Un activista de Fundaredes estuvo tres años preso, fue presionado a declararse culpable y juzgado por delitos que no le son imputables

 

Alexis Bernardo Bustamante Molano insiste en apelar su caso, procurando la tramitación de los diferentes recursos dispuestos por la ley para lograr la revisión y rectificación correspondiente

Sebastiana Barráez/ lunes 21 de marzo 2022

@SebastianaB 

Tomado de Infobae 

Alexis Bernardo Bustamante Molano es primer teniente (GNB) y fue funcionario de la DGCIM, hasta que se retiró de la Fuerza Armada Bolivariana y se hizo activista de la organización Fundaredes en el estado Zulia; su pesadilla empezó en el Táchira hace casi tres años, el 17 de mayo 2019, cuando conversaba con el capitán Useche, un oficial del Ejército adscrito a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), quien ordena su detención sin previa orden de juez alguno. Durante 13 días estuvo en desaparición forzosa, secuestrado por los funcionarios que le negaron comunicarse con familia ni abogado privado.

Primer teniente GNB Alexis Bernardo Bustamante Molano

Dos días después de su detención, Bustamante Molano fue trasladado desde San Cristóbal hasta la sede principal de la DGCIM en Boleíta, Caracas. Cuando tiempo después pudo hablar con su familia, contó que en ese tiempo fue golpeado y vejado de diversas maneras. A los nueve días, el 26 de mayo, de haber sido detenido lo presentan, con un defensor público, ante el Tribunal Militar Tercero de Control, Mickel Enrique Amezquita Pión, con evidentes signos de la tortura recibida. Como ocurre en la mayoría de los casos, cambiaron el día de detención para que se ajustara a los lapsos de Ley y el médico forense que lo chequeó no plasmó en el informe los signos de tortura.

Ante el descuido de sus custodios, el primer teniente intentó huir del Tribunal, (Sebastiana Sin Secretos: Un ex funcionario de Inteligencia intentó fugarse del Fuerte Tiuna luego de que lo imputaran por instigación a la rebelión) pero fue recapturado unos metros más adelante y trasladado nuevamente a la DGCIM, donde como castigo por su intento de fuga fue “golpeado en diferentes partes del cuerpo y obligado a permanecer semidesnudo en una habitación fría, de pie, sin alimentos, sin dormir, sin agua por dos días, repetidos golpes en la planta de los pies cuando decaía o procuraba sentarse”, narró poco después cuando fue trasladado, el 29 de mayo 2019, al Centro de Procesados Militares de Ramo Verde: ese día, por primera vez, le permitieron llamar a un familiar.

Funcionarios de la DGCIM desaparecieron forzosamente y torturaron al Teniente Bustamente

En agosto 2019 se realizó la Audiencia Preliminar y el oficial se negó a asumir el delito que le imputaron de Instigación a la rebelión, por lo que el juez ordena su permanencia en la cárcel de Ramo Verde. El tiempo corre para quien está en libertad, pero para quien están prisión corre lento, un día cada día, y así pasaron dos años desde que Bustamante Molano fue detenido en su natal Táchira.

Cada uno de esos más de 700 días estuvo el joven militar esperando la respuesta de las autoridades, pero quien llegó de visita fue el defensor público militar, Sargento Supervisor Ángel González, quien le dijo que él no había leído el expediente muy bien pero que lo que sí podía hacer era un escrito para que Alexis Bernardo Bustamante Molano asumiera, es decir, se declarara culpable de lo que le estaban imputando y así “agilizaría la apertura y que al bajar a la misma saldría en libertad". Es la misma excusa con la cual han doblegado a cientos de detenidos, quienes desesperados terminan cediendo a la “propuesta milagrosa” de los defensores públicos, incluso de los fiscales y los jueces al servicio del régimen venezolano.

El general Galavis González le dice a Bustamante que nombre defensor a la vez que le notifica que admitió los hechos libre de coacción

¡Qué defensor!

Llegó el día 28 de octubre 2021, casi dos años y medio después de estar privado de libertad, cuando a Bustamante los trasladan a la apertura de juicio a orden del Tribunal Militar Primero de Juicio; allí se omitieron aspectos relevantes para estimar la sentencia, luego de que el teniente había asumido, por lo que se dictaminó que la misma sería de 5 años.

En pleno acto, el defensor público militar le manifestó a Bustamante, que "por su locura al intentar irse de los tribunales tenía una raya y que casi lo hace meter en problemas"; la intención del defensor público nunca fue defender a Bustamante; es el mismo hecho de la casi totalidad de defensores públicos militares.

La justicia castrense juzgó a Bustamante como militar estando en su condición de civil

Bustamante Molano como su familia consideraron que la decisión del Tribunal no fue la apropiada y solicitaron apelación y/o revisión de la sentencia, pero el defensor público militar Sargento Supervisor Ángel González se rehusó a practicar la diligencia solicitada. Le dijo muy alterado y con énfasis a Bustamante que él “no perdería tiempo en eso ni gastaría papel”, y que si no le gustaba como habían quedado las cosas que se buscara a otro abogado afirmando que allí “no se cumple la ley sino las órdenes".

No le quedó otra opción al teniente Alexis Bernardo, ante la negativa del defensor público militar, que realiza a modus propio un escrito solicitando la respectiva apelación y tramitándola desde el 01 de noviembre de 2021, es decir, cumpliendo los lapsos correspondientes, a través de la Dirección de la cárcel de Ramo Verde, como instancia inmediata y parte del sistema de justicia.

Esa solicitud fue obstruida, dilatando los lapsos y procesada al Tribunal Militar Primero de Juicio el 8 de noviembre 2021, lo que le sirve de excusa al Presidente del Tribunal Militar Primero de Juicio, General de Brigada Luis Alberto Galavis González para rechazar la apelación, argumentando que el imputado asumió los hechos sin ser coaccionado, lo que es objetable, porque a tomar la decisión lo condujo la presión, engaño y dilación en el tiempo.

Juez Militar Mickel Enrique Amezquita Pion

Unas semanas después, el 01 de diciembre 2021, el joven militar retirado fue trasladado al Anexo Militar del Centro Penitenciario de Occidente en la cárcel de Santa Ana, estado Táchira. 

La apelación

Bustamante insiste en apelar su caso, procurando la tramitación de los diferentes recursos dispuestos por la ley para lograr la revisión y rectificación correspondiente a su caso. Entre los argumentos que hace está: la sentencia que impuso el juez Galavis González fue encontrándose el detenido en estado de indefensión, lo que se mantiene, desde el momento en el que el defensor público militar se rehusó a practicar la diligencia de apelación solicitada, según Art. 440 del Código Orgánico Procesal Penal, vulnerando los artículos 26, 27 y 49, en sus diferentes numerales, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Además, está el hecho que se omitieron aspectos fundamentales que no fueron debatidos por la defensa pública entre ellos que “en su condición de haber sido oficial asimilado (artículo 102 de la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana), retirado por solicitud propia (Art. 107 Nr. 4 y Art. 108 de la LOFANB así como el artículo 32 literal b.), Reglamento de Oficiales y SubOficiales profesionales de carrera asimilados de la FANB, desde noviembre 2017 le corresponde como calificación jurídica ser civil y se debe aplicar el artículo 487 del Código Orgánico de Justicia Militar que específica la "reducción de una tercera parte de la pena".

Otra de las consideraciones que hace Bustamante Molano es que se le ha imputado el delito Instigación a la rebelión, por lo que, al encontrarse solo en la causa, entre otras condiciones, no se cumplen las circunstancias señaladas en el Art. 486 del COJM, por lo tanto, se le ha condenado por un hecho que no ocurrió como delito.

El profesor Javier Tarazona denuncia el caso ante la Defensoría del Pueblo

Igualmente, en caso de un "delito no consumado", según el artículo 387 del COJM (tentativa), corresponde otra reducción de una tercera parte según el Art. 423 del mencionado código.

Otro de los aspectos es que la decisión de asumir en la apertura (casi a los dos años y medio) correspondió entre otras variables: a que la estimación de la pena más alta al asumir el delito imputado, con las condiciones anteriormente señaladas, sería inferior al tiempo privado de libertad. (2 años y 3 meses) como también hay precedentes y jurisprudencia al respecto con casos incluso de grupos y de oficiales efectivos.

Es indudable que para Bustamante la dilación o retardo procesal, el engaño, la presión y expectativa fundada de ser dictaminada una sentencia absolutoria concediendo la libertad en la apertura de juicio, representó también un mecanismo de coacción.

No puede obviarse situaciones personales del primer teniente, como lo es el aspecto familiar cuando le dificultaban o impedían el cumplimiento de su rol de padre de dos hijos de 5 y 6 años, el rol de esposo y de su libertad personal por más de dos años, lo que aunado a la pandemia y la situación económica les impidió el contacto físico e incluso verse.

Andreina Paola Alemán de Bustamante y María Lucia Molano Díaz, esposa y madre respectivamente del teniente Bustamante Molano. (Foto cortesía Diario Los Andes)

La Defensoría Pública Militar, a través del defensor público militar tiene conocimiento de diversas irregularidades mientras se le procesó; días después de haber sido detenido el 17 de mayo de 2019, sus familiares se vieron en la necesidad de presentar denuncia ante la Defensoría del Pueblo, sección Táchira, por su desaparición lo cual indica muestra de incumplimiento al debido proceso.

El teniente Bustamante Molano no desiste en su solicitud de revisión y rectificación de la sentencia ante la Corte Marcial como instancia superior al Tribunal, considerando los aspectos legales señalados, demostrando que la misma es apelable según lo referido a los artículos 443 y 444 en sus numerales 2 (Ilogicidad), 3 (Indefensión) y 5 (Errónea aplicación de una norma jurídica), sin escatimar otra aplicable.

Un activista de Fundaredes estuvo tres años preso, fue presionado a declararse culpable y juzgado por delitos que no le son imputables - Infobae

Un dirigente obrero reclamó que la ONU y la OIT actúen ante los delitos de lesa humanidad y persecución sindical en Venezuela

 Rubén González, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera del Orinoco, exigió la liberación de Rodney Álvarez y envió un mensaje a Michelle Bachelet, Alta Comisionada de DDHH de las Naciones Unidas

Sebastiana Barráez Pérez/ jueves 11 de febrero 2021

@SebastianaB

 

Tomado de Infobae

 

Por exigir reivindicaciones hay persecución contra la dirigencia sindical en Venezuela e intimidación a la masa laboral de Guayana, llamada zona del hierro, donde están las más grandes empresas de aluminio, la siderúrgica, la de carbón, que alguna vez, antes de la llegada de la revolución bolivariana, fueron de las más importantes de la región, hoy casi paralizadas.

Rubén González solicitó la libertad para Rodney Álvarez

Quien lo denuncia es Rubén González, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera del Orinoco (Sintraferrominera), quien estuvo preso desde la madrugada del 29 de noviembre 2018, a su regreso de una protesta de trabajadores en Caracas; Al dirigente sindical lo condenó, a cinco años de prisión, el Tribunal Militar Quinto, ratificada por la Corte Marcial, con la excusa de delitos de ultraje a la Fuerza Armada y ultraje al centinela. En agosto del año pasado en el marco de indultos masivos, salió en libertad.

El dirigente le hace un llamado a la Alta Comisionada de los Derechos Humanos, Michelle Bachelet y a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) “ustedes ya saben que aquí hay crímenes de lesa humanidad. Pronúnciense, ya no va a ser un informe, sino la acción que estamos esperando todos los venezolanos”.

Clamó por la libertad de Rodney Álvarez. “Ayer estuve, por quinta vez, como testigo en el juicio que se le sigue por nueve años y siete meses. Una gran injusticia que has cometido con este compañero. Ayer volvimos a ratificar y a decirle a los tribunales, a la fiscalía y a toda Venezuela que el único responsable y el que ultimó a su propio compañero (Renny Rojas) fue Héctor Maicán, quien desenfundó el arma y mató a su propio compañero”. 

Obreros pidiendo libertad para Rodney Álvarez

Caso Rodney

Ai González fue un preso simbólico, más lo es hoy Rodney Antonio Álvarez Rodríguez, trabajador de Ferrominera, quien lleva años preso con violación descarada al debido proceso. Es un rebelde nato y se negó a aceptar arreglos con el Gobierno de Maduro, aun cuando sus condiciones son extremadamente duras en el Internado Judicial El Rodeo II,  Guatire, estado Miranda.

Está claro que hubo intenciones oscuras para apresar a Rodney Álvarez y mantenerlo en la cárcel, desde que el 9 de junio 2011, es asesiando a tiros el trabajador Renny Rojas en una asamblea de trabajadores de Ferrominera del Orinoco, convocada para elegir la comisión electoral del sindicato. Las cámaras de seguridad lo reflejaron y hubo testigos, entre esos González, de que Álvarez no disparó, que lo habría hecho un directivo sindical y militante del PSUV llamado Héctor Maicán.

El año pasado Álvarez se declaró en rebeldía, “he entendido que al reo que persigue este régimen es a la clase obrera, soy prisionero político, ya no le seguiré el juego a mis captores, no asistiré más a los tribunales, al palacio de la injusticia, ya no le seguiré el juego a la jueza Paolette Guevara ni al secretario del tribunal". 

Rodney Álvarez, preso en El Rodeo II

Rodney, quien lleva nueve años preso, dice que Ferrominera "me despidió, me quitó mi salario y los beneficios de los cuales gozaban mis tres hijos por contrato colectivo". Está lisiado de su mano derecha luego de haber sufrido tres atentados en la cárcel.

El interés de apresarlo no fue por justicia, sino por la intención de callarlo, de neutralizar sus acciones en defensa de los trabajadores. Lo irónico es que Álvarez es un dirigente de la izquierda latinoamericana y termina siendo víctima de la revolución bolivariana. El entonces gobernador del estado Bolívar, amigo personal de Hugo Chávez, general de división (Ej) Carlos Rangel Gómez, estuvo tras la acción de dejarlo detenido. El alto oficial, que después se fue a México, donde vive con mucho lujo, según revelan quienes lo han visitado, financió a los dos abogados acusadores e influyó en la Fiscalía para que retardara todo el juicio.

Un testimonio revelador es el que narró el año pasado de lo ocurrido en una audiencia, cuando el secretario del tribunal de la causa, alterado y con desespero, le dijo: “¿hasta cuándo Rodney? ¿Qué esperas tú? ¿Es que no quieres estar con tu familia? A ti te abandonó tu sindicato, tu primera defensa. ¿Hasta cuándo con esto? Nosotros estamos claro que tú eres inocente, que el asesino es Maican, pero la orden es que tú asumas los cargos y nosotros inmediatamente te damos un beneficio de libertad condicional bajo presentación, ya te falta poco, ya con ocho años que llevas, solo quedarás bajo presentación. De lo contrario te pudrirás aquí”.

Michelle Bachelet, Alta Comisionada de DDHH de la ONU 

(EFE/Salvatore Di Nolfi/Archivo) (tomada de Infobae)

Obreros del gobierno obrero

El mensaje de Álvarez es directo: "solo me resta decirles a mis captores, a mis secuestradores, en algún momento de la historia les corresponderá a ustedes sentarse, en el banquillo donde me tienen ahora, a rendir cuentas de todos sus actos y manos manchada de sangre de la clase obrera, y pueden estar seguro de que se le brindara un juicio gratuito sencillo y expedito".

A medida que ha pasado el tiempo, y desde hace semanas, se ha elevado el nivel de protesta de los trabajadores de a zona del hierro, porque no es solo los de Ferrominera, también ocurre con los obreros de las empresa Alcasa y SIDOR, la mayoría de los cuales siempre apoyaron a la revolución bolivariana, representaban la masa que acompañaba los mitines del partido de gobierno. La realidad los ha enfrentado hoy con el patrono, que ha demostrado ser implacable que, aunque Nicolás Maduro se declara “presidente obrero”, los más golpeados por la revolución son los trabajadores.

https://www.infobae.com/america/venezuela/2021/02/11/un-dirigente-obrero-reclamo-que-la-onu-y-la-oit-actuen-ante-los-delitos-de-lesa-humanidad-y-persecucion-sindical-en-venezuela/

El informe de la Misión de la ONU sobre Venezuela corrobora las denuncias de torturas a presos políticos que surgen en los juicios actuales

En las audiencias emergen datos sobre el maltrato recibido por los militares y civiles desde el momento en que son detenidos

Sebastiana Barráez/ miércoles 23 de diciembre 2020

@SebastianaB

Tomado de Indobae

 

Desde octubre se ha venido realizando una serie de audiencias de los juicios políticos, muchos de ellos engavetados, con presos que tienen años detenidos. La acción responde a la recomendación de la Comisión de Bachelet sobre acelerar los casos, entre esos más de una docena de conspiraciones.

Los funcionarios de la DGCIM han torturado a civiles y militares

En las audiencias hay muchas denuncias sobre las torturas recibidas por los militares y civiles desde el momento en que son detenidos. La mayoría tiene coincidencia. Lo insólito es que no se le da curso a la gravedad que representa el hecho. No es cualquier cosa violar derechos humanos. 

La Misión de Determinación de los hechos que se reactiva en sus funciones dentro de unas semanas, dijo en su último informe que investigó 77 casos en los que la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) arrestó, detuvo y torturó a oficiales militares activos y retirados y a personas civiles asociadas.

Detalló ocho de esos 77 casos, basándose según explican en información directa, que contempló entrevistas, expedientes de causas judiciales, grabaciones de video, “también en información fidedigna reunida por fuentes indirectas fiables”.

El diputado Ismael León fue detenido permaneció meses con casa por cárcel 

nunca tuvo juicio y Maduro lo indultó

Reconocen haber revisado la información recibida por el Foro Penal sobre 339 detenciones de personal militar y personas civiles asociadas. Para ese momento hablaron de 187 detenidos, 61 con medidas sustitutivas y 41 en libertad. “En unos pocos casos, la DGCIM arresto, detuvo y torturó a civiles no afiliados a ninguna operación o personal militar”.

Los 15 pasos de los arrestos

Es muy importante acercar el foco a los arrestos que hace la DGCIM y que el informe de la ONU explicó muy bien, porque siguen patrones similares, muchos de ellos denunciados en el marco de los juicios que se están llevando a cabo actualmente.

La Misión identifica los siguientes:

• Tuvieron lugar durante el día, ya sea en el lugar de trabajo del detenido o en la base militar o en las instalaciones de la DGCIM, en ocasiones después de que el detenido fuera convocado a una reunión.
• Los oficiales de la DGCIM no se identificaban y a menudo tenían el rostro cubierto y/o usaban alias. No obstante, su afiliación institucional era evidente por sus uniformes o, en algunos casos, por el logotipo de los vehículos.
• Los arrestos tuvieron lugar en diferentes lugares del país. En los casos revisados, los arrestos se realizaron en 13 de los 23 estados de Venezuela.
• Los detenidos fueron llevados a la sede central de la DGCIM en Boleíta en Caracas, ya sea directamente o pasando primero por sitios clandestinos de detención, por un periodo de horas o días.
• Durante los traslados, la mayoría de las víctimas tenían los ojos vendados o eran traídas por rutas indirectas, supuestamente para confundirlas sobre su paradero.
• La Misión identificó un patrón en el que los funcionarios de la DGCIM no presentaban órdenes de detención y/o no explicaban el motivo de la detención en el momento del arresto, en violación de las normas nacionales e internacionales de derechos humanos.
• La Misión tiene motivos razonables para creer que esa práctica era habitual.
• En todos los casos investigados, salvo uno, la Misión observo una discrepancia entre la fecha del último paradero conocido de la víctima y la fecha oficial de detención o la fecha oficial de la orden de aprehensión.
• Las actas oficiales solían señalar la fecha de detención dentro de las 48 horas anteriores a la fecha de la audiencia de presentación, supuestamente para cumplir el plazo establecido por la ley para la presentación ante un tribunal después de la detención. Por ejemplo, se desconocía el paradero del capitán Rafael Acosta Arévalo
• desde el 21 de junio de 2019, según lo anunciado por su familia en los medios de comunicación social, pero su fecha oficial de detención aparece como el 26 de junio de 2019, dos días antes de su audiencia de presentación.
• En cada uno de los casos que la Misión investigó, en las horas o los días siguientes a las detenciones, las autoridades gubernamentales de alto nivel hicieron declaraciones públicas sobre los delitos de los que el detenido era culpable y a veces mostraron información que lo respaldaba, como las imágenes de video recogidas por los informantes de las reuniones en las que supuestamente se habían planeado intentos de golpe de Estado.

La Misión observa que esas declaraciones perjudicaron la presunción de inocencia y además ejercieron presión sobre los agentes judiciales, en violación de los párrafos 1 y 2 del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Entre los representantes del Gobierno que formularon declaraciones con frecuencia se encontraban el Presidente Maduro, Diosdado Cabello (en su programa de televisión “Con el Mazo Dando”); el Ministro de Comunicaciones, Jorge Rodríguez Gómez; el Ministro de Defensa, Vladimir Padrino López; y/o el Ministro del Interior, Néstor Reverol.

1.     

El capitán Caguaripano fue desaparecido y torturado

 La costumbre de desaparecer

Una de las acciones impuestas en la DGCIM y en el SEBIN es la figura de la desaparición cuando una persona es detenida. Eso permite que la torturen sin notificar ante el Tribunal que está bajo custodia del organismo en cuestión.

La comisión de la ONU reveló que tuvo motivos fundados “para creer que algunos disidentes militares y personas relacionadas con ellos fueron objeto de desapariciones forzadas de corta duración”.

“Una vez detenidos, militares y civiles asociados fueron mantenidos sin ningún contacto con el mundo exterior, durante periodos de cinco a siete días sin poder llamar a familiares o abogados para informarles de su paradero”.

Lo que ha sucedido en cientos de casos, los familiares de los detenidos se presentan a las oficinas de la DGCIM para averiguar su paradero. “En algunos casos, no se les proporciono información y en otros, el personal de la DGCIM negó tener conocimiento del paradero de los detenidos”.

Es relevante lo que indicó la Misión. “Las normas internacionales de derechos humanos no establecen un periodo mínimo de tiempo durante el cual un detenido deba ser sometido a una desaparición forzada para que se produzca la violación”.

El capitán Acosta Arévalo fue torturado y murió 

en el Tribunal del juez Amezquita Pion

La investigación que hizo la Misión les reveló que “la DGCIM detenía con frecuencia a las personas en centros de detención clandestinos o non-oficiales, especialmente en las primeras horas o días de detención. El examen de los casos por la Misión reveló que desde 2018, el uso de estas instalaciones por parte de la DGCIM ha incrementado”.

“Los primeros días de la detención personas detenidas fueron llevadas a la sede de la DGCIM Boleíta o a centros no oficiales de detención”. Identificó seis lugares de detención clandestinos:

• Un sitio en San Bernardino cerca de Crema Paraíso

• Una casa en el área de Bello Monte de Caracas

• Una casa en la urbanización San José en el Fuerte Tiuna o cerca, en Caracas

• Un sitio en el Fuerte Tiuna donde el Ministerio de Defensa y el Comando del Ejercito tienen su sede

• Un sitio comúnmente conocido como Sorocaima o La Mariposa en la zona militar de San Antonio de Los Altos en el estado Miranda-

• Una ubicación en la zona montañosa del municipio de El Hatillo, estado Miranda.

Coronel Mejía Laya torturado en la Dgcim

 Es tortura

Los investigadores de Naciones Unidas dijeron tener “motivos razonables para creer que el trato infligido a los detenidos militares en los casos investigados equivale a tortura o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. La tortura se define como los actos que causan dolor o sufrimiento grave, ya sea físico o mental. Para que puedan calificarse como tortura, esos actos deben ser infligidos intencionadamente, cometidos con un propósito especifico e implicar a un/a funcionario/a publico/a, ya sea directa o indirectamente”.

“El propósito especifico podría incluir la obtención de una confesión, la obtención de información, el castigo, la intimidación, la humillación, la coerción o cualquier razón basada en la discriminación”.

“Oficiales de la DGCIM cometieron torturas contra los detenidos en cada uno de los casos estudiados”, asevera la Misión y es exactamente lo que demuestran los testimonios de los militares detenidos y torturados, que son simbólicos como los casos de Igber Marín Chaparro y el coronel Jonny Mejía Laya.

“Los actos de tortura se produjeron generalmente durante los interrogatorios, poco después del arresto mientras los detenidos estaban incomunicados y antes de la audiencia de presentación. Algunos detenidos también fueron torturados durante periodos posteriores de detención en Boleíta”.

“Las preguntas formuladas a los detenidos sugieren que los actos se llevaron a cabo para obtener una confesión del detenido, obtener información sobre la participación de otros en presuntas conspiraciones y/o castigar al detenido”.

Es importante lo que revela el informe sobre lo que un ex funcionario de Dgcim le dijo a la Misión, confirmando la tortura en la DGCIM. “La fuente dijo: ‘Había tortura en los centros de detención. Lo supe por los colegas que me hablaron de ello. Tenías que sacarle la información a la persona a cualquier precio”.

Los investigadores dijeron que tienen información sobre los patrones de conducta y los métodos de tortura utilizados por oficiales masculinos y femeninos de la DGCIM, contra militares y personas asociadas. “Los casos examinados sugieren que los métodos de tortura de la DGCIM evolucionaron entre 2014 y 2020, con una agudización de la violencia desde 2017”.

https://www.infobae.com/america/venezuela/2020/12/23/el-informe-de-la-mision-de-la-onu-en-venezuela-corrobora-las-denuncias-de-torturas-a-presos-politicos-que-surgen-en-los-juicios-actuales/

Un juez militar condenó a cinco comandantes del Ejército venezolano sin pruebas y sólo con dos testimonios: un coronel delator y un torturador

 Los familiares de los condenados por el llamado Movimiento de la Dignidad del Pueblo reclaman que no hubo justicia. Los detalles del caso

Sebastiana Barráez/ martes 22 de diciembre 2020

@SebastianaB

Tomado de Infobae

 

 No hubo justicia, es la coincidencia a la que llegan varios de los familiares de los comandantes condenados por el llamado Movimiento de la Dignidad del Pueblo.  Así contradicen al presidente de la Corte Marcial, mayor general (Ej) Edgar José Rojas Borges, quien dijo que “se hizo justicia”. Celebran que tres de los imputados iniciales hayan sido liberados, pero no se explican las razones legales para que a los otros cinco los hayan condenados.

La amañada justicia militar en Venezuela

“Todo fue un montaje para pretender ver que hubo justicia, siendo falso. Para que Michelle Bachelet diga que le están cumpliendo los acuerdos y hay justicia en los tribunales”.

“Empezando, el juicio no fue público. Ninguno de los comandantes admitió los hechos, a pesar de la presión contra la mayoría de ellos. Nada se hizo con relación a la denuncia de torturas de quienes le dijeron al juez cómo sucedió la tortura. Se ordenó una investigación que nadie va a hacer. Ese es un juicio con muchos vicios”.

Comandante Igbert Marín Chaparro

Mientras el comandante del Ejército Igbert José Marín Chaparro, es el número uno o alférez mayor de la promoción 1999 “Coronel Miguel Antonio Vásquez”, su acusador y detractor, el ahora coronel Boris Millán Rudman Jiménez, es el número 87 de la misma promoción.  

Rosalba Palmentieri, tía del teniente coronel Juan Carlos Peña Palmentieri, cataloga al coronel Rudman Jiménez como el “testigo estrella de la Fiscalía, que solo supuso, pensó, creyó que su compañero pensaba diferente a él y por eso los denunció con sus superiores”.

A su juicio “él mintió en la audiencia, juró antes los jueces no haber sido detenido y esposado durante dos días con sus compañeros (hoy condenados) en la DGCIM, mintió al decir que fue voluntariamente y no recordaba que pasó en esos dos días. Queda demostrado, en actas del juicio, que mintió, se contradijo y nada confirmó sobre los hechos que la Fiscalía Militar acusó a los comandantes”.

MG Edgar José Rojas Borges, presidente Corte Marcial

Destaca Palmentieri que “debió aplicarse el efecto extensivo a los demás comandantes que tienen los que fueron exculpados”.

Por su parte la esposa de uno de los militares criticó que el juez Chacón Ramírez dijera que no podía subsanar los errores de la fase de control, “pero sí podía haber suspendido el juicio y que la causa volviera a control, al estado de investigar los mismos hechos”.

 El juicio

Para un caso tan delicado, que trunca la carrera y la libertad de cinco comandantes del Ejército venezolano, fue un juicio casi exprés, que comenzó el seis de noviembre 2020 y concluye el 16 de diciembre 2020.

Desde el principio del juicio se habló de las pruebas de una reunión que comprometía a los comandantes y del video que respaldaría la acción militar que supuestamente los oficiales habían planificado contra Nicolás Maduro. Las dos cosas fallaron; el video nunca apareció y las pruebas se limitaban a declaraciones incoherentes del testigo Rudman Jiménez y del funcionario de la Dgcim, alias Piraña. 

Boris Milan Rudman Jimenez el oficial que delató a sus compañeros

De Rudman a Piraña

El coronel Rudman Jiménez confundió el estrado del tribunal con la del parlamento. Lanzaba discursos políticos que obligaron al juez a llamarle la atención no menos de quince veces. El compañero de promoción de los ahora comandantes condenados desviaba la mirada, mezcló varios casos lo que evidencia que es un testigo preparado, que no tenía claro si estaba en el caso de los drones, de Paramacay o en el del 2 de Marzo.

Repetía que él quería a sus compañeros, pero que ellos pensaban diferente porque él se considera un “oficial revolucionario” y los otros no.  El cuento de Rudman Jiménez, palabras más palabras menos, es que a él nunca lo invitaron a la supuesta reunión conspirativa, nunca lo invitaron y él llegó a saludar a Marín Chaparro pero “presentí que iba a pasar algo, tuve una extraña sensación de que algo monstruoso iba a ocurrir”, dijo.  En la fase de preguntas y respuestas, Rudman estuvo seis horas respondiendo más o menos en el mismo estilo.

No hubo prueba alguna de la reunión, más allá de la palabra de Rudman, quien aseguró que lo que le hizo presumir que habría un golpe es que los oficiales hablaron de las despensas vacías en los cuarteles. Y aseguró que todo el plan se lo relató el comandante Deibis Esteban Mota Marrero, quien poco después desmintió haber tenido esa conversación con el delator”. El juez se vio obligado a desestimar las dos pruebas documentales de la DGCIM que eran unas actas.

Capitán Jonathan Becerra alias Piraña

Por su parte, el capitán Jonathan Becerra alias Piraña incluyó elementos como: Marín Chaparro era el líder del Movimiento, basado en su cara, modo de caminar, de sonreír o quien sabe qué otra cosa. Calificó a Peña Romero como “mano derecha de Marín, por el caudal de dinero que manejaba”. 

Lo insólito es que Piraña trasladó al comandante Marín Chaparro al juicio, en un carro particular propiedad de un privado de libertad. Es decir, sirve de violador de derechos humanos, de chofer en un vehículo que no tiene derecho a usar y traslada al comandante Marín Chaparro bajo riesgo. Eso fue del conocimiento del presidente de la Corte, del Juez y del Fiscal.

Juez Yoffer Javier Chacón Ramírez 

 El juez

El juez Yoffer Javier Chacón Ramírez liberó a un comandante, un primer teniente y un sargento. Lo inexplicable es por qué condena a cinco comandantes que estaban en la misma causa, con las mismas imputaciones, por los mismos delitos, las mismas pruebas y los mismos hechos.

1. Tcnel (Ej) Igbert José Marín Chaparro, quien era jefe de la Caballería Motorizada GB Juan Pablo Ayala de Fuerte Tiuna. 
2. Tcnel (Ej) Deibis Esteban Mota Marrero, jefe del Batallón GD Pedro León Torres. 104.- Alferez Deibis Esteban Mota Marrero
3. Tcnel (Ej) Erick Fernando Peña Romero, estaba adscrito al Hospital Militar de Caracas. 42.- Alférez Eric Fernando Peña Romero
4. Tcnel (Ej) Víctor Eduardo Soto Méndez, de la Caballería Blindada GJ José Laurencio Silva. 91.- Alferez Victor Eduardo Soto Mendez
5. Tcnel. Juan Carlos Peña Palmentieri, que cursaba Maestría en el Instituto de Estudios Estratégicos de la FANB. 20.- Alférez Juan Carlos Peña Palmentieri

1.    

Tcnel Peña Palmentieri con su familia

Los oficiales que quedaron en libertad: Tcnel. (Ej) Henry José Medina Gutiérrez, del Batallón GB Juan Antonio Paredes, el sargento Julio César Gutiérrez y el 1Tte Jeiber Josué Ariza Apolinar.

No solo es el coronel Rudman Jiménez que declaró contradicciones o incoherencias, es también la comparecencia como testigo principal contra los comandantes del capitán Jonathan Becerra alias Piraña, habiendo sido reconocido como torturador en la DGCIM y está denunciado por cometer delitos de lesa humanidad, por violación a los derechos humanos.

Finalmente, el juez ordenó otra vez el traslado de Marín Chaparro para la cárcel de Ramo Verde, pero la Dirección General de Contrainteligencia Militar lo mantiene en los inmundos sótanos en Boleíta.

https://www.infobae.com/america/venezuela/2020/12/22/un-juez-militar-condeno-a-cinco-comandantes-del-ejercito-venezolano-sin-pruebas-y-solo-con-dos-testimonios-un-coronel-delator-y-un-torturador/