El extraño caso de los comisarios de la Policía Técnica en Amazonas que llevaban armas ocultas en un autobús

 

Un defensor de derechos humanos le dijo a Infobae que "el comisario general Alexander Gil está involucrado en hechos graves de torturas y asesinatos, pero nunca ha sido procesado". La sospecha de una protección de alto nivel en la institución policial

Sebastiana Barráez/ martes 21 de febrero 2023

@SebastianaB

Tomado de Infobae 

El de lentes y camiseta oscura, al fondo a la derecha, es el comisario Gil

Armas, funcionarios policiales involucrados y hermético silencio de los organismos no parece una simple coincidencia. Tres policías del CICPC llevaban oculto, en un transporte público, armas y chalecos antibalas. Son detenidos el comisario general Alexander Gil Vásquez, jefe de la subdelegación del Cicpc del municipio Atures, estado Amazonas; la comisaria Judith Beatriz Barrios de Sánchez, delegada de Inspectoría en el mismo organismo de ese estado fronterizo; y el funcionario Deivis Eulices Mirabal Corniel, quien presenta prontuario de varios ilícitos.

Un defensor de derechos humanos le dijo a Infobae que “el comisario general Alexander Gil está involucrado en hechos graves de torturas y asesinatos, pero nunca ha sido procesado”, lo que indica que es un protegido de alto nivel en la institución policial.

El 16 de febrero 2023 en la madrugada varios usuarios de la carretera de los llanos, en el estado Guárico, se encontraron con la interrupción del tráfico por una eventualidad con un autobús Sitssa de la ruta Amazonas. En esa unidad habían detectado a tres funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) que trasladaban armas y chalecos sin que mediara autorización oficial para ello.

Eso ocurrió en una alcabala de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB); los funcionarios militares llamaron a sus superiores, quienes a su vez se comunicaron con los jefes de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI), cuyo comandante se puso en contacto con la jefa estadal del CICPC. Ninguno de los jefes policiales o militares tenía conocimiento de ese transporte de armas, deduciendo que es tráfico ilegal, por lo que detienen a los tres Cicpc.

Parte de las armas que los CICPC llevaban ocultas en el autobús

Pasajeros de la unidad destacaron que se vieron obligados a permanecer cuatro horas estacionados en el lugar mientras se desarrolló el procedimiento. “El conductor desconocía que en ese equipaje iban armas. Los funcionarios fueron lo que informaron del contenido”.

Armas para qué

Amazonas es un estado fronterizo con presencia activa y poder de grupos irregulares, principalmente de la guerrilla colombiana, que incluso han asesinado militares e indígenas para mantener el control del territorio. Tanto el Ejército Nacional de Liberación Nacional (ELN) como las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y otro apéndice de esa organización como es la Segunda Marquetalia ejerce funciones de extorsión a la población, contrabando de combustible, explotación del oro y el contrabando de armas.

El poder económico de esas organizaciones es muy grande y por eso los asesinatos a tiros de indígenas como Virgilio Trujillo Arana, del pueblo indígena Hüotüja, o la desaparición del líder indígena Wilberto Ángel Camico Menare, no han sido resueltos. Organizaciones como Kapé Kapé, Fundaredes o SOS Orinoco, han denunciado gran cantidad de hechos irregulares de los grupos armados contra indígenas y población fronteriza, pero las autoridades poco responden a esas peticiones de justicia.

Los comisarios Alexander Gil Vásquez y Judith Beatriz Barrios de Sánchez que llevaban las armas en el autobús

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece, en el artículo 324, que “sólo el Estado puede poseer y usar armas de guerra. Todas las que existan, se fabriquen o se introduzcan en el país pasarán a ser propiedad de la República sin indemnización ni proceso. La Fuerza Armada Nacional será la institución competente para reglamentar y controlar, de acuerdo con la ley respectiva, la fabricación, importación, exportación, almacenamiento, tránsito, registro, control, inspección, comercio, posesión y uso de otras armas, municiones y explosivos”.

Si bien es cierto que los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Cinetíficas Penales y Criminalísticas están habilitados para portar armas de reglamento, no lo están para llevar un lote de armas, además de manera tan irregular, en una unidad de transporte público.

El Cicpc es un organismo dependiente del Ministerio de Relaciones Interiores Justicia y Paz, que preside el almirante en Jefe Remigio Ceballos Ichaso; el director nacional del CICPC es el comisario Douglas Arnoldo Rico González.

En el listín o registro de pasajeros se observa que la unidad de transporte de Sitssa, salió desde Puerto Ayacucho con destino a Caracas el día 15 de febrero 2023 a la una de la tarde. Entre los 18 pasajeros se lee, en el Nr. 3 a Alexander Gil, en el 4 a Judith Barrios y en el 5 a Deivis Mirabal.

En el listín se observan los nombres de los tres funcionarios del CICPC

Durante las cuatro horas, los pasajeros pasaron de observar las armas ocultas, la detención de los funcionarios del CICPC y las conversaciones telefónicas con superiores a la liberación del autobús para que siguiera camino y la libertad de los funcionarios del Cicpc.

Días después de lo sucedido en Guárico con los comisarios y las armas en el autobús, llegó a Puerto Ayacucho, capital del estado Amazonas, una comisión enviada desde Caracas para abrir una investigación a los dos comisarios, pero la información de lo ocurrido se ha mantenido de manera muy hermética.

El extraño caso de los comisarios de la Policía Técnica en Amazonas que llevaban armas ocultas en un autobús - Infobae

La guerrilla FBL se proclamaba profundamente chavista y fue atacada por el Ejército venezolano por ser enemigas del ELN

   

El chavismo decidió arremeter contra dicha organización por la relación que mantienen con las disidencias de las FARC, pero esencialmente por su rivalidad con el grupo colombiano cercano al régimen de Maduro

Sebastiana Barráez/ domingo 19 de febrero 2023

@SebastianaB

Tomado de Infobae 

Militares venezolanos en la frontera en la limpieza del territorio de grupos armados irregulares

La DGCIM, en el marco de la Operación Vuelvan Caras 2022, detuvo a varias personas y allanó propiedades de William Alexander Rodríguez alias Román Pedraza, comandante de las FBL/FPLN; se llevaron vehículos, desaparecieron dinero y artículos valiosos, y han ocultado que esa organización de guerrilla venezolana, ha respaldado a la revolución bolivariana, tiene una fachada civil llamada la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora (CRBZ), tiene alcaldes y diputados, controla extensiones de territorio y posee armas, ha secuestrado, extorsionado y asesinado. La razón por la que ahora decidieron arremeter contra las FBL/FPLN es por la relación de esa organización con las disidencias de las FARC, pero esencialmente porque dese hace décadas son enemigos del ELN, la guerrilla más cercana al régimen de Nicolás Maduro.

Los funcionarios de DGCIM actuaron por orden del mayor Néstor Neptalí Blanco Hurtado, Jefe de la Zona de Contrainteligencia Militar Nr.32 de Barinas. Cuando el Comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada (Ceofanb), general Domingo Hernández Lárez se refirió al allanamiento de la principal finca del jefe local de Los Boliches, como los habitantes llaman a los miembros de las Fuerzas Bolivarianas de Liberación Nacional ahora llamadas Fuerzas Patrióticas de Liberación Nacional (FBL/FPLN), se refirió a la lucha de la Fuerza Armada contra los TANCOL (terroristas armados narcotraficantes colombianos), cuando en realidad son venezolanos que tienen años funcionando en los estados Táchira, Apure, Guárico y Barinas principalmente, incluso con células en Lara, Portuguesa, La Guaira, entre otros.

Blanco Hurtado señalado por varias víctimas como torturador es el jefe de la Base Nr 32 de DGCIM en Barinas

Menos mencionó que dicha organización tiene como fachada civil la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora (CRBZ), que cuenta con alcaldes y diputados nacionales y regionales, que han desarrollado una importante actividad en comunas. Las FBL/FPLN han mantenido estrecho contacto con altos funcionarios de la revolución, muchos de ellos han estado en los territorios controlados por los boliches, saben que poseen armas y que en la nómina de la Gobernación de Apure, cuando el primer mandatario era el coronel Ramón Alonso Carrizalez Rengifo, aparecía un número importante de boliches, quienes además se han disputado a fuego y sangre con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) el territorio, especialmente el del municipio Páez de Apure.

A todas luces resulta que los únicos detenidos fueron encargados de las fincas, donde encontraron armas, brazaletes y otros implementos militares relacionados con las FBL/FPLN; y el único dueño de finca detenido es Argimiro Patiño Nieves en cuya propiedad solo encontraron un panfleto y una hoja con escrito alusivo a la organización. Pero no ha sido detenido ninguno de los comandantes de esa organización de la guerrilla venezolana. Uno de los detenidos es un joven de 15 años de edad al que llamaron con alias El Menor, quien tenía cuatro meses trabajando en dicha finca y a quien le habrían encontrado municiones 9MM en el bolsillo, pero la única arma hallada fue un fusil “que al parecer es de juguete”.

Es importante resaltar que posteriormente, el 18 de junio fueron detenidos varios miembros de la CRBZ, entre ellos Grismaldo Díaz, Yorliz Fernández, Braulio Márquez, Ariana Alcalá, Antonio Márquez, Jesús Pérez y Luis Rodríguez, todos ellos habían denunciado semanas antes la presencia de los “grupos Tancol” en clara alusión al ELN y los asaltos o robos a las comunas.

El alcalde de Páez, José María Chema Romero, relacionado con las FBL-FPLN y la CRBZ

Luis Rodríguez detenido e imputado como parte de las FBL-FPLN

Si algo demuestra que la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y el Ceofanb saben de la relación directa entre las FBL/FPLN y la Corriente Bolívar y Zamora es que en las dos fincas donde encontraron pruebas incriminatorias también había evidencias de la CRBZ.

La finca Los Guamos que le allanaron a alias Román tiene 20 hectáreas y está ubicada en el sector Guatarito de Santa Bárbara de Barinas: tenía una casa de color verde manzana de 12x20 metros cuadrados de construcción en bloque y concreto, con techo de acerolit, dos dormitorios, una sala, la cocina y el baño. Los militares tumbaron a mandarriazos la vivienda, estallaron explosivos en la finca; las FBL/FPLN no se pronunció, Román huyó, mientras unos comuneros de la CRBZ eran detenidos en Apure.

A Román no

La investigación de la DGCIM asegura que el líder de las Fuerzas Bolivarianas de Liberación que cambiaron el nombre a Fuerzas Patrióticas de Liberación Nacional (FBL/FPLN) es alias Román y el Jefe de Operaciones es alias Yordano, pero ninguno de ellos dos fue detenido.

Señalan a Román de movilizar drogas y armas, extorsión y cobro de vacunas en el territorio venezolano, en colaboración con las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Entre la lista de quienes pertenecen a Los Boliches, como el común de la gente llama a los integrantes de las FBL/FPLN, la DGCIM menciona por los alias: Larry, Elías, Yordano, Rony, Freddy, Alberto, Marcos, Aurelio, Junior, Marco, El Maracucho, Tulio; además Jonás González alias El Mono, Alfonso Gutiérrez alias Camasa, así como Lenin alias Tuerto y Avispa.

De Erwin AI, un adolescente de 15 años nacido en Coro, alias El Menor dice la DGCIM que trabaja a la orden de Román y estaba encargado de su finca Los Guamos, sector Guaratarito a orillas del río Caparo, municipio Ezequiel Zamora, estado Barinas, que fue allanada, el 5 de junio 2022, por orden del Tribunal Especial Tercero de Primera Instancia de Control en casos relacionados al Terrorismo, Corrupción y Delincuencia Organizada.

Así el Ejército venezolano destruyó lo que había en la finca de alias Román

En el allanamiento, según un informe de la DGCIM se encontraron a alias El Menor, quien se presentó como encargado temporal de Los Guamos; los funcionarios le habrían encontrado en el bolsillo del pantalón varios cartuchos de calibre 9MM.

Los funcionarios dicen que la finca era utilizada como Centro de Operaciones de las organizaciones paramilitares que operan en la zona.

Muchas personas de la zona le dijeron a Infobae que era del conocimiento público en la zona que esa finca era propiedad de un jefe de las FBL/FPLN. “En esa finca recibían con mucha frecuencia a funcionarios, incluyendo militares, y dirigentes políticos. Eso no era ningún secreto”, dice Carmen Rosa, una vendedora de postres de Santa Bárbara de Barinas. Es importante destacar que el jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada (Ceofanb), general Domingo Hernández Lárez, quien en su momento anunció el operativo, pero olvidó mencionar que no eran TANCOL sino FBL/FPLN.

Entre lo hallado en la finca de alias Román, se incluye un carné de la patria a nombre de Yerinson Alexánder Palacios Otalora, así como unos binoculares, 10 bragas guerreras de uniformes militares, con parches de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), 10 pantalones de uniformes militares, siete gorros militares para uso selvático, una gorra de color verde con el escudo de Venezuela, una boina de color rojo, un uniforme camuflado cuya guerrera, que a la izquierda de la parte superior del brazo tiene un parche con la bandera de Venezuela, 12 forros de chalecos tácticos de color verde, que en la parte posterior tiene parches con las siglas “Bolivariano”.

También encontraron un manual sobre instrucción y fundamentos militares, tres placas de vehículos, cuatro cajas de celulares que estaban vacías, entre ellas una de un teléfono celular satelital. Hallaron cinco pistoleras, 66 cartuchos de calibre 5.56MM, una bandera de color amarillo y rojo con las siglas CRBZ (Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora) y cinco brazaletes de los mismos colores y siglas y “chavismo es comuna o nada”. Dos memorias portátiles, dos tarjetas SIM de la empresa Movilnet.

Cerca de la casa encontraron dos motos, un camión Ford Super Duty sin placas, un carro marca Toyota, fotocopias de certificados de vehículos Toyota a nombre de Francisco Joe Mora Sosa, Juan José Abreu Farías, Luis Ignacio Jesús González Díaz.

La guerra entre las FBL y el ELN por el control del territorio tiene décadas

Las propiedades

Según los funcionarios policiales en el allanamiento a la finca se enteraron de que alguien llamado Luis Rodríguez alias Luis Piropiro”, que sería el ayudante y testaferro de alias Román y que tiene una finca en el sector Guaratarito, a orillas del río Caparo, municipio Ezequiel Zamora de Barinas, que aseguran funciona como centro logístico y de abastecimiento de los campamentos de las FPL “Los Boliches” y sus aliados disidencias de las FARC. Piropiro también tiene una ferretería en Santa Bárbara de Barinas. Según finqueros de la zona alias Román no les permitía que vendieran sus fincas o parcelas, les cobraba extorsión, les tenía prohibido pescar y si descubría a alguno haciéndolo lo obligaba a comerse el pescado crudo.

El 9 de junio 2022 una comisión, de la Base de Contrainteligencia Nr 3 de Barinas que pertenece a la Región Nr 31 Los Llanos, que encabezó el inspector Raynier Martínez con los agentes Reymi Moreno y Yoender Volcanes allanó la finca de alias Luis Piropiro, donde detienen a Alexander Manuel Jaimes Neira, quien estaba como encargado temporal de la finca. Los funcionarios aseguran que debajo de la cama donde dormía tenía un brazalete con los colores de la bandera, ocho estrellas blancas y con las siglas CRBZ y el lema “chavismo es comuna o nada”, una radio portátil y cajas con 55 municiones calibre 5.56 sin percutir.

La DGCIM dice que el comandante de las FBL/FPLN alias Román tiene varias propiedades: dos casas S/N en Santa Bárbara de Barinas, una ubicada en el sector El Pastorcito, calle 60, al final de la calle El Araguaney y otra en el sector La Victoria, carrera 13 con calle 15. Además, dos fincas: una en la vía Paiba La Lucha del municipio Ezequiel Zamora llamada Chimiro y otra perteneciente a José Baltazar Rangel Molina, a quien señalan de ser el principal logístico de las FBL/FPLN, quien a su vez es el dueño de la finca Baltazar, ubicada en el sector Barrancones del mismo municipio.

Los 7 de la CRBZ detenidos por DGCIM. Braulio Márquez, Jesús Pérez, Luis Rodríguez, Antonio Márquez, Yorliz Fernández y Arianna Alcalá

Esos sitios serían centros de operaciones de las Fuerzas Patrióticas de Liberación Nacional (FPLN), por lo que el 14 de junio 2022, los funcionarios de DGCIM Rayner Martínez, Carlos Henríquez, Reymi Moreno y Yoender Volcanes allanaron la finca Chimiro, causa suspicacia que es la única de las fincas llanadas donde estaba el dueño, Argimiro Patiño Nieves. Los funcionarios los señalaron de ser el encargado de resolver conflictos de invasiones de tierras o pérdida y recuperación de ganado por órdenes de alias Román.

En esa finca además de documentos de identidad, licencia de conducir y certificado médico vial, varios vehículos, encontraron un panfleto, de los que las FBL/FPLN distribuye por todas sus zonas de influencia, y una hoja blanca en la que se lee “El comandante de las FBL, Gerónimo Paz, es un hombre de ideas y combate que anda de caserío en caserío, ayudando a las comunidades a organizarse. Lina Ron”. En el panfleto dice que “las FBL-EL es una fuerza política y social que lucha por defender la revolución y por construir dentro de ella el poder popular bolivariano”.

Entre las cosas que encontraron los policías está un libro, de 12 páginas, en cuya portada está la foto de Hugo Chávez y se lee “Brigadas de Defensa Popular Hugo Chávez, CRBZ”.

Entre otros detenidos en las operaciones desplegadas entre Apure, Barinas y Táchira, con supuesta relación con las FBL/FPLN está Javier Alfonso Gutiérrez Benítez alias Camaza, a quien le ubicaron una vivienda en la carrera 12 don calle 18 del sector Los Mangos en Santa Bárbara de Barinas.

La guerrilla FBL se proclamaba profundamente chavista y fue atacada por el Ejército venezolano por ser enemigas del ELN - Infobae

Los abusos contra los derechos de presos y familiares se intensificaron en la cárcel de Ramo Verde tras la visita a Venezuela del Alto Comisionado de DDHH de la ONU

Arbitrariedades, violaciones al debido proceso y presos sin juicio aumentaron tras el recorrido por el país del austriaco Volker Türk, algo que los parientes de los detenidos califican de "insólito"

Sebastiana Barráez/ jueves 16 de febrero 2023

@SebastianaB

Tomado de Infobae 

La cárcel militar de Ramo Verde tiene cientos de presos políticos y comunes

Abusos, arbitrariedades, violaciones al debido proceso, presos sin juicio, así puede resumirse lo que está sucediendo en el Centro Nacional de Procesados Militares (Cenapromil) de Ramo Verde, la cárcel militar que está a unos kilómetros de Caracas y que alberga presos políticos y delincuentes comunes. Familiares de los presos destacan como insólito que “las irregularidades se han ido agudizando y aumentando” después de la visita a Venezuela del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), el austriaco Volker Türk.

No solo son los detenidos en Ramo Verde, quienes son vejados y violentados en sus derechos, también lo son sus familiares, la mayoría mujeres, que acuden los fines de semana, para visitar a sus hijos, maridos, hermanos, entre otros.

Las mujeres son vejadas brutalmente; “nos obligan a quitarnos la ropa interior y a hacer movimientos para ver si traemos algo en nuestras partes íntimas: es francamente repudiable y violatorio de la dignidad humana. El colmo es que ahora comenzaron a tomar fotografías a las mujeres. Sentí mucho miedo, porque vi cómo a una señora la paraban contra una reja para tomarle fotografías como si fuera una criminal. Ya es una tragedia tener a un familiar preso y encima de ello tener que sentirse aterrado cada vez que vamos a llevarle algo al familiar preso”, le dice una dama a Infobae.

Cada tres meses el control de la administración de Ramo Verde cambia de componente, de manera que en cada cambio se imponen nuevas restricciones, violaciones y malos tratos a los familiares, se implementan nuevas normas de acceso y por ello las reglas cambian continuamente.

Algunos militares que están allí detenidos han asumido que son ellos quienes determinan quiénes son o no “presos políticos” y agreden verbalmente a oficiales detenidos que no están ahí por delincuencia común sino por expedientes montados por los organismos de inteligencia para destacar ante el mundo que el gobierno de Nicolás Maduro está siendo agredido, con participación de militares venezolanos.

El MG Rojas Borges (izq) cuando entregó la presidencia de la Corte Marcial a Vásquez Quintero

Las visitas

A las personas que visitan a sus seres queridos en Ramo Verde los obligan a vestir uniformados: pantalón tipo vaquero de tela de mezclilla llamado popularmente “blue jeans” y camisa o franela blanca. “Si no vamos vestidos así no se nos permite entrar”, dice una indignada mujer, quien destaca que eso solo sucede ahí, porque uniformarse es un requerimiento impuesto a los presos y no debería aplicarse a los visitantes.

A eso se le agrega que el personal militar encargado de revisar los insumos alimenticios y de otra índole, llevados por los familiares para los presos, no están preparados o adiestrados para esas revisiones. “Desbaratan los alimentos sin ningún tipo de consideración, no usan guantes para manipular lo que revisan, meten la nariz en los envases de comida, jugos o agua, contaminando de esta forma el contenido de los envases”.

Volker Türk.en su visita a Venezuela se reunió con Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores (Reuters)

No se sabe por qué, pero la comida y los enseres pasan por dos puntos de revisión, separados por unos 15 metros, uno del otro, como si respondieran a poderes de control distintos dentro de la dirección de la cárcel. Los dos grupos de funcionarios revuelven los alimentos, derraman los líquidos y devuelven todo contaminado.

Desde hace dos semanas han dado órdenes para que los vehículos, donde se traslada la visita, se mantengan en la parte afuera del penal, lo que dificulta mucho el acceso al mismo, por la empinada subida que deben hacer caminando hasta llegar a la puerta de acceso del edificio. “La gente de mayor edad, los que tiene problemas de salud y ciertas patologías, se ven impedidos a un buen desplazamiento de sus miembros inferiores; es doloroso verlos pasar por grandes dificultades para subir por ese paso tan empinado”.

Jueces y fiscales militares responsables de enviar a la cárcel a militares por razones políticas

“No existe ningún tipo de enfermería, ni siquiera para primeros auxilios. Tampoco hay personal calificado para garantizar una atención médica de emergencia, en caso de requerirlo, lo que pone en peligro la vida de los presos en Ramo Verde, muchos de ellos con problemas de salud porque han sufrido torturas, otros por las consecuencias de no recibir las consultas ni medicamentos apropiados a su situación médica.

Varias mujeres coinciden en señalar que sus familiares presos les han confirmado que “los alimentos son de muy escasa y de mala calidad; muy baja en proteínas y alta en hidratos de carbono. La consecuencia de eso es que los internos sean propensos a sufrir de enfermedades infectó contagiosas con una alta morbilidad, debido a las bajas defensas que van desarrollando, con un sistema inmunológico disminuido”.

Los familiares se ven obligados a suplir los alimentos y los medicamentos necesarios, para que los detenidos mantengan un estado de salud aceptable. Esa situación afecta a los familiares que a duras penas sobreviven debido a la inflación desmedida que existe en el país y a los sueldos de hambre que no les permiten atender las necesidades de los privados de libertad, que según la ley corresponde al Estado venezolano.

Muchos presos políticos militares están en Ramo Verde, otros en la DGCIM, SEBIN y otras cárceles del país

La justicia

Hace 4 años y 9 meses la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), en un año muy crítico para la institucionalidad en Venezuela, por el funcionamiento de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) sin legitimidad ni legalidad de origen, apresó a un grupo de militares en lo que llamó la Operación Armagedón. Esa detención fue arbitraria, según lo determinó el Grupo de Trabajo de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Después de un juicio lleno de vicios la causa volvió a su origen, de manera que los militares de Operación Armagedón están sin juicio y uno de los supuestos delitos, es "falta al decoro militar", el cual ya prescribió, porque su pena máxima es de tres años.

Lo más evidente es la denegación de Justicia y el inaudito retardo procesal, porque los detenidos por esa causa se encuentran en un limbo judicial. Ha sido imposible que la Corte Marcial, presidida por el Mayor General Jesús Emilio Vásquez Quintero, dé información a los familiares sobre ese caso. “Allí no hay ni con quien hablar”, le dice a Infobae la madre de un oficial.

Vásquez era Fiscal General Militar cuando en septiembre 2021, hubo una fuerte sacudida por un sórdido escándalo de corrupción y extorsión, que no solo llevó a la destitución del entonces presidente de la Corte Marcial, Mayor General (Ej) Edgar José Rojas Borges, sino a la remoción y detención del juez militar Alfredo Enrique Solórzano Arias, a quien enviaron preso a la cárcel de Policía Militar en Fuerte Tiuna. (Sebastiana Sin Secretos: Escándalo en la justicia militar de Venezuela: Nicolás Maduro designó a dedo dos cargos clave y arrestaron por extorsión a un magistrado). 

Los abusos en la cárcel de Ramo Verde se intensificaron tras la visita a Venezuela del Alto Comisionado de DDHH de la ONU - Infobae

Familiares de un coronel preso por acusaciones de Maduro y de una joven por relación con las FARC reclaman respeto a sus derechos

  

Son los casos de dos personas, una civil y un militar, en los que se clama por justicia, respeto al debido proceso, asistencia médica y alimenticia

Sebastiana Barráez/ martes 14 de febrero 2023

@SebastianaB

Tomado de Infobae 

Ricardo Gualdrón reclama libertad para su hija José María Gualdrón

Los casos de dos personas, una es civil, el otro es militar, en los que se clama por justicia, respeto al debido proceso, asistencia médica y alimenticia. La impotencia de sus familiares los lleva como único recurso a denunciar a través de los medios de Comunicación. La civil es María José Gualdrón Rivas, presa en la cárcel de Santa Ana, estado Táchira, acusada por relaciones con las disidencias de las FARC; el militar, es el coronel retirado de la Guardia Nacional, José de Jesús Gámez Bustamante, recluido en la cárcel 26 de Julio en San Juan de los Morros, estado Guárico. El padre de la mujer dice que no tiene dinero para pagar al fiscal y que la joven está pasando hambre. El coronel tiene tuberculosis lo que agrava la precaria situación de salud.

Ana Teresa Gámez Bustamante, le dice a Infobae, “soy hermana del Coronel José Gámez Bustamante, quien está aquejado de una enfermedad motivado a las deficientes condiciones higiénicas y sanitarias en las cárceles del país. Las autoridades del Ministerio Penitenciario han tratado de mantener en secreto la enfermedad de mi hermano, pero lo más grave es que no se le ha suministrado el tratamiento médico obligatorio necesario para combatir la enfermedad, retardado con inútiles procedimientos burocráticos el tratamiento”.

Relata que su hermano, el Coronel Gámez, “ha sufrido dos ACV y es paciente cardiopático, por lo que tememos que ocurra un desenlace fatal. Por lo tanto yo, estoy preocupada  temiendo por su salud en ese centro penitenciario. Le piso que a través del medio de comunicación haga conocimiento de esta penosa enfermedad  por la que está pasando mi hermano”.

Pide atención a la opinión pública nacional e internacional, “a las Organizaciones no gubernamentales que velan por los Derechos Humanos y a los diferentes medios de comunicación para que se hagan voz de lo que sucede y evitar que mi hermano fallezca en ese lugar”, dice finalmente, resaltando que el coronel Gámez siempre fue un hombre honesto y trabajador.

El coronel Gámez Bustamante tiene graves problemas de salud a los que se sumó que le dio tuberculosis

Este oficial retirado de la Guardia Nacional fue detenido el 21 de enero 2015, cuando Nicolás Maduro lo señaló a través de los medios de propaganda del Gobierno, de ser quien destruyó con fuego una res de abastos y lo señaló de pertenecer al Movimiento Uno.

Gámez Bustamante y su esposa Carmen Alicia Gutiérrez Acevedo, son detenidos casi de inmediato por funcionarios policiales. Tiempo después su esposa fue liberada, mientras el oficial lleva ocho años preso, en condiciones infrahumanas, sin atención médica y en una cárcel para delitos comunes del estado Guárico, muy lejos de su familia.

Ministerio Público Fiscal General de la República

Las FARC

El 15 de diciembre 2022, María José Gualdrón Rivas fue condenada a cuatro años y seis meses. A ella la detuvieron, en abril 2021, en un proceso muy irregular, porque la torturaron, no le permitieron comunicación con su familia ni defensa en el marco de la justicia. El problema surge por la relación que la joven tendría con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), organización guerrillera que mantuvo estrecha relación con altos funcionarios militares y políticos de la revolución bolivariana.

La situación no causó mayor atención hasta que, luego del Acuerdo de Paz que las FARC firmó con el Gobierno Colombiano, grupos disidentes de esa organización, especial el Décimo Frente y todo el grupo que aglutinó alias Gentil Duarte, se negaron a sumarse al proceso de paz, por lo que siguieron funcionando en territorio colombiano, así como venezolano.

Quizá no se habría desatado la crisis de no ser porque surgió otro grupo de las FARC, con Jesús Santrich e Iván Márquez, entre otros, quienes crearon la Segunda Marquetalia, la cual entró en conflicto con Gentil Duarte por el control del territorio en la frontera venezolana.

Ese conflicto entre los guerrilleros de las FARC puso en la mira a quienes estaban relacionados, de alguna manera, como colaboradores o amigos del Décimo Frente, principalmente por la batalla entre las disidencias de las FARC y el Ejército venezolano entre marzo y junio 2021.

María José Gualdrón, detenida en el Centro Penitenciario de Occidente, cárcel de Santa Ana, Táchira

María José Gualdrón

En mayo 2018, personas de Apure y quienes habían estado intercediendo por María José, le dijeron a Infobae que a ella la detuvo la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), en la alcabala La Pedrera (Táchira), cuando se dirigía hacia Guasdualito (Apure), siendo trasladada de inmediato a la DGCIM Caracas.

Ni su familia ni amigos sabían nada de la joven. Pasaron 10 días cuando un familia la vio en el Teatro de Operaciones de Guasdualito, sede de la 92 Brigada de Caribes, lo que causó alarma porque estaba “muy golpeada”. Desde entonces permanece detenida y fue trasladada a la cárcel de Santa Ana, en le estado Táchira, donde a su familia le es imposible visitarla por lo lejos, las dificultades de transporte y no tener dinero. Los cuatro hijos de María José están en manos de sus familiares, para quienes la situación es crítica porque detuvieron a otros hermanos y primos a quienes llevaron presos para Caracas. 

José Ricardo Gualdrón, padre de María José, vive en el municipio Páez del estado Apure y le dice a Infobae que “estamos sufriendo, aguantando hasta hambre, desnudez”, por lo que se dirige al Fiscal Tarek William Saab, a Nicolás Maduro y a Diosdado Cabello que lo ayuden.

“Mi hija está pasando sufrimientos en esa cárcel de Santa Ana. Quiero que me la saquen de ahí; ella probó su inocencia. Nosotros somos pobres, no tengo dinero para pagar abogado, para pagarle a ese fiscal que está detrás del caso de mi hija; no tengo plata (dinero) para pagarle”.

Pide al Fiscal, Maduro y Diosdado que ordenen la liberación de su hija, destacando que “somos leales al proceso y todo el mundo lo sabe aquí. Estoy muy triste por todo lo que ha pasado con mi hija. Señor presidente Nicolás Maduro nosotros lo elegimos a usted para que gobierne, también para que perdone cuando cometemos errores. Si hay que elegirlo las veces que quiera, nosotros somos leales, yo y mi familia”.

“Quiero pedirle que suelte a mi hija María José, quien es madre de cuatro hijos, y tengo otro hijo allá en Caracas que también está preso. También quiero que libere a esos muchachos de la Corriente (Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora, CRBZ). Vivimos en la frontera y estamos llevando broma por ese caso de las sanciones de EEUU”.

Dijo que “el salario no alcanza para nada” y relata que es muy triste porque son once personas en la familia. Y enfatiza que no ha podido visitar a su hijo preso en Caracas porque no tiene dinero.

Familiares de un coronel preso por acusaciones de Maduro y de una joven por relación con las FARC reclaman respeto a sus derechos - Infobae

La feroz batalla del Partido Comunista de Venezuela por defender sus siglas que el régimen pretende arrebatarles

  

La alta cúpula del chavismo ya está decidida a ir por los comunistas utilizando el Tribunal Supremo, la misma estrategia adoptada en el pasado contra otras formaciones opositoras

Sebastiana Barráez/ domingo 12 de febrero 2023

@SebastianaB

Tomado de Infobae 

El PCV es un partido de cuadros enfrentado ahora al gobierno de Nicolás Maduro

Uno a uno el régimen venezolano le arrebata, de las manos de los líderes políticos, el control de los partidos que han dirigido. Primero fue con los de Oposición, AD, Copei, VP, PJ, otros, luego siguió con partidos de la revolución bolivariana, PPT, UPV, Tupamaro; el único contra quien no ejecutó medidas extremas fue el Partido Comunista de Venezuela (PCV), por la raíz común con los otros partidos comunistas del mundo. Eso cambió. Cuando Diosdado Cabello desata un ataque puntual, como lo hace con el PCV, es porque en la alta cúpula del Gobierno ya está decidido ir por los comunistas aplicando la misma estrategia anterior, usando al Tribunal Supremo para imponer una directiva afecta al gobierno de Nicolás Maduro.

El Comité Regional del PCV en el estado Miranda, denuncia como una “desesperada maniobra de la cúpula del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) para hacer creer que existe una ficticia división en las filas del PCV y así fabricar una justificación para acometer la inconstitucional y antidemocrática intervención judicial del Partido de la clase obrera venezolana”.

Dicen que Carlos Figueroa, residente en Ocumare del Tuy, se declaró recientemente, en un programa de radio, como “coordinador político” del PCV en Miranda. Llama la atención de los comunistas que lo hiciera en la emisora propiedad del exalcalde César Marcano (PSUV).

Consideran que es un acto de provocación “bajo control del PSUV”, advirtiendo que “nadie se adueña del Partido Comunista de Venezuela y estamos dispuestos a dar la lucha en cualquiera de los escenarios que se presenten”, dijeron por el PCV Miranda, los secretarios: Político, Juan Piedra; de Organización, Argimiro Rivero: Obrero y Sindical, Arturo Morgado; Trabajo Comunitario, María Brito; y Agrario, Francisco Estrada.   

En Venezuela, la cada vez más frágil institucionalidad, ha permitido la violación de la Constitución y las leyes, con máscaras de “legalidad”. La dirigencia política tampoco apreció la importancia que para la democracia y la justicia tiene la fortaleza de las instituciones. Ninguno de los partidos de la revolución se pronunció cuando el TSJ allanó a los partidos de oposición, incluso lo vieron con beneplácito. Ni siquiera entre unos partidos de la Oposición hubo solidaridad con los otros que caían. Y así el TSJ fue imponiendo las directivas a cada uno de los partidos. Ya consolidada esa parte de la estrategia, siguieron con los partidos que le habían servido incondicionalmente a la revolución.

En las elecciones para alcaldes, del 10 de diciembre 2017, el chavismo fue dividido; en estados muy importantes como Miranda, tanto el PCV como Patria para Todos (PPT) llevaron candidatos propios; es así como de los 49 candidatos de la revolución en Miranda, 29 fueron del PPT y PCV. Algo similar hizo Tupamaro en los municipios Brión y Zamora.

Para las cuestionadas elecciones presidenciales, del 20 de mayo 2018, convocadas por la ilegal de origen Asamblea Constituyente, los partidos con independencia del Gran Polo Patriótico (GPP), fueron convencidos por Jorge Rodríguez Gómez, actual presidente de la Asamblea Nacional, para que acompañaran la candidatura de Nicolás Maduro, con promesas de que habría cambio en la política económica del país y que la dirigencia de dichos partidos sería considerada para la propuesta de políticas pública. Nada se cumplió.

La frustración de los dirigentes de esos partidos de izquierda los llevó a que para las elecciones de diputados a la Asamblea Nacional, el 6 de diciembre 2020, habían constituido la Alternativa Popular Revolucionaria (APR) que aglutina a los partidos PPT, PCV, Izquierda Unida, Tupamaro, Somos Lina, entre otros. El único al que no le habían arrebatado la tarjeta era el PCV, que logró obtener un diputado, Oscar Ramón Figuera González, un dirigente con varias décadas en el PCV.

La historia de los partidos en Venezuela lleva a la conclusión de que ninguno, a excepto del oficialista PSUV, está a salvo, de que sus directivas sean declaradas ilegales por el Tribunal Supremo de Justicia, aunque eso aun no parecen entenderlo chavistas ni opositores.

 

Contra Figuera

Oscar Figuera del PCV y Diosdado Cabello del PSUV

Diosdado Cabello Rondón es el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), y ha sido el hombre fuerte del control de la maquinaria electoral, pero no logró mantener la unidad del Gran Polo Patriótico, que hoy solo cuenta con el PSUV y con tarjetas de directivas impuestas por el TSJ.

No es casual la campaña de Cabello contra el Partido Comunista, la cual ha arreciado recientemente y que tiene como objetivo central a Oscar Figuera González. “Las cúpulas que dirigen al PCV están alineados con el discurso de los gringos”, asegura en su embestida contra el partido rojo, mencionando de inmediato que “son aquellos que se opusieron al comandante Chávez históricamente, (manifestando) que Chávez era un peligro para los movimientos populares porque podía convertirse en un caudillo; era lo que decían ellos”.

Cabello ironizó por el comunicado del Partido Comunista de Inglaterra solidarizándose con el PCV y que no dijeron nada “del oro que nos robaron”, a la vez que alentó la convocatoria “de las bases del PCV que se reúnen para discutir el futuro de ese partido” en Monagas.

Por otro lado, pero con un mensaje similar,  Griseldys Beatriz Herrera Romero, quien es miembro del Consejo Nacional Electoral (CNE) en comisión de servicio como consultora jurídica de la Gobernación de Monagas y esposa de un dirigente regional del PSUV, dijo que la actual dirigencia del PCV ha secuestrado las siglas del partido, colocándolas “del lado incorrecto de la Historia, al lado de nuestros enemigos históricos, enemigos históricos del pueblo, de la patria”.

Griseldys Beatriz Herrera Romero y Diosdado Cabello coinciden en el discurso

Acusa a Figuera de haber “secuestrado el partido”, a la vez que asegura que “las bases no están de acuerdo con las decisiones y la línea política que actualmente sigue el PCV” y se refiere a las bases de dicho partido aseverando que  “no fueron consultadas y se les ha negado la participación”.

Del Partido Comunista de Venezuela, que siempre ha sido un partido de cuadros y no un partido de masas, expresa que es “internacionalmente conocido como de izquierda, por lo que es una aberración ideológica, política e histórica, es una vergüenza verlo ahora del lado contrario, al lado del imperialismo, del fascismo”, dijo asegurando que “hoy se inicia el rescate del PCV”, finalizó diciendo Herrera Romero.

 

La respuesta

El Comité Regional del PCV de Maturín, Monagas

Si algo caracteriza al Partido Comunista, y los diferencia de muchos otros, es que no parecen dispuestos a entregarse y han desplegado la defensa del status quo de esa organización. Del Comité Regional Jesús Rafael  Zambrano, “dirección política colectiva del PCV en el estado Monagas” no se hizo esperar la respuesta, claramente dirigida a los señalamiento de Herrera pero principalmente a Cabello, justificando que se dirigían a la opinión pública “ante el Develado Plan de Sectores del PSUV, gobierno nacional, regional y mercenarios políticos a sueldo”, de estos últimos resaltando que salieron públicamente con los símbolos del PCV”.

Enfatizan que así se inicia una nueva fase del plan que pretende el “asalto e intervención del Partido Comunista de Venezuela. Recordaron la Historia de Venezuela y gobernantes como Juan Vicente Gómez, Marcos Pérez Jiménez, Rómulo Betancourt y Raúl Leoni, “como gobiernos anticomunistas que ilegalizaron al PCV, eso sí, sin resquicio alguno de verticalidad y dar la cara por su conducta anti obrera, anticomunista, anti PCV”.

Aseguran que ‘montan monólogos, usan la falacia como método y pagan por el montaje de algo que se parezca a sus opiniones. Tienen todo el poder político institucional, pueden intervenir, pagar mercenarios políticos, pero no podrán borrar sus rostros de la Historia ante el pueblo venezolano, los trabajadores y el Movimiento Obrero y Comunista Internacional, mucho menos vencer al PCV, piedra angular de la democracia y los derechos políticos en Venezuela”.

Recordaron la denuncia que hicieron por el uso de los símbolos del PCV en la marcha del 4F; “en vista de que no han podido doblegar la unidad interna de nuestra organización, se vieron en la penosa necesidad de disfrazar a un grupo de individuos con una indumentaria que simulaba los símbolos del glorioso PCV; los presentaron en la movilización y hasta saludos recibieron por parte de voceros de la cúpula del PSUV”, haciendo alusión a Diosdado Cabello.

Para la marcha del 4F los disfrazaron como militantes del PCV

En el comunicado, la dirigencia comunista de Monagas expresa que “es un hecho y no casualidad que de todos los dirigentes del PSUV en tarima, sólo el primer vice presidente haya visto a 8 personas, 4 banderitas y 1 pancarta (todo recién comprado para la ocasión) con símbolos del PCV”.

Agregaron que esas ocho personas sean del estado Monagas, entidad federal bajo la jefatura de Cabello Rondón. “Es la manera que las opiniones tengan rostros, pues había que pasar de la división y fractura en lo discursivo propagandístico a los mercenarios políticos a sueldo que la concreten. Entre esas 8 personas de la concentración, vestidos para la ocasión, estuvieran  firmantes del documento dirigido al primer vicepresidente del PSUV y al gobernador de Monagas, enviada el 28/09/2022: Carlos Fermín, Eduardo Herrera (residenciado en Brasil), su pareja, Bryan Rodríguez y Zoilo Ramón Arosteguí Orozco”.

Mercenarios y expedientes

Calificándolos de “mercenarios políticos a sueldo en su reciente condición de migrantes venezolanos” resaltan que “tres de esas ocho personas son migrantes que regresaron a Venezuela en condiciones contrarias a sus expectativas, incluso más precarias, como Carlos Fermín quien vendió casa y enseres, es decir venezolanos con necesidades, pero menos valientes que la mayoría que vuelve y busca con trabajo el sostenimiento de su hogar, muy distinto a estos mercenarios políticos que se tarifan al mejor postor”.

Las redes del PCV denuncian a varias personas que reclaman las siglas del Partido Comunista

Con dura crítica indican que “s algo tienen en común Carlos Fermín, Eduardo Herrera y Brayan Rodríguez, es que regresaron con deudas, sin casa, con compromisos y pasaron de la rabia anti gobierno a ser nómina como mercenarios políticos a sueldo, triste rol”.

“Funcionarios activos del CNE son parte de estos mercenarios. Carlos Fermín, nómina del CNE en Zamora. Griseldys Herrera, quien además de funcionaria activa del CNE está en comisión de servicios en el Despacho del gobernador, es la coordinadora logística de la actividad mercenaria realizada el sábado 11, en el Luciano Junior, a la que movilizaron militancia del PSUV en buses, al mejor estilo de sus mentores”, agregando que Herrera tiene antecedentes de militancia en Podemos, “nunca en el PCV”.

Resaltan que varios de los ochos señalados “formaron parte del equipo cercano del ex alcalde del municipio Ezequiel Zamora, Raúl Brazón, hoy director político del PSUV en Monagas: Marco  Cova, su asistente, expulsado del PCV por actos inmorales en PCV Zamora, con militancia comprobada en Podemos desde 2017.  Zoilo Arosteguí, su chofer, militante del PSUV y viejo operador político de ese partido, quien entre más de 600 mil electores, fue quien solicitó  la nulidad de la postulación de Carlos Vecchio para las  elecciones 2015, según Resolución Nro. 15094-271 CNE, también acompañó al hoy director político del PSUV- Chequéelo, en la rueda de prensa que ofreció en el 2020 en la sede del PSUV, dónde anunció públicamente su renuncia al PCV”.

“Zoilo Arosteguí, no pasó de afiliado en el PCV ya que se procesaron denuncias en su contra por conductas misóginas contra una camarada de la dirección regional del PCV, y se constató que tenía un expediente judicial (NP01-P-2007-004898)  por  presunta violencia física, previsto y sancionado en la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia”, finaliza la respuesta del PCV Monagas.

La feroz batalla del Partido Comunista de Venezuela por defender sus siglas que el régimen pretende arrebatarles - Infobae