Abrir algunas celdas para aceitar puertas y avanzar en los planes de quedarse en el poder es un comodín ya muy usado. El papel de algunos sectores de la oposición
Sebastiana Barráez/ 30 de agosto 2020
@SebastianaB
Desde que el régimen de Nicolás Maduro Moros encontró
el beneficio de tener presos políticos para someter voluntades, comprar
conciencias y doblegar principios, lo ha usado de manera indiscriminada. Abrir
algunas celdas para aceitar puertas y avanzar en los planes de quedarse en el
poder mientras destruye a las instituciones es parte del sistema implementado
junto con los organismos de Inteligencia, la administración de Justicia y el
uso de instituciones como el Consejo Nacional Electoral, el Ministerio Público,
el Tribunal Supremo de Justicia, entre otros.
Cada vez que la presión es fuerte, a nivel de opinión
pública, por hechos como los sucedidos con el caso del concejal Fernando Alban,
el 8 de octubre 2018 cuando su cuerpo impactó contra el pavimento al caer desde
el piso 10 del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), recurren al
comodín de los presos políticos. En esa oportunidad recurrieron a una ficha
fuerte, lo ameritaba la circunstancia.
Cuatro días después de la muerte de Albán sacaron del
SEBIN a Lorent Saleh, a quien llevaron a un avión y lo desterraron a España. El
joven estuvo más de cuatro años preso sin juicio alguno, ni siquiera audiencia
preliminar, sometido a situaciones extremas de tortura.
Los presos políticos han sido usados incluso después del
primer informe de Verónica Michelle Bachelet Jeria, Alta Comisionada de los
Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Aunque ni siquiera
se ha respetado los acuerdos Internacionales en lo relacionado con los
militares y civiles con doble nacionalidad, a cuyos representantes diplomáticos
no les permiten el acceso a las cárceles o a comunicación con los detenidos.
Los peores tratados en Venezuela son los presos
políticos. No solo son ellos los que están presos, sino sus familias completas,
que son amenazadas, humilladas. Hay testimonios de intentos de suicidio entre
los presos, a quienes no se les presta asistencia psicológica. Es interminable
la violación de los derechos humanos, la aplicación de la tortura, violación al
debido proceso, negación de justicia.
Una jugada, que desde hace semanas viene manejando un
grupo de dirigentes de Oposición, para presionar la participación en las
elecciones parlamentarias, involucra las figuras del excandidato presidencial
Enrique Capriles Radonski; diputado Iván Stalin González Montaño (UNT);
secretario general del Movimiento al Socialismo, Felipe Elías Mujica Hernández;
el varias veces excandidato presidencial y ex jefe de campaña de Henry Falcón, Eduardo
Fernández Jiménez; el exalcalde de Caracas y excandidato presidencial Claudio Eloy
Fermín Maldonado del partido Soluciones para Venezuela, entre otros.
Hay que destacar que entre las estrategias usadas por
Capriles, González y Mujica está la postulación de presos políticos como
candidatos a diputados. Sin duda que eso ha sido concertado con el alto
Gobierno de Nicolás Maduro, que es el único que puede abrir las rejas de las
cárceles donde encarcela masivamente.
El argumento que le han hecho a varios familiares de presos
políticos militares y civiles es que serán dejados en libertad a cambio de
postularse a las parlamentarias. La propuesta se la han hecho a varios generales
y oficiales de menor rango, diputados y algunas figuras relevantes, que han
sido víctimas de torturas, incomunicación, castigos, negación del proceso
judicial y de atención médica, amenazas tanto a ellos como a sus familiares.
Hasta ahora ninguno de los presos estaba seguro de
aceptar. Capriles incidió para que Maduro dejara en libertad a quienes quisieran
ser postulados y que el Gobierno los aceptara. El argumento opositor es que eso
les daría validez internacional a las elecciones y animaría a los venezolanos a
votar, acción que el gobierno de Maduro necesita con urgencia.
Esa es la verdadera razón por la que se pospuso el
cierre de inscripciones de candidatos. La liberación de un preso político
simbólico como Juan Requesens, que atrae la atención nacional internacional, se
convierte en un aliciente para otros presos políticos que quieren correr la
misma suerte.
Esa estrategia es un uso miserable de seres humanos
encarcelados, ansiosos de libertad después de ser torturados incluso física y psicológicamente,
así como violentados sus derechos humanos. Es tan descarada la maniobra que
algunos abogados que se declaran defensores de derechos humanos también se
estarán postulando.
Hace años que algunas cárceles y centros de reclusión
se llenan a reventar de presos políticos militares y civiles, que son usados para
distracción de la opinión pública cada vez que el régimen de Nicolás Maduro
enfrenta fuertes críticas públicas por algún hecho o cuando quiere controlar el
debate con la Oposición venezolana. Veamos solo algunos de esos casos.
El 13 de diciembre 2016 el Gobierno anunció la liberación de cuatro presos políticos, lo que
fue celebrado por algunos dirigentes de Oposición, porque se dieron en el marco de un
diálogo político entre el chavismo y la oposición venezolana. Fue una exigencia
de la Mesa de la Unidad Democrática para continuar el diálogo.
Uno de los liberados ese día fue el diputado Gilberto Sojo, de
Voluntad Popular, suplente de la diputada Dinorah Figuera, detenido el 26 de
noviembre 2014 supuestamente porque planeaba colocar un explosivo en el Palacio
de Justicia para la liberación de Leopoldo López.
Otro
fue el ingeniero Vladimir Araque, detenido el 2 de mayo 2014, a quien acusaron
de asociación para delinquir, instigación a delinquir
e intimidación pública.
Al
general de brigada Rommer Mena Navas, ex presidente del Instituto Geográfico de
Venezuela Simón Bolívar, lo detuvieron el 19 de agosto de 2015, tras un
allanamiento a su vivienda.
Y
el cuarto liberado fue el abogado penalista Leopoldo D’Alta, quien fuera funcionario de la policía de Chacao, fiscal
Ministerio Público, Inspector de la Defensa Pública, docente de posgrado, militante
de Alianza Bravo Pueblo (ABP) y ex director de la Alcaldía Metropolitana.
Lo detuvo el SEBIN el 19 de junio 2015, señalado de legitimación de capitales.
23 de diciembre 2017: Días después de que la embajada norteamericana dijo que en Venezuela había 268 presos políticos, la entonces presidenta de la Asamblea Constituyente, Delcy Rodríguez, anunció que serían liberados 80 presos políticos, arrestados durante las protestas contra Nicolás Maduro ocurridas en 2014 y 2017.
3 de junio 2018:
Ese día se complementa la liberación de los 80 presos prometidos por Delcy
Rodríguez seis meses antes. Entre los liberados hubo tres diputados; Wilmer Azuaje, que ahora está en el exterior. Renzo
Prieto acusado por las protestas del 2014 y Gilber Caro detenido en enero 2017;
hoy agosto 2020 esos dos parlamentario están presos. Usan el comodín de liberar
presos políticos que después vuelven a detener. Ese día también liberaron a
Raúl Emilio Baduel, hijo del ex ministro Raúl Isaías Baduel, quien tiene años
preso en el SEBIN. En realidad, menos de la mitad de los excarcelados eran
presos políticos. Y a los únicos que sí lo eran les impusieron
presentación cada 30 días, prohibición de salir del país y de dar declaraciones
públicas.
17
de septiembre 2019: El vicepresidente
de la Asamblea Nacional, diputado Edgar Zambrano, quien estaba preso desde el 9
de mayo 2019 por la Operación Libertad, fue excarcelado en el marco del cumplimiento de un acuerdo entre el régimen de Nicolás
Maduro y un sector de la oposición, entre quienes estaba Timoteo Zambrano,
quien inmediatamente salió a decir: "Empieza el proceso de liberación de
presos políticos”.
En un comunicado el fiscal general (ANC) Tarek William
Saab dijo que la Comisión para la Verdad, la Justicia y la Paz creada por la
Asamblea Constituyente, "acordó exhortar al Sistema Judicial el
otorgamiento de medidas cautelares sustitutivas de privativa de libertad”, en
este caso a favor de Zambrano.
8 de octubre 2019: Esa noche el régimen anuncia la excarcelación de Martín Emilio Hernández Flores, Pedro Rosario Alfonso, Abraham José Rodríguez Jiménez y Luis Eduardo Peña Muñoz, quienes habían sido capturados junto con el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano el 8 de mayo 2019. Les impusieron presentación cada 8 días.
17 de octubre 2019: Tarek William Saab, designado como Fiscal General por la Asamblea Constituyente, anunció la liberación de 24 presos políticos, pero no sus nombres. La ONG Foro Penal dijo que en realidad fueron 18.
Excarcelaron a Pedro Jaimes, detenido en mayo 2018 por
revelar en Twitter la ruta del avión presidencial.
Carlos Pérez “El Profe”, militante de Un Nuevo Tiempo
(UNT), fue detenido por el SEBIN, por segunda vez el 12 de febrero 2019, luego
de 14 meses de haber salido de prisión; estuvo primero en El Helicoide desde el
2014 por participar en los campamentos de jóvenes frente a la sede del Pnud en
Caracas.
Elías
Rodríguez (VP) lo detiene el Comando Antiextorsión y Secuestro (Conas) por
tener en su vehículo 400 volantes del partido, con un manifiesto de libertad.
Thais
Valera, detenida en agosto 2018 por supuestos vínculos con el intento de
magnicidio contra Maduro.
6 de enero 2020: Después de las fuertes tensiones producidas por la intención del Gobierno de nombrar una directiva paralela de la Asamblea Nacional, otra vez viene liberación de presos políticos. Así aparece Javier Bertucci, líder de Esperanza por el Cambio, uno de los partidos minoritarios, anunciando que “la Mesa de Negociación Nacional, integrada por diferentes factores de oposición, logra hoy la liberación de 14 activistas políticos que estuvieron encarcelados injustamente".
En
realidad, solo 7 eran presos políticos: Manuel Chacín, Jormanth Linares y
Michael Vargas, detenidos desde 2017 en El Helicoide; Rafael González y Nelson
Guzmán (presos desde 14 de marzo 2019, trabajaban para una empresa de seguridad
del equipo de CNN); el fotógrafo Jesús Medina Ezaine (preso desde 2018) y el
director del Mercado de Chacao, Emilio Boulanger.
6
y 7 de mayo 2020: Cinco días después de intensa presión pública por el
asesinato de 47 presos comunes y 75 heridos, en la cárcel de Guanare, estado
Portuguesa, el Gobierno de Maduro recurre a su comodín de liberar presos
políticos.
Uno de los pocos casos fue el de Ana Belén Tovar, Gerente
de Operaciones de la web Entorno Inteligente, cuyo director es Hernán Porras
Molina. Ella fue detenida e incomunicada desde el 19 de noviembre 2019,
en los inmundos sótanos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar
(DGCIM).
También liberaron a Otoniel Ramos, un antiguo
trabajador de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), que había sido
detenido, en la DGCIM, desde abril 2019, imputado por terrorismo, asociación para delinquir
y daños a instalaciones públicas. De la lista de 23 liberados, sólo
había cinco presos políticos, además de Tovar y Ramos, Roque González, Ramón
Zapata y Jorge Luis Pérez. En realidad, no son libres totalmente porque les
imponen medidas de presentación.
La mayoría de los liberados eran presos comunes, entre
ellos varios por irregularidades en una empresa telefónica y además también
liberan al general de Brigada GNB, Eustoquio José Lugo Gómez, ex
viceministro de Finanzas, Inversiones y Alianzas Estratégicas del Ministerio de
Energía Eléctrica, a quien detuvo la DGCIM el 19 de enero 2020 señalado de extorsionar
a un empresario que fabrica sables para la Fuerza Armada y réplicas de la
espada de Simón Bolívar. En junio 2019 había sido sancionado por los EEUU
por presunto lavado de dinero.
Ahora le toca la etapa de las elecciones
parlamentarias que Nicolás Maduro está pretendiendo imponer mientras enfrenta
una rebelión interna de los grupos del Polo Patriótico y la negativa de la gran
mayoría de las organizaciones de Oposición para validar unos comicios que no
ofrecen ningún tipo de garantía, legitimidad ni legalidad.
