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martes, 2 de junio de 2026

Militares retirados denuncian la exclusión de cobertura anunciada por el seguro del Ministerio de Defensa de Venezuela

 

La compañía adscrita anunció, desde el 1 de junio servicios de telemedicina, atención domiciliaria, ambulancia y odontología solo para el personal activo. La decisión genera reclamos de oficiales que ya no están en servicio.


Sebastiana Barráez/ martes 2 de junio 2026
Tomado de Infobae

Bajo la administración de Vladimir Padrino en el Ministerio de la Defensa la situación social de los militares entró en crisis extrema.

El anuncio de nuevos servicios médicos por parte de Seguros Horizonte reavivó el malestar entre integrantes de la Reserva Activa de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), quienes denuncian haber sido excluidos de beneficios que, durante años, formaron parte de la cobertura destinada tanto a personal activo como retirado. “Es una discriminación contra el militar que pagó por la póliza desde que entramos a la institución”, le dice a Infobae un alto oficial.


La decisión provocó críticas entre oficiales en situación de retiro, que consideran discriminatorio el alcance del anuncio. El coronel retirado de la Guardia Nacional José Rangel Terán calificó la medida como “un irrespeto, una provocación y un acto discriminatorio” contra los militares retirados.


El reclamo se centra en que muchos de ellos aseguran haber aportado al sistema de previsión y al seguro desde su etapa de formación militar, pero hoy no cuentan con coberturas que antes incluían, entre otros servicios, asistencia médica, de medicamentos y funerarios.

En el Hospital Militar de Caracas crearon una oficina de enlace con Seguros Horizonte.

De acuerdo con los testimonios recogidos, bajo la administración de Nicolás Maduro y con Vladimir Padrino al frente del Ministerio de la Defensa, Seguros Horizonte dejó de cobrar y de prestar al militar retirado una póliza en los términos en que había sido concebida originalmente. En su lugar, afirman, el esquema quedó reducido a una prestación de servicios hospitalarios, financiada con descuentos equivalentes a 6,5% de la pensión del militar retirado. En la práctica, sostienen, ya no existe servicio funerario, salvo un montepío de 150 dólares para quienes pertenezcan a la Caja de Ahorros.


Un teniente coronel retirado relató que a finales de abril acudió al Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA) en busca de apoyo para medicinas y equipos médicos, pero recibió como respuesta que no había recursos disponibles para los afiliados. “No hay apoyo para medicinas ni equipo médico para afiliados, no hay dinero, aunque siguen haciéndonos el descuento por seguridad social”, aseguró.


Seguros Horizonte fue fundada en 1956 como un ente descentralizado adscrito al Ministerio de la Defensa y tiene como principal accionista al Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (IPSFA), con 99% de las acciones, según información institucional de la propia empresa y de su oferta de productos para la familia militar. En su portafolio público todavía aparecen pólizas y coberturas dirigidas a personal militar activo y retirado, incluidas modalidades complementarias con hospitalización, cirugía y servicios funerarios. En la actualidad, la presidencia de la empresa está a cargo del general de división Alfredo Alejandro García Parra. 

La discriminación entre militares activos y retirados se profundiza con la seguridad social.

Deber moral y legal

El Instituto de Oficiales en situación de Retiro de la Fuerza Armada Nacional (IORFAN) hizo, en marzo 2026, un pronunciamiento institucional, destacando que la Ley de Seguridad Social de la Fuerza Armada establece que la previsión social militar “debe ser integral y garantizar protección efectiva tanto al personal en servicio activo como a quienes se encuentran en situación de retiro, así como a sus familias”.


Enfatizó que el espíritu de esa Ley “reconoce que el militar retirado continúa siendo parte de la institución que sirvió durante su vida profesional y, por tanto, debe mantener condiciones de protección social acordes con su grado, años de servicio y responsabilidad histórica con la Nación”.


Por ello el IORFAN considera necesario avanzar hacia una política pública que garantice la “equidad en la previsión social entre militares activos y militares en situación de retiro”, de manera que se mantenga la relación entre la pensión del militar retirado y la remuneración correspondiente a su grado.


“Garantizar una previsión social digna para militares activos y retirados no solo es un mandato legal, sino también un deber moral del Estado con quienes han servido a la Nación” dice el Iorfan.

Un oficial inspecciona una de las unidades que ha instalado Horizonte para las jornadas de asistencia.

Influencia de Castro

El coronel de la Guardia Nacional retirado José Rangel Terán planteó una interpretación severa sobre las causas que, a su juicio, explican el trato “irrespetuoso, humillante y provocador” que recibe hoy el militar venezolano en situación de retiro.


Según su visión, el origen de este proceso se remonta al profundo resentimiento que el ya fallecido dictador cubano Fidel Castro Ruz habría desarrollado contra la institución militar venezolana, tras la derrota que las Fuerzas Armadas Nacionales infligieron a la guerrilla venezolana en las décadas de 1960 y 1970. 


Aquella insurgencia, recuerda, fue financiada por la Unión Soviética a través de Cuba, bajo el liderazgo de los hermanos Castro. En esa etapa también se registraron intentos fallidos de invasión, entre ellos el desembarco por las playas de Machurucuto.


Rangel Terán vincula ese mismo antagonismo con la hostilidad del régimen cubano hacia el entonces presidente Rómulo Betancourt, blanco de un atentado que casi le cuesta la vida y le dejó graves quemaduras en ambas manos. También menciona, aunque en menor medida, al presidente Raúl Leoni


Para el coronel, la influencia ejercida posteriormente por Fidel Castro sobre Hugo Chávez Frías profundizó la desconfianza y el rechazo hacia el militar venezolano, con especial énfasis en quienes pasaban a condición de retiro.

Andreína Baduel, hija del general Raúl Baduel, es una activista en defensa de los derechos humanos y de los presos políticos.

Como muestra de ese proceso, señala la creación de la Milicia Bolivariana, una estructura de la que afirma ha contribuido a crear opacidad sobre verdadero presupuesto de la institución militar venezolana, así como al deterioro de su prestigio institucional. 


A su juicio, la huella de la injerencia cubana también se evidenció en la ruptura de Chávez con el general Raúl Isaías Baduel, de quien era amigo, compadre de Chávez y figura clave en su restitución al poder durante los sucesos de 2002, mediante la Operación Rescate de la Dignidad.


En esa línea, sostiene que Baduel fue posteriormente objeto de persecución política: acusado por corrupción, encarcelado por años y abandonado hasta morir sin adecuada atención médica. Sus hijos, añade, habrían corrido una suerte similar, uno de ellos en el exilio, otro en la cárcel El Rodeo I y sus hijas, Andreína y Margaret Baduel, enfrentan frecuentemente acoso y persecución por su activismo en defensa de los presos políticos. 


En su relato, Rangel Terán atribuye a Fidel Castro una advertencia recurrente a Chávez sobre el peso moral y el ascendiente de Baduel dentro de las Fuerza Armada, al considerarlo una eventual amenaza a su poder.


El coronel también recuerda episodios públicos que, según afirma, reflejan el menosprecio hacia los militares retirados. Entre ellos menciona una intervención de Chávez en cadena nacional, en la que cuestionó que a los militares en retiro se les pagaran bonos de alimentación, profesionalización y recreación, comentario que fue recibido entre risas y burlas. 


Asimismo, Rangel Terán alude a otra declaración en la que el entonces mandatario comparó a los generales con un condón: un objeto que “se usa y luego se desecha”.


Sostiene que ese patrón de irrespeto no se detuvo con la muerte de Chávez. Por el contrario, considera que continuó y se agravó bajo Nicolás Maduro Moros porque tenía la marca de la influencia cubana, formado “como agitador político e infiltración en gobiernos”. 

Seguros Horizonte anuncia así los servicios solo para los militares activos.

El abandono militar

En ese contexto Rangel califica a Delcy Eloína Rodríguez Gómez como “el acabose en su máxima expresión del trato al militar en situación de retiro”, así como al General en Jefe (Ej.) Vladimir Padrino López quien fue ministro de la Defensa por casi 12 años; los responsabiliza de haber llevado al extremo el abandono del militar en retiro. 


En particular, cuestiona que Padrino López le haya permitido al gobierno interino de Rodríguez que el presupuesto militar haya quedado bajo control civil, lo que interpreta como una señal de sometimiento y pérdida de autonomía dentro de la estructura castrense.


El coronel sostiene que los hermanos Rodríguez Gómez, Delcy Eloína y Jorge de Jesús, guardan un profundo resentimiento contra la Fuerza Armada “por razones harta conocidas”, dice en alusión a la muerte de su padre Jorge Antonio Rodríguez, luego de la detención y tortura a la que fue sometido por el escandaloso caso del secuestro del empresario William Niehous, en 1976.


En su conclusión, el oficial retirado sostiene que los responsables de la “orfandad y abandono” de los militares retirados son ampliamente conocidos dentro del país. Sin embargo, considera que mientras el actual sistema de poder se mantenga, aunque esté tutelado por los Estados Unidos, cualquier intento de revertir esa situación será estéril. 


Bajo esa premisa, descarta la eficacia de acudir al Ministerio de la Defensa, a los comandantes de componentes, a reformas a la Ley Constitucional de la Fuerza Armada o de la Ley Orgánica de Bienestar Social de la FAN. Tampoco acudir a instancias parlamentarias como la Comisión de Seguridad y Defensa de la Asamblea Nacional, donde está el general Jesús Suárez Chourio de quien dijo que “pretendió convertir la Reserva Activa en un partido político”.


Deja planteados dos temas que, a su juicio, merecen desarrollo aparte: el papel de la llamada Reserva Activa y la situación del Instituto de Oficiales Retirados de la Fuerza Armada (IORFAN), ambos presentados como asuntos pendientes dentro del debate sobre la protección social y la dignidad del militar en situación de retiro.

La activación de servicios para los militares es solo para los activos y excluye a los que están en retiro de la FANB.

Desde Bolívar

El coronel Rangel Terán hace mención al escrito que envía uno de sus compañeros militares en el que se pregunta ¿Quién es el ente verdadero responsable directo de garantizar una vida humana y social digna del personal militar en situación de retiro? esa responsabilidad recae irrevocable e ineludiblemente en el IPSFA, adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Defensa. 


Si el Órgano Superior Castrense, es decir el Ministerio de la Defensa, representa el Estado, entonces le corresponde legalmente todas las iniciativas que optimicen el bienestar físico, mental y social de todos los militares “en cualquier condición o situación que se encuentre”. 


Hace énfasis en que así está explícito en la Constitución y leyes venezolanas. Como referencia está en la Historia, el 10 de octubre de 1813, cuando Simón Bolívar ordenó un sueldo para sus soldados. Y fue durante la Campaña Admirable el momento en que El Libertador firmó el Histórico Decreto de Sueldos y Salarios para la Tropa en Caracas, estableciendo en la Fuerza Armada Nacional el Servicio de Prevención y Bienestar Social del Militar.


https://www.infobae.com/venezuela/2026/06/02/militares-retirados-denuncian-la-exclusion-de-cobertura-anunciada-por-el-seguro-del-ministerio-de-defensa-de-venezuela/


viernes, 22 de mayo de 2026

Organización de militares retirados denuncia “infamia de Estado” y exige elecciones libres en Venezuela

 

El Frente Institucional Militar vincula la represión política con la crisis humanitaria, reclama justicia por las victimas y plantea como salida un gobierno de transición, un nuevo CNE y comicios con garantías plenas.


Sebastiana Barráez/ viernes 22 de mayo 2026
Tomado de Infobae

Los generales del FIM Juan Herrera, Teodoro Díaz, Juan Ferrer Barazarte y Eduardo Caldera Gómez, y el comandante Elías Buchszer Cabriles

El Frente Institucional Militar (FIM), que agrupa a más de 240 oficiales retirados, difundió un manifiesto en el que acusa al Estado de encubrir graves violaciones de derechos humanos y llama a una “reacción de la conciencia nacional” frente al deterioro político, social y económico del país. “Es imperativo reaccionar ante la crueldad absoluta que hoy desangra a nuestra nación”.


En el documento, la organización se refiere, aunque sin mencionarla expresamente, a Carmen Teresa Navas, la madre que buscó a su hijo Víctor Hugo Quero y falleció unos días después de ser informada dónde se encontraba sepultado, “El drama de una madre desesperada desnudó la perversidad del sistema: tras meses de búsqueda incesante de su hijo, secuestrado por elementos de seguridad del Estado, todas las instancias oficiales le negaron sistemáticamente la verdad”.


A juicio de los oficiales en situación de retiro de la Fuerza Armada, ese silencio oficial buscó ocultar el asesinato del joven, una revelación que habría precipitado también la muerte de la mujer pocos días después, en medio del dolor y las privaciones.

La búsqueda que Carmen Teresa Navas hizo de su hijo conmovió al pais. Ella falleció el pasado domingo 17 de mayo 2026.

El FIM sostiene que este episodio no es aislado, sino parte de un patrón de “negación sistemática de la libertad” que se expresa en secuestros, torturas, asesinatos, presos políticos y exilio


A la vez, vincula “la opresión política” con la emergencia humanitaria: hambre, fallas en servicios básicos como agua, electricidad, gas y combustible, salarios y pensiones insuficientes, escasez de medicinas y precariedad en la atención sanitaria y educativa.

“Vivimos bajo el yugo de sueldos y pensiones de miseria, sin medicinas ni servicios médicos, en un entorno de total inseguridad física y jurídica, y condenados a un sistema educativo pésimo”, sostiene el comunicado.


Frente a ese escenario, los firmantes concluyen que la salida pasa por el fin de la “usurpación” en el poder y por la instalación de condiciones que permitan recuperar la confianza, reactivar la inversión y encaminar una reconstrucción institucional, económica y social del país.

Militares durante un ejercicio oficial.

Las exigencias 

El pronunciamiento del Frente Institucional Militar fue divulgado en el marco del vigésimo sexto aniversario de la organización que preside el GB (Ej.) Juan Antonio Herrera Betancourt, en cuya directiva se encuentra como vicepresidente el GB (Ej) Teodoro Díaz Zavala y el secretario de organización el GB de la Guardia Nacional Rafael Vera Ruiz. 


Los representantes de los componentes son los generales (Ej) Juan Ferrer Barazarte, (AV) Eduardo Arturo Caldera Gómez y (GN) Simón Figuera Pérez, así como el Contralmirante Elías Buchszer Cabriles.


Los oficiales se refieren, en el documento, al colapso moral y material, alertando que la única vía para la prosperidad y la felicidad pasa necesariamente por la libertad de todos los presos políticos y el cese de la usurpación de quienes ocupan el poder en Venezuela.


El FIM exige el nombramiento de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) por parte de un “verdadero gobierno de transición, libre de la presencia de los usurpadores”.

La Fuerza Armada tiene un rol determinante en las elecciones con el Plan República.

Aseveran la necesaria “elaboración inmediata de un cronograma electoral” riguroso por parte de nuevas autoridades investidas de legalidad y legitimidad.


Como alternativa plantean la realización de elecciones libres, claras y transparentes, “con conteo público” de papeletas o boletas de escrutinio en la totalidad de las mesas de votación y en presencia de los electores.


Finalmente sostienen que la justicia para las víctimas y el futuro de la República “demandan nuestra acción y la de todos los venezolanos”, hasta lograr la restitución de la soberanía popular, expresada el 28 de julio 2024, y la libertad para los presos políticos.


ttps://www.infobae.com/venezuela/2026/05/22/organizacion-de-militares-retirados-denuncia-infamia-de-estado-y-exige-transicion-con-elecciones-libres/




jueves, 14 de mayo de 2026

Militares retirados alertan sobre el colapso de Venezuela y exigen el retorno al orden constitucional

 

Reclaman la liberación de presos políticos, el regreso de los exiliados y una salida electoral "limpia y transparente" que restituya la vigencia de la Constitución 


Sebastiana Barráez/ jueves 14 de mayo 2026
@SebastianaB
Tomado de Infobae

Militares venezolanos durante un desfile

El Frente Institucional Militar (FIM), que agrupa a 250 oficiales en situación de retiro, sostiene que el país atraviesa una etapa de descomposición institucional, deterioro social y pérdida de soberanía. La organización reclama la liberación de presos políticos, el regreso de los exiliados y una salida electoral “limpia y transparente” que restituya la vigencia de la Constitución.


La organización está presidida por el general de Brigada (Ej.) Juan Antonio Herrera Betancourt; en la Vicepresidencia el GB (Ej.) Teodoro Díaz Zavala; como Secretario de Organización, GB Rafael Vera Ruiz; los representantes por componente: Juan Ferrer Barazarte, Ejército; Contralmirante Elías Buchzser Cabriles, Armada; Eduardo Arturo Caldera Gómez, Aviación y Simón Figuera Pérez por la Guardia Nacional.


El FIM emitió el pronunciamiento en el que llama a un “urgente despertar de conciencia” frente a la crisis que, a su juicio, atraviesa Venezuela. El comunicado, difundido tras una salutación recibida desde un medio en México, con participación de figuras de la política nacional, reivindica el deber de los militares retirados de alzar la voz en defensa de la libertad y de la nación.

General de Brigada (Ej.) Juan Antonio Herrera Betancourt, presidente del Frente Institucional Militar

La organización enfatiza que sus integrantes, como conocedores del territorio y defensores de la soberanía, rechazan la idea de que el país se encuentre en una fase de recuperación. Por el contrario, afirma que Venezuela vive un proceso de profunda desarticulación social y ética. 


“Rechazamos categóricamente la narrativa interesada que pretende vender al mundo una ‘felicidad’ inexistente y un ‘florecimiento económico’ que solo beneficia a pequeñas élites”, dicen agregando que lo que se encubre es una realidad marcada por el deterioro estructural.


Entre los elementos que citan como evidencia figuran el colapso de los servicios públicos y la precarización de las condiciones de vida. La falta de agua, gas y electricidad, junto con salarios y pensiones insuficientes, conforma, sostiene el Frente Institucional Militar, un escenario de supervivencia cotidiana. 


El grupo de militares en retiro, que integra, desde generales a tenientes, suma a esa situación del venezolano la persistente inseguridad física y jurídica que erosiona la dignidad humana y profundiza la vulnerabilidad de amplios sectores del país.


La soberanía en riesgo

El pronunciamiento también pone el foco en la seguridad y en la pérdida de soberanía. Los militares retirados denuncian que parte del control territorial habría sido cedido a grupos armados irregulares, tanto nacionales como extranjeros, así como a facciones urbanas afines al poder en Caracas y otras regiones. 

Manifestantes en Caracas solicitaron a la embajada de EEUU intervenir por la liberación de los presos políticos y elecciones libres

Aseveran que estas estructuras ejercen un dominio criminal sobre sectores populares y terminan desplazando la autoridad legítima del Estado, con las consecuencias que tiene para la composición de un país. 


​Como soldados de la República, no podemos callar ante la persecución sistemática por razones ideológicas”, dice la asociación que rechaza la persecución sistemática que existe en Venezuela contra el derecho a disentir que ha sido criminalizado. 


En ese contexto, reclama la libertad de más de 500 ciudadanos, entre ellos civiles y casi 200 militares que, según denuncia, permanecen detenidos y sometidos a torturas, así como el retorno de miles de exiliados que abandonaron el país por defender la democracia.


Paz y elecciones

Como sustento jurídico de su postura, el documento invoca los artículos 333 y 350 de la Constitución de la República de Venezuela. La organización interpreta estas disposiciones como un mandato ciudadano de desconocer cualquier régimen que vulnere los derechos humanos o menoscabe las instituciones democráticas, y presenta su pronunciamiento como parte de esa obligación cívica y constitucional.


La Asociación Civil de militares agrupados en el FIM exhorta, tanto a los ciudadanos venezolanos, como a la comunidad internacional, a no dejarse “seducir por la propaganda”. Advierte que ni el hambre ni la represión pueden ser encubiertos con imágenes de prosperidad aparente, y plantea que la crisis de fondo no admite maquillajes discursivos ni relatos oficiales desvinculados de la realidad social.

Docentes exigiendo mejoras salariales durante una protesta del 9 de abril 2026 en Venezuela

Para la organización, la vigencia de la Constitución constituye “el único camino hacia la paz”. En esa línea, afirma que el silencio frente a la injusticia compromete tanto el honor militar como el ciudadano, y ratifica su lealtad al pueblo venezolano. 


La propuesta del Frente Institucional Militar (FIM) es que “la verdadera paz” pasa por el cese de la persecución, la liberación de los presos políticos, el regreso sin condiciones de los exiliados y la restitución plena de la legalidad constitucional. 


Según subraya, finalmente, ese objetivo solo sería posible mediante un proceso electoral “limpio y transparente” que reafirme la soberanía y voluntad popular ya expresada el 28 de julio de 2024.


https://www.infobae.com/venezuela/2026/05/14/militares-retirados-alertan-sobre-el-colapso-de-venezuela-y-exigen-el-retorno-al-orden-constitucional/







martes, 12 de mayo de 2026

La frontera venezolana, territorio bajo sombra: “El narcotráfico define rutas, silencios y alianzas”

 

El abogado y defensor de derechos humanos, Juan Francisco García Escalona, alerta que la frontera venezolana, advierte que lo que está en juego no es solo la seguridad regional, sino la integridad del país y la capacidad del Estado para ejercer soberanía real.


Sebastiana Barráez/ domingo 12 de mayo 2026
@SebastianaB
Tomado de Infobae

La guerrilla destruyó un puesto de control militar en Apure en 2021

La frontera venezolana se ha convertido en un problema geopolítico de gran escala, sostiene el abogado y ex diputado Juan Francisco García Escalona, quien advierte que desde el estado Apure se han proyectado durante años redes de cocaína y otras economías criminales hacia Estados Unidos, Europa y países árabes, mientras nuevas estructuras de lavado de dinero se instalan con facilidad en el territorio y levantan empresas y operaciones de forma casi inmediata.


Para García Escalona, lo que está en juego en Apure no es únicamente la seguridad de una región. “La integridad misma del país” está comprometida, asegura, por lo que considera urgente elevar el nivel de conciencia sobre lo que ocurre en la frontera para construir soluciones reales y evitar que la población siga sometida a la violencia y al crimen organizado.


El también dirigente político y defensor de Derechos Humanos cuestiona, en la conversación con Infobae, la narrativa oficial sobre la seguridad fronteriza. A su juicio, afirmar que la frontera venezolana es segura, como lo hace el Gobierno, “no solo es una mentira peligrosa, sino una fachada de un conjunto de actividades que han erosionado al Estado”. En ese contexto, reclama una defensa efectiva del territorio y denuncia el presunto uso de recursos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana por parte de grupos irregulares, entre ellos vehículos, armas y lanchas.

Juan Francisco García Escalona, abogado, ex diputado y defensor de Derechos Humanos

Según su diagnóstico, el territorio fronterizo está hoy fragmentado por actores armados, con autoridades que responden a lógicas criminales. En ese mapa de poder, dice, el narcotráfico define rutas, impone silencios, teje alianzas y empuja al Estado a renunciar al ejercicio de una soberanía efectiva.


Frente a ese escenario, García Escalona sostiene que Venezuela necesita instituciones sólidas, funcionarios íntegros y una voluntad política firme para romper con el poder corruptor de las economías ilegales. En su opinión, sin una respuesta institucional seria, la frontera seguirá siendo terreno fértil para redes criminales que operan con creciente capacidad de expansión.

Militares venezolanos junto al féretro del SM3 Ándriel Istúriz Sojo caído en el enfrentamiento con el Décimo Frente de las FARC en Apure en el 2021

Entre los hechos más graves que denuncia figura el secuestro de niños indígenas. Asegura que, desde hace años, se registran casos de traslados forzados desde la población de Elorza, en Apure, hacia Colombia y luego a otros destinos, en medio de “sospechas sobre trata de personas y posibles usos criminales aún más severos”.


El abogado afirma que llevó estas denuncias ante organismos del Estado venezolano y que, en su condición de representante de Fundaredes, acudió en varias oportunidades al Ministerio Público para exigir la apertura de una investigación. Según relata, la respuesta que recibió fue una advertencia para que no regresara porque podía ser detenido.

Indígenas apureños en un informe de Provea 2025

Está convencido que lo que ha ocurrido en la frontera no responde a un episodio aislado ni a una desviación temporal, sino a la consolidación de un “modelo de control paralelo que debilitó la soberanía del Estado”. Bajo esa lógica, amplias zonas del país fueron convertidas en “espacios en disputa, dominados por economías ilegales, redes armadas y actores con intereses criminales”, sostiene en la entrevista con Infobae.


Usted en el pasado como parte del Movimiento Quinta República (MVR), apoyó al entonces proceso. ¿A qué conclusión ha llegado de lo que ha ocurrido en la frontera con el territorio y la soberanía?

Desde esa experiencia, y particularmente desde Apure, he podido comprender cómo se configuró un sistema perverso de entrega territorial a grupos irregulares como las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y el ELN (Ejército de Liberación Nacional), así como a otras estructuras armadas y políticas que encontraron respaldo, tolerancia y protección dentro del poder.


Especialmente en las zonas fronterizas, ¿cuál fue el atractivo que tenía ese territorio?

No olvide que ese proceso no se limitó a Apure, se extendió con distintas formas y dinámicas a regiones fronterizas como Amazonas, Zulia, Táchira, Falcón y Bolívar. ¿El atractivo? Pues el contrabando, el narcotráfico, la minería ilegal y el tráfico de personas que terminaron consolidando redes de enorme poder, en el caso de Bolívar, además, el interés por el oro ha profundizado todavía más la voracidad de estas estructuras, que no solo se disputan las rutas y recursos, sino que han corrompido funcionarios e instituciones enteras, destruyendo la vida comunitaria, sin que nadie haga nada, el poder del dinero y de las armas es el que se impone.

Funcionarios de Comando Antidrogas inspeccionan una aeronave del narcotráfico que cayó en Apure en diciembre 2025

¿Alguna vez ha tenido respuesta al porqué Apure ha sido azotado por esas perversas redes?

Considero que Apure empezó siendo una especie de laboratorio de ese abandono, donde los grupos irregulares dejaron hace tiempo de ser una amenaza lejana.


¿Qué los acercó?

Bueno, su existencia se sabía desde hace muchos años, pero se convirtieron en actores con capacidad real de mando sobre comunidades rurales enteras, sobre actividades económicas básicas y sobre la vida cotidiana de la población, la pesca, la ganadería, el comercio local y hasta la relación social entre los habitantes fueron penetrados por la lógica de la violencia, la coacción y la dependencia.

El profesor Javier Tarazona, director de Fundaredes fue detenido en julio 2021 y excarcelado en febrero 2026

¿Qué consecuencias ha tenido ese hecho perturbador?

Produjo un fenómeno profundamente doloroso. Una parte de la población rechaza y detesta esa realidad porque aspira a libertad y democracia plena, pero otra parte terminó normalizándola por necesidad, por miedo o por dependencia económica, y ahora hasta por vínculos familiares con mandos de las organizaciones irregulares, pues milicianos de las FARC, formaron familia con muchos pobladores, creando allí un lazo que ha trascendido del dominio y control de las armas.


¿No le parece que eso trae un impacto social y cultural con raíces profundas difíciles de enfrentar?

Si, las consecuencias no solo son políticas o de seguridad, también humanas y antropológicas. En zonas donde durante años la presencia armada se hizo cotidiana, surgieron vínculos complejos entre comunidades y combatientes, incluso relaciones familiares y de convivencia que reflejan una fractura social profunda.


¿Puede compartir algunos casos?

Por ejemplo, la hija del comisario rural, de una población del municipio Pedro Camejo tiene hijos con el comandante de la guerrilla. En Achaguas igual, comandantes de la policía, militares, las relaciones son abundantes. Algunos de ellos asumieron estos hechos con orgullo, aun cuando sabían que la violencia es el sistema para convivir con los pobladores, así la frontera se transformó en territorio de subordinación.

El Ministerio Público hace investigaciones parciales de los hechos que ocurre en la frontera

¿Cuál ha sido la actuación de las instituciones?

El Estado sencillamente abdicó su responsabilidad para que el crimen ocupara su lugar. Son múltiples las veces que los comandos del Ejército, y la Guardia Nacional le han recomendado a los pobladores que hagan la denuncia de los robos y abigeatos ante los líderes de las FARC y el ELN, porque son los que según ellos tienen como resolverles el problema. Es aterrador el nivel de degradación institucional que ha sufrido la frontera, por ejemplo, ante lo que ocurre con una población tan vulnerable como son los indígenas.


¿A qué se refiere con los indígenas? ¿Son casos puntuales?

No, no estamos hablando de hechos aislados, sino de síntomas de una descomposición profunda que no puede seguir siendo negada, y mucho menos desatendida. La población indígena en Apure ha sido vulnerada, nuestros indígenas han sido expulsados del territorio, esclavizados muchas veces y las niñas indígenas abusadas sexualmente, tenemos años denunciándolo, lo hicimos desde Fundaredes, muchas veces ante el Ministerio Publico, y nada importó, nunca desarrollaron ni una sola investigación, al contrario, en una oportunidad se me indicó que no fuera más al Ministerio Publico a llevar ninguna denuncia en nombre de Fundaredes, porque me iban a detener. Luego encarcelaron a Javier Tarazona casi 5 años, y todo el esfuerzo por desmantelar el trabajo de la ONG se materializó.


En Infobae se hizo seguimiento a los sucesos de la frontera en 2021 entre el ejército venezolano y las FARC. Hubo 16 militares fallecidos, varios guerrilleros muertos y campamentos desmantelados. ¿Fue importante para el estado Apure el combate contra esa guerrilla? 

El enfrentamiento de La Victoria, municipio Páez, del estado Apure, entre la Fuerza Armada (FANB) y el Décimo Frente de las FARC no resolvió el problema, se agravó, porque el Estado terminó apoyándose en el ELN para combatir al Décimo Frente de las FARC, y esa decisión implicó más control territorial, más brutalidad y más sufrimiento para la población civil. La frontera quedó atrapada entre estructuras armadas que disputan rutas, economías y poder, mientras el ciudadano común permanece desprotegido, silenciado y sometido, teniendo ahora un monstruo en el ELN, con todo el control que poseen sobre el territorio y la población.

El Alto Mando Militar sustituido en marzo 2026 y que estuvo más de una década, levanta la mano en un pronunciamiento de lealtad

¿Cómo queda la responsabilidad de la Fuerza Armada que constitucionalmente tiene como función esencial la defensa del territorio y la soberanía?

Lo que hoy exhibe la FANB son graves señales de deterioro institucional, falta de preparación de muchos oficiales y de la tropa, pero también la pérdida de identidad, de doctrina y de compromiso real con el país. Una Fuerza Armada sin claridad moral, sin sentido nacional y sin formación adecuada termina siendo vulnerable frente a las presiones del poder, de la corrupción y de las redes criminales. El deterioro es tan brutal en tantas áreas de la frontera que muchos niños van a la escuela en Colombia y no en Venezuela, se saben el himno nacional de Colombia y no el de Venezuela.  


Siendo abogado, ¿cómo entiende usted lo que institucionalmente ocurre con el aparato institucional del Estado?

En el silencio institucional que tampoco puede seguir ignorándose. En Venezuela prácticamente no se investiga nada que involucre a los grupos irregulares o a sus vínculos con el poder. La impunidad se ha convertido en norma, y esa impunidad protege a quienes actúan desde la sombra como a quienes, desde posiciones públicas, han permitido la expansión de estas redes.


¿Cómo ocurre con funcionarios y líderes políticos relacionados con jefes guerrilleros, o con cabecillas de grupos irregulares en cargos públicos?  

Fíjese el caso de las FBL (Fuerzas Bolivarianas de Liberación); miembros de su alto mando han ocupado alcaldías, gobernaciones y escaños parlamentarios en la Asamblea Nacional, lo que demuestra que no se trata solo de un actor armado, sino de una estructura con capacidad de inserción política e institucional, que crecieron por el apoyo, en su momento, de Elías Jaua Milano en la Vicepresidencia de la República, y del desastre que ha significado el Ministerio Publico, desde Luisa Ortega Díaz, que prefería voltear para otro lado, y que se profundiza con Tarek William Saab, quien abiertamente apoyó delincuentes.


En Infobae recibimos numerosas denuncias, como un secreto a voces en la frontera, la estrecha relación de funcionarios militares con la guerrilla de las FARC y el ELN. 

Si, son innumerables las denuncias de colusión de funcionarios militares con grupos irregulares, cuando por acción u omisión, terminan facilitando el funcionamiento de estas estructuras. ¿Cómo hay así soberanía posible? Hay sectores armados del Estado que sirven de puente, protección o cobertura a organizaciones que operan al margen de la ley; esa realidad exige una reflexión seria, urgente y sin maquillajes. Los grupos irregulares no pueden seguir utilizando los recursos de la FANB, eso tiene que acabar y me refiero a vehículos, armas, lanchas, y sabrá Dios que más.


https://www.infobae.com/venezuela/2026/05/12/la-frontera-venezolana-territorio-bajo-sombra-el-narcotrafico-define-rutas-silencios-y-alianzas/



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