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jueves, 14 de mayo de 2026

Militares retirados alertan sobre el colapso de Venezuela y exigen el retorno al orden constitucional

 

Reclaman la liberación de presos políticos, el regreso de los exiliados y una salida electoral "limpia y transparente" que restituya la vigencia de la Constitución 


Sebastiana Barráez/ jueves 14 de mayo 2026
@SebastianaB
Tomado de Infobae

Militares venezolanos durante un desfile

El Frente Institucional Militar (FIM), que agrupa a 250 oficiales en situación de retiro, sostiene que el país atraviesa una etapa de descomposición institucional, deterioro social y pérdida de soberanía. La organización reclama la liberación de presos políticos, el regreso de los exiliados y una salida electoral “limpia y transparente” que restituya la vigencia de la Constitución.


La organización está presidida por el general de Brigada (Ej.) Juan Antonio Herrera Betancourt; en la Vicepresidencia el GB (Ej.) Teodoro Díaz Zavala; como Secretario de Organización, GB Rafael Vera Ruiz; los representantes por componente: Juan Ferrer Barazarte, Ejército; Contralmirante Elías Buchzser Cabriles, Armada; Eduardo Arturo Caldera Gómez, Aviación y Simón Figuera Pérez por la Guardia Nacional.


El FIM emitió el pronunciamiento en el que llama a un “urgente despertar de conciencia” frente a la crisis que, a su juicio, atraviesa Venezuela. El comunicado, difundido tras una salutación recibida desde un medio en México, con participación de figuras de la política nacional, reivindica el deber de los militares retirados de alzar la voz en defensa de la libertad y de la nación.

General de Brigada (Ej.) Juan Antonio Herrera Betancourt, presidente del Frente Institucional Militar

La organización enfatiza que sus integrantes, como conocedores del territorio y defensores de la soberanía, rechazan la idea de que el país se encuentre en una fase de recuperación. Por el contrario, afirma que Venezuela vive un proceso de profunda desarticulación social y ética. 


“Rechazamos categóricamente la narrativa interesada que pretende vender al mundo una ‘felicidad’ inexistente y un ‘florecimiento económico’ que solo beneficia a pequeñas élites”, dicen agregando que lo que se encubre es una realidad marcada por el deterioro estructural.


Entre los elementos que citan como evidencia figuran el colapso de los servicios públicos y la precarización de las condiciones de vida. La falta de agua, gas y electricidad, junto con salarios y pensiones insuficientes, conforma, sostiene el Frente Institucional Militar, un escenario de supervivencia cotidiana. 


El grupo de militares en retiro, que integra, desde generales a tenientes, suma a esa situación del venezolano la persistente inseguridad física y jurídica que erosiona la dignidad humana y profundiza la vulnerabilidad de amplios sectores del país.


La soberanía en riesgo

El pronunciamiento también pone el foco en la seguridad y en la pérdida de soberanía. Los militares retirados denuncian que parte del control territorial habría sido cedido a grupos armados irregulares, tanto nacionales como extranjeros, así como a facciones urbanas afines al poder en Caracas y otras regiones. 

Manifestantes en Caracas solicitaron a la embajada de EEUU intervenir por la liberación de los presos políticos y elecciones libres

Aseveran que estas estructuras ejercen un dominio criminal sobre sectores populares y terminan desplazando la autoridad legítima del Estado, con las consecuencias que tiene para la composición de un país. 


​Como soldados de la República, no podemos callar ante la persecución sistemática por razones ideológicas”, dice la asociación que rechaza la persecución sistemática que existe en Venezuela contra el derecho a disentir que ha sido criminalizado. 


En ese contexto, reclama la libertad de más de 500 ciudadanos, entre ellos civiles y casi 200 militares que, según denuncia, permanecen detenidos y sometidos a torturas, así como el retorno de miles de exiliados que abandonaron el país por defender la democracia.


Paz y elecciones

Como sustento jurídico de su postura, el documento invoca los artículos 333 y 350 de la Constitución de la República de Venezuela. La organización interpreta estas disposiciones como un mandato ciudadano de desconocer cualquier régimen que vulnere los derechos humanos o menoscabe las instituciones democráticas, y presenta su pronunciamiento como parte de esa obligación cívica y constitucional.


La Asociación Civil de militares agrupados en el FIM exhorta, tanto a los ciudadanos venezolanos, como a la comunidad internacional, a no dejarse “seducir por la propaganda”. Advierte que ni el hambre ni la represión pueden ser encubiertos con imágenes de prosperidad aparente, y plantea que la crisis de fondo no admite maquillajes discursivos ni relatos oficiales desvinculados de la realidad social.

Docentes exigiendo mejoras salariales durante una protesta del 9 de abril 2026 en Venezuela

Para la organización, la vigencia de la Constitución constituye “el único camino hacia la paz”. En esa línea, afirma que el silencio frente a la injusticia compromete tanto el honor militar como el ciudadano, y ratifica su lealtad al pueblo venezolano. 


La propuesta del Frente Institucional Militar (FIM) es que “la verdadera paz” pasa por el cese de la persecución, la liberación de los presos políticos, el regreso sin condiciones de los exiliados y la restitución plena de la legalidad constitucional. 


Según subraya, finalmente, ese objetivo solo sería posible mediante un proceso electoral “limpio y transparente” que reafirme la soberanía y voluntad popular ya expresada el 28 de julio de 2024.


https://www.infobae.com/venezuela/2026/05/14/militares-retirados-alertan-sobre-el-colapso-de-venezuela-y-exigen-el-retorno-al-orden-constitucional/







domingo, 19 de abril de 2026

Militares retirados denuncian “ruptura del orden constitucional” y piden elecciones libres en Venezuela

 

La agrupación de oficiales en retiro advierte sobre el quiebre institucional y propone superar la crisis mediante comicios bajo conducción imparcial y con garantías para la participación de todos los sectores, incluyendo la diáspora y presos políticos 


Sebastiana Barráez/ domingo 19 de abril 2026
@SebastianaB
Tomado de Infobae

Militares retirados denuncian “ruptura del orden constitucional” y piden elecciones libres en Venezuela (EFE/ARCHIVO))

Un grupo de oficiales profesionales retirados de la Fuerza Armada Nacional de Venezuela, integrantes del Frente Institucional Militar (FIM), se pronuncian ante la crisis política del país, atribuyendo a la coyuntura actual una “ruptura del orden constitucional” y solicitando la activación de mecanismos para “restituir el Estado de Derecho”. Proponen elecciones con previa depuración del Consejo Nacional Electoral, el Registro de votantes y la liberación de presos políticos.


El presidente del Frente Institucional Militar es el General de Brigada (Ej.) Juan Antonio Herrera Betancourt; vicepresidente, GB (Ej.) Teodoro Díaz Zavala; secretario de Organización, GB (GN) Rafael Vera Ruiz. Los que representan a los componentes son el GB Juan Ferrer Barazarte por el Ejército; Contralmirante Elías Buchzser Cabriles por la Armada; GB Eduardo Arturo Caldera Gómez por la Aviación y GB Simón Figuera Pérez por la Guardia Nacional.


El FIM recuerda que “la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo”, tal como lo señala el artículo 5 de la Constitución Bolivariana de Venezuela, destacando que esa voluntad popular fue vulnerada el 10 de enero 2025, cuando la Asamblea Nacional juramentó a Nicolás Maduro Moros. Según los oficiales, el ente parlamentario optó por “omitir la juramentación de quien fuera electo por mayoría absoluta”, refiriéndose al opositor Edmundo González Urrutia.


Los militares en retiro, algunos exministros de Defensa y excomandantes de componentes de la institución armada, cuestionan la legitimidad de quien actualmente ejerce el poder, Delcy Eloína Rodríguez Gómez, sosteniendo que “la ruptura del orden constitucional requiere una corrección inmediata, especialmente ante la incapacidad fáctica y jurídica de quien pretende ejercer un mandato ilícito”.

El FIM solicita la liberación de todos los presos políticos

Por ello plantean la imperiosa necesidad del “reconocimiento nacional e internacional de la voluntad popular, la cual puede ser reafirmada mediante un nuevo proceso electoral”. 


Como condición, el FIM solicita que la conducción del proceso recaiga en una directiva del ente rector de las elecciones “absolutamente imparcial”. En su pronunciamiento, sostiene que los rectores no deberían tener ni haber tenido militancia partidista ni afinidades políticas públicas.


El FIM propone una actualización integral del padrón electoral y pide medidas para garantizar el derecho al voto de la diáspora. También solicita la habilitación de ciudadanos afectados por medidas administrativas que considera arbitrarias.


Denuncian afirman que persisten acciones de persecución policial y judicial contra personas vinculadas a la defensa de los valores democráticos “frente al régimen que ha oprimido a la sociedad venezolana durante las últimas tres décadas” por lo que piden el cese de esos procedimientos.


Libertad para sus compañeros

El FIM es una organización con 26 años de creada, que integra a 241 militares en situación de reserva o retirados, con 24 generales de División; siete Vicealmirantes; 38 generales de Brigada; doce Contralmirantes; 66 coroneles; 10 capitanes de Navío; 25 tenientes coroneles; nueves capitanes de Fragata; once Mayores; dos capitanes de Corbeta; 17 capitanes; seis tenientes de Navío; tres primeros tenientes; tres tenientes de Fragata; y ocho tenientes del Ejército, la Aviación y la Guardia Nacional.

El presidente del FIM, General de Brigada (Ej.) Juan Antonio Herrera Betancourt

Son enfáticos ante “cualquier pretensión de "transición" mientras persista la existencia de presos políticos o de conciencia”, aseverando que no serían necesarias leyes de amnistía para quienes “actuaron en defensa de la Constitución, según los artículos 333 y 350”, por lo que consideran que su libertad “es un acto de justicia, no de gracia”.


El pronunciamiento pide la liberación “absoluta e incondicional” de más de 200 militares detenidos, destacando que son “compañeros de armas, víctimas de torturas y tratos degradantes en los centros de reclusión del régimen”. Asimismo, solicita garantías de seguridad para el retorno de los miles de exiliados que salieron del del país por motivos políticos.


Activos en el exterior

En materia económica, la organización de militares en reserva activa menciona el caso de la empresa CITGO Petroleum Corporation, en el marco de la protección internacional de activos estratégicos, así como recursos financieros del Estado por parte del Gobierno de Estados Unidos


Así como valoran la salvaguarda de los activos venezolanos en el extranjero, sostienen que “es imperativo que un gobierno legítimamente electo recupere la autonomía económica bajo estrictos controles de transparencia”. 


Ante ello proponen un nuevo marco jurídico orientado a garantizar la propiedad privada, el libre mercado y la seguridad jurídica, con el objetivo de atraer inversión nacional y extranjera, como “pilares fundamentales para alcanzar el desarrollo y la prosperidad de todos los venezolanos”.

Delcy Eloína Rodríguez Gómez, figura clave en la transición en Venezuela

Finalmente, la organización que agrupa a oficiales generales, superiores y subalternos, cierra el pronunciamiento cierra con un llamado a acompañar las solicitudes expuestas “para recuperar nuestra libertad e independencia” y enmarca sus planteamientos en el “deber ciudadano” previsto en la Carta Magna de la República de Venezuela.


Acuden al TSJ

Un grupo de abogados del movimiento Defensores Populares de la Nueva República (DPR), que dirige el coronel y abogado Hidalgo Valero Briceño, presentó el 14 de abril 2026, ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, una acción por omisión constitucional, “en defensa de los derechos e intereses colectivos y difusos de los electores venezolanos”.

Abogados del movimiento Defensores Populares de la Nueva República (DPR), que dirige el coronel y abogado Hidalgo Valero Briceño acudieron al TSJ

La organización dice que el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge de Jesús Rodríguez Gómez, “no cumplió con el lapso de 90 días, que contemplan los artículos 233 y 234 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, incurriendo en denegación de justicia y delitos contemplados en los artículos 69 y 75 de la Ley Contra la Corrupción”.


Destacan que el 3 de abril 2026 se cumplieron 90 días desde la extracción del territorio venezolano de Nicolás Maduro Moros, cuando fuerzas militares estadounidenses ejecutaron la Operación Resolución Absoluta. 


El plazo de los tres meses se venció por lo que, según contempla, la Constitución venezolana, debía declararse la ausencia absoluta del presidente, dicen los juristas.  Lo que procede es forzar “la declaración de la falta absoluta", por parte del Tribunal Supremo de Justicia, y abrir el plazo para el llamado a elecciones presidenciales, dentro de los 30 días de la declaratoria.


“Lo que restaría para una transición pacífica y ordenada, es garantizar la pulcritud del proceso electoral, que pasa, entre otras reformas, por el nombramiento de autoridades imparciales del CNE, para que los comicios sean libres, justos y se respete la voluntad popular”, finaliza diciendo la organización Defensores Populares de la Nueva República.


viernes, 17 de abril de 2026

La Academia de Ciencias Políticas y Sociales de Venezuela pide restablecer el orden constitucional y llamar a elecciones


La Carta Magna establece el principio republicano, según el cual el jefe del Estado y del Ejecutivo Nacional debe ser elegido mediante sufragio universal, directo y secreto, lo que no ocurre con Delcy Rodríguez


Sebastiana Barráez/ viernes 17 de abril 2026
@SebastianaB
Tomado de Infobae

La presencia de Delcy Eloína Rodríguez Gómez como interina indefinida violenta el principio democrático y de la legitimidad en el poder, advierte la Academia

La Academia de Ciencias Políticas y Sociales de Venezuela pidió aplicar la Constitución para resolver la vacancia en la Presidencia de la República, advirtiendo que “la prolongación indefinida del ejercicio del cargo de presidente de la República por una autoridad no electa es violatoria del principio democrático y de la legitimidad de origen del Poder Ejecutivo Nacional”.


Así lo establece la Academia en un reciente comunicado, suscrito por el presidente Rafael Badell Madrid y el secretario Salvador Yannuzzi Rodríguez, en el que recuerda que la Carta Magna establece el principio republicano, según el cual el jefe del Estado y del Ejecutivo Nacional debe ser elegido mediante sufragio universal, directo y secreto, lo que no ocurre con Delcy Rodríguez en el poder.


El texto subraya que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela contempla el régimen jurídico que debe aplicarse en caso de producirse la ausencia absoluta o temporal del presidente de la República. 


Conforme a los artículos 233 y 234, el vicepresidente ejecutivo asume el ejercicio del cargo “de manera transitoria, con carácter estrictamente provisional y por los lapsos establecidos en la Constitución”.

Los doctores Rafael Badell Madrid y Salvador Yannuzzi Rodríguez, presidente y secretario respectivamente de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales de Venezuela

La Academia de Ciencias Políticas y Sociales recuerda que en Venezuela el cargo de vicepresidente ejecutivo es designado por el presidente de la República, enfatizando que “no es un cargo de elección popular, por lo tanto, quien lo ejerce, no tiene legitimidad democrática”


De ahí que la suplencia del vicepresidente por la vacancia presidencial ocurrida, luego de la Operación Resolución Absoluta que extrajo de territorio venezolano a Nicolás Maduro Moros, tiene “carácter funcional y temporal, como expresamente lo disponen los artículos 233, 234 y 239, numeral 8, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”.


El presidente debe ser electo

Además del doctor Rafael Badell Madrid, en la presidencia, y Salvador Yannuzzi Rodríguez, en la secretaría, la directiva de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales está integrada, en la primera vicepresidencia, por la expresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Cecilia Sosa Gómez; Gerardo Fernández Villegas, segundo vicepresidente; Juan Cristóbal Carmona Borjas, tesorero; y Juan Carlos Pró-Rísquez, bibliotecario. 


La advertencia de la institución, que busca estar a la vanguardia en el estudio de las Ciencias Jurídicas y Sociales del país, es que ha transcurrido más de noventa días sin un mandatario electo, por lo que “la Academia advierte que se debe aplicar la solución definitiva prevista en la Constitución”


Se interpreta, a partir del comunicado que, prolongar indefinidamente la suplencia que ejerce Delcy Eloína Rodríguez Gómez, quien no es una autoridad electa, vulnera el principio democrático y la legitimidad del origen del Poder Ejecutivo.

La Operación Resolución Absoluta que extrae a Nicolás Maduro de territorio venezolano plantea la vacante de la presidencia

El comunicado enfatiza que el principio de continuidad administrativa solo puede garantizar el funcionamiento de la administración en cargos de designación y, en ningún caso, justificar la ocupación de puestos de elección popular como el presidencial, “quien no sólo es la máxima autoridad de la administración pública nacional, sino también el jefe del Estado, responsable de dictar los actos de alto gobierno”.


La Academia señala que el plazo constitucional de noventa días previsto en el artículo 234, expiró el 3 de abril de 2026, y que, al no haberse decidido una prórroga por parte de la mayoría de la Asamblea Nacional, debe considerarse la falta absoluta, dentro de los primeros cuatro años del periodo, o prorrogar la suplencia hasta por noventa (90) días más.

Manifestantes marcharon hasta la embajada de EEUU en Caracas exigiendo que realicen elecciones en Venezuela

Por tanto, según el artículo 233, es obligatorio convocar a nuevas elecciones universales, directas y secretas en un plazo de los treinta días consecutivos siguientes.


Asimismo, advierte que cualquier ejecutoria o interpretación que “desconozca el derecho de los venezolanos a elegir a su presidente” representa una grave violación del el principio democrático y el Estado de derecho. 


Reclama que se garantice, a todos los electores, estén o no en el país, el derecho al sufragio para elegir al presidente de la República, según las garantías constitucionales, contempladas en el artículo 63 de la Carta Magna, “conforme a las cuales ese derecho debe poder ejercitarse de manera libre, universal, directa y secreta”.


El ente rector 

Para asegurar la transparencia y legitimidad de las elecciones, la Academia insta a la Asamblea Nacional a conformar, como la Constitución estable, un Consejo Nacional Electoral plural e independiente, que lo integren representantes de distintos sectores sociales y personas desvinculadas de partidos políticos, tal y como exige el artículo 296.


El organismo subraya la importancia de que el Poder Electoral actúe con autonomía y cumpla con los principios de igualdad, transparencia, imparcialidad y eficiencia del proceso electoral para la elección del presidente de la República. 

Cecilia Sosa Gómez, Gerardo Fernández Villegas, Juan Cristóbal Carmona Borjas y Juan Carlos Pró-Rísquez

Exige que se respete, no solo el derecho a la participación, sino “regularizando la situación de los partidos políticos que fueron afectados al impedírseles, en procesos anteriores, participar con sus tarjetas” y se rehabilite a los ciudadanos “cuyos derechos políticos han sido cercenados mediante inconstitucionales inhabilitaciones administrativas”.


La Academia de Ciencias Políticas y Sociales recalca la necesidad de restablecer en Venezuela el orden constitucional de acuerdo con “los principios de legalidad, separación de los poderes y respeto a los derechos civiles, sociales, políticos y económicos de todos los ciudadanos”. 


Finalmente, la Academia de Ciencias Políticas y Sociales de Venezuela, reitera su disposición a colaborar, desde el ámbito académico y consultivo, con reflexiones y propuestas, para fortalecer las instituciones y contribuir a soluciones respetuosas del marco constitucional.

https://www.infobae.com/venezuela/2026/04/17/la-academia-de-ciencias-politicas-y-sociales-de-venezuela-pide-restablecer-el-orden-constitucional-y-llamar-a-elecciones/


jueves, 24 de julio de 2025

El Frente Institucional Militar exigió restituir el mandato irrenunciable del 28J como garantía de la paz en Venezuela

 

La organización que agrupa a centenares de militares retirados recordó que, desde hace un año, el régimen de Nicolás Maduro confiscó el triunfo del opositor Edmundo González


Sebastiana Barráez/ jueves 24 de julio 2025

@SebastianaB

Tomado de Infobae

María Corina Machado y Edmundo González en una foto durante la campaña presidencial 2024

A medida que se acerca el aniversario del 28 de julio, y le recuerda a los venezolanos que, desde hace un año, el régimen de Nicolás Maduro confiscó el triunfo del opositor Edmundo González, también se profundiza la represión, el miedo y la persecución de líderes sociales, políticos y sindicales. A su vez, el FIM, organización que agrupa a centenares de militares retirados de la Fuerza Armada reitera su “exigencia de restituir el mandato irrenunciable al pueblo y enmendar los daños causados a la institucionalidad y la justicia venezolana”


En la llamada puerta giratoria, el régimen excarcela a detenidos como a los economistas Rodrigo Cabezas, Daniel Cadenas y Gerardo Casique, del Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF), a quienes mantuvo en desaparición forzada, pero de inmediato secuestra a Rafael García Marvez, coordinador de comunicaciones y miembro de Vente en Carabobo, antes se habían llevado a y están tras la búsqueda de Carlos Leal coordinador de Vente en Lara. 


Excarcelaron a 70 pero ya van más de 22 nuevos secuestrados, entre ellos al dirigente sindical Fernando Serrano; Ángel Rivas, esposo de Maritza Moreno  presidente del Colegio de Enfermería en Bolívar; el martes se llevaron a Yanny González, presidente del Colegio de Enfermería de Barinas: Simón Bolívar, consejero universiatrio de la Universidad Central de Venezuela (UCV).


A propósito de casi un año de las elecciones presidenciales del 28 de julio, el Frente Institucional Militar (FIM), organización que agrupa a 229 militares en reserva, manifestaron su “profunda preocupación ante el irrespeto y la persistente violación del ordenamiento jurídico nacional y la vulneración de los derechos políticos del pueblo venezolano”.


Manifestaron la exigencia de “restituir el mandato irrenunciable al pueblo y enmendar los daños causados a la institucionalidad y la justicia venezolana” dice la Asociación civil de militares legalmente constituida según las leyes de la República, quienes suscriben el documento “Justicia Constitucional y Soberanía Popular”.  

La Fuerza Armada no ha respetado la voluntad popular del 28J

El 28 de julio 2024 es una fecha en al que insiste el FIM, cuya directiva tiene a la cabeza a los generales de Brigada (Ej) Juan Antonio Herrera Betancourt, en la presidencia; Teodoro Díaz Zavala, Vicepresidente; Rafael Vera Ruiz, Secretario de Organización; además, los representantes por componente: Juan Ferrer Barazarte, Ejército; Contralmirante Elías Buchzser Cabriles, Armada; Eduardo Arturo Caldera Gómez, Aviación y Simón Figuera Pérez por la Guardia Nacional. 


Destacan los militares que el próximo 28 de julio se cumple un año de la jornada electoral, fecha en la que “la ciudadanía, con civismo y compromiso patriótico, acudió a las urnas para manifestar su voluntad soberana, tal como lo establece el artículo 5 de la Constitución Nacional”. 


“Según el testimonio de miembros de mesa, testigos presenciales y efectivos militares asignados al resguardo del proceso, el candidato electo fue el ciudadano Edmundo González Urrutia. Este resultado fue posteriormente confirmado mediante la recopilación de actas originales, que reflejan una ventaja significativa sobre el competidor más cercano”. 


Resaltan que, sin embargo, esa decisión “inapelable y legítima, fue desconocida por la autoridad electoral”, dicen en referencia al anuncio que ese 28J hizo el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Elvis Eduardo Hidrobo Amoroso, y que fue ratificado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), declarando ganador a Nicolás Maduro Moros sin mostrar el resultado de las actas electorales ni la publicación de lo que arrojó cada mesa y centro electoral.

Familiares de presos políticos han desarrollado varias actividades por la libertad de sus seres queridos, por el respeto a sus DDHH y al debido proceso

El rol de la Fuerza Armada

El Frente Institucional Militar (FIM) agrega que debido a esa irregular situación “causa estupor en ese pueblo, que se le pretenda llamar de nuevo a un acto electoral ejecutado por el mismo ente que despreció y revocó su mandato un año antes, para que vuelva a expresar opinión a sabiendas que no se le tomará en cuenta”. 


“Adicionalmente quieren imponerle candidatos inverecundos sumados a ese arbitrario desconocimiento, negándole ese derecho a sus verdaderos representantes”. 


A juicio de los militares del FIM lamentablemente, la decisión legítima que el pueblo venezolano expresó ese 28 de julio 2024, “continúa sin ser reconocida por el ente electoral competente, lo cual constituye una grave afrenta al principio democrático y al orden constitucional”. 


Consideran que “la convocatoria a nuevos comicios bajo las mismas condiciones de arbitrariedad, sumada a la exclusión de representantes legítimos y la imposición de candidatos sin respaldo popular, profundiza el desencanto ciudadano”. 

El presidente y el vicepresidente del FIM, generales Juan Antonio Herrera Betancourt y Teodoro Díaz Zavala

Aún más preocupante, dicen los oficiales, “resulta la persecución de quienes participaron en el proceso del 28 de julio, como miembros de mesa y testigos, quienes han sido objeto de acoso, detención, juicio y tratos indignos por el solo hecho de haber cumplido con su deber democrático”.


Entre las prioridades que les inquiera está el rol de la institución militar, “creada, financiada y armada por ese pueblo para que lo protegiera y lo defendiera y llamada a defender la soberanía nacional y el estado de derecho”.


Les indigna que en este caso se “ha vulnerado el artículo 328 de la Carta Magna, alineándose con actores políticos que desconocen la voluntad del pueblo al que le deben lealtad y fidelidad. Esta conducta contradice la misión constitucional de las fuerzas armadas y erosiona la confianza ciudadana”.


Por ello, como ciudadanos activos y comprometidos con la legalidad, se permiten exhortar a todas las instituciones del Estado, “y en particular a la Fuerza Armada Nacional, a rectificar su actuación, preservar la integridad constitucional y restablecer el respeto por el mandato popular”. 


Están convencidos que “solo así podrá garantizarse la paz, la justicia y la verdadera soberanía del pueblo venezolano”, dice el Frente Institucional Militar en el vigésimo quinto aniversario de su fundación.


https://www.infobae.com/venezuela/2025/07/24/el-frente-institucional-militar-exigio-restituir-el-mandato-irrenunciable-del-28j-como-garantia-de-la-paz-en-venezuela/


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