Hace un año que un juez ordenó liberarlos, pero el Ministerio Penitenciario de Venezuela no respeta las decisiones de la justicia

 

Un ganadero y un capitán continúan presos a pesar de que la justicia ya ordenó su liberación en las causas por las que han sido arrestados

Sebastiana Barráez/ martes 23 de noviembre 2022

@SebastianaB

Tomado de Infobae 

Bronco Vengeles Bravo Silva y el capitán activo William Andrés Silva Jiménez tienen un año con boleta de libertad pero siguen presos en La Planta

La administración de justicia en Venezuela es relativa, ya no solo depende de los tribunales ordinarios o militares ni del Ministerio Público, de la orden que dé tal o cual funcionario con poder político, sino que al triángulo de tortura y violación de derechos humanos se suma el Ministerio de Asuntos Penitenciarios, que sigue siendo manejado por la diputada Iris Varela a través de la ministra Mirelys Contreras. Sebastiana Sin Secretos: “Yo recibo órdenes de Iris Varela”: la respuesta de la Ministra Penitenciaria de Venezuela ante el reclamo de seis detenidos con boleta de excarcelación. Lo grave es que el Ministerio no respeta la decisión de los tribunales, como ocurre con un ganadero y un capitán que tienen un año con boleta de libertad sin saber qué hacer con ella, porque sencillamente no hay funcionario que respete la decisión del Tribunal.

El Ministerio Penitenciario libera a detenidos sin orden judicial; lo empezaron a hacer cuando la entonces ministra Iris Varela inventó la Operación Cayapa y así le dio libertad a miles de presos comunes con delitos graves.(Sebastiana Sin Secretos: La-alarmante-liberacion-de-presos-en-venezuela-que-realiza-la-ministra-penitenciaria-con-la-excusa-de-medidas-ante-el-coronavirus/) Y lo siguió haciendo, mientras pasaba por encima de la Fiscalía y los tribunales; después que pasó a la Asamblea Nacional y dejó a su pupila en el Ministerio, ha seguido desde el parlamento decidiendo la libertad de los detenidos. Ha utilizado a los presos para actos políticos e incluso para ocupar fincas (Sebastiana Sin Secretos: Dueños de fincas señalan a la ex ministra Iris Varela y a un médico ex presidiario de estar detrás de la ocupación de fincas con privados de libertad).

Ministra Mirelys Contreras y ex ministra Iris Varela

El 16 de noviembre 2021, el juez Tercero de Control del estado Apure, José Antonio Méndez Laprea, emitió boleta de libertad de Bronco Vengeles Bravo Silva, preso en el Centro Penitenciario Yare III del estado Miranda, caso del la causa Nr. 3C-20.768-21. Destaca el juez que fue sobreseída la causa.

Los delitos que se le habían imputado a Bravo fueron: Traición a la Patria, según artículo 465 del Código Orgánico de Justicia Militar; espionaje, según artículo 471 numeral 5 del código mencionado; ultraje a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, del artículo 505; rebelión, según artículo 486.

Aunque ha pasado más de un año que debería estar libre, Bravo Silva sigue en El Rodeo II. El 8 de julio 2022, la juez Luisa Renee Garrido Traspalacios, en comunicación Nr. 135-22 enviada a la directora del Centro Penitenciario Rodeo II, hace saber que en su Tribunal de Terrorismo no hay ninguna causa penal contra Bravo Silva.

“De la revisión exhaustiva de la causa signada con el Nr. 3CT-065-21 se pudo evidenciar que el ciudadano (Bravo Silva) n se encuentra solicitado por esa causa, por lo cual las solicitudes de traslado del ciudadano se realizaron por error involuntario, debido a que el ciudadano fue mencionado en una de las actas procesales, no teniendo responsabilidad penal de las mismas”, suscribe la juez.

Bravo Silva tiene, en San Carlos de Cojedes, su casa de familia y una finca donde ceba ganado; en Elorza, municipio Rómulo Gallegos, Apure tiene otra finca con ganado de cría. En Apure, como mucho ganadero hace, paga a gente que se dedica a la crianza de los mautes. En los meses de octubre recibía en Apure los becerros destetados y los trasladaba a la finca de Cojedes; ese proceso de negociación puede durar unas semanas.

La juez Vanerkis Márquez deja claro que el capitán Rivas Jiménez tiene boleta de excarcelación y no hay causa contra él

El principio de su pesadilla

Marisol Tapias Toro alias La Patrona es ampliamente conocida en Apure por su relación con las entonces Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC); en esa época el Ejército venezolano toleraba sin problema alguno que ella en su finca había instalado un campamento de esa organización guerrillera. La Fuerza Armada de Venezuela (FANB) permitía que la autoridad la ejerciera esa guerrilla que después pasó a ser disidencias cuando se firma el acuerdo de paz en Colombia. El problema surge cuando el ELN desata la guerra contra las disidencias de las FARC por el control del territorio.

Tapias era una mujer con mucho poder, el de las armas y el dinero. En la zona se recurría a ella para negociar cualquier cosa y para intermediar en disputas. Muchos ganaderos y productores la consideraban la llave para resolver problemas locales. Bronco Vengeles Bravo Silva estaba en la finca de Tapias cuando funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), al mando de Juan Bautista García Arocha alias El Gavilán, llegaron y detiene a La Patrona, a tres empleados y a Bravo.

Los Dgcim preguntan de quién es una camioneta que está en el lugar, respondiendo Bravo Silva que es suya; cuando le piden abrirla, les dice que él está en esa finca para comprar unos becerros y que en la guantera del vehículo tiene el dinero. Cuando uno de los funcionarios pregunta, refiriéndose a Bravo Silva, qué hacer con él, la respuesta de El Gavilán fue “llevémoslo también para que haga bulto”.

La boleta de libertad de Bravo Silva tiene más de un año sin cumplirse

Todos son detenidos y los trasladan a la DGCIM de San Fernando de Apure; tres días después los trasladan a la DGCIM de Boleíta en Caracas, donde permaneció tres meses hasta que lo llevan a la cárcel militar de Ramo Verde, estado Miranda; tres meses después lo envían a la cárcel de Yare. Se celebra la audiencia en San Fernando de Apure, lo asiste un defensor público y el tribunal le da libertad plena.

Media hora después Bravo Silva está en un hotel con su hijo cuando llega el juez, con funcionarios de la Guardia Nacional y custodios de Yare, le dicen que debe llevarlo a la cárcel de Yare porque por allá el Ministerio Penitenciario le va a dar libertad. Todo fue un engaño.

Pasaron los meses y a Bronco Bravo no lo liberan. Lo llevan a la cárcel de El Rodeo, lo presentan, el 8 de julio 2022, ante el Tribunal de Terrorismo en Caracas; cuando la juez Luisa Renee Garrido Traspalacios menciona a todos los de la causa, menos a Bravo. El Fiscal y la juez buscan entre los documentos y reconocen que él no aparece ahí y le piden que salga de la sala porque él no tiene nada que ver en la causa que se sigue a los otros.

Tampoco lo dejaron en libertad, porque la juez dijo que eso lo decidía el Ministerio Penitenciario, y envió el oficio 135-22 a la directora del Rodeo II explicando que no hay causa contra Bravo Silva. Así pasaron casi dos meses más y no hubo ni siquiera respuesta de Ministerio Penitenciario al oficio de la juez.

Bronco Vengeles Bravo Silva reclamó su derecho a la libertad

El video

El 28 de agosto el ganadero preso graba un video denunciando que tenía boleta de libertad desde hacía más de ocho meses, haciendo un llamado al Ministerio Público, al Ministerio Penitenciario y a la administración de justicia para que se cumpla la decisión del tribunal y su excarcelación.

La venganza del Ministerio Penitenciario fue sacarlo de El Rodeo y enviarlo a la antigua cárcel de La Planta, Centro de Formación Hombres Nuevos “Simón Bolívar”, en El Paraíso, Caracas. A la familia de Bravo Silva le dicen que la orden final la da la ministra Mirelys Zulay Contreras Moreno.

El verdadero problema es que el Ministerio Penitenciario sigue siendo manejado por la exministra María Iris Varela Rangel, por lo que la verdadera titular del Ministerio retarda las decisiones hasta que no recibe la orden de la ahora vicepresidente de la Asamblea Nacional. El caso de Bravo no es el único, hay varios presos con boleta de excarcelación, con decisiones de Tribunales a quienes los carceleros se niegan a obedecer.

No es casual que de La Planta se fugaron, bajo el Ministerio de Iris Varela, varios narcos mexicanos (Sebastiana Sin Secretos: Tres mexicanos se escaparon de una carcel) cuando la excusa era que esa cárcel había sido especialmente asignada a presos extranjeros y así se lo hicieron creer a los delegados de la entonces Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michele Bachelet; en realidad se burlaron de esa comisión, porque esa cárcel solo ha servido para facilitar la fuga de delincuentes que pueden pagar mucho dinero, como los narcos.

Antigua cárcel La Planta donde hay una decena de presos con boleta de excarcelación

El capitán

La Planta es una fuente importante de financiamiento para los funcionarios, porque todo hay que pagarlo, incluyendo la libertad. También sirve para aislar y torturar a presos venezolanos, como ocurre con el capitán William Andrés Rivas Jiménez (Sebastiana Sin Secretos: La historia del capitán venezolano brutalmente torturado que fue juzgado dos veces por los mismos delitos), quien tiene boleta de libertad plena desde el 15 de noviembre 2021; lo han torturado en la cárcel de La Planta para que no denuncie sus derechos.

La verdadera razón por la que Rivas Jiménez está preso es por la retaliación del régimen venezolano contra un hombre muy cercano a Diosdado Cabello, el coronel Luis Augusto Piligra Jiménez, presidente de Lácteos Los Andes, quien fue detenido y enviado a los sótanos de la DGCIM, Caracas,  por hechos de corrupción en la empresa que presidía; no solo Piligra, su pareja y su hermano Pedro Álvarez Jiménez están presos porque eran parte de la empresa estatal de Lácteos, sino que lo grave es que han extendido la persecución contra familiares que nada tuvieron que ver con esos negocios.

Así como el capitán Rivas Jiménez tiene boleta de excarcelación desde el 15 de noviembre 2021, por un caso distinto también Bronco Vengeles Bravo Silva tiene boleta de libertad desde el 16 de noviembre 2021. Ambos hombres siguen detenidos demostrando que la justicia en Venezuela está en deuda y depende de que los carceleros abran la puerta cuando reciban la orden desde el más alto poder.

Hace un año que un juez ordenó liberarlos, pero el Ministerio Penitenciario de Venezuela no respeta las decisiones de la justicia - Infobae

“El ascensor” de tortura que la DGCIM transformó en cuarto para el sexo de quien paga con muchos dólares: los otros detenidos ni visitas tienen

 Las diferencias no están solo en el acceso a las relaciones sexuales. Las mujeres de los detenidos varían entre llegar con una cartera de lujo y zapatos de piel, mientras otras cargan los bolsos de tela o plástico con alimentos y agua. Están los presos que apenas reciben una llamada de pocos minutos a la semana, pero otros tienen celulares y equipos con películas pagas

Sebastiana Barráez/ jueves 17 de noviembre de 2022

@SebastianaB

Tomado de Infobae 

Mauro Alexis Bracho Suarez, funcionario del 

Ministerio Penitenciario

La Dirección General de Contrainteligencia Militar es un sitio de fuertes contrastes. El detenido que apenas recibe la visita de pocos minutos de su familia contrasta con el que paga altas sumas para la visita conyugal con su pareja o la prepago que alquila; para ello fue acondicionado “El Ascensor” que anteriormente sirvió para torturar a presos políticos y hoy es el lugar destinado para el sexo de los presos que pueden pagar altas sumas. Desde hace semanas se agudizó la tortura en la DGCIM que tiene dos autoridades:Mauro Alexis Bracho Suárez del Ministerio Penitenciario y el Teniente Coronel Marlon Iván Salas Rivas por DGCIM; los custodios son del Ministerio pero la función con los presos es compartida con el organismo de Inteligencia Militar.

Las diferencias no están solo en el acceso a las relaciones sexuales. Las mujeres de los detenidos varían entre llegar con una cartera de lujo y zapatos de piel, mientras otras cargan los bolsos de tela o plástico con alimentos y agua. Están los presos que apenas reciben una llamada de pocos minutos a la semana, pero otros tienen celulares y equipos con películas pagas. El preso que se alimenta con lo que le llevan o le dan en DGCIM, a diferencia del que recibe platos a la carta de restaurantes. El que no recibe atención médica y el que es enviado al Hospital Militar donde goza de ciertos privilegios.

Las revisiones en DGCIM son vejatorias, llegando incluso obligan a algunas mujeres a quitarse la ropa interior, revisarles los senos y las partes íntimas, les meten los dedos entre el cabello buscando si hay objetos pegados al cuero cabelludo. “No les importa si es una jovencita o una anciana. Buscan degradar, humillar, hacer más duro esta cruz que llevamos. Es gente asquerosa que pertende quebrar a los familiares de quienes están presos y sin derechos en la DGCIM”, le dice a Infobae la familia de uno de los detenidos en los sótanos.

En la minisalita que cubre “El Ascensor”, donde antes tenían a presos hacinados, fue remodelada y quedó un espacio vacío; a la izquierda hay una sala de baño, en la que colocaron una cama, que es usada por la pareja que entra para la visita conyugal. “Se paga mucho para poder tener sexo, pero encima de que es un lugar pequeñito, el colchón está tan usado que se le sale un resorte. Se lo hemos dicho pero no han querido cambiar el colchón”, le dice a Infobae una indignada mujer.

En esta imagen del plano que la Misión de Determinación de la ONU 

hizo sobre la DGCIM, se indica dónde está El Ascensor

El civil y el militar

Bracho y Salas descubrieron que las visitas conyugales son un negocio. “Las mantienen de muy bajo perfil”, dice un funcionario a Infobae. “Aquí hay algunos con mucho dinero por corrupción o por chanchullos y esos son los que pueden pagar las visitas a El Ascensor, el centro de tortura acondicionado para las visitas conyugales”, por lo que un sitio del horror es ahora el nido de amor de privilegiados.

Mauro Alexis Bracho Suarez, en el trabajo de presentación, de pocos minutos, para aspirar al doctorado en ecología del desarrollo humano, despliega la Constitución, la Ley, el respeto a los derechos humanos y el deber ser del trato y condiciones a un detenido. Pero lo que ha venido aplicando en la DGCIM, como representante del Ministerio Penitenciario, es todo lo contrario.

Bracho Suárez es un hombre de absoluta confianza y cercanía con la ex ministra penitenciaria y actual diputada, María Iris Varela Rangel, quien en realidad sigue manejando dicho Ministerio a través de la Abog. Mirelys Zulay Contreras Moreno.

El Teniente coronel Marlon Iván Salas Rivas, el Nr. 66 de la Promoción 2004 “General de Brigada José Leandro Palacios”, es el segundo jefe de Investigación en los sótanos de Dgcim Boleíta, es el mismo que en el 2019 le dijo a un conductor de CNN, que día después fue detenido: “tú eres uno de mi lista. Después que me mandaste la Ley de Amnistía, pasaste para esa lista gordo meregote. La v… la vamos a hacer al revés, primero vamos a eliminar las ratas en la frontera y después los vamos a buscar en las ciudades… Primero vamos por los traidores y después por sus cómplices… No los vamos a dejar, pedazos de ratas”, se oye decir a Salas.

Dinero o no hay derechos

Entre los privilegiados de Dgcim están aquellos con mucho dinero, casi siempre funcionarios de Petróleos de Venezuela (PDVSA) y otros civiles. La situación para los no privilegiados se puso peor desde hace unas semanas. La única visita de los sábados para Los Privilegiados duraba todo el día; a los que no pueden pagar solo se les permite dos horas Cuando un grupo de presos políticos le reclamó a Marlon Bracho esa situación de los que pagaban en detrimento de los otros, la venganza de Bracho y Salas ha sido brutal.

Las llamadas se han reducido a solo una por semana y por unos minutos. “Esa gente en los sótanos lo que respira es monóxido de carbono, porque son sótanos que sirven de estacionamiento de vehículos y motos de la institución. No sé por qué pero un buen día dieron la orden que ya no salieran al patio. También cuesta mucho tener teléfono y solo está permitido a quienes pagan altas cifras por eso”, revela a Infobae un funcionario de DGCIM.

Teniente coronel Marlon Iván Salas Rivas

Familiares de los detenidos han denunciado que no existen traslados a centros médicos, mientras que en el Hospimil le dicen a los pacientes que deben comprar desde la gasa hasta las radiografías.

En la visita no permiten que el familiar de un preso político se comunique con otro, ni siquiera que una familia salude a otra, porque si por educación se le ocurre saludar a un preso o a un familiar de otro, es sometido a un interrogatorio.

Solo permiten los libros que las autoridades conocen, que no son muchos ni muy profundos. Las misas de los domingos para los presos políticos fueron eliminadas. Los familiares deben llevar las sillas y mesa a la visita.

“Las llamadas telefónicas que se le permiten a los presos son grabadas y siempre debe haber un custodio presente. Está vetada la entrada de los representantes de ONU, Iglesia y Cruz Roja Internacional. Hay que tomar las fotos de los presos limpiando o cuando la visita de la Ministra Penitenciaria; un preso que se niegue a ser fotografiado es severamente castigado. Las ventanitas de la puerta Bachelet en la Casa de los Sueños es cerrada y así queda incomunicado el preso con compañeros de otras celdas”, dice el custodio que habló con Infobae.

Coincide en señalar que siguen en funcionamiento los cuartos de castigo, en las celdas 4 y 11, además de El Tigrito.

Bracho y Hospimil

Entre los hombres con más privilegios pagados en DGCIM está el general Alejandro Pérez Gámez, detenido por el caso de los drones en el atentado contra Nicolás Maduro, era el habilitado del General en Jefe Vladimir Padrino López para dotar a las Fuerzas Armadas de uniformes, armamento, otros. Y el ingeniero Pedro José León Rodríguez, ex presidente de Ferrominera del Orinoco, quien logró que los trasladaran al Hospital Militar como un salvoconducto. Ambos hombres poderosos económicamente pueden pagar por acceso a comodidad.

GD Alejandro Pérez Gámez y el ingeniero 

Pedro José León Rodríguez expresidente de Ferrominera

“Mandarse a hospitalizar con una patología inventada por Bracho y autorización médica de Boleíta y Hospimil, tiene un costo muy alto, porque ahí tienes visitas, incluso privadas, teléfono, hasta whisky. Hay un general Morales Guitian a quien Bracho envió al Hospimil dizque por un dolor de rodilla, después lo pasaron para una clínica privada donde estuvo varios meses y ahora goza de casa por cárcel. Todo eso cuesta mucho dinero, así se montó lo de Pedro León y el general Pérez Gámez”, dice a Infobae un custodio del Ministerio Penitenciario.

“El general Pérez Gámez, el ex petrolero Pedro León y otros de Pdvsa tienen más de un año recluidos en el Hospital Militar de Caracas, pero a presos que están con graves problemas de salud nunca los llevan; eso es porque los que pagan los envían al Hospital, porque ahí es más cómodo estar, pero cuesta mucho dinero”.

Ser enviado al Hospital Militar de Caracas también cuesta mucho dinero

“Hay un sargento, acusado de robo de sables de cadetes en la Efofac, quien recibe comida a la carta, visita de socios y consigue salvoconductos para que lo envíen al Hospimil”, finaliza diciendo el custodio.

En DGCIM, en la Casa de Los Sueños, está el médico gastroenterólogo Fidel Darío Ramírez Carreño, hermano del expresidente de Pdvsa, Rafael Darío Ramírez Carreño  y primo de Diego Antonio Salazar Carreño. Dieguito, como le dice RR, está preso en el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), donde ocupa una celda que acondicionó especialmente con ciertos lujos; tanto Fidel como Diego, aunque en lugares distintos de reclusión, pueden hacer uso del largo brazo del dinero.

https://www.infobae.com/america/venezuela/2022/11/17/el-ascensor-de-tortura-que-la-dgcim-transformo-en-cuarto-para-el-sexo-de-quien-paga-con-muchos-dolares-los-otros-detenidos-ni-visitas-tienen/

Dueños de fincas señalan a la ex ministra Iris Varela y a un médico ex presidiario de estar detrás de la ocupación de fincas con privados de libertad

Las víctimas denuncian un plan sistemático para robar propiedades y señalan a la entonces Ministra Penitenciaria de Nicolás Maduro

Sebastiana Barráez/ domingo 16 de octubre 2022

@SebastianaB

Tomado de Infobae 

Oigan lo que dice el doctor Dieguez y la ex ministra Iris Valera sobre las tierras de Yaguapita

“Estábamos amenazados y nuestros hijos también. Soy uno de los desplazados de Yaguapita”, dice uno de los casi 200 desplazados de varias zonas del estado Miranda. Lo que las víctimas narran indica que fue un plan orquestado para quitarles las propiedades, después que un grupo de delincuentes, apoyados por presos, robaban el ganado, entrabas a las propiedades, a robar y a golpear a los finqueros. Dos nombres son recurrentes en las denuncias: Iris Varela, entonces Ministra Penitenciaria y el urólogo Vicente Dieguez Salinas.

Nadie sabe explicar por qué el Ministerio de Asuntos Penitenciarios ingresa privados de libertad a las fincas desplazando a los pisatarios que llevaban décadas cultivando esas tierras. La cara visible y representante de Iris Varela fue el doctor Dieguez, a quien la entonces ministra nombró en varios proyectos: además de la relación estrecha entre ellos, está la instalación en comodato, en el piso 1 del Ministerio, de la clínica de Maribel Dieguez Salinas, hermana del mencionado urólogo.

La relación entre Varela y Dieguez habría surgido mientras el médico fue detenido y encarcelado por haberle encontrado en una clínica de su propiedad, medicamentos pertenecientes al Seguro Social. Pero además el doctor Dieguez es a quien Provea señala, en un reciente informe, de haber operado, dentro de una carpa y cerca de un basurero en el estacionamiento del hospital de Fuerte Tiuna, al general en Jefe Raúl Isaías Baduel, quien nunca se recuperó plenamente y murió hace un año. (Sebastiana Sin Secretos: Revelan que el general venezolano preso Raúl Baduel fue operado en una carpa antes de que su salud se deteriorara hasta su muerte)

Cada historia de los desplazados de Yaguapita varía, pero hay coincidencia en señalar en que “aún no hemos recuperado la finca”. Destacan que de un momento a otro empezaron a suceder numerosos robos, saqueo de las parcelas, las amenazas de que les harían daño a los dueños de fincas y a sus hijos. “Fuimos a colocar la denuncia ante diversos organismos. En la Fiscalía nos dijeron que era mejor que nos fuéramos de las fincas, porque no había garantías, en lo que a seguridad se refiere”.

Lo insólito es que con el tiempo una anciana, víctima de esos robos y amenazas, identificó entre los presos, a uno de los autores. “Empezamos a darnos cuenta que no fue una casualidad el aumento de la delincuencia en la zona, mucho menos la acción inocente de traer a los detenidos a nuestras parcelas. Parece un increíble complot que se montó contra nosotros para despojarnos de la tierra, que parara a manos de esos funcionarios, no se sabe con qué intención”.

La finca donde funcionaba Té Rutilo

La producción antes del desplazamiento era buena, según indican los parceleros. “Teníamos de todo; cerdo, gallinas, búfalos, yuca y había buenos proyectos para la ganadería. Los Molina sí tenían gran cantidad de ganado”.

Ante la pregunta de si antes de esa ola de robos, amenazas y saqueos hubo presiones para que salieran de las tierras, coinciden en señalar “se escuchaba que había ladroncitos por ahí, que donde sabían que había una escopeta entraban y las quitaban, pero nunca hubo muertos ni amenazas”.

Los presos que llevaron a la zona para ocupar las fincas no cumplieron la condena que tenían; recibieron beneficios para que saliera en libertad.

De la finca se hizo dueño el doctor Dieguez

Robos y amenazas

Uno de los afectados dice que “tuvimos que salir, porque amenazaban con matarnos y picarnos. Bajaban los transformadores de las fincas, porque cada parcela tenía su transformador propio. Además, empezaron a llevarse los cables. Fue evidente que la acción estaba muy bien coordinada, que nos llevó a hacer la denuncia y ahí empezaron las amenazas contra los hijos”.

De los hechos que más afectó a quienes habitaban la zona está la desaparición del hijo de Yeison González; ese muchacho no ha aparecido. Algunos parceleros reconocen que no tienen más opción que ir a sus fincas, porque no tienen más opción”.

La finca Thor del doctor Dieguez era la invadida Los Robles

La excusa del Ministerio Penitenciario, que entonces estaba en manos de Iris Varela, es que había mucha delincuencia en la zona, por lo que ellos llevaron varios presos con el argumento de que sembrarían la tierra.

“Los privados de libertad vinieron a robarse todo. Saquearon las fincas. El doctor Vicente Dieguez Salinas, así como funcionarios militares y policiales se quedaron con varias propiedades”.

Uno de los invasores vende objetos que robó de las fincas a través del whatsapp, publicando fotos de lo que pertenecía a las parcelas. “En toda la zona hay más de 200 parcelas, porque está Yaguapita, El Desparramadero, La California, entre muchos otros”.

En una de las fincas funcionaba el laboratorio de productos naturales llamado Té Rutilo, cuyo dueño es Giovanni Rutilo y su esposa Gleidys, incluso ahí también llegó, en junio 2020, el doctor Dieguez con los presos uniformados, desde la cárcel El Rodeo, y con un funcionario José Antonio Ramos Sojo. En un sonido se oye decir a la ministra que ella había entendido que la esposa de Rutilo les había dado permiso para llevarse algunas cosas. De esa finca se llevaron incluso los equipos del laboratorio.

El invasor principal, el que organizó todo para que las fincas fueran ocupadas, vende de inmediato la parcela que ocupó a la hermana de la abogada que lo estaba defendiendo. 

Uno de los invasores renuncia a su parcela y se la cede a la familia de la abogada que lo defiende

Ya fueron expropiados

En marzo 2016, en el expediente Nr. MP-329828-2016, ante la Fiscalía Octava del estado Miranda y la Novena Nacional, 14 dueños de fincas denuncian que fueron desplazados del sector Zona Ganadera Yaguapita y Desparramaderos primera y segunda etapa, parroquia Caucagua, municipio Acevedo, estado Miranda. Indican que las acciones en su contra las han tomado funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc), Comando Antiextorsión y Secuestro (Conas) y Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), conjuntamente con bandas comunes.

Varios de los afectados le dijeron a Infobae que el 30 de mayo 2020, funcionarios policiales y militares, presentándose como representantes de la entonces Ministra Penitenciaría, María Iris Varela Rangel, se reunieron con invasores de varias comunidades y les dijeron a los nueve productores que quedaban en la zona que todas las tierras de los desplazados quedaban firmemente expropiadas. “Serán ocupadas por comisarios y funcionarios, por orden de la ministra Iris Varela”.

En un sonido se oye a doctor Dieguez Salinas confirmar que trabaja para el Ministerio Penitenciario, lo que revela su relación con Iris Varela, la función que desempeñaba llevando presos para las fincas. “Quisiera reunirme con usted para devolverle su propiedad”, destaca el urólogo, quien más adelante afirma que “la persona que yo deje encargada realmente me dieron una información que no es la acertada”.

José Antonio Ramos alias Barranco, quien invadió fincas en la zona, se identifica como funcionario del Servicio Penitenciario pero aparece en el Seguro Social como parte de la empresa de la hermana del doctor Dieguez.

José Antonio Ramos Barrancos con custodios y guardas del servicio penitenciario

Ese día los funcionarios dijeron que supuestamente llevarían presos de las cárceles para limpiar las parcelas. “En realidad lo asumimos más como amenaza que creyendo que fuera a ser cierto”. Vecinos de la zona dudaron de la traída de los privados de libertad porque se estaban llevando a cabo actuaciones de tipo judicial, a la par que se ejecutaban ocupaciones con apropiación de bienhechurías.

En febrero 2019 el Fiscal Nelson Antonio Requena Márquez recibió denuncia de lo que estaba ocurriendo, pero tres años después, no hay conclusión del caso que afecta a gran cantidad de productores.

Uno de los productores revela que “lo que cayó sobre las tierras del municipio fue una mafia. Ahí se agarraron sujetos infraganti, con 10 o 15 reses que eran propiedad de los desplazados; se entregaban a la policía y al día siguiente ya estaban libres. Y cuando uno reclamaba le respondían que llamó el general tal y hubo que soltarlo”.

Los finqueros fueron detectando que no solo era la ahora diputada Iris Varela y el doctor Dieguez, también había militares; funcionarios del Instituto nacional de Tierras (INTI); además de integrantes de la estructura del PSUV, Ubch, consejos comunales.

Iris Varela recibió a algunos parceleros en su oficina y corroboró que Dieguez Salinas era el comisionado de la Comisión de Agricultura, a la vez que tildó de equivocación la toma de unas fincas, pero insistiendo en que había mucha finca abandonada, cuando en realidad sus dueños fueron desplazados.

A un privado de libertad apodado El Caimán lo dejaron cuidando la finca El Roble, que le cambiaron el nombre a Thor, que ocupó el doctor Dieguez Salinas. “Ahora entiendo por qué el día que murió el general Baduel, sacaron los animales y todo de esa finca”, le dijo a Infobae uno de los finqueros de la zona.

Dueños de fincas señalan a la ex ministra Iris Varela y a un médico ex presidiario de estar detrás de la ocupación de fincas con privados de libertad - Infobae

“Yo recibo órdenes de Iris Varela”: la respuesta de la Ministra Penitenciaria de Venezuela ante el reclamo de seis detenidos con boleta de excarcelación

A los seis individuos se los mantiene secuestrados en la instalación penitenciaria Hombres Nuevos Simón Bolívar

Sebastiana Barráez/ domingo 5 de junio 2022

@SebastianaB

Tomado de Infobae 

Seis hombres, entre ellos dos exfiscales, que se encuentran detenidos en la antigua cárcel La Planta de Caracas, le reclamaron a la ministra de Asuntos Penitenciarios, Mirelys Zulay Contreras Moreno, por no haber sido liberados, aun cuando ya cumplieron su condena. La excusa del Director de la cárcel para no liberarlos es que espera órdenes de ella; la respuesta de la ministra es que está esperando la decisión de la Vicepresidenta de la Asamblea Nacional y exministra María Iris Varela Rangel y del Ministro del Interior y Justicia, almirante en Jefe Remigio Ceballos Ichaso.

De der. a izq. Aníbal Souki (tapabocas azul), José Espejo (tapaboza rojo), Jorge Javier Peña (sin tapaboca) y José Jiménez.

El hecho ocurrió durante una visita al Centro de Formación Hombres Nuevos “Simón Bolívar”, en El Paraíso, Caracas, por parte de una comisión integrada por la Defensoría del Pueblo, Consejo Federal de Gobierno, Tribunal Supremo de Justicia, Defensa Pública y los Ministerios: Público, de Defensa, de Salud, las Comunas y Protección Social, Penitenciario e Interiores.

El recién estrenado Defensor Público, Daniel Augusto Ramírez Herrera, era el funcionario con la menor responsabilidad en la violación de los derechos de los seis detenidos que ya cumplieron su tiempo en prisión, porque tiene apenas unas semanas de nombrado.

La Comisión se convirtió en testigo de la violación de los derechos de los seis individuos a quienes se les mantiene secuestrados en la instalación penitenciaria Hombres Nuevos Simón Bolívar.

La comisión pasó por todas las celdas. Le preguntaron a cada uno por el caso que los afecta y siempre la respuesta fue: “tienen que esperar”. Después los llevaron a la cancha para el acto de creación de la Oficina Nacional contra los Tratos Crueles e Inhumanos.

Los presos pidieron hablar con la Ministra de Asuntos Penitenciarios. Tenían sus esperanzas en que la alta funcionaria por fin se informara de lo que sucedía con sus casos. En representación del grupo de los seis habló el exfiscal superior Peña, quien le dijo a Mirelys Contreras que ella está violentando la Constitución.

La Ministra le respondió: “usted cuando era funcionario ¿no recibía órdenes? Bueno, yo también recibo órdenes”.

La ministra conversa con Luis Alamo. director de la cárcel y el defensor (izq)

Discurso de la ministra

El nombre que agrupa a los funcionarios que fueron a la antigua cárcel La Planta es Comisión Nacional para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes. “Hemos desarrollado y ejecutado políticas públicas eficientes, humanistas, socialistas y científicas, donde se garantizan los derechos humanos de toda la población privada de libertad en total apego a nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, convenios, pactos y tratados en materia de Derechos Humanos, así como en las Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos (Reglas Mandela)”, dijo la ministra de Asuntos Penitenciarios.

Pero si algo causó respuesta de los detenidos fue cuando la Ministra aseguró que “el Estado venezolano cuenta con un Sistema Penitenciario digno, donde se han aplicado normas de conductas, inspiradas en la máxima disciplina social, dirigidas a la población privada de libertad”.

Iris Varela vicepresidente de la Asamblea Nacional y exministra del Servicio Penitenciario

Lo que está ocurriendo en esa cárcel y en otras del país, desmiente a la ministra Mirelys Contreras, quien no supo explicar que los exfiscales Javier Peña y José Jiménez, recibieron sobreseimiento por parte del Juez Cuarto de Terrorismo Máximino Márquez, durante la audiencia Preliminar del Caso del exalcalde del estado Anzoátegui, Carlos Vidal.

Menos aún la titular penitenciaria y los restantes funcionarios de la Comisión dieron respuesta al caso del capitán Rivas Jiménez, a quien la juez Claudia López, del Tribunal Primero de Terrorismo, le dio sobreseimiento en la audiencia Preliminar por no existir responsabilidad penal.

Todos presenciaron la Privación Ilegítima en que se ha incurrido con los seis. Y la excusa de la Ministra es inaudita porque demuestra no comportarse con autonomía en un tema demasiado sensible, con el derecho más importante, después de la vida, como es la libertad. No solo es que Contreras no dio respuesta a la violación al debido proceso de los seis hombres, sino que les dijo que había dos formas de esperar “por las buenas o por las malas”, amenazando veladamente con que podrían ser “castigados”.

Quiénes son

Los seis hombres que se encuentran detenidos, aunque les correspondería ya estar en libertad y que solicitaron ante la comisión que visitó la cárcel el cumplimiento de la Ley, son:

Aníbal Jacinto Souki Hernández, detenido el 8 de junio 2018, por el Caso Manos de Metal, dijo que él hace seis meses, el 17 de diciembre 2021, debió quedar en libertad.

A José Miguel Espejo Gómez, preso por el Caso Manos de Metal, le dictó el 5 de junio 2018, orden de detención el Tribunal Juzgado Tercero de Instancia, por el delito de contrabando de material estratégico, oro; fue capturado en diciembre 2018 y reclama que le correspondía salir en diciembre pasado. Su hermano Roberto Antonio Espejo Camacho habría huido hacia Brasil.

Muchas fotos y videos para la televisión pero no se cumple la Ley en ese recinto donde hay más de 100 hombres recluidos

David Jesús Lavado, detenido por los casos relacionados Mercal y la Corporación Única de Servicios Productivos y Alimentarios (Cuspal), hace casi dos meses que debió salir en libertad.

En el caso del exfiscal José Gregorio Jiménez Díaz fue acusado por los delitos de corrupción propia agravada y asociación, en el caso del exalcalde de Anzoátegui, Carlos Vidal. Fecha 28 abril 2022.

Otro fiscal detenido por el caso del exalcalde Vidal, es el exfiscal Superior del Delta Amacuro, Jorge Javier Peña Contreras. Reclama su libertad desde el 29 de abril 2022.

Y el capitán (Ej) Williams Andrés RIvas Jiménez, quien desde el 17 de noviembre tiene boleta de excarcelación.

El convencimiento de los detenidos en esa cárcel es que ni la Defensoría ni la Fiscalía les haría respetar el derecho a su libertad. Poco a poco el maquillaje de la visita se fue corriendo, se quedó en la transmisión televisiva y las palabras bonitas, pero la realidad sigue siendo la misma en esa cárcel.

“Yo recibo órdenes de Iris Varela”: la respuesta de la Ministra Penitenciaria de Venezuela ante el reclamo de seis detenidos con boleta de excarcelación - Infobae

La lapidaria carta de un reconocido abogado al gobierno de Maduro: “Le impiden a los venezolanos tener acceso a las garantías constitucionales”

Natalio Valery denunció ante el presidente de la Asamblea Nacional que la modificación de varias leyes convertirá al país petrolero en un "Estado sin Ley"

Sebastiana Barráez/ lunes 20 de septiembre 2021

@SebastianaB

 

Tomado de Infobae 

A través de una lapidaria misiva, el reconocido abogado penalista, Natalio Valery Vásquez, le expresa a Jorge Jesús Rodríguez Gómez, ante la modificación de varias leyes (https://www.infobae.com/america/venezuela/2021/09/19/la-burlona-reforma-de-las-leyes-con-las-que-el-chavismo-quiere-hacer-creer-que-respetara-los-derechos-humanos/ : “Sí usted quiere ver la realidad, vaya a las estadísticas de los casos resueltos por Jueces, Fiscales del Ministerio Público y Defensores Públicos: Todos son acuerdos y admisión de los hechos, para complacer a la Ministra María Iris Varela Rangel, quien torció el derecho para convertir la República Bolivariana de Venezuela, en un Estado sin Ley”.

Abogado penalista de jurisdicción ordinaria y militar, Natalio Valery Vásquez

Natalio Valery se dirige al presidente de la Asamblea Nacional, según expresa, “en virtud de sus reiteradas apariciones por las redes sociales, donde usted se promueve anunciando importantes decisiones sobre el Código Orgánico Procesal Penal (COPP)”.

Y subrayó lo que la Asamblea Nacional chavista resalta como las importantes reformas: 1) Se aprueba reforma parcial del COPP, en la cual se profundizan las garantías procesales y la protección de los DDHH de los justiciables. 2) Se regula la apelación con efecto suspensivo, solo se podrá ejercer en la audiencia preliminar y únicamente sobre delitos graves. 3) No podrá ejercerse contra la sentencia absolutoria en juicio que otorgue la libertad del acusado.4) Proporcionalidad de las medidas de coerción personal (art 230). 5) La medida de privación de libertad no podrá exceder los dos años; se podrá conceder una única prórroga por el lapso de un año. 6) Bajo esta premisa ninguna persona debería estar más de 3 años privado sin ser penado. 7) Se reducen los lapsos para la investigación y los lapsos entre diferimiento de las audiencias. Ejemplo: suspendida la audiencia preliminar deberá fijarse en los próximos 5 días. 8) Deben establecerse en las sedes de los tribunales penales oficinas del Ministerio de Asuntos Penitenciarios; de esta forma se agilizarán los trámites de ingreso y egreso de privados de libertad (Ejecución de boletas de excarcelación).

“Antes de dar mi explicación, le digo que no hay necesidad alguna de reformar el Código Orgánico Procesal Penal (COPP), porque ya la abogada María Iris Varela Rangel, como Ministra Penitenciaria, había impuesto su voluntad sobre los Jueces Penales de Venezuela, creando un desorden procesal, originando la ausencia de Estado de Derecho”.

Iris Valera, vicepresidente de la Asamblea Nacional dio poder a los pranes y ordenaba traslado y liberación de presos

“En consecuencia, los abogados privados fueron excluidos, y los jueces penales, fiscales del Ministerio Público y defensores públicos pasaron solamente a ocupar unos cargos, sin posibilidad de aplicar sus conocimientos, al calor del debate judicial de las partes, como debe ser cuando hay Estado de Derecho”.

Los cómplices

"Los que por vocación nos graduamos de abogados, lo hicimos para ejercer nuestras profesiones y ganar o perder con dignidad en el debate judicial”, destaca Valery Vásquez quien es abogado en ejercicio, en la jurisdicción ordinaria y militar, y fue en el pasado Juez Quinto de Instrucción del Distrito Federal y estado Miranda, Inspector de Tribunales, Asesor Jurídico del Grupo 4 de la Casa Militar, asesor jurí­dico de la presidencia de la Cámara Municipal del Distrito Capital en Caracas. Ha recibido múltiples reconocimientos de instituciones civiles y militares.

Es autor de varias publicaciones: El Recurso de Casación Penal Venezolano, Código de Enjuiciamiento Criminal comentado y concordado, la Ley Bajo Fianza de Cárcel Segura, Tú defensa frente al delincuente y tus Derechos ante las Autoridades, Defensas Penales, entre otras.

Dice el jurista Valery Vásquez que “desde el Ministerio de Asuntos Penitenciarios, se ordenaba la libertad de procesados, pasando por encima de la majestad de los jueces y fiscales del Ministerio Público, mientras hacían cómplices a los defensores públicos de esas aberraciones jurídicas”.

Gran cantidad de presos, algunos muy peligrosos, han sido dejados en libertad

A su juicio “el problema no es el Código Orgánico Procesal Penal (COPP), el problema es ustedes cómo gobierno, que le impiden a los venezolanos tener acceso a las garantías constitucionales, las contenidas en el COPP, otras leyes y tratados y convenios internacionales suscritos con Venezuela”.

Es enfático al decirle a Rodríguez Gomez “ustedes no pueden establecer, en las sedes de los tribunales penales, oficinas del Ministerio de Asuntos Penitenciarios, porque están irrespetando la majestuosidad de nuestros jueces”.

“Si realmente tienen intenciones de remendar el capote, en las decisiones de la Justicia Penal en la República Bolivariana de Venezuela, no tiene que interferir el Ministerio de Asuntos Penitenciarios, y la mejor forma de que pueda empezar a aflorar el Estado de Derecho, es que se respete la decisión del reo o imputado de nombrar o elegir a su abogado defensor sea privado o no”.

Resalta que el abogado tiene el derecho de cumplir sus funciones sin obstáculos en los organismos policiales, o políticos como la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), dónde se encuentre recluido”, finaliza la comunicación del doctor Natalio Valery Vásquez.

Órdenes de Valera

Cuando en abril del año pasado, y con la excusa de controlar la expansión del Covid19, la entonces Ministra para el Servicio Penitenciario, abogada María Iris Varela Rangel, liberó a 382 presos del Centro Penitenciario de Tocuyito, estado Carabobo, lo hizo basándose en el Régimen de Confianza Tutelado, establecido en el Código Orgánico Penitenciario. Lo hizo frente a funcionarios del Poder Judicial, Defensa Pública y Ministerio Penitenciario.

Lo que entonces impuso Varela Rangel, quien es la actual Vicepresidente de la Asamblea Nacional oficialista, fue pasar por encima de la Constitución, como lo ha hecho desde que Hugo Chávez la colocó al frente del entonces recién creado Ministerio Penitenciario.

Los pranes tienen un ejército armado en varias cárceles de Venezuela

Varela liberó a esos 382 presos, asumiendo las funciones de juez, fiscal y defensor. El diario Últimas Noticias, uno de los medios de propaganda del régimen venezolano, publicó que ‘Varela se sentó en la oficina del director y comenzó a revisar cada uno de los expedientes correspondientes a los reos beneficiados. Pasado el mediodía, paró 15 minutos para almorzar una ensalada de atún con galleta dietética. Ya entrada las 3: 30 pm, salió al patio central donde estaban los presos beneficiados. A cada uno fue llamando por su nombre y apellido para entregarle un acta que debían firmar. A las 9pm, salió del centro penitenciario y en las afueras fue aplaudida por familiares de presos que plenaron la avenida’.

No era un hecho inédito, unas semanas antes, ya había otorgado boletas de excarcelación a 122 de los presos recluidos en los Internados Judiciales Rodeo II y Rodeo III, Guatire, estado Miranda.

La excusa del Régimen de Confianza Tutelado es favorecer a los presos con sentencia por delitos de menor gravedad, que han cumplido el tiempo de condena suficiente para optar a medidas alternativas al cumplimiento de la pena, pero que no hayan sido otorgadas por los tribunales correspondientes; los procesados que reciben ese beneficio son aquellos cuyos delitos tienen penas que no exceden los ocho años de condena.

Iris Varela, quien sigue manejando, por debajo de cuerda el Ministerio Penitenciario, primero inventó el Plan Cayapa, con el que dejó en libertad a gran cantidad de personas, algunas con delitos graves. El año pasado liberó presos con la excusa del COVID y a cambio se ha ganado la lealtad de muchos de los ex presidiarios y sus familiares.

La lapidaria carta de un reconocido abogado al gobierno de Maduro: “Le impiden a los venezolanos tener acceso a las garantías constitucionales” - Infobae