Registraron dos veces su nacimiento a ambos lados de la frontera y 47 años después fue electo congresista de Colombia

  

Un fraude cometido hace casi cinco décadas arrastra una serie de hechos oscuros que podrían terminar con las aspiraciones políticas de un legislador

Sebastiana Barráez/ martes 31 de mayo 2022

@SebastianaB

Tomado de Infobae 

Un fraude cometido hace 47 años, desde el momento en que nace Germán Rogelio y su mamá lo registra en Cúcuta como nacido en el Norte Santander de Colombia y al día siguiente lo presenta en Elorza, Apure, diciendo que nació en el Capanaparo de ese estado, arrastra una serie de hechos oscuros. Aquel bebé hoy es un adulto que resultó electo en Colombia como Representante a la Cámara, del partido Liberal, por el Departamento de Arauca, para el periodo constitucional 2022-2026. Una demanda fue presentada ante la Sección Quinta del Consejo de Estado, asignada al magistrado Luis Alberto Álvarez Para.

Registro electoral de Rozo Anis en el CNE de Venezuela y su pasaporte en Colombia

El hecho se torna relevante porque el abogado y profesor universitario Germán Rogelio Rozo Anís sería el primer venezolano que es legislador en el vecino país, lo cual está prohibido en la Constitución de Colombia. No solo es que tiene dos actas de nacimiento con un día de diferencia, dos fechas de nacimiento distinta; en una aparece el padre, pero en la otra no. Además, la madre aparece con tres nombres distintos; Aida, Aideé y Haidé. El primer apellido de Germán Rogelio aparece en documentos colombianos con z y en los venezolanos unos con z, otros con s”.

Durante 44 años Germán Rogelio usó las dos nacionalidades, sacó documentos de identidad como nacido en ambos países, incluyendo cédula de identidad, pasaporte, registros en el ente encargado de los tributos, pasaporte, entre otros.

Rozo Anís ha tenido nacionalidad en ambos países desde el día que nació

La doctora Luz Estella Quenza Becerra, quien fue la contrincante de Rozo Anís en las elecciones para la Cámara de Representantes dijo, en conversación con Infobae, que en el año 2019 supuestamente él solicitó la corrección del registro en Venezuela. “En una entrevista Rozo manifestó que él ‘no era venezolano’, aun cuando hasta el 31 de enero 2022 seguía apareciendo su cédula de identidad en el registro del Consejo Nacional Electoral de Venezuela”.

Otra de las cosas que Rozo dijo, agrega Quenza, “es que sus padres eran colombianos y que ellos por error lo registraron en Venezuela, pero que ese no es un error atribuible a él, a la vez que aseguró que nunca había ido a Venezuela a nada. Son varias mentiras las que dijo, aunado a que no aparece la enfermera que aparece como la persona que certifica el nacimiento. Aquí no hablamos de doble nacionalidad, sino de doble identidad, porque uno no nace en dos partes”.

Quien demandó la nulidad de Rozo Anís como congresista es el ciudadano David Tafur, alegando que el numeral 7 del Artículo 179 de la Constitución Política, indica que los congresistas no podrán tener doble nacionalidad, exceptuando los colombianos por nacimiento.

El documento no apostillado del CNE sobre la anulación de la partida

Las dos actas

En el acta de nacimiento colombiana, Nr. 750727, hay cinco variaciones importantes con relación a la venezolana: el nombre y la edad de la madre, la fecha, hora y lugar de nacimiento del niño y la identificación del padre. El Registro de Nacimiento se hizo en la Notaría Segunda, en Cúcuta, Norte de Santander, Colombia. Fecha de nacimiento: 27 de julio 1975 en el barrio San Mateo de Cúcuta. El nacimiento lo certifica: Encarnación Guerrero de C. Nombre de la madre: Aideé María Anís (en otros aparece Haideé y/o Haidé), de 16 años, venezolana y oficios del hogar. Padre del niño: Rogerio Rozo, colombiano, de 25 años de edad y comerciante.

Rozo Anís obtiene sus documentos en Colombia partiendo de ese certificado de haber nacido en Cúcuta: cédula Nr. 17.589.895, pasaporte Nr. AP986874, donde se lee que nació en Cúcuta el 27 de julio de 1975. Su identificación como estudiante en Canadá, en el 2017, es con ese pasaporte.

Rozo fue señalado del delito de contrabando en Venezuela en el 2008

Los datos de la partida de nacimiento venezolana dicen que compareció ante la prefectura del municipio Rómulo Gallegos, estado Apure, una mujer, identificada así: “Aida María Anaís, de 19 años de edad, soltera, venezolana, de oficios del hogar y de este domicilio”. Ella presentó a un niño varón, Germán Rogelio, (sin mencionar padre), quien nació en Capanaparo (parroquia Elorza) el 28 de julio de 1975, a la una de la madrugada”. Los testigos: Petra Pérez y Andrés Arrollo, quienes no aparecen firmando “porque no saben hacerlo”.

Luz Estella Quenza Becerra denuncia la irregular situación de Rozo Anís

En base a esa partida es que el hoy parlamentario colombiano obtiene sus documentos como venezolano por nacimiento: acta de nacimiento Nr. 114, cédula de identidad V-12.580.849 obtenida el 14 de enero de 1987 en Guasdualito, y que aparecía en el registro del CNE, por lo menos en enero 2022, con el apellido Roso y no Rozo, votando en la Escuela Técnica Agropecuaria Francisco de Miranda, parroquia El Amparo, municipio Páez, estado Apure.

“Él debió presentarse durante un año en los tribunales, pero teneos entendido que solo lo hizo durante tres meses”, dice Quenza. El 17 de octubre 2008, el Juez Edwin Manuel Blanco Lima, del Tribunal de Control Primero de Primera Instancia en lo Penal de Guasdualito, estado Apure, sobresee a Rozo Anís por un delito de contrabando, identificándolo como venezolano y residenciado en la urbanización La Quinta, casa Nr. 12, Elorza, Apure.  

El acta de nacimiento del parlamentario en Apure

Compra de votos

Quenza Becerra revela que “hemos hecho una investigación muy profunda, más aún cuando Arauca capital es una población muy pequeña y mucha gente conoce a Rozo desde niño, cuando él llegó a Arauca desde Venezuela, y nos dicen que él llegó con documentos de Venezuela y fue matriculado en el tercer grado de primaria en Arauca (Colombia), después de hacer sus primeros grados en Elorza (Venezuela)”.

“Hay gente y evidencias de que él nació en Venezuela. Tenemos el Registro Civil colombiano y el acta de nacimiento de él en Venezuela apostillada. La mamá que decía tener 16 años, lo registra en Cúcuta como nacido el 27 de julio de 1975, pero al otro día aparece nacido en Venezuela y la mamá ahora tenía 19 años; cumplió tres años en un solo día”.

Argumenta que “en las recientes elecciones, del domingo 29 de mayo 2022, no hubo la misma cantidad de personas en los puestos de votación, porque son unas elecciones donde no se paga por el voto y no está la motivación de pasar la frontera (desde Venezuela), para ejercer ese derecho. En las elecciones regionales fuimos testigos del paso de canoas llenas con personas que llevaban una sola directriz: votar por este señor Rozo. Para Arauquita pasaron unas dos mil personas también”.

Agrega que “hubo mucho dinero de por medio, muchos intereses de las fuerzas oscuras que hacen parte en el Departamento de Arauca como son los grupos terroristas del ELN (Ejército de Liberación Nacional) y las FARC (disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), presiones para que votaran por Rozo”.

Demanda que hicieron en Colombia contra el nombramiento del congresista

Ella sufrió un atentado tres días antes de las elecciones, lo que refuerza su indignación ante lo que sucedió en las elecciones de hace tres meses y las que sucedieron el domingo “nos damos cuentas que el voto venezolano sí incide para que un líder político llegue a gobernar en territorio nacional, en este caso va a ir a hacer Ley en el Congreso de la República de Colombia alguien venezolano”.

Rozo Anís presentó en Colombia un documento, no apostillado, del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, suscrito por un abogado Irving González, quien firma como Director General (E) de la Oficina Nacional de Registro Civil y que envía, el 17 de mayo 2019, a la Oficina Regional Electoral del estado Apure, en el que citando la providencia administrativa 000058 del 16 de mayo 2019, insta a la oficina de Registro del municipio Rómulo Gallegos, estado Apure, a estampar una nota marginal de nulidad y la palara “anulada” en el acta de nacimiento de Germán Rogelio Rozo Anís.

En un comunicado ante la opinión Pública, el parlamentario expresa que “A través de la legítima defensa, por solicitud nuestra del Partido Liberal Colombiano y el propio Ministerio Público, se pidió al Consejo de Estado hacer caso omiso a las pretensiones, sin fundamento, que quieren desconocer nuestra elección para representar en la Cámara al departamento de Arauca”.

“Como se ha demostrado -agrega- queda absolutamente claro que nuestra nacionalidad es colombiana que los documentos aportados por los demandantes tienen graves alteraciones y que nuestra pertenencia al Partido Liberal Colombiano y renuncia a otras colectividades se ajusta a la legalidad contemplada en la normativa nacional, luego no hay razón para discusiones inanes y sin sentido”

Quedaría por demostrar es la certeza de que Rozo Anís además de partida de nacimiento y cédula, tendría RIF y Carné de la Patria. Su mamá, Aideé,  Haideé y/o Aidé), vive en Elorza. El hermano de Rozo también tiene cédula venezolana.

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Venezuela: el hijo del Gobernador del Táchira y hombres armados allanaron una finca en Apure, secuestraron al personal y se llevaron el ganado

 

El episodio da cuenta de un nuevo caso de abuso de poder por parte de los amigos y familiares del chavismo. Jesús Tamani Bernal ya había protagonizado otros ataques junto a oficiales de las fuerzas de seguridad

Sebastiana Barráez/ domingo 29 de mayo 2022

@SebastianaB

Tomado de Infobae 

Jesús Tamani Bernal, hijo del gobernador del fronterizo estado Táchira, protagonizó el jueves un ataque contra la finca El porvenir, en la lengüeta de Barinas. Junto a más de 15 hombres del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y del GRIS, allanaron la hacienda, mantuvieron secuestrados a los obreros desde el jueves 26 de mayo al amanecer hasta el viernes 27 al atardecer, les quitaron los teléfonos, a algunos los encerraron, los interrogaron, los amenazaron y los obligaron a recoger el ganado.

Jesús Tamani Bernal junto a un grupo de hombres fuertemente armados

“En camiones que trajeron se llevaron más de 170 mautes, mataron a algunos animales y a otros los dejaron tirados; fue un desastre”, le aseguró a Infobae una de las personas presentes en la finca.

No es la primera vez que Tamani Bernal protagoniza una demostración de abuso de poder acompañado de un grupo de jóvenes, armados y violentos. Hace más de un año fue parte de una brutal agresión en la frontera, contra varios muchachos, entre ellos una médico pediatra.

Sigue los pasos del gobernador Freddy Alirio Bernal Rosales, quien llegó al Táchira nombrado a dedo por Nicolás Maduro como “protector”, y de la mano de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), señalada por violación de derechos humanos, desapariciones forzosas y asesinatos como el del dueño de un matadero en Rubio.

Hombres que acompañaron a GRIS y SEBIN y esperaron en la carretera para transportar el ganado a los camiones

El Grupo de Respuestas e Investigaciones Silenciosas (GRIS), de la Gobernación del Táchira, se identifica como cuerpo de seguridad y lo dirige Jesús Tamani Bernal. Ellos fueron quienes llegaron con funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) a la hacienda El Porvenir, ubicada en los sectores El Guamal y Caño Seco, parroquia Emeterio Ochoa y El Cantón, municipio Libertador y Andrés Eloy Blanco, de los estados Táchira y Barinas.

Al principio los trabajadores creyeron que los visitantes eran miembros de la guerrilla, que en muchas ocasiones asaltan los predios y que en este momento se encuentran librando una batalla en territorio venezolano.

El comandante Silva Guerrero, de la alcabala La Pedrera, confirmó que el grupo llegó después de las 6 de la mañana del jueves 26 de mayo, con rumbo a la hacienda El Porvenir, propiedad de Gilberto Antonio Fuentes Rodríguez y perteneciente a una familia tachirense de vieja generación en las actividades agrícolas y pecuarias.

Usaron a exempleados

En el grupo que “allanó” El Porvenir, además de Tamani Bernal, como jefe del GRIS, estuvo Adrián Landaeta y Eduardo Hernández, éste último presunto abogado de la Oficina Nacional Antidrogas.

Para llevar adelante el ataque, GRIS llevó al lugar a dos exempleados.

Freddy Bernal condecorando a su hijo, funcionario del SEBIN y del GRIS

“Efraín Sánchez estuvo en esa hacienda como encargado y José David Albague Chacón era fundacionero en San Miguel. Los Fuentes los destituyeron cuando se dieron cuenta de los actos delictivos que estaban cometiendo. Ellos fueron los guías de los funcionarios que allanaron El Porvenir, gracias a ellos lograron recoger el ganado y hacer destrozos”, añadió un testigo.

“Llegaron diciendo que había una investigación de narcotráfico por la pista de aterrizaje. Lo que yo supe es que cuando vieron que la pista estaba totalmente inactiva —porque eso no funciona desde hace más de 30 años—, dijeron que no era esa pista sino otra que está en San Miguel. Estaban lanzando a ciegas, imagino que porque oyeron a José David hablar de San Miguel. Lo que no saben es que ahí no hay, nunca ha existido ni habrá posibilidades de que exista una pista porque eso se inunda”, agregó.

El grupo se robó todo lo que encontró a su paso, lo montó en los camiones y camionetas en las que habían llegado, sin placas de identificación, y se llevaron una camioneta toyota blanca que era de la finca.

El antecedente

Un hecho relevante es que la hacienda El Porvenir está a unos 10 km de la carretera troncal La Pedrera – Guasdualito, y allí hay uno de los puestos de control más importante de la frontera.

Un funcionario del Tribunal Agrario de Primera Instancia Agraria del Táchira le dijo a Infobae que el viernes 6 de mayo se había realizado una inspección en la hacienda de la familia Fuentes. Al día siguiente, después de las 5 de la tarde, se presentó a la finca una comisión que quería inspeccionar y exigía que se le recogiera el ganado de la finca.

“Los del Porvenir no les dieron permiso porque no traían orden alguna de los dueños, y porque el día antes había estado el tribunal con todas las de la Ley”, manifestó un obrero de una finca cercana.

Los camiones, sin placas, que utilizaron para llevarse al ganado

La sospechosa comisión alegó que estaban haciendo unas diligencias.

El ingeniero Alejandro Ocariz regresó a la finca dos días después y anunció que al día siguiente traería un oficio de la participación de la Inspección.

“En efecto, llegaron al día siguiente con una supuesta orden de inspección que no sé si era legal. Lo que sí sé es que los de la comisión se presentaron como el ingeniero Alejandro Ocariz B. jefe del área de Registro Agrario de la Oficina Regional del Táchira; el ingeniero José Humberto Serrano, técnico del registro agrario. Parte de la inspección la hicieron a caballo, pero se cansaron y recorrieron la finca en vehículo, pero desde la carretera”.

Finalmente, el 11 de mayo 2022 el abogado Panagiotis Paraskevas Collitiri, en representación de Gilberto Antonio Fuentes Rodríguez, se presentó al Tribunal Primero de Primera Instancia Agraria y solicitó una medida de protección a la actividad agroproductiva, argumentando que “constantemente aparecen personas extrañas que quieren sabotear la agroproductividad”.

Eso demuestra que si hubiese alguna causal para encubrir un hecho delictivo en la finca, no estaría el abogado rogándole al juez para que les otorge medidas de protección.

Venezuela: el hijo del Gobernador del Táchira y hombres armados allanaron una finca en Apure, secuestraron al personal y se llevaron el ganado - Infobae

La muerte de un oficial revela cómo funciona el negocio del oro manejado por altos funcionarios militares en Venezuela

  

El precioso metal se ha convertido en el principal interés de los hombres de armas, más aún los relacionados a Casa Militar y a la Dirección General de Contrainteligencia

Sebastiana Barráez/ jueves 26 de mayo 2022

@SebastianaB 

Tomado de Infobae 

El Primer Teniente Franklin Bustamante Pulido, oriundo del fronterizo estado Táchira, concluía su trabajo como Jefe de Sector Minero KM. 27, pues había solicitado la baja de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). Pero se convirtió no solo en su trabajo final sino en lo último que hizo en vida, porque el 19 de mayo fue asesinado mientras transportaba un cargamento de oro, perteneciente a la Corporación Venezolana de Minería (CVM) cuando la comisión de militares fue atacada por una banda que les disparó y robo el oro. No hay nada de regular en lo sucedido, mucho menos en las condiciones en que se trasladaba del precioso metal, porque en realidad es una praxis al servicio de militares y altos funcionarios del régimen venezolano.

El oro se convirtió en el mayor atractivo para militares en Venezuela

El oro se ha convertido en el principal interés para funcionarios militares, más aún los relacionados a Casa Militar y a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim); oficiales como el general de Brigada Rafael Antonio Franco Quintero, exdirector de Investigaciones, y el teniente coronel Alexander Enrique Granko Arteaga, director de Asuntos Especiales, son ampliamente conocidos por los tentáculos que tienen en la zona del oro.

La explotación del oro ha desencadenado una guerra en Bolívar

Un comerciante privado de oro explicó a Infobae que “el territorio en esta parte, del 88, está dividido por sectores que se han repartido grupos que responden a altos funcionarios del Gobierno. El Dorado y Tumeremo lo controla el Negro Fabio, pero ellos no tienen padrinos entre los altos funcionarios, porque quien los apadrinaba era Raúl Orozco alias Meteoro, un individuo que últimamente no aparece pro ahí, pero cuyo jefe era Alex Saab y tenía controlado Minerven, la empresa del Estado encargada de minería y metales, que se encuentra en El Callao”.

Lo que es la parte de comerciantes, chinos y compradores, todo eso lo lleva el Negro Juancho, y le cobran “impuestos” en oro a todos los comerciantes. Un poderoso por las relaciones con altos funcionarios, como un par de hermanos, es Carlitos Fernández, a cuya empresa le asignaron mucho dinero en tiempos de Cadivi”.

Ahora bien, con el incidente donde murió el teniente tachirense, es importante destacar una serie de hechos concatenados, según información a la que Infobae tuvo acceso. La CVM suministra combustible a las minas, cuyo precio se paga en oro. “Entre Guasipati y El Callao hay bandas muy violentas y fuertemente enfrentadas entre ellas; la banda del Totó, banda Roni Mató, El Topo y otra que está entrando ahora, porque algunos de los que dirigían esas bandas fueron asesinados, así que surgen los relevos. Esa zona les brinda la ventaja a las bandas de atacar y replegarse con seguridad”.

El Mayor General retirado (Ej) Carlos Alberto Osorio Zambrano es el presidente de la Corporación Venezolana de Minería (CVM)

“Con los dólares que los funcionarios recogen, en las estaciones de combustible, compran oro que está saliendo hacia Turquía o Rusia, de manera que entra al sistema bancario y así compran y envían criptomonedas a China, por ejemplo, hacen transferencias con Brasil si quieren para comprar gandolas de comida; es toda una centrífuga”.

“Para nada es casual la inauguración del vuelo directo desde Venezuela a Irán, a través de la línea estatal Conviasa; el motivo es el oro. Eso viene a raíz de lo que ocurrió con Rusia, a consecuencia de la cercanía entre Nicolás Maduro y EEUU, por lo que el oro ya no va a salir hacia Rusia sino hacia Irán, desde que Rusia se inclinó a venderle petróleo a China”.

La GNB instalada en las calles de El Callao en el marco de la tensión por enfrentamientos entre bandas

Muerte en territorio de bandas

La excusa de la Guardia Nacional es que la comisión en la que iba el capitán Ronald Galíndez, Jefe de Sector Minero KM. 88, y el 1Tte Franklin Bustamante, fue “interceptada por sujetos armados” en la Troncal 10; el primero de los oficiales resultó herido de un tiro en el pie derecho, mientras que Bustamante, quien fue gravemente herido con un tiro en la zona intercostal derecha, que le afectó el hígado y el riñón y pulmón derecho, no logró superar la gravedad y fallece horas después.

La Guardia Nacional de Tumeremo, Destacamento 624, perteneciente al Comando de Zona Nr. 62, dio a conocer, horas después, que el Presidente de la Alianza Estratégica Minera Guayana Oro, Juan Rodríguez, los informó del ataque contra los militares. Es por ello que el Teniente Coronel Edixon González Machado, Comandante del D-624, salió acompañado de 20 efectivos de Tropa Profesional al lugar de los hechos en la Troncal 10, en límites entre los municipios Sifontes y El Callao, estado Bolívar.

Alex Saab es muy conocido por su relación con el negocio del oro en Bolívar

No era el primer viaje con oro del teniente Bustamante, por el contrario, varias veces el joven tachirense hizo trasladados y comentaba entre familiares y amigos el irregular modus operandi que se aplicaba para el traslado del valioso metal. Bustamante era un joven muy querido en Capacho, pueblo donde fue su velatorio. “Él había hecho dinero en los últimos años y por eso se iba a retirar”, dijeron vecinos de esa población tachirense.

Lo que no ha explicado la Corporación Venezolana de Minería (CVM), presidida por el Mayor General (Ej) Carlos Alberto Osorio Zambrano, número 52 de la promoción 1985 “GB Lucas Carvajal”, es la cantidad de oro que trasladaban los funcionarios, aunque una fuente militar dijo a Infobae que eran dos kilos. Tampoco ha explicado el organismo por qué para trasladar el oro iba una custodia reducida, de solo dos hombres, más aún cuando es del conocimiento público que en esa carretera pululan bandas.

La CVM recoge oro semanal, revela una fuente de la zona a Infobae. “Sus comisiones hacen esos viajes cada semana; es rutinario, por así decirlo. Aquí realmente nadie ha querido hablar de ese caso donde murió el teniente, más bien ocurrió el viernes y se supo dos días después”.

Primer Teniente Franklin Bustamante Pulido el día de su graduación

La explicación la da un empresario de Santa Elena, quien destaca que “no es un secreto cuando vienen a recoger el oro, que a veces es uno, dos o hasta tres kilitos de oro. Después que ellos reciben el oro se van sin ninguna logística de seguridad, sin vehículos de transporte de valores. Eso ocurre porque nada es formal, porque el negocio funciona informalmente entre militares y funcionarios civiles”.

“El combustible se vende aquí con sobreprecio y eso que queda lo recogen los militares en oro. Ese negocio funciona como una bodega, cuyas cuentas se plasman al estilo de los cuadernos con lápiz, por lo que era previsible que tarde o temprano un ataque como ese, donde muere un teniente y sale herido el capitán, iba a ocurrir”.  

En Guasipati las protestas por la escasez de combustible son frecuentes

“Si CVM dice que ese oro era de ellos, pues sería lo que les quedaba, porque dos kilos de oro es insignificante para que se lo repartan entre 20 hombres que atacaron el vehículo. Normalmente, si trasladan 6 o 7 kilos, solo dos serían para la Corporación de Minería. Incluso Minerven, que antes tenía sus vehículos de transporte con seguridad, también se está manejando con esa informalidad”, finaliza diciendo.

El periodista Bladimir Martínez Ladera del portal del medio NuevaPrensaDigital dio a conocer que “testigos de lo ocurrido dicen que eran más de 20 hombres, todos portaban armas largas, algunos llevaban el rostro cubierto y actuaron tipo comando. Según, algunos se hallaban en la carretera y otros salieron de la maleza. Los pocos militares que custodiaban el botín intentaron frustrar el robo, pero los bandidos lo superaban en número de hombres”.

En todo el eslabón de poder y dinero, que rodea el negocio del oro, el teniente Bustamante integraba el último eslabón.

La muerte de un oficial revela cómo funciona el negocio del oro manejado por altos funcionarios militares en Venezuela - Infobae

La Fuerza Armada venezolana protege a los militares que asesinaron a cuatro indígenas y prohíbe la visita del abogado a un sobreviviente

 

Las vulnerables comunidades indígenas, esquilmadas ante el avance de la explotación del oro en parte de sus tierras ancestrales, son manipuladas para que quede impune el atroz crimen

Sebastiana Barráez/ martes 24 de mayo 2022

@SebastianaB 

Tomado de Infobae 

Aun es una herida sangrante el impactante asesinato de cuatro indígenas yanomami, ocurrido el 20 de marzo 2022 en el sector ParimaB, Amazonas, a manos de militares venezolanos. Las vulnerables comunidades indígenas, esquilmadas ante el avance de la explotación del oro en parte de sus tierras ancestrales, son manipuladas para que quede impune el atroz crimen por parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, quien repite la vieja praxis de “espejitos por oro”, la sangre de los indígenas por wifi, corte de cabello y juguetes de plástico, como refleja un video de la Guardia del Pueblo, durante la visita del Comandante Nacional de esa institución a ParimaB, lugar donde fueron asesinados cuatro yanomami, cuando un grupo de ellos hizo una exigencia en la instalación militar.

En marzo había tensión entre militares e indígenas, desde que los oficiales de la Aviación pretendieron que los yanomami les permitieran la explotación del oro en sus territorios, lo que no fue bien recibido por la mayoría de la comunidad indígena. La presión castrense no fue entendida así por ellos y cuando se presentaron a la instalación militar, hubo enfrentamiento entre ellos, los militares con armas de fuego y los yanomami con sus lanzas y flechas. Fue obvio: las bajas fueron de los más vulnerables.

Aunque al asesinato de los yanomami no se le ha dado respuesta, el video de la Guardia del Pueblo se resalta que Nicolás Maduro ha desarrollado una gestión de protección a la resistencia libertaria de los pueblos indígenas. “La Fuerza Armada, con la guía del Ministro de la Defensa, Padrino López, viene aplicando estrategias para garantizar seguridad y paz a las comunidades originarias en defensa de su cultura, lenguaje e identidad”, se oye en el video.

Y se agrega que el Comandante Nacional de la Guardia del Pueblo, GD Danny Ferrer Sandrea, en su visita a ParimaB, dijo que las instrucciones que recibió es darle a los indígenas todo el apoyo, en cuanto a sanidad, salud, respeto a la cultura y educación. En él se ve a los uniformados cortándole el cabello a los niños, luego a niños y adultos en formación y más adelante la entrega de bebidas en vaso desechable y la entrega de regalos de plástico.

En esta instalación militar ocurrió el incidente donde mataron a cuatro yanomami

El abogado Olnar Ortiz Bare, quien es indígena de la comunidad Bare, repudió el video destacando que “no solo viola la autodeterminación de los Pueblos Originarios, al colocar a niños y adultos a formarse ante una autoridad que no es la legítima de la comunidad, sino que pretende ocultar la violación grave de derechos humanos del 20 marzo, donde fallecieron 4 yanomami”, explicando que los testigos claves están retenidos arbitrariamente.

En conversación con Infobae agrega que el caso casi está archivado en el Ministerio Público de Puerto Ayacucho, sin que haya sido procesado ninguno de los funcionarios militares que actuaron contra los yanomami. Ortiz es el representante legal de uno de los testigos claves BS, quien tiene 16 años, y está retenido en el Hospital Militar Carlos Arvelo de Caracas, junto con su hermano Gabriel Silva y su acompañante Francisco Maracaná. Desde que el 3 de abril fue llevado al Hospital Militar no le han realizado la cirugía que necesita.

Al abogado Olnar Ortiz los militares no le han permitido acceso al adolescente herido en la masacre de ParimaB

“A BS no le permiten visita alguna, ni siquiera le permiten salir de la habitación, por lo que no ha sido posible que pueda verlo ni siquiera yo que soy su representante legal. A ese muchacho todavía le hace falta una cirugía reconstructiva. Cuando a él lo intervienen en el Hospital José Gregorio Hernández de Puerto Ayacucho, Amazonas, queda registrado que tiene una herida por arma de fuego de mayor calibre”, dice Olnar Ortiz, ante la impotencia que genera la inseguridad jurídica.

“Hemos venido denunciando la violación de derechos humanos en la ONU específicamente en la Relatoría de Pueblos Indígenas con el relator Francisco Cali Tzai, así como en la Sesión Permanente de Pueblos Indígenas de la ONU; también hay pronunciamientos de Amnistía”.

Finaliza diciendo Ortiz que “aquí se están violando derechos humanos fundamentales y he formalizado las denuncias, desde marzo, en el Ministerio Público y he denunciado que al testigo de 16 años se lo llevaron de manera arbitraria e incluso desconociendo la orden de Protección del Ministerio Público, que la Fiscalía 5°”.

A los más pequeños les cortaron el cabello y les dieron juguetes de plástico

El asesinato

No hay versión oficial del presunto acuerdo con el que funcionarios venezolanos convencieron a los indígenas para que no hubiese más ruido sobre el caso del asesinato de los cuatro yanomami. Recientemente, la empresa telefónica Cantv instaló una antena de Internet satelital con wifi en ParimaB, que sería uno de los acuerdos del Gobierno Nacional con los yanomami.

En una reunión que se realizó en Caracas para tratar el tema, asistieron el gobernador Miguel Leonardo Tadeo Rodríguez, el alcalde, el capitán yanomami que es político y no vive en la comunidad y otros indígenas. El capitán legítimo ante la comunidad es Sabino, quien fue uno de los heridos en el incidente de marzo pasado, pero quien no fue invitado a dicha reunión.

La Confederación Indígena Bolivariana de Amazonas (Coiba), en voz de su coordinador Roberto Yavinape, quien pertenece al pueblo originario de Ñeengatú, repudió el asesinato de los yanomamis a manos de militares de la Aviación Militar, el 20 de marzo en la comunidad de Parima B, ubicada en el municipio Alto Orinoco del estado Amazonas.

La antena colocada en ParimaB después del asesinato de los yanomami

En un comunicado destacan que los indígenas son personas pacíficas y opuestas a la violencia, que tienen el derecho a decidir y asumir el control de sus propias instituciones, formas de vida, su identidad, su cultura, educación, salud, cosmovisión, uso y protección de su hábitat y tierra”, recordando que Amazonas es un territorio multiétnico, por lo que está obligado a cuidar su soberanía, ambiente y sus territorios sagrados.

Yavinape hizo énfasis en que la comunidad yanomami viene denunciando desde el 2009 la presencia de garimpeiros dentro de estas tierras, momento en que fueron asesinados un grupo de yanomamis, además, sus aguas comenzaron a ser contaminadas producto de la minería ilegal, lo que significa la vulneración de los derechos de los pueblos indígenas.

Roberto Yavinape, de la Confederación Indígena Bolivariana de Amazonas

La exigencia de COIBA como de otras organizaciones que reclaman y defienden los derechos indígenas es que se cese la perturbación sobre esas comunidades vulnerables, el rechazo a la presencia de grupos armados quienes se apropian de las tierras indígenas para su beneficio.

A pesar de las promesas de justicia, ante el asesinato de los cuatro yanomami, el nombramiento de la Fiscal 91 nacional para que se encargara del caso, la designación de una comisión policial y de expertos que se ocuparan de las experticias, la muerte de los indígenas fue cubierta por un manto de silencio oficial, mientras un joven yanomami que sobrevivió, después de resultar herido, y que es el testigo clave, ha sido retenido en el Hospital Militar, sin acceso a su abogado.

Una de las indígenas heridas llorando el asesinato de los cuatro yanomami

A eso se le suma que también se mantiene en la opacidad el incidente en Amazonas, el 23 de abril 2022, que arrojó tres indígenas de la comunidad Cupaven a quienes un grupo guerrillero disparó en el punto de control indígena Súpiro, en el río Orinoco, tratando de burlar el pago del pase hacia las minas del Parque Nacional Yapacana, donde la explotación del oro es brutal con alto impacto en le ambiente.

La Fuerza Armada venezolana protege a los militares que asesinaron a cuatro indígenas y prohíbe la visita del abogado a un sobreviviente - Infobae

Detuvieron al Mayor de la GNB que hace dos años se negó a abandonar el cargo por ser amigo del hijo de Nicolás Maduro

 

José Rolando Machuca Osuna está acusado de tener nexos con el narcotráfico, asociación para delinquir y financiamiento al terrorismo

Sebastiana Barráez/ domingo 22 de mayo 2022

@SebastianaB 

Tomado de Infobae 

Hace dos años, en agosto 2020, el ministro de la Defensa se vio obligado a revertir cinco resoluciones, entre ellas una donde aparecía sustituido el Comandante de los Rurales Nr. 110 del Zulia, José Rolando Machuca Osuna, quien había sido ascendido a Mayor y por estructura normal de la institución castrense, debía ir a otro cargo. Pero ser amigo de Nicolás Maduro Guerra se convirtió en decisivo para no ser removido y la resolución sustituida por la 37390. A casi dos años Machuca es detenido por la DGCIM, así como el también Mayor Luis Andrade Rodríguez, del GAES del Sur del Lago.

CONAS y PNB en la mira de la DGCIM

Como ya es costumbre, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) hizo silencio, hace dos años, ante el grave hecho de que un grupo de comandantes se resistían a dejar los cargos que ocupaban en zonas estratégicas de la guerrilla, paramilitares y carteles en la ruta del narcotráfico internacional. Dos años después la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) hizo lo inevitable.

El G/J Vladimir Padrino López suscribe, el 21 de agosto 2020, la Resolución 37.344 que nombra a los Comando de Zona Nr. 11 de la Guardia Nacional Bolivariana (CZGNB) y designa en el Comando Rurales 110 al teniente coronel Robert Javier Cerruti Cachutt, en sustitución de Machuca Osuna. Al día siguiente firma una nueva Resolución, la 37.390, donde Machuca continuaba dirigiendo el Comando Rurales que está en la ruta del narcotráfico,  zona de los laboratorios de coca.

En el caso del Mayor Luis Miguel Andrade Rodríguez, fue nombrado en agosto 2020, como jefe del Grupo Antiextorsión y Secuestro GAES Nr. 22, en el estado Mérida; esa fue otra de las resoluciones modificadas, la 37.370 pasó a la Nr. 37.394, pero solo hubo se sustituyó por el jefe del Conas Guárico.

Desde hace unas semana hay fuerte movimiento militar y policial en el estado Zulia, principalmente en el Sur del Lago, donde se ha desplegado la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), quien ha detenido a varios militares y dirigentes, relacionados con el negocio del combustible y del narcotráfico, donde están involucrados guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Resolución 37390 del año 2020 donde Padrino López nombra a Machuca en el Comando Rurales del Zulia

Los mayores Machuca, quien estaba a cargo del Comando Rurales en santa Bárbara del Zulia, y Andrade fueron trasladados a la sede de la DGCIM en Boleíta, donde habrían sido puestos a orden de la justicia militar por su presunta relación con el narcotráfico, asociación para delinquir y financiamiento al terrorismo.

También estaría detenido el Teniente Coronel Edgar Alexander Martínez Briceño, comandante del 123 Batallón “Celedonio Sánchez” de Casigua El Cubo, municipio Semprum del Zulia.

Contrabando y más

Un grupo de militares del estado Zulia fue detenido, el 7 de abril 2022, por negociar combustible. Todo empezó cuando, en la estación de servicio El 56, municipio La Cañada de Urdaneta, son detenidos el primer teniente José Alejandro Lunar García y el sargento Richard Manuel Méndez Pineda. Con los militares también se llevan a los civiles Deisy Karina Meza Puche y la abogada Dianela Rosario Manzano Siritt, en cuya camioneta habrían encontrado varios miles de dólares en efectivo; a ellas las señalan relacionadas a grupos de la guerrilla en la zona.

Esas detenciones por tráfico de combustible descubrieron la red que llevó al arresto del teniente coronel Jerson Villarroel Gómez, comandante del Destacamento 114 de Machiques, y dos subalternos suyos: los sargentos Carlos Eduardo Leal Pérez y Anderson Felipe Bracho Araujo. Entre las pruebas halladas están seis teléfonos celulares, un sistema biopago, dólares y 3 mil 200 litros de gasolina.

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Por otra parte, están detenidos nueve oficiales de la Brigada Motorizada de la Policía Nacional Bolivariana. El 10 de abril 2022 el GAES del Sur del Lago inició la secuencia de arrestos con Anthony Andrés Gutiérrez Gutiérrez y Miguel Ángel Blandin Rodríguez, para seguir tras la búsqueda de los oficiales José Antonio Urbina Méndez, Jorblin Jesús Rodríguez García, Greislys Chiquinquirá Linares Urdaneta, Jesús Antonio García Prado, Melkis José Jiménez, Jimmy José Rodríguez García y Engerberth Reyes Ferrer.

En el marco del despliegue en el estado Zulia, a la casa del exalcalde Wilmer Ariza llegó una comisión de la DGCIM, acordonaron los alrededores y lo instaron a acompañarlos. “Wilmer quería irse en su camioneta, pero los funcionarios le dijeron que no, que se iba con ellos”, dijo una fuente a la Dgcim. Luego de varias horas en manos de Inteligencia Militar, finalmente al día siguiente lo dejaron en libertad.

De Casigua El Cubo detuvieron a un grupo de mexicanos. “Aquí lo que se sospecha es que esas detenciones sean consecuencia de las detenciones de la alcaldesa de Semprum (Keyrineth Selenia Fernández Epieyu) y las diputadas (Jeycar Pérez y Taina González Rubio)”.

“Lo que está ocurriendo en el Zulia, dibuja que está en curso una investigación, que se relacionaría en realidad con una red de narcotráfico en la frontera que involucra a militares y dirigentes políticos, cuya razón sería del enfrentamiento interno entre los exgobernadores Omar Prieto y Javier Arias Cárdenas”, dice una fuente a Infobae.

El poder de Omar Prieto

Ex gobernador Omar Prieto

Aunque no ha sido nombrada con la figura de protectorado, la exministra Jacqueline Coromoto Faría Pineda, es la jefa política del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y fue determinante para la designación como alcalde del municipio Jesús María Semprúm, de Wuyhsmans Ramón González Salas, quien tiene fuerte respaldo de las disidencias de las FARC.

El actual alcalde libró una dura batalla contra la alcaldesa detenida en las elecciones regionales del año pasado; ella fue respaldada por el Ejército de Liberación Nacional (ELN). En el marco de una serie de irregularidades, y sin que la Junta Municipal Electoral la proclamara, Keyrineth Fernández no abandonó la alcaldía hasta el día en que fue detenida en el estado Falcón.

Por su parte, Omar José Prieto Fernández (PSUV) fue gobernador del estado Zulia desde el año 2017 hasta el 2021 cuando lo sustituye el opositor Manuel Rosales de Un Nuevo Tiempo. Aunque durante muchos años el avance y penetración de la guerrilla, paramilitares y narcotráfico, ha sido evidente, no ha sido mencionado por los gobernadores de ese estado, ni siquiera por el enfrentamiento interno que en el chavismo libra Prieto con el exgobernador Javier Arias Cárdenas, uno de los comandantes de la intentona golpista del 4 de febrero de 1992 (4F).

El alcalde Wuyhsmans Ramón González Salas (der), el almirante Remigio Ceballos y junto a él Jacqueline Faría

Arias se desligó de Chávez en una oportunidad, trató de erigirse como líder en la Oposición, pero finalmente regresó disculpándose con el chavismo; ha rondado por cargos diplomáticos y volvió a asomarse para candidato a la Gobernación, pero Omar Prieto no le permitió que se abriera pasó.

La riqueza de Prieto Fernández fue evidente desde que llegó a la alcaldía del municipio San Francisco del estado Zulia. Algunos recuerdan aun su pública relación con las FARC. Ya en la Gobernación se encargó de exterminar el regreso de Arias al gobierno regional y se convierte en un hombre que maneja tentáculos poderosos, con poder económico.

Bajo su paragua protector crecieron muchos dirigentes jóvenes, entre esos la alcaldesa de Semprúm detenida hace unos meses por narcotráfico y el exalcalde Wilmer Ariza.

Una fuente le dice a Infobae que “la frontera con Colombia por Zulia es muy extensa. Una parte de ella la controlaban los paracos, en el Catatumbo en límites con Semprum, pero a partir de ahí la controlaba el ELN. En Machiques y La Villa, los elenos; en algunas partes pequeñas las FARC. Todo eso depende de quien controle esa extensión de territorio, porque en el Gobierno hay gente que favorece a las FARC y otra al ELN”.

En el Zulia se libra una guerra de poder, ya no tan silenciosa, en el que pululan intereses relacionados al narcotráfico, la guerrilla y la política. “El objetivo es el mismo Prieto, pero también 12 personas claves de su grupo”, dice a Infobae un exdiputado zuliano.

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