El informe que documenta cómo los militares salieron a matar a quienes protestaban contra el fraude electoral en Venezuela

Funcionarios recibieron instrucciones de controlas protestas que iban a ocurrir, lo que explica la respuesta violenta de la Guardia Nacional y el Ejército en las manifestaciones de Maracay.

Sebastiana Barráez/ viernes 19 de diciembre 2025

@SebastianaB

Tomado de Infobae

                  Los Comanditos son organizaciones de la sociedad civil 

                                  preparadas para las elecciones del 28J

Antes de las elecciones del 28 de julio, funcionarios militares recibieron instrucciones de controlar protestas que iban a ocurrir, lo que explica la respuesta violenta de la GNB y el Ejército en las protestas de Maracay, como lo documenta la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU en su reciente informe. “De acuerdo con un miembro del CICPC citado por fuentes entrevistadas para el informe, los perpetradores no buscaban causar heridas, sino matar”.

El saldo de las protestas fue trágico, no solo por el militar herido, sino por las cinco personas fallecidas. “Todas las víctimas presentaron impactos de bala en zonas vitales. Según señaló un miembro del CICPC a una de las fuentes entrevistadas por la Misión indicaría que los perpetradores no actuaban con el objetivo de causar heridas, sino de matar”.

    El fiscal Tarek William Saab solo presentó investigación por el militar

    fallecido y responsabilizó a los comanditos de la violencia

El primer manifestante fallecido, Rancés Daniel Yzarra Bolívar, se encontraba cerca del periódico El Aragüeño, cuando recibió un impacto de bala en el pecho. El sargento de la (GNB) José Torrents a Reiner José Márquez Velásquez resultó herido en el estacionamiento con un disparo en el cuello y murió ese mismo día.

Las otras cinco víctimas fueron Anthony Moya, Gabriel Ramos, Andrés Ramírez, Jesús Tovar y Jesús Medina, quienes perdieron la vida tras recibir disparos, cuando estaban frente al ingreso principal de la Brigada de Paracaidistas.

    Entre los fallecidos está Andrés Ramírez, Jesús Tovar Perdono, 

    Gabriel Ramos y Anthony Moya Mantía

En rechazo a los resultados, de las elecciones presidenciales en Venezuela, que dio en Consejo Nacional Electoral (CNE), la noche del 28 de julio de 2024, al día siguiente hubo una intensa manifestación en las inmediaciones de la redoma del obelisco de San Jacinto, en Maracay, capital del municipio Girardot, estado de Aragua. 

Las protestas abarcaron el estacionamiento del periódico El Aragüeño y la 99 Brigada de Fuerzas Especiales “G.J. Félix Antonio Velásquez” del Ejército, conocida como la 42º Brigada de Infantería Paracaidista. 

“Desde antes de las elecciones se nos ordenó prepararnos porque habría protestas, por ello sé que nuestros superiores sabían que se iba a cometer un fraude”, revela un oficial en conversación con Infobae.

     El primer manifestante fallecido, Rancés Daniel Yzarra Bolívar, 

    se encontraba cerca del periódico El Aragüeño

Así ocurrió

Desde la tarde del 29 de julio, entre la 1:00 y las 2:00 pm, se inicia la protesta que se extendió hasta horas de la noche. Hacia las 5:00 pm, dos Grupos de Reacción Inmediata (GRI) de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), llegaron a la zona, equipados con equipos antimotines, escudos, escopetas y gases lacrimógenos, así como un vehículo blindado VN4.

Un grupo de militares se ubicó frente al periódico El Aragüeño, mientras otro formó un cordón de seguridad cerca de la entrada principal de la Brigada de paracaidistas, colocando rejillas a modo de muro de contención para impedir el avance de los manifestantes. 

El informe de la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU para el caso Venezuela, logra documentar lo que ocurrió ese día cuando “dentro de la Brigada, efectivos de la GNB y del Ejército, armados con escopetas y fusiles AK-103333, se apostaron tras la verja y sobre el dintel de entrada”. 

“En el exterior, junto a la GNB, también se encontraban funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB). Según testimonios recabados, tras aproximadamente 30 minutos, la GNB comenzó a disparar gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes, sin emitir advertencia previa”. 

La tensión escaló cuando un grupo de manifestantes respondió lanzando piedras, palos, botellas y bombas incendiarias de fabricación casera contra los funcionarios. La reacción de la GNB y el Ejército fue contundente. 

“Los funcionarios de la GNB y los soldados del Ejército respondieron con disparos de escopeta y gases lacrimógenos contra las personas que se manifestaban, generándose un caos debido al humo de los gases y a las múltiples detonaciones que se escuchaban”, destaca el Informe.

         Los generales de la GNB Elio Ramón Estrada Paredes, Comandante General 

         de la GNB; y Néstor Luis Reverol Torres entonces Ministro del Interior y Justicia

La Cadena de Mando

La investigación de la Misión de Determinación de los Hechos revela la cadena de mando claramente definida, encabezada por Nicolás Maduro, como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). El ministro del Interior y Justicia, MG (GNB) Néstor Luis Reverol Torres. 

El general en jefe (Ej) Vladimir Padrino López, ministro de Defensa y el comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada (Ceofanb), coordinaba el despliegue de unidades militares, incluida la GNB, aunque sin ejercer control operativo directo sobre el orden público.

Durante este periodo, la Comandancia General de la GNB estaba bajo el mando del MG (GNB) Elio Ramón Estrada Paredes, responsable del despliegue en el Estado de Bolívar y la coordinación con el Ejército para impedir el ingreso de ayuda humanitaria.

En el contexto de la represión en Maracay, la estructura de mando de la GNB se articuló a través de las Regiones Estratégicas de Defensa Integral (REDI), las Áreas de Defensa Integral (ADI) y las Zonas Operativas de Defensa Integral (ZODI).

                Las actas electorales demostraban que el ganador por amplio 

margen fue Edmundo González Urrutia

La Misión determinó que el comandante de la zona 42 de la GNB recibía órdenes tanto de la REDI Central como de la ZODI Aragua No. 44, manteniéndose bajo la cadena de mando interna de la GNB, pero sin recibir instrucciones directas sobre intervenciones de orden público.

El Informe de la Misión identificó a los funcionarios en la cadena de mando durante la intervención del 29 y 30 de julio de 2024: Orlando Ramón Romero Bolívar, comandante de la REDI Central hasta el 16 de octubre de 2024, con jurisdicción sobre Aragua, Carabobo y Yaracuy.

También, Ángel Daniel Balestrini Jaramillo, general de división de Ejército, comandante de la ZODI Aragua No. 44, igualmente sancionado por Estados Unidos el 27 de noviembre de 2024. Rufo Daniel Parra Hernández, general de brigada de la GNB, comandante de Zona GNB-42 Aragua.

    MG (Ej) Orlando José Romero Bolívar fue ascendido 

    a Mayor General y Jefe de la Milicia

Aunque no ha sido identificado al responsable de la intervención en Maracay, la Misión señala al comandante del Grupo de Respuesta Inmediata (GRI), cuyas unidades motorizadas de respuesta rápida, constituyen el último eslabón de la cadena de mando bajo la ZODI. 

Tras los eventos fatales en Maracay, Nicolás Maduro Moros ascendió al entonces general de división (Ej) Orlando Ramón Romero Bolívar a Mayor General y comandante general de la Milicia Bolivariana, el 14 de octubre de 2024. 

El 27 de noviembre, Romero Bolívar fue sancionado, junto a otros 20 oficiales, por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC), en cumplimiento de la orden ejecutiva 13692, por su participación en la represión contra la sociedad civil durante las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.

    Ángel Daniel Balestrini Jaramillo y Rufo Daniel Parra Hernández, 

    generales del Ejército y la Guardia respectivamente

La inercia fiscal

En el marco de las protestas ocurridas en la redoma del obelisco de San Jacinto, el Ministerio Público centró su investigación únicamente en el caso del sargento primero de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), José Antonio Torrents Blanco. De las siete víctimas registradas, Torrents es el único para quien se abrió un expediente individual (MP-135787-2024), distinto al expediente colectivo asignado al resto de los fallecidos (135789-2024). La versión oficial atribuye la muerte del sargento a “ataques de grupos violentos”.

Durante una reunión con el Consejo de Defensa de la Nación y el Consejo de Estado, el 12 de agosto de 2024, el fiscal general, Tarek William Saab Halabi, responsabilizó de las muertes en las protestas electorales a “grupos delincuenciales instrumentalizados por los mal llamados comanditos”, dijo en alusión a los grupos organizados por María Corina Machado para las elecciones del 28J. 

Saab Halabi señaló directamente a Reiner José Márquez Velásquez como responsable de la muerte de Torrents, quien dijo que ya se encuentra detenido y enfrenta la “máxima pena”.

Posteriormente, en un encuentro con el cuerpo diplomático, el 21 de agosto de 2024, el titular del Ministerio Público aseguró que “el 70 por ciento de las víctimas fueron asesinadas por los grupos delincuenciales” y descartó cualquier responsabilidad de los cuerpos de seguridad del Estado, incluyendo los hechos de la Redoma de San Jacinto. Esta postura se tradujo en la ausencia de investigaciones sobre la posible implicación de funcionarios de seguridad, entre ellos la GNB.

Respecto a las muertes de los seis manifestantes restantes, el fiscal solo presentó, el 11 de noviembre de 2024, las carátulas de los expedientes, indicando la causa de los fallecimientos. La Misión internacional independiente de Determinación de los Hechos para el caso Venezuela, dijo que, hasta el cierre del informe, no se reportan avances en esas investigaciones.

https://www.infobae.com/venezuela/2025/12/19/el-informe-que-documenta-como-los-militares-salieron-a-matar-a-quienes-protestaban-contra-el-fraude-electoral-en-venezuela/

El régimen de Venezuela secuestró a la esposa embarazada de un teniente señalado de conspiración

 

La mujer de 26 años se trasladaba con un amigo que también fue detenido, sin que se dieran explicaciones por lo sucedido. Ambos fueron reportados en estado de desaparición forzada

Sebastiana Barráez/ domingo  02 de febrero 2025

@SebastianaB

Tomado de Infobae

Maykelis Jackeline Borges Ortuño y Eudi Jesús Andrade Boscán 

están en desaparición forzada

Maykelis Jackeline Borges Ortuño es una joven de 26 años que, el miércoles 29 de enero de 2025 salió, desde su casa, en Los Jardines de El Valle, hacia el sector Altamira de Caracas, acompañada de su amigo, el motorizado Eudi Jesús Andrade Boscán también de 26 años; desde entonces no se supo más de ellos. Sus familiares empezaron a buscarlos; la angustia crece porque la pareja de la joven, un teniente retirado, es mencionado como parte de una conspiración contra el régimen venezolano. 

Se enteraron posteriormente de que los jóvenes, Maykelis y Eudi, fueron detenidos, lo que les ha causado profunda angustia de lo que pueda estar sucediendo con ellos, más aun porque la muchacha, en desaparición forzada, tiene dos meses de embarazo.

La joven tiene tres años siendo la pareja del teniente Cristian Hernández, de quien está embarazada. El oficial en retiro habría dicho públicamente que él se hacía responsable de una operación militar que estaba planificando con otras personas, pero asegurando que Maykelis Jacqueline nada tiene que ver, que no está involucrada ni tenía conocimiento de nada.

Los familiares de las víctimas formalizaron la denuncia 

de desaparición ante la policía científica

La familia de los dos jóvenes desaparecidos empezó el recorrido por todas las instituciones, centros de reclusión y acudieron al Ministerio Público y al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), donde en la División de Investigaciones de Víctimas Especiales les tomaron la denuncia, el 30 de enero 2025, con el Nr. K-25-0060-00007.“Mediante unos vídeos corroboraron que a Maykelis y a Eudi se los llevaron detenidos, pero no dijeron qué organismo los detuvo”.

Al día siguiente, ante la insistencia de la familia, la información que recibieron del CICPC es que no tienen noticias del paradero de los jóvenes, pero que “mediante unos vídeos lograron corroborar es que a Maykelis y a Eudi se los llevaron detenidos”, pero no les mostraron los videos ni tampoco qué organismo los detuvo.

La joven desaparecida tiene dos meses de embarazo

Los familiares han realizado la búsqueda particular en algunas de las sedes policiales, igualmente han contactado a personas conocidas por ellos en los cuerpos policiales “y se han encargado de tratar de rastrear su ubicación y no dan con nada”.

La Fiscalía

Los familiares, en conversación con Infobae, dicen haberse dirigido al Ministerio Público, donde en lugar de tomarles la denuncia o enviarlos a la oficina de Protección de Víctimas, particularmente por el hecho de que Maykelis Borges está embarazada, se limitaron a decirles que ahí “no hay ningún registro o expediente que asegure que están detenidos”.

Lo que los funcionarios de la Fiscalía les explicaron es que “posiblemente aún no han cargado al sistema ningún expediente de ellos o algún proceso judicial donde estén mencionados”.

Así, ningún cuerpo policial o ente gubernamental ha dado alguna razón de los dos jóvenes. “Maykelis no es ninguna activista política, sin embargo está circulando un video donde indican que la desaparición de ella está asociada al gobierno, ya que ella es esposa de un militar que está en el exilio”.

De Eudi no está identificado como activista político, y se encontraba con su amiga cuando fueron detenidos. “Eudi es un muchacho tranquilo, que se desempeña esporádicamente como moto taxista y trabaja en una venta de repuestos de moto”.

La violación de DDHH en Venezuela es una constante 

con Nicolás Maduro en el poder. Foto archivo Infobae.

Maykelis, por su parte, “no pertenece a ningún partido político, tampoco es activista política de nada ni ha estado involucrada en la operación mencionada en el vídeo que está circulando”.

“Como actualmente ella está desempleada, porque estaba laborando en un laboratorio como asistente, sin embargo, ha estado vendiendo tortas para cumpleaños, dulces fríos y cosas así”.

Su familia insiste en que “no hay ninguna orden contra ellos, según nos ha dicho el Ministerio Público, tampoco estaban cometiendo delito alguno. ¿Por qué están detenidos y por qué no hay información oficial sobre dónde están y por qué fueron detenidos?”.

Han pasado las horas y los días y nada se sabe de los dos jóvenes que, en tal caso, al detenerlos, debieron haber sido puestos a orden del Ministerio Público, permitirles una llamada telefónica y realizarles la audiencia ante un juez. Pero no solo se les han negado sus derechos, sino que están en desaparición forzada, del que Venezuela está señalada como parte de los crímenes de lesa humanidad.

Insiste la familia que lo único que ahora quieren saber es dónde están los jóvenes detenidos. “Ella está embarazada y corre riesgo, ella y su bebé”.

El francotirador

El caso en el que estaría involucrado el esposo de Maykelis Borges tendría relación con la muerte que funcionarios militares le causaron al oficial Jean Carlos Amarante Zárraga, el miércoles pasado. Posterior a eso, el Ministro del Interior, Diosdado Cabello, dijo en su programa de televisión que a ese oficial le dieron de baja por ser parte de una operación contra el régimen.

1Tte. retirado (Ej.) Jean Carlos Amarante Zárraga muere a manos de 

efectivos militares en la alcabala de Borojó estado Falcón

El periodista del estado Falcón, Gerardo Morón Sánchez, al informar la muerte del primer teniente retirado del Ejército Jean Carlos Amarante Zárraga, en un hecho que aún no ha sido clarificado, dijo que ocurrió en la alcabala del D-134 de la GNB, en Borojó, carretera Falcón-Zulia, municipio Buchivacoa del estado Falcón.

En seguimiento de la información dio a conocer la versión de la madre de Amarante, quien explicó que su hijo trabajaba como promotor de productos alimenticios.“Su madre, Yamelis Zárraga, contó a Versión Morón, frente al Cicpc en Coro, que Jean Carlos, quien era el mayor de sus 4 hijos, había solicitado la baja porque estar en Anzoátegui le impedía visitar a su esposa y seres queridos en Coro”.

“Jean Carlos abrió una pequeña panadería y abasto en la calle 4 de la Cruz Verde. Ahí conoció a varios proveedores, uno de los cuales lo empleó como promotor en la región occidental.” Tenía 15 días en ese cargo en el municipio Buchivacoa, por lo que viajaba los lunes a Borojó y los jueves regresaba a su residencia en Coro.

Jessica, la esposa de Amarante, “promotora de otra empresa, fue detenida por la DGCIM la noche del martes y lo habría llamado, avisándole. Eso motivó su regreso a Coro la madrugada del miércoles, pero fue ultimado, pasadas las 4:00 am en la alcabala de Borojó”.

Aunque la DGCIM filtró la información de que el joven estaba siendo solicitado, la madre de Amarante le dijo a Versión Morón que “nunca supe ni tuve conocimiento de que pudieran estarlo buscando; él andaba tranquilo, salía, entraba, se la pasaba trabajando, solo, sin andar escondiéndose de nadie”.

https://www.infobae.com/venezuela/2025/02/02/el-regimen-de-venezuela-secuestro-a-la-esposa-embarazada-de-un-teniente-senalado-de-conspiracion/

Se registra un 90% de impunidad en los casos de violencia contra la mujer en Venezuela

Sebastiana Barráez/ domingo 26 de noviembre 2023

@SebastianaB

Ocho ONG denunciaron que a los femicidios se le suman las agresiones vicarias, institucionales y patrimoniales

Tomado de Infobae 

Hay violencia contra la mujer desde las instituciones gubernamentales

A los femicidios se le suma la violencia vicaria, institucional, patrimonial, la violencia ante la denegación de justicia que ocurre en Venezuela cuando los jueces, fiscales, magistrados y funcionarios policiales ignoran y se burlan de aquellas alertas cuando un agresor maltrata a la mujer, ejerce venganza contra los hijos, agresión sexual contra su pareja o expareja. La justicia a veces se quita la venda de los ojos y favorece a quien agrede a la mujer o sencillamente no actúa con la diligencia necesaria. A ello se le suma que hay numerosas organizaciones que, aun recibiendo cuantiosos recursos para la defensa de la mujer, se limitan a estadísticas o denuncias internacionales. Los casos de Linda Loaiza y Vanessa Vivas tienen un componente común, el poder político o económico de los agresores. Los de presas políticas, algunas víctimas de agresiones sexuales, todas de violencia institucional y psicológica.

Linda Loaiza aún espera que el Estado venezolano cumpla la sentencia 

de la Corte Interamericana de DDHH

A propósito del Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, instaurado el 25 de noviembre, es necesario recordarle al Estado la urgencia de actuar, que se haga justicia ante las agresiones contra cientos de féminas y más aún evitar que el número de víctimas siga creciendo aceleradamente, porque en 90% de esos casos no se ha hecho justicia. Uno de los emblemáticos es el de Linda Loaiza, que ganó su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero el Estado venezolano, luego de cinco años de la sentencia, aún no ha cumplido. (http://www.sebastianasinsecretos.com/2021/05/09/ningun-violador-merece-perdon-ni-olvido-el-calvario-de-la-esclava-sexual-de-un-hombre-que-lleva-20-anos-protegido-por-el-estado-venezolano).

En el caso de Leyla Vanessa Vivas Villamizar, exesposa del diplomático Nelson Javier Ortega Bonilla quien era embajador de Venezuela en Guinea Ecuatorial; un tribunal a cargo del juez Jorge Luis Devenish se prestó para que otro Tribunal, el del juez de San Antonio del Táchira Luis Alberto Cárdenas Useche, usando un inusual despliegue policial, le quitara los tres niños sin que la madre previamente hubiese sido notificada. Desde entonces ella ha sufrido violencia por parte del poder del entonces embajador, pero también de la Fiscalía que tiene desaparecida la denuncia que por violencia hizo Vivas ante el Ministerio Público. (http://www.sebastianasinsecretos.com/2023/04/la-esposa-del-embajador-de-venezuela-en.html).

Lo que ha inclinado la balanza para favorecer al exembajador es la influencia de embajadores, magistrados, ministros y mucho dinero. Contrario a defender a la mujer en estado de indefensión, la Fiscalía contribuye para que Ortega ejerza mayor violencia sobre ella al acusarla de delitos sexuales, no le permita ver ni hablar con los niños, ante lo cual el Tribunal a cargo de la jueza María Luisa Isea Peley hace absoluto silencio permitiendo la violencia institucional sobre Vanessa Vivas y colateralmente contra el derecho de los niños.

Leyla Vanessa Vivas Villamizar exesposa 

del exembajador de Venezuela en Guinea Ecuatorial

Sin derechos

En Venezuela hay numerosos casos de madres detenidas y judicializadas, acusadas por sus exparejas o por funcionarios que usan el delito sexual como argumento solo para quitarles a sus niños.

El caso de Yrasema Malavé es dramático, porque un año antes el Consejo de Protección municipal le quitó a su hija; la mujer desesperada pidió en videos dirigidos al Fiscal General Tarek William Saab que se hiciera justicia. Una fiscal del estado Carabobo le advirtió que dejara de denunciar a los funcionarios de La Isabelica en Valencia, porque de lo contrario la encarcelaría y eso hizo el 10 de mayo 2023 cuando ella concedía una entrevista. Al final, sola, presa y sin recursos económicos para defenderse, como ha sucedido con otras mujeres, acató la sugerencia de los abogados de que asumiera los hechos porque tenía la amenaza de pasar 23 años en prisión. (http://www.sebastianasinsecretos.com/2023/05/yrasema-malave-fue-detenida-cuando.html).

Otro testimonio brutal de violencia institucional contra la mujer lo relató Carmen Esperanza Iribarren Peraza, quien se cansó de reclamar que le devolvieran a sus nietos, hasta que la detuvieran, la sacaron del apartamento donde vivía y ella no pudo ante la violencia institucional. (http://www.sebastianasinsecretos.com/2023/05/una-abuela-venezolana-denuncio-que-una.html).

Muchos familiares de mujeres víctimas mortales por violencia deben recurrir a la protesta pública, para tratar de que se haga justicia. Algunas de esas voces se siguen oyendo durante años en el país. Hay hechos que han conmocionado a la opinión pública, por los involucrados, como el asesinato de la jovencita Ángela Nohely Aguirre Yaguare. También en la Fuerza Armada con el caso de la teniente Elinés María Olivero Turmero, cuya familia aseguró que el cuerpo de la joven tenía marcas de golpes que no se correspondían con un suicidio; el Ministerio Público accedió a una segunda autopsia. Antes de que esta concluyera, Últimas Noticias un medio de propaganda oficialista, aseguraba que la chica se había suicidado, lo que fue publicado por numerosos medios, aunque UN eliminó el artículo unas horas después. (http://www.sebastianasinsecretos.com/2023/10/el-desprecio-de-la-fuerza-armada-ante.html).

En defensa de la mujer

La muerte de Ángela Aguirre pasó de accidente a asesinato

A través de un comunicado, ocho de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) defensoras de derechos humanos que han demostrado interés en la defensa de las mujeres, de los derechos humanos y ciudadanos, se pronuncian, desde el estado Lara, “ante la escalada de hechos de violencia de género (femicidios, agresiones físicas y sexuales), cometidas contra la población femenina”.

Ellas son por la Red de Derechos Humanos de Lara, el sociólogo Nelson Freitez; Cátedra Libre de Derechos Humanos Ucla Barquisimeto; sacerdote Raúl Herrera de la Vicaría de Derechos Humanos Lara; SOS Pacientes Renales; Marisol Bustamante de Transparencia Ciudadana; Vicsalys Lucena de la Fundación Iribarren Lucha; Edgar Silva del Comité de Pensionados y Jubilados; Luzmila Leal del Frente Nacional de Mujeres de Lara; y Natalia Reverón de Fenasopadres. Destacan que, de acuerdo con el Observatorio Digital de Femicidios del Centro de Justicia y Paz (Cepaz), del 01 de enero al 31 de julio 2023, se han consumado 160 femicidios y 93 femicidios en grado de frustración.

Afirma el comunicado que “en promedio hubo una acción feminicida cada 19 horas. En total, 55 niños y niñas quedaron huérfanos. En 10 de los casos los niños presenciaron la muerte violenta de su madre. Se profundiza todas las formas de violencia de género en Venezuela al situarse la impunidad en un 90% según señalan las investigaciones realizadas por Organizaciones como Provea, Cepaz, Fundaredes, Utopix y Acceso a la Justicia y confirmadas recientemente por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas”.

Es por ello, que hacen un llamado de alerta “a todos los sectores de la sociedad venezolana sobre acciones a seguir para exigir garantía sobre los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia y al deber que tienen las instancias judiciales para dar estricto cumplimiento a las normas jurídicas establecidas y a los convenios internacionales suscritos por Venezuela para tales fines”.

“Aquí debemos recordar el caso de Linda Loaiza, el cual ha marcado un antes y un después en la historia de la violencia contra la mujer y las actuaciones pasivas del Estado, para dar protección a un sector que hoy representa la mitad de la población. En 2001, increíblemente el país fue testigo de las trabas por las que tuvo que pasar Loaiza para intentar acceder a un sistema de justicia que fue evasivo en todo momento ante las evidencias presentadas y que terminan en 2018 con una condena por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”.

Incumple el Estado

Dicen las citadas ocho ONGs que “los casos de agresión sexual contra niñas y adolescentes pueden tardar hasta tres años en un tribunal, aunado a que la reducción de pena para estos agresores representa la revictimización no sólo de la víctima sino del grupo familiar”.

“Ante cada hecho de agresión contra la población femenina y ante el deterioro del sistema de justicia, expresamos ante el país y ante la comunidad internacional el incumplimiento del Estado venezolano en el compromiso de reducir los índices de violencia contra la población femenina y al mismo tiempo la no implementación de programas educativos que promuevan la equidad de género y el respeto por la diversidad social en los distintos sectores de la población”.

“¿Hacia dónde va un país cuyos índices de impunidad en los casos de violencia de género se ubican en un 90%? ¿Tiene el Estado algún propósito en mantenerse inmutable ante estadísticas tan graves? Es claro, que el Estado tiene responsabilidad directa en la condición de inseguridad que hoy vive la población femenina en Venezuela, dónde los agresores sienten, en los débiles mecanismos de justicia, el mayor estímulo para incurrir en cualquier tipo de delito estipulado en la legislación como violencia de género”.

“En nombre de las mujeres agredidas y asesinadas, en nombre de sus familias, de sus hijos y de sus padres, exigimos justicia y acciones contundentes para frenar los elevados y alarmantes índices de femicidios en el país. Así mismo, solicitamos al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, al Comité para la Discriminación Contra la Mujer (Cedaw) y a la Corte Interamericana de DDHH exigir al Estado Venezolano el cumplimiento de los tratados y convenios suscritos para la reducción y erradicación de cualquier forma de violencia contra la mujer”, finalizan diciendo las ocho ONGs.

Se registra un 90% de impunidad en los casos de violencia contra la mujer en Venezuela - Infobae