La mujer que el régimen de Maduro busca por “financiar” la Operación Boicot habló con Infobae: “No tengo dinero, no soy terrorista y salí del país hace 17 años”

 Mientras el gobierno de Venezuela pide su captura, entrevistamos a Lesbia Gorrín Rodríguez para conocer su versión de los hechos

Sebastiana Barráez/ jueves 31 de diciembre 2020

@SebastianaB

 

Tomado de Infobae

 

Lesbia Gorrín Rodríguez dijo en exclusiva para Infobae que lo único en común que tiene con Ronald Enrique Flores Rivero alias Fido Dido y Deivis José Olivero, dos de las personas mencionadas por la ministra del Interior, almirante Carmen Teresa Meléndez Rivas, en la llamada Operación BoicotAN es la participación en el chat de un grupo de resistencia. “No conozco a ninguna de las 22 personas mencionadas en esa Operación”.

Lesbia Gorrín Rodriguez, la mujer que según el régimen chavista 

estuvo entre los financiadores de la "Operación Boicot"

Mientras el régimen venezolano está buscando a Gorrín Rodríguez, en Infobae la entrevistamos para conocer su versión de aparecer en la lista de los solicitados por la Operación Boicot.

Dice que incluso Flores Rivero se salió después del grupo, que tenía cuatro o cinco administradores. “Yo asumo que de ahí salió mi nombre. A ninguno le envié ni una cajetilla de cigarros, nada. Ese chat no está activo desde hace más de un mes”.

Ante la pregunta de si recuerda qué llegó a decir Flores en ese grupo, reconoce que “la verdad es que la mitad de las veces uno no termina ni leyendo los mensajes. A veces escuchaba los audios porque iba haciendo una cosa y aprovechaba de oír”.

"No conozco a ninguna de las 22 personas        mencionadas en esa Operación"

Desconoce si Rigoberto Moreno Carmona pertenecía al grupo de WhatsApp. “Yo a ese Ronald no lo conozco, nunca lo he visto. A quien sí conocí en España fue a la capitana Laided Salazar”.

Destaca que en el chat originalmente había más de 30 personas y lo fueron depurando después. “Yo no creo en causalidades y eso de que me hayan nombrado es muy raro, porque tampoco era la única mujer en ese grupo”.

Asegura que no es financista de la tal Operación y recalca que tuvo que trasladarse de un sitio a otro en España porque no se conseguía trabajo. “Ni cuentas tengo en Venezuela porque se me bloqueó, no soy rica de cuna. A mí me gustaría que me expliquen de dónde sacaron eso de que soy financista. No soy rica. Más bien señalarme de financista parece un chiste de mal gusto”.

Nicolás Maduro y la ministra de Interior Carmen Meléndez

Explica que se fue a España de baja consular el 01 de mayo 2003, hace 17 años. “Después de eso he pisado Venezuela dos veces”. Le insisto que aclare si salió huyendo o se fue por asilo y enfáticamente responde que no. “Soy ciudadana española porque soy hija de españoles”.

Reconoce que desde el principio de la revolución bolivariana vio hacia dónde se dirigía el país. “No me gustaba la situación, además de que me divorcié y se vino toda la familia, incluyendo mi hermana. Mis padres tenían una casa aquí y por eso empezamos aquí. Desde entonces fui a Venezuela en el 2011 y luego en 2012 de vacaciones. No pisé más Venezuela”.

Al indagar si ha viajado a Colombia dice que no. “En un viaje a las islas del caribe hice escala en Bogotá, pero ni siquiera salí del aeropuerto. No sé de dónde sacaron eso de que he financiado a alguien o algo. Además, de dónde sacaría dinero. Ayudar a alguien necesitado en algún momento no es financiar es echar una mano”.

Enfatizó que no tiene ningún tipo de parentesco familiar con Raúl Gorrín, dueño del canal Globovisión. “A los de ese grupo de la tal Operación nunca les he dado ni un bolívar, nada”.

El gobierno insiste en que una reunión realizada en Riohacha fue la génesis 

de la "Operación Boicot"

“Imagino esto en un juzgado y yo presentando mi declaración de hacienda, seguro que los jueces estallarían en risas. No tengo cuentas en Venezuela, tampoco en Estados Unidos, aquí mis ingresos son los que he podido ganar de mi sueldo, jamás he cobrado una ayuda aquí, desde que llegué a este país he estado trabajando”.

“No soy terrorista, no tengo dinero, no financio a nadie, soy una persona trabajadora que no tiene ni una multa de tránsito. Que me digan por qué me llaman terrorista”, finaliza diciendo Lesbia Gorrín Rodríguez.

La recién estrenada Operación

Los involucrados en la Operación BoicotAN, según la ministra del Interior, almirante Carmen Teresa Meléndez Rivas, son:

1. Ronald Enrique Flores Rivero alias Fido Dido y/o alias El Flaco el principal testigo, cuya única relación es decir que pertenece a la “Resistencia”, que participó en la fuga de la capitán Laided Salazar y que hace cinco años estuvo en el campamento del Pnud en el 2014 .
2. Pablo Antonio Parada Díaz dizque representante de Mata Sanguinetti.
3. Víctor Estupiñán ex funcionario del Cicpc, a quien presentan relacionado con el exfuncionario del Cicpc Rigoberto Moreno Carmona.
4. Andrés David Robayo Briceño dizque representante de Lester Toledo. Pertenece al Partido Voluntad Popular.
5. Capitán Henry José Rivas Pérez, quien participó el 30 de abril en la Operación Libertad.
6. Deivis José Olivero, miembro del Partido Voluntad Popular.
7. Alexánder Tirado Lara alias el Gato de Aragua; lo que la ministra Carmen Meléndez dijo sobre él es que fue sentenciado a 8 años de cárcel por una protesta escenificada el 21 de marzo de 2014 es las adyacencias de San Jaciento en el estado Aragua y tenía en su poder bombas molotov. Lo que no explica la alta funcionaria cómo es que Tirado está en libertad si fue condenado a ocho años.
8. Coronel (GNB) Félix Mata Sanguinetti
9. General de Brigada Julio César Sánchez Ruiz
10. Y tres funcionarios de inteligencia colombiana cuyos apodos son: Alias Miguel
11. Alias Baltazar
12. Gerson Rojas Rojas alias Berlín

La capitán de navío y médico Zoranyi Salazar Maldonado

 Como Operadores y facilitadores, identificó la almirante a:

1. Capitán de Navío Zoranyi Salazar Maldonado, cooperadora de la fuga de su hermana la capitana Laided Salazar, vínculos con Rojas Rojas y García Palomo. Cooperadora en una reunión “que se iba a efectuar el 27 o 28 en San Antonio de Los Altos o La Guaira”. Es decir, la capitán, según dice la misnitra, quien además es médico participó en la fuga de la hermana, con quien no tiene buena relación, para arriesgar su carrera y su libertad. Nadie lo supo porque de lo contrario no la habrían ascendido en julio 2020. Tampoco se sabe cómo hizo vínculos con un funcionario de inteligencia colombiano y con García Palomo quien vivía entre Bogotá, EEUU y Canadá y desde hace dos años está preso en la Dgcim. Y para colmo cooperaba en una reunión que nunca se efectuó, del cual no se tenía fecha ni sitio específico.
2. Capitán de Navío Ronald Jorge Rodríguez, es el esposo de la capitán Zoranyi Salazar y solo es señalado de participar en la reunión que no se efectuó, en lugar y día no determinado. Ah, por supuesto de ser la pareja de la capitán y médico.
3. Excomisario Rigoberto Moreno Carmona, cuyo único delito parece ser el de ser parte de un grupo de WhatsApp donde hablaban de asaltos a unidades militares. Y el enlace con Estupiñán.
4. Darío Estrada Perozo alias Merienda Negra, “involucrado en la quema de la Magistratura en el 2017”. Recibió entrenamiento en Cúcuta no se sabe para qué.
5. Edgar Enrique García Pacheco alias El Arquitecto Financista. Lo señalan de financiar a escuderos en las guarimbas, las explosiones de Altamira y la operación Gedeón que quedó en Colombia.
6. Robert José Franco Valera, de quien no aparece que hizo nada más que pertenecer al Sindicato de Profesores de Carúpano.
7. Argenis Enrique Ugueto Benítez alias Gocho Aragua, miembro activo de la resistencia y cuya misión es captar jóvenes.
    Loseñalados como financistas de la Operación
8. José Enrique Mujica Ledezma, a quien señalan de ser financista de la Operación Boicot.
9. Jesús Elías Rincón, a quien presentan como “dirigente del grupo subversivo”. No dice cuál grupo es ese. Dice que fundó el movimiento Los Caminantes y que participó con explosivos en Altamira en el 2017.
10. Ismael de Jesús Villamizar Quintero, que la presentación oficial identifica como “hacker organizaciones Anonymous/Theredshadow”. Por ello “sería quien sabotería el Guri y Amuay”
11. Lesbia Gorrín Rodríguez, la única mujer del grupo, a quien presenta como “financista desde España”. 

https://www.infobae.com/america/venezuela/2020/12/31/la-mujer-que-el-regimen-de-maduro-busca-por-financiar-la-operacion-boicot-hablo-con-infobae-no-tengo-dinero-no-soy-terrorista-y-sali-del-pais-hace-17-anos/

El régimen chavista detuvo a seis militares y un camarero del palacio presidencial de Maduro que portaba explosivos

 La versión oficial fue difundida en un video en el que Dany Castillo, empleado desde hace 19 años en la sede del gobierno de Venezuela, señala a los uniformados que le habrían entregado más de un kilo de C4 y varios detonadores

Sebastiana Barráez/ lunes 28 de diciembre 2020

@SebastianaB

 

Tomado de Infobae

 

El 23 de diciembre 2020 la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) detuvo a una Capitán de Navío de nombre Zoranyi Salazar Maldonado y a su esposo también Capitán de Navío de nombre Ronald Jorge. Son dos de los seis militares que están detenidos, en los sótanos de la Dgcim, bajo sospecha de estar relacionados con el plan que supuestamente iba a ejecutar un mesonero del Palacio de Miraflores, detenido con explosivo C4 en su poder. Uno de los militares anteriormente detenido fue el capitán del Ejército Alfredo Saba Peña Díaz.

La capitán de navío y médico Zoranyi Salazar Maldonado 

y su esposo permanecen detenidos en la DGCIM

Antes de la detención de Salazar Maldonado y su pareja, quienes han estado muy identificados con la revolución bolivariana, la DGCIM realizó tres allanamientos de manera simultánea: uno fue en el Ambulatorio Militar de La Rosaleda en Los Teques, estado Miranda, donde la capitán es la Jefa de Servicio, otro en un apartamento de la pareja en San Antonio de los Altos y el tercero en un inmueble de los padres de Salazar Maldonado en Los Teques.

La capitán Zoranyi Salazar Maldonado es oficial activa del componente Armada Bolivariana, además de médico egresada de la Universidad Central de Venezuela, ocupando el cargo de Jefe de Operaciones Autoridad Única Militar Municipio Los Salias, estado Miranda, en el Ambulatorio militar La Rosaleda.

Salazar fue la doctora que en una oportunidad atendió al entonces presidente Hugo Chávez cuando presentó un problema en la piel. Su esposo, el capitán de Navío Ronald Jorge, por su parte, también identificado con el chavismo, durante el Golpe de Estado del 11 de Abril era Alférez de Fragata. No se sabe qué indicios tienen los cuerpos de Inteligencia para vincularlos con el caso del explosivo del mesonero.

El Tribunal ya imputó, por terrorismo, asociación para delinquir y tráfico de explosivo, al mesonero Dany José Castillo García, a quien ordenaron enviar a la cárcel de El Rodeo; a la azafata Jennifer Carolina Osuna Márquez, quien irá por orden del juez al Instituto Nacional de Orientación Femenina (Inof) o cárcel de mujeres; y al capitán (Ej) Alfredo Saba Peña Díaz, quien fue enviado al Centro Nacional de Procesados Militares (Cenapromil) o cárcel de Ramo Verde.

 

Capitán Ej Alfredo Saba Peña Díaz

La extraña historia

El 21 de diciembre 2020 el periodista Eligio Rojas del periódico Última Noticias anunciaba que había sido detenido Dani José Castillo García, de 49 años, mesonero adscrito al Palacio de Miraflores, a quien le “incautaron un kilo 20 gramos del explosivo C4, de acuerdo con fuentes militares”.

Lo primero que colocaba la información bajo sospecha es que ese periódico es uno de los medios de propaganda que usa el régimen de Nicolás Maduro para difundir información interesada. Si algo caracteriza particularmente al gobierno de Maduro es el cierre de las fuentes de información.

Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores, 

el 28 de octubre de 2020. (vía REUTERS) (Foto tomada de Infobae)

Lo otro significativo es que la detención del mesonero se habría producido el 19 de diciembre en Puente Llaguno, lugar que queda a unos metros del Palacio presidencial. Y más resaltante es que la detención la hiciera la Brigada Motorizada de las tenebrosas Fuerzas de Acciones Especiales (FAES).

Lo que relató el periodista Rojas es que el explosivo estaba dividido en nueve trozos. “También le decomisaron 11 detonadores no eléctricos; 2 detonadores engargolados y una mecha de seguridad de un metro 162cm”.

El mesonero Dany José Castillo García detenido cerca de Miraflores

En el video con una declaración del mesonero, que rodó por redes sociales, el mesonero Castillo García asegura que trabaja en el Palacio de Miraflores desde el 2001. “Tengo 19 años laborando allá. Actualmente estoy destacado en puesto de comando presidencial de 9 de la noche a 7 de la mañana; ahí se presta el servicio a ministros, viceministros, directores del despacho”.

Identifica como su jefe inmediato al capitán (Ej) Jack Son Andrade. “El jefe de la División es el capitán de fragata Gari Romero”. Sobre el motivo de su detención manifestó que “me encontraba haciendo una transacción por un explosivo que me entregó mi compañera de trabajo, Jenifer Osuna, que era de su esposo el capitán Alfredo Peña”, dice Castillo García.

Tribunal de Terrorismo

El caso del explosivo del mesonero Dany José Castillo García, por el que además está detenida la azafata del Palacio de Miraflores Osuna Márquez y su esposo el capitán (Ej) Alfredo Saba Peña Díaz, así como cinco militares más, incluyendo a los también esposos y capitanes de navío Zoranyi Salazar Maldonado y su Ronald Jorge, está a cargo del Tribunal 4to de Terrorismo, cuyo juez es José Mascimino Márquez García.

Ex jefe del Cicpc en El Vigía, estado Mérida, 

comisario Rigoberto Moreno detenido en Trujillo

El capitán (Ej) Alfredo Saba Peña Díaz, estaba adscrito a Rampa 4 en el aeropuerto internacional Simón Bolívar, que está reservada a la Presidencia de la República y es por donde entran y salen gran cantidad de personas cuyas identidades son protegidas o que representan interés estratégico para el Gobierno Nacional.

El oficial, esposo de la azafata detenida, aparecía en redes sociales, hasta el 2019, vendiendo repuestos y partes de piezas pequeñas de vehículos.

También por el caso del C4 fue detenido el 24 de diciembre 2020, en Trujillo, el excomisario del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) Rigoberto Moreno Carmona, a quien se llevaron en un helicóptero; él es el esposo de una periodista de la zona. También detuvieron a dos jóvenes: Ronald Flores Rivero y Luis Miguel Sarmiento Ávila.

 https://www.infobae.com/america/venezuela/2020/12/28/el-regimen-chavista-detuvo-a-seis-militares-y-un-camarero-del-palacio-presidencial-de-maduro-que-portaba-explosivos/

Venezuela: a los indígenas de la Operación Aurora les arrancaron las uñas y ahora los están dejando morir enfermos y de hambre

 En diálogo con Infobae, el abogado Olnar Ortiz relató que las denuncias han sido formuladas ante la Defensoría del Pueblo, en la Dirección de Derechos Fundamentales

Sebastiana Barráez/ viernes 25 de Diciembre de 2020

@SebastianaB

Tomado de Infobae

 

 “La cárcel de El Rodeo no le da alimento a ninguno de los privados de libertad, lo cual ha ido deteriorando la salud de los pemones, lo que tiene a cinco de los trece con problemas de salud y a Salvador Franco con riesgo grave”, dijo a Infobae el abogado Olnar Ortiz, quien es indígena Bare, Defensor de DDHH y Coordinador Nacional de Pueblos Indígenas de Foro Penal.

Familiares  pidiendo por la libertad de los pemones. 

Los acompaña el abogado Olnar Ortiza

Relata que las denuncias han sido formuladas ante la Defensoría del Pueblo, en la Dirección de Derechos Fundamentales, incluso en el Tribunal que lleva la cauda, Amnistía Internacional, la Corte Penal Internacional, así como a los delegados en Caracas de la Alta Comisionada y de la ONU en Ginebra.

El caso de los pemones hace referencia a 13 miembros de comunidades indígenas de la Gran Sabana, quienes están detenidos por su participación en el asalto al 513 Batallón de Infantería Selva “GD Mariano Montilla”, ubicado en el sector Luepa, municipio Gran Sabana del estado Bolívar. Esa operación militar la comandaron un grupo de oficiales retirados de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, acompañados por pemones.

Los trece indígenas detenidos son: Fiaciencio Meya Fernández, Lisandro González, Carlos Alfredo Fernández, Julio Leomar Delgado, Carlos César García, Ronny Kelvin Sánchez Lambos, Oscar Albaniz Pérez, Amilcan José Pérez, Frederick Fernández, Frank José Fernández, Salvador Fernando Franco, Willy Gabriel Martínez y Pantaleón Hovito Mesía.

Ortiz destaca que “desde el primer momento en que ellos fueron trasladados, en mayo 2002, a la cárcel de El Rodeo, hemos denunciado, primero el traslado sin orden judicial por lo que Amnistía Internacional se pronunció. Desde el primer momento que llegan al Rodeo señalamos las condiciones de insalubridad de ese centro penitenciario, además de que está sobreproblado, no tiene condiciones de acueductos de aguas servidas y agua potable; a ellos les llega agua en camiones cisterna y es la que también deben consumir”.

“En junio ya los indígenas detenidos presentan problemas gastrointestinales que, según el diagnóstico del médico del centro penitenciario, señalando que algunos con síntomas de amibiasis. NO les permitían el acceso de alimentos ni medicinas, por el tema de la pandemia. Recurrimos al comandante del destacamento que presta el servicio de seguridad al penal para poder ingresar los medicamentos. Desde julio, empiezan a presentar síntomas asociados al Covid19 que denunciamos, pero nunca les hicieron exámenes de despistaje, ni para ellos, ni para nadie en el penal”.

Varios de los contagiados y enfermos fueron recuperándose, pero no sucedió así con Salvador Franco cuyo estado de salud fue empeorando “hasta llegar a la situación de hoy donde tememos por su vida; él está muy mal, ha perdido mucha masa muscular, mucho peso”.

Olnar Ortiz es indígena y es abogado de los pemones detenidos. 

Agrega Olnar Ortiz que “en septiembre 2020 denunciamos que desde mediados de agosto y principios de septiembre, las autoridades del penal permiten la visita de los familiares, pero no a los abogados, pero más que todo con la intención que les lleven alimentos preparados, porque no permiten víveres porque alegan que el penal no tienen condiciones para que los detenidos preparen sus alimentos”.

“En el caso de los pemones es muy complicado porque ellos están lejos de sus comunidades indígenas, lejos de sus familias. Ha sido muy importante el apoyo de Felicia Pérez, madre de tres de los pemones, quien logró conseguir albergue en el convento de las Hermanas Franciscanas, que han colaborado y junto al Foro Penal y otro grupo de personas han logrado brindar alimentos y traslado al penal dos días por semana de alimentos no perecederos”.

 Torturados

Por el caso de la Operación Aurora, ocurrida en la madrugada del 22 de diciembre 2019, hay en la causa 27 personas entre civiles y militares, incluyendo los 13 pemones. (http://www.sebastianasinsecretos.com/2020/09/un-militar-de-la-operacion-aurora.html)

Tres de los militares de la Operación Aurora que están fuera del país.

Según explica Ortiz, varios pemones se entregaron el 22 de diciembre, luego de que retornaran a su comunidad; otros, entre el 28 y 30 de ese mes fueron detenidos en distintas comunidades.

Resalta que ellos nunca han negado su participación en la Operación Aurora. “La versión que han sostenido los pemones es que a ellos los buscaron para realizar trabajos en una mina, no sabían que los estaban involucrando en el asalto a un cuartel.

“Los engañaron cuando los fueron a buscar el 21 de diciembre en la tarde. A todos ellos los obligaron a dar testimonios en el momento en que fueron detenidos y trasladados a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim). Fueron coaccionados, maltratados y torturados para que ellos rindieran testimonio de su participación en el hecho”.

Aquellos indígenas que se entregaron el día 22, en presencia del capitán de la etnia y sus familiares, lo hicieron con el acuerdo de que ellos no negaban su participación, pero aclarando que los llevaron de manera engañosa y que por eso se estaban entregando. “Desde el primer momento los empezaron a maltratar, incluso los sometieron a asfixia mecánica en la DGCIM. A algunos les arrancaron las uñas”.

Un primer grupo de los pemones fue presentado, en Guasipati, el 27 de diciembre 2019, ante un Tribunal Militar, que después declinó su competencia ante el Tribunal Cuarto de Control de Terrorismo en Caracas anulando todas las actuaciones del Tribunal Militar; ese grupo fue presentado el 10 de enero 2020. El segundo grupo fue presentado el 22 de febrero 2020.

 

Salvador Franco es uno de los 13 pemones detenidos.

Desaparición forzosa

“En el primer grupo se encontraba Frank Fernández, que fue herido, y no fue presentado el día 10 de enero sino en fecha posterior, de manera que estuvo en condición de desaparición forzosa durante 60 días; ni sus familiares ni siquiera nosotros, sus abogados, sabíamos dónde estaba ni en qué condiciones. La Dgcim negaba que él estuviera en sus instalaciones”, asegura el abogado indígena.

Explica Ortiz que “la Dgcim como el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) tienen esa figura de ‘periodo de adecuación’ (medida de acostumbramiento) de manera que no permiten, por más de 45 días, la visita de familiares ni de abogados. Por ello no sabíamos donde estaba Fernández ni otros de los indígenas. Casi todos fueron víctimas de desaparición forzosa”.

“La última audiencia de presentación del segundo grupo fue el 22 de febrero 2020, pero luego se implementaron las medidas sanitarias de la pandemia por el coronavirus. La primera audiencia preliminar iba a ser a finales de octubre 2020, la cual fue pospuesta durante cuatro oportunidades hasta que por fin se realizó el 25 de noviembre 2020, cuando fueron acusados de cinco delitos, entre ellos terrorismo y asociación para delinquir”.

“El 2 de noviembre conocimos la decisión del juez acusándolos de los cinco delitos. En esa audiencia el juez, a solicitud de los abogados, ordena el traslado de todos los pemones, para la revisión médica, haciendo principal énfasis en el caso de Salvador Franco que está actualmente muy delicado de salud, según hemos sabido por sus familiares que está tosiendo sangre”, finaliza diciendo el abogado Olnar Ortiz.

 https://www.infobae.com/america/venezuela/2020/12/25/venezuela-a-los-indigenas-de-la-operacion-aurora-les-arrancaron-las-unas-y-ahora-los-estan-dejando-morir-enfermos-y-de-hambre/

Qué hay detrás del intento de secuestro del empresario que financió la Operación Aurora en Venezuela

Andrés Antonio Fernández Soto, alias Toñito, fue el autor intelectual del asalto a un batallón en el que fueron robados cientos de fusiles y municiones, desde entonces está refugiado en Brasil

Sebastiana Barráez/ lunes 23 de noviembre 2020

@SebastianaB

 Tomado de Infobae

 

 

A Andrés Antonio Fernández Soto alias Toñito, de 46 años de edad, le imputan una serie de delitos en varios tribunales militares de Venezuela. No significa que esté implicado en todos ellos, pero lo acusan de legitimación de capitales, tráfico de armas, material aurífero y combustible, financiamiento al terrorismo y grupos delictivos, obstrucción al comercio entre otros. El 14 de noviembre un grupo comando lo secuestra de territorio brasileño e intentó pasarlo a Venezuela, pero un grupo de personas, entre ellos pemones, lo rescatan.

La secuencia del intento de secuestro de alias Toñito

Alias Toñito es un comerciante, con gran cantidad de negocios en Santa Elena de Uairén, quien goza de gran simpatía en esa zona del estado Bolívar, desde hace años cuando explotaba una mina de oro, que después el gobierno venezolano le quitó, acusándolo de varios delitos en lo que autoridades venezolanas llamaron Manos de Metal.

Fernández Soto tenía cercanía con el Partido Socialista Unido de Venezuela, en el cual se inscribió como militante, colaboró en la formación de la Guardia Territorial de los pemones, etnia predominante en la Gran Sabana. Con el tiempo el autoritarismo del partido de Gobierno le arrebató, a mediados del año 2018, la alcaldía a Emilio González, quien en buena lid había resultado triunfador en las elecciones municipales; fue el único burgomaestre de Bolívar que no ganó por la línea del PSUV y las autoridades de la revolución ejecutaron una maniobra para inhabilitarlo y destituirlo.

González tenía ascendencia y liderazgo, además de ser el único alcalde pemón, por lo que la etnia no vio con buenos ojos la jugada para sacarlo de la alcaldía. A pesar de la resistencia, fue destituido. La situación se agravó porque a alias Toñito le quitaron la mina de oro con la operación Manos de Metal, la cual fue a parar bajo el control del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Emilio González el alcade de la Gran Sabana 

a quien destituyeron del cargo en una maniobra política

 

Buscan un arma

En colaboración con varios militares retirados, principalmente del teniente Josué Abraham Hidalgo Azuaje, Toñito se convierte en el autor intelectual de la Operación Aurora, el asalto al 513 Batallón de Infantería Selva “GD Mariano Montilla Padrón” ubicado en el sector Luepa, municipio Gran Sabana del estado Bolívar, y en el 5102 puesto policial de Escamoto.

En el asalto al batallón, ocurrido el 22 de diciembre 2019, se llevaron 112 fusiles y municiones, de los cuales 80 quedaron, en un camión 350 tritón que dejaron abandonado en la vía hacia una trocha de Brasil. Hay 30 fusiles, los que iban en el otro vehículo, una camioneta Hilux, que no han aparecido y que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana trata de recuperar.

“A ese tipo, a Toñito, lo están buscando porque quienes asaltaron el Batallón en Luepa se llevaron un arma que es necesario recuperar porque eso puede traer un conflicto internacional”, dijo a Infobae un funcionario de Inteligencia del estado Bolívar.

Hasta el intento de secuestro de alias Toñito se desconocía que la Operación Aurora se había llevado algo más que 30 fusiles y municiones. La intención de las autoridades venezolanas de capturarlo, incluso a riesgo de causar la protesta de Brasil, indica el interés que tienen en el arma que estaría en su poder.

 

Andrés Antonio Fernández Soto alias Toñito

El secuestro

Unos días antes del intento de secuestro de Toñito, ascendieron a todos los funcionarios militares de la Guardia Nacional Bolivariana que enfrentaron la toma del Batallón y el fuerte Escamoto. Algunos que habían ascendido en el 2019, los volvieron a ascender sin tener tiempo cumplido.

La tarde del 14 de noviembre un grupo comando, de cinco hombres, intentó secuestrar a Andrés Antonio Fernández Soto alias Toñito. Hay mucho interés en capturarlo y tenían una vigilancia constante para cuando él apareciera por Pacaraima, donde vive su familia.

El sábado 14, él llegó a casa de su mamá, que está en Pacaraima cerca de la línea fronteriza, toca la puerta y a los 30 segundos aparece en escena una camioneta Hilux con varios hombres armados, que intentan capturarlo, uno de ellos pretende inyectarle una sustancia hasta ahora desconocida, él se defiende, le dan un tiro en la pierna derecha y así logran arrastrarlo hasta la camioneta y llevárselo del lugar.

El grupo lo llevó a la línea fronteriza, impactó la camioneta contra la cerca y pasó a territorio venezolano, pero unos metros más adelante quedó atascada en la trocha. Al otro lado había militares venezolanos en unos vehículos y parecía que esperaban el paso del secuestrado. Nada pudieron hacer, porque en ese momento gran cantidad de gente se aglutinó, entre esos pemones, y rescatan a Toñito, a quien regresan a territorio brasileño, lo suben a una camioneta y lo trasladan al hospital de Pacaraima, donde los médicos determinaron que la bala no le tocó el hueso por lo que se ha recuperado rápidamente y salió hacia otra ciudad territorio adentro de Brasil.

 

La Operación Aurora

Del asalto al Batallón de Selva y el intento al Escamoto quedaron detenidos varios militares activos y retirados, así como trece indígenas de la etnia pemón, cuyo juicio arrancó recientemente.

Josué Abraham Hidalgo, Franklin Caldera y Ruso Cárdenas de la Operación Aurora

En enero 2019 un Tribunal militar emitió órdenes de captura contra alias Toñito, el ex alcalde Emilio González de la Gran Sabana y de los capitanes indígenas Juvencio Gómez Suárez de Kumaracapay y Jorge Valentín Gómez Fernández del sector IV.

El Juez Militar Décimo Séptimo de Control de Ciudad Bolívar, My. Cristian Josué Rivas Lanz, a solicitud del Fiscal Militar Superior coronel César Enrique Milano Montoya, ordenó la detención del comandante de la Unidad Militar que sufrió el asalto, Teniente coronel Edgar Omar Valdez Ramírez, además del Primer teniente Axel Caldera Yépez y el Teniente Miguel Ángel Reyes Mendoza.

También declaró la detención de nueve pemones: Oscar Albenis Pérez González, Amílcar José Pérez Pérez, Carlos Alfredo Fernández Bailón, Carlos Cesar García Duran, Yori Agustín Rondón Pérez, Fancencio Mejías Fernández, Lisandro González Delgado, Frederick Lowuis Fernández Romero y Julio Leomal Delgado Sosa.

El 26 de diciembre cuando se constituyó, para la audiencia de presentación de los tres militares y los pemones, el Tribunal Militar 17 de Control lo hizo en la sede de la Región Estratégica de Defensa Integral (REDI) Guayana. A los imputados les impusieron defensores públicos, que fueron: T/N. Sourelis Bonalde García y el primer teniente Cesar Augusto Delgado Perich.

Desde hace semanas no se permite el ingreso al municipio Gran Sabana

El comunicado de Toñito

Hasta ahora Andrés Antonio Fernández Soto alias Toñito no ha dado ninguna versión conocida sobre lo sucedido, pero el 20 de noviembre dejó circular un comunicado en redes de información del estado Bolívar, destacando “después de los acontecimientos acaecidos el día sábado 14 de noviembre, donde fui víctima de un intento de secuestro que fue frustrado por la población de Pacaraima, hay un grupo de personas que por un lado están solicitando ayuda monetaria en mi nombre y por otro lado están cobrando vacuna intentando hacer creer a la gente que tengo un sindicato bajo mi control”.

“Les convido para que estén muy alertas y no se dejen ni extorsionar, ni estafar por estos facinerosos que tienen la intensión de mal poner con mi propia gente y no son más que los esbirros de los organismos de inteligencia del régimen narco terrorista de Justo Noguera y de Nicolás Maduro, que después de causar tanto daño en nuestra población van de salida como delincuente que huye”.

Finaliza diciendo “mi posición a lo largo de los años que he hecho vida en la Gran Sabana, ha sido de dar y no de pedir”.

Fue evidente que el grupo que intentó secuestrar a Toñito necesitaba llevárselo con vida.

https://www.infobae.com/america/venezuela/2020/11/23/que-hay-detras-del-intento-de-secuestro-del-empresario-que-financio-la-operacion-aurora-en-venezuela/

El informe de Michelle Bachelet que causó indignación entre familiares de detenidos en la Dirección de Inteligencia del régimen de Maduro

Desde las medidas por el Covid-19, la situación ha empeorado. Desde marzo, solo familiares de algunos detenidos han recibido tres o cuatro llamadas muy cortas

Sebastiana Barráez/15 de Julio de 2020

@SebastianaB

 Tomado de Infobae

 

La tortura blanda y psicológica contra detenidos y familiares, la ausencia de chequeos médicos, el robo de los alimentos y agua potable, la ducha solo una vez a la semana, la prohibición de lecturas y actividades físicas, el encierro durante las 24 horas perdiendo la noción del día y la noche, con pérdida de memoria y de peso, sin ningún tipo de visitas de familias ni abogados. Así están los detenidos en los sótanos de la DGCIM. Es peor para quienes están en el sub sótano en la llamada Casa de Los Sueños. 

Michelle Bachelet

Desde las medidas por el Covid19, la situación ha empeorado; desde marzo, solo familiares de algunos detenidos han recibido tres o cuatro llamadas muy cortas. Les impusieron que para entregar alimentos, medicamentos o útiles personales no pueden acercarse a la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en Boleíta, Caracas; los obligan a llegar hasta un centro comercial retirado de allí donde unos funcionarios van a buscar los insumos.

Y si ya es difícil para quienes viven en Caracas, es una tragedia para los del interior del país, muchos de quienes no saben desde hace tiempo en qué condiciones está el preso, incluso no saben que han sido trasladados a otros sitios.

Pero eso no está reflejado de manera contundente en el nuevo informe de Verónica Michelle Bachelet Jeria, Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. Tampoco aparece en ningún párrafo que la Comisión de Delegados que dejó en Venezuela se ha negado a acompañar a los familiares cuando le han solicitado que los acompañen para pedir información o fe de vida de los detenidos. “Esos delegados también tienen miedo. Han preferido hacerles sonrisas a los funcionarios del Gobierno. Han resultado una gran decepción”, comenta la esposa de un oficial a Infobae

Otra de las mujeres consultada dijo: “Ella, Bachelet, tiene las denuncias. Muchos de nosotros nos arriesgamos a hablar con ella cuando estuvo en Venezuela, pero una cosa dijo ahí y otra lo que ha sucedido desde entonces. Las consecuencias para algunos ha sido castigos, incomunicación total y vaya a saber qué otros tratos”.

“Hace cuatro meses que los tribunales están cerrados, impidiendo que podamos hacer alguna actuación, pero para detener a la gente e imputarla para eso sí funcionan cada vez que quieren”, es la respuesta que da el representante de un oficial.

Coincidencia en el maltrato

Todos los consultados por Infobae coinciden en su indignación por el informe Bachelet. Una anciana considera que “ha sido el peor de los informes de la Alta Comisionada, no solo no dice nada de lo que está sucediendo en esos sótanos de tortura, sino que hasta alaba a la Fiscalía. Bachelet no solo perdió mi confianza, también mi respeto”.

Uno de los oficiales torturados en la DGCIM

A los detenidos en DGCIM por la Operación Gedeón les desaparecieron los alimentos y los medicamentos. “Con el cuento de que ellos iban a tumbar a Maduro, los han tratado de manera brutal, como si no tuvieran derecho a nada”, argumenta una de las personas consultadas.  

“La denuncia que colocamos ante Atención a la Víctima no tuvo respuesta por parte del Ministerio Público. El Defensor del Pueblo hace silencio”, es la crítica de una víctima.

Todas las denuncias coinciden en la poquísima cantidad de alimentos que les sirven a quienes están en esos sótanos y el robo de la comida que llevan los familiares, por lo que la pérdida de peso es alarmante de hasta 20 kilos. No salen al sol. No respiran aire limpio. Cero actividades recreativas. “Bachelet lo que ha hecho es acumular informes. En el del 4 de julio recomendó que los detenidos en esos sótanos fuesen trasladados. Si no han dejado entrar a sus delegados, menos han considerado sus sugerencias. Al contrario, ese lugar está ahora más hacinado que nunca”, es la agria expresión de uno de los familiares.

El padre de un oficial detenido coincide con muchos familiares de otros presos en que “hacemos un gran sacrificio para conseguir los alimentos ante la crisis que hay en Venezuela. Se los llevamos a mi hijo y en la DGCIM se roban la mitad o incluso todo, lo mismo ocurre con los medicamentos. Nos tratan de manera denigrante. Imagínese cómo deben tratar a esos muchachos que están indefensos en esos sótanos, en manos de gente mentalmente enferma. Esa señora Bachelet sale con ese informe lleno de tonterías, por lo menos en lo que a la violación de los derechos humanos de los recluidos en la Casa de Los Sueños”. 

Bachelet no mencionó nada ante la situación de los capitanes detenidos por los sucesos de Puerta Morocha (https://www.infobae.com/america/venezuela/2020/04/21/una-rebelion-encabezada-por-capitanes-de-la-guardia-nacional-intento-un-levantamiento-militar-contra-nicolas-maduro/) y mucho menos a la forma grotesca como murieron ocho, según dijo el Ministro Néstor Reverol, de la Operación Gedeón, cuyos nombres aun hoy en día no han sido dados a conocer oficialmente. (https://sebastianasinsecretos.blogspot.com/2020/05/a-tres-semanas-de-la-operacion-gedeon.html)

 Los puntos del Informe

La parte relacionada a la administración de justicia es lo más pobre del informe de Bachelet. Varias veces cita que fue “manifestado en sus informes anteriores”, con lo cual está demostrando que el Gobierno de Nicolás Maduro no ha tomado en cuenta para nada ninguna de sus solicitudes o sugerencias.

Funcionarios de DGCIM

Además, si bien es cierto que las referencias a los instrumentos legales, son importantes, en el informe parecen usarse más para rellenar espacio sin contenido. Además de citar lo que ya ha sido citado en muchas oportunidades. ““El ACNUDH identificó varios factores que socavan considerablemente la independencia del poder judicial, en particular, la inseguridad en la titularidad de los jueces, la inexistencia de un proceso transparente para su designación, la presión política que se ejerce sobre ellos (por ejemplo, en forma de amenazas de despido), la precariedad de sus condiciones de trabajo y las restricciones a su libertad sindical”.

La Comisión dice estar preocupada “por la falta de independencia que padece el sistema de justicia en Venezuela”.

A estas alturas Bachelet sigue repitiendo en sus informes “la inseguridad en la titularidad de los jueces, la inexistencia de un proceso transparente para su designación, la presión política que se ejerce sobre ellos (por ejemplo, en forma de amenazas de despido), la precariedad de sus condiciones de trabajo y las restricciones a su libertad sindical”.

Se refiere al decreto emitido por la Asamblea Nacional Constituyente de 1999 sobre “emergencia judicial”. “El ACNUDH ha sido informado de que la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha continuado basándose en dicho decreto para destituir a jueces por otros motivos”.

Muchas veces se lee en el informe las palabras “Al ACNUDH le preocupa” pero no hay una demostración de los logros de la Alta Comisionada ante las gravísimas denuncias de derechos humanos en Venezuela.

Bachelet sabe el sueldo de los jueces, y que eso “incrementa el riesgo de corrupción en todos los ámbitos y a todos los niveles de la administración de justicia” y también la composición del TSJ. “Según la información recibida, la mayoría no cumplía con los requisitos mínimos establecidos por la Constitución para ser magistrados”.

Y si algo demuestra lo genuflexo del informe, además de lo anteriormente citado, es al referirse a “inconsistencias y posibles consideraciones políticas en las decisiones del TSJ relacionadas con la Asamblea Nacional”, cuando hay diputados huyendo, asilados, presos, amenazados y perseguidos.

General Carlos Terán Hurtado, director de Investigaciones DGCIM

“Desde marzo de 2017, el TSJ ha retirado la inmunidad a 29 asambleístas de la oposición sin seguir el procedimiento dispuesto en la Constitución y sin el proceso debido”.

Menciona la preocupación por el uso de la jurisdicción militar para enjuiciar a civiles, como en el caso del dirigente sindical Rubén González. “En la jurisdicción penal militar venezolana, los jueces, fiscales y abogados son considerados militares en servicio activo, por lo que están sometidos a la disciplina militar y al principio de obediencia jerárquica”.

“Otra fuente de seria preocupación es el establecimiento de tribunales con competencia en delitos vinculados al terrorismo, que fueron creados en 2014 a través de un memorando interno del TSJ en lugar de mediante una ley de la Asamblea Nacional, y cuyos procedimientos judiciales no son compatibles con las garantías de debido proceso y el derecho a un juicio justo”.

                                            Tribunales Militares en Fuerte Tiuna, Caracas

“Su mandato no ha sido hecho público, las audiencias no son siempre de carácter público y están compuestos por jueces provisionales que son nombrados siguiendo procedimientos carentes de transparencia. El ACNUDH está también preocupado porque, desde 2018, se ha venido recurriendo cada vez más a estos tribunales para juzgar casos de relevancia política, incluyendo de militares”.

“Varias fuentes informaron al ACNUDH de que, cuando en las audiencias se daba cuenta a los jueces de casos de tortura o malos tratos, ellos solían responder que el examen de tales denuncias no formaba parte de su competencia a pesar de que la obligación de investigar cualquier alegato de tortura se encuentra tanto en la legislación nacional, como en los tratados internacionales de los que la República Bolivariana de Venezuela es parte”.

Bachelet durante su visita a Venezuela

Volvió a referir los casos de tortura, de 16, ocurrido entre junio de 2019 y mayo de 2020. Se refirió a las denuncias recibidas sobre torturas en la DGCIM: “fuertes palizas con tablas, asfixia con bolsas de plástico y productos químicos, inmersión de la cabeza del detenido bajo el agua, descargas eléctricas en los párpados y violencia sexual en forma de descargas eléctricas en los genitales. Las personas detenidas también estuvieron expuestas a bajas temperaturas y/o luz eléctrica constante, esposadas y/o con los ojos vendados durante largos períodos y sometidas a amenazas de muerte contra ellas y sus familiares”.

“A raíz de estas agresiones, desarrollaron problemas psicológicos, como depresión, insomnio, ansiedad, trastorno de estrés postraumático e ideas de suicidio, y físicos, como dolores crónicos, pérdida de sensibilidad en las extremidades, afecciones renales, hipertensión, lesiones oculares y pérdida de visión”.

https://www.infobae.com/america/venezuela/2020/07/15/el-nuevo-informe-de-michelle-bachelet-causo-indignacion-entre-familiares-de-detenidos-en-la-direccion-de-inteligencia-del-regimen-de-maduro/