Los familiares de los condenados por el llamado Movimiento de la Dignidad del Pueblo reclaman que no hubo justicia. Los detalles del caso
Sebastiana Barráez/ martes 22 de diciembre 2020
@SebastianaB
Tomado de Infobae
“Todo fue un montaje para
pretender ver que hubo justicia, siendo falso. Para que Michelle Bachelet diga
que le están cumpliendo los acuerdos y hay justicia en los tribunales”.
“Empezando, el juicio no fue
público. Ninguno de los comandantes admitió los hechos, a pesar de la presión
contra la mayoría de ellos. Nada se hizo con relación a la denuncia de torturas
de quienes le dijeron al juez cómo sucedió la tortura. Se ordenó una
investigación que nadie va a hacer. Ese es un juicio con muchos vicios”.
A su juicio “él mintió en la audiencia,
juró antes los jueces no haber sido detenido y esposado durante dos días con
sus compañeros (hoy condenados) en la DGCIM, mintió al decir que fue
voluntariamente y no recordaba que pasó en esos dos días. Queda demostrado, en
actas del juicio, que mintió, se contradijo y nada confirmó sobre los hechos
que la Fiscalía Militar acusó a los comandantes”.
Destaca Palmentieri que “debió aplicarse el efecto extensivo a los demás comandantes que tienen los que fueron exculpados”.
Por su parte la esposa de uno
de los militares criticó que el juez Chacón Ramírez dijera que no podía
subsanar los errores de la fase de control, “pero sí podía haber suspendido el
juicio y que la causa volviera a control, al estado de investigar los mismos
hechos”.
Para un caso tan delicado, que trunca la carrera y la
libertad de cinco comandantes del Ejército venezolano, fue un juicio casi exprés,
que comenzó el seis de noviembre 2020 y concluye el 16 de diciembre 2020.
Desde el principio del juicio se habló de las pruebas de una reunión que comprometía a los comandantes y del video que respaldaría la acción militar que supuestamente los oficiales habían planificado contra Nicolás Maduro. Las dos cosas fallaron; el video nunca apareció y las pruebas se limitaban a declaraciones incoherentes del testigo Rudman Jiménez y del funcionario de la Dgcim, alias Piraña.
De Rudman a
Piraña
El coronel Rudman Jiménez
confundió el estrado del tribunal con la del parlamento. Lanzaba discursos
políticos que obligaron al juez a llamarle la atención no menos de quince veces.
El compañero de promoción de los ahora comandantes condenados desviaba la mirada,
mezcló varios casos lo que evidencia que es un testigo preparado, que no tenía
claro si estaba en el caso de los drones, de Paramacay o en el del 2 de Marzo.
Repetía que él quería a sus
compañeros, pero que ellos pensaban diferente porque él se considera un
“oficial revolucionario” y los otros no.
El cuento de Rudman Jiménez, palabras más palabras menos, es que a él
nunca lo invitaron a la supuesta reunión conspirativa, nunca lo invitaron y él
llegó a saludar a Marín Chaparro pero “presentí que iba a pasar algo, tuve una
extraña sensación de que algo monstruoso iba a ocurrir”, dijo. En la fase de preguntas y respuestas, Rudman
estuvo seis horas respondiendo más o menos en el mismo estilo.
No hubo prueba alguna de la
reunión, más allá de la palabra de Rudman, quien aseguró que lo que le hizo
presumir que habría un golpe es que los oficiales hablaron de las despensas
vacías en los cuarteles. Y aseguró que todo el plan se lo relató el comandante Deibis
Esteban Mota Marrero, quien poco después desmintió haber tenido esa
conversación con el delator”. El juez se vio
obligado a desestimar las dos pruebas documentales de la DGCIM que eran unas
actas.
Por su parte, el capitán
Jonathan Becerra alias Piraña incluyó elementos como: Marín Chaparro era el
líder del Movimiento, basado en su cara, modo de caminar, de sonreír o quien
sabe qué otra cosa. Calificó a Peña Romero como “mano derecha de Marín, por el
caudal de dinero que manejaba”.
Lo insólito es que Piraña
trasladó al comandante Marín Chaparro al juicio, en un carro particular
propiedad de un privado de libertad. Es decir, sirve de violador de derechos
humanos, de chofer en un vehículo que no tiene derecho a usar y traslada al
comandante Marín Chaparro bajo riesgo. Eso fue del conocimiento del presidente
de la Corte, del Juez y del Fiscal.
El juez
El juez Yoffer Javier Chacón Ramírez liberó a un comandante, un primer
teniente y un sargento. Lo inexplicable es por qué condena a cinco comandantes
que estaban en la misma causa, con las mismas imputaciones, por los mismos delitos, las mismas pruebas y los
mismos hechos.
- Tcnel (Ej) Igbert José Marín Chaparro, quien era jefe de la Caballería Motorizada GB Juan Pablo Ayala de Fuerte Tiuna.
- Tcnel (Ej) Deibis Esteban Mota Marrero, jefe del Batallón GD Pedro León Torres. 104.- Alferez Deibis Esteban Mota Marrero
- Tcnel (Ej) Erick Fernando Peña Romero, estaba adscrito al Hospital Militar de Caracas. 42.- Alférez Eric Fernando Peña Romero
- Tcnel (Ej) Víctor Eduardo Soto Méndez, de la Caballería Blindada GJ José Laurencio Silva. 91.- Alferez Victor Eduardo Soto Mendez
- Tcnel. Juan Carlos Peña Palmentieri, que cursaba Maestría en el Instituto de Estudios Estratégicos de la FANB. 20.- Alférez Juan Carlos Peña Palmentieri
Los oficiales que quedaron en libertad: Tcnel. (Ej) Henry José Medina Gutiérrez, del Batallón GB Juan Antonio Paredes, el sargento Julio César Gutiérrez y el 1Tte Jeiber Josué Ariza Apolinar.
No solo es el coronel Rudman
Jiménez que declaró contradicciones o incoherencias, es también la
comparecencia como testigo principal contra los comandantes del capitán Jonathan
Becerra alias Piraña, habiendo sido reconocido como torturador en la DGCIM y
está denunciado por cometer delitos de lesa humanidad, por violación a los
derechos humanos.
Finalmente, el juez ordenó
otra vez el traslado de Marín Chaparro para la cárcel de Ramo Verde, pero la
Dirección General de Contrainteligencia Militar lo mantiene en los inmundos
sótanos en Boleíta.
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