Maduro envió flores a una cárcel de mujeres en un intento de esconder la grave crisis penitenciaria en Venezuela

 

A pesar de ese gesto, que fue tomado como una burla, y de haber extendido a media hora como una excepción la visita por el Día del Padre a los presos del Rodeo I, no hay órdenes del ministro García Zerpa que indiquen que habrá mayor humanización en las cárceles venezolanas

Sebastiana Barráez/ domingo 16 de junio 2024

@SebastianaB

Tomado de Infobae

Las rosas enviadas por Maduro a las detenidas en el INOF

El viernes 14 de junio 2024 el recién nombrado Ministro de Asuntos Penitenciarios, Julio José García Zerpa fue al Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), mejor conocida como Cárcel de Mujeres, en las afueras de Caracas. Dos hechos insólitos: a las mujeres detenidas les entregaron rosas rojas “de parte de Nicolás Maduro”. El Ministro no habló con las presas por causas políticas; dijo que él se proponía hacer justicia, que se instalaría una máquina para que colocaran sus huellas y tratar lo relacionado a la redención de la pena, se declaró “mano derecha” de su amigo Diosdado Cabello y que gracias a él Maduro lo nombró en el cargo. 

Lo de las rosas enviadas por el candidato a la reelección, Nicolás Maduro, representa casi una burla, no solo por la situación de las cárceles, sino porque su Gobierno ha sido señalado por cientos de testimonios por violación de derechos humanos, tratos crueles y degradantes, expedientes fabricados en la DGCIM y el SEBIN, detenciones arbitrarias, torturas, violación al debido proceso, en fin, crímenes de lesa humanidad.

Por otra parte, la confesión de Ministro García Zerpa, lo que hace es confirmar que hubo una maniobra para que en tres días, con el inicio de la huelga de hambre en algunas cárceles, la entonces ministra, vicealmirante Celsa Sirley Bautista Ontiveros, fuera destituida, quitándole así un polo de poder al Ministro del Interior, almirante en jefe Remigio Ceballos Ichaso.

Unas 50 cárceles del país estuvieron en huelga de hambre reclamando por sus derechos procesales y por condiciones dignas en los recintos carcelarios

La huelga no fue convocada por Jonathan Alberto Palacios Castillo, como se le hizo creer a muchos detenidos; además, Eligio Rojas, de medios de propaganda del régimen aseguró que era para “crear focos de violencia en cárceles venezolanas, según informes de inteligencia”. Últimas Noticias miente al señalarle supuestos delitos a Palacios, cuando en realidad fue el Fiscal General Tarek William Saab Halabi quien ordena su detención por la Ley del Odio por una crítica que le hiciera Palacios. 

Si bien es cierto que hay razones justificadas para que los presos en Venezuela se declararan en huelga, la verdadera intención era la destitución de Bautista Ontiveros para que el Ministerio Penitenciario pasara al control de Diosdado Cabello, a través del hasta ahora diputado García Zerpa.

El Ministerio Penitenciario significa: poder, dinero, armas y hombres, algunos delincuentes muy peligrosos o relacionados con organizaciones delictivas y pranes que manejan armas de guerra, ejércitos parapoliciales y paramilitares, además de los millonarios recursos económicos que se derivan de ello.

García reportaba directamente a Diosdado Cabello, como su jefe directo en la comisión de Política Interior con la Revolución de la Justicia y a Pedro Carreño que estaba anteriormente en Política Interior.

El ahora Ministro era el vicepresidente de la comisión de Política Interior e incluso tenía a cargo todo lo relacionado con justicia. En el INOF recuerdan que él fue el año pasado o antepasado a ese recinto carcelario teniendo a cargo el operativo que se hizo ahí en el marco de la revolución judicial.

García Zerpa considera a Cabello su maestro de vida

De hablar mal a protegido

El ministro Julio García Zerpa es abogado y fue vicepresidente de la Comisión Permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional del Parlamento.

Uno de los dirigentes del Partido Socialista de Venezuela (PSUV) en Táchira, en conversación con Infobae, lo describe como “un hombre muy astuto, de ese tipo de político que le encanta el lobby y usa las reuniones sociales para darse a conocer y hacer alianzas”. 

Agrega que “cuando lo enviaron para acá, al Táchira, en las últimas elecciones regionales resultó un fracaso porque lo que hacía era actividad social y nada de lo político. No respondió como se esperaba, pero siempre gozó de la protección del gobernador de Miranda, Héctor Rodríguez”.

Un diputado oficialista destaca, no sin sorpresa, que “Julio García antes hablaba muy mal de Diosdado, pero de repente lo vi en la Revolución Judicial y haciendo alianzas con el segundo a bordo”.

Hace dos meses publicó un mensaje en redes sociales con una foto junto a Cabello destacando que “los pasajes de la vida y de la política me han regalado momentos, amigos, experiencias y maestros. Es de un maestro que quiero hablarles hoy, uno que pregona con el ejemplo, de principios irreductibles y de lealtades a toda prueba, hombre intolerante ante las injusticias, de una moral muy elevada. Algunos dicen que representa “El Necio” del que cantó Silvio, afirmación que suscribo. Para un maestro de la vida, al cual he tenido la honra de acompañar en estos andares de la Revolución, mis mejores deseos. Para usted y su familia Capitán Diosdado Cabello”.

García Zerpa viene de la revolución judicial de la mano de Diosdado Cabello Rondón y de uno de sus incondicionales, el diputado Pedro Miguel Carreño Escobar, quien integra la Comisión de Administración y Servicios, también la Comisión Especial para Investigar Crímenes contra Migrantes Venezolanos en el Extranjero, así como los Grupos de Amistad Parlamentaria: Venezuela – Rusia; Venezuela – Nicaragua; y Venezuela – Unión Europea.

El recién estrenado Ministro Penitenciario es abogado y seguramente tendrá que hacer uso de toda su astucia ante la poderosa Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). 

Hace menos de un año el entonces diputado de la revolución judicial, García Zerpa, y la entonces ministra Penitenciaria, Celsa Bautista (Fuente)

La ministra saliente, Celsa Bautista ha sido denunciada ante los organismos internacionales, porque bajo su mandato se remodeló y se puso en funcionamiento la Cárcel Rodeo I; se implementaron medidas brutales contra presos, algunos de ellos políticos, contra sus familiares sometidos a actos vejatorios como someterlos durante horas a estar parados en las afueras de la cárcel, luego encapucharlos, negarles que puedan abrazar a sus seres queridos y solo permitiéndoles entre 15 a 20 minutos de visita y a través de un vidrio, solo comunicándose con un teléfono instalado en el locutorio. 

Con el nombramiento del nuevo Ministro Penitenciario queda todo el poder judicial más cerradito y en confianza: el defensor Público, Daniel Ramírez, aparece muy cercano a García Zerpa. Así el Ministerio Penitenciario, la Fiscalía, la Defensa Pública y la Sala Penal del TSJ forman un solo entramado de poder.

La llamada revolución judicial pretendió hacer creer que la justicia daba respuestas con el fin de que cada persona liberada se sintiera agradecida con el gobierno. Lo que debe ser un derecho de la persona que ingresa como imputada al sistema judicial, a que se cumpla el debido proceso, se transformó en el “favor” de la revolución judicial “gracias al presidente Nicolás Maduro”.

Al final no ha sido más que un fraude porque la mayoría de los liberados es porque hay una evidente injusticia o ha cumplido los requisitos; una semana después lo que haga la comisión judicial, lo impugna el Ministerio Público. Cada escalón alcanzado es dinero: en sede policial tiene un precio, en fiscalía otro, en tribunal uno distinto, en la Cortes otro y en la Sala Penal otro. 

Además de las florecitas enviadas por Maduro, de la apología que le hizo a Diosdado, de haber extendido a media hora como una excepción la visita por el Día del Padre a los presos del Rodeo I y permitirles que escriban una carta a los presos con hijos, aun no hay órdenes de García Zerpa que indiquen que habrá mayor humanización en las cárceles venezolanas.

https://www.infobae.com/venezuela/2024/06/16/maduro-envio-flores-a-una-carcel-de-mujeres-en-un-intento-de-esconder-la-grave-crisis-penitenciaria-en-venezuela/

Las mujeres de las operaciones “Drones” y “Gedeón” en Venezuela: quiénes son y dónde están

 

Integran la lista de 22 judicializadas por causas políticas bajo el régimen de Nicolás Maduro

Sebastiana Barráez/ domingo 10 de noviembre 2023

@SebastianaB

Tomado de Infobae 

Emirlendris Carolina Benítez Rosales con graves condiciones de salud

Son 12 las féminas de los casos Los Drones, como se llama al intento de magnicidio contra Nicolás Maduro el 4 de agosto 2018, y por la Operación Gedeón del 3 de mayo 2020. Ellas integran, junto a 10 más, la lista de mujeres judicializadas por causas políticas. Algunas simplemente por ser madres, hermanas o parejas de presos políticos. La mayoría de ellas están recluidas en la cárcel de mujeres, el Instituto Nacional de Orientación Femenina; al INOF llegó hace unas semanas alias Piel Canela, una presa común que se encuentra en el área de las madres y que se ha convertido en una pran de ese recinto carcelario.

Las mujeres detenidas por el caso de Los Drones, llamado así porque el intento de magnicidio se pretendió hacer usando un par de drones, uno de los cuales estalló frente a la tarima presidencial, durante el aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). Por ese caso las mujeres detenidas son:

Yosida Vanegas detenida en agosto 2023 en el Táchira

Yosida Vanegas de Monasterio, es la madre del sargento mayor primero (SM1) de la Guardia Nacional Juan Carlos Monasterios Vanegas, detenido en el 2018 y condenado a 30 años de prisión; ella fue detenida por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) el 15 de agosto 2023 en la alcabala La Pedrera del Táchira. Está en la causa de los Drones III, como se llama al intento de magnicidio contra Nicolás Maduro el 4 de agosto 2018. Su expediente está en fase intermedia y le imputaron asociación para delinquir y financiamiento al terrorismo. Recluida en el INOF presenta problemas cardiovasculares, artrosis e hipertensión.

María Auxiliadora Delgado Tabosky, quien es venezolana y tiene nacionalidad española, aparecen en la causa Drones II. Ella, y su esposo Juan Carlos Marrufo Capozzi con nacionalidad italiana, detenidos desde el 2018, fueron condenados en Primera Instancia. Su situación de salud se ha resentido presentando por diagnosticar fibrioquistico mamario, posible adenocarcinoma en espera del resultado de la biopsia. Por su condición de reclusión María Auxiliadora tiene el virus respiratorio sincitial (VSR), generándole afección pulmonar. Está detenida en la DGCIM por ser la hermana de Osman Delgado Tabosky, quien está señalado como uno de los autores del caso de los Drones. (http://www.sebastianasinsecretos.com/2019/10/la-cruel-trampa-de-la-direccion-de.html)

Juan Carlos Monasterios y su mamá Yosida Vanegas. Cortesía Cronicauno

El trato contra Emirlendris Carolina Benítez Rosales, ha sido brutal. Está en el caso judicial Drones I, por ser la esposa de Yolmer Escalona, uno de los señalados por el intento de magnicidio del 4 de agosto 2018. A ella la detienen el 5 de agosto, hace más de cinco años, en el estado Portuguesa. Es víctima de desaparición forzosa, durante 10 días, por parte de la DGCIM. Fue condenada en Primera Instancia. Tiene 5 años en prisión y sufre de fibromialgia crónica y se encuentra en silla de ruedas, con hernia L4 y L5, emigración de biopolímeros; presenta adormecimiento constante de la mitad del cuerpo y la boca, así como inflamación total de ambas piernas y brazo derecho. Cuando fue detenida estaba embarazada y sufrió un aborto; sufrió torturas físicas y psicológicas; tiene dos hijos y está recluida en el INOF.

Ángela Lisbeth Expósito Carrillo, es venezolana y tiene nacionalidad española; era directora de la ONG Fundanimal, cuando fue detenida el 22 de septiembre 2018, por el caso Dron I, siendo condenada en Primera Instancia, a 24 años de prisión.  Está recluida en el Centro de procesados y penados de máxima seguridad en el SEBIN.  El Observatorio Nacional de DDHH ha dicho que ella sufrió torturas, tratos crueles e inhumanos y degradantes. Necesita atención médica por nódulos tiroideos que requieren biopsia, siendo que ha tenido considerable pérdida de peso y afecciones respiratorias. (http://www.sebastianasinsecretos.com/2023/04/se-dedicaba-rescatar-y-cuidar-perros.html

En el Tribunal, ante jueces y fiscales, su abogada Theresly Aída Malavé Wadskier dijo durante el juicio: “¿Saben qué pasó? Ángela sintió que había hombres afuera, los perros ladraban y, cuando salió, sintió que la halaron por el cabello, la batuquearon contra el piso, le pusieron una bolsa plástica en su cabeza, la torturaron, le pegaron, le robaron todo lo que pudieron y le preguntaron, forzándola a que ella dijera cosas que no sabía acerca del caso en sí, y se la llevaron. Eso fue lo que pasó”.

Yanin Fabiana Pernía Coronel tiene más de cinco años detenida por la causa Dron I; fue condenada en Primera Instancia, a 30 años de prisión por intento de magnicidio. Sus abogados y familiares han denunciado que sufrió torturas y violencia sexual, siendo golpeada, colgada, electrocutada, con intentos de asfixia y ahogamiento, revela un informe del Observatorio Nacional de DDHH. Ella se encuentra en el INOF.

Los esposos María Auxiliadora Delgado Tabosky y Juan Carlos Marrufo Capozzi

Operaciones Gedeón

Karen Hernández Rodríguez se encuentra en máxima seguridad del SEBIN desde que, el 16 de mayo 2020, fue detenida en la causa Operación Gedeón II; su caso está en fase de juicio. Junto con ella fue detenida Carla Rosaura Da Silva, las dos en la causa del intento de magnicidio del 4 de agosto, Operación Gedeón II que se encuentra en fase de juicio, También está recluida en máxima seguridad del SEBIN.

Yolimar Alemán de Chaya fue detenida por ser hermana del teniente (GNB) Richard Alemán Castellano (http://www.sebastianasinsecretos.com/2020/10/la-brutal-tortura-que-recibio-un.html) y esposa del capitán Erickson Alexander Chaya Barroeta, quien también está detenido. Ella está en libertad bajo presentación en la causa Operación Gedeón II.

Así como Yolimar, se encuentra en la misma condición su hermana Andreína José Alemán Castellano, detenida el mismo 21 de abril 2020, junto a su cuñado Chaya, en casa de sus padres en Puerto Cabello. Orlando Alemán, hermano de Yolimar, Richard y Andreína, le dijo a Infobae, en diciembre 2020, “Varios Dgcim intentaban tumbar las puertas del anexo, mientras tres se acercan a la del apartamento”, relata. Cuando Orlando Alemán abre la ventana, un arma lo está encañonando. “Quien le apuntaba era nada menos que el capitán (GNB) Franco Paolo Rizzi Pérez, un ex compañero de mi hermano Richard. Mi mamá gritaba y lloraba, por lo que mi papá le pedía calmarse. E)n la casa estaban los dos hijos de mi hermana Yolimar y las dos niñas de Richard que habían ido a pasar el fin de semana con sus abuelos; los niños gritaban asustados”. (http://www.sebastianasinsecretos.com/2020/12/el-impactante-caso-de-las-hermanas.html)

Yolimar Alemán Castellanos, hermana del teniente Richard Alemán, y esposa del capitán Chaya Barroeta, en esa fotografía antes de ser detenido

A Ana María Pernía la detiene, el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), el 25 de abril 2020, en el caso del asalto al puesto militar Puerta Morocha, que anexaron a la Operación Gedeón II. Su caso está en fase de juicio. Recluida en el INOF le diagnosticaron un quiste complejo en el ovario derecho y espera resultados de conteo tumorales. Es madre y tiene más de tres años presa.

Pernía iba en el mismo vehículo con Marifrancys del Carmen Marcano, por lo que fueron detenidas ese mismo 25 de abril 2020, sin que hubiese orden de detención. La madre de Marifrancys vio desde la ventana del edificio donde vive cuando los hombres armados del Sebin se las llevaron y estuvieron desaparecidas forzosamente. Luego fue imputada por traición a la patria, terrorismo y financiamiento al terrorismo. Está en el INOF y es madre de tres niños.

La única femenina militar de la Operación Gedeón es la Sargento Samaira del Valle Romero Armario, promoción 2018 de la Escuela de Guardias Nacionales de Cordero (Esguarnac), estado Táchira, es novia del funcionario de la Policía del Táchira Oscar Aguillón Garcés; fueron detenidos el 10 de mayo 2020, en la causa Operación Gedeón I. Ella se encuentra em máxima seguridad del SEBIN.

La bióloga venezolana española Ángela Lizbeth Expósito Carrillo

Alias Canela

En el Instituto Nacional de Orientación Femenina, que está en Los Teques, estado Miranda, familiares de presas comunes le dijeron a Infobae que la llegada al lugar de la reclusa Joselín Omaira Sequera alias "Piel Canela" quien cumple cárcel por el secuestro de un hombre en La Vega, Caracas, y de Anney Montilla detenida por la presunta muerte de un niño en Portuguesa en diciembre 2011, ha creado zozobra, porque impusieron el cobro de “causa” a las recluidas, como sucede con los pranes en cárceles de hombres.

“Había tranquilidad y alimentos, pero hace días le cayeron a golpes a una muchacha con diversidad de género sin motivo y sin razón. En otra letra golpearon a una persona por ceder su espacio a cambio de dinero a una jugadora de rugby lesionada que está en muletas. A una muchacha resguardada que amenazó con denunciar lo que estaba sucediendo le dieron una paliza”.

Aseguran que “incluso una de las funcionarias fue agredida cuando trató de imponer las reglas; eso lo hico el auto llamado "Carro fucsia" conformado por alias Piel Canela cuyo esposo está preso en la cárcel de El Rodeo; alias Marifer Manzanilla y dos alias Machitos que son las que ejecutan las palizas”.

“Una chica fue golpeada, frente a su hija y los otros niños, por Piel Canela cuando intentó denunciar, ante Luisana la coordinadora de guardería, lo que está sucediendo: la música a altísimo volumen, consumo de drogas todos los días, delincuentes de la población visitan al “Carro Fucsia” todos los días; el olor a cigarro y marihuana es permanente. No ha sido la única”.

“El área de madres que está llena de bebés, se convirtió en un antro de drogas y alcohol, y golpizas dónde nadie puede denunciar. Un guardia nacional entrega la política de droga durante el pase de número de una forma discreta”.

Las mujeres de las operaciones “Drones” y “Gedeón” en Venezuela: quiénes son y dónde están - Infobae

Funcionarios de la DGCIM la detuvieron y torturaron para que delatara a un jefe guerrillero: el caso de María José Gualdrón

  

El padre de la joven condenada a cuatro años de prisión, habló con Infobae y reclamó que la jueza ordene su libertad por haberse cumplido el plazo requerido para salir de la cárcel

Sebastiana Barráez/ jueves 1 de junio 2023

@SebastianaB

Tomado de Infobae 

Ricardo Gualdrón pide a las autoridades y a la revolución que defiende que le liberen a su hija

Después que las disidencias de las FARC tenían años instaladas en campamentos de Apure, adonde dirigentes políticos y militares iban con frecuencia, entraron en conflicto con generales y coroneles lo que desembocó, entre marzo y junio 2021, en una guerra que le costó la vida a 16 soldados venezolanos; en ese periodo, el 7 de abril, María José Gualdrón Rivas fue detenida por funcionarios de la DGCIM, fue torturada, presentada primero en un tribunal militar que no encontró los delitos que le imputaban, pero luego un tribunal ordinario la condenó a cuatro años y 10 meses de prisión, por resistencia a la autoridad e instigación a la rebelión; ella debió salir en libertad con presentación periódica, pero lleva más de dos años presa en la cárcel de Santa Ana del Táchira.

José Ricardo Gualdrón, padre de la joven, le dice a Infobae que la juez Xiomara Peña, del Tribunal de Guasdualito, estado Apure, no procesa la libertad de su hija, con la ejecución de la sentencia. “Que suelten a mi hijita; ella ya comprobó su inocencia”.

Acude a Tarek William Saab, a Nicolás Maduro y a Diosdado Cabello. “Yo sé que ellos pueden ayudarme, porque la familia, todos, somos luchadores y revolucionarios y trabajamos en la calle; que ahora no nos tomen en cuenta y nos tengan así es triste”. Es un convencido que la candidatura de su hija a la alcaldía causó que ahora esté presa. “Fue porque ella iba a ganarles esa elecciones de la alcaldía y pedimos disculpa por eso, porque sabemos que en la revolución no podemos lanzarnos unos por encima de los otros”.

María José Gualdrón

Como en otros casos, el de María José también estuvo plagado de violaciones al debido proceso, secuestro, tortura y actas amañadas de funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) que después sirven como los únicos testigos, que no el fiscal Ronal Florez ni la juez Xiomara Peña se inmutan ante eso. 

Cuando María José Gualdrón fue primero presentada ante el Tribunal Militar de Guasdualito y el Fiscal Militar, Primer Teniente Arévalo; allí revisaron las dos actas policiales que levantaron contra ella, una del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) y una de la DGCIM. Cuando le hicieron lo que llaman telemática con los funcionarios actuantes, pero no encontraron evidencia que sustentara la denuncia de los funcionarios.

Ante la inexistencia de pruebas el Tribunal ordinario, de Xiomara Peña y el fiscal Ronal Flórez, la condenó por instigación a la rebelión y para justificar otro delito le sumaron resistencia a la autoridad, sin que se evidenciara cuándo ni cómo ocurrió eso.

El 7 de abril 2021, a las 10 de la mañana, en la alcabala El Cucharo del Táchira, en la carretera Troncal 5, se instaló un punto móvil de la Policía y ahí estaban los funcionarios de la DGCIM, quienes ya tenían información que María José iba en el minibús de transporte público rumbo al cumpleaños de su papá en Guasdualito. Los Dgcim detuvieron la unidad, subieron, se dirigieron hacia el asiento donde la joven se encontraba y le dijeron: “María José, bájate”.

Juez Xiomara Liseth Peña Rodríguez

Le hicieron revisión corporal sin encontrarle nada encima y le dijeron que tenían una orden de captura contra ella emitida por el Tribunal Militar de Apure, por los delitos de Traición a la Patria, Rebelión y Espionaje.

Gualdrón relató todo ante el Tribunal que no consideró su denuncia e ignoró el grave delito de tortura cometido contra ella, porque narró que la encapucharon y la trasladaron a Guasdualito, exactamente frente al Comando de la Guardia Nacional Bolivariana, donde le colocaron una bolsa en la cabeza para asfixiarla y le preguntaban por la ubicación de Jorge Eliécer Martínez alias Arturo, jefe de las Disidencias o el llamado Décimo Frente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en Apure, asegurando que ella era su mujer.

Como los funcionarios de Inteligencia no obtuvieron una respuesta satisfactoria, la trasladaron a Caracas, donde fue torturada por varios días, según su relato ante el Tribunal y el Fiscal, hasta que finalmente la llevaron a los sótanos de la DGCIM en la sede principal de Boleíta. Dijo que durante esos días no le dieron agua ni comida, le colocaron un objeto para aprisionarle la cabeza con fuerza, le colocaron electricidad en el cuerpo y con las manos hacia arriba la esposaban a lo que podría ser una tubería o barrotes de ventana, mientras el frío de algún aire acondicionado helaba su cuerpo.

La familia de María José solo supo que a ella la trasladaron, el 11 de abril 2021, vía aérea, desde Caracas a Guasdualito para hacerle la reseña en el CICPC, hacerle informe en el Servicio de Medicina  y Ciencias Forenses (Senamecf) y presentarla al Tribunal, para regresarla a Dgcim Caracas. Y si bien es cierto que la doctora Sandra Eslava la vio, no revisó los efectos de la tortura, porque los médicos temen a las consecuencias de hacer lo correcto y enfrentar los abusos de la DGCIM que siempre ha amenazado a los médicos que atienden a los detenidos por ese cuerpo de inteligencia.

Los funcionarios de la Dirección de Asuntos Especiales (DAE) de la DGCIM, que dirige el teniente coronel (GNB) Alexander Granko Arteaga, quienes detuvieron a María José Gualdrón Rivas no son los mismos que después aparecen en las actas, porque algunos de ellos fueron destituidos y otros presos. Los únicos testigos contra Gualdrón son los mismos funcionarios de DGCIM.

Funcionarios de la DGCIM detuvieron a María José

Quién es la juez

Xiomara Liseth Peña Rodríguez, es la Juez de juicio del Circuito Judicial Penal de Guasdualito, estado Apure. Hace un año fue denunciada al portal FronteraViva por un funcionario de la administración de justicia en Apure, que dan cuenta de varios testimonios indicando que cuando alguna persona era detenida por contrabando de combustible y presentada ante el tribunal, personas del entorno de la juez “exigiendo dinero para acomodar el caso, de manera que ella otorgaba la libertad prometida a los sub judices”.

El pago por la libertad de quien pagaba “se la hacían en una cuenta en la entidad bancaria Banesco, que pertenecía a una empresa de venta de medicinas veterinarias de un amigo de la juez”. Con el tiempo se sintió más segura y poderosa, “a la vez que su entorno creció hasta una tribu judicial, que arregla económicamente cada caso, que determina si ella podía o no decidir una causa en particular y cuánto sería el monto para otorgarle la libertad al procesado”.

Una de las víctimas del cobro dijo en esa oportunidad, 22 de febrero 2022, que “el grupo de la juez es grande. Un elemento importante de esa red lo constituye una trabajadora del Seniat (Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria), así como algunas personas de Guasdualito y una señora que vive en El Amparo, que es el enlace de Xiomara con los casos de los detenidos llamados TANCOL; esa mujer que reside en El Amparo es la única autorizada para recibir las divisas para la juez, coordina qué abogados asistirán, por ejemplo al caso de los TANCOL, y cualquier imprevisto que se presente”.

Los funcionarios de DGCIM torturaron a María José para que revelara la ubicación del jefe de las disidencias en Apure

¿Cómo funciona el Tribunal de Peña? Con la praxis violatoria al debido proceso que aplican jueces con casos políticos:

“Se niega a aceptar defensores privados en los casos relevantes. El detenido, si ya tiene defensor privado, debe revocarlo. A partir de ahí se arregla la decisión, de manera que el detenido se presente como una persona sin recursos económicos para pagar abogado privado.”

“Ahí aparece el abogado Carlos Delgado, quien está estrechamente relacionado con la juez Peña, quien es pieza clave para que se selle el arreglo entre el detenido, sea a través de sus familiares o representantes, y la decisión que la juez está dispuesta a tomar para beneficiarlo”.

“En el departamento de archivo del Circuito Judicial Penal de Guasdualito reposan los expedientes, al cual deben tener acceso los abogados para las defensas de sus defendidos”, como ocurrió con el caso de los Tancol en el 2022.

Funcionarios de la DGCIM la detuvieron y torturaron para que delatara a un jefe guerrillero: el caso de María José Gualdrón - Infobae