La familia Ferreira construyo una de las fabricas de uniformes mas antiguas de Venezuela. Hace cuatro años el dueño fue detenido en una operación de la DGCIM para apropiarse de la empresa relacionándolos a pagos falsos de Monómeros. Excarcelado en abril 2026, Ferreira espera la devolución de sus bienes
Sebastiana Barráez/ domingo 31 de mayo 2026
Tomado de Infobae
La historia de la familia Ferreira comenzó mucho antes del expediente judicial. Llegaron a Venezuela huyendo de la guerra en Europa y, con los años, levantaron Universal, C.A., una empresa dedicada a la confección de uniformes y ropa de trabajo. Fundada el 3 de diciembre de 1957, la compañía se consolidó como una referencia del sector textil y, para el momento de la detención de Héctor Mario Ferreira Domingues, acumulaba 65 años de actividad ininterrumpida en el mercado venezolano.
El 9 de septiembre de 2022, funcionarios de la DGCIM detuvieron a Héctor Ferreira, un empresario luso-venezolano, y lo enviaron al Internado Judicial Rodeo II, en Miranda. La acusación se apoyó en la versión de un supuesto “patriota cooperante” y en fotocopias de comprobantes de pago que pretendían vincular a Universal, C.A. con Monómeros Colombo Venezolanos, S.A.
Las autoridades sostuvieron que existían operaciones irregulares, facturas falsas y una trama de legitimación de capitales. Pero, desde el inicio, la familia y la defensa insistieron en que se trataba de un montaje construido con documentos sin coherencia comercial básica.
En el expediente también fue involucrado Francisco Paparoni, sobrino político de María Teresa de Ferreira y trabajador del área de ventas de la empresa; fue relacionado de manera falsa con el dirigente político Carlos Paparoni por compartir el apellido. Bajo juramento, sostuvo ante el tribunal que no tiene contacto con ningún familiar de ese nombre.
Fue un montaje, calculado por la DGCIM para evidenciar que hubo pagos de Monómeros a Universal Empresa de Uniformes, que nunca existieron y que la cuenta a la que se depositó el supuesto dinero no pertenece a la familia Ferreira y menos a Paparoni e incluso las facturas en físico que mostraron no se corresponden con las originales de la empresa.
Por su parte, Ferreira, negó cualquier vínculo con Gina González de La Hoz, mencionada en el caso como supuesto contacto de Monómeros, y aseguró que Universal, C.A. nunca hizo operaciones con esa compañía colombo venezolana. Aun así, fue condenado y permaneció preso tres años y siete meses, hasta su excarcelación el 21 de abril de 2026.
El botín de guerra
Semanas después de la detención, la ofensiva se trasladó a la sede de la fábrica. El 29 de septiembre de 2022, funcionarios de la DGCIM llegaron a las instalaciones de Universal, C.A. Cuando se presentó el abogado Héctor Pérez Mora, le informaron que no se trataba de un allanamiento sino de una “inspección técnica con expertos de criminalística”, sin exhibir orden judicial.
Los trabajadores fueron desalojados, quedó solo el conserje y, posteriormente, los agentes cambiaron cerraduras y tomaron el control de oficinas y talleres. La familia denuncia que también fueron incautados bienes, incluido el edificio perteneciente al padre de los Ferreira.
El proceso judicial avanzó en paralelo con la ocupación de la compañía. La jueza Vanerkis Márquez, del Tribunal Especial Primero de Primera Instancia de Control con Competencia en Delitos Asociados al Terrorismo, autorizó actuaciones ejecutadas por la DGCIM, cuya comisión la integró: los inspectores Antonio Colmenarez, José Valera, Andree Sánchez, el subinspector Edixon Escobar y los agentes José Núñez, Carmen Fernández, Alexander Carvajal, Ramón Sánchez, Anderson Méndez, Alejandro Suárez, Enrique Hernández, Daniel Rodríguez y Alexander Primera.
Meses después, el 22 de febrero de 2023, la jueza Claudia López ratificó una medida de incautación y administración especial sobre los bienes muebles e inmuebles de la sociedad mercantil Universal, C.A. Fábrica de Uniformes. Para la defensa, esa decisión consolidó el despojo de una empresa privada que, en los hechos, ya había quedado bajo control del aparato de inteligencia del Estado.
Tras la detención de Ferreira, el control operativo de la fábrica pasó al teniente coronel Atilio José Barrios Singer, entonces director de Administración y Logística de la DGCIM. La empresa ocupada fue rebautizada como TextileraDgim e incluso llegó a operar una cuenta en Instagram con ese nombre, hoy desaparecida, desde la que se ofrecían productos y equipos de la antigua compañía.
Mientras tanto, la familia intentaba demostrar que los pagos atribuidos a Monómeros nunca existieron, que la cuenta señalada no pertenecía ni a los Ferreira ni a Paparoni, y que las facturas exhibidas no coincidían con los originales.
La relación con Monómeros no existía, pero aun así la juez de Terrorismo Alejandra Verónica Romero no consideró la prueba, donde gestiones ante la Fiscalía de Colombia concluyeron que no había documentos, pagos, licitaciones ni cuentas compartidas que probaran una relación comercial entre Universal, C.A. y Monómeros.
Para la familia Ferreira, el caso no solo significó la cárcel para su principal directivo, sino la pérdida del patrimonio construido durante casi siete décadas. También abrió una herida diplomática: durante buena parte del proceso, porque no obtenían respuestas eficaces de los organismos venezolanos ni de la representación consular portuguesa en el país. La historia de Universal, C.A., nacida del exilio europeo y convertida en símbolo de trabajo familiar, terminó absorbida por un expediente penal que sus allegados siguen describiendo como una operación de confiscación y castigo político.
La versión policial
Según el Acta de investigación penal N° DGCIM-DEIPC-AIP 462-22,el 01 de septiembre 2022, el Inspector José Valera, credencial N° 7067, de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), cumpliendo instrucciones de Jeckssie José Figueroa Lira, luego reemplazado por el coronel Ramón Alí Osorio Merchán, director Especial de Investigaciones Penales y Criminalísticas, procedió a ocuparse de “la información” de un “patriota cooperante” que vive “en Colombia”.
Según la DGCIM el informante les notificó “algunas irregularidades ocurridas en la administración de la empresa Monómeros Colombo Venezolanos, S.A., filial de Pequiven con sede en Barranquilla”.
Lo que habría dicho el “patriota cooperante” es que se hicieron contrataciones con la empresa Universal que fabrica uniformes, con domicilio en la calle A. Oropeza Castillo, edificio Olimpo, plaza Venezuela, Caracas. “Presuntamente para la adquisición de materiales dirigidos a la Asamblea Nacional, logrando obtener una serie de comprobantes de pago emitidos por la empresa Monómeros Colombo Venezolanos, S.A.” y que Monómeros pagó a través del banco Wells Fargo en 2019.
El argumento de la DGCIM es que en esa fecha Monómeros era presidida por una junta directiva nombrada por Juan Gerardo Guaidó Márquez, que presidía Carmen Elisa Hernández; adjunto a presidencia, Jorge Yáñez; Operador Financiero, Tobías Carrero Naca.
Agregan que por su parte la empresa Universal Fábrica de Uniformes, está constituida por: los directivos Mario Ferreira Pascoak, Héctor Mario Ferreira Domingues, Mariela Ferreira Domingues; como comisario Fernando José González Sierra y como socio María Natalia Domingues de Ferreira.
En el acta de la DGCIM dice que hicieron contacto con la cuenta en Instagram @uniformesuniversal1957, recibiendo como respuesta un mensaje automático, en el cual aparece el nombre de Francisco Paparoni, representante del departamento de ventas.
Lo posicionan como familia “del exdiputado de oposición Carlos Alberto Paparoni Ramírez, del partido Primero Justicia” a quien la DGCIM califica de “usurpar funciones como comisionado presidencial” de Guaidó y que “estaría involucrado en actividades de lavado de dinero proveniente de los robos perpetuados a la empresa Monómeros”, para “financiar campañas políticas y actos de terrorismo”.
Debido a eso, lo que deduce la DGCIM es que la sola relación familiar de Paparoni con el diputado e PJ “evidencia el desvió de fondos de Monómeros a empresas en territorio venezolano, que tienen vinculación con dirigentes de oposición como es el caso de Carlos Alberto Paparoni Ramírez”.
La causa
El 09 de septiembre 2022, la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), detiene a Francisco Javier Paparoni Gásperi y Héctor Mario Ferreira Domingues.
Por el Ministerio Público participan tres fiscalías: la 22, la 74 y la 73 a cargo de Jean Karin López Ruiz, con el número de investigación MP-187772-2022.
El 11 de septiembre 2022, se realizó la Audiencia de Presentación ante el Tribunal Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control, con competencia en casos vinculados a delitos asociados al terrorismo, corrupción y delincuencia organizada.
El 26 de octubre 2022, las Fiscalías 22, 73 y 74 Nacional del Ministerio Público, presentaron acusación imputándolos por legitimación de capitales, asociación para delinquir y utilidad ilegal por actos de la administración.
Pasó un año y medio, para que se llevara a cabo la Audiencia Preliminar, el 08 de marzo 2024, ante el Tribunal Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control, donde se acuerda admitir todos los delitos imputados a Ferreira y Paparoni.
Y así, la causa va al Juzgado Tercero de Primera Instancia en Funciones de Juicio, con competencia en casos vinculados a delitos asociados al terrorismo, corrupción y delincuencia organizada. El inicio del juicio oral y público fue el 5 de agosto 2023; tras 25 continuaciones del juicio, el 25 de junio 2025, el tribunal condena a Ferreira y Paparoni a18 años de prisión, pago de multa de un millón seiscientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos dólares (1.649.400$), y la inhabilitación política durante el tiempo de la condena.
Presentaron Recurso de apelación de sentencia, asunto Nr. 03°JT-139-24, ante la Corte de Apelaciones con Competencia en casos vinculados a delitos asociados al Terrorismo y Competencia para conocer casos con imputación de delitos derivados y conexos asociados a los fenómenos de Corrupción y Delincuencia Organizada a nivel Nacional y sede en el Circuito Penal del Área Metropolitana de Caracas.
En el tribunal
La juez del caso es Alejandra Verónica Romero Castillo, del Tribunal Especial Tercero de Primera Instancia de Juicio con Competencia en Casos Vinculados al Terrorismo a nivel Nacional con competencia en casos de Corrupción y Delincuencia Organizada del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas. Los fiscales 73 del Ministerio Público Martín Colina y Jean Karin López, Causa N° 03°JT-139-24.
Ahí se acusa a Francisco Javier Paparoni Gásperi y a Héctor Mario Ferreira Domingues, en el juicio que se abre el 5 de agosto 2024. Entre lo que usa la Fiscalía es que hubo “adquisición de materiales dirigidos a la Asamblea Nacional en el 2019, por la cantidad de 274 mil 900 dólares”.
Relata que el 8 de septiembre 2022 se solicitó una operación con agente encubierto, para que un funcionario de la DGCIM contactara, a través de Instagram, a la empresa Universal Fabrica de Uniformes, que posee un enlace que redirecciona al WhatsApp siendo atendido por el gerente de ventas Francisco Paparoni. Y luego el 9 de septiembre la DGCIM va a la empresa y ejecuta la orden de allanamiento N.° 032-22.
Dice la DGCIM que ahí mismo, y en el teléfono de Paparoni encontraron en su teléfono una imagen “con las mismas características de los comprobantes y recibos de pago emitidos” supuestamente por Universal a Monómeros. Los funcionarios policiales dicen que al lugar del allanamiento llegó el director jefe Héctor Mario Ferreira Domingues, quien dio que “nunca le habían vendido mercancía” a Monómeros.
Y como suponen que Paparoni es familia del diputado dice que buscaron las empresas del político, y que encontraron la Sociedad Mercantil Inmaquinco, C.A., solicitando su allanamiento el 22 de octubre 2022 y que hallaron un recibo de pago por 2,824 dólares americanos, emitido por la empresa Tovar La Pinturería CA (Coworking) cuyo contacto es Gina González de la Hoz, quien era “gerente de compras de Monómeros”.
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