jueves, 29 de febrero de 2024

Seis presos políticos murieron en Venezuela desde que la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos llegó al país

  

Se trata del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, Virgilio Jiménez, Pedro Pablo Santana Carvallo, el indígena Salvador Fernando Franco Pérez, Gabriel Medina Díaz y Raúl Isaías Baduel. Todos fallecieron por tortura y por no prestarles asistencia médica, mientras el organismo organizaba reuniones, talleres y otras actividades Los familiares de las víctimas expresan su frustración


Sebastiana Barráez/ jueves 29 de febrero 2024

@SebastianaB


Tomado de Infobae

Seis muertos bajo custodia: CC Acosta Arévalo, Virgilio Jiménez, Pedro Pablo Santana, Salvador Franco, Gabriel Medina y Raúl Baduel.

Desde que la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Verónica Michelle Bachelet Jeria, visitó Venezuela por primera vez, seis presos bajo custodia de los organismos de seguridad murieron por tortura y por no prestarles asistencia médica. Lamentablemente para las víctimas la Oficina de la ONU no estuvo a la altura para protegerlas, distrayéndose en actividades, reuniones, encuentros, talleres y otras actividades con las que el régimen venezolano los mantuvo ocupados creando relaciones públicas. La frustración de las víctimas y sus familiares es evidente.

El 01 de enero 2020, al mando del GB Carlos Terán Hurtado, entonces director de Investigaciones de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), los custodios subalternos trasladaron a 48 civiles y militares a una nueva cárcel en el sótano 2 de la sede principal de ese cuerpo de seguridad, llamada La Casa de Los Sueños.

26 agosto 2021: Reunión en el Ministerio del Interior con la OACDDHH revisando los avances con el régimen venezolano.

Son 16 celdas de 3 metros de largo por 2.5 de ancho, con una pequeña ventana cuadrada y una ventana rectangular para meter ahí una cómoda, en una puerta de hierro sin barrotes. En ese infernal lugar los presos no reciben aire puro ni luz natural. En esa nueva sede se construyó una celda de tortura llama El Ataúd.

Todo eso ocurrió frente a la comisión de la entonces Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet. Sus delegados estaban ocupados en dictar cursos a los organismos del Estado encargado de “proteger” los derechos humanos.

También ocurrió la muerte de seis presos en custodia: capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, el 29 de junio 2019, por brutales torturas; Virgilio Jiménez, por falta de asistencia médica, el 5 de febrero 2019; Pedro Pablo Santana Carvallo, el 14 de agosto 2020 por complicaciones de salud una vez que fue detenido; el indígena Salvador Fernando Franco Pérez, el 3 de enero 2021, por denegación de asistencia médica; Gabriel Medina Díaz, a quien no le prestaron asistencia médica, muere el 29 de agosto 2021; Raúl Isaías Baduel, fallece el 12 de octubre 2021.

11 agosto 2022: uno de los innumerables talleres, cursos, reuniones o encuentros.

Antes, en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) le negaron la asistencia médica al ingeniero Nelson Martínez, quien fue presidente de la estatal Citgo, Ministro de Petróleo y presidente de Petróleos de Venezuela. Estando en el cargo fue detenido el 30 de noviembre 2017, y fallece el 12 de diciembre 2018.

“El sábado 17 de noviembre del 2018, cuando fui a visitarlo, lo encontré muriéndose y no exagero. No podía hablar, ni moverse, temblando, tenía días sin comer ni tomar nada. No aguantó ni 10 minutos y el custodio se lo llevo ayudándolo a caminar””, narró a Infobae, en agosto 2020, su esposa, Beatriz Arias de Martínez. (http://www.sebastianasinsecretos.com/2020/08/los-ultimos-momentos-de-nelson-martinez.html).

5 de mayo 2022: más reuniones, esta vez con coordinador Residente de la ONU siguiendo los avances con la OACDDHH

Los informes

Bachelet presentó un primer y contundente informe, pero los siguientes fueron cada vez más tibios y la contundencia no era precisamente en los casos de violación a derechos humanos, denegación de justicia, tortura o actuación de los funcionarios de los cuerpos de inteligencia, DGCIM y Servicio Bolivariano (Sebin).

Cada vez más, los informes daban como excusa las sanciones económicas impuestas por varios países, especialmente Estados Unidos, contra funcionarios venezolanos.

10 de diciembre 2021: Larry Devoe entrega a Jorge Rodríguez dos proyectos de ley para el acceso a la justicia y reparo a las víctimas.

Lo que nunca dejó claro Bachelet ante los venezolanos, ante las víctimas y ante el mundo, es qué tienen que ver las sanciones con la tortura, la muerte, procesos amañados, amenazas, desapariciones forzadas, instalación de casas base de la Dgcim y el Sebin, violación al debido proceso, denegación de justicia, informes amañados de los cuerpos de seguridad, enjuiciamiento sin pruebas de numerosos civiles y militares acusados de Traición a la Patria, instigación a la rebelión y otros.

Nicolás Maduro y Michelle Bachelet

En la 43ª sesión del Consejo de Derechos Humanos, el 10 de marzo 2020, Bachelet dijo “mi Oficina sigue recibiendo alegaciones de tratos crueles, inhumanos o degradantes en la sede de la Dirección General de Contra Inteligencia Militar en Caracas”.

Agregando “mi Oficina también documentó agresiones contra opositores políticos, manifestantes y periodistas, sin que las fuerzas de seguridad actuaran para evitarlo. El 11 de febrero, fueron agredidos por lo menos 12 periodistas que cubrían la llegada de Juan Guaidó, mientras que el 29 de febrero, presuntos miembros de colectivos armados agredieron a manifestantes y periodistas que se congregaron en un acto político en Lara”.

5 de mayo 2022: otra reunión, esta vez con el coordinador Residente de la ONU Gianluca Rampolla siguiendo los avances con la OACDDH

En el último informe de Bachelet, el 29 de junio 2022, durante el 50º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, ella destacó “recientemente, el gobierno acordó ampliar la presencia en el terreno a 16 colegas de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos en Venezuela. Dado que este es mi último diálogo interactivo sobre Venezuela ante este Consejo, permítanme reconocer la cooperación que hemos construido en los últimos 3 años, gracias a la confianza de las víctimas, la sociedad civil y las autoridades”.

“A través de una mayor cooperación y compromiso, estoy convencida de que se podrá contribuir a mejorar la situación de los derechos humanos de todas y todos en Venezuela”.

El 2 de julio 2020 en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas se presentaron los Resultados de la investigación de las denuncias de posibles violaciones de los derechos humanos a la vida, la libertad y la integridad física y moral en Venezuela, destacándose que el 20 de septiembre de 2019, la Cancillería de Venezuela y la Alta Comisionada Bachelet “firmaron una Carta de Entendimiento que establece los parámetros de cooperación”.

Jornada de actualización en octubre 2021

“En octubre de 2019, se acordó un plan de trabajo sobre asistencia técnica. Sobre esta base, dos oficiales de derechos humanos del ACNUDH han estado trabajando en Venezuela desde octubre de 2019 bajo el mandato de la Alta Comisionada e integradas en la Oficina del Coordinador Residente de las Naciones Unidas. Asimismo, se ha contado con apoyo temporal de tres oficiales de derechos humanos en actividades contempladas en el plan de trabajo”.

Lo que no dijo el informe de la ONU es que esa carta de Entendimiento fue secreta, que aun a estas alturas, después que el gobierno de Nicolás Maduro, el 15 de febrero 2024, expulsara al personal de esa oficina del país, se desconoce el contenido de ese acuerdo.

9 de diciembre 2021: la ONU en Venezuela reunida en la Cancillería compartiendo un balance de fin de año.

La oficina de Bachelet expresó “satisfacción el estrechamiento de la cooperación con las autoridades y la mejora del acceso al país. Algunas de las cuestiones de interés en materia de derechos humanos presentadas en este informe se están abordando en el marco de la asistencia técnica solicitada por el Gobierno al ACNUDH en ámbitos tales como la prevención de la tortura, el acceso a la justicia y las condiciones de detención. La presencia del ACNUDH en la República Bolivariana de Venezuela también ha permitido estrechar las relaciones con las víctimas y hacer llegar con prontitud sus reclamos a los garantes de estos derechos”, reza el informe.

En lo medular, es decir, en lo referente a la violación de DDHH y crímenes de lesa humanidad, Michelle Bachelet y su comisión fueron bastante tibios, desplegándose en reconocimientos como el que manifestaron de los “anteriores esfuerzos del Estado por desarrollar políticas de seguridad coherentes con el derecho internacional, que culminaron con la creación en 2006 de la Comisión Nacional para la Reforma Policial (CONAREPOL), cuyos principales resultados fueron la reorganización de las fuerzas de policía civil, de carácter civil, la elaboración de protocolos sobre el empleo de la fuerza en consonancia con las normas internacionales, el examen de los antecedentes de las fuerzas policiales responsables de abusos y la creación de mecanismos de supervisión que garanticen la rendición de cuentas”

Entre las acciones distractoras por parte del Ministerio Público venezolano está la respuesta que le dio a lo dicho por la ACNUDH, cuando le entregó a la Dirección de Protección de los Derechos Humanos del Ministerio Público una lista de 28 presuntas ejecuciones perpetradas en el marco de las operaciones de seguridad entre mayo 2016 y noviembre 2019. “Según el Ministerio Público, todos los casos siguen abiertos en espera de la información de los órganos de investigación (por ejemplo, el resultado de la autopsia, el estudio de balística, los antecedentes penales de la víctima), especialmente del CICPC. Hay información de que sólo en un caso fueron entrevistados diversos testigos”, reza el informe de la entonces Alta Comisionada.

Esta reunión en el Ministerio de Justicia fue el 24 de octubre 2023.

Reuniones y más reuniones

El régimen venezolano nunca ha detenido la puerta giratoria de los presos políticos, tampoco las torturas y, peor aún, ha profundizado la criminalización de la protesta y la disidencia, ha encarcelado sin prueba alguna a dirigentes políticos, sociales, sindicales. Todo eso ha sucedido, con montajes de supuestas operaciones militares, mientras en Venezuela se encontraba la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos (OACDDHH) que se instaló bajo la doctora Michelle Bachelet y continuó con

Uno de los funcionarios que destaca como logro las reuniones es Larry Devoe Márquez, Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos, Agente del Estado ante Sistema Internacional de Derechos Humanos.

26 de agosto 2021

“Encuentro” en el Ministerio del Interior y Justicia “con las instituciones involucradas en la cooperación con la Oficina de la Alta Comisionada de ONU para DDHH. Revisamos los avances alcanzados y definimos pasos concretos para seguir profundizando el trabajo conjunto”, publicó Davoe sin especificar cuáles fueron los avances si es que los hubo.

5 de octubre 2021

Devoe publica una foto junto a la Oficial de Informes de Derechos Humanos Helene Devaux, que era la máxima delegado de la ACDDHH en Venezuela, destacando  que “en el marco del plan de trabajo con la Oficina de la Alta Comisionada de ONU para DDHH, instalamos las jornadas de actualización en derechos humanos para funcionarios de diversos órganos del Estado, directamente vinculados con esta materia. Los participantes serán multiplicadores de esta experiencia a lo interno de sus instituciones”. 

9 de diciembre 2021

Con fotografías de la reunión, donde por la OACDDHH se aprecia a Helene Devaux, Larry Devoe dice que en la sede de la Cancillería “realizamos una reunión con las instituciones encargadas de avanzar en la cooperación y asistencia técnica con la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. Compartimos un balance de las actividades ejecutadas durante el año 2021 y acordamos el plan de trabajo que será implementado en el año 2022”.

10 de diciembre 2021

Devoe se fotografía con Jorge de Jesús Rodríguez Gómez, presidente de la Asamblea Nacional, agregando que “en el Día Internacional de los Derechos Humanos consignamos a la Asamblea Nacional dos proyectos de ley para fortalecer el acceso a la justicia y la reparación de las víctimas, así como para incorporar al ordenamiento jurídico interno los delitos previstos en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional”.

7 de marzo 2023: una de las incontables reuniones.

5 de mayo 2022

Una nueva reunión. “En compañía del Coordinador Residente de ONU (Gianluca Rampolla) y el Viceministro de Temas Multilaterales, sostuvimos un nuevo encuentro interinstitucional de seguimiento a los avances de la asistencia técnica brindada al país por la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para DDHH”.

6 agosto 2022

Otra reunión en la sede del Ministerio Público “nos reunimos con diversas instituciones del Estado para hacer seguimiento a la ejecución del plan de trabajo de asistencia técnica y cooperación con la OACDDHH de la ONU”.

6 agosto 2022: reunión en la Fiscalía General.

11 de agosto 2022

“En la sede de la Oficina de la Alta Comisionada de ONU para DDHH en el país realizamos una nueva fase del taller de actualización en materia de derechos humanos para funcionarios del Estado, en el marco de la cooperación y asistencia técnica brindada por esa Oficina”

7 de marzo 2023

“Con nuevo módulo destinado a abordar los Derechos de las personas privadas de libertad, continuamos con la ejecución del Plan de actualización en DDHH para funcionarios del Estado venezolano, facilitado por la Oficina del Alto Comisionados de la ONU para los DDHH”, reseñó Devoe.

24 de octubre 2023

En la sede de la Cancillería revisamos los avances de la cooperación y asistencia técnica brindada por la Oficina del Alto Comisionado de ONU para DDHH a las instituciones del Estado venezolano”.

Seis presos políticos murieron en Venezuela desde que la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos llegó al país - Infobae

martes, 27 de febrero de 2024

La desaparición forzada de un dirigente revolucionario que el régimen venezolano no quiere investigar

 

Luis Alcedo Mora Márquez, mejor conocido como Batería, es un dirigente de la vieja izquierda venezolana


Sebastiana Barráez/ martes 27 de febrero 2024

@SebastianaB


Tomado de Infobae

Familiares y amigos reclamado justicia por Alcedo Mora pero el Gobierno ignora los llamados

El primer caso de desaparición forzada, que ya lleva nueve años, es el de Luis Alcedo Mora Márquez, mejor conocido como Batería, un dirigente de la vieja izquierda venezolana, a quien sus amigos y familiares describen como rebelde, honesto y crítico. Aquel 27 de febrero 2015, se conmemoraba cinco años de la Masacre de Onia y 26 del Caracazo. Ese día desapareció. Dos días después también lo hacen dos amigos suyos, Eliécer y Jesús Esneider Vergel Prado. Las autoridades venezolanas no han tenido interés en saber qué pasó con ellos, quizá porque el principal sospechoso de esas desapariciones es el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN). 

Batería, como le decían a Alcedo, salió de una reunión en la Gobernación del estado Mérida y desapareció, en plena revolución bolivariana. “Él denunció en los medios de comunicación de Mérida la presencia de paramilitares colombianos y el tráfico de gasolina de Pdvsa el Vigía en complicidad con altos mandos militares de los estados andinos”, dicen familiares y amigos en un pronunciamiento a 9 años de su desaparición forzada.

Mora era militante del PRV Ruptura Tercer Camino, organización que lideró el exguerrillero Douglas Ignacio Bravo Mora y el antropólogo y docente universitario Francisco Prada Barazarte, “El Flaco Prada”. En el comunicado destacan como “responsable directo al Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), que antes se llamó Disip y Sifa, como Dispositivo de torturas y desaparición forzada a lo largo de muchos años”.

Ante ese hecho desmienten al Fiscal General de la República, Tarek William Saab Halabi, porque “según él, quien en redes sociales ha dicho que era amigo de Alcedo Mora, ha guardado silencio cómplice. En una reunión que sostuvimos con él, en el 2015, nos llamó "escuálidos” y agregó que él era el gobierno y hacía lo que quería; eso fue en su entonces despacho de la Defensoría del Pueblo, cuando fuimos a buscar respuesta sobre la desaparición forzada de Alcedo Mora”.

Puntualiza el escrito que “recientemente, Tarek Saab dijo, en una rueda de prensa, que no existía desaparición forzada y que quien dijera esa palabra era penado con cárcel. Rechazamos esas afirmaciones del Fiscal porque encubre la desaparición forzada de nuestro familiar y compañero Batería, más aún con lo sucedido a la abogada Rocío San Miguel y otros venezolanos por ser disidentes al corporativismo militar policial venezolano con violación al debido proceso”.

“Con la desaparición de Alcedo Mora, forzado por el Sebin, y con la cadena de mando de ese entonces, se cumple las prerrogativas legales internacionales de que se perpetró un crimen de lesa humanidad”.

Alcedo Mora le dice al entonces Ministro Rafael Ramírez Carreño que si no procede ante un hecho de corrupción, lo hará público

La solidaridad

El comunicado de familiares, amigos y compañeros de Alcedo Mora Márquez, hacen reconocimiento a las organizaciones no gubernamentales (ONG) defensoras de derechos humanos, “que se han solidarizado con nuestra lucha, tales como Provea (Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos), grupo de trabajo de DDHH de la Universidad de Los Andes (ULA), Cofavic (Comité de Familiares de Víctimas del Caracazo), La Guarura y Aporrea”.

“También, en este campo de lucha por la desaparición de Alcedo Mora, a quienes nos han acompañado han sido criminalizados por Tarek Saab, en este caso la periodista Sebastiana Barráez, quien se ha convertido en blanco del gobierno cívico/militar que hambrea a los trabajadores venezolanos”.

“Denunciamos el acuerdo o consenso liberal que lleva a cabo la boliburguesía, Fedecámaras y la burguesía tradicional contra el proletariado venezolano, llevándolos a una esclavitud moderna, donde todo trabajador que se opone es enviado a tribunales de terrorismo, que no son más que tribunales militares disfrazados de civil. Ante este hecho, seguimos exigiendo al gobierno o dictadura o corporativismo militar venezolano, que nos dé respuesta de dónde esta nuestro familiar y compañero de lucha Alcedo Mora”.

Finalizan el comunicado, familiares y amigos de Alcedo Mora, parafraseando “cuando los crímenes comienzan a apilarse, se hacen invisibles. Cuando los sufrimientos se vuelven insoportables, los gritos ya no se oyen. Los gritos, también caen como la lluvia en verano”.

La crisis de combustible en Venezuela

Se volvió incómodo

Quienes conocieron a Alcedo Mora lo describen como irreverente y probo, señalando la corrupción de los jerarcas del régimen que lo convirtió en enemigo para la revolución bolivariana a la que respaldó.

El 10 de junio 2009 Alcedo, como dirigente regional en Mérida del Partido Revolucionario de Venezuela (PRV) Ruptura Tercer Camino, declara su desacuerdo por lo que el entonces gobernador de Barinas y hermano de Hugo Chávez, Adán Coromoto Chávez Frías, expresó contra militantes de esa organización política. Rechazó que el mandatario barinés señalara que miembros de la organización, que dirigía Douglas Bravo, tuvieran vinculación con el paramilitarismo, “cuando sabemos que el paramilitarismo en Venezuela está siendo promovido por factores propios del gobierno nacional”, dijo Mora.

En declaraciones publicadas entonces por el Diario Los Andes, Alcedo Mora aseguró que “n el trabajo social que hemos venido desarrollando en el Occidente del país, estados Mérida, Táchira, Trujillo, Barinas y el alto Apure, hemos observado cómo algunos funcionarios del alto mando militar, juntamente con la Disip (SEBIN), la PTJ (CICPC), la Guardia Nacional y las policías estadales, están trabajando de manera indirecta con los grupos paramilitares”,

Se preguntó “¿Dónde está el sicariato? ¿Quiénes lo están promoviendo? En años anteriores, cuando se le informó a los organismos militares de la zona occidental sobre la presencia de las Autodefensas Unidas de Colombia Águilas Negras en la Zona Panamericana, ellos procedieron inmediatamente a proteger esos organismos paramilitares”.

Como ejemplo, Mora se refirió a lo que sucede “desde Caja Seca hasta la Fría, donde el tráfico de gasolina hacia la frontera está vinculado a los mandos militares de la Guardia Nacional; son más de 700 camionetas las que extraen la gasolina de las bombas en complicidad con la Guardia Nacional, las policías regionales e incluso funcionarios del alto mando militar”.

Y finalmente Mora, en ese 2009, lamentó la respuesta agresiva del Gobierno Nacional, cuando se hacen señalamientos del proceso de descomposición político, ético y moral que vive el país. “Esta realidad deja como consecuencia hechos de violencia en todo el territorio nacional; es el caso de la muerte de siete dirigentes sindicales y en el estado Mérida, la muerte de dos jóvenes universitarios, entre otro importante número de intentos de asesinato frustrados”.

El contrabando de combustible fue denunciado por Alcedo Mora antes de su desaparición

Su desaparición

Johana Rojas Mora, sobrina de Alcedo, hace unos años relató un hecho curioso, cuando la esposa de su tío lo llamó ese día y ella “recibió un mensaje muy extraño que daba cuenta de que estaba en un sitio contra su voluntad: dijo algo así como ‘rodilla en suelo’, que es un lenguaje que jamás utilizó y después se cortó la llamada. Nunca más supimos de él”.

Batería había ido a una reunión con su jefe, Luis Martínez, quien era el secretario general de la Gobernación de Mérida. Su hijo mayor, Alcedo Mora Carrero, contó después que su padre le había entregado a Martínez pruebas de contrabando de combustible en la planta de llenado de El Vigía de Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

Alcedo les envió, unos días antes de su desaparición forzada, un mensaje a sus compañeros, que decía: “Camaradas. Alerta. Tengo requisitorio de orden de captura por el Sebin, se me quiere involucrar en unos recuperos, la cosa es complicada, es parte donde se me quiere cobrar por unas denuncias de corrupción a Pdvsa que he venido haciendo y me quieren montar una olla. Hay que estar pendiente. Atte. Alcedo Mora'”, narró en esa oportunidad su hijo.

Entre lo inaudito que ha ocurrido con la desaparición forzada de Alcedo Mora, está el hecho que su hijo mayor va a reclamarle al jefe de su papá en la Gobernación y la respuesta de Alexis Ramírez fue: “Eso le pasó a tu papá por estar hablando tanta pistolada y nada más”.

En un podcast, del año 2019, “Voces del Desamparo”, su hijo manifestó “mi papá sabía lo que le podía pasar. Muchas veces pensábamos eso. Papá sabía lo que le podía pasar porque se lo dijo a mi hermano y sabía que no podía escapar porque, o sea, tenía mucha gente encima. Y entonces, esto de que se haya escapado, creo que es imposible. De que esté vivo, yo a mi padre lo siento vivo porque, de verdad que lo sueño vivo, lo sueño alegre. Ni por la cabeza me pasa muerto porque, o sea, la última vez que lo vi, lo vi fue vivo, pues”.

"Yo soy Gobierno", le dijo Tarek William Saab a la familia de Mora

Sí denunció

En agosto 2017, en una comunicación enviada a un medio digital, el hijo de Alcedo se quejó de que “No hay una investigación seria por el MP, y ahora, menos de esperar una respuesta por Tarek, si como defensor me dijo que no podía decir nada 'porque se metía en un peo', imagínense ahora como fiscal".

El padre de los hermanos Vergel, desaparecidos un par de días después de Alcedo Mora, dijo a familiares del dirigente que funcionarios del Sebin y paramilitares colombianos, asesinaron a Alcedo y a sus hijos Eliécer y Jesús Esneider Vergel Prado. Eso lo reveló a raíz de haber sido secuestrado y le dijeron que le pasaría lo mismo a él o a cualquiera que investigara el caso.

Su hijo Luis Mora le dijo a Infobae, en noviembre 2019, (https://www.infobae.com/america/venezuela/2019/11/08/el-dirigente-social-de-la-revolucion-bolivariana-alcedo-mora-desaparecio-despues-de-denunciar-corrupcion-en-pdvsa/que “mi papá desde el 2013 ya venía denunciando hechos de corrupción. Le pasa una carta a Rafael Ramírez, entonces ministro y presidente de PDVSA diciéndole que le había dejado unas copias de hechos de corrupción para que lo hiciera público. Ramírez no hizo nada. Mi papá continúa haciendo contraloría social en Mérida”.

Agregó que “el Gobierno ha dicho que mi papá nunca hizo la denuncia y que por lo tanto no hubo procedimiento. Pero sí denunció, lo hizo en el 2015 y formalmente ante la Fiscalía y lo dijo públicamente. También lo hizo ante el Gobernador Alexis Ramírez. Mi papá era el asistente del entonces secretario general de Gobierno Luis Martínez. Desde ahí empiezan las amenazas contra él y la persecución”.

Darío Manuel Gómez Suárez, amigo de Alcedo Mora, dijo en esa oportunidad que “meses antes de su desaparición, Alcedo nos había dicho que tenía dos líneas de investigación dentro de la contraloría social y las dos tenían coincidencia con un narco paramilitar llamado John Jairo, financista en esa época de un candidato de la oposición venezolana. El narco era protegido por un ex ministro de interior y ex Gobernador del chavismo”. La otra investigación en la que andaba era en la del tráfico de gasolina hacia Colombia.

La desaparición forzada de un dirigente revolucionario que el régimen venezolano no quiere investigar - Infobae

domingo, 25 de febrero de 2024

Estos son los principales torturadores del régimen de Venezuela identificados por la ONU

 

La Misión de Determinación de los Hechos de Naciones Unidas para el caso venezolano incluyó a 118 funcionarios en el listado. Aquí, los 12 más poderosos.


Sebastiana Barráez/ domingo 25 de febrero 2024

@SebastianaB


Tomado de Infobae

El video original corresponde al programa Hasta que Caiga la Tiranía. 25-02-2024.

Los delitos de violación de derechos humanos y lesa humanidad no prescriben, por lo que la Misión de Determinación de los Hechos de Naciones Unidas para el caso Venezuela ha identificado a 118 funcionarios en toda la estructura de delitos atroces contra cientos de víctimas, de las que el Estado venezolano es responsable.

En el primer programa de Sebastiana Sin Secretos, a través del canal Hasta Que Caiga la Tiranía, transmitido este domingo, se expone el caso de 12 de los principales militares señalados en los informes de la Misión.

Alexander Enrique Granko Arteaga

Ascendido por Nicolás Maduro de número 1 a Teniente Coronel de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). Ocupa el cargo de Jefe de la Dirección de Asuntos Especiales (DAE) de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). Denunciado por varias víctimas por tortura.

Está sancionado por la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros de los Estados Unidos), la UE (Unión Europea) y el TIAR (Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca), por la muerte del Capitán de Corbeta Rafael Ramón Acosta Arévalo, secuestrado y torturado lo que le causó la muerte el 29 de junio 2019, al momento de ser llevado ante el juez militar, Mayor Mickel Enrique Amézquita Pion.

Teniente Coronel Alexander Enrique Granko Arteaga, jefe de la DIE

Los casos en los que aparece reseñado Granko Arteaga, entre muchos otros, es el del Mayor Isaías Falcón Juárez, los coroneles (GNB) Oswaldo Valentín García Palomo y José Rommel Acevedo Montañez, así como el del civil Antonio José Labichuela Barrios.

También Granko es referenciado por la violación de DDHH de los sargentos del Levantamiento Cotiza. La Misión de Determinación señala a Granko por su responsabilidad en violaciones de DDHH y crímenes.

Antonio José Benavides Torres

Es un Mayor General (GNB), excomandante general de la Guardia Nacional. Es hoy diputado por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) ante la Asamblea Nacional. Fue sancionado por la Unión Europea el 12 enero 2018. Sancionado por la OFAC el 9 de marzo 2015. Además, está sancionado por Canadá, Panamá y Reino Unido.

Mayor General Antonio José Benavides Torres

La Misión de Determinación lo señala por la detención arbitraria de 23 personas en Rubio, municipio de Junín, estado Táchira el 19 de marzo de 2014. Está como muchos castrenses al servicio de la revolución bolivariana.

Abel Reinaldo Angola García

Este Teniente de Navío es un caso emblemático aunque no es de más alta graduación. Es Inspector Jefe de la DGCIM. Es emblemático entre los identificados por las víctimas como torturador de la DGCIM.

Teniente de Navío Abel Reinaldo Angola García

Aparece mencionado en varios casos, que la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU indica, entre ellos el Caso Nr. 13 del capitán de Navío Luis Humberto De La Sotta Quiroga, quien estuvo detenido durante cinco años con violación a sus derechos humanos, al debido proceso, tortura física y psicológica. También, aparece en el caso del Mayor (Av.) Isaías Lenin Falcón Juárez.

Carlos Enrique Terán Hurtado

Carlos Enrique Terán Hurtado fue jefe de Investigaciones de la DGCIM

Ascendido a General de División en julio 2022. Fue el Director de Investigaciones Penales y Criminalísticas de la DGCIM, desde noviembre 2019 hasta marzo 2021. Está sancionado por la Unión Europea y señalado por torturas en la Dirección de Contrainteligencia Militar. Aparece referenciado en los casos del CN De La Sotta Quiroga, coroneles García Palomo y Acevedo Montañez, así como Labichuela. Es un personaje clave para el caso de las hermanas Andreína y Yolimar Alemán Castellano, que permanecieron en secuestro de la DGCIM durante mucho tiempo.

Carlos Luis Sánchez Vargas

General Carlos Luis Sánchez Vargas

General de División. Director de Inteligencia y Estrategia Preventiva (DIEP) de la Policía del estado Zulia CPBEZ en el 2015. Director General de los Servicios de Vigilancia del Despacho del Viceministro de Seguridad Ciudadana en el 2016.  Inspector General (E) del Servicio Autónomo de Registros y Notarías (SAREN) en 2018. Es referencia en muchos casos por parte de La Misión de la ONU, por lo sucedido con la OLP (Operación para la Liberación del Pueblo) en Santa Rosa de Agua, parroquia Coquivacoa de Maracaibo, Zulia. Además, en la muerte de dos hermanastros y ejecuciones extrajudiciales.

Carmen Teresa Meléndez Rivas

La Almirante Carmen Teresa Meléndez Rivas Junto a Nicolás Maduro

Almirante en Jefe. Fue Ministra de la Defensa del 2013 a octubre 2014. También fue Ministra de Relaciones Interiores, Justicia y Paz desde octubre 2014 a marzo 2015. Ocupó el cargo de gobernadora del estado Lara, por el oficialista PSUV, desde 2017 al 2020. Actualmente es la alcaldesa de Caracas. Está sancionada por la OFAC desde 2017, así como por Canadá y Panamá.

La Misión la señala por los niveles de Cadena de Mando, destacando que la Policía le reportaba al Ministerio del Interior, cuando ella fue la titular de ese despacho, y que a su vez reportaba al Presidente de la Republica. La señalan en el caso de: Marchas, colectivos armados y tortura el 12 de febrero de 2014. Además, porque condecoró, con la Orden Francisco de Miranda al funcionario militar que disparó a los manifestantes del 12 feb 2014 donde fue asesinado Bassil Da Costa. La señalan por su Responsabilidad por violaciones y crímenes porque tendría conocimiento de las ejecuciones extrajudiciales.

Diosdado Cabello Rondón

Diosdado Cabello, diputado y segundo del PSUV

Actual diputado de la Asamblea Nacional. Está sancionado por el TIAR, la UE desde 22 enero 2018. El Fiscal de Estados Unidos anuncio cargos de narcoterrorismo, lavado de dinero y corrupción en su contra. Fue Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Y actualmente es vicepresidente del partido de gobierno PSUV. El motivo por el que es referencia para la ONU es por lo relacionado a la independencia de los jueces y fiscales, otros grupos estatales de seguridad y vigilancia localizados. Lo mencionan en los casos de Leopoldo López, Gilbert Caro, detención de tres personas con la Operación Tun Tun, así mismo el Caso de Víctor Navarro y otras ocho personas.

El diputado Cabello desde su programa Con el Mazo Dando y desde otras instancias políticas se ha dedicado a crear una cadena de odio y ha sido determinante en la revolución bolivariana.

Se le menciona en los casos de Geraldine Chacón y Gregory Hinds, de la Fundación Embajadores Comunitarios. Y aparece en los casos de Juan Requesens, el concejal Fernando Alban, Twiteros del terror, Luis De La Sotta, Luis Bandres, Capitán Rafael Acosta Arévalo, Juan Pablo Pernalete, Miguel Castillo, entre otros. Y por la cadena de mando del SEBIN.  

Edward Ojeda Sojo

Vicealmirante Edward Ojeda Sojo

Contralmirante y Comandante de la Octava Brigada de los Comandos del Mar hasta octubre 2028. Fue ascendido a Vicealmirante en el 2019. Está referenciado en los casos del CN  Luis De La Sotta, entre otros. Se le menciona en el caso del asesinato del joven David José Vallenilla Luis, el 22 de junio 2017. Además, en casos de Ejecución extrajudicial.

Eduardo Serrano Diaz

General Eduardo Serrano Díaz

General de División. Jefe de Operaciones de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). Un hombre clave para el poder político. Aparece señalado en el caso de las OLP del 10 de mayo 2016, cuando murieron 9 personas en supuestos "enfrentamientos".

Fabio Enrique Zavarce Pabón

Mayor General (GNB) Fabio Enrique Zavarse Pabón

Tiene el grado de Mayor General de la Guardia Nacional, pero es referenciado por la Misión por su actuación desde que era General de División. Fue Comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral Capital (ZODI 41) en el 2017. Está sancionado por la OFAC y Gobierno de Panamá desde el 2018. Está referenciado por los Planes y Políticas de Seguridad desde el 2014 con el Plan Guaicaipuro. Además, por la muerte en protesta de Juan Pablo Pernalete Llovera, el 26 de abril de 2017 y el asesinato de Miguel Castillo.

Franklin Horacio García Duque

Franklin Horacio García Duque

General de División GNB del Comando Regional No.1 de la GNB en Táchira en el 2014. Está sancionado por la OFAC, así por los gobiernos de Canadá y Panamá. La Misión de la ONU lo señala por la detención arbitraria de 23 personas en Rubio, municipio de Junín, estado Táchira el 19 de marzo de 2014. 

Indican que bajo su mando se cometieron arrestos y detenciones arbitrarias, tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Gustavo Enrique González López

General en Jefe Gustavo Enrique González López, director del SEBIN

Es General en Jefe. Señalado como  Jefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), cargo que ocupa actualmente. Fue Ministro de Relaciones Interiores en el 2019. Sancionado por la OFAC, también por Canadá, Unión Europea, Panamá, Suiza y Reino Unido.

La Misión lo referencia por los casos de Antonio Ledezma, Juan Carlos Requesens y de ciudadanos privados de libertad por declaraciones en medios sociales percibidas como críticas al Gobierno. Se le incluye por represión política selectiva, la represión en un contexto de seguridad y control social, FAES y CICPC.

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