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jueves, 25 de junio de 2026

Tras los terremotos, el régimen apuesta por un militar de perfil político para que asuma como Autoridad Única para la Emergencia


El mayor general Juan Ernesto Sulbarán Quintero, como comandante General de la Guardia Nacional es a quien le corresponde el control del orden interno ante la emergencia causada por los terremotos del 24 de junio. Mientras el gobierno destaca su supuesta experiencia en situaciones criticas, oficiales consultados cuestionan ese argumento y atribuyen su ascenso a conexiones políticas más que a méritos operativos.


Sebastiana Barráez/ jueves 25 de junio 2026
Tomado de Infobae

Bomberos de La Guaira asisten a personas afectadas en operación nocturna.

La presidenta interina Delcy Rodríguez, al designar al MG Juan Ernesto Sulbarán Quintero, comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana, como Autoridad Única para la Emergencia causada por los terremotos, aseguró que cuenta con “amplia experiencia para atender situaciones críticas de esta naturaleza”. Sin embargo, fuentes militares consultadas por Infobae sostienen que no existen antecedentes conocidos en su trayectoria que respalden esa afirmación.


“¿De qué experiencia habla Delcy Rodríguez? ¿Cuántos terremotos ha atendido Sulbarán? Cuando ocurrió el deslave del entonces estado Vargas, hoy La Guaira, en 1999, él era teniente. No tiene experiencia alguna en ese tipo de emergencia”, afirmó un coronel en conversación con Infobae, quien calificó el señalamiento oficial como una nueva muestra de propaganda frente a la crisis.


El mismo oficial admite, no obstante, que la designación de Sulbarán como Autoridad Única tiene sentido desde el punto de vista del orden interno. Como jefe del componente encargado de esa materia, le correspondería coordinar cuerpos policiales, bomberos y otras instancias de apoyo ante una calamidad nacional con el ocurrido.

El MG Juan Ernesto Sulbarán Quintero, comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana, fue nombrado como Autoridad Única para la Emergencia.

El control del orden interno implica garantizar, en la medida de lo posible, la continuidad de servicios básicos, el suministro de alimentos, combustible, medicinas y otros insumos esenciales, así como evitar que la emergencia derive en una crisis mayor de seguridad ciudadana.


En círculos castrenses se interpreta que el nombramiento de Sulbarán como comandante de la GNB también responde a equilibrios internos dentro de la Fuerza Armada. Su promoción tenía entre sus integrantes a quien debía ocupar la comandancia general de la GNB, y tras la llamada Operación Resolución Absoluta y la asunción de Rodríguez como presidenta interina, fue colocado al frente del componente para no alterar esa lógica de reparto.


Delcy Rodríguez también activó el Estado Mayor Conjunto para la Contingencia, un equipo especial integrado por Diosdado Cabello Rondón, ministro del Interior y Justicia; Juan José Ramírez Luces, ministro de Obras Públicas y vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios; Héctor Vicente Rodríguez Castro, ministro de Educación; y Calixto José Ortega Sánchez, vicepresidente sectorial de Economía y presidente del Centro Internacional de Inversión Productiva.


Un perfil marcado por la política

Delcy Rodríguez activó el Estado Mayor Conjunto para la Contingencia.

El mayor general Juan Ernesto Sulbarán Quintero, comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana y ahora Autoridad Única para la contingencia causada por los terremotos del 24 de junio de 2026, egresó con el número 20 en el orden de mérito de la II Promoción 1993 “Batalla de Mosquitero”.


A lo largo de su carrera ha ocupado cargos operativos y de comando dentro de la GNB, con responsabilidades en regiones estratégicas y funciones vinculadas al orden interno y la seguridad ciudadana. Antes del 19 de marzo de 2026, cuando fue designado comandante general de ese componente en sustitución del mayor general Elio Ramón Estrada Paredes, se desempeñaba como jefe de la Región Estratégica de Defensa Integral (REDI) Oriental.


Compañeros de promoción, que hablaron con Infobae, lo recuerdan como un cadete disciplinado, respetuoso y colaborador. También señalan que fue subrigadier, formó parte del equipo de esgrima y, por su estatura, ocupó el puesto de tambor mayor al frente de la Banda de Guerra.


Su llegada a la Casa Militar o Guardia de Honor Presidencial (GHP) se produjo hacia el final del segundo gobierno de Rafael Caldera, en 1998. De acuerdo con oficiales consultados, fue por un familiar que se encontraba en el Batallón de Custodia, donde se encontraba la casa del entonces Presidente , donde comenzó a construir relaciones que luego serían decisivas para su ascenso en una etapa en la que las conexiones políticas empezaron a pesar cada vez más dentro de la institución armada.


Con la llegada de Hugo Chávez al poder, Sulbarán Quintero consolidó vínculos en el nuevo esquema político. Entre sus contactos más influyentes, según un compañero de academia, estuvo Tareck Zaidan El Aissami Maddah, hoy preso por la trama de corrupción de PDVSA, con quien habría obtenido cargos durante su gestión como gobernador de Aragua, ministro de Petróleo y presidente de la estatal petrolera.


“Ahí comenzó la carrera de contactos del ahora general Sulbarán”, relató a Infobae uno de sus antiguos compañeros. En la Fuerza Armada, agregan las fuentes, no se le atribuyen hitos militares particularmente sobresalientes más allá de su paso por la Guardia de Honor Presidencial, que lo acercó al núcleo del poder. “Se volvió radical apoyando a la revolución”. 


En la frontera

El terremoto impactó a varias zonas del país pero Caracas y La Guiara son de olas más afectadas.

Como general, Sulbarán comandó durante un largo período el fronterizo estado Táchira, donde estrechó relación con Freddy Alirio Bernal Rosales, actual gobernador de esa entidad. Las fuentes consultadas sostienen que su principal capital dentro de la institución no proviene del liderazgo militar, sino de su cercanía con figuras políticas del chavismo.


“El primer discurso que dio Sulbarán Quintero como comandante de la Guardia Nacional, en su reunión con los generales y ese acto en la oficina recibiendo la Comandancia General, son discursos tibios e insípidos, porque no tiene ningún tipo de liderazgo ni ascendencia en la Guardia Nacional”, refiere uno de sus excompañeros.


Un alto oficial advierte que, con el paso de las horas y los días, podría crecer la tensión social en Caracas y La Guaira. “Mucha gente perdió sus casas, sus bienes, pero principalmente otros perdieron familiares”, señaló. A su juicio, el reto de la autoridad designada no será reprimir, sino garantizar respuestas concretas antes de que la escasez de alimentos, la interrupción de servicios y el colapso de la atención agraven la desesperación ciudadana.


En videos difundidos horas después de los terremotos, ciudadanos denunciaban que aún no habían visto ambulancias en las zonas afectadas. Para los oficiales consultados, la tragedia expone la fragilidad institucional acumulada durante años: falta de preparación, escasez de maquinaria, limitaciones operativas y un aparato estatal obligado ahora a demostrar si puede remover escombros, rescatar sobrevivientes y recuperar cuerpos en medio de una emergencia nacional.


No hay carnet

Vecinos se suman a las operaciones de rescate.jpeg.

Por su parte el coronel Antonio María Guevara Fernández dice que “bajo los escombros no hay carnet”, destacando que el terremoto no preguntó por militancia. “Se llevó casas, vidas, certezas y futuro por igual. El dolor no distingue colores”.


Resalta que hoy el enemigo tiene nombre que se traduce en “pérdida, escombros, incertidumbre. Y la única arma que lo vence no está en un cuartel ni en la casa de un partido. Está en la unión”.


Se atreve a proponer que ante el ofrecimiento de numerosos países amigos que tienden la mano “aceptémosla. Reconstruyamos primero lo humano. Después discutiremos de política, si queda algo en pie”.


Acierta al considerar que Venezuela no se salva con discursos, sino “hombro a hombro, removiendo piedra por piedra y buscando sobrevivientes. Hoy toca duelo. Mañana, reconstrucción. Siempre, juntos”, finaliza diciendo mientras envía un “fuerza, Venezuela”.


https://www.infobae.com/venezuela/2026/06/25/tras-los-terremotos-el-regimen-apuesta-por-un-militar-de-perfil-politico-para-que-asuma-como-autoridad-unica-para-la-emergencia/


jueves, 19 de septiembre de 2024

Los niños son las víctimas más vulnerables de la represión y persecución del régimen venezolano


Un informe de la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU revela escalofriantes violaciones de derechos humanos


Sebastiana Barráez/ jueves 19 de septiembre 2024

@SebastianaB


Tomado de Infobae

Represión tras las elecciones del 28 de julio

Es alarmante lo que refleja la Misión de Determinación de los Hechos de Naciones Unidas sobre el avance del régimen venezolano en cuanto a la represión y crímenes de lesa humanidad, pero particularmente perturbador lo que está ocurriendo con los niños y niñas, no solo los detenidos sino los judicializados como terroristas y los que han sufrido abuso sexual, lo que llevó a decir a los investigadores que es “un fenómeno que la misión no había identificado anteriormente”.


Si en materia de actos de violencia sexual y basada en género, la Misión identificó como víctimas a seis mujeres y tres hombres, resulta más abrumador que también hay tres niñas. A lo que debe agregarse que “los actos de violencia incluyeron amenazas de violación o de otras formas de violencia sexual y reproductiva”. Destaca el caso “en el que se amenazó de producirle un aborto a una adolescente embarazada”.


Entre esas “otras formas de violencia” está: “manoseo de senos, glúteos y genitales; desnudez forzada delante de custodios y otros detenidos de sexo opuesto, en ocasiones con la obligación de realizar ejercicios físicos; requisas invasivas; innumerables insultos sexistas; y denegación de derechos sexuales y reproductivos de mujeres embarazadas o lactantes en reclusión”.


Resalta el informe que durante la investigación afrontaron “una serie de limitaciones, particularmente a raíz de la crisis postelectoral”. Para el momento en que terminaron el informe, “la mayoría de las personas detenidas durante esta crisis permanecían aún en detención. Muchos de sus familiares y testigos prefirieron no brindar testimonios a la misión por temor a sufrir represalias”.


Resaltando que ese temor de los familiares “fue especialmente patente en el caso de niños y niñas, así como en el de víctimas de violencia sexual y de género”.


Revela el informe que la Misión “obtuvo información sobre la detención de 158 niños y niñas (130 niños y 28 niñas) después de las protestas, que fueron acusados de graves delitos como terrorismo, un fenómeno que la misión no había identificado anteriormente. En algunos de los casos registrados, las víctimas fueron niños y niñas detenidas con discapacidad”. 

Amenaza a menores en Venezuela por parte de la fuerzas del régimen

“Aunque los detenidos fueron conducidos por lo general a centros de reinserción de adolescentes infractores, en algunos casos permanecieron recluidos en prisiones comunes, sin que se respetara la separación por edad o género. Esta falta de división en los centros de detención puso a los niños y a las niñas en una situación de especial vulnerabilidad”. 


“De acuerdo con información recibida por la misión, esta situación afectó sobre todo a las niñas, que, en ocasiones, fueron sometidas a vejaciones sexuales mientras permanecieron detenidas junto con adultos hombres”.


Las víctimas

El régimen venezolano ha sido sistemático en la violación de los derechos humanos de los detenidos y sus familiares, muchos de los casos han sido visibilizados en Infobae a través de testimonios directos de víctimas y sus seres queridos. La Misión de la ONU ratifica en su informe lo que en muchos casos ha sucedido y sigue sucediendo.


El Informe de la Misión destaca que “al igual que en los períodos de 2014-2019 y 2020-2023, los actos de violencia sexual y de género se cometieron principalmente durante las detenciones, en el marco de los interrogatorios y en lugares de detención”. 


“Las personas detenidas y los familiares que las visitaron en los centros de detención, sobre todo mujeres y niñas, fueron las víctimas principales de estos actos”.


Agrega que “el número de casos de violencia sexual y basada en género contra opositores del Gobierno, o percibidas como tales, se mantuvo en cifras relativamente bajas entre septiembre de 2023 y julio de 2024”, pero “tuvo un fuerte incremento tras las elecciones del 28 de julio”. 


La Misión destaca que solo en los dos días, 29 y 30 de julio, después de las elecciones, “se produjeron numerosas protestas ciudadanas en el Distrito Capital y en la mayoría de los estados del país en rechazo a los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral”. 

Militares venezolanos amenazan en redes

“Según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, entre el 29 y 30 de julio de 2024, se llevaron a cabo 915 protestas en todo el país”. 


Desde el día siguiente a las elecciones, “se registró una violenta represión por parte de los cuerpos de seguridad y grupos de civiles armados afines al Gobierno. La represión provocó 25 fallecidos y centenares de personas heridas y detenidas. Entre las víctimas se encuentran niños y niñas, así como personas con discapacidad”.


Niños indefensos

Es alarmante la cantidad de detenciones ocurridas después de las elecciones del 28J, por lo que la Misión investigó que “en al menos 27 casos de detenciones, incluidos las de 7 niños y niñas, en los que se obtuvo indicaciones preliminares de que podrían constituir desapariciones forzadas de corta duración. La misión considera que se necesita profundizar en la investigación de estos casos para alcanzar conclusiones con su estándar de prueba”.


Resulta particularmente muy inquietante la aseveración de la Misión, al evidenciar que “las centenas de niños y niñas detenidas tras las protestas no contaron con las protecciones procesales que exige la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y las normas y estándares internacionales”. 


Recuerdan que “esta protección especial incluye la obligación de informar a padres o tutores sobre la detención y de asegurar la participación de estos en las audiencias, así como garantizar que la presentación ante un juez se realice dentro de las 24 horas o la excepcionalidad de la prisión preventiva”.


Es por ello que entre las recomendaciones del informe está que debe actuarse “de inmediato ante cualquier denuncia de detención o persecución penal de niños y niñas, con arreglo a las normas y estándares internacionales, así como a la propia legislación venezolana, tomando en consideración el interés superior de la niñez y respetando la segregación con adultos o por peligrosidad”.


El antecedente

La cantidad de denuncias por violaciones de derechos humanos y al debido proceso en Venezuela desde el 2014, por fin causaron, luego de numerosas muertes, heridos, exiliados y detenidos, que el régimen venezolano ocultaba con una feroz propaganda y aliados ideológicos y económicos, que, en septiembre 2019, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas estableciera la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela.


Según la resolución 42/25 la Misión se nombra por un año para evaluar lo que hasta ese momento eran “presuntas violaciones de derechos humanos cometidas desde 2014”. Los representantes de la Misión fueron descubriendo los horrores que se habían cometido contra miles de venezolanos, que no eran parte del pasado, sino una praxis activa y sostenida, más feroz aun durante el actual periodo de las elecciones presidenciales 2024.


Fue de tal magnitud lo que se fue desnudando a medida que los investigadores de la Misión avanzaban en la documentación de los casos, que el Consejo de Derechos Humanos, mediante las resoluciones 45/20 y 51/29, prorrogó el mandato de la Misión internacional por dos años más, hasta septiembre de 2024, cuando la Misión presentará su próximo informe anual durante el diálogo interactivo del CDDHH de la ONU.

domingo, 8 de septiembre de 2024

Terrorismo, extorsión y detenciones: así funciona la maquinaria represiva del régimen chavista desde la llegada de Diosdado Cabello al Ministerio del Interior


El número dos del chavismo ahora cuenta con el manejo de las policías de Venezuela. Varias victimas relataron a Infobae el calvario que viven por la constante persecución de las fuerzas de seguridad


Sebastiana Barráez/ domingo 8 de septiembre 2024

@SebastianaB


Tomado de Infobae

La llegada de Diosdado Cabello al Ministerio del Interior profundiza la acción de represión y extorsión de las policías contra la oposición venezolana

“No hay ante quién acudir. La Fiscalía está parcializada, igual que la Defensoría del Pueblo y ¿cómo denunciar ante un cuerpo policial cuando ellos son los que están extorsionando?”, es uno de los mensajes que desde todo el país llegan a Infobae ante la ola de extorsiones que se ha desatado por parte de funcionarios policiales persiguiendo a dirigentes políticos, mutando la acción hacia comerciantes, empresarios o hacia personas a quienes tengan algo que quitarles.


Todo indica que pasaron de ser hechos aislados, porque desde que Diosdado Cabello fue nombrado Ministro del Interior y tiene el manejo de las policías, se desencadenó lo que sería una política de Estado, porque está ocurriendo en todo el país y con el mismo modus operandi. Los funcionarios policiales, algunos militares, argumentan tener una foto o video, además de advertirles que saben dónde viven o trabajan ellos y su familia.


En Biruaca todos los días han estado desfilando numerosas personas que son citadas por la policía que se identifica como Antiterrorismo, que son Policías del Grupo Antiextorsión y Secuestro (GAES) que en realidad están extorsionando a todos los que citan.


Al director de una emisora en el municipio Juan José Mora, con la amenaza de cerrarle la estación de radio, le ordenaron eliminar un programa donde se leían noticias, además de colocar música. La Policía de Carabobo ha citado a gran cantidad de personas a la Comandancia ubicada frente a la Plaza Bolívar, donde los extorsionan.


“Sí, hay temor. La policía de Carabobo anda con pasamontañas en motos, llegan a donde hay dirigentes políticos para perseguirlos, los citan así como también lo hacen con comerciantes. A un amigo, quien estuvo en un centro de votación en Rómulo Gallegos, lo detuvieron en Morón, se lo llevaron a Policarabobo y lo soltaron el miércoles en la tarde pero tuvo que pagar”, le dice a Infobae una de las personas que fue testigo de mesa y está siendo perseguido.

Encapuchados y armados llegan policías a detener o a citar a personas para extorsionarlas

En Apure

Los habitantes de San Juan de Payara, municipio Pedro Camejo, estado Apure, están siendo acosados y perseguidos por funcionarios policiales que los acusan de terrorismo y los amenazan con trasladarlos a cárceles peligrosas sino pagan altas sumas de dinero. 


Así lo relatan a Infobae apureños que denuncian la extorsión contra mujeres que estuvieron en una caravana, salieron en una foto celebrando el triunfo de Edmundo González o porque simplemente son opositoras, funcionarios de antiextorsión y secuestro se las llevan para extorsionarlas y les piden dinero con Amenazas de imputarles terrorismo. 


“Esos funcionarios andan en tres carros y van a casas principalmente de mujeres vulnerables. Las citan para que se presenten a la sede frente al asilo de ancianos en Biruaca y ahí las coaccionan”.


“El gobierno está por todos lados amenazando y todos estamos asustados”, le dice a Infobae un habitante de San Juan de Payara, agregando “se ha visto mucho maltrato aquí. El Gobierno hace lo que le da la gana y este pueblo está sin Ley”.


“En la mañana llegaron dos camionetas con guardias y funcionarios de la Dgcim, y se metieron a mi casa, como si uno fuera un delincuente, pero yo no me encontraba porque hacía poco había salido”.


Muchos habitantes de Pedro Camejo pasaron hacia Colombia huyendo de la represión. “Es el refugio que les tocó. Algunos regresaron, pero se preparan para irse otra vez porque se volvió a encender el tema electoral”.


“A casa de mi vecina les llegaron funcionarios armados hasta los dientes, casi a la medianoche, como si ella no pudiera ejercer sus derechos políticos. Se meten a las casas así sea a la fuerza, tumban las puertas, haya o no niños”.


A uno le quitaron 5 mil dólares, a otro 3 mil y algunos más han tenido que pagar 2 mil y hasta 300 dólares. Esos funcionarios vienen de afuera, se presentan con la cara cubierta y no dan sus nombres”.

El pueblo de San Juan de Payara está azotado por la extorsión de los funcionarios que acusan a los opositores de terroristas

Vecinos señalan, por lo menos a dos responsables identificados “a José Cabrera, quien es el encargado de Fronteras aquí en el municipio, y al funcionario Núñez. Esos dos, con gente de los consejos comunales, lanzan la información de a quiénes buscar y dónde están. Es una persecución muy macha”.


“A una joven, que estaba por la plaza del pueblo, el 30 de julio, después de las elecciones, salió en una foto, incluso con los brazos cruzados mirando, le llegó una citación para que se presentara en Biruaca. Mil 500 dólares le están pidiendo los funcionarios porque si no paga la amenazaron de acusarla de terrorismo y enviarla a la cárcel de Tocuyito”.


“Da mucha arre… cómo extorsionan a gente que es inocente. En el caso de esa pobre muchacha de San Juan de Payara la vi por ahí vendiendo una vaquita que tiene para poder pagarle a esos funcionarios delincuentes”.


A todo el que están citando les quitan dinero. En las citaciones les dicen que deben presentarse y cuando la gente asustada va a ver por qué las citan, sin que tengan antecedentes y sea gente trabajadora, las acusan de terrorismo, de instigación al odio y les mencionan que son órdenes de Nicolás Maduro”. 


“Mis vecinos se fueron para el otro lado (hacia Colombia). Yo estoy resguardado. Mi hija se fue con su bebé porque su esposo también aparece en una foto. Mi marido se fue a casa de su mamá en San Fernando”, le dice a Infobae una mujer que revela temor porque ella también aparece en las fotos, pero no puede irse porque cuida de sus ancianos padres.

Uno de los vecinos que habló con Infobae dice con absoluta seguridad “¿quién no va a aparecer en las fotos, si todos en el pueblo estamos en esas fotos, porque todos salimos a celebrar el triunfo para que la dictadura cayera? Todo el pueblo estaba en la calle”.


“De eso se están aprovechando. Al que aparece en las fotos sin hacer nada les quitan hasta mil 500, pero al que estaba sonando campanas o agitando les han pedido hasta 5 mil dólares”.

Así fue la visita de María Corina Machado a San Juan de Payara durante la campaña. "Todo el pueblo salió", dijo un apureño

Si tiene dinero

En el municipio Juan José Mora, estado Carabobo, sucede algo similar que en otras poblaciones del país. “Desde hace días, los cuerpos de seguridad se están llevando ya no solo a dirigentes políticos, sino a comerciantes, emprendedores, es decir, a gente que maneja algo de dinero”.


“Solo en la última semana han extorsionado a más de una docena de comerciantes, incluso a vendedores de repuestos de vehículos, a quienes llaman y les dicen que tienen fotos de ellos o de sus vehículos que estaban en las caravanas en apoyo a Edmundo González. A algunos de los citados les han quitado desde 500 dólares hasta miles”. 


La semana pasada la Policía de Carabobo arreció las detenciones. A un modesto dirigente de la Plataforma Unitaria le pidieron 500 dólares, bajo amenaza de levantarle un expediente por terrorismo y asociación para delinquir. 


Pedro “Coco”, un habitante de la parroquia Urama fue citado por la Policía de Carabobo a quien debió pagarles para que lo dejaran en libertad, y ahora lo citó el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) para lo mismo, por lo que decidió irse del país ante la imposibilidad de seguir pagando.  

En Morón salió el pueblo durante la campaña y las elecciones

A otro vecino del municipio Juan José Mora cuando le citaron demostró que no tenía nada de dinero para pagar, entonces los funcionarios le quitaron las dos motos que la familia usaba para movilizarse.


La primera víctima que se conoce de los citados en ese municipio fue el del negocio “Robert” de autoperiquitos, “de quien supe que tuvo que pagar 1.200 dólares, porque le dijeron que sabían que él estuvo en las caravanas del cierre de campaña”.


Otro caso es el de una ferretería en la Encrucijada de Morón, propiedad de José David y su esposa. “Al señor Cotiche, quien tiene un hijo preso por la Operación Gedeón, se llevaron a su hermano que tiene una venta de repuestos y le quitaron dinero”.


“El martes se llevaron a Obtulio Romero, dirigente de la Plataforma Unitaria: él estaba en La Encrucijada de Morón, lo llevaron a la sede de la Policía y le quitaron 300 dólares. Escoge con pinzas a quienes tienen negocios”.


Villavicencio es un habitante de Carabobo, que se identificó siempre con la revolución bolivariana, hasta que se cansó, como millones de venezolanos que acompañaron al chavismo alguna vez. “El señor Villavicencio, quien está relacionado familiarmente con José David el de una Ferretería también extorsionado por la policía, estuvo activo en las caravanas de la Oposición y tuvo que pagar”.


Un ex parlamentario venezolano aseguró que la industria petrolera nacional “necesita reglas claras y confianza institucional”

El jurista Jesús Eduardo Troconis Heredia sostiene que la recuperación de Venezuela pasa por la consolidación de la legalidad institucional,...