapa de tortura, persecución y amenaza contra militares y civiles

Sebastiana Barráez/ domingo 27 de marzo 2022

@SebastianaB 

Tomado de Infobae 

Alexánder Enrique Granko Arteaga es Teniente Coronel de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y funge como Jefe de la Unidad de Asuntos Especiales (DAE) de la Dirección general de Contrainteligencia Militar (Dgcim); es el verdadero poder en ese organismo, donde han ocurrido terrible torturas. Él, junto con el General de Brigada Rafael Antonio Franco Quintero iniciaron la más tenebrosa etapa de tortura, persecución y amenaza contra militares y civiles, algunos presos políticos, otros a quienes la revolución consideró traidores y les activó expedientes por corrupción.

Egresado de la Escuela de Formación de Oficiales (Efofac), de cuarto lugar en la II Promoción “Batalla de la Miel” 2003, fue ascendido, el 29 de junio 2016, resolución 014717 a Mayor en la categoría Efectivo de comando y en el 2020 ascendió de numero uno a Teniente Coronel. Entre funcionarios de inteligencia se le considera un mérito que haya ejecutado al piloto Oscar Pérez y a un grupo de jóvenes que ya se habían rendido en la llamada Masacre de El Junquito.

Funcionarios de la DAE al mando de Granko Arteaga

Granko es el hombre poderoso de la DGCIM, aunque tenga superiores militares de más alto rango como coroneles, generales y al Mayor General y jefe de la Dgcim, Iván Hernández Dala. No solo es el que ha hecho posible la creación de numerosos expedientes que la Dirección de Investigaciones levanta contra militares y civiles detenidos, torturados, violentados en sus derechos humanos, sino que además influye en la administración de justicia cuando de alterar fechas o cuadrar testigos se refiere.

Se exhibe en actividades en motos de alta cilindrada, bicicletas, con armas en ejercicios, pero Granko también tiene atracción por las propiedades, vehículos costosos, negocios relacionados a la chatarra y todo lo que sea rentable en los puertos de La Guaira y Puerto Cabello.

Los funcionarios de la DGCIM, desde que la estructura de poder y tortura se instala con Granko y Franco en la DGCIM, también debió ceder recompensas para lograr lealtad por parte de funcionarios dispuestos a hacer cualquier cosa por obtener beneficios; así participan en el botín de guerra, como llaman a las pertenencias que se roban, sean divisas, prendas de oro incluso fantasía costosa, armas, celulares, ropa y zapatos de marca, computadoras, artefactos eléctricos, e incluso vehículos; ese botín es vendido en el mercado negro y las ganancias se reparten entre los participantes y los testigos estrellas que la DGCIM usa en sus informes.

Pero el botín de Granko es más alto; son casas, haciendas, hatos, aviones, vehículos de lujo. Un ejemplo de ello fue lo ocurrido el 14 de agosto 2020 cuando funcionarios de DGIM, a cargo del capitán Ibis Ramírez, diciendo que cumplía órdenes de Granko Arteaga, allanan la quinta Los Gnomos en la Urbanización El Caribe, calle Club Yacht, Caraballeda, La Guaira.

Le arrebataron la propiedad, violentaron las cerraduras, cubrieron las cámaras de vigilancia y se quedaron con los muebles

Esa hermosa vivienda, edificada por César Capriles en 1968, fue heredada por su nieta Isabel González Capriles, la legítima propietaria quien la había dado en arrendamiento a la pareja con tres niños que fueron desalojados por Dgcim. No hubo orden de allanamiento, no hubo orden de ningún tribunal, solo el capricho de Granko que quería la vivienda, la cual tiene un atractivo y pequeño puerto o embarcadero privado con salida al mar.

Como en otros casos y propiedades, la Dgcim sabe que Isabel González, quien es hija de Mitzi Capriles y esposa del exministro Andrés Izarra, no se atreve a venir al país a reclamar la casa sin riesgo de ser encarcelada, así que le arrebatan la propiedad, sin derecho a la defensa, violentaron las cerraduras, cubrieron las cámaras de vigilancia y se quedaron con los muebles de Los Gnomos.

La quinta

Desde que la vivienda fue allanada por la Dgcim, se ha convertido en una de las propiedades que usa Granko con personas de su interés personal, como ocurre con Paola Dávila una modelo, quien publica en sus redes sociales fotos del interior de la quinta, usufructuando la propiedad, los muebles, la vajilla y todo lo que hay en la vivienda de Isabel González.

La quinta Los Gnomos el día que fue invadida por la DGCIM

La vivienda de Isabel González que usa Dávila y Granko

En ese encantador refugio al principio llegaron muchos funcionarios y vehículos de la Dgcim, rompieron cerraduras y permanecieron ahí varios días, pero desde que desalojaron a la familia con los niños, solo la usan para disfrute mayormente de Paola y una que otra modelo que viene de manera esporádica con el Tcnel Granko”.

Dávila, quien se desconoce qué trabajo realiza, inauguró recientemente una boutique de trajes de baño en la urbanización Las Mercedes de Caracas. Muchas de sus fotografías en redes sociales la muestran en el interior de la vivienda, incluso con familiares cercanos o en yates del embarcadero de la casa arrebatada a Isabel González.

Con otras propiedades como haciendas o fincas ha sucedido algo similar. Si la Dgcim detiene a un hacendado, ganadero, empresario o comerciante casi siempre la víctima debe pagar una fuerte suma de dinero o ceder propiedades a cambio, que pasan a formar parte del botín de guerra que se distribuye la estructura de tortura que nace en la Dgcim.

Abuso de poder

Recientemente el ingeniero Elías Rangel Macho Hernández, Director General Regional de la Faja del Orinoco adscrita al Ministerio de Petróleo y exdirector del Despacho del Ministerio del Trabajo, denunció que el 18 de marzo 2022, en Calabozo, estado Guárico, la desaparición de Ángel Javier Navas Figueroa, adscrito a la oficina de esa población, perteneciente a la Jefatura de Zona Valle de la Pascua.

Ángel Navas detenido e incomunicado por Dgcim, por boicotear la gandola de combustible destinada a Granko. Ahora obligado a renunciar a su cargo

Relató que Navas observó la recepción de dos cisternas de combustible en la Estación de Servicio Puente Aldao, Calabozo, por lo que procedió a verificar las facturas de despacho desde Planta. La administradora del establecimiento le informó que la primera cisterna (9.804 litros de diésel) es para el despacho normal a los usuarios y que “la otra cisterna de combustible (37.025 litros de diésel) es exclusiva para el comandante Granko, perteneciente a DGCIM”.

El Puente Aldao de calabozo estado Guárico

Al observar la irregularidad Navas se comunicó con Henry González, asesor de PDVSA Mercado Nacional (PDVSA MENA) con jurisdicción de la zona, quien le comunicó que “esa era una instrucción emanada por el Director General de PDVSA MENA, Marino Lugo hacia la ES Puente Aldao, sin tener conocimiento si era para algún particular o para el despacho normal público”, y le indicó que llamara a Jhonny Fernández, Gerente de Estaciones de Servicio PDVSA MENA Distrito Centro.

“Ángel Navas da alertas necesarias al Jefe de Zona Valle de la Pascua y éste a su vez al Director Región Faja. Seguidamente desde Minpetróleo (Oficina Técnica Calabozo) se dan los exhortos al concesionario para que distribuya dicho combustible como lo establece la norma y éste se niega pues dice tener instrucciones que dicho combustible es para Granko”.

Ante esa situación, “se le da la instrucción desde la Jefatura al funcionario Ángel Navas que aperture el procedimiento administrativo a dicha E/S, la cual estuvo cerrada el domingo. Al día siguiente Navas inspecciona la gasolinera, pero “a las 11:30 AM recibe notificación de la DGCIM Calabozo para ir a declarar a San Juan de Los Morros a las 2 PM por un proceso de investigación no especificado. El funcionario notificó que no podría asistir ese día por lo intempestivo de la citación, la falta de logística de movilización y manifestó que asistiría al día siguiente”.

La trampa y destitución

A final de tarde, Navas recibe llamada de la E/S manifestándole que “de Caracas le habían autorizado a que despachara el diesel al público y que requería su presencia para realizar tal actividad”; él respondió que era preferible hacerlo a primera hora del martes para garantizar que los usuarios accedan al servicio.

Esa noche relata Macho Hernández “una comisión de DGCIM hace presencia, de manera arbitraria y agresiva, en la casa de Ángel Navas, quien no estaba en su domicilio; la invitación del concesionario a que se presentara a la E/S parecía una excusa para detener a Navas”.

La mañana del martes 22 de marzo el Jefe de Zona trata infructuosamente de contactar a Navas. “Se contacta al concesionario quien informa que a altas horas de la noche del lunes una comisión del DGCIM acordonó la E/S y junto al concesionario realizaron un despacho de diesel al parecer de 6000 lts más y que en la camioneta del DGCIM tenían a nuestro funcionario Ángel Navas”.

Padrino López firmó la resolución que asciende a Granko de número uno a Teniente Coronel en el 2020

La Jefatura de Zona y la Dirección Regional tratan de averiguar si Navas se encontraba en la Dgcim de San Juan de Los Morros o en Caracas; llamaron al Fiscal Nacional 55, Ramón Torres, quien lleva los casos de tráfico y desvío de combustibles por el Ministerio Público en el marco de la Operación Mano de Hierro.

En el mensaje que en ese momento Macho Hernández envió a sus compañeros, Directores y demás integrantes del Minpetróleo pidió unirse “en una campaña de solidaridad con el compañero Ángel Navas y revisarnos también en el papel que debe jugar Mercado Interno Minpetróleo y MENA PDVSA para erradicar los vicios sobre el mal manejo en la distribución de combustibles y contribuir así con la operación Mano de Hierro y más aún con la transparencia y garantías para que este servicio público se preste de manera eficaz, eficiente y llegue realmente al pueblo”.

La presión llevó finalmente a la liberación de Nava, pero el ingeniero Macho Hernández fue destituido de su cargo como Director General Regional de la Faja del Orinoco del MinPetróleo, mientras que a Ángel Javier Navas Figueroa lo presionaron para que renunciara.

Todo ello evidencia el abuso de poder y el tráfico de influencias de Granko Arteaga desde el cargo que ocupa en la Dirección de Asuntos Especiales de la Dirección General de Contrainteligencia Militar.

Granko Arteaga, el hombre de las mil caras y negocios que controla la temible unidad de Asuntos Especiales del Servicio de Inteligencia Militar de Venezuela - Infobae

VENEZUELA Trampas, alteración de libros de votantes y hasta uso de las FAES: el todo se vale en las elecciones del chavismo en la frontera

 

Hubo denuncias sobre las elecciones internas del PSUV en todo el país, pero un caso emblemático fue el de Táchira, un estado fronterizo que ha sido decisivo para el avance de la guerrilla, y la usurpación de las funciones y recursos de la Gobernación

Sebastiana Barráez/ martes 29 de junio 2021

@SebastianaB

 

Tomado de Infobae

 

La división del chavismo es evidente. El Gran Polo Patriótico, que aglutina a las diversas agrupaciones de la revolución bolivariana, está fracturado; el único que impone el control es el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), lejos de patrones democráticos. Las venideras elecciones, pautadas para noviembre, ha avivado las diferencias internas, por una parte, entre los distintos partidos del GPP y al interior del PSUV, desde que no les permitieron a los partidos más pequeños tener voz en las políticas públicas y alentado por los dos bandos que se disputan el poder: Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. (https://www.infobae.com/america/venezuela/2021/06/27/guerra-interna-en-el-chavismo-la-maniobra-de-nicolas-maduro-para-restarle-poder-diosdado-cabello/)

Maduro es el presidente del PSUV pero Diosdado maneja la maquinaria

Aunque públicamente no reflejan sus diferencias, se ha desbordado la presión interna. El PSUV fue solo a las elecciones pasadas para escoger a la nueva Asamblea Nacional, mientras desde el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se decidieron maniobras para arrebatarle, a sus líderes naturales, los partidos Patria Para Todos (PPT), Unidad Popular Venezolana (UPV), Tupamaros cuyo máximo líder fue encarcelado y a otras organizaciones no les permitieron inscribirse, por lo que terminaron creando la Alternativa Popular Revolucionaria (APR).

Es así como el PSUV usando al TSJ les aplicaron, a los partidos aliados del chavismo, lo que exactamente también les han hecho a partidos opositores como Acción Democrática (AD), Copei, Voluntad Popular (VP), Primero Justicia (PJ), etc.

En todo el país hubo denuncias durante las elecciones internas del PSUV celebradas el domingo 27 de junio.

Leonardo Salcedo denunciando irregularidades

Caso emblemático fue el del Táchira, un estado de la frontera, que ha sido decisivo para el avance de la guerrilla, la utilización del FAES, la usurpación de las funciones y recursos de la Gobernación, así como le crecimiento del contrabando y el narcotráfico.

El precandidato a la gobernación Leonardo Alí Salcedo Ramírez denunció, en plena jornada electoral interna del PSUV, que a su familia la sacaron del registro electoral del Partido Socialista Unido de Venezuela. “Mi esposa, que está en la data desde el 2016, fue sacada de ahí. Mi hija Natasha Salcedo tampoco aparece. Espero a ver si mi hijo aparece. El único que aparece de mi familia soy yo”.

El candidato está apoyado por la exministra de Asuntos Penitenciarios y actual Vicepresidente de la Asamblea Nacional, María Iris Varela Rangel, y por el exgobernador Ronald Blanco La Cruz.

Salcedo, en clara alusión a su contrincante Freddy Bernal, “el señor que está haciendo eso, que todo el mundo lo sabe, que recoja sus macundales y que sea el único aspirante” y lo señaló de “poner a toda la policía a votar”.

Denuncian compra de votos en Carabobo

“Lo habíamos mantenido en silencio, pero lo denunciamos, igual ha sucedido con los trabajadores del gas, con todos los trabajadores, los llevan. Ayer estaban sacando carnet en la bomba de gasolina de la Guacara”.

“A ese señor, que está haciendo todo esto, pues que lo nombren de Caracas. Esto es una cosa muy injusta, porque encima maneja los recursos del Estado; yo mantuve silencio hasta el día de hoy, porque con esto es demasiado evidente. Este descaro ya de sacar a la familia de uno y a otros militantes”.

Denunció que en el Liceo Simón Bolívar de San Cristóbal “de 40 personas que son votos duros, que estaban con nosotros, misteriosamente aparecieron (en los cuadernos de votación) solamente 15 y eso porque no los detectaron para sacarlos. Lamento mucho tener que hacer esta denuncia. ¿Callarla para qué? ¿para que después aparezca festejando una victoria no merecida?”, aseveró Salcedo Ramírez.

FAES es un organismo denunciado por violación de DDHH

Usando a FAES

La Alternativa Popular Revolucionaria (APR) en el caso del Táchira denunció la presión psicológica contra Daniela García, candidata a concejal por la parroquia Pedro María Morantes del municipio San Cristóbal del Táchira; eso fue a raíz de que ella decidió renunciar al PSUV e incorporarse a la APR, que tiene como única tarjeta electoral válida la del Partido Comunista de Venezuela (PCV).   

APR denuncia presión del FAES contra candidata

Según denunciaron un grupo de dirigentes de la APR Táchira, a la casa de García se presentó un funcionario de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), armado y uniformado, para persuadirla que se sumara al equipo electoral de Freddy Alirio Bernal Rosales, quien no solo es diputado desde las elecciones de hace unos meses, sino que también quiere ser el Gobernador del Táchira.

Bernal, quien es policía, y fue impuesto por el dedo de Nicolás Maduro, quien le inventó el cargo de “protector del Táchira”, maneja las FAES en el estado y las ha usado para amenazar y amedrentar a periodistas, opositores y ahora a los miembros del chavismo que no lo apoyen en sus aspiraciones presidenciales.

Gritos e insultos en un centro de votación

No es solo que Bernal Rosales use al FAES y a la administración de justicia para causar terror, presione con el acceso a beneficios como gas doméstico, combustible, tránsito por las vías, sino que también ha sido determinante para que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) reciba apoyo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en lucha contra los paramilitares por el control del territorio en la frontera.

El brazo armado de Bernal en Táchira es el FAES, organismo con antecedentes en violación de derechos humanos, asesinatos, desapariciones extrajudiciales, amenazas y abuso de poder.

La APR considera que la acción de FAES contra la candidata Daniela García, una joven que además está embarazada, incurre en varios delitos; “violación a los derechos de la mujer y de la familia. Se trata de un funcionario de un cuerpo policial del Estado que ha sido utilizado, con fines políticos partidistas, por parte del PSUV”.

Freddy Bernal con FAES en la frontera

Describe a las FAES como “un cuerpo policial con un historial oscuro que ha representado violación de derechos humanos, comisión del delito de extorsión, secuestro, extorsión, hurto y se ha convertido en un cuerpo paramilitar del PSUV”.

Dirigiéndose a Bernal le dicen "lo hacemos responsable a usted, al FAES y a esta dirigencia corrupta de lo que pueda pasar con la integridad física y psicológica de nuestra candidata Daniela García, de cualquier miembro de su familia o de este equipo político".

Trampas, alteración de libros de votantes y hasta uso de las FAES: el todo vale en las elecciones del chavismo en la frontera - Infobae

La extorsión de un grupo de élite del régimen de Maduro a una pareja de ancianos: allanamiento, retención irregular y pedido de cinco mil dólares

 

El episodio ocurrió en Baragua, en el estado venezolano de Lara. Es una nueva muestra de los abusos de la Dirección de Inteligencia Estratégica, antes conocida como FAES, famosa por las ejecuciones extrajudiciales que Michelle Bachelet pidió eliminar

Sebastiana Barráez/ jueves 17 de junio 2021

@SebastianaB

 

Tomado de Infobae

Hernán y Carmen son dos ancianos, esposos, respetados y reconocidos en el pueblo de Baragua como “trabajadores de toda la vida”. Funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) los retuvieron, trataron de extorsionarlos y finalmente se fueron llevándose como excusa unos viejos chopos, armas caseras muy comunes en los pueblos apartados del país. La mayor relevancia del hecho es que el peligroso grupo elite, al que solo le cambiaron el nombre, sigue delinquiendo, además de asesinar, extorsiona.

Hernán José Álvarez (80 años) y Carmen María de Álvarez (78 años)

La mañana del lunes 14 de junio 2021, listos para el nuevo día y saborear el café diario, oyeron que alguien llamaba a su puerta. La pareja de ancianos, que vive sola en su casa, no dudó en abrirla para dar la bienvenida al visitante, como es tradición entre los habitantes de Baragua, capital de la parroquia Xaguas del municipio Urdaneta del estado Lara. Pero allí en su puerta estaba una comisión de siete hombres que no se quería identificar, pero que se supo son de la Dirección de Inteligencia Estratégica (DIE) de la Policía Nacional Bolivariana, como ahora se llama a FAES, el cuestionado organismo famoso por las ejecuciones extrajudiciales del que Michelle Bachelet pidió eliminar.

Los siete hombres, ante el rostro de asombro de los dos ancianos, dijeron que debían revisar la vivienda. La hija de los Álvarez que vive cerca es la primera en darse cuenta y toda la familia se va acercando a la casa de los ancianos, en la avenida Sucre en el centro del pueblo.

Carmen Josefina, hija de la pareja, dice que “eran siete tipos armados hasta los dientes, en un carro particular, no querían dar identificaciones, no permitían que sacáramos teléfonos, me mandaron a apagarlo y que no hablara con nadie. No presentaron orden de allanamiento y no tenían ninguna denuncia. Iban buscando dólares”.

Uno de los funcionarios de FAES que estuvieron en el allanamiento se llama José Quintero alias Boleta. Antes de ingresar a la fuerza acusada de crímenes de lesa humanidad fungió como escolta de Luis Ladino, alcalde del Partido Socialista Unido de Venezuela.

Encontraron unas viejas armas, que por seguridad los ancianos conservaban desde hacía años cuando eran importantes comerciantes. Eso bastó para que los FAES/DIE vieran la excusa de obtener un dinero adicional para los siete.

Los hijos de los Álvarez, que viven en otra parte del pueblo, oyeron el requerimiento de los FAES/DIE, quienes pedían “una colaboración” de cinco mil dólares, como si lo que solicitaban era un chocolate para disfrutar la aburrida tarde de pueblo.

Lo que no esperaban los policías fue la firmeza de los Álvarez, quienes contaron a Infobae que se mantuvieron firmes para no aceptar la extorsión y porque además no son los prósperos comerciantes que alguna vez fueron. “Bueno, por lo menos que sean 500 dólares”, insistieron los funcionarios, pero la pareja no cedió.

Como si fuera una subasta, donde los FAES fueron bajando la cantidad de dólares que querían, mientras los Álvarez se mostraron firmes, pasaron unas horas, que tuvo un cambio radical cuando uno de los hijos murmuró que tenían un familiar militar. Los siete FAES/DIE se apresuraron a terminar “el procedimiento” haciendo un acta, en la que se nota que solo firma un funcionario actuante que no se identifica. En ella destacan que varios miembros de la familia de los Álvarez les entregaron voluntariamente dos revólveres calibre 38, una escopeta de marca no visible, siete municiones calibre 38 sin percutir y 21 calibre 12.

Arruinados

Como en muchos pueblos de la sierra entre Lara y Falcón, el esfuerzo diario hacía prósperos a sus habitantes para en la vejez disfrutar de la holgura económica; desde hace unos años ya no es así. Muchos habitantes perdieron aceleradamente sus ahorros de toda la vida y apenas logran cubrir sus gastos.

Un vecino de Baragua le dijo a Infobae que “ese viejito, Álvarez, fue un comerciante muy famoso de la época, tenía mucho dinero, pero quedó arruinado. Los viejitos viven solos y la hija vive cera de ahí. Los FAES vieron a los dos viejitos indefensos, se le metieron a la casa, revolvieron todo: estuvieron como tres horas ahí”.

Este es el pueblo de Baragua donde el FAES hace de las suyas

Narra que al señor Álvarez lo obligaron a abrir una caja fuerte que utilizaba cuando era un hombre con grandes recursos económicos. “Lo único que el señor tiene ahora ahí es papeles, porque ya no tiene dinero. Lo único que los funcionarios piensan que le sacarán valor es a las armas viejas que el viejito tenía cuando era un comerciante tronado, importante”.

Uno de los siete funcionarios de FAES/DIE que estuvieron en el procedimiento en la casa de los Álvarez es José Quintero alias El Boleta, quien fue identificado por los vecinos de Baragua, pues fungió como escolta de Luis Ladino, alcalde del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

Repudio colectivo

La dirigente social Marisol Bustamante, quien es politóloga y defensora de derechos humanos del estado Lara destaca que “lo sucedido con la familia Álvarez debe recibir el repudio de toda la colectividad. No podemos ver como normal esos hechos”.

Marisol Bustamante, defensora social y politóloga del estado Lara (Cortesía Diario El Impulso)

Es una fiel vigilante de lo que sucede en el municipio Urdaneta y dice que “se aprovechan de gente como el urdanetense que son personas pacíficas, porque los niveles de criminalidad en la zona son mínimos. Hoy es el municipio con menor nivel de credibilidad del estado Lara”.

“Hablé con la familia Álvarez y están muy indignados. Están denunciando lo sucedido. Les he manifestado mi solidaridad y apoyo, porque esos hechos, como lo que hizo el FAES/DIE, afecta a la gente. Hablaremos con Provea para que documente el caso”.

“Es muy irregular que el funcionario que firma el acta no coloca su nombre, ni su cédula y la firma es ilegible, pero a los Álvarez sí los identifica plenamente incluso con huellas dactilares”.

Parte del acta que elaboró el FAES

Ante la preguntarle de si sabe quién es el funcionario José Quintero alias Boleta responde “sí, cuando era escolta, a él lo tenía el alcalde Ladino para amedrentar e intimidar a la gente en el pueblo”.

Destaca que hace una semana antes FAES/DIE realizó detenciones arbitrarias en la capital del municipio Urdaneta, en el pueblo Siquisique, vecino de Baragua. “Eso ocurrió cuando la población  protestó por el despacho irregular de combustible. En menos de una semana se han producido 4 detenciones arbitrarias con similar patrón de actuaciones en este municipio. ¿Acaso Pretenden atemorizar a la población por denuncias sobre despacho irregular de combustible?”, finaliza diciendo Bustamante.

El régimen venezolano ha ignorado la solicitud de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet quien pidió la eliminación de organismo policial, que acumula cientos de denuncias por ejecuciones extrajudiciales. Nicolás Maduro solo se burló de la petición cambiándole el nombre a FAES por el de DIE, pero con los mismos hombres e iguales vicios.

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