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domingo, 23 de octubre de 2022

La poderosa red de hombres que tuvo Rafael Ramírez en PDVSA: están presos, huyendo o investigados por extorsión o lavado de dinero

 Investigaciones en Estados Unidos y España muestran las capas de un entramado gigantesco de corrupción conectado al ex presidente de la empresa estatal Petróleos de Venezuela


@SebastianaB

Tomado de Infobae


Foto de archivo de Nicolás Maduro y Rafael Ramírez cuando el enfrentamiento 
no se había desatado entre ellos (EFE/FABIOLA FERRERO)

Rafael Darío Ramírez Carreño fue, por 10 años, el hombre fuerte de la importante empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), bajo la sombra de Hugo Chávez, a quien complació en los caprichos económicos del entonces presidente de la República, para garantizarse su permanencia en la industria. El deterioro de la poderosa PDVSA fue inminente, a la par que le permitió a un grupo de hombres apropiarse de millonarios recursos, extorsionar, recibir comisiones (coimas) de contratos y después radicarse en países como España. RR reta abiertamente a Nicolás Maduro, se lanza a la presidencia de la República y ha alimentado el camino con ex funcionarios del chavimo, dentro y fuera del país.

El cáncer y la prematura muerte de Chávez aceleraron los planes de Ramírez Carreño para mantenerse en el poder, más aún cuando el sucesor en la revolución fue Nicolás Maduro Moros, quien apenas tomó la presidencia pretendió sustituir a RR del control de la estatal petrolera, consciente que era la más poderosa fuente de riqueza económica del Estado. Como muchos otros que se consideraban herederos del poder en la revolución, Ramírez se negaba a abandonar el control de la empresa petrolera, se atrincheró en PDVSA por unos pocos meses, hasta que no tuvo más opción, en septiembre 2014, que aceptar a regañadientes ir a la Cancillería por tres meses y de ahí a la representación de Venezuela en Naciones Unidas.

A los 28 días de haber sido designado presidente del Consejo de Seguridad de la ONU, Maduro lo sustituye y RR abandona el cargo y EEUU hacia Europa. Así sale definitivamente del Gobierno el hombre que llegó la revolución por su relación de amistad con el ahora embajador de Venezuela en Cuba, Adán Coromoto Chávez Frías, hermano mayor del entonces presidente Chávez. Solo fue un salto desde Enegas para el Ministerio en el 2002 y de ahí a la presidencia de la estatal petrolera.

Investigados o presos

En Estados Unidos y en España, dos sendas investigaciones han ido quitando las capas de un entramado gigantesco de corrupción, que los tribunales en España llaman El Equipo Administrativo, en la que saltan a borbotones hombres del equipo de Rafael Ramírez en PDVSA, quienes esperan que tome el poder en Venezuela.

PDVSA pasó de ser una poderosa empresa a enfrentar 
su progresiva destrucción en manos de la revolución

España ha encontrado algunos hilos entretejidos entre quienes se apropiaron de millonarios recursos venezolanos; algunos se declararon culpables, negociaron con las fiscalías en ambos países, después que les han descubierto sumas millonarias en cuentas en paraísos fiscales.

Rafael Ramírez va capitalizando apoyos políticos de figuras de la revolución bolivariana con nostalgia por regresar al poder que disfrutaron en la era Chávez, incluso creó una relación muy cernana con María Gabriela, hija menor de Chávez.

RR cuenta con apoyos de chavistas que ya no están en el país, pero también con otros activados dentro de Venezuela, algunos de los llamados “los verdaderos hijos de Chávez” o “chavistas originarios”, pero que no hablan abiertamente de su relación con Ramírez, nombre asociado con la destrucción de la industria petrolera.

La familia y los amigos

Ramírez Carreño se caracterizó por dos vertientes de poder: familiares y hombres en cargos diversos. En el primero, aparece su esposa, la abogada Beatrice Danieal Sansó de Ramírez, quien fungió como gerente general de PDVSA La Estancia, y después en la Fundación Simón Bolívar, en la empresa Citgo Petroleum Corporation.

También, su suegra, la ex magistrada Hildegard Rondón de Sansó y su cuñado, Baldo Sansó, fueron parte activa en PDVSA; ella más que él como asesor de la empresa petrolera. Pero en esas figuras familiares entra Diego Antonio Salazar Carreño, primo hermano muy querido de RR e hijo de un hombre de izquierda muy humilde.

Diego Salazar está recluido en una celda que remodeló en el Sebin

En la Unidad de Información Financiera de Andorra, surge el nombre de Diego Salazar, favorecido en la época de RR, con la póliza contrato de seguros y reaseguros en la estatal, pasando de ser un discreto asesor de seguros a un millonario con gustos muy caros, a quien la Fiscalía venezolana ordena detener el 01 de febrero 2017, manifestando que su riqueza no proviene solo de los seguros sino de usar a PDVSA para el lavado de dinero, como señalaron las investigaciones del caso Andorra; Salazar Carreño y su esposa Rosycela Díaz Gil, aparecen en la lista de 28 personas de PDVSA procesadas por presunto blanqueo de capitales, del 2007 al 2012.

Según el Ministerio Público lograban blanquear dinero a través de unas 30 empresas y sociedades de paraísos fiscales como Suiza y Belice, creando un velo empresarial, cuyos dineros llegaban a Andorra. En el caso de Diego Salazar habría usado más de 100 empresas de maletín para sacarle a PDVSA dos mil millones de euros. De ahí el Ministerio Público lo relaciona con sus primos José Enrique Luongo y Rafael Ramírez Carreño.

Diego Salazar está detenido en el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), donde goza de privilegios, según relata un funcionario de ese organismo a Infobae. “Dieguito ofreció un montón de dinero para que le permitieran fugarse, pero los custodios no se atrevieron por temor a las represalias. Después no sé quién le permitió remodelar un área, con materiales que trajeron; la celda la convirtió en un pequeño departamento, con dormitorio, baño y sala anexa, con objetos de lujo. Ahí incluso recibe a chicas de compañía”.

Un amigo

La Fiscalía General de Venezuela solicita a Ramírez Carreño, quien vive en Roma, por el caso Operación Atlantic y por lavado de dinero producto de la corrupción en Andorra; ya tenía orden de extradición por el caso del barco chatarra Petrosaudi Saturn, que se alquiló, por 7 años, para la explotación de gas costa afuera, por más de mil 175 millones de dólares, que se pagarían trabajara o no el barco, lo que ocurrió la mayoría del tiempo según dijo Tarek William Saab.

La revolución bolivariana se caracteriza por atacar a sus gérmenes de corrupción de manera selectiva y según convenga a los intereses, por lo que en este caso, el verdadero objetivo del Gobierno venezolano es detectar y detener el avance de Rafael Ramírez, cuyo poder se ha fortalecido por el deterioro de las relaciones entre Nicolás Maduro y varias parcelas del chavismo.

Entre los hombres que lograron poderío económico, usando a PDVSA, y relacionados con Rafael Ramírez, está el ingeniero eléctrico Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas, viceministro de Energía Eléctrica cuando Rafael Ramírez ocupaba el Ministerio de Energía y Minas.

Villalobos se encargó de los millonarios proyectos de generación eléctrica en Táchira y Mérida. Investigaciones en España indican que él le trasladó a José Luis Parada, ex director de Producción de PDVSA, 5,2 millones de euros a la cuenta en la Banca Privada d’Andorra (BPA).

José Luis Parada, director de PDVSA Occidente

El 01 de septiembre 2022, la juez María Tardón de la Audiencia Nacional de España ordenó provisionalmente el archivo del caso que señalaba a Villalobos, a su mujer Milagros Coromoto Torres Morán y a Alfonso Garrido Picón, de blanqueo de capitales, considerando que ya había sido en parte juzgado en Portugal y EEUU. Esos fondos provenían del patrimonio de PDVSA, Corpoelec, Electricidad de Caracas.

Villalobos además aparece también en la investigación Suisse Secrets, que le encontró, en cuentas de Suiza, 10 millones de francos suizos. Aunado a eso, un informe del 2018 de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), donde aparece Nervis Villalobos, también menciona a Carmelo Antonio Urdaneta Aquí, un alto funcionario de la gestión de Rafael Ramírez.

Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas, viceministro de Energía Eléctrica 
cuando Rafael Ramírez ocupaba el Ministerio de Energía y Minas

En el 2020, Urdaneta huyó de Venezuela hacia Estados Unidos, donde pagó millón y medio de dólares en fianza para ser juzgado en libertad; el 16 de junio 2022 fue condenado por desfalco contra PDVSA en el caso Money Flight, intercambio corrupto de divisas, estimado en 1.200 millones de dólares. Fue condenado a 52 meses de prisión, tres años de libertad supervisada y entregar 49 millones de dólares de la ganancia por conspirar para lavar patrimonio público venezolano. En el informe de la UDEF aparece el empresario, dueño del canal GlobovisiónRaúl Antonio de la Santísima Trinidad Gorrín Belisario.

Otro entramado familiar

El ingeniero eléctrico Javier Alvarado Ochoa, quien fue viceministro de Desarrollo Eléctrico de Venezuela, del grupo de RR, fue detenido en Madrid, en mayo 2021, y enviado a prisión a solicitud de un tribunal de EEUU. Además, en Portugal, también le abrieron una investigación por presuntos sobornos a través del extinto Banco Espíritu Santo.

El ingeniero eléctrico Javier Alvarado Ochoa

La Audiencia Nacional de España, que investiga presuntos pagos de comisiones y sobornos de la empresa española Duro Felguera a políticos venezolanos, llamaría también como imputados a la ex esposa de Alvarado Mariela Consuelo Pardi por blanqueo de capitales; al ex director de Finanzas de la Electricidad de Caracas, Luis Carlos de León Pérez, quien fue detenido en Madrid, el 26 de octubre 2018, y extraditado a EEUU donde se declaró culpable de asociación para delinquir en el lavado de dinero en la trama de sobornos de PDVSA.

Otra persona citada ante la justicia española fue la prima de Víctor Aular, Julia Elba Van Den Brule Aular, quien fuera asistente de Rafael Ramírez en el Ministerio y en PDVSA, consultora jurídica, siendo fundadora y administradora de PDVSA Ibérica en España.

La mujer además aparece en los papeles del Banco de Andorra, donde abrió una cuenta en el 2008 ocultando 6.4 millones de euros, en sociedad con la ex directora de PDVSA Lisbeth Margarita Cuauro Casanova, persona de confianza de RR, y su asistente cuando estuvo representante en la ONU.

Luis Carlos de León Pérez se declaró culpable de asociación para delinquir
 en el lavado de dinero en la trama de sobornos de PDVSA

César David Rincón Godoy, ex gerente de Bariven, empresa subsidiaria de PDVSA, fue detenido en España y extraditado a EEUU, donde un Tribunal lo investigó por lavado de dinero y declaraciones falsas de impuestos con Pdvsa y Bariven; se declaró culpable y debió pagar como sentencia económica más de 7 millones de dólares.

Otros nombres, los venezolanos Franz Hermán Mūller Huber, ex presidente de Venequip, y Rafael Enrique Pinto Franceschi, representante de ventas de dicha empresa, se declararon culpables y fueron acusados, el 26 de febrero 2019, por EEUU, de fraude electrónico y lavado de dinero, entre 2009 y 2013, cuando pagaron a tres funcionarios de PDVSA comisiones para obtener privilegios en la licitación.

Una investigación de los papeles de Andorra detectó millonarios 
depósitos de varios ex funcionarios venezolanos

Delata a RR

Cuando el Ministerio Público en Venezuela detiene a Víctor Eduardo Aular Blanco, vicepresidente de Finanzas de PDVSA en la administración de Ramírez Carreño, entre el 2011 al 2014, él indicó que fue el entonces ministro quien lo conminó a hacer una operación de préstamo en bolívares para ser cancelado en dólares.

El Ministerio Público venezolano también señala que Juan Andrés Wallis Brandt, presidente de Atlantic 17107 cedió el financiamiento a otras empresas: Violet, con domicilio en Panamá, y Huelca con domicilio en Saint Vicent y las Granadinas vinculados a los venezolanos Luis e Ignacio Oberto Anselmi. PDVSA hizo a Violet, en poco más de un año, 28 pagos para un total de 4.850 dólares.

Una figura no menos relevante es Luis Fernando Vuteff, yerno del ex alcalde Antonio Ledezma. Un tribunal de Florida lo imputó por la Operación Money Flight, que involucra lavado de dinero del desfalco cometido contra PDVSA y la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec); fue detenido el 18 de agosto 2022, y las autoridades suizas aprobaron su extradicción a EEUU. Vuteff también es investigado por la Fiscalía Anticorrupción de España, determinando que dineros, por 248 millones de dólares, que debieron entrar en esas empresas, fueron colocados en cuentas del Banco Espíritu Santo.

Luis Fernando Vuteff, detenido el 18 de agosto de 2022

Un hombre relevante es Rafael Ernesto Reiter Muñoz, alias Nadal, a quien EEUU pide en extradición; fue director de Seguridad y Prevención y Control de Pérdidas de PDVSA. (PCP). Seguiría siendo un desconocido si los Pandora Papers no lo hubieron hecho flotar en la gigantesca estructura de corrupción. Su papel más relevante el de asistente de Rafael Ramírez Carreño, tanto en el Ministerio de Petróleo como en la Cancillería.

Reiter fue quien custodiaba la maleta de 800.000 dólares que desde Venezuela iba dirigido a la Argentina, en agosto 2007, supuestamente destinados a la campaña de Cristina Fernández de Kirchner.

El nombre de Reiter Muñoz aparece, en agosto 2017, cuando reventó el caso de los sobornos en EEUU, junto al de Nervis Villalobos, César Rincón y Alejandro Istúriz, en el cobro de comisiones en la asignación de contratos a dos empresarios del Zulia: Roberto Rincón y Abraham Shiera, quienes se declararon culpables en un tribunal en los EEUU.

Rafael Ernesto Reiter Muñoz, alias Nadal

Reiter fue detenido en España después que Estados Unidos lo solicitó en extradicción; cuando era inminente la salida de RR del control de PDVSA, Reiter registró en Panamá, en octubre 2014, la compañía Inversiones RC 58 Inc, conjuntamente con Charles Henry Du Bosq De Beaumont, el francés que estuvo abriendo cuentas bancarias para funcionarios de la revolución bolivariana; otro asociado con Reiter y el francés fue Said Aurelio Cabrera Abraham, quien egresó de Nr. 28 de la II promoción General Rafael Urdaneta del Ejército venezolano en 1995.

Entre las sociedades que formó Reiter se menciona a Fernando Abrahan Taranto Núñez, investigado en los EEUU por su relación con el primo hermano de RR, Yon Ermenson Morón Carreño, ex Jefe de Asuntos Internos de la División Ayacucho de PDVSA.

Imposible no mencionar, entre los hombres que trabajaron con Rafael Ramírez, a su compañero de estudios a quien nombra director de PDVSA Occidente, José Luis Parada, a quien España detiene en febrero 2015 por la contratación de empresas que despachaban combustible: también es detenida la gerente de PDVSA, Lisbeth Nieto, nombrada en Torres Petroleras; igual sucede con Maria Paz, asistente de Parada, y su prima Gladys Nubia Parada Mendoza, directora general de Mercados Internos del Ministerio del Petróleo y Minería.

En el caso de José Manuel Márquez Cabrera, quien fuera secretario general de Entes Corporativos de PDVSA, junto a Rafael Ramírez, dieron firma y aval para que la petrolera moviera decenas de millones de dólares. En septiembre 2019, Márquez apareció ahorcado en su vivienda, dos días después de declarar ante un juez y un fiscal anticorrupción en la Audiencia Nacional española, a quienes manifestó su deseo de colaborar con la justicia en la investigación sobre corrupción en PDVSA.











jueves, 18 de febrero de 2021

Por qué para el régimen venezolano la violación de los derechos humanos es un “daño colateral” para sus objetivos


Por qué para el régimen venezolano la violación de los derechos humanos es un “daño colateral” para sus objetivos


Sebastiana Barráez/ jueves 18 de febrero 2021

@SebastianaB

 

Tomado de Infobae

 

 

“Lo sorprendente es que hayan sorprendido”, dice María Alejandra Aristeguieta Álvarez en relación con las declaraciones de la Relatora Independiente de la ONU Alena Douhan, que califica de “sin fundamento y poco precisas”. Le dice en exclusiva a Infobae que “nunca es un azar, y aunque a veces se retrasen, el tener un objetivo claramente definido les permite llevar a cabo cada actividad por conveniencia táctica o por aprovechamiento de oportunidades”.


La internacionalista y ex embajadora María Alejandra Aristeguieta


Para la experta en políticas multilaterales y defensora de Derechos Humanos “esas declaraciones de Dohuan eran totalmente predecibles, puesto que son parte de una estrategia de largo plazo diseñada por quienes, desde hace más de veinte años, detentan o controlan el poder en Venezuela”.

Aristeguieta explica que “el sistema universal de derechos humanos monitorea la protección y promoción de los derechos fundamentales en todos los países parte de la Organización de Naciones Unidas. Venezuela no es una excepción, y aunque el organismo a cargo de proteger y promover tales derechos tardó bastante en reaccionar ante las primeras violaciones a los derechos humanos por parte del gobierno de Hugo Chávez, el mismo ha ido documentando cada caso traído por abogados, defensores o activistas de la sociedad civil a alguna de sus instancias”.

Desde la llegada al poder de Nicolás Maduro ese monitoreo se ha acentuado y profundizado vista la escalada que se inicia a partir del 2014. “Si revisamos la documentación existente, podremos constatar que se pasó de la erosión de los derechos a la libertad de expresión y a la propiedad, o de casos ejemplarizantes, a patrones sistemáticos para aterrar y someter a la población”.

“Es decir, en un primer nivel,  se persiguieron los medios de comunicación y se cerraron periódicos, estaciones de radio y canales de televisión, se expropiaron bienes muebles e inmuebles. Luego pasamos a casos de detenciones arbitrarias en los que se evidenciaba la ausencia de independencia del poder judicial, como fue el caso de la jueza Geraldine Afiuni, a quien Hugo Chávez encarceló para indicar a otros jueces que correrían con la misma suerte de ella si no se atenían a las exigencias de quienes controlaban el poder judicial desde su cúpula”.

Alfred De Zayas, el ex relator independiente

El enemigo

La dama resalta que “sin embargo, es entre los años 2014 y 2017, y en particular durante los períodos de protesta estudiantil, que descubrimos una estrategia clara de persecución y exterminación del adversario, entendido éste como objetivo enemigo”.

“Ante este punto de inflexión,  surgieron múltiples declaraciones y llamados de alerta desde los distintos mecanismos de supervisión del sistema universal, incluyendo los Procedimientos Especiales, entre los que se encuentran los Relatores independientes para áreas temáticas”.

Destaca María Alejandra Aristeguieta que son más de 20 Relatores Independientes quienes han pedido se les permita visitar Venezuela para constatar la situación de los derechos humanos en sus áreas específicas. Quienes más enfatizan su interés son “aquellos que supervisan y hacen recomendaciones relativas a los derechos civiles y políticos, que son en definitiva los considerados como derechos nucleares, es decir, sobre detenciones arbitrarias, tortura, independencia del poder judicial, o sobre libertad de expresión y asociación”. 

“En paralelo, en 2017, el entonces Alto Comisionado Zeid Al Hussein, decide iniciar una investigación ex officio, ante el abuso en el uso de la fuerza de los organismos de seguridad del Estado frente a las protestas estudiantiles, y sobre todo, ante las denuncias de torturas atroces cometidas por estos cuerpos de seguridad. El informe desnuda una realidad que muchos desconocían y otros tantos se negaban a aceptar”.

Destaca María Alejandra Aristeguieta, Internacionalista, experta en políticas multilaterales y defensora de DDHH, que durante el período en que el gobierno de Nicolás Maduro, a través de su cancillería, decide extender invitación a tres Relatores Independientes: el de derecho al desarrollo, el de la promoción de un orden democrático y equitativo, y el de derechos humanos y sanciones.

“A diferencia de los otros Relatores Independientes, aquí se trata de tres mecanismos impulsados por razones políticas, que obedecen a esquemas geopolíticos Norte-Sur propios del otrora expansionismo soviético a través del discurso victimista/desarrollista, y que, dentro del esquema de Naciones Unidas, goza aun de muy buena salud”.

“En 2017 fue Alfred De Zayas, en ese entonces Relator Independiente para la promoción de un orden democrático equitativo. Su visita se llevó a cabo a finales de noviembre del 2017, poco después del primer informe sobre Venezuela aludido antes. Según lo presentado, el experto centró su misión en la necesidad de ‘promover una mayor cooperación regional e internacional, hacer un seguimiento de las políticas dirigidas a detener los flujos financieros ilícitos y los paraísos fiscales, garantizar la libertad de comercio y realización de transacciones financieras sin discriminación, atacar los problemas de la reestructuración de la deuda soberana, obtener información sobre políticas relativas a la distribución de recursos y la regulación del sector privado, y explorar medios para fortalecer la asistencia letrada mutua en los casos penales’”.


Dice la exembajadora que “en su informe final encontramos los siguientes apartados: “Obstáculos que impiden el disfrute de los derechos humanos: guerra económica”, “multilateralismo y el principio de no intervención”, “las sanciones económicas” y “crisis humanitaria e intervención humanitaria”, cuyo primer párrafo apunta:Mediante una inquietante campaña mediática se procura forzar a los observadores a adoptar una visión preconcebida de que existe una “crisis humanitaria” en la República Bolivariana de Venezuela”.


Alena Douhan

 

La relatora Douhan

La señora Alena Douhan es relatora independiente para los derechos humanos y las sanciones. Es la segunda de los tres invitados, y su informe preliminar fue presentado el 12 de febrero pasado, en vísperas de la próxima reunión del Consejo de Derechos Humanos en el que se va a recibir un informe oral de la Misión de Determinación de Hechos, la misma que en septiembre pasado indicó que había elementos para pensar que en Venezuela se estaban cometiendo crímenes de Lesa Humanidad.

“El informe preliminar de la Sra. Douhan consta de varios apartados cuyos títulos son los siguientes: ‘Situación económica y humanitaria en Venezuela”, “Evaluación de la base legal para la imposición de sanciones”, e “Impacto en el disfrute de los derechos humanos’. El primer apartado de este informe da a entender que es debido a las sanciones que se ha deteriorado la economía en Venezuela y se ha creado la situación humanitaria actual. Ya no se trata, pues, de una campaña mediática, como dijo De Zayas, ahora, si hay una razón: las sanciones”.

“De la misma manera, si De Zayas habla de una guerra económica como el obstáculo para impedir el disfrute de los derechos humanos, Douhan dice que la escalada de esa guerra económica, a través del bloqueo total impuesto desde el 2019, impide que la población disfrute de los derechos humanos”.

“Una lectura al informe de la Sra Douhan, y se destaca la ausencia de evaluación contextual o la falta de contraste de la información suministrada por quienes controlan el poder en Venezuela. Por ejemplo, la relatora dice que la economía venezolana se redujo 99% por culpa de las sanciones, pero sin dar cifras, ni punto de partida”.

Aristeguieta desmonta rápidamente lo dicho por la relatora, porque “según las últimas cifras oficiales emitidas por las autoridades venezolanas, en el 2014, el PIB de Venezuela era de $482.359.000.000. Si partimos de esta base, llegamos a la conclusión de que la Sra. Douhan quiere decir que el PIB actual de Venezuela es de $4.823 millones. Según datos del Banco Mundial, el PIB del 2019 de Barbados es de $5.209 millones, el de Guyana es $5.173 millones y el de Sierra Leona es $4.121 millones. O sea, según el análisis contenido en el informe presentado por la relatora Douhan, la economía venezolana es más pequeña que la de una isla del Caribe, un país de 785 mil habitantes o de un país en guerra”.

“Más allá de la improbabilidad de que Venezuela se sitúe en tales rangos, si la relatora hiciera un poco de investigación, encontraría que existen indicadores socioeconómicos anteriores a las sanciones que muestran tendencias muy reveladoras del manejo inadecuado de los recursos del Estado. Por ejemplo, tal como consta en el Examen Periódico Universal del 2016 del mismo sistema universal de DDHH,  ya distintas ONGs  venezolanas e internacionales denunciaban entonces una drástica caída de la importación de comida y medicamentos y la ausencia de atención del tema por parte de las autoridades venezolanas, que culpaban de tal descenso a la caída de los precios del petróleo”.

La arremetida contra medios fue brutal

Las cifras

“Más recientemente, en 2018, de acuerdo con un trabajo realizado por el centro Brookings Institution y el Centro para Desarrollo Internacional de Harvard, se desprende que la caída de los precios petroleros o las sanciones son posteriores al descalabro humanitario ocurrido en Venezuela”.

“De acuerdo con este trabajo de investigación, la importación de alimentos empezó a descender en Venezuela a partir del 2013, y para el 2016, año en el que bajan los precios del petróleo, había disminuido en 71%. Asimismo, la importación de medicamentos y equipos médicos disminuyó en 68% entre el 2013 y el 2016. Otros indicadores, por ejemplo, la ingesta calórica de un venezolano ganando sueldo mínimo pasó a ser poco más del 50% de sus necesidades dietéticas en 2017. El salario real cayó en 92% desde el 2010 al 2017 y la mortalidad infantil aumento en 44% entre el 2013 y el 2016”.

“Algunos economistas atribuyen este nivel de deterioro a los altos niveles de endeudamiento y posterior pago de servicio de la deuda externa, otros a la falta de inversión en la industria petrolera y en la infraestructura. Otros factores que han contribuido con el colapso del país son la destrucción del aparato productivo, en un atentado directo contra derechos económicos consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, o la corrupción y los flujos financieros ilícitos”.

Ella dice que, en suma, “probablemente la situación actual sea producto de un cúmulo de factores, pero hay suficiente información para establecer que mucho antes de las sanciones, ya existía una política de Estado diseñada para destruir las ‘instituciones burguesas’, como dijo un Ministro de Chávez y dar paso a la estructura de la revolución”.

 

El jaque mate

Con crudeza Aristeguieta resalta que, en la estrategia de largo plazo, “la violación de los derechos humanos es un daño colateral en la consecución de los objetivos de quienes controlan el poder, pues ellos conocen las limitaciones inherentes a la diplomacia y, en particular, al sistema multilateral”.

“Ellos saben que a pesar de que hayan más de 60 llamados. desde los distintos mecanismos y órganos del sistema, para que Venezuela se apegue a las normas contenidas en los tratados firmados, y a pesar de que hayamos pasado de ser mencionados en declaraciones generales a formar parte permanente de la agenda del Consejo de Derechos Humanos (máximo órgano legislativo que se reúne tres veces al año por alrededor de un mes), todo puede ser diluido en un concurso de retórica, en un altercado de informes presentados por quienes defienden la democracia y los valores fundamentales, y quienes se aprovechan de las contradicciones y deficiencias de la diplomacia multilateral, para seguir avanzando mientras aparentan retroceder”.

“Queda de nuestra parte entender que éste es el ajedrez. Que debemos armar una estrategia de juego en consecuencia que vaya más allá de quejarse o decir lo obvio. Queda de nuestra parte que sepamos anticiparnos a la presentación del informe definitivo de la Relatora en septiembre próximo, a la visita del tercer Relator que hablará seguramente de cómo las sanciones, la guerra económica, o las iguanas impiden el desarrollo de Venezuela; a las próximas intervenciones de la Alta Comisionada Michelle Bachelet en las que mencionará los avances que ha hecho el régimen, así sean tímidos; a los informes de los Expertos de la Misión de Determinación de los Hechos a los que el régimen acusará de tergiversar la realidad en una suerte de discurso proyectivo pero efectista; incluso, queda de nuestra parte contrarrestar el caudal de ONGs de maletín que inundarán las oficinas de los funcionarios a cargo de redactar el próximo Examen Periódico Universal”.

“Después de todo, no podemos dejarnos hacer jaque, y seguir moviendo las mismas piezas”, advierte finalmente Aristeguieta.

https://www.infobae.com/america/venezuela/2021/02/18/por-que-para-el-regimen-venezolano-la-violacion-de-los-derechos-humanos-es-un-dano-colateral-para-sus-objetivos/


miércoles, 20 de enero de 2021

El Consejo Superior de la Democracia Cristiana criticó la actuación de los gobiernos de Chávez y Maduro sobre el reclamo del Esequibo

 Consideró que “sean cuales fueren las razones”, el comportamiento fue “omisivo y lesivo” para la soberanía de Venezuela


Sebastiana Barráez/ miércoles 20 enero 2021

@SebastianaB

 

Tomado de Infobae

 

“Al momento de defender en estrados los intereses supremos de la república, en la fase preliminar del juicio contencioso ahora planteado, hubo ausencia del régimen de Nicolás Maduro Moros, quien al igual que el de Hugo Chávez Frías, respondiendo no a los intereses del país sino a los lineamientos diplomáticos del régimen cubano y en el marco de la estrategia de la ALBA, prefirieron sumar apoyos en el seno de la Organización de Estados Americanos”, destaca en un documento el Consejo Superior de la Democracia Cristiana, en relación a los derechos históricos de Venezuela sobre la Guayana Esequiba.

Representantes del Consejo Superior de la Democracia Cristiana

Suscriben el documento: Pedro Pablo Aguilar, Oswaldo Álvarez Paz, Henrique Salas Romer, Humberto Calderón Berti, Andrés Caldera Pietri, José Curiel Rodríguez, Abdón Vivas Terán, Julio César Moreno León, José Rodríguez Iturbe, Maritza Izaguirre, Román Duque Corredor, Haroldo Romero, Gloria Capriles, Nelson Maldonado, Ivonne Attas, Emilio López, Jesús “Chucho” Ganem, Guillermo Yepes Boscán, Enrique Naime. Sec. Ejecutivo Lorenzo Tovar Colmenares. Consultores: Gustavo Tarre Briceño y Asdrúbal Aguiar. Copei: Roberto Enríquez y Robert García. Proyecto Venezuela: Henrique Fernando Salas. Convergencia: Biagio Pilieri.

Recuerdan la sentencia, del 18 de diciembre 2020, de la Corte Internacional de Justicia, en la que se declara competente para conocer sobre la validez o no del Laudo Arbitral, que en 1899 le amputa a Venezuela sus derechos soberanos, histórica y jurídicamente incuestionables, sobre el territorio que conforma a la Guayana Esequiba y, de ser el caso, establecer nuestra frontera con la República Cooperativa de Guyana.

Consideran que “sean cuales fueren las razones” de la actuación de los gobiernos de Chávez y Maduro ante el caso del Esequibo, ese comportamiento fue “omisivo y lesivo a nuestra soberanía, incluso si se considerase que la demandante Guyana no podía acudir unilateralmente al Alto Tribunal de La Haya sin contar con el consentimiento de Venezuela, hubo de tener presente el régimen que esa posibilidad estaba abierta”.

“Ella ha sido motivo de discrepancias entre nuestro país y la misma Guyana, pero es una de las alternativas de solución contempladas por el Consejo Superior de la Democracia Cristiana, Acuerdo de Ginebra que, en 1966, le da piso cierto, firme y jurídico, a nuestra histórica reclamación”.

CIJ se declara competente para conocer el caso del Esequibo

Hubo mala fe

A juicio de la organización está abierta la herida “que aún sufre el sentimiento patrio, desde cuando se coaligan la Gran Bretaña y la Rusia para, bajo coacción y mediando prevaricación de los jueces arbitrales en 1899 –como lo demostrara el Memorándum de nuestro abogado Severo Mallet Prevost de 1949 sobre cuya base se logra firmar en 1966 el Acuerdo de Ginebra, logro diplomático de los gobiernos de Rómulo Betancourt y Raúl Leoni– es un elemento para considerar”.

Agregando que “el mismo ya no es suficiente para encontrar “soluciones satisfactorias para el arreglo práctico de la controversia” entre las partes, entre Venezuela y Guyana, como lo dispone dicho instrumento”.

“Lo que fuera objeto histórico de controversia política y diplomática –el acto arbitral írrito e injusto– se ha vuelto ahora una cuestión juridificada, sin mengua de la exigencia de su resolución práctica, al encontrar como su fundamento, justamente, al señalado Acuerdo para resolver sobre la reclamación y que aceptaran Gran Bretaña y la misma Guyana, entonces en vías de independencia”.

“La mala fe guyanesa llevó al fracaso de la Comisión Mixta que funcionó entre 1966 y 1970”, la cual estaba encargada de encontrar ‘soluciones satisfactorias’. El esfuerzo posterior de distención bilateral estaba destinado a crear un clima de entendimiento para reanudar las negociaciones y sin ceder en los derechos de Venezuela, que implicara el Protocolo de Puerto España suscrito durante el primer gobierno de Rafael Caldera y renovado en el de Luis Herrera Campíns.

Nicolás Maduro en un evento al referise al territorio en reclamación.

“Las condiciones para las negociaciones de un “arreglo práctico de la controversia”, se estrellaron contra la tozudez y el rechazo guyanés de 1983. De donde, ambas partes, se avinieron en poner el entuerto en manos del secretario de la ONU. A él se le encomendó señalar la vía apropiada, diplomática o judicial, para resolver”.

Hubo distintos emisarios personales del secretario de la ONU “designados y aceptados por ambos Estados entre 1989 y 2017”, advirtiendo que de no avanzar su último emisario en el encuentro entre las partes de “una solución satisfactoria para el arreglo práctico de la controversia”, pasado un año y a menos que mediase una oposición conjunta de ambos Estados, referiría la cuestión a la Corte Internacional de Justicia.

“No podríamos dejar de señalar que, para el logro de la firma del Acuerdo de Ginebra y en su implementación durante la democracia, destacaron las gestiones de los cancilleres Marcos Falcón Briceño e Ignacio Iribarren Borges, Arístides Calvani y José Alberto Zambrano Velasco, habiéndole correspondido al último trabajar tanto en el Protocolo de Puerto España como su no renovación y sostener sin descuidos las gestiones ante el Secretario General de la ONU”.

Agrega el documento que “dejó como legado su obra que recoge la historia de nuestra reclamación: Our historic claim (1982). El fallo preliminar de la Corte Internacional de Justicia, en consecuencia, cierra ese debate preliminar y está Venezuela en la situación de enfrentar con responsabilidad al medio de solución establecido, para alcanzar el propósito que le llevara a la firma del Acuerdo de Ginebra mencionado”.

 

El Laudo Arbitral de 1899 le amputa a Venezuela 
sus derechos soberanos sobre la Guayana Esequiba

El llamado es al pueblo

Destaca el Consejo Superior de la Democracia Cristiana que “encontrándose la nación y nuestra república en una situación de grave debilidad, al punto que vienen a la memoria aquellas en las que diatribas intestinas hicieron perder a Venezuela el territorio de la Guajira en el extremo occidental y luego ser víctimas de un arbitraje corrompido, palmariamente contrario a las normas del Derecho internacional que nos arranca un costado en el extremo oriental”.

“Esta vez media la intervención de una instancia judicial reconocida por su solvencia, como lo es la Corte Internacional de Justicia. La ausencia de Venezuela, por ende, ha motivado su advertencia clara y aleccionadora. En su fallo mencionado recuerda que ‘cuando un Estado se abstiene de comparecer ante la Justicia no se le permite luego aprovecharse de su ausencia’”.

“Sobre la nulidad del laudo arbitral que, en 1899, decidiera arrebatarnos la Guayana Esequiba y la aceptación por la Gran Bretaña del acto de injusticia histórica del que hemos sido víctimas, aceptando firmar el Acuerdo de Ginebra, le corresponde al régimen imperante en Venezuela corregir su lenidad y llevar ante la Corte todos los elementos que tiene a manos y en su favor la república”.

Una protesta donde dirigentges políticos respaldaron al Esequibo como venezolano

Recomiendan que debe atacarse “el fondo, a saber, que el tribunal arbitral dictó un laudo que, en procura de sus abyectos propósitos, no contó con presencia de juez y abogados venezolanos; omitió aquél motivar la decisión; decidió no aplicar los principios de Derecho internacional reconocidos; ni investigó los títulos históricos de Venezuela apoyados en la titularidad de España; y, al término, abordó en su sentencia de despojo cuestiones que escapaban al conocimiento del tribunal arbitral”.

El Consejo Superior de la Democracia Cristiana, ante los hechos señalados, hace un llamado al pueblo venezolano “y considera su deber obligante alertarlo sobre el momento de gravedad histórica que acusa la república. Le invita para que de manera serena pero inconmovible eleve su opinión y asuma una conciencia activa sobre un tema que amenaza el destino nacional”.

Finalmente “que exija del régimen y el sector de la Fuerza Armada que lo sostiene un comportamiento que no debilite nuestra postura ante la Corte Internacional de Justicia, y que los sólidos argumentos históricos y jurídicos que dicen sobre la invalidez de pleno derecho del laudo arbitral de 1899 lleguen oportunamente a conocimiento de los jueces de la Corte, desde el ángulo de nuestros sólidos argumentos”.

https://www.infobae.com/america/venezuela/2021/01/20/el-consejo-superior-de-la-democracia-cristiana-critico-la-actuacion-de-los-gobiernos-de-chavez-y-maduro-sobre-el-reclamo-del-esequibo/


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