Aún no explican cómo y dónde obtuvieron los presos el gran lote de municiones que poseían y que las más importantes se las llevaron consigo
Sebastiana Barráez/ domingo 19 de noviembre 2023
@SebastianaB
Desde que el 20 de septiembre 2023 arrancó la puesta en escena del régimen venezolano con la toma del Centro Penitenciario de Aragua, ubicado en Tocorón, una cárcel a dos horas de Caracas, tres hechos fueron evidentes: la operación era del conocimiento de los líderes de la banda El Tren de Aragua, que abandonaron el lugar mucho antes, a través de un túnel, con centenares de presos. El Gobierno desplegó una fuerte propaganda tratando de demostrar la eficiencia de la operación, donde el único muerto, por un supuesto golpe en la cabeza, fue un oficial. El otro hecho relevante es que Tocorón era la primera, pero no la única cárcel que sería tomada, en ninguna estaban los pranes, las armas más importantes, la droga ni el dinero.
El ministro de Interior
Justicia y Paz, almirante en jefe Remigio Ceballos Ichaso, anunció que en la
toma de Tocorón participaron unos once mil efectivos militares y de seguridad, sin
que hubiese mayor resistencia. El esquema de Tocorón, se repitió en casi todas
las tomas de los penales de Tocuyito en Carabobo, Centro Penitenciario Puente
Ayala en Anzoátegui, Internado Judicial de La Pica en Monagas, cárcel de Vista
Hermosa en Bolívar, La Cuarta como se conoce al Internado Judicial de San
Felipe en Yaracuy y La Sexta que es el Internado Judicial de Trujillo. Aun no
explican cómo y dónde obtuvieron los presos el gran lote de armas y municiones
que poseían y que las más importantes se las llevaron consigo.
“La intención del gobierno,
con las tomas de las cárceles con aviso previo a los pranes sin hechos
violentos, es enviar un mensaje positivo como respuesta al tema de los DDHH en
expedientes que están sustanciados en la Corte Penal Internacional (CPI)”, le
dice a Infobae un oficial que durante años se ha relacionado con el Sistema
Penitenciario venezolano y órganos de inteligencia y seguridad.
“Las imputaciones a los
encargados o responsables de los penales, como una forma de tomar acciones, no
es más que señalar a funcionarios que, como chivos expiatorios, desconocen el
alcance de las mafias y son amenazados de muerte o con hacerles daños a sus
familias; es un "sacrificio" para luego darles medidas cautelares e
incluso beneficios económicos por ser la tapadera de la farsa gubernamental”.
Está convencido, que “no
menos de 500 tienen documentos, pasaportes, pasajes y financiamiento, para
generar violencia y desestabilización en países latinoamericanos y en EEUU;
poseen un certificado original de no tener antecedentes penales, sin borrarles internamente
los antecedentes como medida de extorsión si se niegan a cumplir las misiones que
tienen, esos son llamadas "brisitas bolivarianas", cuando en realidad
son parte de un ejército de capuchas rojas y falsos activistas delincuentes”.
En el 2001/2002 el sistema penal venezolano, con las mismas cárceles actuales, tenía capacidad de albergar a una población de 4.000 a 4.500 privados de libertad; hoy, sin haber construido nuevos centros penitenciarios, alberga el doble.
Poder, dinero y
control
El oficial, en conversación
con Infobae, explica una serie de eventos concatenados para evidenciar que ha
sido una patraña conspirativa y falsa narrativa que el régimen se esfuerza por construir
en el caso de las cárceles y sus pranes.
Año 2011: Tareck Zaidan El Aissami Maddah, entonces ministro
de Interior Justicia y Paz, presenta ante la Asamblea Nacional, la Ley para el
Desarme y Control de Armas y Municiones, que finalmente fue promulgada en junio
2013, donde el control absoluto de las armas pasa a manos del Estado. El
argumento del ahora defenestrado exministro es que “esta perversidad del mercado de armas es una herencia que
arrastramos, en los gobiernos puntofijistas fue donde más se vendieron armas”.
El 29 de febrero 2012 le dieron el visto bueno a la normativa la Comisión
Presidencial para el Control de Armas Municiones y Desarme. Así la Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares
(CAVIM), dependiente del Ministerio de la Defensa, queda encargada de
supervisar y controlar el armamento.
26 de julio 2011: El entonces presidente de la República, Hugo Rafael Chávez Frías, crea el Ministerio de Asuntos Penitenciarios, al frente del cual designa a María Iris Varela Rangel. “Ella toma el control de los penales y establece acuerdos de protección con los pranes, empoderándolos como nunca¨, dice el oficial en la conversación con Infobae. “En la llamada cuarta República los Pranes, no llegaron a los niveles estratosféricos de poder que alcanzaron con Varela. Antes existía una Dirección de Inspecciones que cumplía, dentro de sus funciones, la labor de atacar el flagelo y minimizar el poder de los líderes negativos de los penales”.
La Ministra: “Iris Varela pacta un acuerdo de protección y
cooperación con los "líderes negativos" luego PRAN (Preso Resteado
Asesino Nato). lo que les garantizó sus fechorías y empoderó la construcción de
un emporio delictivo muy bien estructurado que se ha convertido en una
organización criminal transnacional como el Tren de Aragua, cuyos tentáculos se
extienden más allá de Venezuela, en Latinoamérica, incidiendo en la
desestabilización de la seguridad y el orden interno de distintos países”,
agrega el oficial.
El Aissami: “La llegada de Tareck a la Gobernación de Aragua, el 27 de diciembre 2012, el mismo que propuso la Ley Desarme, empodera al Sindicato de Trabajadores de la Construcción del Ferrocarril del Centro, precisamente el tramo del Tren de Aragua, entregando armas a dicho Sindicato entre 2013 y 2015, que a su vez tomó como centro de operaciones el penal de Tocorón”. El sindicato del crimen, organizado como Tren de Aragua, vinculado directamente con el Pran de Tocorón, se diversificó y expandió en una poderosa red organizada, que contó con el beneplácito de altos funcionarios convertidos en ejército para la defensa de la revolución Bolivariana.
Los pranes: gobiernan las cárceles, dirigen todo en su interior: los movimientos de reos, si éstos pueden o no asistir a las audiencias en tribunales, las visitas e incluso ponen y quitan a los directores del penal, como sucedió en el Centro Penitenciario de Occidente (CPO) cárcel de Santa Ana en el Táchira, donde el Pran "El Loco Willy", solicitó el cambio de la Directora por no estar de acuerdo con sus normas, pues reñían con las del pran. Eso ocurrió días después de las tomas de Tocorón, Tocuyito y Puente Ayala, evidenciando que la estructura criminal del pranato sigue funcionando. “Los “pranes” controlan todo, las audiencias de los reos, hasta jueces, fiscales y alguaciles”.
La toma de
Tocorón
El oficial que habló con
Infobae revela que “días antes de la toma de Tocorón, el pran “El Níño Guerrero”
y cincuenta de sus lugartenientes portando el armamento pesado, se evadieron
por un enorme túnel con la construcción necesaria para movilizar todo el
material de guerra que lograron llevarse, en un recorrido de cinco kilómetros.
El túnel fue construido, bajo la sospechosa e impune mirada o complicidad de
las del estado Aragua, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y del
Ministerio de Interior y Justicia, dada la envergadura de la infraestructura”.
Asegura que “alias El Niño
Guerrero y cinco de sus más cercanos colaboradores, estuvieron retenidos en el
Fuerte Militar Tiuna en Caracas, cumpliendo el acuerdo de protección pactado con
el régimen, a través de Iris Varela y El Aissami; quince días después los
sacaron con paradero desconocido. Esos criminales tienen salvo conductos comprometidos
con sus cómplices, para que no les puedan desaparecer fácilmente ya que
se exponen a que se revele la serie de crímenes cometidos por el régimen”.
“Aparte del arsenal de armas
que se llevaron, alias el Niño Guerrero y sus secuaces, les habrían pagado 10
millones de dólares y se fueran sin problemas. Estos pranes emplean en todas
las regiones del país, y dentro de sus mismos penales, porque en la práctica
"son de ellos" el sistema conocido como “prote”, es decir la “vacuna”
o extorsión que todo reo interno debe pagar para cumplir sus procesos”.
“Todo comerciante de la región
de influencia del penal debe pagar la “prote”; cuando a una persona le roban su
vehículo en la calle debe pagar su “prote” para recuperarlo, acudiendo al penal,
todo eso ocurre con la complicidad de los militares de la Guardia Nacional en la
entrada de las cárceles que reciben el dinero en bolsas negras, de mano de las
personas que desean recuperar su vehículo y luego los efectivos se lo entregan
a los llamados Luceros, que son los guardaespaldas bien armados. Es un esquema
de crimen organizado en todo el territorio nacional que se extiende a los
lugares más recónditos como los pandemonios mundos del Arco Minero en Bolívar y
Amazonas”.
