Tras la muerte de un pemón involucrado en el asalto al 513 Batallón de Infantería Selva “GD Mariano Montilla”, monseñor Felipe González González afirmó que los pueblos originarios tenían que ser los chivos expiatorios. “Se aprovecharon de ellos y les cargaron toda la culpa”, sostuvo
Sebastiana Barráez/ miércoles 6 de enero 2021
@SebastianaB
Tomado de Infobae
“Estoy consciente que estos indígenas tuvieron su culpa. Pero estoy
seguro de que no eran “traidores a la Patria”, ni “derrocadores de ningún
gobierno”. Está muy lejos Luepa de Caracas, el centro del poder. Sencillamente
cayeron en la trampa del oro fácil. Se aprovecharon de ellos y les cargaron
toda la culpa”, lo dice Monseñor Felipe González González, Vicario Apostólico
del Caroní en el estado Bolívar.
El Obispo se refiere a los trece indígenas que participaron, el 23 de
diciembre 2019, en la Operación Aurora, como se llamó el asalto al 513 Batallón
de Infantería Selva “GD Mariano Montilla”, ubicado en el sector Luepa,
municipio Gran Sabana del estado Bolívar. Unos se entregaron y otros fueron detenidos
por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), trasladados a
Caracas y después enviados a la cárcel El Rodeo II; el 3 de enero 2021 murió
uno de ellos, Salvador Fernando Franco Pérez, de 44 años.
Relata monseñor González que “finalizando el año 2019, por estos días de
Navidad, tuvo lugar el hecho. A un grupo de indígenas pemones, en medio de la
celebración del fin de año, “alguien” les ofreció 15 “gramas” de oro por un
trabajo. Eran reservistas que habían hecho su servicio militar en el Fuerte de
Luepa y conocían perfectamente el lugar y las instalaciones”.
Revela que los indígenas “no sabían qué tenían que hacer ni dónde. Los
embarcaron en un camión y en el trayecto a Luepa (a unos 40 Km. de distancia)
les hacen ponerse ropa militar camuflajeada. Pensaban que, por ser días de
Navidad y haber soldados de permiso, los llamaban para suplirlos”.
“Al llegar al Fuerte, sin ninguna oposición e impedimento les conducen
directamente al lugar donde están las armas. Sacan una cantidad (cuántas, de
qué clase). En aquel momento dieron un número exacto considerable. Y se
marcharon con el armamento confiscado en el camión. Luego vino la alarma, la
persecución y la recuperación de alguna de las armas. Y por supuesto, a los
indígenas, medio mareados todavía por las libaciones de fin de año, los
pusieron presos por ‘traidores a la Patria’ e intento de ‘derrocar el gobierno
constitucional’”, dice el clérigo.
“Esta es mi versión de los hechos. No soy investigador ni juez del caso.
Es sencillamente la apreciación y comentarios de las personas cercanas a los
hechos. Todo ello exige una verdadera investigación y una dilucidación de lo
que allí pasó.
Ha transcurrido un año y no ha habido juicio sobre la realidad. Estos
“indios” tenían que ser los chivos expiatorios que pagaran las culpas de los
verdadero “chivos grandes” tanto civiles como militares involucrados, desde la
oscuridad, en estos hechos”.
Monseñor destaca que se ha hecho muchas preguntas para las que no
encuentra respuesta: “¿Quién contrató, con el señuelo de las 15 “gramas”, a
estos alegres celebradores del fin de año? ¿De quién era el camión que los
llevo a Luepa y cargó el armamento secuestrado? ¿Dónde estaban los vigilantes
del Fuerte que no prendieron las alarmas, al llegar estos invasores desarmados?
¿Quién tenía la llave del lugar del arsenal para abrirlo sin hacer ruido? ¿Qué
tan profundo era el sueño del gran número de soldados que vivían en el Fuerte y
nadie se despertó ni oyó nada durante el trasiego del armamento al camión?”, se
pregunta el prelado.
¿Y las autoridades?
Monseñor Felipe González nació en Madrid,
España hace 77 años y desde muy joven ha pertenecido a la Orden de los Frailes
Menores Capuchinos: en 1985 lo designan Obispo de Tucupita, estado Delta
Amacuro, hasta hace casi siete años que es Obispo del Vicariato de Caroní,
estado Bolívar, donde ha tenido contacto estrecho con los indígenas de la zona.
El 22 de febrero 2019 acompañó a los pemones en el reclamo que hicieron por la
masacre de indígenas por parte de militares venezolanos.
El Obispo se pregunta, en referencia al caso de los pemones de la
Operación Aurora, “¿Los sabuesos investigadores qué han hecho?” a la vez que
agrega “a los gordos no se les puede tocar, pero, sí enterrar a los “marginales
indios”. Después de un año no ha habido tiempo de investigar, juzgar y culpar
los delitos de cada uno. Ya Salvador Franco no necesita juicio. El Señor juez justo ya le habrá juzgado y estoy
seguro de que, como al buen ladrón, le habrá ofrecido su compañía en el Paraíso”.
Como una dura crítica pregunta “¿Dónde están las autoridades indígenas
de la zona? ¿Capitanes locales y generales del sector? Los dejaron a merced de
las fieras gubernamentales. Tenían que guardarse las espaldas para que no se
les opusiera el injusto gobierno y los declarara ‘capitanes rebeldes’ de ‘comunidades
rebeldes’”.
No hay respuesta válida a sus preguntas que hace a las autoridades
indígenas: “¿Qué han hecho durante este año para que se juzgara a estos
hermanos indígenas con dignidad y justicia? ¿Qué han hecho para atender las
necesidades básicas de los presos en los distintos lugares de reclusión? ¿Qué
van a hacer ahora con el cuerpo del difunto? ¿Permitirán que lo entierren en
una fosa común como un perro callejero o van a ayudar para traerlo y enterrarlo
dignamente en su comunidad?”
Monseñor destaca que “según me dicen, en San Francisco Kumarakapay ya no hay familiares de los
presos porque los han perseguido y han tenido que huir. Si esto es verdad, la
situación es política y más grave”.
“Hace días Salvador estaba enfermo (¿por malos tratos en la prisión?).
Tenía una orden judicial para trasladarlo a una revisión médica. ¿Por qué no se
hizo este traslado? ¿Quién lo impidió? ¿La Ministra o algún gerifalte de más
abajo? Señora Ministra cuide a “sus”
presos. Esa es su obligación constitucional y además el día que tenga que
sacarlos a la calle para defender al gobierno revolucionario no va a contar más
que con enfermos y escuálidos”, finaliza diciendo Monseñor Felipe González.
A pesar de los gritos de auxilio para que se cumpliera la orden del juez
Macsimino Márquez García, desde el 27 de noviembre, para su traslado a un
centro hospitalario, el domingo 3 de enero 2021 murió el indígena Salvador Fernando
Franco Pérez,
después de un año preso por la Operación Aurora. La ministra de Asuntos
Penitenciarios Mirelys Zulay Contreras no dio la autorización para que el pemón
con tuberculosis y desnutrido fuera llevado al médico.
El 27 de diciembre la
comunidad indígena Pemón de Kumarakapay hizo público un comunicado en el cual solicitaban la
atención de la ONU, la OEA; de la Alta Comisionada, Michelle Bachelet; del
relator de Pueblos Indígenas de la ONU, Francisco Cali Tzay; de la relatora de
pueblos indígenas de la Organización de Estados Americanos, Antonia Urrejola
Noguera, entre otros.
Solicitaron a Nicolás Maduro “que tenga un gesto de
humanidad para con nuestro familiar Salvador Fernando Franco Pérez y de ser
posible ordene su liberación, ya que tememos por su vida y en caso de ocurrir
lo peor, sería el único responsable de ese hecho”.
Gonzalo
Himiob, abogado y defensor de derechos humanos, reveló que “según Certificado
de Defunción emitido después de la autopsia, Salvador Franco murió a causa de
Edema Cerebral, Shock séptico y otras reacciones producto de la Tuberculosis y
desnutrición que padecía desde hace meses, cuadro que empeoró fatalmente por
falta de atención médica”.
