Cómo el dinero del botín de guerra de la tortura en Venezuela llega a un equipo de la Copa Libertadores

 

La Dirección General de Contrainteligencia Militar del chavismo ha llegado a obtener una enorme riqueza que invierte en varios grupos culturales y deportivos, uno de ellos en el Fútbol Club de la Universidad Central de Venezuela

Sebastiana Barráez/ jueves 27 de febrero 2025

@SebastianaB

Tomado de Infobae

El equipo venezolano portando el logo de los espartanos de la DGCIM

El coronel de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) Alexander Enrique Granko Arteaga, ha sido señalado como responsable por numerosas víctimas de tortura en Venezuela. Ha sido desde hace años hombre clave en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) por el privilegio sobre el botín de guerra que lo ha llevado a obtener una enorme riqueza que invierte en varios grupos culturales y deportivos, uno de ellos en el Fútbol Club de la Universidad Central de Venezuela (UCV).

El dinero de Granko, como alertó, hace un año, Infobae (http://www.sebastianasinsecretos.com/2024/03/un-jefe-de-inteligencia-venezolano.html), se usa para que con el Team Espartano acceda a atletas venezolanos en diversas disciplinas: surf, motocross, karate, ajedrez, natación, patinaje, paracaidismo, ciclismo, incluso el coleo, otros. 

Los padres y representantes de esos niños y jóvenes, a quienes atrae con la excusa del deporte, desconocen que el dinero de las actividades tiene origen nada probo, al contrario, muy oscuro y peligroso, porque además permite que la DGCIM tenga acceso a datos de esos participantes y sus familias directas: teléfonos, direcciones, números de cédula, partidas de nacimiento, entre otros.

La polémica ahora se hace visible porque no solo es que Granko Arteaga, quien es jefe de la Dirección de Asuntos Especiales (DAE) de la DGCIM, invierta mucho dinero, cuyo origen parte del botín de guerra de los presos y perseguidos por la DGCIM, sino que haya colocado a su hijo, un adolescente de 16 años, como jugador destacado en el equipo de fútbol de la UCV.

El botín de guerra de la tortura en Venezuela se alimenta de la serie de bienes, que van desde divisas, joyas, vestidos, motos e incluso, acciones, casas, yates y empresas, que les son arrebatados, por la fuerza o coacción a secuestrados en los cuerpos de inteligencia, detenidos o aquellos perseguidos y obligados a huir del país.

Desde hace un par de años, Granko Arteaga se hizo visible, revelándose con videos de amenazas veladas en redes sociales, lo que aumentó desde el año pasado al enviar mensajes de terror o publicando videos con música y textos escalofriantes.

Coronel Alexander Enrique Granko Arteaga de barba a la izquierda

Una profunda indignación ha causado que Granko Arteaga utilice no solo el dinero del botín de guerra para penetrar las actividades deportivas, siendo el fútbol una de las más relevantes en el país, sino que se asegura de usar el símbolo de su empresa que a su vez tiene como logo de la DAE en la DGCIM.

Dinero sangriento

Ahora Granko Arteaga se identifica abiertamente con el ministro del Interior, Diosdado Cabello Rondón, después de haber servido al anterior director de Contrainteligencia, el Mayor General (Ej.) Iván Rafael Hernández Dala.

El coronel, Director de Asuntos Especiales (DAE), al demostrar su nivel de destrucción de personas y familias de militares y civiles caídos bajo sospecha, se ganó que Nicolás Maduro lo ascendiera, en julio 2020, de número uno a Teniente Coronel.

Granko, quien es parte como parte de la II Promoción “Batalla Mata de la Miel” de la entonces Escuela de Formación de Oficiales de las Fuerzas Armadas de Cooperación (Efofac), estampa el logo, que ahora luce el equipo de fútbol de la UCV, en todos los uniformes de la Dgcim, incluso en el material POP, en videos y fotografías de la Operación Tun Tun, así como en las instalaciones de la Dgcim.

El 26 de febrero 2025 se llevó a cabo la vuelta de la segunda fase de la Copa Libertadores contra el brasileño Corinthians Paulista, lo que definiría el pase a la siguiente ronda, tras el empate protagonizado, el 20 de febrero, por dichos equipos en su primer juego en el estadio Olímpico de Caracas.

El equipo de investigación de Cazadores de Fake News destaca que el equipo de fútbol llevará al estadio Arena Corinthians en Brasil, en el centro de la camiseta el logo que identifica a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), específicamente a la Dirección de Asuntos Especiales (DAE), que dirige Granko Arteaga.

Granko Arteaga con el entonces jefe de la DGCIM Hernández Dala.

“La imagen, negra con amarillo y que simula un casco de guerrero griego, es el mismo logo que aparece en las mangas de los funcionarios de la Dgcim, en los pendones de los actos oficiales, en las unidades para controlar el orden público y las llamadas “jaulas” para detenciones, y que se hizo especialmente famoso en los videos de propaganda que publica el régimen”, dice Cazadores de Fake News.

El logo y lo implica 

“El logo que comparte la Dgcim y el UCV FC sirve, desde el año 2021, para identificar también a una plataforma deportiva llamada Team Espartanos que es presidida por el mismo Granko Arteaga. De acuerdo con sus redes sociales, esta tiene como objetivo dar apoyo a 13 modalidades deportivas. La plataforma asegura que canaliza la ayuda de empresas privadas e instituciones del Estado venezolano”, resaltó Cazadores en su investigación.

Los funcionarios de la DGCIM usan el logo que tiene el equipo de fútbol UCV

Recuerdan que Granko, padre del jugador de fútbol, está señalado en varios informes de la Organización de las Naciones Unidas por violaciones a los Derechos Humanos desde el 2017, incluso el del secuestro y tortura del capitán de corbeta retirado Rafael Acosta Arévalo, quien muere bajo custodia de la DGCIM, en el 2019.

El logo espartano llega al equipo de fútbol de la UCV, según la investigación de Cazadores de Fake News, porque “en el año 2020 se hizo público que nuevos propietarios habían adquirido la selección tricolor”, que no tiene vínculos administrativos con la Universidad Central de Venezuela, “más allá del arrendamiento del Estadio Olímpico”. 

Aunque precisa que no es oficial, destaca que “en redes sociales y personas cercanas al deporte han señalado a Granko Arteaga, quien es objeto de medidas sancionatorias por parte de la Unión Europea y Estados Unidos desde 2019, como el nuevo propietario”, refiriéndose al equipo de fútbol.

En una de las actividades de la DGCIM resalta el logo de los espartanos de Granko Aretaga

“De hecho, en el equipo juega uno de los hijos de Granko, quien con 16 años es uno de los jugadores más jóvenes de la liga FutVe 2, la segunda división del fútbol venezolano, de la que hace parte el UCV”.

“Fuentes relacionadas con la cobertura periodística del club coinciden en que se empezó a usar el logo de Team Espartanos desde la presentación del jugador Christian Santos, en el año 2023. Sin embargo, en la cuenta oficial de Instagram, el equipo anunció la incorporación del logo al uniforme oficial en febrero de 2024”.

El poder y el botín

A la Copa Libertadores le cayó una mancha, no solo por el origen del dinero del equipo venezolano, sino que se trata de dinero producto del botín de guerra, que es lo que realmente sostiene a los funcionarios de la DGCIM, como parte de los espartanos de Granko Arteaga, que lleva tras de sí la carga de desapariciones forzadas, tortura, asesinatos, coacción, robo, amenazas, otros.  

Numerosas actividades se identifican con el logo de la DGCIM

Según lo analizado por Cazadores de Fake News y de acuerdo a una fuente “para que la Conmebol actúe ante el UCV, un equipo contrario debe exponer la queja. ‘Si esto no ocurre la Conmebol espera que haya una acción de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF), para enfrentarlas, pero las relaciones políticas entre la federación y el gobierno de Nicolas Maduro impide cualquier llamado de atención’”.

Destacan la relación entre la vicepresidente de la República, Delcy Eloína Rodríguez Gómez, y el presidente de la federación, el empresario Jorge Giménez, y el primer vicepresidente de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF), Pedro Infante, exministro de Deportes de Maduro y actualmente diputado a la Asamblea Nacional por el partido oficialista PSUV.

https://www.infobae.com/venezuela/2025/02/27/como-el-dinero-del-botin-de-guerra-de-la-tortura-en-venezuela-llega-a-un-equipo-de-la-copa-libertadores/

El régimen chavista obliga a los más de 100 presos políticos de Apure a pagar para evitar ser trasladados a peligrosas cárceles

El representante de una ONG reveló  a Infobae que carceleros, jueces, fiscales, defensores y esbirros, "han demostrado una complicidad importante en todo este esquema de sobornos, tortura, trato cruel, inhumano un degradante, hacia los privados de libertad arbitrariamente"

Sebastiana Barráez/ domingo 6 de octubre 2024

@SebastianaB

Tomado de Infobae

Militares venezolanos custodian el centro penitenciario "Tocorón" (EFE/ Miguel Gutiérrez)

En el marco de las protestas electorales, no menos de 106 detenidos por causas políticas tiene el estado Apure desde el 28 de julio, día de las elecciones presidenciales; casi de inmediato trasladaron a 19 a las peligrosas cárceles de Tocuyito y Tocorón. En la cifra de detenidos hay 15 mujeres. Todos han sido víctimas de un círculo corrupto de la justicia en el que participan jueces de Control, Fiscales del Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, Defensa Pública y Ministerio del Servicio Penitenciario.

Una cantidad de funcionarios que son los carceleros como jueces, fiscales, defensores y esbirros, “ha demostrado una complicidad importante en todo este esquema, de sobornos, tortura, trato cruel, inhumano y degradante, hacia los privados de libertad arbitrariamente durante las protestas postelectorales”, le dice a Infobae el representante de una ONG defensora de DDHH, que también es perseguida por el régimen venezolano.

Todos los detenidos son obligados a aceptar como defensora pública a Ana Karina Ramírez, pareja sentimental del subjefe del Sebin. Los casos han sido distribuidos en los tribunales de control a cargo de los jueces: María Milagros González Díaz, José Antonio Méndez Laprea y Rosmery Torres. 

La defensora publica Ana Karina Ramírez y su pareja el subjefe del Sebin, comisario Daniel Pérez

Entre las mujeres detenidas en Apure, está María Isabela García, es abogado pero también docente del Liceo Bolivariano “Manuel Antonio Nieves”, ubicado en la avenida Urbino Ruiz de la parroquia Elorza, municipio Rómulo Gallegos, Apure;  políticamente es la Coordinadora de Educación y militante del partido Primero Justicia (PJ), pero especialmente miembro del voluntariado de Mujeres con María Corina Machado y Edmundo González Urrutia en Elorza.

García fue arrestada por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), el 03 de agosto 2024, siendo presentada una semana después de su detención y sin derecho a defensa privada, porque le impusieron a la defensora pública Ana Ramírez.

La audiencia de imputación de García fue realizada de forma telemática, con alguien que dijo ser fiscal pero aun de manera virtual el funcionario no se identificó. Le violentaron todo derecho a la defensa, al debido proceso y le imputaron delitos de terrorismo e incitación al odio por administrar un grupo de Whatsapp.

La verdadera razón, de la cuestionada administración de justicia, es enviar un mensaje de terror al resto de los venezolanos. El chat de WhatsApp solo fue una excusa, con el argumento que ahí se habla mal de Nicolás Maduro y de Sobella Flores, jefa de la Unidad de Batalla Bolívar Chávez (UBCH) del sector Centro de Elorza, quien para colmo es la madrina de García. El Tribunal en función de Control le asignó como centro de reclusión el comando de la GNB de Mantecal.

María Isabela García, además de profesional y dirigente política, es madre de dos menores de edad, incluyendo un bebé que acaba de cumplir un año; la coaccionaron para que grabara un video, pero en ese momento estaba en un alterado estado de nervios lo que impidió la grabación.

La exfiscal Rosa María Mota, la dirigente y educadora María Isabel García, la enfermera Yulennis Aranguren del Movimiento Mujeres con MCM y el sirio venezolano Sliman Abdul Khalek

La sobrina y la enfermera

Rosa María Mota, también fue detenida. Ella era la Fiscal Provisoria Décima Quinta del Ministerio Público, cuando el 7 de agosto 2024 fue detenida en San Fernando de Apure. Se supo que estaba en la cárcel cuando el Fiscal General, que nombró la ilegal e ilegítima Asamblea Constituyente, Tarek William Saab Halabi, lo anunció en sus redes sociales.

La excusa para detenerla, según el Fiscal Saab, es por “su participación en el delito de retraso u omisión intencional de funciones, por actuar contrario a su deber al divulgar información de carácter reservado permitiendo la evasión de sujetos investigados por hechos de violencia, actos vandálicos y desestabilización”, en el caso del sirio venezolano Sliman Abdul Khalek.

Una gran activista de la Oposición solicitada para ser detenida es Nahir Mota, Coordinadora de campaña del comando Con Venezuela en el estado Apure y Directora Regional del Partido Vente Venezuela

Mota no era bien vista en la comunidad apureña por muchas de sus actuaciones: ella tiene la particularidad de ser sobrina de la doctora Nahir Mota, Coordinadora de campaña del comando Con Venezuela en el estado Apure y Directora Regional del Partido Vente Venezuela, a quien autoridades del régimen venezolano pretenden apresar por su liderazgo en la zona.

Así mismo, la enfermera Yulennis Aranguren, fue detenida por la Policía Nacional Bolivariana (PNB), el 9 de agosto 2024: ella es la coordinadora del Movimiento de Mujeres con María Corina y Edmundo en el municipio Biruaca, estado Apure. Fue recluida en la sede de la Policía Nacional Bolivariana en la localidad de Biruaca, donde sus familiares han sido extorsionados por los cuerpos policiales. 

El desespero de sus familiares por buscar su libertad es porque las condiciones de salud de Aranguren son precarias, por poseer patologías preexistentes al momento de su detención. 

Juez Antonio Franco

“Pague en dólares”

El presidente del Circuito Penal del estado Apure, desde abril 2024, es José Mauricio Muñoz Montilva, quien hasta ahora no ha tomado decisiones para frenar lo que ocurre con los “arreglos económicos” en el marco de las detenciones. “Esos cobros están liderizados por la Juez de Control María Milagros González Díaz, y el Juez Antonio Franco”. 

Seis meses tiene como presidente del Circuito Penal de Apure el doctore José Mauricio Muñoz Montilva

El representante de la ONG que habló con Infobae asevera que “todos los detenidos por motivos políticos, son obligados a que los represente una defensora publica llamada Ana Karina Ramírez, pareja del subdirector del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en el estado Apure, Daniel Pérez”. 

La versión de familiares de varias víctimas es que los funcionarios piden cifras de 700 hasta 5 mil dólares para evitar que los envíen a las cárceles de Tocuyito y Tocorón. “Depende de la situación económica del detenido: quienes no pagaron completo o no. Quienes no pudieron pagar fueron trasladados lejos de Apure. A otros, con más recursos, los han obligado a pagar con dinero, con vacas, con búfalos, con motocicletas, con terrenos, en fin, los han extorsionado”.

Dos casos emblemáticos. Rubén Díaz, gerente de la estación de gasolina El Cotayo, en el municipio Pedro Camejo, tenía diferencias con Drenier Mendoza, alias El Mentol. Díaz fue detenido, criminalizado por las protestas postelectorales y procesado por terrorismo. “Rubén ha pagado 15 mil dólares porque lo amenazaron con trasladarlo a Tocorón; sigue detenido en San Fernando de Apure”.

Alias El Mentol, era un lucero del pran El Pingüino de la cárcel de San Fernando de Apure; por la cercanía con Elizabeth Gimón de Piñate, esposa del exgobernador y ahora ministro Eduardo Piñate, le dejaron a alias El Mentol la administración del combustible en el estado Apure, lo que fue caldo de cultivo para la prosperidad del contrabando en esa zona de la frontera. 

Rubén Díaz, gerente de la estación de gasolina El Cotayo en el municipio Pedro Camejo

Otro caso es el de Sliman Abdul Khalek, ciudadano sirio venezolano, detenido el 28 de julio. “Sliman tenía un dron, en la terraza del hotel de su papá, con el que había estado tomando fotografías y filmando videos de los principales centros electorales de San Fernando de Apure”.

Es una familia con amplias relaciones de apoyo al gobierno de Nicolás Maduro, pero en el pasado si hubo enfrentamiento con el entonces gobernador, el coronel Ramón Carrizalez.

“El sirio venezolano Sliman ha tenido que pagar 32 mil dólares. Lo metieron preso en las instalaciones de la PNB en Apure. En los tribunales le quitaron el delito de terrorismo”.

https://www.infobae.com/venezuela/2024/10/06/el-regimen-chavista-obliga-a-los-mas-de-100-presos-politicos-de-apure-a-pagar-para-evitar-ser-trasladados-a-peligrosas-carceles/

Terrorismo, extorsión y detenciones: así funciona la maquinaria represiva del régimen chavista desde la llegada de Diosdado Cabello al Ministerio del Interior

El número dos del chavismo ahora cuenta con el manejo de las policías de Venezuela. Varias victimas relataron a Infobae el calvario que viven por la constante persecución de las fuerzas de seguridad

Sebastiana Barráez/ domingo 8 de septiembre 2024

@SebastianaB

Tomado de Infobae

La llegada de Diosdado Cabello al Ministerio del Interior profundiza la acción de represión y extorsión de las policías contra la oposición venezolana

“No hay ante quién acudir. La Fiscalía está parcializada, igual que la Defensoría del Pueblo y ¿cómo denunciar ante un cuerpo policial cuando ellos son los que están extorsionando?”, es uno de los mensajes que desde todo el país llegan a Infobae ante la ola de extorsiones que se ha desatado por parte de funcionarios policiales persiguiendo a dirigentes políticos, mutando la acción hacia comerciantes, empresarios o hacia personas a quienes tengan algo que quitarles.

Todo indica que pasaron de ser hechos aislados, porque desde que Diosdado Cabello fue nombrado Ministro del Interior y tiene el manejo de las policías, se desencadenó lo que sería una política de Estado, porque está ocurriendo en todo el país y con el mismo modus operandi. Los funcionarios policiales, algunos militares, argumentan tener una foto o video, además de advertirles que saben dónde viven o trabajan ellos y su familia.

En Biruaca todos los días han estado desfilando numerosas personas que son citadas por la policía que se identifica como Antiterrorismo, que son Policías del Grupo Antiextorsión y Secuestro (GAES) que en realidad están extorsionando a todos los que citan.

Al director de una emisora en el municipio Juan José Mora, con la amenaza de cerrarle la estación de radio, le ordenaron eliminar un programa donde se leían noticias, además de colocar música. La Policía de Carabobo ha citado a gran cantidad de personas a la Comandancia ubicada frente a la Plaza Bolívar, donde los extorsionan.

“Sí, hay temor. La policía de Carabobo anda con pasamontañas en motos, llegan a donde hay dirigentes políticos para perseguirlos, los citan así como también lo hacen con comerciantes. A un amigo, quien estuvo en un centro de votación en Rómulo Gallegos, lo detuvieron en Morón, se lo llevaron a Policarabobo y lo soltaron el miércoles en la tarde pero tuvo que pagar”, le dice a Infobae una de las personas que fue testigo de mesa y está siendo perseguido.

Encapuchados y armados llegan policías a detener o a citar a personas para extorsionarlas

En Apure

Los habitantes de San Juan de Payara, municipio Pedro Camejo, estado Apure, están siendo acosados y perseguidos por funcionarios policiales que los acusan de terrorismo y los amenazan con trasladarlos a cárceles peligrosas sino pagan altas sumas de dinero. 

Así lo relatan a Infobae apureños que denuncian la extorsión contra mujeres que estuvieron en una caravana, salieron en una foto celebrando el triunfo de Edmundo González o porque simplemente son opositoras, funcionarios de antiextorsión y secuestro se las llevan para extorsionarlas y les piden dinero con Amenazas de imputarles terrorismo. 

“Esos funcionarios andan en tres carros y van a casas principalmente de mujeres vulnerables. Las citan para que se presenten a la sede frente al asilo de ancianos en Biruaca y ahí las coaccionan”.

“El gobierno está por todos lados amenazando y todos estamos asustados”, le dice a Infobae un habitante de San Juan de Payara, agregando “se ha visto mucho maltrato aquí. El Gobierno hace lo que le da la gana y este pueblo está sin Ley”.

“En la mañana llegaron dos camionetas con guardias y funcionarios de la Dgcim, y se metieron a mi casa, como si uno fuera un delincuente, pero yo no me encontraba porque hacía poco había salido”.

Muchos habitantes de Pedro Camejo pasaron hacia Colombia huyendo de la represión. “Es el refugio que les tocó. Algunos regresaron, pero se preparan para irse otra vez porque se volvió a encender el tema electoral”.

“A casa de mi vecina les llegaron funcionarios armados hasta los dientes, casi a la medianoche, como si ella no pudiera ejercer sus derechos políticos. Se meten a las casas así sea a la fuerza, tumban las puertas, haya o no niños”.

“A uno le quitaron 5 mil dólares, a otro 3 mil y algunos más han tenido que pagar 2 mil y hasta 300 dólares. Esos funcionarios vienen de afuera, se presentan con la cara cubierta y no dan sus nombres”.

El pueblo de San Juan de Payara está azotado por la extorsión de los funcionarios que acusan a los opositores de terroristas

Vecinos señalan, por lo menos a dos responsables identificados “a José Cabrera, quien es el encargado de Fronteras aquí en el municipio, y al funcionario Núñez. Esos dos, con gente de los consejos comunales, lanzan la información de a quiénes buscar y dónde están. Es una persecución muy macha”.

“A una joven, que estaba por la plaza del pueblo, el 30 de julio, después de las elecciones, salió en una foto, incluso con los brazos cruzados mirando, le llegó una citación para que se presentara en Biruaca. Mil 500 dólares le están pidiendo los funcionarios porque si no paga la amenazaron de acusarla de terrorismo y enviarla a la cárcel de Tocuyito”.

“Da mucha arre… cómo extorsionan a gente que es inocente. En el caso de esa pobre muchacha de San Juan de Payara la vi por ahí vendiendo una vaquita que tiene para poder pagarle a esos funcionarios delincuentes”.

“A todo el que están citando les quitan dinero. En las citaciones les dicen que deben presentarse y cuando la gente asustada va a ver por qué las citan, sin que tengan antecedentes y sea gente trabajadora, las acusan de terrorismo, de instigación al odio y les mencionan que son órdenes de Nicolás Maduro”. 

“Mis vecinos se fueron para el otro lado (hacia Colombia). Yo estoy resguardado. Mi hija se fue con su bebé porque su esposo también aparece en una foto. Mi marido se fue a casa de su mamá en San Fernando”, le dice a Infobae una mujer que revela temor porque ella también aparece en las fotos, pero no puede irse porque cuida de sus ancianos padres.

Uno de los vecinos que habló con Infobae dice con absoluta seguridad “¿quién no va a aparecer en las fotos, si todos en el pueblo estamos en esas fotos, porque todos salimos a celebrar el triunfo para que la dictadura cayera? Todo el pueblo estaba en la calle”.

“De eso se están aprovechando. Al que aparece en las fotos sin hacer nada les quitan hasta mil 500, pero al que estaba sonando campanas o agitando les han pedido hasta 5 mil dólares”.

Así fue la visita de María Corina Machado a San Juan de Payara durante la campaña. "Todo el pueblo salió", dijo un apureño

Si tiene dinero

En el municipio Juan José Mora, estado Carabobo, sucede algo similar que en otras poblaciones del país. “Desde hace días, los cuerpos de seguridad se están llevando ya no solo a dirigentes políticos, sino a comerciantes, emprendedores, es decir, a gente que maneja algo de dinero”.

“Solo en la última semana han extorsionado a más de una docena de comerciantes, incluso a vendedores de repuestos de vehículos, a quienes llaman y les dicen que tienen fotos de ellos o de sus vehículos que estaban en las caravanas en apoyo a Edmundo González. A algunos de los citados les han quitado desde 500 dólares hasta miles”. 

La semana pasada la Policía de Carabobo arreció las detenciones. A un modesto dirigente de la Plataforma Unitaria le pidieron 500 dólares, bajo amenaza de levantarle un expediente por terrorismo y asociación para delinquir. 

Pedro “Coco”, un habitante de la parroquia Urama fue citado por la Policía de Carabobo a quien debió pagarles para que lo dejaran en libertad, y ahora lo citó el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) para lo mismo, por lo que decidió irse del país ante la imposibilidad de seguir pagando.  

En Morón salió el pueblo durante la campaña y las elecciones

A otro vecino del municipio Juan José Mora cuando le citaron demostró que no tenía nada de dinero para pagar, entonces los funcionarios le quitaron las dos motos que la familia usaba para movilizarse.

La primera víctima que se conoce de los citados en ese municipio fue el del negocio “Robert” de autoperiquitos, “de quien supe que tuvo que pagar 1.200 dólares, porque le dijeron que sabían que él estuvo en las caravanas del cierre de campaña”.

Otro caso es el de una ferretería en la Encrucijada de Morón, propiedad de José David y su esposa. “Al señor Cotiche, quien tiene un hijo preso por la Operación Gedeón, se llevaron a su hermano que tiene una venta de repuestos y le quitaron dinero”.

“El martes se llevaron a Obtulio Romero, dirigente de la Plataforma Unitaria: él estaba en La Encrucijada de Morón, lo llevaron a la sede de la Policía y le quitaron 300 dólares. Escoge con pinzas a quienes tienen negocios”.

Villavicencio es un habitante de Carabobo, que se identificó siempre con la revolución bolivariana, hasta que se cansó, como millones de venezolanos que acompañaron al chavismo alguna vez. “El señor Villavicencio, quien está relacionado familiarmente con José David el de una Ferretería también extorsionado por la policía, estuvo activo en las caravanas de la Oposición y tuvo que pagar”.

https://www.infobae.com/venezuela/2024/09/08/terrorismo-extorsion-y-detenciones-asi-funciona-la-maquinaria-represiva-del-regimen-chavista-desde-la-llegada-de-diosdado-cabello-al-ministerio-del-interior/