“Ninguna fórmula política puede estar por encima de la Constitución”: el llamado del Laboratorio de Paz a seis meses de la Presidencia interina en Venezuela

 

La organizacion exigió restituir de inmediato el hilo constitucional, declarar la falta absoluta de la Presidencia y convocar elecciones libres, transparentes y verificables antes de que la crisis institucional y humanitaria se profundice aún más.

Sebastiana Barráez/ viernes 3 de julio 2026
Tomado de Infobae

La Asamblea Nacional que preside el hermano de Delcy Eloína Rodríguez es quien debe declarar la vacante absoluta de la Presidencia.

Laboratorio de Paz lanzó un llamado urgente a restituir el orden constitucional en Venezuela y advirtió que la reconstrucción nacional no puede postergarse ni sostenerse sobre fórmulas políticas ajenas a la Constitución. Cuando se cumplen seis meses de la extracción de Nicolás Maduro del territorio venezolano y del inicio de la presidencia interina de Delcy Rodríguez, la organización afirmó que el país enfrenta una hora crítica en la que la recuperación institucional es indispensable para atender la emergencia humanitaria y abrir paso a una transición legítima.

A través de un comunicado la organización alertó que la crisis reciente ha dejado pérdidas humanas, comunidades golpeadas y una demanda inmediata de protección, respuesta y dignidad. Frente a ese escenario, destacó la reacción solidaria de la ciudadanía venezolana, que ha auxiliado, acompañado, rescatado y sostenido la vida en medio de la adversidad, incluso cuando las instituciones no han ofrecido respuestas suficientes.

Laboratorio de Paz (LabPaz), que cuenta en su equipo con los defensores de derechos humanos Lexys Rendón y Rafael Uzcátegui, considera que la nueva emergencia humanitaria exige acciones inmediatas: asistencia sin demora, atención médica adecuada, protección efectiva para las personas damnificadas, transparencia en la gestión de la ayuda, garantías de no discriminación y rendición de cuentas. 

Nicolás Maduro no cumplió ni la mitad del mandato por lo que, según la Constitución, debe llamarse a elecciones máximo a seis meses de la vacante.

Sin embargo, advirtió que esas medidas solo serán creíbles y posibles si están respaldadas por instituciones legítimas, autoridades sometidas al control ciudadano y un proceso de transición centrado en los derechos humanos y “la dignidad en el centro de toda decisión pública”.

El artículo 233 de la Carta Magna sostiene: “… Si la falta absoluta del presidente o presidenta de la República se produce durante los primeros cuatro años del período constitucional, se procederá a una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los treinta días consecutivos siguientes. Mientras se elige y toma posesión el nuevo presidente o la nueva presidenta, se encargará de la Presidencia de la República el Vicepresidente Ejecutivo o la Vicepresidenta Ejecutiva…”.

Hoy 3 de julio se está cumpliendo lo estipulado en el Artículo 234 de la Constitución: “Las faltas temporales del presidente o presidenta de la República serán suplidas por el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva hasta por noventa días, prorrogables por decisión de la Asamblea Nacional por noventa días más. Si una falta temporal se prolonga por más de noventa días consecutivos, la Asamblea Nacional decidirá por mayoría de sus integrantes si debe considerarse que hay falta absoluta”.

Lexys Rendón, codirectora de LabPaz.

La Constitución

Con sede en Caracas Laboratorio de Paz (LabPaz) es un centro de investigación y pensamiento estratégico venezolano, que desde el 2012 ejecuta, analiza, divulga y genera recomendaciones para la resolución de conflictos a través del abordaje interdisciplinario democracia, no violencia y derechos humanos. 

En su pronunciamiento, la organización LabPaz recordó que la Constitución nacional es la norma suprema del ordenamiento jurídico venezolano y que todas las personas y órganos del poder público están sujetos a ella. “Ninguna fórmula política puede estar por encima de la Constitución”, enfatizó, al advertir que cualquier salida que ignore ese marco agravaría la fragilidad institucional.

El comunicado subraya que el vencimiento del plazo constitucional previsto en el artículo 234 para el ejercicio de un gobierno interino o provisional obliga a las instituciones competentes a actuar sin más dilaciones. 

En ese sentido, LabPaz pidió declarar la falta absoluta de la Presidencia de la República y adoptar de inmediato las medidas necesarias para restituir el hilo constitucional mediante la convocatoria a elecciones libres, auténticas, competitivas, transparentes y verificables.

En medio de una zona destruida se observa una valla de las muchas colocadas durante el régimen de Nicolás Maduro.

La organización cuestionó la omisión de la Asamblea Nacional, que preside Jorge de Jesús Rodríguez Gómez, hermano de la presidenta interina, en garantizar el cumplimiento estricto de la Constitución dentro de sus competencias.

Para LabPaz, esa inacción incrementa la incertidumbre y confirma la urgencia de reconstruir la institucionalidad como condición básica para una recuperación material eficiente del país.

LabPaz insistió en que cualquier transición democrática pactada debe estar fundada en el respeto a la norma constitucional, la separación de poderes, la garantía de los derechos civiles y políticos, y la participación plena, libre e informada de la ciudadanía. 

También alertó que la prolongación indefinida de situaciones excepcionales, sin base constitucional suficiente, debilita la institucionalidad, profundiza la incertidumbre y priva a la sociedad venezolana de su derecho a decidir democráticamente su futuro.

"No son legítimos los acuerdos que sustituyan la voluntad popular y la Constitución venezolana”, advirtió la organización, a l señalar que la reconstrucción material del país requiere la reconstrucción institucional. “Las viviendas, las escuelas, los hospitales, los servicios públicos y la ayuda humanitaria requerirán decisiones que inspiren confianza, seguridad jurídica y legitimidad”.

El sociólogo Rafael Uzcátegui es defensor de DDHH y parte de LabPaz.

No son espectadores

Resalta que Venezuela ha demostrado, en el marco de la más terrible tragedia causada por los terremotos, que hay una “sociedad viva, solidaria y capaz de protagonizar su propia reconstrucción”. 

Agrega que se ha mostrado que los venezolanos “no son espectadores de su destino, sino protagonistas de la solidaridad, de la organización comunitaria y de la reconstrucción posible”. 

A juicio de LabPaz la reconstrucción del país debe comenzar por la vigencia de la Constitución “como marco común de convivencia, justicia, legalidad y esperanza democrática”.

Por ello sostienen la necesidad de “volver a la norma, recuperar la soberanía, abrir el camino a un calendario electoral y celebrar elecciones que permitan una transición sin más postergaciones”, que incluyan la legitimidad, la paz y los derechos humanos.

En el cierre del comunicado, Laboratorio de Paz hizo un llamado a las autoridades nacionales, actores políticos, sociedad civil, comunidad internacional y organismos de protección de derechos humanos a acompañar y exigir la restitución del hilo constitucional, la declaración formal de la falta absoluta de la Presidencia y la convocatoria urgente a elecciones conforme a estándares democráticos internacionales.

https://www.infobae.com/venezuela/2026/07/03/ninguna-formula-politica-puede-estar-por-encima-de-la-constitucion-el-llamado-del-laboratorio-de-paz-a-seis-meses-de-la-presidencia-interina-en-venezuela/

Venezuela ante los escombros: dos oficiales analizan la tragedia que expuso el colapso institucional y moral

El vicealmirante Jesús Enrique Briceño García y el general de brigada Guaicaipuro Lameda Montero coinciden en que los terremotos del 24 de junio no solo dejaron destrucción material: también evidenciaron la fragilidad de un Estado marcado por la opacidad, la improvisación y el deterioro de sus instituciones, asi como una profunda crisis de confianza en la Fuerza Armada. 

Sebastiana Barráez/ domingo 28 de junio 2026
Tomado de Infobae

Los terremotos del 24 de junio en Venezuela expusieron el colapso institucional y la crisis de confianza en la Fuerza Armada, según dos oficiales retirados. (AP/Fernando Vergara).

Los terremotos que sacudieron a Venezuela el 24 de junio abrieron una nueva grieta en el debate público nacional, dentro y fuera de la Fuerza Armada. Para dos oficiales retirados de alto rango, la tragedia no solo mostró los daños provocados por la naturaleza, sino también las consecuencias de años de debilitamiento institucional, politización y pérdida de capacidades del Estado.

El general de brigada del Ejército Guaicaipuro Lameda Montero afirmó que el país atraviesa “uno de los momentos más dolorosos de su historia reciente”, marcado por la sensación de desprotección de una población que, según sostuvo, llega a percibir como agresora a la misma institución llamada a resguardarla.

A su juicio, Venezuela enfrenta el drama de una Fuerza Armada que “perdió la razón que justificaba su existencia” al apartarse del propósito republicano para el cual fue creada. Lameda recordó que el uniforme militar no es una simple prenda, sino la representación visible de un juramento: colocar el deber por encima de la conveniencia, el honor por encima del interés personal y la República por encima de la propia seguridad.

Dos terremotos devastaron a zonas como La Guaira.

“La Fuerza Armada existe porque la República la necesita”, señaló. Agregó que su misión no es proteger gobiernos, ideologías ni proyectos personales, sino garantizar la soberanía nacional, defender la integridad territorial, proteger a los ciudadanos y responder con disciplina en los momentos más difíciles del país.

El oficial retirado sostuvo que, cuando una institución pierde su propósito, también comienza a perder su “alma”. En ese contexto, aludió a denuncias documentadas durante años por organismos internacionales, investigaciones periodísticas, tribunales y centros de análisis sobre corrupción, violaciones de derechos humanos, uso político de la institución militar y presuntos vínculos de mandos con estructuras asociadas al terrorismo, el narcotráfico, la sustracción de riqueza nacional y la legitimación de capitales.

Aunque aclaró que corresponde a la justicia determinar responsabilidades individuales, Lameda insistió en una consecuencia institucional que considera imposible de ignorar: la pérdida de autoridad moral del mando militar.

“Cuando el mando militar pierde la autoridad moral, la institución deja de proteger a la Nación y comienza a actuar en función de intereses distintos de aquellos que juró defender”, expresó.

General de brigada del Ejército y expresidente de PDVSA Guaicaipuro Lameda Montero.

Para el general, los acontecimientos recientes evidenciaron tanto la incapacidad de una institución “profundamente politizada” como el deterioro de la confianza ciudadana en quienes estaban llamados a defender la soberanía y proteger a la población.

Lameda Montero, quien fuera presidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA) entre el 2000 y 2002, también cuestionó la respuesta institucional ante la emergencia. Señaló que, cuando miles de venezolanos requieren rescate, transporte, logística, comunicaciones, ingeniería militar u hospitales de campaña, la actuación percibida por los afectados ha estado lejos de lo que exige la magnitud de la crisis.

Desde esa perspectiva, planteó una pregunta central: “¿Para qué existe una Fuerza Armada que no logra responder plenamente cuando la patria la necesita con mayor urgencia?”.

Estamos ante Estado sin músculo técnico para enfrentar una emergencia de gran escala.

El general sostuvo que ninguna institución pública existe para garantizar su propia permanencia, sino para cumplir una misión. Cuando deja de hacerlo, añadió, la sociedad tiene derecho a preguntarse si esa institución sigue mereciendo la confianza depositada en ella.

En su reflexión, Lameda subrayó que ser militar no depende únicamente de vestir un uniforme ni de ostentar un grado. A su juicio, lo que define verdaderamente al profesional de las armas es un código de conducta y un compromiso ético que dan sentido al juramento, al mando, al sacrificio y al uso legítimo de las armas.

Debate impostergable

Al apelar a la legislación militar venezolana, recordó que el valor, la buena fe, la rectitud y el decoro constituyen virtudes esenciales del profesional de las armas. “No puede ser militar quien carezca de dignidad, pundonor y rectitud”, afirmó.

Es legítimo e impostergable debatir el futuro de la Fuerza Armada.

El oficial aclaró que su cuestionamiento no pretende juzgar a todos los hombres y mujeres que hoy visten uniforme. Dijo reconocer a quienes han servido con honor, a quienes han sufrido en silencio la degradación institucional y a quienes fueron desplazados por mantenerse fieles a su juramento.

Su crítica, precisó, está dirigida a quienes desde el mando permitieron o protagonizaron que el uniforme y el grado dejaran de representar el código moral que les daba sentido, desviando así a la institución de su propósito original.

Frente a ese escenario, Lameda consideró necesario abrir un debate “legítimo e impostergable” sobre el futuro de la Fuerza Armada venezolana.

A su juicio, la discusión no debe limitarse a si determinados mandos pueden continuar representando a la institución. El verdadero dilema, dijo, es si la Fuerza Armada puede ser recuperada mediante una profunda depuración ética, profesional y jurídica, o si el daño exige un proceso de refundación desde sus cimientos.

“La Fuerza Armada no se reconstruirá comprando nuevos equipos, cambiando uniformes o designando nuevos comandantes”, sostuvo. “Se reconstruirá restaurando el código moral que convierte a una persona armada en un militar al servicio de la Nación”.

En la FAN se impuso la obediencia política, la falta de profesionalismo y la pérdida del orgullo de pertenencia.

El general concluyó que la decisión sobre el futuro de la institución no pertenece exclusivamente a los militares ni al gobierno, sino a la nación que requiere protección. “Venezuela necesita una Fuerza Armada. Pero, antes que eso, necesita volver a tener militares al mando”, afirmó.

Como cierre de su planteamiento, Lameda anunció que reproduce el Código de Honor con el que comienza la formación de un profesional del Ejército venezolano, con el propósito de que cada ciudadano cuente con un criterio propio para valorar la conducta de quienes visten uniforme.

“No fue solo el sismo”

El vicealmirante Jesús Enrique Briceño García coincidió en que los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 no encontraron a un país preparado, sino a una nación previamente erosionada por la destrucción de sus instituciones. En su análisis, durante años el liderazgo profesional fue desplazado por jefaturas improvisadas, criterios políticos y decisiones tomadas al margen del mérito, la experiencia y la vocación de servicio.

El vicealmirante Jesús Enrique Briceño García licenciado en Ciencias Navales y doctor en Administración.

Para el oficial egresado de la Armada, buena parte de los cuadros formados durante décadas de democracia fueron apartados de forma sistemática. En su lugar, sostuvo, se impuso una estructura marcada por la obediencia política, la falta de profesionalismo y la pérdida del orgullo de pertenencia. El resultado fue un Estado sin músculo técnico para enfrentar una emergencia de gran escala.

Briceño García afirmó que, tras el impacto del 3 de enero de 2026, se intentó instalar en el discurso público la idea de una reinstitucionalización. Pero advirtió que reconstruir el Estado no consiste únicamente en cambiar leyes, sustituir autoridades o anunciar reformas: implica comprender cómo funcionan las organizaciones eficientes y aplicar procesos de transformación con base técnica, planificación estratégica y equipos profesionales.

Según el vicealmirante, quien fuera Comandante de la Armada, durante años se ocultaron debilidades, se maquillaron cifras y se privilegió la politización por encima de la formación de capacidades reales. No hubo, dijo, una política sostenida para desarrollar carreras, seleccionar a los mejores, formar equipos o preparar instituciones para escenarios críticos. “La prioridad fue controlar, no servir”, resumió.

A su juicio, la magnitud de la tragedia obliga a mirar más allá del fenómeno natural. Muchas pérdidas, sostuvo, pudieron evitarse si los ministerios y organismos responsables hubiesen aplicado con rigor normas de construcción antisísmica, controles técnicos y políticas de prevención desde hace décadas.

La politización de la institución armada.

Briceño García señaló que, si las instituciones de seguridad ciudadana -desde la Defensa Civil y los cuerpos policiales hasta las Fuerzas Armadas- hubiesen estado conducidas por líderes preparados, la reacción del 24 de junio habría sido distinta. La emergencia exigía personal entrenado, equipos adecuados y una coordinación proporcional al doblete sísmico que golpeó al país.

El oficial advirtió que aún existe una ventana crítica para rescatar a miles de desaparecidos. En medio de los edificios colapsados y de las zonas más afectadas, sostuvo, Venezuela necesita especialistas, voluntarios formados y equipos capaces de actuar con método, disciplina y humanidad. Quienes tengan conocimiento en Defensa Civil, rescate, ingeniería, salud, logística y reconstrucción están llamados a integrarse a una tarea que ya no admite demoras.

Para Briceño García, la desgracia venezolana no puede explicarse solo por la violencia de la naturaleza. También es consecuencia de años de deterioro institucional. Por eso, concluyó, la reconstrucción del país exige algo más que levantar estructuras: requiere recuperar un Estado eficiente, disciplinado, despolitizado, democrático y orientado al progreso.

https://www.infobae.com/venezuela/2026/06/28/venezuela-ante-los-escombros-dos-oficiales-analizan-la-tragedia-que-expuso-el-colapso-institucional-y-moral/

Militares retirados denuncian la exclusión de cobertura anunciada por el seguro del Ministerio de Defensa de Venezuela

 

La compañía adscrita anunció, desde el 1 de junio servicios de telemedicina, atención domiciliaria, ambulancia y odontología solo para el personal activo. La decisión genera reclamos de oficiales que ya no están en servicio.

Sebastiana Barráez/ martes 2 de junio 2026
Tomado de Infobae

Bajo la administración de Vladimir Padrino en el Ministerio de la Defensa la situación social de los militares entró en crisis extrema.

El anuncio de nuevos servicios médicos por parte de Seguros Horizonte reavivó el malestar entre integrantes de la Reserva Activa de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), quienes denuncian haber sido excluidos de beneficios que, durante años, formaron parte de la cobertura destinada tanto a personal activo como retirado. “Es una discriminación contra el militar que pagó por la póliza desde que entramos a la institución”, le dice a Infobae un alto oficial.

La decisión provocó críticas entre oficiales en situación de retiro, que consideran discriminatorio el alcance del anuncio. El coronel retirado de la Guardia Nacional José Rangel Terán calificó la medida como “un irrespeto, una provocación y un acto discriminatorio” contra los militares retirados.

El reclamo se centra en que muchos de ellos aseguran haber aportado al sistema de previsión y al seguro desde su etapa de formación militar, pero hoy no cuentan con coberturas que antes incluían, entre otros servicios, asistencia médica, de medicamentos y funerarios.

En el Hospital Militar de Caracas crearon una oficina de enlace con Seguros Horizonte.

De acuerdo con los testimonios recogidos, bajo la administración de Nicolás Maduro y con Vladimir Padrino al frente del Ministerio de la Defensa, Seguros Horizonte dejó de cobrar y de prestar al militar retirado una póliza en los términos en que había sido concebida originalmente. En su lugar, afirman, el esquema quedó reducido a una prestación de servicios hospitalarios, financiada con descuentos equivalentes a 6,5% de la pensión del militar retirado. En la práctica, sostienen, ya no existe servicio funerario, salvo un montepío de 150 dólares para quienes pertenezcan a la Caja de Ahorros.

Un teniente coronel retirado relató que a finales de abril acudió al Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA) en busca de apoyo para medicinas y equipos médicos, pero recibió como respuesta que no había recursos disponibles para los afiliados. “No hay apoyo para medicinas ni equipo médico para afiliados, no hay dinero, aunque siguen haciéndonos el descuento por seguridad social”, aseguró.

Seguros Horizonte fue fundada en 1956 como un ente descentralizado adscrito al Ministerio de la Defensa y tiene como principal accionista al Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (IPSFA), con 99% de las acciones, según información institucional de la propia empresa y de su oferta de productos para la familia militar. En su portafolio público todavía aparecen pólizas y coberturas dirigidas a personal militar activo y retirado, incluidas modalidades complementarias con hospitalización, cirugía y servicios funerarios. En la actualidad, la presidencia de la empresa está a cargo del general de división Alfredo Alejandro García Parra. 

La discriminación entre militares activos y retirados se profundiza con la seguridad social.

Deber moral y legal

El Instituto de Oficiales en situación de Retiro de la Fuerza Armada Nacional (IORFAN) hizo, en marzo 2026, un pronunciamiento institucional, destacando que la Ley de Seguridad Social de la Fuerza Armada establece que la previsión social militar “debe ser integral y garantizar protección efectiva tanto al personal en servicio activo como a quienes se encuentran en situación de retiro, así como a sus familias”.

Enfatizó que el espíritu de esa Ley “reconoce que el militar retirado continúa siendo parte de la institución que sirvió durante su vida profesional y, por tanto, debe mantener condiciones de protección social acordes con su grado, años de servicio y responsabilidad histórica con la Nación”.

Por ello el IORFAN considera necesario avanzar hacia una política pública que garantice la “equidad en la previsión social entre militares activos y militares en situación de retiro”, de manera que se mantenga la relación entre la pensión del militar retirado y la remuneración correspondiente a su grado.

“Garantizar una previsión social digna para militares activos y retirados no solo es un mandato legal, sino también un deber moral del Estado con quienes han servido a la Nación” dice el Iorfan.

Un oficial inspecciona una de las unidades que ha instalado Horizonte para las jornadas de asistencia.

Influencia de Castro

El coronel de la Guardia Nacional retirado José Rangel Terán planteó una interpretación severa sobre las causas que, a su juicio, explican el trato “irrespetuoso, humillante y provocador” que recibe hoy el militar venezolano en situación de retiro.

Según su visión, el origen de este proceso se remonta al profundo resentimiento que el ya fallecido dictador cubano Fidel Castro Ruz habría desarrollado contra la institución militar venezolana, tras la derrota que las Fuerzas Armadas Nacionales infligieron a la guerrilla venezolana en las décadas de 1960 y 1970. 

Aquella insurgencia, recuerda, fue financiada por la Unión Soviética a través de Cuba, bajo el liderazgo de los hermanos Castro. En esa etapa también se registraron intentos fallidos de invasión, entre ellos el desembarco por las playas de Machurucuto.

Rangel Terán vincula ese mismo antagonismo con la hostilidad del régimen cubano hacia el entonces presidente Rómulo Betancourt, blanco de un atentado que casi le cuesta la vida y le dejó graves quemaduras en ambas manos. También menciona, aunque en menor medida, al presidente Raúl Leoni. 

Para el coronel, la influencia ejercida posteriormente por Fidel Castro sobre Hugo Chávez Frías profundizó la desconfianza y el rechazo hacia el militar venezolano, con especial énfasis en quienes pasaban a condición de retiro.

Andreína Baduel, hija del general Raúl Baduel, es una activista en defensa de los derechos humanos y de los presos políticos.

Como muestra de ese proceso, señala la creación de la Milicia Bolivariana, una estructura de la que afirma ha contribuido a crear opacidad sobre verdadero presupuesto de la institución militar venezolana, así como al deterioro de su prestigio institucional. 

A su juicio, la huella de la injerencia cubana también se evidenció en la ruptura de Chávez con el general Raúl Isaías Baduel, de quien era amigo, compadre de Chávez y figura clave en su restitución al poder durante los sucesos de 2002, mediante la Operación Rescate de la Dignidad.

En esa línea, sostiene que Baduel fue posteriormente objeto de persecución política: acusado por corrupción, encarcelado por años y abandonado hasta morir sin adecuada atención médica. Sus hijos, añade, habrían corrido una suerte similar, uno de ellos en el exilio, otro en la cárcel El Rodeo I y sus hijas, Andreína y Margaret Baduel, enfrentan frecuentemente acoso y persecución por su activismo en defensa de los presos políticos. 

En su relato, Rangel Terán atribuye a Fidel Castro una advertencia recurrente a Chávez sobre el peso moral y el ascendiente de Baduel dentro de las Fuerza Armada, al considerarlo una eventual amenaza a su poder.

El coronel también recuerda episodios públicos que, según afirma, reflejan el menosprecio hacia los militares retirados. Entre ellos menciona una intervención de Chávez en cadena nacional, en la que cuestionó que a los militares en retiro se les pagaran bonos de alimentación, profesionalización y recreación, comentario que fue recibido entre risas y burlas. 

Asimismo, Rangel Terán alude a otra declaración en la que el entonces mandatario comparó a los generales con un condón: un objeto que “se usa y luego se desecha”.

Sostiene que ese patrón de irrespeto no se detuvo con la muerte de Chávez. Por el contrario, considera que continuó y se agravó bajo Nicolás Maduro Moros porque tenía la marca de la influencia cubana, formado “como agitador político e infiltración en gobiernos”. 

Seguros Horizonte anuncia así los servicios solo para los militares activos.

El abandono militar

En ese contexto Rangel califica a Delcy Eloína Rodríguez Gómez como “el acabose en su máxima expresión del trato al militar en situación de retiro”, así como al General en Jefe (Ej.) Vladimir Padrino López quien fue ministro de la Defensa por casi 12 años; los responsabiliza de haber llevado al extremo el abandono del militar en retiro. 

En particular, cuestiona que Padrino López le haya permitido al gobierno interino de Rodríguez que el presupuesto militar haya quedado bajo control civil, lo que interpreta como una señal de sometimiento y pérdida de autonomía dentro de la estructura castrense.

El coronel sostiene que los hermanos Rodríguez Gómez, Delcy Eloína y Jorge de Jesús, guardan un profundo resentimiento contra la Fuerza Armada “por razones harta conocidas”, dice en alusión a la muerte de su padre Jorge Antonio Rodríguez, luego de la detención y tortura a la que fue sometido por el escandaloso caso del secuestro del empresario William Niehous, en 1976.

En su conclusión, el oficial retirado sostiene que los responsables de la “orfandad y abandono” de los militares retirados son ampliamente conocidos dentro del país. Sin embargo, considera que mientras el actual sistema de poder se mantenga, aunque esté tutelado por los Estados Unidos, cualquier intento de revertir esa situación será estéril. 

Bajo esa premisa, descarta la eficacia de acudir al Ministerio de la Defensa, a los comandantes de componentes, a reformas a la Ley Constitucional de la Fuerza Armada o de la Ley Orgánica de Bienestar Social de la FAN. Tampoco acudir a instancias parlamentarias como la Comisión de Seguridad y Defensa de la Asamblea Nacional, donde está el general Jesús Suárez Chourio de quien dijo que “pretendió convertir la Reserva Activa en un partido político”.

Deja planteados dos temas que, a su juicio, merecen desarrollo aparte: el papel de la llamada Reserva Activa y la situación del Instituto de Oficiales Retirados de la Fuerza Armada (IORFAN), ambos presentados como asuntos pendientes dentro del debate sobre la protección social y la dignidad del militar en situación de retiro.

La activación de servicios para los militares es solo para los activos y excluye a los que están en retiro de la FANB.

Desde Bolívar

El coronel Rangel Terán hace mención al escrito que envía uno de sus compañeros militares en el que se pregunta ¿Quién es el ente verdadero responsable directo de garantizar una vida humana y social digna del personal militar en situación de retiro? esa responsabilidad recae irrevocable e ineludiblemente en el IPSFA, adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Defensa. 

Si el Órgano Superior Castrense, es decir el Ministerio de la Defensa, representa el Estado, entonces le corresponde legalmente todas las iniciativas que optimicen el bienestar físico, mental y social de todos los militares “en cualquier condición o situación que se encuentre”. 

Hace énfasis en que así está explícito en la Constitución y leyes venezolanas. Como referencia está en la Historia, el 10 de octubre de 1813, cuando Simón Bolívar ordenó un sueldo para sus soldados. Y fue durante la Campaña Admirable el momento en que El Libertador firmó el Histórico Decreto de Sueldos y Salarios para la Tropa en Caracas, estableciendo en la Fuerza Armada Nacional el Servicio de Prevención y Bienestar Social del Militar.

https://www.infobae.com/venezuela/2026/06/02/militares-retirados-denuncian-la-exclusion-de-cobertura-anunciada-por-el-seguro-del-ministerio-de-defensa-de-venezuela/