El estudiante Juan Manuel Carrasco González denunció brutales torturas a manos de la GNB
La teniente Kinberlyn Carolina Pirona Ruiz fue acusada, en febrero de 2014, junto con otros militares, por el Tribunal Sexto de Control de Carabobo por los violentos hechos contra manifestantes. Es la misma oficial que investigó el caso del periodista Ramón de Jesús Centeno Navas, detenido desde febrero de 2022. Pirona aparece en el más reciente informe de la Misión de Determinación de los Hechos sobre el caso Venezuela, que puntualiza responsabilidades de la GNB en crímenes de lesa humanidad.
El primer caso que describen es el de Juan Manuel Carrasco González, estudiante de origen español, de 21 años, cuya escalofriante historia de abusos y denegación de justicia empezó la noche de la noche del 13 de febrero 2014, en Valencia, estado Carabobo.
Esa noche, funcionarios de la GNB, que perseguían manifestantes, dispararon gases lacrimógenos y perdigones. Juan Manuel Carrasco González y otras tres personas, incluida una mujer, se introdujeron en un vehículo para resguardarse; ocho funcionarios les dispararon perdigones rompiendo las ventanas del carro.
Nicolás Maduro Moros a la cabeza de la Cadena de Mando como Comandante en Jefe de la FANB
Luego sacaron al conductor del vehículo y lo golpearon con una patada en la cara, y también golpearon a la mujer, quien logró huir con la ayuda de Carrasco, “mientras los funcionarios de la GNB continuaron golpeando y pateando a los tres hombres, utilizando las culatas de sus armas”.
“Los funcionarios los arrastraron y se alejaron del carro diciendo ‘¿Ves cómo quemas tu propio auto?’ antes de que los propios funcionarios le prendieran fuego”.
Los funcionarios llevaron a los tres hombres a las inmediaciones del Distribuidor El Trigal, donde estaban otras personas detenidas, tiradas en el suelo en posición fetal. “Un funcionario de la GNB, identificado como el sargento Blanco se acercó por detrás a Carrasco y usó su rifle para bajarle el pantalón y la ropa interior y penetrarlo por el ano con la punta del arma. También pasó la punta del rifle por encima de las nalgas de otro detenido”.
MG Justo Noguera Pietri era el entonces Comandante General de la GNB
Cerca de la medianoche, a Carrasco y los otros detenidos, los trasladan al Destacamento de Seguridad Urbana (DESUR) de la GNB en Carabobo, donde fueron obligados a dormir sentados; “los funcionarios los pateaban ocasionalmente al pasar y les arrojaban agua”.
En el informe “Crímenes de lesa humanidad: el rol de la Guardia Nacional Bolivariana”, del 11 de diciembre 2025, la Misión de determinación de los hechos sobre Venezuela, profundiza en la responsabilidad de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en dichas violaciones, puntualizando hechos y responsabilidades atribuibles en los distintos niveles de la cadena de mando.
Luisa Marvelia Ortega Díaz, la entonces Fiscal General de la República
La farsa de la Fiscalía
El Ministerio Público inicia la investigación penal al día siguiente, 14 de febrero 2014, que “recae en la Fiscalía Sexta del estado de Carabobo, a cargo del fiscal superior Hankel Escalona, la fiscal Nidia González y la fiscal auxiliar segunda Anahí Vargas”, destaca el informe de la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU.
Es importante destacar que el nombre correcto del fiscal es Hahkell Yamil Escalona Abonkheir, quien había ocupado varios cargos en fiscalías de los estados Portuguesa y Carabobo, un año después, el 19 de noviembre 2015 fue nombrado coordinador de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (SUNDDE) en Acarigua, Portuguesa.
La fiscal auxiliar segunda, Anahí Vargas, ya era esposa del Mayor Ephraín Enrique Verdú Torrelles, segundo comandante del Destacamento de Seguridad Urbana (Desur) en Carabobo y es uno de los actualmente imputados por el fiscal federal argentino, Carlos Stornelli, por presuntos crímenes de lesa humanidad, junto a otros 13 militares venezolanos, en el marco de la jurisdicción universal.
La Tte. Kinberlyn Carolina Pirona Ruiz era jefa de servicios Desur y también investigadora en el caso del periodista Ramón Centeno
Ignorando las denuncias
Entre las diligencias practicadas, en el expediente de Juan Manuel Carrasco y otras 11 personas, la Fiscalía “consigna seis informes médico-forenses”, los cuales documentan que el joven estudiante de 21 años “presentaba contusiones y traumatismos en la cabeza y el cuerpo, así como abrasiones anales compatibles con penetración por un objeto no identificado”.
Funcionarios de la GNB que participaron en el operativo rindieron declaraciones, detallando la actuación de los distintos destacamentos durante la represión en las inmediaciones del Distribuidor El Trigal y los hechos posteriores en el DESUR Carabobo”.
El 15 de febrero 2014, en la audiencia de presentación, “Carrasco y las demás personas imputadas relataron las violencias sufridas y mostraron sus lesiones. Carrasco informó a la jueza y a la fiscal que había sido violado, que tenía dificultades para sentarse y que continuaba sangrando”.
También, otras víctimas describieron lesiones en distintas partes del cuerpo,ncluyendo heridas en la cabeza, y denunciaron el robo de objetos personales. Aun con esos testimonios y las observaciones médicas previas, “la jueza no adoptó medida alguna para ordenar una investigación inmediata sobre los malos tratos y la violación denunciada”.
El mayor Ephraín Enrique Verdú Torrelles y el General Douglas González Casamayor
Acusados
La Misión de la ONU destaca que el 23 de febrero 2014 el Ministerio Público acusó ante el Tribunal Sexto en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal al sargento primero Luis Alejandro Blanco Cedeño, al primer teniente Luis Neil Mejías Aponte y a la teniente Kinberlyn Carolina Pirona Ruiz, quienes eran enfermero y jefa de servicios del DESUR, respectivamente.
A Blanco Cedeño lo acusaron como autor material del delito de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, maltrato físico y verbal y encubrimiento.
Mejías Aponte y Pirona Ruiz fueron imputados únicamente por encubrimiento.
A pesar de la gravedad de los delitos que superan los 10 años, la Fiscalía solicitó para los tres acusados medidas cautelares sustitutivas de libertad. “A pesar del testimonio de Carrasco y de los informes médico-forenses, la violación sexual no fue investigada”.
El 24 de febrero, la entonces fiscal general Luisa Marvelia Ortega Díaz, negó públicamente la existencia de violación.
Los entonces ministro del Interior y de Defensa, MG Miguel Rodríguez Torres y la almirante Carmen Teresa Meléndez Rivas
Cuatro meses después, el 11 de junio 2014, siete de las víctimas, entre ellos el estudiante Juan Manuel Carrasco González, presentaron acusación particular propia contra los tres funcionarios por tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, y encubrimiento.
El 7 de julio de 2014, también denunciaron ante la Fiscalía 28 con competencia en Derechos Fundamentales del estado de Carabobo a ocho funcionarios adicionales de la GNB, por coautoría en tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.
El juicio oral ante el Tribunal Sexto fue suspendido en cuatro oportunidades por diversos motivos. Luego, el caso pasó al juez Jesús Yépez, del Tribunal Sexto de Carabobo, pero por el fallecimiento del juez de la causa, el proceso debía reiniciarse con un nuevo juez.
Así, el nuevo juicio oral y público fue fijado para el 27 de noviembre 2025, pero el fiscal nacional no se presentó ese día y el juicio fue pospuesto para el 25 de enero de 2026.
Pese a las denuncias públicas de Carrasco y su abogado, y a los informes médicos que acreditan lesiones anales compatibles con penetración por objeto, la violación sexual no fue incorporada en la acusación contra Blanco Cedeño.
“Las autoridades alegaron que Carrasco solo había reportado golpes durante el reconocimiento médico y que no mencionó la violación durante su audiencia de presentación, y sostuvieron que las pruebas médicas no respaldaban su versión”.
Hasta noviembre 2025, dice la Misión de Determinación de los Hechos que los tres funcionarios de la GNB “continúan bajo medidas cautelares sustitutivas a la detención, y no se ha iniciado ninguna investigación respecto de los otros ocho militares denunciados.
Generales Carlos Leal Tellería y Antonio Benavides Torres, actual ministro y diputado, respectivamente
La cadena de mando
De acuerdo con la investigación de la Misión, la estructura de mando bajo la cual actuaron los funcionarios involucrados se organizaba del siguiente modo.
Político estratégico: máxima autoridad Nicolás Maduro como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).
Orden público: la conducción operativa correspondía al Ministerio de Defensa en cabeza de la almirante Carmen Teresa Meléndez Rivas. quien coordinaba con el ministro de Interiores, Justicia y Paz, encabezado por el MG (Ej.) Miguel Rodríguez Torres, “quienes daban las instrucciones operativas dirigidas a los cuerpos de seguridad”.
La Comandancia General de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) estaba a cargo del mayor general (GNB) Justo José Noguera Pietri.
La Misión de la ONU dice que recibió testimonios recibidos por la Misión indican que, a pesar de ser función del Ministerio de Defensa, las instrucciones operativas en materia de orden público “eran transmitidas por el Ministerio del Interior, Justicia y Paz, que coordinaba directamente con los mandos de la GNB desplegados en los Estados”.
Según la investigación de la Misión, en febrero de 2014, el entonces comandante general de la GNB, MG Justo José Noguera Pietri, “ordenó el despliegue de unidades especiales desde Caracas para reforzar a los Comandos Regionales de la GNB en distintas localidades del territorio venezolano ante la escalada de protestas”.
Coronel Ramón Adolfo Pimentel Avilán y el general Arquímedes Herrera Russo
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