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domingo, 18 de diciembre de 2022

El auge de campamentos y pistas clandestinas que la guerrilla tiene en Venezuela desde que asesinaron al líder de la Guardia Territorial Indígena


Virgilio Trujillo Arana, era un líder indígena uwottujja, de los primeros guardianes territoriales en Amazonas y un comprometido defensor de la Amazonía. Lo mataron, como quien quita a un molesto obstáculo en el avance de los grupos irregulares, ávidos del oro



Sebastiana Barráez/ domingo 18 de diciembre 2022

@SebastianaB



Tomado de Infobae 
Virgilio Trujillo fue asesinado por defender el territorio de los grupos guerrilleros

Desde la muerte del líder de la Guardia Territorial Indígena, Virgilio Trujillo Arana, el 30 de junio 2022, la situación para los indígenas es más grave, porque los grupos irregulares, tanto las FARC como el ELN, entraron más al territorio y se paralizó el poder que tenían de elevar sus voces, como le dice a Infobae un indígena del Amazonas. Los grupos indígenas, los organismos de gobierno y los mineros, saben quiénes asesinaron a Virgilio. El silencio es elocuente, mientras sus tres hijos se quedaron en la miseria y sin ayuda de ninguna de los cacareados organismos públicos que usan a los indígenas solo con fines electorales.  

Virgilio Trujillo Arana, era un líder indígena uwottujja, de los primeros guardianes territoriales en Amazonas y un comprometido defensor de la Amazonía. Lo mataron, como quien quita a un molesto obstáculo en el avance de los grupos guerrilleros en territorio venezolano, ávidos del oro que se oculta en las entrañas de la tierra que Virgilio defendía.

La muerte del líder indígena conmocionó a la comunidad piaroa

Indígenas de la zona le aseguran a Infobae que la guerrilla a veces está camuflada, incluso entre personas comunes y conocidas. Todos saben dónde están los campamentos de los guerrilleros. “Si usted va hasta el río Autana se los va a encontrar. El río Autana tiene cinco sectores o ríos diferentes, pero a la guerrilla no le interesa el río en sí, su objetivo es la minería”.

Un habitante de la zona dice que la guerrilla explota el río para tener acceso a la explotación del oro. “Dañan mi río de manera horrible con la minería; el río era muy cristalino, pero ahora no, está oscuro como el Orinoco”.

En las inmediaciones del río Autana, casi llegando al mismo Cerro Autana, la guerrilla agarró para hacer sus pistas y los laboratorios, es donde más se la pasan; y su enlace es por Orinoco Medio, una comunidad que se llama San Pedro del Orinoco. En una parte tienen sus campamentos y en otros porque las avionetas pasan por ahí”.

“Todo lo que son sus combustibles y el transporte lo trabajan con la gente de Boca de Autana; ahí comenzando el río hay gente que trabaja con ellos y ahí guardan sus motores, bongo y combustible. Llegando a una comunidad llamada Sardinita, a la cual pertenecía Virgilio, a una hora de ahí, están las pistas clandestinas”.

El convenio de la guerrilla

El indígena dice “nosotros sabemos quiénes son los actores principales de la muerte de Virgilio. Las investigaciones parece que por fin las están retomando. Hay un Dios que todo lo sabe y lo puede, y ese día no se van a salvar los responsables de esa muerte”.

La destrucción de los ríos en Amazonas por la explotación del oro

“Los que mataron a Virgilio y causaron ese dolor en nuestro pueblo fueron los grupos irregulares colombianos; los dos (disidencias de las FARC y ELN) se metieron a nuestro territorio y están ahí, ahora más que antes, porque ya no está Virgilio y ellos entran a través de los puestos de comando”.

Lo que refleja el indígena que habló con Infobae es que el líder indígena fue asesinado porque la guerrilla lo ve como un problema porque, en defensa de la tierra de sus ancestros, Virgilio le suministró información a la Fuerza Armada Nacional (FANB) y los acompañó a los sitios donde la guerrilla tenía pistas de aterrizaje. Muerto el hombre que se oponía al avance de la guerrilla, los militares fueron cambiados de la zona y ahora los irregulares armados tienen la vía libre en los comandos.

“Sabemos que a Virgilio lo mataron por una operación que hizo la FANB de ubicación y destrucción de las pistas clandestinas y de un laboratorio de cocaína. Antes de su muerte, hubo muchas amenazas contra él y contra varios indígenas, por la posición que tenían contra la minería”.

La Fuerza Armada tiene desplegado un operativo contra la minería en Bolívar y Amazonas

Ahora la guerrilla les ha dicho a las comunidades indígenas que tienen libre tránsito por los territorio indígenas, “porque hicimos un convenio con el difunto presidente Hugo Chávez y actualmente con el presidente Nicolás Maduro”. Para las comunidades indígenas eso es una violación a los derechos que tienen en esas tierras, “no se nos consultó para que los guerrilleros ocuparan el territorio nuestro”.

Los compraron

Agrega el indígena de Amazonas que “la guerrilla habla con esa seguridad y se posicionan del territorio porque también compraron a la Guardia Nacional; la guerrilla supo que nosotros estábamos haciendo las denuncias desde hace más de dos años. Virgilio había convocado a todas las organizaciones del estado para hacerles saber que los irregulares estaban en nuestro territorio, le prometieron que iban a ir y que hablarían con los guerrilleros”.

“Los organismos no cumplían las promesas que nos hacían y así nos dimos cuenta que eran cómplices, que la guerrilla había comprado a la Guardia Nacional (GNB) y que las demás instituciones se callaban para no arriesgar la vida de los funcionarios; por eso nunca se actuó contra la guerrilla”.

Varios líderes indígenas caciques de sus comunidades, hicieron denuncias, que no fueron consideradas. “Lo que se quería era poder elevar los proyectos que habían de pequeños emprendimientos dentro del territorio. Los defensores de la tierra siempre lo consideraron un proyecto país, porque vivimos en territorios donde abunda la naturaleza y sentíamos la responsabilidad sobre ella”.

“Más bien el Estado es el principal responsable de resguardar la naturaleza, pero no lo hace. Nosotros nos afincábamos en defender la tierra porque la LOPCI (Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas) dice que los pueblos y comunidades indígenas coadyuvarán a la protección del medio ambiente. Pero la guerrilla solo priva la ambición y por eso mataron a Virgilio”.

Las disidencias de las FARC y el ELN intervienen en la minería y contra los indígenas

Narra que “lo que hemos visto, es que aquí el problema es el sistema de gobierno y que gracias a eso se ha corrompido la mayoría de las instituciones. Ya sabemos lo que hacen los militares en realidad; atacan a su propia gente pero no a quienes deberían atacar”.

Las operaciones se hicieron con la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) de Amazonas y el 5 de julio, las personas que fueron con Virgilio los cambiaron y los mandaron para otros estados. Ellos sabían quiénes lo asesinaron. Y en lo más profundo de nuestros territorios hay cómplices de su muerte, porque los mineros pagaron 63 millones de pesos para matar a Virgilio. No queríamos pelear contra nuestra propia gente, pero fueron usados como títeres con la excusa de la necesidad”.

El líder indígena Virgilio Trujillo Arana cayó a manos de los guerrilleros y los avariciosos del oro, pero la esposa y los tres hijos de Virgilio, de 18, 12 y cinco años, necesitan ayuda. Ni siquiera la organización Orpia se da por enterada.

martes, 10 de mayo de 2022

Un indígena lleva un año preso tras un operativo militar en un fundo que no era suyo y ahora vive amenazado por convictos

 

Infobae dialogó con Elsa Primitiva Prieto Perales, la madre del joven indígena de la comunidad Jivi. Los detalles del caso



Sebastiana Barráez/ martes 10 de mayo 2022

@SebastianaB 



Tomado de Infobae 


Ir a trabajar la tierra por dos días a un fundo en Matagorda de Pozón de Babilla, parroquia Parhueña, municipio Atures, estado Amazonas, le ha costado al indígena Simón Antonio Sosa Prieto, cédula de identidad V- 30.100.235, más de un año preso, muy lejos de su comunidad y de su familia, con violación al debido proceso, incomunicación, hambre, pasar de una cárcel militar a una de presos comunes, donde recibe amenazas de muerte por parte de los otros reclusos que le cobran una “vacuna” mensual.

Los indígenas en Amazonas se enfrentan a la guerrilla, a los explotadores del oro y a la negligencia gubernamental

Elsa Primitiva Prieto Perales, es la madre del joven indígena de la comunidad Jivi, y le dice a Infobae que su hijo, quien para ese momento tenía 23 años, ni siquiera vivía en Amazonas sino en El Burro, sector Laguna Negra, del estado Bolívar. “Fue detenido en ese fundo en Matagorda, para el que fue a trabajar por unos días, en febrero 2021, y que resultó ser de unos guerrilleros. ¿Cómo va a saber él si esa gente eran guerrilleros? Los militares se lo llevaron; primero estuvo preso en Puerto Ayacucho, después en la cárcel militar de Ramo Verde y ahora en El Rodeo III”.

La lucha de esta mujer ha sido titánica, entre la adversidad de lidiar con un sistema judicial que no cumple con las reglas al debido proceso y respeto a los derechos humanos, así como lidiar con la pobreza, que llega a ser miseria, que afecta a la mayoría de las comunidades indígenas del país.

Denuncia ante la Defensoría del Pueblo por la madre del indígena detenido

Simón Antonio es el único hijo de Elsa Primitiva en su unión con Víctor Hugo Sosa Neiva, y quien llevaba el sustento para ella y sus nietos, gracias al trabajo que hacía a destajo o por días en las fincas. “Imagínese lo que significa; cuando se lo llevan preso no había ni para comer, estaba sola cuidando a los niños porque Simón tiene dos que en ese momento uno estaba de tres años y el otro de cuatro meses de nacido. Yo me iba de un sitio a otro averiguando dónde lo tenían, así pasaron tres semanas y no me querían dar razón de él, hasta que me permitieron verlo”.

Lo insólito de su relato es que los guerrilleros no están detenidos, nunca fueron procesados ni investigados. De todos los detenidos ese día, el único que queda preso es el indígena Jivi, que ni siquiera es dueño del fundo, y según él declaró en el Tribunal, estaba labrando la tierra, cuando llegaron los militares de la Operación Jiwi 2021 perteneciente a la Operación Escudo Bolivariano.  

Ella no sabe por qué a su hijo lo trasladaron desde la cárcel Militar de Procesados Militares de Ramo Verde, ubicada en el estado Miranda, para la cárcel El Rodeo III, pero sí sabe de las amenazas de muerte contra su hijo que le han hecho en ese centro carcelario sino hace unos pagos mensuales que exigen los pranes.

Elsa Primitiva Prieto Perales denuncia lo que ocurre con su hijo preso

En indefensión
Ni su hijo, y mucho menos ella, tienen información sobre la identificación de los dueños del fundo donde Simón Antonio estuvo trabajando el día que lo detuvieron. “A Simón le dieron el trabajo de colocar una cerca con palos y alambres; en eso estaba cuando llegaron los militares del Ejército a requisar la casa y dieron que habían encontrado una radio para comunicarse”, asegurando que no sabe qué es eso y que el joven desconoce si realmente los dueños de esa casa tenían ese radio transmisor.  

Elsa Primitiva Prieto Perales ha acudido a denunciar lo sucedido en diferentes instancias, pero la situación para su hijo es de amenaza latente de muerte. Pasó de estar en manos de la jurisdicción militar, acusado de guerrillero, a la jurisdicción ordinaria sin saber qué cambió. Sus defensores militares eran José Díaz y Carlos Nelo.

La Defensoría del Pueblo Delegada de Amazonas le tomó declaración a Simón Antonio Sosa Prieto, el 17 de junio 2021, en una jornada de atención a privados de libertad. En ese momento él se encontraba en el centro de detención preventivo del Comando de Zona N° 63 de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

La Defensoría del Pueblo atendió en Amazonas el caso del jivi Simón Sosa pero el Tribunal Militar lo trasladó a Caracas

El joven indígena relató que fue detenido el 04 de febrero 2021 en Matagorda. “Fue el CONAS, dijeron que dentro de la casa consiguieron una radio portátil. Yo solo trabajaba ahí, no sabía lo que había dentro de la casa. Después me entere que ellos eran guerrilleros, si lo hubiera sabido antes no hubiera trabajado con ellos”.

Dijo Simón que con él detuvieron a una muchacha “pero la dejaron en libertad”. Asegura que agarró el trabajo en el fundo “por la necesidad del dinero, pero nunca me involucré con esas personas”.

Los militares detuvieron a Sosa durante la hicieron Jiwi 2021

En la audiencia preliminar, el 23 de mayo 2021, fue pasado a juicio porque se negó a admitir los hechos. El tribunal lo envió a la cárcel Militar de Ramo Verde. “Los Defensores me aconsejaron que no declarara y que por juicio salía más rápido”, dice Simón Antonio quien pide que averigüen en Laguna Negra, sobre su comportamiento. “Allí todos me conocen, la GN y todos por allá, y saben de mi comportamiento, mi trabajo cargando agua, vender pescado, coser zapatos, y hacer trabajo en el campo. Me contrataban para hacer los trabajos”.

De nada han servido las súplicas del joven indígena para que su caso se procese como es debido. De no haber sido por su mamá, habría muerto de hambre y nadie conocería su caso, porque “los defensores no me visitan”. Su mamá corrobora que el joven sufre de la cabeza desde que se golpeó cuando era niño, por lo que debían darle pastillas para el dolor.

Sosa tiene meses en el Rodeo III esperando por su traslado a Amazonas

La Defensoría
El 30 de junio 2021 la Defensoría de Amazonas abrió un nuevo caso, con planilla de audiencia N° P- 2021- 0481, para responder a la denuncia de la ONG Fundaredes, la cual solicitó que la Defensoría atienda el caso del jivi preso. Ellos recibieron la Constancia de residencia de Elsa Prieto Perales, el informe socioantropológico de Simón Sosa Prieto, la constancia de buena conducta emitida por el Consejo Comunal “Puerto Arévalo Cedeño”, un acta firmada por 57 miembros de esa comunidad, constancia.

En los documentos se da fe que Simón Sosa pertenece al pueblo indígena Jivi, que es una persona seria, honesta, responsable, de buenos principios éticos, morales y fieles y colaborador con los vecinos.

Los funcionarios de la Defensoría se hicieron presentes ante el Tribunal Militar del estado Amazonas para solicitar información sobre la causa que se sigue contra el indígena. La respuesta es que el expediente había sido enviado a la jurisdicción correspondiente y que Simón Antonio sería enviado a la cárcel de Ramo Verde, lo que en efecto sucedió en julio 2021.

Ante la solicitud de información que, el 21 de junio 2021, le hicieron al Juez Militar de Amazonas, sobre el caso de Sosa Prieto, el tribunal respondió el 16 de julio 2021, con el oficio N° CJPM- TM8C 605. 21, suscrito por el capitán Jorge Daniel Cedeño, Juez Militar Octavo de Control del estado Amazonas, informando que a Simón Sosa se le acusa por los delitos de Espionaje y Rebelión. Es así como el expediente pasa al Tribunal Militar Segundo de Juicio de Maracay, estado Aragua.

La excusa para que ordenaran su traslado al Centro Penitenciario Yare III fue la Reforma del Código Orgánico Procesal Penal, el artículo 517. Hace siete meses, desde el 18 de octubre 2021, Simón Sosa espera por su traslado al estado Amazonas, para que continue su proceso judicial en la jurisdicción ordinaria. Actualmente sigue en el Rodeo III, amenazado de muerte sino paga la vacuna a los pranes de la cárcel.

https://www.infobae.com/america/venezuela/2022/05/10/un-indigena-lleva-un-ano-preso-tras-un-operativo-militar-en-un-fundo-que-no-era-suyo-y-ahora-vive-a

martes, 20 de julio de 2021

Una familia indígena venezolana reclama libertad para su único hijo, a quien la Fuerza Armada señala como guerrillero

 

Simón Antonio Sosa Prieto, de 23 años, fue detenido tras comenzar a trabajar en un fundo que supuestamente pertenecía a hombres de una milicia armada en el estado Amazonas


Sebastiana Barráez/ martes 20 de julio 2021

@SebastianaB

 

Tomado de Infobae

 

Elsa Primitiva le preguntó al militar que ella identifica como coronel y bajo quien estaba su hijo en custodia “¿Quién le va a dar para la ropa, para el jabón, para la comida? Nadie va a ver por mi hijo y yo sufriendo por él”, narra a la vez que confiesa que no está tranquila. “Yo no como bien, yo ando llorando por ahí”. Su hijo fue detenido porque supuestamente el fundo, para el que fue a trabajar dos días antes, en el estado Amazonas, era de unos guerrilleros.
Elsa Primitiva Prieto Perales, madre de Simón Sosa

Ante la pregunta de por qué acusan a su hijo responde. “Lo acusan de esas cosas terrenales (terrorismo), rebelión a la patria (instigación a la rebelión), traición a la patria, todas esas cosas, pues. Mi hijo no estaba metido en nada. Él se fue por dos días a trabajar ahí en ese fundo, él no conoce al señor de ahí”.

A Simón Antonio Sosa Prieto se lo llevan en febrero, le dice Elsa Prieto a Infobae. Aunque ella no lo sabe habría ocurrido en el marco de la Operación Jiwi 2021 de la Operación Escudo Bolivariano. (https://www.infobae.com/america/venezuela/2021/02/07/grave-denuncia-contra-e-ejercito-venezolano-durante-un-supuesto-operativo-en-busca-de-guerrilleros-detuvieron-a-mi-esposo-y-a-mi-hijo-se-llevaron-toda-mi-comida-y-hasta-la-pasta-dental/)

El hijo de Elsa Primitiva tiene 23 años y lo detienen cuando se encontraba trabajando en “un fundo que está cerca de Matagorda de Pozón de Babilla, en el estado Amazonas”. Pasaron tres semanas antes de que se lo permitieran ver o comunicarse con él. Simón Antonio Sosa Prieto es su único hijo de su unión con Víctor Hugo Sosa Neiva.

Al indígena lo amenazan con enviarlo a Ramo Verde, a muchos kilómetros de su familia

Elsa Primitiva Prieto Perales es indígena venezolana perteneciente a la población Jivi, comunidad “Puerto Emilio Arévalo Cedeño”, quien vive en Puerto Nuevo, municipio Puerto Páez del estado Amazonas, un sitio azotado por los grupos guerrilleros Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y Ejército de Liberación Nacional (ELN). (https://www.infobae.com/america/venezuela/2021/01/11/como-es-que-las-farc-llegaron-a-un-pueblo-de-venezuela-sedujeron-a-sus-habitantes-y-se-fueron-cuando-arribo-el-eln-los-militares-reconocen-su-autoridad/)

“Yo he sufrido muchas cosas por mi hijo. Yo soy evangélica también. Deseo que me entreguen a mi hijo. Soy indígena y ando pidiendo, en esta hora, para que ayuden, para que me entreguen a mi hijo. Como le dije al coronel de donde lo agarraron, de Matagorda, que no podía así”.

Según explica ella habló con el oficial del comando donde fue recluido el joven después de haber sido detenido, para explicarle que no tenían recursos, que no tienen para trasladarse, además de las limitaciones porque se comunica con dificultad en español. La respuesta que el militar le dio es que Simón va a estar tranquilo en Miranda o Aragua para donde lo envíen y que estará año y medio o dos años.

De la Operación en Amazonas fue detenido el indígena Simón Sosa

Por radio portátil

A principios de febrero 2021 la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) realizó un operativo por la zona. Era 4 de febrero y Simón Sosa estaba colocando una cerca con palos y alambre; le dijo a la comisión militar que a él lo habían contratado para hacer ese trabajo.

Los funcionarios del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS) ingresaron a la casa de ese fundo en Matagorda, y ahí consiguieron una radio portátil. Ese 4 de febrero 2021 fue detenido Sosa Prieto y a una muchacha que trabajaba ahí, pero a ella la dejaron en libertad, así que el único detenido por ese caso es Sosa. 

“Mi hijo no sabe si la gente dueña de esa casa tenía ese radio, pero es por eso que se lo llevaron. Él solo trabajaba ahí, no sabía lo que había dentro de la casa”.

Militares venezolanos desplegaron una acción contra la guerrilla en Amazonas en febrero de 2021

Se negó a admitir los hechos

La audiencia preliminar fue el 23 de mayo 2021, sus defensores públicos son dos militares José Díaz y Carlos Nelo; el Juez lo pasa a juicio, después que el indígena se niega a admitir los hechos, y lo envía para la Cárcel Militar de Ramo Verde en Miranda.

Sosa es un joven conocido por la comunidad, por los militares de la zona, quienes lo veían cargando agua, vendiendo pescado, cosiendo zapatos y en labores del campo. “Él trabajaba para mantener a sus dos hijos”.

En una conversación que Simón Antonio Sosa tuvo el 17 de junio 2021 en el Centro de Detención preventivo del Comando de Zona No. 63 de la Guardia Nacional dijo que él se enteró después que quienes vivían en el fundo donde estaba trabajando, eran guerrilleros. ‘De haberlo sabido no hubiera trabajado para ellos’, confesó.

La madre del joven le dijo a la Defensoría del Pueblo en Amazonas, en una comunicación del 01 de junio, que ella se enteró el 24 de mayo que los abogados que asistieron a su hijo fueron José Díaz y Carlos Nelo González y que la semana anterior que era flexible por las medidas sanitarias le habían celebrado la audiencia preliminar.

Un Jivi durante una protesta de indígenas en Amazonas

También supo ese día que los imputaban por la presunción de los delitos de espionaje y rebelión, bajo el expediente No. EjPM-7M86-003-2021 y FM-FFM 40-006-2021.

A la familia de Sosa le dijeron que “hay una orden de traslado para Ramo Verde, donde una Comisión Técnica lo evaluará y que el expediente sería enviado a la circunscripción militar del estado Aragua, donde se realizará el juicio, que aún no tiene fecha”.

La madre de Sosa Prieto dice que “mi familia no cuenta con recursos económicos. Mi hijo tiene dos niños de tres años y cuatro meses y estaba trabajando para sustentarnos y contribuir con la comida. ¿Cuándo lo volvemos a ver si lo trasladan?”.

Pido a las autoridades que me entreguen a mi hijo porque él es inocente. Mi hijo como que sufre de cosas del cerebro, de la mente y me manda a pedir pastillas, pero yo no tengo para mandarlo a examinar”.

Una familia indígena venezolana reclama libertad para su único hijo, a quien la Fuerza Armada señala como guerrillero - Infobae

domingo, 23 de mayo de 2021

El secuestro y asesinato de un profesor indígena reveló que el ELN tiene en en el estado venezolano de Amazonas un cementerio propio con 30 víctimas sepultadas

 

Los grupos guerrilleros en Venezuela asesinan y secuestran a militares, a funcionarios policiales, pero también a civiles y se han ensañado contra los indígenas, una población diezmada y muy vulnerable


Sebastiana Barráez/ domingo 23 de mayo 2021

@SebastianaB

 

Tomado de Infobae


El secuestro del profesor José Dacosta, quien daba clases en la escuela San Pedro Alejandrino de Samariapo, estado Amazonas, y del joven Luis Charlot Cariban, reveló un hecho atroz: el Ejército de Liberación Nacional (ELN) tiene su propio cementerio en Amazonas, donde habría unos 30 cadáveres, según reveló a Infobae un lugareño. Aunque el joven indígena fue liberado, no ocurrió así con el profesor cuyo cadáver fue llevado al cementerio del ELN de donde lo rescataron después de un acuerdo con indígenas, guerrilla y funcionarios de la Fuerza Armada.

El profesor José Dacosta, indígena del pueblo jivi

Los grupos guerrilleros en Venezuela asesinan y secuestran a militares, a funcionarios policiales, pero también a civiles y se han ensañado contra los indígenas, una población diezmada y muy vulnerable. Se disputan territorio con otras organizaciones guerrilleras, con paramilitares y con la Fuerza Armada Nacional. Y tienen sus propios cementerios, así lo demostraron en el estado Amazonas, con el secuestro y asesinato de un profesor de la etnia Jivi y de una maestra en el estado Bolívar.

El ELN asesinó a un porfesor indígena en Amazonas

Se llamaba María Hernández. A ella y a su esposo la asesinan,  el 27 de marzo, en la mina El Kino, sector bajo Caura, parroquia Aripao, municipio Sucre, estado Bolívar. Unos días después, la víctima, pero en el estado Amazonas, resultó ser el profesor José Dacosta, cuya historia causa indignación, porque es asesinado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) sólo para demostrar su poderío y control en el territorio que se extiende hasta el Parque Nacional Cerro Yapacana, zona minera del municipio Atabapo, estado Amazonas.

Ese 4 de abril el profesor indígena José Dacosta, quiso celebrar el último día del asueto de la Semana Santa. Había estado trabajando de motorista para otras personas, ya que no tenía barco o bongo propio. Era domingo de Resurrección y el profesor Dacosta y su marinero o ayudante, celebraban con algunos traguitos de más en el puerto "La 40" a orillas del majestuoso río Orinoco.

En medio de la celebración y el alto nivel de alcohol, deciden subirse a una embarcación fluvial, que ignoraban pertenecía a la guerrilla colombiana. Cuando amanece y se da cuenta del error, decide devolver la lancha, pero ya el Ejército de Liberación Nacional (ELN), al mando de alias Domingo, quien es el Comandante en la zona, había sentenciado un letal castigo para el profesor que regresaba, con el joven ayudante, a devolver la embarcación.

En el puerto había mucha tensión. Se preguntaban quién había osado robar a la guerrilla y todos tenían la certeza que el castigo que la guerrilla impondría, para tamaña acción, era la muerte.

Ese lunes, a las 6:30 de la mañana, el profesor Dacosta y su ayudante, desaparecen. Los pobladores de la zona no dudaron en señalar a los elenos por la desaparición de las dos personas. Hicieron una protesta exigiendo al ELN que les entregará al profesor y su marinero. Es así como aparece el ayudante de Dacosta, un joven indígena llamado Luis Charlot Cariban,  con evidencias de tortura, cortadas en las manos con arma blanca; aterrado se fue del lugar.  

La reunión

El comité indígena, que preside Jhanson González de la comunidad Caridad, convocó de inmediato a una reunión. Ahí estuvo el Teniente (GNB) Díaz, adscrito al Punto de Atención al Ciudadano (PAC) "Carida", el Teniente (Ej) García comando del Batallón Platanillal y el Teniente de Navío Castillo del PAC "Carida". Los indígenas señalan a castillo de permitir la huida del ELN.

Entre quienes hicieron presencia estaba Julián Chollo alias JJ, jefe de las FARC en las minas del Yapacana y perteneciente al Frente Acacio Medina. “Él es la autoridad en la zona minera del cerro Yapacana desde hace más de 10 años”.

La presencia de grupos irregulares obliga a los indígenas a huir de sus territorios

La reunión entre indígenas, militares y guerrilleros es una clara demostración de la tolerancia y acción conjunta que militares venezolanos tienen con la guerrilla colombiana en territorio venezolano.

Esa reunión fue determinante para que el miércoles 07 de abril se desplegara una comisión del PAC Carida de la Guardia Nacional Bolivariana, junto al comité Indígena son orientados, por uno de quienes tuvo relación con el asesinato del profesor Dacosta, hasta el lugar donde estaba enterrado el cuerpo de Dacosta.

El cementerio

Para sorpresa de los funcionarios fueron llevados hasta un cementerio clandestino que tiene las FARC, donde sepultan a sus muertos o a sus víctimas. “Para dar con el cuerpo utilizaron palos que introducían en las áreas donde era evidente que había ocurrido un reciente movimiento de tierra. A medida que encontraban un cadáver y comprobaban que no era el profesor Dacosta, seguían con otro, al quinto intento con igual número de cadáveres, encontraron el del indígena, que había sido torturado y presentaba un impacto de bala en la cabeza”, relató a Infobae una fuente de Amazonas.

A simple vista en ese lugar se ve que han sido sepultados más más de 30 cuerpos en igual número de fosas. Solo el ELN tenía conocimiento de ese lugar; ahí desaparecen los cuerpos de quienes son asesinados por ellos, porque la guerrilla ejerce como tribunal y aplica la pena de muerte contra venezolanos y extranjeros”.

La esposa del profesor asesinado aseguró en medios locales que esa fosa común existe y que donde encontraron el cadáver de su marido hay muchos cuerpos más. El cuerpo del profesor fue llevado a San Fernando de Atabapo, donde fue velado y recibió cristiana sepultura.

Al puerto La 40 llegó entonces una comisión del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), estuvieron unas horas en el lugar, pero desde entonces no se sabe cuáles son los resultados de esa actuación.

En el estado Amazonas fue donde el ELN, al mando de alias Pedro Pablo y como segundo Luis Felipe Ortega Bernal alias Garganta, asesinó en el año 2018 a tres sargentos de la Guardia Nacional: Alfredo Antonio Zolano Guevara, Robert José Artahona Díaz Apure y José Jean Pierre Martínez Bolívar. Garganta después de haber sido capturado por la Fuerza Armada, estuvo dos años preso con privilegios y en diciembre 2020 salió en libertad.

Explotación del oro en el parque nacional Yapacana. Foto cortesía SOS Orinoco

En el sector del Yapacana confluye unas tres mil personas, algunos de ellos son extranjeros que residen de forma ilegal; desde el año 2012 el éxodo de los amazonenses ha sido masivo hacia esa zona que debería estar protegida por ser parque nacional, pero muchas personas han usado el trabajo en las minas como alternativa ante la grave crisis económica del país.

La actividad minera ya no es un oficio para conocedores del ramo a las planchetas, como llaman a las máquinas dónde se lava el material, porque al lugar llegan profesionales universitarios, educadores, ingenieros, abogados, mientras el trabajo varía entre comerciantes, cocineras, caleteros, motoristas, entre otros.

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