A propósito de las recientes declaraciones del ministro de Petróleo,
Tareck El Aissami, y del fiscal Tarek William Saab sobre la corrupción en
Petróleos de Venezuela, señalando al ex ministro Rafael Ramírez Carreño, el caso Petrozamora tiene aspectos relevantes,
precisamente cuando hoy se cumple cinco años de la detención de los imputados.
“La operación militar contra los trabajadores petroleros estuvo dirigida
por el General de Brigada de la (GNB) Ramón Agustín Balza Liota, quien en
complicidad con un grupo de funcionarios señalaron a mis compañeros en el Acta
Policial, de haberse aprovechado de sus cargos en la Junta Directiva de
Petrozamora, de capital ruso-venezolano, para sabotearla, poniendo en riesgo
las relaciones internacionales con Rusia”, dice el ex trabajador petrolero.
Rafael Ramírez, ex ministro de Petróleo a quien el gobierno de Maduro
acusa de corrupción
Asegura que el fiscal del caso los acusó basándose en el contenido del
acta policial de DGCIM. “Tal calumnia fue refrendada por la actuación fiscal, y
como consecuencia el máximo representante del Ministerio Público difunde
públicamente información viciada con argumentos procesales falsos,
que llevó al repudio por parte del presidente de la República y la opinión
pública, condicionando la actuación del sistema judicial, negación de justicia
y retardo procesal que lleva cinco años”.
“Mis compañeros, que siguen en cautiverio, nunca trabajaron para la
empresa mixta Petrozamora, mucho menos pertenecieron a su junta directiva como
lo asegura el Ministerio Público en la acusación fiscal, cuyas
imputaciones fueron desmentidas por PDVSA en comunicaciones oficiales que
reposan en el expediente de la causa, en espera que su contenido se traduzca en
justicia para ellos, una vez se realice el anhelado juicio”.
Asegura que Adolfo Torres Vargas tenía pocos meses de haber sido
contratado en PDVSA, el mismo tiempo que tenía Henry Anthony Sánchez Mora como
gerente de PCP. “Eso desmiente los señalamientos que les hacen de haber
participado fraudulentamente en el equipo gerencial que acompañó la cuestionada
gestión de Rafael Ramírez, quien salió de PDVSA en el año 2014 cuando fue
nombrado Canciller de la República”.
Se hacen llamados al Ministerio Público para que se haga justicia
El general Balza
Agrega el ex petrolero que el General Ramón Agustín Balza Liota cometió,
en el 2017, acciones contra Adolfo Torres Vargas y Henry Anthony Sánchez Mora,
“para crear descontento en la masa trabajadora que desbordara el orden
establecido en detrimento de la continuidad operacional de la industria”.
Menos de dos años después, el 30 de abril de 2019, el General Balza
Liota fue apresado porque habría participado en la Operación Libertad. En
agosto del 2018, Juan Carlos Romero, presidente de la empresa mixta
Petrozamora, fue destituido del cargo y señalado de corrupción porque habría
asignado contratos beneficiando a empresas por 4 millones de dólares.
“El 4 de septiembre 2017, cuando detienen a los trabajadores petroleros,
el General Balza Liota fingió haber apresado a su cómplice, Juan Carlos Romero,
al esposarlo y trasladarlo con los detenidos desde Lagunillas hasta el Comando
de Zona de la Guardia Nacional Bolivariana en Maracaibo dónde fue liberado en
el estacionamiento”.
“Romero logró que sus funciones, establecidas en su descriptivo de cargo
como directivo de la empresa mixta Petrozamora y sus correspondientes
responsabilidades en el cargo, fueran plasmadas en el acta policial como si se
trataran de las funciones y responsabilidades de los detenidos, que
paradójicamente laboraban en una filial distinta”.
“Lo cierto es que Juan Carlos Romero avaló la desaparición de las ocho
camionetas institucionales incautadas a los gerentes detenidos por el General
Balza Liota, ya que no fueron devueltas a PDVSA y tampoco formaron parte de la
cadena de custodia”.
General Ramón Agustín Balza Liota
“El 29 de enero 2022 el Teniente Coronel (GNB) Daniel Rengifo Soto, uno
de los responsables en el proceso contra los trabajadores petroleros y uno de
los firmantes del acta policial, fue aprehendido por los órganos de seguridad
en el marco de la operación Mano de Hierro al estar
involucrado, con una alcaldesa y una diputada a la Asamblea Nacional, en
delitos de narcotráfico”.
“Hoy 4 de septiembre se están cumpliendo cinco años desde que mis
compañeros Adolfo Torres Vargas y Henry Anthony Sánchez están presos
sin haber sido enjuiciados. Las autoridades deben mostrar interés por
esclarecer el caso, pues la aberrante confabulación que realizaron contra ellos
llevó a tergiversar los hechos y presentar una verdad procesal que en nada se
parece a la realidad”.
Son cinco años sin juicio y con retardo procesal. “Durante la fase
preliminar la audiencia fue diferida cerca de 30 veces, celebrándose tres años
después. Actualmente llevan más de 16 meses esperando que la Juez Primero de
Juicio de Caracas célebre la audiencia de apertura. Han negado
reiteradamente el decaimiento de la causa, aunque la Ley ordena sustituir la
privativa de libertad cuando ésta supere los dos años y el reo no haya sido
enjuiciado”.
Boleta de Notificación relacionada con la investigación
Imputados y delitos
Inicialmente los detenidos fueron nueve: Gustavo José Malavé Bucce, Juan
Camilo Carrillo Martínez, Director Ejecutivo y Subdirector respectivamente de
Producción Occidente; Héctor Miguel Roque Ramírez, Gerente de Operación
Integral de Plantas; César Amabilis Valera Villarroel y Adolfo Torres Vargas,
Gerente de Negocio y Gerente General DSI de Producción Occidente
respectivamente; Henry Anthony Sánchez Mora, Director Ejecutivo DSI Costa
Oriental del Lago; José Manuel Marín Muñoz, Gerente Regional DSI Occidente;
Bernardo Antonio Atencio Delgado, ex Director Adjunto de Producción Occidente;
y Juan Carlos Barreto Ramos, Gerente de Operaciones de Producción Occidente.
Los delitos que les señalan, en el asunto penal BJ11-P-2017-000041,
son: tráfico de material estratégico, asociación, obstrucción de la
libertad de comercio, daños a la industria petrolera, peculado doloso y
peculado de uso, en perjuicio de la Estatal Petrolera Petrozamora.
Gustavo José Malavé Bucce
La denuncia
El apoderado de Petrozamora, Andrés Eduardo Arteaga, hizo la denuncia,
ante el Ministerio Público, el 21 de agosto 2017; él dijo que el 7 de agosto en
el área de Ceuta-Treco del Lago de Maracaibo, “se reportó la apertura del
interruptor B-505 por sobre corriente en la Subestación L, afectando a las
Subestaciones 36M y 37M, detectándose en el sitio una afectación en el
transformador TX2 de la Subestación 36M, asociado al interruptor B-205 (aceite
drenado a través de válvula de servicio y posibles daños a nivel de estructura
por operación bajo carga sin aceite dieléctrico). Dicha situación irregular
produjo una pérdida de producción asociada de 25.500 barriles que se traducen
en una pérdida económica considerable”.
Según Arteaga, la Dirección General de Contrainteligencia
Militar (Dgcim) investigó “una serie de irregularidades que se suscitan en la
empresa mixta Petrozamora S.A., conformada por la Corporación Venezolana de
Petróleo S.A. y Gazprombank Latin América Ventures B.V. (Rusia), la cual
desarrolla sus actividades primarias en las áreas denominadas: Bachaquero
Tierra, Lagunillas Tierra, Bachaquero Lago Bloque VII Ceuta, Bloque II
Bachaquero y Bloque III Centro”. Agrega que lo ocurrido ya había
sucedido y que los rusos lo habían denunciado “sin recibir una respuesta acorde
a los intereses de ambas naciones”.
Dijo el abogado de Petrozamora en la denuncia que hizo ante la Fiscalía
que “se tiene información que en Puerto Miranda existe una actividad
clandestina presuntamente de contrabando, donde se fuga específicamente
petróleo crudo a las Islas del Caribe e involucra a una empresa mixta de nombre
Baripetrol junto con personal de PDVSA que se encarga de operar dicho puerto”.
Manifestación a favor de Sánchez Mora
En agosto de 2017 Petrozamora sufrió dos acciones de robo y sabotaje que
costaron más de 21 mil barriles diarios, “evidenciándose la
intencionalidad de ocasionar daños a la estructura eléctrica de los equipos que
dan vida al suministro de energía en las estaciones de flujo. A raíz de este
suceso los accionistas rusos solicitaron la averiguación inmediata de los
ciudadanos Henry Sánchez, Adolfo Torres y José Manuel Marín”.
“La empresa Tratamiento Químicos, con su presunto gestor Juan Carrillo,
es señalada de afectar la producción de Petrozamora. Igualmente, poseen el
monopolio del negocio de los químicos (por el mecanismo de adjudicación
directa, sin pasar por el proceso de licitación como lo exige la ley),
seleccionando los proveedores que son calificados para vender a Petrozamora a
cambio de jugosas comisiones”.
Lo que Rusia denunció
Entre los hechos que los rusos consideran irregulares y que habían
denunciado está:
- Situación crítica en cuanto al suministro de gas, que trae consigo una
disminución en la producción de crudo en los campos Lagunillas Tierra y
Bachaquero Tierra. A partir del 2015 el suministro de gas por parte de Manejo y
Medición de Gas de la Gerencia de Operación Integral de Plantas de la Dirección
Ejecutiva de Producción Occidente (GOIP DEPO), se redujo de manera drástica y
sin explicaciones válidas afectando significativamente la producción.
- Incumplimiento de acuerdos (tardía transferencia de los Patios de
Tanques a Petrozamora).
- Manejo irregular del Complejo Patio Tanque que denotan comportamientos
asociados al sabotaje.
- Disminución permanente del suministro de gas que garantizan la
operatividad y por ende afectan la producción.
- Petrozamora cumplió el requerimiento de PCP, en cuanto a la entrega de
40 vehículos (tipo pick up), para patrullajes y reducir el índice de robos, sin
embargo, más de la mitad están siendo utilizados fuera del ámbito de la
empresa.
- Los índices de robo se han incrementado durante 2017, trayendo consigo
pérdidas de decenas de millones de dólares; sólo en los campos de Lagunillas
Tierra y Bachaquero Tierra, entre el 10 y el 14 de abril 2017, fueron hurtados,
de las instalaciones donde operan 65 pozos: contactores, breakers, cables
bajantes, conllevando a una merma en la producción de más de 3 mil b/d.
- Implementación de una metodología errónea por parte del Departamento de
Seguridad Interna (PCP), a la hora de calificar y evaluar los hurtos, robos y
sabotajes. Algunos trabajadores envueltos en episodios ilícitos.
- Premeditados retrasos en la ejecución de mantenimientos preventivos y
correctivos en las unidades de compresión de gas, lo cual ha repercutido en la
baja confiabilidad de los equipos, traduciéndose en paros repetitivos con un
alto promedio de producción diferida.
La DGCIM
La Dirección General de Contrainteligencia Militar determinó que en
Petrozamora estaría operando “una red muy bien estructurada y articulada para:
sabotear el funcionamiento de la industria petrolera, retardar el normal
funcionamiento de los procesos de la industria, con la finalidad de chantajear
y/o extorsionar a los rusos”.
De ahí deducen que la intención de dicha red es “enriquecerse a través
de acciones que van en detrimento de la imagen del Estado venezolano, puesto que el
tratamiento en los medios de comunicación no enfatiza en individualidades, sino
que por el contrario se enfoca en exaltar el nombre de la estatal petrolera,
con la finalidad de robustecer las matrices de opinión que señalan a PDVSA como
la herramienta idónea para la corrupción”.
La DGCIM calificó que “la cantidad de sucesos asociados al sabotaje,
deja entrever la intencionalidad de ocasionar daños al convenio con Rusia, con
el propósito de desestabilizar la economía nacional mediante una ruptura de los
acuerdos, motivado al incumplimiento de las garantías exigidas”.
Manifestación por uno de los detenidos
El Tribunal
La Fiscalía le dijo al Tribunal que según las investigaciones realizadas,
por lo sucedido el 7 de agosto 2017, “se pudo corroborar que el domingo 07 de
agosto, en horas de la madrugada se presentó según lo que reza en los reportes
una alarma de intrusos a nivel de la Sub Estaciones Eléctricas: 36M y 37M,
después de un par de horas, siendo la hora exacta la 1: 05 de la madrugada
cuando se recibió por parte de OFIPET (despacho de carga), una alarma
de detección de intrusos”.
A las 3 de la madrugada “se reporta la apertura del interruptor b-205
afectando las Sub-Estaciones eléctricas antes mencionadas una vez llegado el
personal al sitio”. En el transformador 2 (TX2) de la Sub Estación 36 m,
asociado al interruptor b-205, se observó “aceite drenado a través de la
válvula de servicio y posible daño a nivel de estructura por operación bajo
carga sin aceite dieléctrico; son transformadores gigantes que utilizan aceite
para mantenerse operativos. Les sustrajeron el tapón, se drenó el
aceite, se recalentó el transformador y ocurrió la falla eléctrica”.
El hecho “causó pérdida a Petrozamora de unos 25.500 barriles y de
1.192.000 dólares. Hubo pérdidas materiales asociadas al transformador, se antes hubo
pérdida de 2 mil metros de cable submarino (serie 8000) de 15kv”. El comité
técnico operacional nombrado por Petrozamora “constató la intervención de
terceros de manera dolosa y premeditada como causa probable”.
“La ayuda requerida a la GOIP (Gerencia de Operación Integral de
Planta), no fue atendida de manera oportuna y asertiva por el gerente Héctor
Roque. Asimismo, la gerencia de seguridad industrial no ha cumplido con
su función de garantizar la custodia, protección y vigilancia de las
instalaciones de la industria petrolera como las subestaciones eléctricas
afectadas por dos años, situación que no fue atendida de manera eficaz
y resolutoria por parte de la junta directiva de PDVSA occidente”.
La madre de uno de los detenidos clamando justicia
El 6 de septiembre 2017 fueron presentados ante el Tribunal Segundo de
Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del
Zulia, ocho de los detenidos, menos Bernardo Antonio Atencio Delgado, ex
Director Adjunto de Producción Occidente.
El 8 de septiembre 2017, el abogado Jimmy Goite Blanco, Fiscal
Sexagésimo Tercero (63°) del Ministerio Público con competencia Nacional Plena
solicitó, ante el Tribunal Segundo de Primera Instancia en Función de Control
del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, extensión Cabimas, radicar la
causa, en base a cuatro artículos de prensa.
El 19 de septiembre de 2017, la Sala de Casación Penal del Tribunal
Supremo de Justicia (TSJ), según expediente R17-270, en ponencia de la
magistrada Yanina Beatriz Karabín de Díaz declaró con lugar la solicitud de
radicación del caso para Caracas.
Desde entonces han transcurrido cinco años y aún no han sido
enjuiciados.
Fueron denunciados por rusos de una empresa mixta en Venezuela, llevan cinco años presos y sin juicio: el caso de dos funcionarios de Petrozamora - Infobae
