Oficial desconoce orden de juez militar

Sebastiana Barráez

Quinto Día

COMANDANTE. Es el teniente coronel Julio César Gabaldón Molina, comandante del 123 Batallón Caribe Cnel Celedonio Sánchez. Se ha negado a cumplir  la orden de la juez militar décima octava de control, teniente de navío Ana Méndez Ramírez. Ella emite, el 15 de agosto, boleta de excarcelación que beneficia a Ángel Gerson Contreras Parada, Elio Serrano Guerrero, Yolbert Enrique Flores Ortega y Charle Enderson Rangel Rivas. Ellos habían sido detenidos por supuesta rebelión y ultraje al centinela, según causa CJPM-TM18C-050-2018.. La juez  le envió comunicación el 15 de agosto 2018. Luego de manifestarle  un saludo “patriótico, bolivariano, socialista, revolucionario y antiimperialista” insta al comandante Gabaldón Molina a liberar a los detenidos destacando que ellos “se encuentran recluidos en esa unidad a su digno mando, por cuanto la Defensa técnica manifiesta que aún no han sido trasladados al sitio de reclusión ordenado por este despacho judicial, en virtud a la revisión de la medida de privación judicial preventiva de libertad, por una menos gravosa de las contempladas”.  Las medidas a las cuales la juez se refiere que les dio a los detenidos fue: 1) régimen de presentación ante la fiscalía militar vigésima cuarta nacional con sede en Machiques de Perijá, cada 30 días, hasta tanto sea fijada la subsiguiente Audiencia Preliminar. 2) Prohibición de salida del país sin la debida autorización de este Tribunal Militar. En tal sentido deberán presentarse ante este órgano jurisdiccional el día martes 21 de agosto a las 10AM a efecto de celebrar la Audiencia de Imposición de Medidas. He ahí las decisiones de la juez militar que el militar se ha negado a cumplir.

LAPADULA. El G/B Aquiles Leopoldo Lapadula Sira, Comandante de la 12 Brigada de Caribe de Machiques, desde el Batallón Fuerte Motilón, ubicado en Casigua El Cubo, dirige el Operativo Centinela 2018, para enfrentar la presencia de grupos irregulares: paramilitares, guerrilleros ELN y Los Pelusos que tienen invadido los sectores Caño Motilón, Caño 14, Caño Negro, Redoma Casigua y El Cruce, a los que el general Lapadula logró retomar. Hay que reconocer que después que la FANB se instaló ahí, no se ha vuelto a ver irregulares en al zona.  Le falta retomar el territorio en Pacasa, Km 21, Valle Verde, Cari Caiman y Encontrados. Lo que ha resultado un problema ahora, son los abusos por parte de algunos efectivos militares. Han detenido gente de manera arbitraria, se han llevado bienes de las haciendas, incluyendo dinero, enseres, alimentos, etc. El 8 de agosto, llegaron a una finca para llevarse detenido a unos obreros y dijeron que ahí había mucho ganado y que irían a llevárselo más tarde. El general Lapadula debe atacar rápidamente esos excesos, porque está sucediendo que algunos militares detienen a una persona y después llaman  para pedir hasta dos millones pesos para liberarlos. Los productores no tienen la culpa que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana haya descuidado ése territorio del Catatumbo que terminó en manos de los paramilitares y la guerrilla. Hechos como tener detenidos a una pareja a un bebé de dos meses de nacido, deja muy mal parada a la institución militar.

 PROTESTAN. El 22 de agosto, en las inmediaciones del Fuerte Motilón, se reunieron varios productores quienes fueron a denunciar los casos de violencia y hurto contra productores de la zona. En ese pleno ganadero, en las inmediaciones del Batallón Fuerte Motilón, se denunció la detención de varias personas con boletas de excarcelación a quien los militares se niegan a liberar. “Tienen detenidos a 180 trabajadores, a quienes no le han permitido ver a sus familiares y menos a su abogados”. Protestan que haya sido detenido el productor Gustavo Guaitero, a quien están imputando como paramilitar, “él es un productor serio, honesto, trabajador”. Esa misma tarde el Ejército se llevó a otro productor y a los obreros; dijeron que supuestamente encontraron material explosivo y el "detonador " de la mina que voló al toyota que mató a un integrante de la FANB. Pero en la finca no había nadie al momento de la inspección.

FAES. El director del FAES Táchira es el comisionado (CPNB), Héctor Morales. Él 10 de agosto 2018 hizo una solicitud al Coordinador de la Unidad Nacional Anti Extorsión y secuestro del Ministerio Público (MP) de Caracas. Dijo que cumpliendo instrucciones del fiscal 7 del MP del Táchira, Saavedra Genny, solicita análisis de registro telefónico de llamadas, mensajes de texto y ubicación geográfica de los teléfonos al asistente, Branford, Fiscal Superior y Nino Daveta. La justificación es que se sustenta en la presunta comisión de uno de los delitos contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo. El Supervisor (CPNB) Eduardo Molina pertenece a la dirección de la Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana. Es él quien asegura que en el marco de la concentración en apoyo a Nicolás Maduro, en la Plaza Sucre en el centro de San Cristóbal, se organizó una comisión integrada por: el comisionado Héctor Morales, los supervisores Hugo Méndez y Eduardo Molina, los oficiales Yoxsan Centeno, Yoel Santiago y Airon Azócar.  Ellos eran los designados a brindar protección a las personalidades asistentes al acto. Ordenan mover los vehículos que estaban cerca de Plaza Sucre.  Allí ven a José Luis Daza Cepeda, joven de 24 años, sargento primero de la Guardia Nacional, quien se niega, de manera altanera, a mover su camioneta, alegando que él trabaja en el Palacio Legislativo. Los funcionarios lo revisan corporalmente y no le consiguen nada. Revisan la camioneta sin testigos con la excusa que ninguno de los presentes quiso. Encontraron una carpeta con documentos; uno de ellos era “Relación de funcionarios con armamento asignado al 9 de julio 2018” de las Fuerzas de acciones Especiales de Táchira. Otro era una denuncia de un “patriota cooperante” del 20 de julio dirigida al diputado Jhon Luna, denunciando situación irregular con fiscales del Ministerio Público y funcionarios del FAES. El tercero son informaciones publicadas en páginas web de medios de comunicación sobre informaciones de la operación Manos de Papel.  Y el cuarto documento son mapas de esos que se bajan de Google “referentes a la residencia del protector del Táchira Freddy Bernal, ubicada en el sector Barrancas, estado Táchira”. En razón de todo eso salió la llamada Operación Caín, donde señalan al diputado del Partido Comunista Jhon Luna y a su asistente Daza Cepeda de preparar un atentado contra Freddy Bernal, Iris Varela y después contra Diosdado Cabello. Lo más significativo es que Bernal no vive en Barrancas, sino en la casa de su amigo Manolo en una urbanización de San Cristóbal.

BÉCQUER. Es Gustavo Adolfo, el  romántico poeta español que murió en 1870 a los 34 años de edad. Fue él quien un día escribió: “Cuando me lo contaron sentí el frío/ de una hoja de acero en las entrañas;/ me apoyé contra el muro, y un instante/ la conciencia perdí de dónde estaba./ Cayó sobre mi espíritu la noche,/ en ira y en piedad se anegó el alma./ ¡Y entonces comprendí por qué se llora,/ y entonces comprendí por qué se mata!/ Pasó la nube de dolor.... Con pena/ logré balbucear breves palabras.../ ¿Quién me dio la noticia?... Un fiel amigo.../ Me hacía un gran favor... Le di las gracias”.

Última Hora

• Diosdado, a los medios de comunicación se les llama Cuarto Poder, desde que lo dijo Edmund Burke en la Cámara de los Comunes de Inglaterra en 1787.


• La situación en la Guardia Nacional está muy delicada, luego de la detención de varios oficiales de alto rango.

Militares colaboran con la guerrilla

Sebastiana Barráez

ElEstimulo.com

18/09/2017

Visten de negro, botas de caucho, armas de guerra, capuchas y han sembrado terror en la frontera, específicamente en San Antonio del Táchira. Se mueven libremente frente a las autoridades militares. Ellos son un grupo de la guerrilla colombiana, llamado Ejército Popular de Liberación (EP), más conocidos como “Los Pelusos”.

Se ha venido enfrentando en las calles del pueblo con los paramilitares, que desde hace años controlan ese territorio. Los paracos han actuado en acuerdo tácito con miembros de la Guardia Nacional Bolivariana. El negocio es así:

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela especifica que “La Guardia Nacional cooperará en el desarrollo de dichas operaciones (planificación, ejecución y control de las operaciones militares requeridas para asegurar la defensa de la Nación) y tendrá como responsabilidad básica la conducción de las operaciones exigidas para el mantenimiento del orden interno del país. La Fuerza Armada Nacional podrá ejercer las actividades de policía administrativa y de investigación penal que le atribuya la ley”.

Es la Guardia Nacional la autoridad en la frontera. Es la que tiene el poder de permitir o impedir el paso de personas hacia Colombia, es la que puede prohibir o permitir el paso de productos, sea alimentos, medicamentos o cualquiera que sea rentable para el contrabando.

Desde hace años, cuando llegó el grupo “Las Águilas Negras” hubo un enfrentamiento entre este grupo paramilitar y la GNB, que rápidamente fue solventado en un acuerdo de cooperación y un pacto de no agresión entre el grupo armado irregular y la fuerza pública regular. Desde el Gobierno Nacional hubo gran indiferencia ante lo que sucedía en la frontera, a pesar de los gritos de advertencia que desde diversos medios de comunicación la población le hizo al Estado venezolano.

Durante años la Guardia Nacional convivió con los paramilitares, aún después que “Las Águilas Negras” fueron desplazadas por otros grupos paramilitares, llamados “Los Urabeños” y “Los Rastrojos”. Es así como se impuso la “vacuna” o el cobro de extorsión, primero a los contrabandistas, al pasar por las alcabalas rumbo a Colombia y luego a todo aquel comerciante dueño de negocios grandes o pequeños.

Era la Guardia Nacional quien inicialmente cobraba la “vacuna”, pero ante la cantidad de denuncias y el crecimiento vertiginoso de la “gran industria del contrabando”, se aliaron con los paracos, quienes se encargaban de cobrar la extorsión, a través de una figura llamada “El Mosco” quien recibía el dinero y a cambio facilitaba una clave, que el contrabandista debía suministrar al funcionario militar en la alcabala respectiva, quien solo así le permitía el paso sin requisar el vehículo.

Llegó así la época en que los militares ya no eran enviados como un castigo a la frontera, sino que incluso los guardias nacionales empezaron a pagar altas sumas de dinero para ser asignados a las alcabalas fronterizas.

Aunque el producto por excelencia del contrabando era el combustible, con el avance del deterioro económico en Venezuela y la inclusión de mayor cantidad de productos subsidiados, también se amplió la cesta del contrabando.

Los paramilitares impusieron el “orden”, a través de la amenaza, el sicariato y el secuestro de jóvenes en la región. Durante años, paracos y GNB  actuaron con total impunidad, hasta que hace unos meses apareció el Ejército popular de Liberación (Los Pelusos), quienes han venido secuestrando y asesinando a los paramilitares, a quienes han sustituido en el control de ese territorio.

 El comandante Fidel

La primera acción de “Los Pelusos” fue enfrentar a los paramilitares desplazándolos del lugar que usaban como cuartel central, en el sector “Llano Jorge”, de San Antonio del Táchira; ahora el EPL instaló allí su centro de operaciones.

Han ejercido la violencia, asesinando a quienes identifican como paracos, mientras que por otra parte han secuestrado y desaparecido a jóvenes que no creyeron en la advertencia de que se fueran de la zona o serían ajusticiados.

El jefe de “Los Pelusos” es alias “Comandante Fidel”. Él no solo comanda el grupo guerrillero, también se encarga de las relaciones públicas del grupo, reuniéndose con autoridades, negociando la libertad de los secuestrados, etc.

El Ejército popular de Liberación ha recibido ayuda de funcionarios del componente del Ejército Bolivariano, incluso de un oficial de alto rango, quien mantiene comunicación con el “Comandante Fidel”. Fue él quien permitió que “Los Pelusos” se instalaran en los cambuches, que a ambos lados del río Táchira ocupaba, hasta ese momento, la Guardia Nacional.

Cuesta entender que el Alto Mando Militar no se dé por enterado de lo que está sucediendo en territorio fronterizo y de la participación de oficiales en esa relación de complicidad con la guerrilla.

“Los Pelusos” han ocupado el control de las trochas que la Guardia Nacional compartía con lo paracos. “Yo fui uno de los secuestrados -comenta un joven contrabandista- a quien la guerrilla capturó hace unos días, cuando me encontraba en un bar del pueblo. Me advirtieron que no volviera a pasar ni una aguja para Colombia porque en caso contrario sería asesinado”.

La Guardia Nacional mantiene silencio y no actúa cuando “Los Pelusos” recorren el pueblo. Los habitantes de San Antonio han reportado, por lo menos, tres tiroteos en el puente internacional “Simón Bolívar”, cuando la guerrilla y los paracos se han enfrentado, sin que la Guardia Nacional dé respuesta a esa acción.

En uno de esos incidentes, quedó entre el fuego cruzado de ambos grupos irregulares, uno de los transportes escolares que traslada niños que van a las escuelas de un lado a otro entre Colombia y Venezuela.

En otro de los tiroteos, un joven de los que atravesaba el puente dejó registrado en video lo sucedido, donde se observa a la gente tirada en el suelo, tratando de evitar las balas; también se vio a funcionarios de la Guardia Nacional  inactivos y solo protegiéndose del enfrentamiento entre los irregulares.

Cientos de personas que se disponen a pasar el puente para comprar alimentos en Colombia o quienes hacen cola para sellar su pasaporte, han sido testigos de la presencia de “Los Pelusos”, uniformados, armados y encapuchados mientras la Guardia Nacional solo es un espectador más.

Ha sido frecuente la presencia de la güerilla en centros nocturnos o de diversión, chequeando la cédula de los hombres y mujeres que están jugando, conversando o bebiendo alcohol. Recientemente, y en una sola noche, se llevaron a unas doce personas, de quienes no se ha vuelto a saber nada. En algunos casos el EPL chequea la identificación de sus objetivos en una computadora, en la que tendrían instalada una data de antecedentes policiales y penales.

La Fuerza Armada

La custodia y defensa del territorio y la soberanía, según especifica la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es competencia esencial de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a lo cual se le agrega que la FANB tiene el monopolio de las armas.

No se sabe por qué la Fuerza Armada permite la presencia de grupos irregulares en territorio venezolano, especialmente de la guerrilla, sea ésta Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Ejército de Liberación Nacional (ELN), Fuerzas Bolivarianas  de Liberación (FBL/FPLN) o Ejercito Popular de Liberación (EPL).

Un reportaje audiovisual recientemente dado a conocer al público, por un grupo de periodistas colombianos de ElPais, evidencia la presencia del Ejército de Liberación Nacional en límites entre Táchira y Zulia, bien retirado de la línea fronteriza; incluso se observa a los elenos luciendo los brazaletes de su organización.

El Gobierno venezolano, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ni el Ministerio de la Defensa le han dado una explicación al país.

Lo que ya es indiscutible e inocultable es que los grupos guerrilleros se desplazan a sus anchas en territorio venezolano, con la misma impunidad que los grupos paramilitares, cuya única víctima es la población civil.