Una mujer reclama saber el destino de su esposo desaparecido, participante en la Operación Gedeón: “No me han dicho ‘usted ya es viuda, ya lo matamos'”

 Después de tres meses y medio, el régimen de Nicolás Maduro aún no ha informado oficialmente el nombre de los ocho fallecidos al desembarcar en territorio de Venezuela que comunicó el ministro Néstor Reverol

Sebastiana Barráez/17 de agosto 2020

@SebastianaSin

Tomado de Infobae 

 

“Necesito que el gobierno venezolano me diga dónde está, qué pasó con mi esposo. A mí no me han dicho nada real, no me han entregado un acta de defunción, no me han dicho aquí está su esposo, usted ya es viuda, ya le matamos a su esposo y no hay nada qué hacer”, dice para Infobae la señora Elizabeth Castillo, esposa del supervisor jefe Jean Carlos José Castro Gutiérrez, uno de los participantes en la Operación Gedeón.

Elizabeth Castillo, esposa de Castro Gutiérrez

La pareja vivía en Colombia, de donde ella es oriunda. El misterio que rodeó la actuación de su esposo se develó aquel 3 de mayo, cuando se entera que él fue parte de quienes se lanzaron en la suicida emboscada que armó el capitán Antonio Sequea, llevando a la muerte a ocho hombres y a más de 60 a la cárcel.

El caso ha sido tan sórdido, no solo por la serie de informaciones y desinformaciones del gobierno de Nicolás Maduro Moros, sino por el trato inhumano y violatorio de los derechos humanos de familiares de los muertos y de los detenidos, la violación al debido proceso, las imputaciones públicas y la humillación en el trato a los vencidos. 

Uno de los hechos insólitos es que después de tres mes y medio aun no se conoce oficialmente el nombre de los ocho fallecidos que el ministro y ahora general en Jefe Néstor Reverol le informó al país ese día.

Elizabeth Castillo, la esposa de Jean Carlos José Castro Gutiérrez decidió hablar en entrevista exclusiva con Infobae.

¾   ¿Usted sabía de la participación de su esposo en la llamada Operación Gedeón?

¾   Bueno, en el mes de febrero me entero por parte de mi esposo. Cuando él se fue me dijo que iba a hacer otra cosa y como no regresaba a la casa insistí en preguntarle cuál era el motivo por el que no venía. Me informó que hacía parte de una operación, pero sin mayor explicación. No me dijo más que eso, quizás porque no quería ponernos en riesgo. Días después hablé con él, pero no tocamos el tema porque él no lo permitió, solo quería hablar de temas familiares y cosas así pero nada de lo que estaba haciendo y que lo mantenía lejos de la casa.

¾   ¿Cuándo fue la última vez que habló con Jean Carlos?

¾   A mediados de marzo. Desde ahí ya no volví a saber nada. No tenía comunicación con él ni supe que pasaba, si era que les habían quitado los teléfonos, pero desde esa fecha perdí comunicación con él. El 3 de mayo vi la noticia en la hablaban de algo que había pasado en las playas de Macuto, que había supuestamente 8 fallecidos. Mi incertidumbre me llevó a pensar si sería a esa Operación a la que se había referido mi esposo. Llamé a mi hija y le dije lo que estaba pasando. Toda la familia también se empieza a alarmar.  Y entonces nos enviaron un vídeo donde ellos se estaban presentando; hasta ese momento ni siquiera tenía idea que la operación se llamaba Gedeón. Ahí fue cuando entré en pánico y empecé a averiguar a través de las redes, escuché la noticia del fallecimiento del señor Colina al que llamaban Pantera, pero no encontré ninguna información sobre mi esposo.

Supervisor Jefe Jean Carlos José Castro Gutiérrez, desaparecido desde la Operación Gedeón

¾   ¿Usted o cualquier otra persona de la familia ha recibido alguna información oficial, es decir, por parte del Estado venezolano sobre lo ocurrido y la situación de Jean Carlos?

¾   Hasta el día de hoy, aunque parezca increíble, absolutamente ninguna entidad del Gobierno venezolano nos ha llamado, ni a como esposa mí para decirme ‘pasó esto o lo otro con su esposo, está muerto o está vivo”. Nadie nos ha dado ninguna información respecto a mi esposo.

¾   Entiendo que varios familiares de los supuestos de fallecidos se presentaron a la sede de la morgue de Bello Monte en Caracas para tratar de reconocer si entre los cadáveres estaban sus familiares. ¿Ustedes han podido corroborar si de los cadáveres es el de su esposo?

¾   Un día mi hija me llama al trabajo y me dice que vio un vídeo publicado por el canal de la Red Capital aparecían los nombres de varias personas, entre esas el señor Colina y otras personas más, entre ellos mi esposo, diciendo que estaba neutralizado. ¡Imagínese cómo me sentó en ese momento! Cuando en la tarde llegó a la casa y mi hija me quiere mostrar el vídeo, la sorpresa es que ya el vídeo no estaba, lo habían eliminado. Después de eso fueron tantas cosas que no las he podido entender. Porque al comienzo aparecía que a mi esposo lo estaban investigando, luego vino ese video, después aparecía una publicación donde se leía que ‘estos son unos mercenarios que están pendientes por capturar’ y el primero de la lista era mi esposo.

Jean Carlos Castro Gutiérrez con su esposa Elizabeth Castillo

¾   Le explico. El video al que se refiere lo publicó en su Instagram la Región de Defensa Integral Capital (REDI) y la publicación donde su esposo aparece como entre los que están buscando pertenece a una página alineada con el Gobierno llamada La Iguana.

¾   Imagínese eso. Más o menos entre el 19 y 20 de mayo, tenía mucha angustia por no saber nada de mi esposo, cuando el familiar de uno de los que también estaba en la Operación Gedeón me da el número telefónico de la abogada Ana Leonor Acosta, quien me pide que si quiero que ellos hagan averiguaciones debo firmarle un poder y así lo hice para que ella empezara a hacer los trámites.

¾   ¿Es una abogada privada?

¾   Es una defensora de derechos humanos, junto con el abogado Alonso Medina; son de una ONG. Ella me dijo que están llevando el caso de los otros familiares y de los que están privados de libertad. 

¾   ¿Qué diligencias hicieron ellos?

¾   El 21 de mayo la abogada me pide que le envíe fotos de mi esposo porque está en la morgue, pero que hay seis cuerpos, y necesita verificar si alguno es el de mi esposo. Le envío las fotos, le doy todas las señales con la que lo pueden identificar, pero la abogada me dice que no podían identificarlos con los elementos que yo les había dado, por lo que era necesario que fuera un antropólogo y un fotógrafo forense, que tampoco pudieron identificarlo y quedaron que lo harían por las huellas dactilares que corroborarían con las del pasaporte.

La Operación Gedeón es un hecho atroz

¾   ¿Y lo hicieron señora Castillo?

¾   Si, el 22 de mayo la abogada Ana Leonor me dice que según las huellas ese era mi esposo pero que debía ir un familiar a reconocerlo, porque sino lo iban a inhumar y a dejar en una fosa común. Solo imagine lo terrible que es oír que, a su esposo, con familia y seres queridos que lo reclamen, lo van a dejar en una fosa común como un desconocido sin familia. Hasta dónde se violan los derechos. El papá de mi esposo, venciendo todos los obstáculos posibles, viajó hasta Caracas a confirmar si el cuerpo que iban a enterrar era el de Jean Carlos. El lunes 24 de mayo su papá pudo llegar a la morgue, se entrevista con los abogados, lo llevan a la PTJ (hoy CICPC Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas) para que declarara algo sobre lo que él no tenía información alguna, lo querían obligar a eso. 

¾   ¿Y que respondió él?

¾   Que no tenía ninguna información. Mi esposo siempre mantuvo a todos en la familia al margen de lo que estaba haciendo; a él le dolía tanto su país, su familia y ver sufrir a la gente, que no quiso ponernos en riesgo a costa de su vida. No permitía que preguntara nada. A su papá lo llevaron a la morgue donde estuvo casi medio día. Uno conoce a sus hijos, por Dios, uno los conoce desde el primer momento. Él fue enfático al decir ‘no es mi hijo’. Aun así, querían que él aceptara que sí lo era. Después el abogado le dijo que firmara un documento donde dejara establecido que no reconocía en ese cadáver a su hijo y se podía ir. El papá de mi esposo insistió en que le hicieran una prueba de ADN para descartar la duda y, oh sorpresa, le dijeron que esa prueba no se la podían hacer al papá. Es la primera vez que oigo que la prueba de ADN no se la pueden hacer al padre. Le insistieron que debía ser un hermano, que no están en el país, o la madre, pero ella murió hace seis años. El papá insiste, y yo le creo, que ese no es su hijo.

Un grupo de los capturados por la Operación Gedeón

¾   ¿Después que él no reconoce el cuerpo como el de su hijo y se va, qué sucedió?

¾   Ese mismo día la abogada me dice que daría el número telefónico de la forense que estaba llevando el caso en la morgue porque necesitaban, aun cuando el padre se negó a reconocer el cadáver como el de Jean Carlos, para saber si yo podía aportar información adicional y saber si realmente era mi esposo.

¾   Si. Esa es la comisaria jefa Bermis Martínez, quien no debería decir que es forense, porque no lo es aun cuando esté en la directiva del Servicio Nacional de Medicina Forense (Senamef); ella es comisario del CICPC.

¾   No sabía. Yo pensé que era médico forense. Ella me indica que vuelva y le diga cómo pueden verificar que sea mi esposo. Se le dan todas las señales, pero ella me dice que ya ese día no podía hacer nada porque ya había salido de la morgue, pero que entre 9:30 y 10:00 AM de día siguiente verificarían porque el cuerpo estaba congelado. Al día siguiente, entre 10 y 10:30 AM la señora me llama y me dice que sí es mi esposo, pero no sé en qué se basó para eso si el día anterior no lo habían identificado y de repente dice que en media hora ya saben que sí es mi esposo. Me advirtió que si no entonces lo iban a dejar en una fosa común. La abogada me responde que tampoco pueden hacer nada.

¾   ¿Qué pasó después de ese día?

¾   En realidad, nada, hasta que el 2 de julio mi hija se comunica con la que creíamos que era médico forense y le pregunta por qué no han vuelto a llamar, qué ha pasado. Ella, Bermis Martínez, responde cinco días después, el 7 de julio y dice que los cuerpos fueron inhumados en el Cementerio La Guairita en Caracas y ‘cuando ustedes quieran, asumen los costos, hacen los trámites y reclaman el cuerpo’. Ni siquiera a un animal se le trata así.

¾   ¿Qué solicita usted?

¾   Exijo. Exijo respuestas, que se me dé razón de mi esposo. No es posible que pretendan dejar eso así; desapareció, murió, lo mataron y lo dejaron en una fosa común.

¾   ¿Los abogados le han dicho qué hay en los expedientes, en el Tribunal que lleva el caso Gedeón?

¾   Absolutamente nada. Entiéndame, yo psicológicamente estoy muy mal al no saber dónde está mi esposo ni que pasó con él. Después de todo esto le pregunte a la abogada qué debo hacer de aquí en adelante con lo que ha sucedido con mi esposo; yo tengo derecho como ser humano, como su esposa. Igual que su padre y sus hermanos. Ella me dijo que mi esposo no aparecía entre los nombres de la morgue, había un Víctor Castro y un cuerpo que no lo reconocían. Mi deber moral es saber qué pasó con mi esposo.

https://www.infobae.com/america/venezuela/2020/08/17/una-mujer-reclama-saber-el-destino-de-su-esposo-desaparecido-participante-en-la-operacion-gedeon-no-me-han-dicho-usted-ya-es-viuda-ya-lo-matamos/

El informe de Michelle Bachelet que causó indignación entre familiares de detenidos en la Dirección de Inteligencia del régimen de Maduro

Desde las medidas por el Covid-19, la situación ha empeorado. Desde marzo, solo familiares de algunos detenidos han recibido tres o cuatro llamadas muy cortas

Sebastiana Barráez/15 de Julio de 2020

@SebastianaB

 Tomado de Infobae

 

La tortura blanda y psicológica contra detenidos y familiares, la ausencia de chequeos médicos, el robo de los alimentos y agua potable, la ducha solo una vez a la semana, la prohibición de lecturas y actividades físicas, el encierro durante las 24 horas perdiendo la noción del día y la noche, con pérdida de memoria y de peso, sin ningún tipo de visitas de familias ni abogados. Así están los detenidos en los sótanos de la DGCIM. Es peor para quienes están en el sub sótano en la llamada Casa de Los Sueños. 

Michelle Bachelet

Desde las medidas por el Covid19, la situación ha empeorado; desde marzo, solo familiares de algunos detenidos han recibido tres o cuatro llamadas muy cortas. Les impusieron que para entregar alimentos, medicamentos o útiles personales no pueden acercarse a la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en Boleíta, Caracas; los obligan a llegar hasta un centro comercial retirado de allí donde unos funcionarios van a buscar los insumos.

Y si ya es difícil para quienes viven en Caracas, es una tragedia para los del interior del país, muchos de quienes no saben desde hace tiempo en qué condiciones está el preso, incluso no saben que han sido trasladados a otros sitios.

Pero eso no está reflejado de manera contundente en el nuevo informe de Verónica Michelle Bachelet Jeria, Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. Tampoco aparece en ningún párrafo que la Comisión de Delegados que dejó en Venezuela se ha negado a acompañar a los familiares cuando le han solicitado que los acompañen para pedir información o fe de vida de los detenidos. “Esos delegados también tienen miedo. Han preferido hacerles sonrisas a los funcionarios del Gobierno. Han resultado una gran decepción”, comenta la esposa de un oficial a Infobae

Otra de las mujeres consultada dijo: “Ella, Bachelet, tiene las denuncias. Muchos de nosotros nos arriesgamos a hablar con ella cuando estuvo en Venezuela, pero una cosa dijo ahí y otra lo que ha sucedido desde entonces. Las consecuencias para algunos ha sido castigos, incomunicación total y vaya a saber qué otros tratos”.

“Hace cuatro meses que los tribunales están cerrados, impidiendo que podamos hacer alguna actuación, pero para detener a la gente e imputarla para eso sí funcionan cada vez que quieren”, es la respuesta que da el representante de un oficial.

Coincidencia en el maltrato

Todos los consultados por Infobae coinciden en su indignación por el informe Bachelet. Una anciana considera que “ha sido el peor de los informes de la Alta Comisionada, no solo no dice nada de lo que está sucediendo en esos sótanos de tortura, sino que hasta alaba a la Fiscalía. Bachelet no solo perdió mi confianza, también mi respeto”.

Uno de los oficiales torturados en la DGCIM

A los detenidos en DGCIM por la Operación Gedeón les desaparecieron los alimentos y los medicamentos. “Con el cuento de que ellos iban a tumbar a Maduro, los han tratado de manera brutal, como si no tuvieran derecho a nada”, argumenta una de las personas consultadas.  

“La denuncia que colocamos ante Atención a la Víctima no tuvo respuesta por parte del Ministerio Público. El Defensor del Pueblo hace silencio”, es la crítica de una víctima.

Todas las denuncias coinciden en la poquísima cantidad de alimentos que les sirven a quienes están en esos sótanos y el robo de la comida que llevan los familiares, por lo que la pérdida de peso es alarmante de hasta 20 kilos. No salen al sol. No respiran aire limpio. Cero actividades recreativas. “Bachelet lo que ha hecho es acumular informes. En el del 4 de julio recomendó que los detenidos en esos sótanos fuesen trasladados. Si no han dejado entrar a sus delegados, menos han considerado sus sugerencias. Al contrario, ese lugar está ahora más hacinado que nunca”, es la agria expresión de uno de los familiares.

El padre de un oficial detenido coincide con muchos familiares de otros presos en que “hacemos un gran sacrificio para conseguir los alimentos ante la crisis que hay en Venezuela. Se los llevamos a mi hijo y en la DGCIM se roban la mitad o incluso todo, lo mismo ocurre con los medicamentos. Nos tratan de manera denigrante. Imagínese cómo deben tratar a esos muchachos que están indefensos en esos sótanos, en manos de gente mentalmente enferma. Esa señora Bachelet sale con ese informe lleno de tonterías, por lo menos en lo que a la violación de los derechos humanos de los recluidos en la Casa de Los Sueños”. 

Bachelet no mencionó nada ante la situación de los capitanes detenidos por los sucesos de Puerta Morocha (https://www.infobae.com/america/venezuela/2020/04/21/una-rebelion-encabezada-por-capitanes-de-la-guardia-nacional-intento-un-levantamiento-militar-contra-nicolas-maduro/) y mucho menos a la forma grotesca como murieron ocho, según dijo el Ministro Néstor Reverol, de la Operación Gedeón, cuyos nombres aun hoy en día no han sido dados a conocer oficialmente. (https://sebastianasinsecretos.blogspot.com/2020/05/a-tres-semanas-de-la-operacion-gedeon.html)

 Los puntos del Informe

La parte relacionada a la administración de justicia es lo más pobre del informe de Bachelet. Varias veces cita que fue “manifestado en sus informes anteriores”, con lo cual está demostrando que el Gobierno de Nicolás Maduro no ha tomado en cuenta para nada ninguna de sus solicitudes o sugerencias.

Funcionarios de DGCIM

Además, si bien es cierto que las referencias a los instrumentos legales, son importantes, en el informe parecen usarse más para rellenar espacio sin contenido. Además de citar lo que ya ha sido citado en muchas oportunidades. ““El ACNUDH identificó varios factores que socavan considerablemente la independencia del poder judicial, en particular, la inseguridad en la titularidad de los jueces, la inexistencia de un proceso transparente para su designación, la presión política que se ejerce sobre ellos (por ejemplo, en forma de amenazas de despido), la precariedad de sus condiciones de trabajo y las restricciones a su libertad sindical”.

La Comisión dice estar preocupada “por la falta de independencia que padece el sistema de justicia en Venezuela”.

A estas alturas Bachelet sigue repitiendo en sus informes “la inseguridad en la titularidad de los jueces, la inexistencia de un proceso transparente para su designación, la presión política que se ejerce sobre ellos (por ejemplo, en forma de amenazas de despido), la precariedad de sus condiciones de trabajo y las restricciones a su libertad sindical”.

Se refiere al decreto emitido por la Asamblea Nacional Constituyente de 1999 sobre “emergencia judicial”. “El ACNUDH ha sido informado de que la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha continuado basándose en dicho decreto para destituir a jueces por otros motivos”.

Muchas veces se lee en el informe las palabras “Al ACNUDH le preocupa” pero no hay una demostración de los logros de la Alta Comisionada ante las gravísimas denuncias de derechos humanos en Venezuela.

Bachelet sabe el sueldo de los jueces, y que eso “incrementa el riesgo de corrupción en todos los ámbitos y a todos los niveles de la administración de justicia” y también la composición del TSJ. “Según la información recibida, la mayoría no cumplía con los requisitos mínimos establecidos por la Constitución para ser magistrados”.

Y si algo demuestra lo genuflexo del informe, además de lo anteriormente citado, es al referirse a “inconsistencias y posibles consideraciones políticas en las decisiones del TSJ relacionadas con la Asamblea Nacional”, cuando hay diputados huyendo, asilados, presos, amenazados y perseguidos.

General Carlos Terán Hurtado, director de Investigaciones DGCIM

“Desde marzo de 2017, el TSJ ha retirado la inmunidad a 29 asambleístas de la oposición sin seguir el procedimiento dispuesto en la Constitución y sin el proceso debido”.

Menciona la preocupación por el uso de la jurisdicción militar para enjuiciar a civiles, como en el caso del dirigente sindical Rubén González. “En la jurisdicción penal militar venezolana, los jueces, fiscales y abogados son considerados militares en servicio activo, por lo que están sometidos a la disciplina militar y al principio de obediencia jerárquica”.

“Otra fuente de seria preocupación es el establecimiento de tribunales con competencia en delitos vinculados al terrorismo, que fueron creados en 2014 a través de un memorando interno del TSJ en lugar de mediante una ley de la Asamblea Nacional, y cuyos procedimientos judiciales no son compatibles con las garantías de debido proceso y el derecho a un juicio justo”.

                                            Tribunales Militares en Fuerte Tiuna, Caracas

“Su mandato no ha sido hecho público, las audiencias no son siempre de carácter público y están compuestos por jueces provisionales que son nombrados siguiendo procedimientos carentes de transparencia. El ACNUDH está también preocupado porque, desde 2018, se ha venido recurriendo cada vez más a estos tribunales para juzgar casos de relevancia política, incluyendo de militares”.

“Varias fuentes informaron al ACNUDH de que, cuando en las audiencias se daba cuenta a los jueces de casos de tortura o malos tratos, ellos solían responder que el examen de tales denuncias no formaba parte de su competencia a pesar de que la obligación de investigar cualquier alegato de tortura se encuentra tanto en la legislación nacional, como en los tratados internacionales de los que la República Bolivariana de Venezuela es parte”.

Bachelet durante su visita a Venezuela

Volvió a referir los casos de tortura, de 16, ocurrido entre junio de 2019 y mayo de 2020. Se refirió a las denuncias recibidas sobre torturas en la DGCIM: “fuertes palizas con tablas, asfixia con bolsas de plástico y productos químicos, inmersión de la cabeza del detenido bajo el agua, descargas eléctricas en los párpados y violencia sexual en forma de descargas eléctricas en los genitales. Las personas detenidas también estuvieron expuestas a bajas temperaturas y/o luz eléctrica constante, esposadas y/o con los ojos vendados durante largos períodos y sometidas a amenazas de muerte contra ellas y sus familiares”.

“A raíz de estas agresiones, desarrollaron problemas psicológicos, como depresión, insomnio, ansiedad, trastorno de estrés postraumático e ideas de suicidio, y físicos, como dolores crónicos, pérdida de sensibilidad en las extremidades, afecciones renales, hipertensión, lesiones oculares y pérdida de visión”.

https://www.infobae.com/america/venezuela/2020/07/15/el-nuevo-informe-de-michelle-bachelet-causo-indignacion-entre-familiares-de-detenidos-en-la-direccion-de-inteligencia-del-regimen-de-maduro/

Mandó a matar a una joven que lo había abandonado, un juez ordenó detenerlo, pero Nicolás Maduro lo ascendió a comandante

Manuel Salvador Parra Ramírez, quien tiene un juicio abierto como presunto autor intelectual del asesinato de Karla Stefanie Romero Quintero, logró el grado de teniente coronel. El Tribunal Supremo de Justicia frenó la causa

Sebastiana Barráez/5 de Julio de 2020

@SebastianaB

Tomado de Infobae

 

 Nicolás Maduro no se inmuta a la hora de destruir la moral de la institución militar venezolana. El día que ascendió a los integrantes de la Guardia de Honor Presidencial (Casa Militar) y a los de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) dijo que “Debemos sentirnos orgullosos de esta Fuerza Armada Nacional Bolivariana”. Y asciende a los dos oficiales que establecieron una plataforma de tortura que está vigente: al ahora teniente coronel de la Guardia Nacional Alexánder Enrique Granko Arteaga y al ahora general de brigada del Ejército Rafael Antonio Franco Quintero.

Salvador Parra celebrando su ascenso

Pero además también asciende al grado de teniente coronel (GNB) a Manuel Salvador Parra Ramírez, quien tiene un juicio abierto como presunto autor intelectual del asesinato de Karla Stefanie Romero Quintero, con quien tuvo amores hasta que ella decidió abandonarlo por otro hombre.

Parra pertenece a la II Promoción “Batalla Mata de La Miel”, de la EFOFAC, año 2003, la misma de Alexánder Enrique Granko Arteaga (https://sebastianasinsecretos.blogspot.com/2020/07/la-respuesta-de-maduro-al-informe-de.html)

Quizá como dijo el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, lo más importante es la lealtad. “Hay un valor dentro del mérito que se llama lealtad; la lealtad a la Patria, al pueblo, a los superiores, los compañeros y los subalternos, al sistema democrático que nos hemos dado, las autoridades y las instituciones”, dijo, pero lo que no mencionó el general en Jefe es la lealtad a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela a la Ley Orgánica de la Fuerza Armada, a las normas que rigen a la institución castrense y que prohíben que un oficial ascienda, ni siquiera sea considerado, cuando tiene expedientes abiertos.

El 9 de mayo del 2018 es asesinada a tiros, por dos motorizados, en el sector Pirineos de San Cristóbal, estado Táchira, la joven Karla Stefanie Romero Quintero, de 29 años, quien era estudiante del cuarto año de Derecho en la Universidad Católica del Táchira. Inicialmente se creyó que era un robo, pero con el tiempo empezó a surgir una hipótesis escabrosa y terrible, un hombre celoso, que se creía poderoso y protegido le quiso hacer pagar caro el rechazo de la chica.

La orden de apehensión contra el ahora comandante

Los sicarios que asesinaron a Karla son Jaiver Enrique Velasco Colmenares (quien usa la identidad falsa Arturo José Gómez Vásquez) y, quien conducía la moto, Enderson Daniel Hernández Vargas. Ellos mencionaron como autor intelectual al mayor de la Guardia Nacional Manuel Salvador Parra Ramírez, quien entonces estaba adscrito al Destacamento de Frontera 353 de Guasdualito, estado Apure; por el sicariato habría pagado 11 millones de pesos (3 mil dólares americanos).

Parra Ramírez le habría pedido a un subalterno suyo en Guafitas, estado Apure, guardia nacional Ledinsson Berkley Becerra Castillo alias El Mono, que le consiguiera a alguien que ejecutara el asesinato de la joven universitaria, con quien había tenido amores durante un año. Becerra contrata a Wilfrid Andrés Tovar Landetta, quien se encarga de ubicar a los dos sicarios.  

Maikel Moreno ordena que le envíen a él el expediente de Parra

El Ministerio Público estuvo representado por Lissette Caraballo, fiscal nacional en materia de Femicidio. La Juez Peggy María Pacheco de Araque. Ellas en realidad hicieron muy buen trabajo hasta que el presidente del TSJ ordenó que le enviaran a él ese caso donde el señalado como presunto autor intelectual es el ahora teniente coronel Parra Ramírez, quien llegó a la audiencia de presentación, ante la Juez Adriana Castro Torres, el 14 de agosto 2019, con tres abogados privados.

El 15 de octubre 2018, el Tribunal Primero de Control, Audiencias y Medidas del Circuito Judicial en Materia de Delitos Contra la Mujer de Táchira, ordena la captura del Guardia Nacional Becerra Castillo (31) y de Tovar Ladetta.

Varias han sido las protestas exigiendo justicia por Karla

El 15 de octubre 2018 la Juez Peggy María Pacheco de Araque emite orden de captura contra el oficial por el delito de Femicidio. Pero él no se presenta y no hubo autoridad que lo obligara pues es un protegido del poder, ya que pertenece a la Guardia de Honor Presidencial; él por fin va a la Audiencia de Presentación el 14 de agosto 2019.

Claro, ya había pasado cinco meses desde que el 6 de marzo 2019 el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Maikel José Moreno Pérez ordena que el expediente sea sacado de Táchira y enviado a Caracas donde permanece engavetado hasta que llega al tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control Nr. 06 del circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del estado Miranda, con sede en Los Teques, a cargo de la Juez Adriana Castro Torres.

 

Karla Stefanie Romero Quintero, la joven asesinada

No aceptó el NO

Manuel Salvador Parra Ramírez es un hombre casado que enloqueció por una joven universitaria. Un año de amores, hasta que la joven le dijo que no quería seguir; ella quería formalizar su relación con Juan Miguel Casanova, que estaba soltero y sin compromisos. Pero Parra era un hombre que derrochaba influencias, había estado durante muchos años en Casa Militar, junto al poder, entre los hombres de seguridad del entonces presidente Hugo Chávez. Para ese 2018 era comandante en Guasdualito, estado Apure. Le había regalado un costoso teléfono e incluso le dio parte del dinero para que comprara un vehículo.

No aceptó un no por respuesta de la joven. Los registros telefónicos le indicaron al Cuerpo de investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) que él la llamó infinidad de veces, le enviaba mensajes y empezó a acosarla; usaba una de las tres líneas telefónicas que tenía para ello, pero también se comunicó con quienes intermediaron para el sicariato. Va a San Cristóbal y le pide a la joven que se vean, quizá con el cuento de “por última vez”.

La familia de Karla pide justicia 

Es así como el 28 de abril 2018, acuerdan verse en un restaurante. Karla se presenta con un sobrino y un primo. Ella le contó después a su familia que en una mesa contigua había varios hombres a quienes el militar les pagó la cuenta con la excusa de que eran sus escoltas, pero no estaban uniformados. Esos hombres la habrían seguido desde entonces.

Uno de los sicarios que está preso contó que el asesinato se había planificado para el 5 de mayo, día en que el oficial tendría una coartada y por ello publicó una foto con su esposa declarándose amor eterno. Pero Karla estaba en La Fría, a unas horas de San Cristóbal, y los sicarios no pudieron matarla ahí,  hasta que lo hacen cuatro días después cerca de la residencia de la joven.

En un trabajo, por demás plausible, del CICPC quedó claro que el móvil no fue el robo, no solo porque solo se llevaron su teléfono dejando las prendas de oro que lucía y su bolso con dinero, sino porque descubrieron cómo los teléfonos de los sicarios estaban el 5 de mayo en La Fría y después el 9 en el lugar donde la mataron.

Se negó a seguir con Parra Ramírez y fue asesinada de dos tiros en la cabeza

Después de eso Tovar Landetta se va hacia Guasdualito, precisamente donde Parra Ramírez era comandante.

Hay que resaltar que el ahora teniente coronel Parra Ramírez tiene un hermano a quien pasaron de tropa a oficial activo, muy cercano al comandante general de la GNB general Zavarse Pabón. Está encargado de la harina Centinela que se surte en los alimentos CLAP a nivel nacional por la Guardia Nacional Bolivariana. Y tiene otro hermano que es sargento retirado con negocios en San Antonio del Táchira y Cúcuta (Colombia).

La familia de la joven asesinada, Karla Stefanie Romero Quintero, están exigiendo que la Fuerza Armada, especialmente la Junta de Ascensos y el Ministro Padrino López les explique cómo es que un oficial con expediente abierto por autoría intelectual de sicariato, logró ascender de número 6, según resolución 036583 del 2 de julio 2020.

https://www.infobae.com/america/venezuela/2020/07/05/mando-a-matar-a-una-joven-que-lo-habia-abandonado-un-juez-ordeno-detenerlo-pero-nicolas-maduro-lo-ascendio-a-comandante/

La encarnizada guerra interna por el control del poder llevó a la cárcel al jefe de Los Tupamaros

José Tomás Pinto Marrero, de 67 años, está preso después de que el Ministerio Público venezolano ordenó su detención por la muerte de un adolescente, cuyos restos aparecieron enterrados en el solar de una finca de su propiedad

Sebastiana Barráez

19 de Junio de 2020

@SebastianaB

Tomado de Infobae

El Movimiento Revolucionario Tupamaro (MRT) nace en la década de los ’80 y se convierte en el grupo génesis de los grupos Colectivos que en Venezuela nacieron en la populosa barriada 23 de Enero de Caracas. Su líder más visible ha sido su secretario general José Tomás Pinto Marrero, de 67 años, quien hoy está preso, después que el Ministerio Público ordenó su detención por la muerte de un adolescente, cuyos restos aparecieron enterrados en el solar de una finca de su propiedad.

Momentos en el que Pinto Marrero es detenido.

Pero no se trata solo de la caída de un hombre poderoso entre los grupos armados que han respaldado a la revolución bolivariana. Se trata de una jugada tras la cual está Tareck El Aissami, ministro del Petróleo, en su avance por el poder. “Aissami convenció a Hipólito para que le quitara el Partido a Pinto. Ahí empezó la pugna”, relata a Infobae uno de los colectivos.

Después aparece involucrado en esa situación de la muerte del muchacho. El problema es que Pinto se puso a amenazar con soltar la lengua de los negocios en el Ministerio y por eso lo callaron de una. Imagínate, eso pasa con él que se creía intocable y rodó, pero quedará como un capítulo más de la pauperización de la política venezolana”.

Destaca que “los tupas no son lo de antes” y relata que desde que Alberto El Chino Carías se les abrió, “quedaron sin brazo operativo y con poco poder de fuego”. A juicio de este líder Colectivo “quizá por el tiempo y los años Pinto se dedicó a hacer negocios y se distanciaron de los Colectivos. Se quedaron con pequeños grupos de escoltas”.

Finalmente considera que “su peor error fue que se le entregó al Partido Socialista Unido de Venezuela, distanciándose de los otros partidos que tienen algún peso político y de masas. Lo está pagando caro. De paso están dejándole claro a todos, que el poder es del PSUV y no van a compartir con más nadie”.

Hipólito Abreu el ministro de transporte que va por el MRT 

El 13 de junio, Pinto Marrero publica: “Es hora para desenmascarar los intentos genocidas del sector de Hipólito Abreu quienes han llegado a los extremos de la derecha desestabilizadora, pido al tribunal disciplinario sacar el audio donde este señor renunció al partido y busca destruirlo”.

Al día siguiente publica: “La intención de los conspiradores es clara, montamos el falso positivo para atacar moral y físicamente, obtener una declaración para judicializar, campaña mediática, nos apoderamos del partido y lo entregamos como franquicia, hay muchos actores en esto y muy pronto saldrá”.

El MRT para Hipólito

Oswaldo Rivero, alias “Mango”, sale en defensa de Pinto Marrero. Así es como el 15 de junio publica un hilo destacando que son una organización de izquierda, que seguirá luchando junto al pueblo. “No caeremos en la trampa de la derecha infiltrada en este proceso, no podrán ponernos en la acera del frente. Seguiremos luchando contra los poderosos económicos”.

Es por demás bastante significativo el punto cinco: “El movimiento revolucionario no es franquicia de hamburguesa, es una organización revolucionaria, por lo tanto esto no lo decide ni ministerio, ni institución burócrata”. Y finaliza diciendo: “El linchamiento moral contra nuestra organización continuará, lo sabemos vendrán ataques contra el MRT”.

El líder Tupamaro en un importante acto de Gobierno.

El 17 de junio, contra todo pronóstico, el líder de MRT Pinto Marrero fue detenido. Ante ello alias Mango, mucho más prudente, publica en sus redes sociales que existe un plan, sin atreverse a mencionar ideado por quien, pero que contempla “1- Ir al TSJ, introducir una demanda para apoderarse del partido Tupamaro. 2- Enlodar el nombre de la dirección política del MRT (asesinato, drogas, violación) falso positivo. 3- Linchamiento moral y mediático 4- Inhabilitados por la situación jurídica te quitan el partido”.

Aunque alias Mango no se atreve a explicar a quién se refiere con la “derecha infiltrada” y mucho menos quién quiere apoderarse del partido MRT, es porque no es precisamente al Ministro de Transporte, Hipólito Antonio Abreu Páez, a quien se refiere y quien desde el 14 de junio no aparece a pesar de los feroces ataques que ha recibido de quienes lo consideran traidor por querer apropiarse del MRT, ni se ha pronunciado por la detención de Pinto Marrero. El verdadero cuidado es con El Aissami.

La Fiscalía

La reacción mayoritaria de la organización ha sido pasar de solicitar a Tarek William Saab, Fiscal General designado por la Asamblea Constituyente, a exigirle respeto a la inmunidad del líder Tupamaro, Diputado al Consejo Legislativo del estado La Guaira, señalándolo de que “enjuicia y condena públicamente, violando la presunción de inocencia, actuando como juez”. MRT apenas está entendiendo que hace mucho rato la administración de justicia en Venezuela no respeta inmunidad alguna.

El 15 de junio, Tarek William Saab informa, a través de un pronunciamiento público: “Hemos solicitado órdenes de aprehensión contra José Pinto Marrero, José Fidel Blanco, Jesús Sánchez Roquett y Jesús Ibarra, por su responsabilidad en la muerte de un adolescente de 16 años, George Soto Berroterán”.

El MRT defensa de Pinto. Nadie se atreve a mencionar que 

detrás de la acción en su contra está El Aissami.

Dijo que las investigaciones determinaron que “la muerte del adolescente George Soto y las lesiones sufridas por Juan Romero fueron ocasionadas por los escoltas de Pinto y pescadores que actuaron premeditadamente bajo sus instrucciones. Esto debido a que todo ocurrió dentro de su propiedad, encontrándose él mismo a escasa distancia de donde se ejecutaban los hechos”.

Explico Saab que el 2 de junio, el pescador Juan Pablo Romero denunció haber sido agredido en la finca La Tupareña, y haber visto cómo golpeaban al adolescente desaparecido. “El 23 de mayo en la noche, José Pinto dio instrucciones a sus escoltas para que agredieran a Juan Romero hasta que éste admitiera haberse apropiado de mercancía y dinero producto de la faena pesquera”.

“Los escoltas sometieron y golpearon a Juan Romero con sus armas y exigieron al resto de los pescadores que también lo golpearan; entre ellos al adolescente George Soto Berroterán, quien se negó a hacerlo, lo que motivó que fuese objeto de golpes por parte de estos ciudadanos, quienes lo señalaron de ser cómplice en el hurto. Juan Romero logró escapar y se internó en la montaña”.

“El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas inició investigaciones y el 12 de junio halló una pequeña fosa sellada con concreto, una osamenta y sobre ésta un bolso con prendas de vestir y documentos personales del adolescente”.

Desde hace muchos años el líder Tupamaro José Pinto era señalado de varios delitos, incluso por el uso de armas de guerra, que en Venezuela sólo le está permitido a la Fuerza Armada Nacional. Jamás fue investigado. Ahora es denunciado, investigado, y detenido; todo en menos de dos semanas.

https://www.infobae.com/america/venezuela/2020/06/19/la-encarnizada-guerra-interna-por-el-control-del-poder-llevo-a-la-carcel-al-jefe-de-los-tupamaros/