En medio del luto nacional en Venezuela, denunciaron el saqueo de propiedades de un ex alcalde opositor en el exilio

Francisco Javier Oropeza Álvarez denuncia que, tras el "aseguramiento" de Agropecuaria Bariquigua y de los diarios El Carabobeño y El Diario de Lara, por parte de cuerpos militares, fueron sustraídos semovientes, maquinaria agrícola, equipos de impresión, mobiliario y otros bienes, sin control judicial conocido. La acusación involucra a funcionarios militares, administradores designados y particulares, mientras las propiedades permanecían bajo custodia oficial. 

Sebastiana Barráez/ miércoles 1 de julio 2026
Tomado de Infobae

Francisco Javier Oropeza Álvarez, ex alcalde y ex diputado, se encuentra en el exilio.

A solo cuatro días de los terremotos registrados el 24 de junio de 2026, una de las tragedias más graves de las últimas décadas en Venezuela, un nuevo episodio coloca en el centro de la controversia a propiedades vinculadas al exalcalde opositor Francisco Javier Oropeza Álvarez. Un lote de animales confiscado en la Agropecuaria Bariquigua fue sacado de una finca del municipio Torres. Al día siguiente, en la sede de El Diario de Lara, en Barquisimeto, también de su propiedad, aparecieron avisos de la Gran Misión Venezuela Mujer, un programa estatal.

El Teniente Coronel Roidember Rodríguez Pérez era el comandante del GAES 12 de Lara del CONAS.

En conversación con Infobae, Oropeza Álvarez, oriundo de Carora, se pregunta con qué orden se asignaron bienes de su propiedad a un programa de la revolución bolivariana. Y más llama la atención que eso ocurra mientras el país está de luto, profundamente conmovido y con la expectativa que se siga rescatando a las personas tapiadas en Caracas y La Guaira, así como otras zonas del país.

En el acta del CONAS se especifica que la orden para asegurar El Caroreño fue presidencial.

Oropeza ha sido diputado en dos oportunidades y ganó por segunda vez la alcaldía del municipio Pedro León Torres, estado Lara, en el 2021. Es presidente de Agropecuaria Bariquigua, C.A., empresa registrada el 22 de abril de 1994 y propietaria de las fincas Bariquigua y Copacoa. También preside los medios impresos El Caroreño y El Diario de Lara, fundados en 2001 y 2006, respectivamente.

Por su apoyo a la líder de la Oposición María Corina Machado, Oropeza fue perseguido por el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), creando excusas para detenerlo hasque verse obligado a salir al exilio después de las elecciones presidenciales de 2024. Desde entonces, sostiene que sus propiedades quedaron en “resguardo” de la Guardia Nacional Bolivariana, pero que, en lugar de preservarse, fueron saqueadas y desmanteladas. Entre los bienes sustraídos menciona rotativas, maquinaria, equipos agrícolas y ganado de alto valor genético.

Honorio Gutiérrez, alias El Moñoño, presidente del matadero Municipal de Carora.

El inicio del aseguramiento

De acuerdo con el relato de Oropeza, no existía medida judicial ni orden conocida del Ministerio Público cuando, el 7 de agosto de 2024, funcionarios del Grupo Antiextorsión y Secuestro (GAES), adscrito al Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas), llegaron a “asegurar” el edificio sede del diario El Caroreño.

En el acta de aseguramiento del Conas, según la denuncia, los funcionarios señalaron que actuaban “cumpliendo instrucciones y lineamiento presidencial” y argumentaron que en el lugar se habría consumado el delito de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. El inmueble fue recibido por el capitán Dionny José Uzcátegui Cabello, luego del procedimiento encabezado por el capitán Bernardo Chía Avella y los sargentos Luis Nadal Pérez, Pastor Arrieche Gutiérrez y Yanki Soto.

Al día siguiente, 8 de agosto de 2024, Uzcátegui Cabello acudió a las fincas Copacoa y Bariquigua, donde se encontró con una comisión de la Guardia Nacional Bolivariana al mando del primer teniente Albenis González Rivero, también se menciona al SM3 Fernando Bastida Cuevas. En conjunto, procedieron a “asegurar” las fincas Copacoa y Bariquigua de Agropecuaria Bariquigua.

Teniente Christopher Duque Camargo del CONAS Lara.

Custodia y sustracción

En las fincas, los funcionarios encontraron una casa de dos pisos con mobiliario y electrodomésticos, además de bicicletas, motos, bomba de agua, planta eléctrica, tractores, empacadoras, embutidora, abonadoras de fertilizante, vagones, zorras de carga, cortadores, trompo de batir concreto, tractomula, pala niveladora, rastrillos y romana, entre otros equipos.

Oropeza afirma que, desde esos inmuebles “asegurados”, funcionarios habrían sustraído bienes muebles y semovientes sin autorización ni control judicial. Señala además que, tras el traslado del capitán Uzcátegui Cabello, el mando del Conas Carora quedó en manos del teniente Christopher Duque Camargo, a quien atribuye responsabilidad sobre los bienes que permanecían en las propiedades.

“Tenemos conocimiento de que en un vehículo tipo grúa plataforma, placa AO1A03Y, fueron sacados la planta eléctrica, equipos de computación, impresoras, mobiliarios y otros enseres de nuestra empresa, y llevados a las instalaciones del Conas Carora, con lo que dotaron esas instalaciones por orden del teniente Duque Camargo”, dice Oropeza Álvarez en conversación con Infobae.

Ese mismo 8 de agosto de 2024, según el denunciante, se ejecutó un procedimiento similar en la sede de El Diario de Lara, ubicada en Barquisimeto.

Coronel (GNB) José Francisco Calzadilla Cabriales, alias El Picure.

Graves actuaciones militares 

A cargo de las fincas quedaron el teniente coronel Roidember Rodríguez Pérez, comandante del GAES 12 Lara; el coronel Omar Gustavo Meléndez Herrera, comandante del Destacamento N° 122 de la GNB de Carora; los tenientes González Rivero y Arriechi; y los sargentos Franklin Aníbal Castillo, David Pastrán García, Goyo, Escalona y Chacón.

Bajo responsabilidad de esos funcionarios, sostiene Oropeza, fueron sustraídos bienes como bombas y cables sumergibles para pozos, equipos de ordeño, implementos agrícolas, aires acondicionados, televisores, bicicletas, bombas de inyección de tractores, plantas eléctricas, motos, mangueras, alambre, 300 cestas rojas, 10 monturas de caballo, motobombas de agua, medicamentos veterinarios, mobiliario, equipos de oficina, una nevera, miles de litros de gasoil y equipos de nivelación láser.

El exalcalde también denunció la desaparición de 30 caballos cuarto de milla y el sacrificio de 50 reses bovinas en el matadero municipal de Carora. Afirmó, además, que el sargento Franklin Aníbal Castillo habría vendido becerros a Gilberto José Chuello Porteles.

Oropeza le dice a Infobae que identifica “como últimos responsables de resguardar las instalaciones a los sargentos Lindo Dorante y Segundo Rojas”. Sobre ellos, afirma que Dorante habría sido “cómplice de varios robos”, mientras que Rojas, según su versión, “fue un hombre honesto” y tendría pruebas sobre los hechos ocurridos dentro de las propiedades.

Coronel Omar Gustavo Meléndez Herrera era el Comandante del Destacamento N° 122 de la GNB de Carora.

Extracción de ganado 

En noviembre de 2024, Eugenio Enrique Juárez Herrera, veterinario en reproducción animal de Agropecuaria Bariquigua, asumió la administración de la empresa por decisión del coronel Meléndez Herrera, según Oropeza. El 11 de marzo de 2025, Juárez y Meléndez habrían escogido 40 mautes sin hierro en la finca Copacoa, hecho que, según la denuncia, quedó registrado en video. Tres días después, otros 40 mautes habrían sido sacados en transportes vinculados a Alexis Mendoza, conocido como “El Chispeado”, y a Carlos Álvarez, propietario de Alimentación Carora.

Oropeza sostiene que esos semovientes, valorados en 50.000 dólares, fueron trasladados a la finca La Alianza, en el sector Pico e Gallo, parroquia El Blanco, municipio Torres, propiedad de Alfredo Salvador Rodríguez Benítez y Alí Gerardo Torrealba Torres.

También afirma que Juárez Herrera habría amenazado a trabajadores con detenerlos si se comunicaban con los dueños de Agropecuaria Bariquigua. En enero de 2026, según la misma versión, Alfredo Salvador Rodríguez Benítez y el veterinario David Bladimir Camacaro Juárez, primos de Eugenio Juárez, sacaron de La Alianza un lote de 25 de los animales de la agropecuaria de Oropeza.

La denuncia agrega que, en agosto de 2025, Juárez Herrera seleccionó animales Senepol puros y, presuntamente en complicidad con Juan Miguel González, sacó 154 ejemplares en camiones de este último. Los animales habrían sido trasladados a una finca del coronel de la GNB José Francisco Calzadilla Cabriales, alias “El Picure”, en el estado Monagas.

Posteriormente, según Oropeza, fueron extraídos otros 25 animales entre toretes y mautes sin hierro, a los que se les habría colocado el hierro fresco de otro propietario antes de embarcarlos en un camión de “El Chispeado” con destino a una finca en Moroturo, cerca de la alcabala de Santa Inés, en la parroquia Urdaneta.

Oropeza también denunció, en la conversación con Infobae, el sacrificio de 50 reses entre vacas y novillos en el matadero municipal de Carora, presuntamente por orden del veterinario Eugenio Juárez y sin guías de movilización. Según su relato, los animales fueron recibidos sin documentación reglamentaria y sanitaria.

El balance presentado por el exalcalde eleva a 391 los semovientes sacados en camiones, sin contar otros animales trasladados sin transporte. A esa cifra suma el presunto robo de 500 ovejas y 400 cabras, atribuido a órdenes de Eugenio Juárez y a custodios de la GNB.

Sargento Chacón, y el sargento Dorante.

Valor histórico y genético

La Hacienda Copacoa, recuerda Oropeza, pertenece a una tradición familiar de más de 200 años y está vinculada al origen de la raza Carora. Según el denunciante, fue fundada por su bisabuelo materno, Ramón Herrera Oropeza, y alcanzó un valor genético reconocido por el Estado venezolano: en 1989 fue decretada como patrón racial y en 1992 declarada Patrimonio Nacional de Venezuela.

Oropeza sostiene que maquinarias e implementos agrícolas de su propiedad fueron utilizados en la parcela Vallo y acusa a los hermanos Luis y Jairo Ramírez de beneficiarse de ese uso. Según su versión, los equipos sufrieron daños irreparables.

Oropeza afirma que en El Caroreño fue arrancada y retirada una rotativa marca Goss Community, junto con equipos de preprensa, computadoras Apple de última tecnología, mobiliario, repuestos, insumos, tintas, papel prensa, plantas eléctricas, equipos domésticos, motos eléctricas, vehículos y prendas personales de su esposa e hijas.

En El Diario de Lara, ubicado en Barquisimeto, Oropeza atribuye la operación al teniente coronel Roidember Rodríguez Pérez, comandante del GAES 12 Lara. Según su denuncia, allí fueron desmantelados el sistema eléctrico de la rotativa Goss Urbanite, equipos de prensa, insumos, tintas, papel, computadoras Apple, mobiliario, montacargas, motores eléctricos y otros enseres.

“Ha habido una asociación de civiles y militares para delinquir y cometer hechos irregulares con bienes de propiedad particular de Agropecuaria Bariquigua”, afirma Oropeza. Hasta ahora, su denuncia se presenta como una acusación pública que apunta a la necesidad de una investigación formal sobre el destino de los bienes, el manejo de las propiedades bajo custodia y la eventual responsabilidad de funcionarios y particulares señalados.

https://www.infobae.com/venezuela/2026/07/01/en-medio-del-luto-nacional-en-venezuela-denunciaron-el-saqueo-de-propiedades-de-un-ex-alcalde-opositor-en-el-exilio/

Denuncian que un periodista chavista encarcelado hace un año está en sillas de ruedas y sin atención médica

 

Ramón Jesús Centeno Navas, un ex dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela, y su amigo Gabriel Enrique Zambrano Guerra están imputados por tráfico de influencias, usurpación de funciones y asociación porque pretendieron entrevistar a unos narcodiputados. Su familia denuncia la violación del debido proceso e irrespeto a la condición humana

Sebastiana Barráez/ jueves 2 de febrero 2023

@SebastianaB

Tomado de Infobae 

La voz de la supuesta investigadora hablando sobre el caso Centeno y Guerra

Cuando el 23 de enero 2023, el periodista Ramón Jesús Centeno Navas y su amigo Gabriel Enrique Zambrano Guerra, fueron trasladados al Tribunal les informaron que la audiencia fue suspendida y se reasignó para el 9 de febrero. Ellos están imputados por tráfico de influencias, usurpación de funciones y asociación, porque pretendieron entrevistar a unos narcodiputados del chavismo en el Comando Nacional Antidrogas. Hoy hace un año que el periodista y su amigo fueron detenidos, acumulando una larga lista de violación a sus derechos humanos y al debido proceso.

Muchos periodistas en Venezuela han sufrido ataques, amenazas, censura, acciones en tribunales y cárcel; al convertirse en objetivos del régimen bolivariano o de algún funcionario de la revolución, son víctimas de los cuerpos de seguridad y de las instituciones encargadas de administrar justicia en el país. Ese problema se agrava por la polarización y al no diferenciar la actuación política de la profesional de un periodista. En el caso de Centeno Navas es peor, porque ni siquiera se ha activado entre sus amigos de partido y mucho menos entre los periodistas del oficialismo, ningún tipo de solidaridad. Todos parecen temer a las consecuencias que puede traerles exigir justicia o solidarizarse con quien hasta hace un año era compañero de partido o colega de medios oficialistas.

El día que se presentó a la fallida audiencia, Centeno no recibió la asistencia necesaria por estar en silla de ruedas, la cual casi cae por las escaleras.  Centeno usaba muletas por un accidente sufrido el 31 de enero 2022, pero luego de su detención, en el Centro Preventivo del Comando Nacional Antidrogas, un carcelero militar lo obligó a levantarse para el conteo de presos causando lesiones que lo obligan a usar silla de ruedas, sin que el Estado se haya responsabilizado por el hecho.

El periodista Ramón Centeno

Centeno Navas es un profesional del periodismo, egresado de la Universidad Cecilio Acosta del Zulia, pero además ha sido dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), razón por la que creyó que podría dar una exclusiva entrevistando a los narcodiputados. Él trabajo en varios de los medios que están al servicio de la revolución bolivariana como Últimas Noticias, donde estrechó relación con el periodista Eligio Rojas, con quien discutió hacer la entrevista, pero que ha preferido mantenerse al margen de lo que le sucede al joven periodista.

A Zambrano Guerra lo acusan de haberse querido pasar por funcionario del Viceministerio de la Juventud Productiva y Trabajadora, pero una constancia de la Viceministra Yosneisy Josefina Paredes Fajardo, certifica que el joven sí es funcionario de dicho organismo y que era el responsable del área de transporte. Un sonido que corre por redes sociales señala que la voz de una mujer, a quien se identifica como la capitana Kimberly Pirona, investigadora del caso, quien señala que si Centeno y Guerra fueran miembros del grupo de narcodiputados los hubiesen imputado por tráfico, lo que no se hizo, a la vez que enfatiza que “Gabriel sí trabaja en el Ministerio de la Juventud” y que la Fiscalía los tenía.

El periodista Ramón Centeno en silla de ruedas y Zambrano Guerra

Fechas claves

7 de noviembre 2021: en una entrega controlada de drogas y con agente encubierto, detienen en flagrancia a Víctor Julio Cano Páez, Luis Egisto Viloria Sáez, Luis Alfonso Viloria Chirinos, Robert De Jesús Montaña Viloria, Samuel David Montilla Hernández, Wilmer Enrique Hernández Torres y Delwis José Paredes Monsalve.

22 de enero 2022: Centeno Navas y Zambrano Guerra hicieron la entrevista a los narcodiputados en la cárcel.

27 de enero 2022: la Guardia Nacional y la Policía Nacional detienen en el costero estado Falcón a Yoender Javier Villareal Montero, Samuel Alvarado Rico, Gregorio Francisco Amaris Meléndez, Kender José Villalobos Epieyu, Kervin Epieyu Machado, Pedro José Moyano Blanco, Taina de los Ángeles González Rubio Andara y la alcaldesa Keyrineth Selenia Fernández Epieyu. Los detenidos iban en tres camionetas Toyota, dos de las cuales encontraron compartimientos ocultos con más de 7 kilos de presunta cocaína, que al parecer iban a entregar a Omar Ysael Hurtado Reyes. Así también relacionan a Alquides José Hurtado Lugo alias Niño Hurtado.

31 de enero 2022: en un aparatoso accidente fallece el diputado oficialista Fernando Ríos, mientras que el periodista Centeno queda con lesiones que lo obligan a usar muletas.

2 de febrero 2022: el Ministerio Público recibió una denuncia vinculando al periodista  Centeno y a Zambrano Guerra con los narcos detenidos Luis Viloria, Jeycar Pérez y Jean Silva; el mensaje fue anónimo de una cuenta en Instagram que ya no existe o nunca existió y el supuesto denunciante no ha sido encontrado y las pruebas tampoco.

7 de febrero 2022: Centeno y Zambrano son presentados ante el tribunal para imputarlos.

La alcaldesa y los diputados detenidos por presunto narcotráfico entre noviembre 2021 y enero 2022

Comunicado de la familia

En el comunicado, “Un año de encarcelamiento: familiares de periodista venezolano exigen liberación inmediata y atención médica”, se destaca que hoy jueves 2 de febrero se cumple un año del encarcelamiento del periodista Ramón Centeno.

Violación del debido proceso e irrespeto a la condición humana han sido las reiteradas denuncias que han hecho los familiares del periodista Ramón Centeno, quien hoy cumple un año de encarcelamiento en el Comando Nacional Antidrogas, ubicado en Caracas.

Omaira Navas, madre del periodista Ramón Centeno aseguró que durante todo este año a su hijo “no se le ha permitido atención médica pese a los múltiples esfuerzos y llamados que hemos hecho a los organismos correspondientes”.

A través del comunicado la familia Navas Centeno refirió que el pasado 23 de enero fueron convocados para la audiencia de juicio, sin embargo, fue diferida “sin importar  el grave estado de salud de mi hijo. Allí lo vieron en silla de ruedas, con dolor y esperando durante más de seis horas”.

“El trato que le han dado a Ramón (Centeno) ha sido inhumano y las razones las desconocemos porque durante todo este tiempo se han promovido todas las pruebas que demuestran su inocencia”.

Para la madre del comunicador todo lo que ha vivido Centeno es un sinrazón que debe esclarecerse inmediatamente otorgando la libertad. “En estos 365 días hemos visto como la salud de mi hijo se ha ido deteriorando. Un año sin moverse de una cama y sin siquiera poder ver el sol. Es demasiado injusto”. La señora Navas recriminó que no ha existido alguna muestra de racionalidad en todo el caso y pidió  al máximo tribunal de la República que atienda el caso con la celeridad que amerita.

“Los más pobres somos los que más estamos sufriendo de la injusticia”, asevera en el comunicado donde la familia Centeno exige libertad para el joven profesional Gabriel Guerra, quien se encuentra junto al periodista y en similar condición de salud.

Omaira Navas dijo que el pasado sábado pudo ver a su hijo luego de cinco meses. “Está lleno de mucha fe y optimismo. Se mantiene firme en sus principios y luchando por la justicia y la verdad”.

Entre los hechos que el comunicado destaca está que “el 21 de enero del año pasado, el periodista venezolano, Ramón Centeno, realizó una entrevista a un político relacionado con la presunta comisión de tráfico de estupefacientes y pasadas dos semanas fue sacado de su vivienda sin orden judicial y posteriormente hicieron un allanamiento, alegan familiares.  De la vivienda se llevaron una computadora con el reportaje y a los días fue regresada sin la información”.

Denuncian que un periodista chavista encarcelado hace un año está en sillas de ruedas y sin atención médica - Infobae

El periodista y dirigente del chavismo detenido por entrevistar a narcodiputados que fue imputado por una denuncia anónima y abandonado por sus compañeros

 

Una semana después de haber ido a la cárcel del Comando Nacional Antidrogas (CNA), el periodista Ramón Jesús Centeno Navas y su amigo Gabriel Enrique Zambrano Guerra fueron detenidos imputados por tráfico de influencias y usurpación de funciones

Sebastiana Barráez/ domingo 11 de diciembre 2022

@SebastianaB

Tomado de Infobae 

Ramón Centeno -en silla de ruedas- y Gabriel Guerra, presos en el Comando Antidrogas

Ramón Jesús Centeno Navas tiene 33 años y no solo es un periodista joven, identificado con la revolución bolivariana, sino dirigente del partido de Gobierno quien, según cuenta su familia, pretendió una exclusiva entrevistando a unos narcodiputados del chavismo presos. Se lo habría notificado al periodista Eligio Rojas, quien lo animó a hacer el reportaje. Una semana después de haber ido a la cárcel del CNA, el periodista y su amigo Gabriel Enrique Zambrano Guerra, fueron detenidos, imputados por tráfico de influencias, usurpación de funciones y asociación, basándose en un mensaje anónimo de una cuenta en Instagram que ya no existe o nunca existió.

Centeno está preso e incapacitado desde que un funcionario le causó una caída grave, al obligarlo a levantarse en el conteo de presos. Pasó de usar muletas a silla de ruedas, hace sus necesidades en envases y aunque tiene reconstrucción de cadera y fémur no le han prestado el auxilio médico que necesita.

Si algo descubrieron Centeno y Guerra es la débil solidaridad de sus compañeros del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), incluso de muchos de sus amigos e incluso de los colegas, que como Eligio Rojas prefirieron dejarlos a la deriva para no meterse en problemas con el Gobierno de turno.

La juez de juicio es Sabrina Montes de Oca. Los fiscales provisorio séptimo a nivel nacional, Rainer Emsaid Rojas Arcia (quien fue destituido) y Fiscal Auxiliar interino José Méndez Pichardo, no profundizaron mucho, se ciñeron a las actas del Comando Nacional Antidrogas (CNA) de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). La mayoría de los detenidos por el caso de los narcodiputados chavistas y la narcoalcaldesa del municipio Semprúm del estado Zulia, cayeron en flagrancia, pero no es el caso de Centeno y Guerra, que si bien es cierto entrevistaron a los diputados presos, no hay otra relación más allá del trabajo periodístico. (Sebastiana Sin Secretos: El ELN financia un paro de indígenas que exige la salida de un alcalde y reclama el lugar de una alcaldesa presa por narcotráfico).

Centeno, quien es egresado de la Universidad Cecilio Acosta del Zulia, trabajó como reportero en la sección Sucesos y Judiciales, para el diario oficialista Últimas Noticias; también en la Agencia Venezolana de Noticias, en el Ministerio de Comunicación. Además era miembro nacional de la comisión de Comunicación de la Juventud del PSUV, asistente parlamentario y fue responsable como miembro del comando de campaña del PSUV y Jpsuv para las elecciones de Gobernadores, Alcaldes y Concejales. Fue el delegado más joven en la fundación del PSUV en el año 2009. “La mitad de su vida la dedicó a militar en el Partido Socialista Unido de Venezuela”.

Foto de archivo de Centeno -vestido con ropa naranja- en una reunión con amigos

En la acusación dijeron que Centeno se presentó a ver a los diputados con un carnet de la Alianza Democrática, lo que parece extraño, porque si algo garantizaba que le permitieran el acceso al lugar era ser un periodista del oficialismo.

La entrevista

El 22 de enero Centeno va al Comando Antidrogas para entrevistar a los narcodiputados, lo que hace con la supervisión de un funcionario y frente a cámaras de seguridad. El periodista conocía a la diputada Taina González del JPsuv y a Jean Carlos Silva. La entrevista no se llegó a publicar porque los funcionarios se llevaron la computadora, pero parte de la información la publicó Eligio Rojas, quien había sido su jefe en Últimas Noticias.

El 31 de enero 2022, Centeno sufre un aparatoso accidente de tránsito, quedando bastante lesionado, mientras que el diputado Fernando Ríos fallece. Habían pasado once días desde la entrevista con los diputados narcos, cuando una comisión de funcionarios del Equipo Móvil de Inteligencia de la Guardia Nacional, sin orden alguna, allana el apartamento, se llevan detenidos a Centeno y a Guerra. “Los interrogan durante dos horas en el Comando y después llevan a Ramón al apartamento para otro allanamiento, sin orden; en esa hora y media no encontraron nada y solo se llevaron libretas con apuntes literarios y periodísticos, la computadora donde tenía el reportaje, así como las llaves de un carro y documentos del apartamento”. Días después devolvieron la computadora.

Y como a cientos de otros detenidos en Venezuela, los incomunican. El 7 de febrero los presentan ante el tribunal para imputarlos. Un funcionario de la Guardia Nacional tumbó a Centeno agravando las heridas que había sufrido en el accidente de tránsito; desde esa caída en manos de la GNB solo puede movilizarse en silla de ruedas, le han negado la asistencia médica que requiere y está preso en el Centro Preventivo del Comando Nacional Antidrogas, ubicado en la urbanización Las Acacias, Caracas.

El informe médico sobre las lesiones de Centeno por el accidente de tránsito

La capitana Pirona accedió a devolverles el carro y los documentos del apartamento con la advertencia que no dijeran nada sobre el allanamiento ni sobre la fecha de la detención. El abogado que tienen Centeno y Guerra es un defensor público; el caso ha resultado tan lleno de vicios, que incluso la investigadora, el fiscal provisorio y el juez fueron destituidos de sus funciones.

Un anónimo en Instagram

El 7 de noviembre 2021, en una entrega controlada de drogas y con agente encubierto, detienen en flagrancia a Víctor Julio Cano Páez, Luis Egisto Viloria Sáez, Luis Alfonso Viloria Chirinos, Robert De Jesús Montaña Viloria, Samuel David Montilla Hernández, Wilmer Enrique Hernández Torres y Delwis José Paredes Monsalve. 

El agente encubierto mencionó, según dice la Fiscalía, a Jeyca, mujer de cabello rubio como parte de las personas que se dedicaban al tráfico de drogas, además de que aparecía en el teléfono de Luis Alfonso Viloria Chirinos, donde alguien apodado Pepito decía que ella trabajaba “para otra gente”, además de que otro de los detenidos dijo que ella traficaba en una camioneta blanca por todo el territorio. Así ordenan la detencio4n de Jeycar Saraith Pérez Gómez.

El 27 de enero 20221, funcionarios Antidrogas de la Guardia Nacional y la Policía Nacional Bolivariana detienen en flagrancia, en el estado Falcón, a Yoender Javier Villareal Montero, Samuel Alvarado Rico, Gregorio Francisco Amaris Meléndez, Kender José Villalobos Epieyu, Kervin Epieyu Machado, Pedro José Moyano Blanco, Taina de los Ángeles González Rubio Andara y la alcaldesa Keyrineth Selenia Fernández Epieyu, quienes se trasladaban en tres camionetas Toyota: 4Runner, Tacoma y Prado, en cuya dos primeras encontraron, en compartimientos ocultos, más de 7 kilos de presunta cocaína, que al parecer iban a entregar a Omar Ysael Hurtado Reyes. Así también relacionan a Alquides José Hurtado Lugo alias Niño Hurtado.

Keyrineth Fernández, Luis Alfonso Viloria Chirinos, Jeycar Pérez y Taina González

Según el Ministerio Público, el 2 de febrero 2022 se recibio4 denuncia vinculando al periodista Ramón Jesús Centeno Navas y a Gabriel Enrique Zambrano Guerra con los detenidos Luis Viloria, Jeycar Pérez y Jean Silva.

Según un acta suscrita por la capitana Kinberlyn Pirona Ruiz, del Comando Antidrogas de la GNB, del 2 de noviembre 2021, relata que estaba en el comando cuando llegó un individuo, con acento colombiano, que dijo llamarse Juan Molina, quien se negó a dar más datos, a quien la capitana identifica como “patriota cooperante” y que fue quien dijo conocer a Víctor Julio Cano Páez que lideriza el grupo de colombianos, dominicanos y venezolanos, captando conductores para el transporte de drogas ilícitas y que dentro de una semana se estaría movilizando una importante cantidad de drogas, vía terrestre, desde el Táchira o Zulia, hacia oriente, con participación de funcionarios militares y policiales.

Es esa misma oficial quien suscribe, el 4 de enero 2022, un acta diciendo que al vaciar el teléfono de Viloria Chirinos

El 3 de noviembre el Sargento Primero (GNB) del Comando Antidrogas, Angely Peña Sánchez reseña que ese día en la mañana ella revisa la base de datos la información de “Juan Molina” y que encontró que Víctor Cano se encontraba telefónicamente relacionado con distintos casos en materia de drogas.

La primer teniente Dayana Chirinos, jefa del departamento de Redes Sociales del CNA,  dice que el 3 de febrero 2022 recibieron una denuncia a la cuenta del Comando Nacional Antidrogas de la GNB, vía Instagram, desde la cuenta @solggonza en la que denuncian a Ramón Centeno y a Gabriel Guerra con el grupo de narcodiputados detenidos; según el supuesto usuario de Instagram dijo que Guerra trabajó con la exdiputada Jeycar Pérez y que el periodista Centeno es amigo del diputado Jean Silva Sabino y que esas personas están dañando el proceso revolucionario y manchando la imagen del partido de gobierno.

Lo insólito es que ese comentario anónimo, de una cuenta que no aparece registrada, que no se sabe si realmente perteneció a alguien, se convierte para la 1Tte Dayana Chirinos en un elemento de convicción contra el periodista y su amigo.

Ese mismo 3 de febrero, la capitán Kinberlyn Pirona alega que recibió la denuncia de la 1Tte Chirinos sobre lo recibido a través de Instagram. Ninguna de las dos mujeres demostró interés en determinar la seriedad del informante, sino que de inmediato le solicita al Tcnel Rafael Urrechaga, Comandante de la Unidad de Inteligencia Antidrogas Nr. 43 de Caracas, el registro de las personas que habían visitado a Jeycar Pérez y Jean Silva, encontrando que Centeno y Guerra los habían visitado el 22 de enero 2022.

La funcionaria dice que Gabriel Guerra dijo trabajar en el Viceministerio de la Juventud Productiva y Trabajadora, mientras que Ramón Centeno como diputado por el distrito capital y que al averiguar en el viceministerio y en el Consejo Nacional Electoral, descubren que uno es periodista y el otro estudiante.

Aquí está la constancia de que Guerra sí era funcionario del Viceministerio

Por ese hecho los imputan con el delito de usurpación de funciones. Ignorando que existe una constancia donde se certifica que Guerra decía la verdad. Y Centeno no tenía por qué presentarse como parlamentario si es periodista.

Según el acta que suscribe el Teniente Andrés Montagna y los sargentos mayores Cedeño Bellorín, Carlos Malpica, Jorge Granado y Jonery Añez, aseguran que fueron en comisión a Ciudad Tiuna, con la orden de aprehensio4n Nr. 009-22 y 010-22 del 4 de febrero 2022 para detener a Centeno y a Guerra, a quienes aseguran los encontraron caminando cerca de la urbanización y que ahí los detienen; así encubren el allanamiento y la detención arbitraria.

El periodista y dirigente del chavismo detenido por entrevistar a narcodiputados que fue imputado por una denuncia anónima y abandonado por sus compañeros - Infobae

Se robaron 600 reses de un hato en la frontera donde un comando de la Fuerza Armada tiene instalados cien hombres

 

Miembros de la asociación de ganaderos aseguraron que "cuando se acude a esos militares para denunciar parece que actúan intencionalmente de manera tardía"

Sebastiana Barráez/ domingo 12 de junio 2022

@SebastianaB

Tomado de Infobae 

No más de una docena de hombres, armados con pistolas, llegaron la madrugada del viernes 20 de mayo 2022 al hato Montevideo, propiedad de la Compañía Agropecuaria Venezuela (Agrovenca), ubicado en el municipio Rómulo Gallegos del estado Apure, a hora y media de Guasdualito, capital del municipio Páez. Sometieron al personal, lo maniataron, le quitaron los celulares y al final de la tarde, ya anocheciendo, se habían robado los caballos y las posturas, así como 700 reses. Todo eso ocurrió mientras en terrenos de ese hato hay una instalación militar, al mando del comandante Mora Plata, quien tiene más de un centenar de hombres a su cargo.

La Fuerza Armada desplegó una campaña de propaganda en Apure, pero el robo de ganado es masivo

Los obreros de Montevideo debieron esperar hasta el día siguiente cuando amaneció para avisar lo que había ocurrido. El dueño del hato, Egas Fuentes, notificó a las autoridades del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y a la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim). “Los obreros fueron obligados por los asaltantes a matar una res; a las mujeres las obligaron con eso a prepararles la comida”.

En la entrada del hato, donde está la conocida Y de Daico, aunque el gobierno se la cambió por Y de Los Curitos, pasa el camino hacia Guasdualito, Mantecal y Elorza, está desde hace 35 años, una instalación militar, con unos cien hombres al mando del teniente coronel de la Guardia Nacional Bolivariana, quienes se dieron por aludidos dos días después del asalto al hato. “Lo que pasa es que el comandante Mora Plata se la pasa en San Fernando y deja a cargo en ese comando a un capitán que no puede tomar decisiones propias y depende de lo que le diga el teniente coronel cuando logra comunicarse con él”, menciona un productor.

Fundación con las oficinas y otros sitios del Hato Montevideo

Tres y cuatro días después se apersonaron al problema ocurrido en el hato Montevideo, los funcionarios del CICPC y el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas), un general con 30 o 40 hombres, que se instalaron en el hato. Pasaron varios días, durante los cuales interrogaron con mucha rudeza a los trabajadores de Montevideo, partiendo de la sospecha de que hubo complicidad interna. “Incluso golpearon a uno de los obreros”.

Un productor de la zona reveló a Infobae que “el problema es que los funcionarios de esos organismos no se la llevan bien entre ellos, no coordinan actividades conjuntas y por eso se limitaron a la sospecha de la complicidad interna y de que el ganado salió graneado durante varios días. No es la primera vez que esa excusa se utiliza. Los funcionarios dicen eso porque no pueden justificar que hayan pasado por las narices de los militares 600 animales. Usted lo oye así de fácil, pero no lo es”.

El constante abigeato azota la zona por lo que la producción ha mermado a pasos agigantados. Lo que no se explica si los militares están ahí instalados. “Esos guardias se dedican a atormentar a quienes nos vemos obligados a pasar por ese lugar. Cuando roban ganado o suceden actos delictivos con los grupos irregulares uno acude a esos funcionarios, pero en realidad no hacen nada o ponen excusas para actuar”, le dice a Infobae José Chacón, quien vive cerca de Guasdualito y transita por esa ruta.

Funcionarios del CICPC y CONAS llevan las investigaciones pero tienen mala relación entre ellos

Miembros de la asociación de ganaderos le dijeron a Infobae que “cuando se acude a esos militares para denunciar parece que actúan intencionalmente de manera tardía”, tal y como ocurrió con lo sucedido en Montevideo.

Carlos Antonio es colombiano y vive desde hace muchos años en territorio venezolano “porque en Elorza nacieron, crecieron y están mis hijos”. Todas las semanas pasa por la carretera hacia Guasdualito “y lo que ocurre en la zona da miedo y tristeza. Y los guardias de ese puesto en la Y están uy corrompidos: por ese puesto pasa ilegalmente ganado sin guías o con guías falsificadas, pasan droga y cualquier cosa”.

Pasó a Colombia

El hato está ubicado al margen derecho de la carretera que conduce de Guasdualito a Mantecal, sector Santa Fe de Buria, parroquia la Trinidad de Orichuna, municipio Rómulo Gallegos, estado Apure. El hato se encuentra dividido por la carretera que conduce desde Guasdualito a Mantecal; parte de sus límites colinda con la carretera que conduce de Guasdaulito a Elorza y Mantecal.

Así, cuando se llega a la Y de Los Curitos se toma a la derecha vía Mantecal; a los 5 kilómetros está le entrada del hato por terraplén de tierra, con distancia de 1.3 Km a las instalaciones del Montevideo. Del fundo Tres Matas, por donde supuestamente sacaron las 600 reses, hay casi dos Km hasta el comando de la GNB.

En el círculo en rojo se indica el lugar del hato donde se encuentra la instalación militar

Los dueños del Hato Montevideo han refutado la versión de las autoridades de que el ganado salió graneado, porque unos días antes se había hecho el conteo del ganado dando con precisión la cantidad del existente, más de 700, en ese potrero. “Los asaltantes llegaron directo hasta donde estaba el ganado, sabían que estaba ahí y ni siquiera se molestaron en preguntar si había gente en la casa principal, porque sabían que no había; es decir, habían sido informados”, y así se lo dijeron los dueños ante la Asociación de Ganaderos.

Días antes había sido despedido un caporal, quien tiene y mantiene varias mujeres, y que necesitaba ampliar sus fondos y cayó, junto a otro llanero, por graves sospechas de robos anteriores, entre ellos uno, ocurrido en noviembre del año pasado, donde se llevaron 100 animales, entre ellos 70 toros padres, la mitad de los reproductores. “En esa oportunidad tampoco hubo diligencia por parte de las autoridades en la investigación”, según el reporte de entonces.

Cuando ocurre ahora el robo de las 700 reses, el general que llegó al hato pidió un helicóptero para seguir el rastro del ganado, pero finalmente solo obtuvo una avioneta que apenas alcanzó a divisar algún ganado en Puerto Infante, en la frontera del Arauca con Colombia. “El lunes 23 de mayo se sabía en Guasdualito que, esa madrugada, el ganado robado a Egas Fuentes había cruzado hacia territorio colombiano”.

Otro ganadero de la zona, Otilio Peñaloza, con influencias políticas y militares colaboró en la recuperación de algunas reses, pues aportó hombres y caballos, además de recibir al general de brigada Anderson José Rendón Zambrano, jefe del Comando de Zona para el Orden Interno Nr. 35 de Apure.

General Anderson José Rendón Zambrano

El otro hato

Hace cinco años un grupo de hombres intentó robar unas 700 reses. La diferencia es que en ese momento la respuesta fue rápida, un helicóptero localizó las reses y fueron capturados dos personas. Los dueños del hato, hace 30 años, cedieron un terreno en la entrada del hato para que la Fuerza Armada instalara ahí un puesto militar; al principio solo había un teniente con 30 hombres, pero ahora es un comandante con más de un centenar de subalternos. “Lo inaudito es que hay guardias que están ahí desde que se instaló ese puesto”, dice un productor de Elorza.

Frente al hato Montevideo de Degas Fuentes, está el hato Campo Alegre de su hermano Gilberto Fuentes, el mismo a quien hace unas semanas, el grupo GRIS al mando de Tamani Bernal, le allanó el hato El Porvenir, en la lengüeta de Barinas, entre Táchira y Barinas, en la vía a Apure. (www.sebastianasinsecretos.com/2022/05/venezuela-el-hijo-del-gobernador-del.html).

Los Fuentes son una familia tachirense de larga tradición ganadera, porque su abuelo y su padre también lo fueron; nacieron y se criaron en el llano, reconociéndose entre el ganado, el ordeño, la cría, la llanura bravía y maravillosa. También han sido víctimas de la delincuencia, de los ladrones de tierras y animales, de funcionarios corruptos e inescrupulosos. Gilberto Fuentes fue secuestrado, hace años, por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Campo Alegre era uno de los hatos más grandes y productivos de Apure hasta que el entonces fiscal Danilo Ánderson le abrió un procedimiento, que duró años, con la excusa de “daños al paisaje”; de inmediato la guerrilla se fue apropiando del ganado y ocupando el lugar. Al final se robaron más de 20 mil reses y el lugar se convirtió en guarida de guerrilleros y delincuentes comunes.

Frente a Campo Alegre está el hato Montevideo de su hermano Egas Fuentes. De las más de 700 reses que los delincuentes robaron del hato Montevideo se lograron recuperar 120 que se quedaron en la vía y se devolvieron casi solos hacia los potreros.

Se robaron 600 reses de un hato en la frontera donde un comando de la Fuerza Armada tiene instalados cien hombres - Infobae