Francisco Javier Oropeza Álvarez denuncia que, tras el "aseguramiento" de Agropecuaria Bariquigua y de los diarios El Carabobeño y El Diario de Lara, por parte de cuerpos militares, fueron sustraídos semovientes, maquinaria agrícola, equipos de impresión, mobiliario y otros bienes, sin control judicial conocido. La acusación involucra a funcionarios militares, administradores designados y particulares, mientras las propiedades permanecían bajo custodia oficial.
Sebastiana Barráez/ miércoles 1 de julio 2026
Tomado de Infobae
A solo cuatro días de los terremotos registrados el 24 de junio de 2026, una de las tragedias más graves de las últimas décadas en Venezuela, un nuevo episodio coloca en el centro de la controversia a propiedades vinculadas al exalcalde opositor Francisco Javier Oropeza Álvarez. Un lote de animales confiscado en la Agropecuaria Bariquigua fue sacado de una finca del municipio Torres. Al día siguiente, en la sede de El Diario de Lara, en Barquisimeto, también de su propiedad, aparecieron avisos de la Gran Misión Venezuela Mujer, un programa estatal.
En conversación con Infobae, Oropeza Álvarez, oriundo de Carora, se pregunta con qué orden se asignaron bienes de su propiedad a un programa de la revolución bolivariana. Y más llama la atención que eso ocurra mientras el país está de luto, profundamente conmovido y con la expectativa que se siga rescatando a las personas tapiadas en Caracas y La Guaira, así como otras zonas del país.
Oropeza ha sido diputado en dos oportunidades y ganó por segunda vez la alcaldía del municipio Pedro León Torres, estado Lara, en el 2021. Es presidente de Agropecuaria Bariquigua, C.A., empresa registrada el 22 de abril de 1994 y propietaria de las fincas Bariquigua y Copacoa. También preside los medios impresos El Caroreño y El Diario de Lara, fundados en 2001 y 2006, respectivamente.
Por su apoyo a la líder de la Oposición María Corina Machado, Oropeza fue perseguido por el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), creando excusas para detenerlo hasque verse obligado a salir al exilio después de las elecciones presidenciales de 2024. Desde entonces, sostiene que sus propiedades quedaron en “resguardo” de la Guardia Nacional Bolivariana, pero que, en lugar de preservarse, fueron saqueadas y desmanteladas. Entre los bienes sustraídos menciona rotativas, maquinaria, equipos agrícolas y ganado de alto valor genético.
El inicio del aseguramiento
De acuerdo con el relato de Oropeza, no existía medida judicial ni orden conocida del Ministerio Público cuando, el 7 de agosto de 2024, funcionarios del Grupo Antiextorsión y Secuestro (GAES), adscrito al Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas), llegaron a “asegurar” el edificio sede del diario El Caroreño.
En el acta de aseguramiento del Conas, según la denuncia, los funcionarios señalaron que actuaban “cumpliendo instrucciones y lineamiento presidencial” y argumentaron que en el lugar se habría consumado el delito de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. El inmueble fue recibido por el capitán Dionny José Uzcátegui Cabello, luego del procedimiento encabezado por el capitán Bernardo Chía Avella y los sargentos Luis Nadal Pérez, Pastor Arrieche Gutiérrez y Yanki Soto.
Al día siguiente, 8 de agosto de 2024, Uzcátegui Cabello acudió a las fincas Copacoa y Bariquigua, donde se encontró con una comisión de la Guardia Nacional Bolivariana al mando del primer teniente Albenis González Rivero, también se menciona al SM3 Fernando Bastida Cuevas. En conjunto, procedieron a “asegurar” las fincas Copacoa y Bariquigua de Agropecuaria Bariquigua.
Custodia y sustracción
En las fincas, los funcionarios encontraron una casa de dos pisos con mobiliario y electrodomésticos, además de bicicletas, motos, bomba de agua, planta eléctrica, tractores, empacadoras, embutidora, abonadoras de fertilizante, vagones, zorras de carga, cortadores, trompo de batir concreto, tractomula, pala niveladora, rastrillos y romana, entre otros equipos.
Oropeza afirma que, desde esos inmuebles “asegurados”, funcionarios habrían sustraído bienes muebles y semovientes sin autorización ni control judicial. Señala además que, tras el traslado del capitán Uzcátegui Cabello, el mando del Conas Carora quedó en manos del teniente Christopher Duque Camargo, a quien atribuye responsabilidad sobre los bienes que permanecían en las propiedades.
“Tenemos conocimiento de que en un vehículo tipo grúa plataforma, placa AO1A03Y, fueron sacados la planta eléctrica, equipos de computación, impresoras, mobiliarios y otros enseres de nuestra empresa, y llevados a las instalaciones del Conas Carora, con lo que dotaron esas instalaciones por orden del teniente Duque Camargo”, dice Oropeza Álvarez en conversación con Infobae.
Ese mismo 8 de agosto de 2024, según el denunciante, se ejecutó un procedimiento similar en la sede de El Diario de Lara, ubicada en Barquisimeto.
Graves actuaciones militares
A cargo de las fincas quedaron el teniente coronel Roidember Rodríguez Pérez, comandante del GAES 12 Lara; el coronel Omar Gustavo Meléndez Herrera, comandante del Destacamento N° 122 de la GNB de Carora; los tenientes González Rivero y Arriechi; y los sargentos Franklin Aníbal Castillo, David Pastrán García, Goyo, Escalona y Chacón.
Bajo responsabilidad de esos funcionarios, sostiene Oropeza, fueron sustraídos bienes como bombas y cables sumergibles para pozos, equipos de ordeño, implementos agrícolas, aires acondicionados, televisores, bicicletas, bombas de inyección de tractores, plantas eléctricas, motos, mangueras, alambre, 300 cestas rojas, 10 monturas de caballo, motobombas de agua, medicamentos veterinarios, mobiliario, equipos de oficina, una nevera, miles de litros de gasoil y equipos de nivelación láser.
El exalcalde también denunció la desaparición de 30 caballos cuarto de milla y el sacrificio de 50 reses bovinas en el matadero municipal de Carora. Afirmó, además, que el sargento Franklin Aníbal Castillo habría vendido becerros a Gilberto José Chuello Porteles.
Oropeza le dice a Infobae que identifica “como últimos responsables de resguardar las instalaciones a los sargentos Lindo Dorante y Segundo Rojas”. Sobre ellos, afirma que Dorante habría sido “cómplice de varios robos”, mientras que Rojas, según su versión, “fue un hombre honesto” y tendría pruebas sobre los hechos ocurridos dentro de las propiedades.
Extracción de ganado
En noviembre de 2024, Eugenio Enrique Juárez Herrera, veterinario en reproducción animal de Agropecuaria Bariquigua, asumió la administración de la empresa por decisión del coronel Meléndez Herrera, según Oropeza. El 11 de marzo de 2025, Juárez y Meléndez habrían escogido 40 mautes sin hierro en la finca Copacoa, hecho que, según la denuncia, quedó registrado en video. Tres días después, otros 40 mautes habrían sido sacados en transportes vinculados a Alexis Mendoza, conocido como “El Chispeado”, y a Carlos Álvarez, propietario de Alimentación Carora.
Oropeza sostiene que esos semovientes, valorados en 50.000 dólares, fueron trasladados a la finca La Alianza, en el sector Pico e Gallo, parroquia El Blanco, municipio Torres, propiedad de Alfredo Salvador Rodríguez Benítez y Alí Gerardo Torrealba Torres.
También afirma que Juárez Herrera habría amenazado a trabajadores con detenerlos si se comunicaban con los dueños de Agropecuaria Bariquigua. En enero de 2026, según la misma versión, Alfredo Salvador Rodríguez Benítez y el veterinario David Bladimir Camacaro Juárez, primos de Eugenio Juárez, sacaron de La Alianza un lote de 25 de los animales de la agropecuaria de Oropeza.
La denuncia agrega que, en agosto de 2025, Juárez Herrera seleccionó animales Senepol puros y, presuntamente en complicidad con Juan Miguel González, sacó 154 ejemplares en camiones de este último. Los animales habrían sido trasladados a una finca del coronel de la GNB José Francisco Calzadilla Cabriales, alias “El Picure”, en el estado Monagas.
Posteriormente, según Oropeza, fueron extraídos otros 25 animales entre toretes y mautes sin hierro, a los que se les habría colocado el hierro fresco de otro propietario antes de embarcarlos en un camión de “El Chispeado” con destino a una finca en Moroturo, cerca de la alcabala de Santa Inés, en la parroquia Urdaneta.
Oropeza también denunció, en la conversación con Infobae, el sacrificio de 50 reses entre vacas y novillos en el matadero municipal de Carora, presuntamente por orden del veterinario Eugenio Juárez y sin guías de movilización. Según su relato, los animales fueron recibidos sin documentación reglamentaria y sanitaria.
El balance presentado por el exalcalde eleva a 391 los semovientes sacados en camiones, sin contar otros animales trasladados sin transporte. A esa cifra suma el presunto robo de 500 ovejas y 400 cabras, atribuido a órdenes de Eugenio Juárez y a custodios de la GNB.
Valor histórico y genético
La Hacienda Copacoa, recuerda Oropeza, pertenece a una tradición familiar de más de 200 años y está vinculada al origen de la raza Carora. Según el denunciante, fue fundada por su bisabuelo materno, Ramón Herrera Oropeza, y alcanzó un valor genético reconocido por el Estado venezolano: en 1989 fue decretada como patrón racial y en 1992 declarada Patrimonio Nacional de Venezuela.
Oropeza sostiene que maquinarias e implementos agrícolas de su propiedad fueron utilizados en la parcela Vallo y acusa a los hermanos Luis y Jairo Ramírez de beneficiarse de ese uso. Según su versión, los equipos sufrieron daños irreparables.
Oropeza afirma que en El Caroreño fue arrancada y retirada una rotativa marca Goss Community, junto con equipos de preprensa, computadoras Apple de última tecnología, mobiliario, repuestos, insumos, tintas, papel prensa, plantas eléctricas, equipos domésticos, motos eléctricas, vehículos y prendas personales de su esposa e hijas.
En El Diario de Lara, ubicado en Barquisimeto, Oropeza atribuye la operación al teniente coronel Roidember Rodríguez Pérez, comandante del GAES 12 Lara. Según su denuncia, allí fueron desmantelados el sistema eléctrico de la rotativa Goss Urbanite, equipos de prensa, insumos, tintas, papel, computadoras Apple, mobiliario, montacargas, motores eléctricos y otros enseres.
“Ha habido una asociación de civiles y militares para delinquir y cometer hechos irregulares con bienes de propiedad particular de Agropecuaria Bariquigua”, afirma Oropeza. Hasta ahora, su denuncia se presenta como una acusación pública que apunta a la necesidad de una investigación formal sobre el destino de los bienes, el manejo de las propiedades bajo custodia y la eventual responsabilidad de funcionarios y particulares señalados.
